SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.59 número1El discurso protector de las víctimas menores de edad. Populismo punitivo en España y Colombia índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Revista Criminalidad

versión impresa ISSN 1794-3108

Rev. Crim. vol.59 no.1 Bogotá ene./abr. 2017

 

Estudios criminológicos

La variación del homicidio durante los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC: octubre 18 del 2012 a agosto 28 del 20161

Homicide rate variation in the course of the peace dialogue between the National Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC: October 18 2012 through August 28 2016

A variação do homicídio durante os diálogos da paz entre o Governo Nacional e as Fuerzas Armadas Revolucionarias da Colômbia, FARC: outubro 18 de 2012 até agosto 28 de 2016

María Jimena Peñalosa-Otero1 

1Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Grupo Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Bogotá, D. C., Colombia. maria.penalosa1473@correo.policia.gov.co

Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la variación del homicidio durante la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC, en relación con los arts. 103, 104, 104a, 105, 108 y 135 del Código Penal colombiano. Se planteó un estudio exploratorio descriptivo con enfoque mixto, desde una perspectiva histórica. Como resultado se evidenció una relación positiva entre el homicidio y el entorno del conflicto armado como ambiente específico, denotando que cuando la confrontación armada escaló o disminuyó, en igual sentido se comportó el punible. De manera concomitante, la negociación marcó una dinámica de desescalamiento del conflicto armado, que selló la disminución del ilícito a nivel nacional, con una reducción del 8,57 %, al comparar la tasa de homicidios del año 2012 con la del 2015, pero en el medio regional aumentó en los departamentos del Atlántico, Cauca y Quindío, manteniendo una tendencia sostenida superior al promedio anual de la tasa de homicidios en Antioquia, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca, en simetría con la presencia de estructuras criminales.

Palabras-clave: Negociación; homicidio; seguridad; criminalidad; prevención del delito

Abstract

The research objective was to analyze the variation of homicide rates throughout the phase of negotiations developed between the National Government of Colombia and the FARC armed group with relation to articles 103, 104, 104a, 105, 108 and 135 of the Colombian criminal code. A descriptive exploratory study with a mixed history-based approach was envisaged. As a result, a positive relationship was evidenced between homicide and the armed conflict settings as a specific environment, pointing out that every time the confrontation either escalated or slowed down, the punishable act behaved accordingly. In a concomitant manner, a dynamics of de-escalation of the armed conflict was marked by the negotiation, thus sealing the decline of the crime at a national level with a reduction of 8.57 %, when comparing the homicide rate of year 2012 with that of 2015, but not in the regional environment where it increased in the Departments of Atlantico, Cauca, and Quindio, maintaining a sustained upward trend above the annual average homicide rate in Antioquia, Choco, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, and Valle del Cauca, symmetrical to the presence of criminal structures in the Department of Atlantico.

Key words: Negotiation; homicide; security; criminality/delinquency; crime prevention

Resumo

O objetivo da investigação foi analisar a variação do homicídio durante a fase da negociação entre o Governo Nacional e a FARC, com relação aos artigos 103, 104, 104a, 105, 108 e 135 do código Penal Colombiano. Um estudo exploratório descritivo com enfoque misturado é apresentado, de uma perspectiva histórica. Como o resultado demonstrou-se uma relação positiva entre o homicídio e o contexto do conflito armado como ambiente específico, denotando que quando uma confrontação armada escalou ou diminuiu, no mesmo sentido comportou-se o punível. Da maneira do concomitante, a negociação marcou uma dinâmica do desescalamento do conflito armado, que selou a redução do ilícito ao nível nacional, com uma redução de 8.57%, ao comparar a taxa dos homicídios do ano 2012 com aquela de 2015, mas no meio regionais aumentou nos departamentos do Atlântico, do Cauca e de Quindío, mantendo uma tendência superior contínua à média anual da taxa dos homicídios em Antioquia, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda e Valle do Cauca, na simetria com a presença de estruturas criminalis no departamento do Atlántico.

Palavras-Chave: Negociação; homicídio; segurança; criminalidade; prevenção do crime

Introducción

Los conflictos son una situación en la que se lucha

no para destruir una civilización, sino para lograr

una paz mejor”.

Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998

El homicidio constituye una amenaza a la seguridad, en razón a que la salvaguarda del derecho a la vida asegura el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la primacía del respeto al principio universal de protección a la dignidad humana, como núcleo esencial de un estado de derecho; esto constituye, a su vez, uno de los indicadores más completos para medir la violencia y criminalidad, según lo afirmado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC (2013), que señala la importancia de analizar este ilícito.

Aunado a ello, diferentes estudios han documentado la interiorización de la agresión en escenarios expuestos a conflictos armados, en particular frente a la violencia reactiva e instrumental, contextualizada a continuación, pues se argumenta la existencia de un nexo entre conflicto armado, violencia y criminalidad (Londoño, Romero, & Casas, 2012; Somasundaram, 2007; Madrigal & Sánchez, 2013; Aguirre, Restrepo, & Villamarín, 2010; Villamarín, 2011; Mora, 2013), lo cual lleva a una exacerbación de la violencia homicida, cuya tendencia es aumentar después de finalizados los procesos de paz, acorde con referentes internacionales (UNODC, 2013), como efecto secundario y posterior al conflicto no resuelto; este último constituye el común denominador que ha coadyuvado a su escalamiento.

La violencia reactiva se caracteriza por desajustes emocionales, como consecuencia de situaciones de victimización, que acarrean respuestas defensivas y motivacionales del uso de la hostilidad; por su parte, la instrumental se asocia a comportamientos planificados, relacionados con la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, que acuden a su utilización como la mejor opción para la consecución de un beneficio (Velasco, 2013).

En razón a ello, estas constituirían formas de mantener ciclos de violencia dentro de un contexto social marcado por un conflicto armado (Chaux, 2003); aquí cobra un matiz especial el homicidio, como manifestación de la interiorización de esa violencia, agravada en el plano criminógeno por la generalización de formas de expresión delincuencial, en el que la búsqueda de poder ha sido marcada.

Para seguir la línea planteada y traer a colación a Sánchez, Díaz y Fornisano (2003), es razonable indicar que el conflicto armado determina la dinámica de la violencia homicida que se presenta en un país y, según eso, las fases de negociación dentro del marco de procesos de paz, en razón a que esta, como mecanismo que parte del conflicto en busca de su solución y transformación, puede influir en la variación del ilícito.

En este contexto, Colombia ha estado inmerso dentro de un entorno caracterizado por un estado de violencia por más de 50 años, asociado a un escenario de conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las FARC, con consecuencias nefastas para las víctimas, lo cual llevó a la materialización de un ciclo de hechos violentos y criminales que han incidido en la génesis delictual del país, constituyendo la victimización una constante y la agresión una respuesta que algunos actores han considerado válida, lo que ha desencadenado una cultura propensa a la violencia, y con esta, la homicida.

En este entendido, el homicidio no solo abarca las muertes directamente ocasionadas dentro del marco de la confrontación armada, sino aquellas que fuera de esta se relacionan con el uso de la violencia reactiva e instrumental, y que acorde con la tipificación del Código Penal colombiano comprende, para efectos de la presente investigación, los arts. 103, 104, 104a, 105, 108 y 135, referidos al homicidio, homicidio agravado, feminicidio, homicidio preterintencional, muerte de hijo por acceso carnal violento y homicidio en persona protegida con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.

Al resaltar la duración en el tiempo y el desarrollo de un proceso de paz: el conflicto armado con las FARC, se encontró que -al revisar el registro histórico de homicidios2 contenido en la base de datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO PLUS) de la Policía Nacional de Colombia (2016), el cual representa la fuente oficial más precisa de información delictual y contravencional, dada la cobertura nacional, especialidad e integridad de los datos administrativos- desde el año 1964, en el que surgieron las FARC y se reunieron 5.892 registros, hasta el año 2012, cuando se concertó el inicio de la fase de negociación, que condensó 16.032 homicidios y una tasa de 34,42, se registraron 747.475 muertes violentas ocurridas en el país (vid. Figura 1).

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 1 Histórico de tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, de 1964 al 2012 

Si bien es cierto que estas cifras no representan la totalidad de homicidios, en razón a las limitaciones inherentes a cualquier proyecto de registro de información (Ball & Reed, 2016)3, ayudan a dilucidar, durante el tiempo de la confrontación armada con las FARC, la magnitud de muertes violentas causadas en el contexto colombiano, identificado dentro del plano internacional como uno de los países más violentos y con mayor número de registros de homicidios a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2014).

Dado el desarrollo de una fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC como ambiente específico, en la que a través del diálogo se sentaron las bases para la transformación de una confrontación armada, caracterizada por la violencia, a una pacífica, es de suma importancia para la Policía Nacional de Colombia, teniendo en cuenta el papel determinante que desarrollará en escenarios de posconflicto, reflexionar sobre la incidencia de la etapa de negociación en la variación del homicidio.

Ello sin dejar de lado el posible posicionamiento de organizaciones delictuales que a nivel regional quieran llenar los espacios dejados por las FARC, y en la búsqueda de este propósito asociado a la consecución del poder territorial, a través del uso de la violencia instrumental como medio y legado de una violencia directa y la interiorización de una violencia cultural producto del mismo conflicto, coadyuven al establecimiento de la agresión relacionada con la criminalidad.

En este escenario dual cobró relevancia, como fundamento argumentativo para soportar la variación del delito, la teoría del conflicto social (Silva, 2008) y de los conflictos de Galtung (2003, 2003a, 2007), resaltando la violencia cultural (Galtung, 1998), que en esta investigación se plantea como resultado de la violencia directa producto de la confrontación, en el entendido de que esta vista, como componente agresivo asociado al conflicto armado, ha incentivado la interiorización de la violencia como consecuencia de la apropiación de nuevos esquemas mentales (Myers, 2005).

Sin desconocer la multicausalidad del conflicto, de la violencia y del homicidio, se planteó la pregunta de investigación: ¿durante la fase de negociación con las FARC y de cara a los principales acontecimientos y acuerdos pactados, disminuyó el homicidio en Colombia?, con el objetivo de analizar la variación del homicidio durante la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC: octubre 18 del 2012 y agosto 28 del 2016.

Para cumplir con el fin propuesto y dar respuesta al interrogante planteado, a continuación se expone la evidencia empírica consultada, que ayudó a entender la relación que surge entre el conflicto armado, la violencia homicida y la criminalidad, así como la interiorización de la violencia homicida y el escalamiento que puede precipitarse luego de finalizados los procesos de paz, bibliografía que ayudó a soportar los hallazgos encontrados.

Relación entre conflicto armado, violencia y criminalidad, e interiorización de la violencia en escenarios expuestos a conflicto

Dentro de los disímiles estudios que han soportado la relación entre conflicto, violencia y criminalidad, y la interiorización de la violencia, la UNODC (2013) aclaró que el crimen constituye un componente de suma importancia a la hora de intentar explicar la violencia en los países en conflicto que van haciendo tránsito hacia la paz, ya que este puede convertirse en un factor significativo que afecte la seguridad, y resulta complicado separar la violencia letal o directa que surge como efecto secundario del conflicto o como su continuación de menor intensidad, beneficiando a la criminalidad.

Por su parte, Londoño et al. (2012), como resultado de cotejar una muestra de población perteneciente a dos comunidades, en la que una se caracterizó por su exposición directa al conflicto armado, en contraposición con la otra, encontraron que existe una asociación estadísticamente significativa entre los conflictos armados y la violencia, que conlleva el aumento de conductas agresivas que pueden obstaculizar los esfuerzos para promover el desarrollo y progreso humano desde el plano individual y de una nación, con la posibilidad de perpetuar la continuidad de estos ciclos.

Ello acorde con Somasundaram (2007), sobre los efectos negativos de la exposición de niños y adultos a conflictos armados, que denota no solo la relación entre el conflicto y la violencia, sino su interiorización, en razón a que estos impactarían las dinámicas de las familias y la comunidad, repercutiendo en cambios dentro del entorno social: comunidades desconfiadas, reactivas, marcadas por un deterioro en la aplicación de la ética y confianza hacia las instituciones del Estado.

Lo anterior coadyuvaría, como explican los estudios de Madrigal y Sánchez (2013), Aguirre et al. (2010), Villamarín (2011) y Mora (2013), a precipitar el escalamiento de la violencia y la criminalidad, creando un puente entre conflicto, violencia y criminalidad, viéndose materializado con mayor vehemencia en zonas marginales de las ciudades que han recibido población victimizada a causa del conflicto.

Acorde con ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (Inmlcf) (2015) encontró que existen elevados niveles de violencia que afectan a la población, en los cuales sobresale el homicidio, asociados con la ideación de conductas violentas: el conflicto armado, en concordancia con lo expuesto por Franco (2003) y Pizarro (2015), último que sumó como ingrediente la prolongación del conflicto en el tiempo, junto con el involucramiento de actores y recursos criminales que han favorecido el ahondamiento de la dimensión criminal (Gutiérrez, 2015), consonante con lo expuesto por Pécaut (2015).

En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (2014) refirió, frente a Colombia, la existencia de una correspondencia intrínseca entre la violencia como consecuencia del conflicto armado, y la relacionó con los homicidios acaecidos, precisando que si bien las cifras de homicidios han disminuido, continúa siendo uno de los países más violentos de la región4 y del mundo.

Al tratar de entender la interiorización de la violencia homicida asociada al conflicto armado, Chaux (2003) encontró que la violencia tiene que ver con las relaciones interpersonales y la delincuencia, y guarda una relación con el conflicto armado. El autor resalta el ciclo de la violencia generado por el aprendizaje de comportamientos agresivos, por parte de niños que se han desarrollado en contextos violentos marcados por el conflicto armado, lo que favorece la interiorización de la violencia y su reproducción, y la relaciona con la delincuencia.

Dentro de los elementos que han caracterizado el conflicto armado colombiano, que ha conllevado la generación de violencia y criminalidad, destacó la sumatoria de varios: prolongación en el tiempo (Giraldo, 2015), complejidad por el número de actores involucrados, multidimensionalidad y multifactorialidad en razón a la articulación de conflictos de distinta naturaleza (Torrijos, 2015), dispersión territorial y fragmentación de los grupos involucrados (Pécaut, 2015), diferencias regionales, violencia y atrocidad (Giraldo, 2015), lo cual sugiere la relación entre conflicto, violencia y criminalidad.

Referentes nacionales e internacionales: variación del homicidio en escenarios expuestos a conflicto

La literatura consultada evidenció, en contextos de finalización de procesos de paz, la tendencia al aumento de la violencia y el homicidio, asociada a la delincuencia y criminalidad, pudiéndose fortalecer en periodos de transición hacia la consolidación de la paz, lo que permite identificar patrones transversales y reiterativos presentes en los países analizados, que llevaron al incremento del homicidio a nivel regional en escenarios de posconflicto, como legado de la violencia característica del conflicto armado, con mayor representación en los territorios donde antiguamente estuvieron presentes los grupos desmovilizados.

Dentro de estos resaltaron: el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones criminales, involucramiento de desmovilizados en actividades criminales, disponibilidad de armas, efectos negativos del desplazamiento e incremento del miedo en el entorno regional, en donde la debilidad de la institucionalidad del Estado y las falencias en la materialización de los acuerdos suscritos activaron la violencia. Este último se destacó en razón a la falta de seguimiento o incumplimiento de los acuerdos, que ahondaron la tendencia y el mantenimiento del incremento de la criminalidad y violencia, al compartir, como eje transversal en los países analizados, la percepción de una desigualdad social como una de las causas estructurales que coadyuvaron al fortalecimiento de la criminalidad.

Proceso de negociación y paz con las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC

Acero (2007) encontró que después del proceso de desmovilización de las AUC en el año 2006, que permitió que aproximadamente 32.000 combatientes se desmovilizaran y se entregaran cerca de 18.000 armas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015), el homicidio presentó características locales.

Los homicidios disminuyeron de manera general al comparar el año 2006 (17.479 registros) en contraposición con el 2002 (28.837), lo cual fue más notorio en las ciudades capitales de Bogotá, Cali y Medellín, soportado en un fortalecimiento de la institucionalidad a través del liderazgo de los gobernantes en la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática; la violencia homicida se desplazó hacia Cartagena, Buenaventura, Bucaramanga, Pasto y Neiva, donde sugirió el involucramiento de algunos actores desmovilizados en actividades delictivas, la retoma de territorios y negocios ilegales dejados por los desmovilizados, la presencia y actividad del narcotráfico y el desplazamiento masivo (Acero, 2007).

En la misma línea, Bello (2009) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007) concluyeron que este proceso constituyó una posible causa que contribuyó a la disminución significativa de las tasas de homicidio nacionales durante el periodo 2003 a 2006, como lapso en que se dio el proceso de desmovilización, y de manera considerable en el 2007, después de finalizado el proceso de paz, junto con factores como la ejecución de políticas de Estado y programas y estrategias gubernamentales para hacer frente a la delincuencia y criminalidad.

A nivel regional se presentó un aumento de homicidios en zonas del país que coincidieron con la presencia de nuevos grupos armados y su posible relación con diversas formas de criminalidad, que impactaron negativamente la seguridad en los lugares donde se observó su presencia, en razón a los altos niveles de fraccionamiento interno por conflictos frente al control territorial, el narcotráfico, la realidad de la confrontación armada en las regiones y el proceso de negociación mismo, reconfigurándose poderes armados, lo que dio inicio a nuevas formas de criminalidad que explicarían la continuidad de la violencia, y dentro de esta la homicida, en busca del dominio de recursos y territorios estratégicos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 73, 79).

Acorde con ello, el homicidio como muestra de violencia se relacionaría con algunas manifestaciones y dinámicas asociadas al entorno del conflicto armado, tales como la presencia de disímiles actores, pugnas territoriales por el monopolio de polos de desarrollo o intereses económicos y desmovilizaciones colectivas, según lo planteado por Torrijos (2015), quien indicó que la violencia ha estado presente de la mano del conflicto armado desde sus inicios, a través de la interacción de diferentes actores en busca de control sobre recursos relacionados con el poder (p. 5).

En consecuencia, al comparar el año 2006 frente al 2005, aumentó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en los departamentos de Meta (de 69,22 pasó a 89,13), Córdoba (de 12,39 pasó a 18,21), Bolívar (de 19,90 pasó a 21,16), Norte de Santander (de 52,60 pasó a 53,43), Caquetá (de 87,08 pasó a 95,62), Cauca (de 38,46 pasó a 38,69), Santander (de 24,68 pasó a 25,32), Cundinamarca (de 18,11 pasó a 18,23) y Nariño (de 41,55 pasó a 43,68) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).

Procesos de negociación y paz en Centroamérica

Frente a los procesos de negociación que culminaron con acuerdos de paz en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, la bibliografía consultada sugirió que estos dieron lugar a la materialización en Centroamérica de una de las zonas más violentas del mundo, caracterizada por la proliferación y el fortalecimiento de estructuras criminales asociadas con altos niveles de homicidio (Devia, Ortega & Magallanes, 2014).

Devia et al. (2014), además de explorar la forma en la cual los procesos de paz lograron la terminación de los conflictos armados en estos tres países, intentaron ahondar sobre las causas del conflicto armado y la violencia posconflicto, incluso la homicida, y encontraron un eje transversal y estructural que comparten los tres escenarios: la percepción de una desigualdad social que, en razón al poco éxito de la resolución de las causas que la originan, ha llevado al crecimiento de la pobreza al impactar negativamente en la desigualdad de ingresos y asimetrías económicas.

Al analizar los indicadores de paz y violencia en el periodo subsiguiente a la suscripción de los acuerdos de paz, los autores hallaron que en El Salvador y Guatemala aumentó la violencia posconflicto y homicida (vid. Tabla 1), y precisaron que en la agenda de paz de los países centroamericanos existen pendientes en el ámbito económico y político, los cuales dan lugar a la reaparición de nuevas formas de violencia, que se configuran en prioridades en materia de seguridad.

Tabla 1 Índice de paz y violencia en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 2008-2014 

Año El Salvador Guatemala Nicaragua
Ranking Índice5 Ranking Índice Ranking Índice
2008 92 2.080 102 2.187 72 1.911
2009 103 2.183 107 2.203 64 1.891
2011 101 2.200 122 2.337 70 1.967
2012 122 2.327 119 2.314 80 2.028
2013 112 2.240 109 2.221 66 1.931
2014 116 2.280 115 2.248 58 1.882

Fuente: Índice de Paz Global (citado en Devia et al., 2014).

Este escenario dejó al descubierto vacíos frente al cumplimiento de los acuerdos suscritos, en concordancia con la ausencia del fortalecimiento de la institucionalidad, al soportar en parte el mantenimiento de un conflicto que persiste, el cual, si bien es cierto que se transformó de armado a social, ha coadyuvado al refuerzo de las estructuras criminales que han proliferado después de finalizado el proceso de paz, lo que incide negativamente en el aumento de la violencia y el homicidio, y se relaciona con la criminalidad.

Guatemala se destacó por la duración de 36 años del conflicto armado interno (1960 a 1996), y llama la atención el estudio desarrollado por Aguirre (2014), quien adicionalmente, al encontrar que el homicidio se incrementó drásticamente después de la suscripción del acuerdo de paz en el año 1996, al pasar de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a 35 por cada 100.000 en el año 2012, clasificó dos grados de violencia presentes después de la suscripción del acuerdo de paz. Estos están completa, parcial e independientemente relacionados con el conflicto en un doble sentido: débil, asociándolo con las condiciones políticas y socioeconómicas acordadas en el proceso de negociación, y fuerte, relacionándolo con un legado directo del conflicto armado interno.

Asimismo, propuso una tipología de la violencia posconflicto que destacó para identificar posibles variables que pueden presentarse al generar la continuación de probables ciclos de violencia, y que se consideran útiles para implementar a tiempo las medidas pertinentes, pero que, de igual manera, dejan ver dinámicas asociadas al conflicto que suelen marcar la tendencia en el aumento de la violencia y los homicidios: a) Política estatal ejercida por actores del Estado para consolidar la victoria u obstruir puntos del acuerdo de paz; b) Política de grupos no estatales y para los mismos fines antes descritos; c) Disputas relacionadas con la propiedad en razón a la distribución inequitativa de la tierra; d) Relación con formas extralegales de vigilancia y justicia ante la incapacidad del Estado para este cometido; e) Intensificación de las prácticas represivas por parte de fuerzas de seguridad del Estado; f) Presencia del crimen organizado cuando existen limitaciones para materializar verdaderas condiciones que garanticen el desarme, la desmovilización y la reintegración, sumado a la disponibilidad de armas y generación de cultura de la violencia, y g) Violencia interpersonal caracterizada por falencias en la integración de las poblaciones desplazadas, que causan descontrol (Aguirre, 2014).

Como corolario, la evidencia cualitativa plasmada en el presente acápite sugirió que la violencia, y en particular la homicida, presentó un incremento en etapas posteriores a procesos de negociación y paz, avizorándose una relación con la criminalidad y las organizaciones delictuales emergentes en el ámbito regional, donde antiguamente estuvieron presentes los grupos desmovilizados.

Sumado a la identificación de los patrones compartidos que llevaron al incremento del homicidio en escenarios de posconflicto, individualizados al inicio del presente punto, sobresalió como eje transversal en los países analizados la percepción de una desigualdad social, como una de las causas estructurales que coadyuvaron al fortalecimiento de la criminalidad. Ello en razón a que la desigualdad económica y con esta el móvil pecuniario, es utilizada por organizaciones criminales dedicadas a la generación de ingresos y economías ilegales, lo que crea, a su vez, nuevos círculos viciosos de violencia que se asocian a disputas por el poder, el territorio y el control de recursos a nivel regional, y aumentan el homicidio.

Afín a ello, las investigaciones consultadas sugirieron que la violencia homicida comportó una interiorización como legado de los conflictos armados, materializando una pauta cultural, al colegir que el incremento de la violencia homicida asociada con la criminalidad local puede constituir una etapa dentro de los procesos de paz, que en caso de no materializar los acuerdos pactados en la negociación, en beneficio del fortalecimiento del Estado de derecho como núcleo esencial, conlleva la concreción de una amenaza dentro del escenario de la mutación de un conflicto armado a uno social, en detrimento de la seguridad de las naciones que emergen de conflictos armados, en particular tan largos.

Método

1. Tipo de investigación y variables

Se planteó una investigación exploratoria descriptiva con enfoque mixto desde una perspectiva histórica. La metodología utilizada fue una integración de análisis cualitativo y cuantitativo, porque enmarcó los principales sucesos históricos presentados durante la línea de tiempo de la fase de negociación, y el registro administrativo de homicidios contenido en la base de datos SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia (2016), acorde con la tipificación en el Código Penal colombiano, relacionados con el uso de la violencia reactiva e instrumental. Se identificaron dos variables principales:

Fase de negociación. Implicó la línea de tiempo entre octubre 18 del 2012 a agosto 28 del 2016, cuatro días después de la firma del acuerdo final por parte del equipo negociador, que marcó un cese de hostilidades.

Homicidios. Abarcó las conductas tipificadas en el capítulo II del título I: Delitos contra la vida y la integridad personal del libro II del Código Penal colombiano (2000): homicidio (art. 103), homicidio agravado (art. 104), feminicidio (art. 104a), homicidio preterintencional (art. 105), muerte de hijo por acceso carnal violento (art. 108) y homicidio en persona protegida con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (art. 135), conceptualizados a continuación.

El homicidio comprende la conducta de matar a otro, que se agrava en materia punitiva cuando se comete: en la persona del cónyuge o compañero permanente, padre y madre, ascendientes o descendientes e hijos; para facilitar, realizar, ocultar o asegurar el producto de otro delito o su impunidad; por medio de las conductas previstas en el capítulo II del título XII y en el capítulo I del título XIII del libro segundo; por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro; valiéndose de la actividad de inimputable; con sevicia; colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta circunstancia; con fines o en desarrollo de actividades terroristas; en persona protegida conforme a tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia; en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de organización reconocida, político o religioso (Código Penal colombiano, 2000).

El feminicidio, por su parte, comporta la muerte por la identidad de género: mujer, o por concurrir o haber antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias: tener o haber tenido una relación familiar, de amistad, compañerismo, de trabajo o de convivencia con la víctima, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial; ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual; aprovechar relaciones de poder sobre ella, generar terror o humillación, existencia de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral, escolar o de violencia de género por parte del victimario, incomunicación de la víctima o privación de la libertad de locomoción previa a la muerte (Código Penal colombiano, 2000).

El homicidio preterintencional conlleva la intención de causar lesiones con un medio idóneo, pero el resultado, siendo previsible, excede la voluntad del agente; la muerte de hijo por acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, es el que en razón a esta circunstancia comete la madre durante el nacimiento o en los ocho días posteriores a este, cualificando frente al art. 135 que el homicidio se presente con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y la condición de persona protegida de la víctima, según los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia (Código Penal colombiano, 2000).

2. Fuentes, datos y procedimiento

Para dar respuesta al interrogante planteado, en primera instancia se recopiló evidencia empírica que sugirió la asociación entre conflicto armado, violencia y criminalidad, e interiorización de la violencia en escenarios expuestos a conflicto, lo cual puede impactar el comportamiento y la variación del homicidio, para luego abordar experiencias de procesos de negociación y paz que permitieron identificar la tendencia que se presenta en etapas de transición hacia la paz y patrones transversales que se repiten asociados al entorno multicausal del conflicto armado, que pudieron marcar la evolución y variación del homicidio.

Posteriormente, para determinar la variación del homicidio durante la fase de negociación, identificada como una de las variables principales del estudio, se construyó la línea de tiempo comprendida entre el 18 de octubre del 2012, como fecha oficial de la apertura de la mesa de negociación, hasta el 28 de agosto del 2016, cuatro días después de la firma del acuerdo final por parte del equipo negociador, que marcó un cese definitivo de agresión y hostilidades entre el Gobierno Nacional y las FARC dentro del conflicto armado.

Para ello se recopiló información cualitativa sobre los principales acontecimientos históricos suscitados durante la etapa de negociación, resaltando los seis acuerdos alcanzados frente a las temáticas centrales concertadas en la agenda de negociación, los acuerdos bilaterales, las medidas unilaterales de desescalamiento de la confrontación armada y las principales escaladas violentas presentadas, utilizando como fuente primaria de información las páginas oficiales de la Presidencia de la República (2016), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016), el Ministerio de Relaciones Exteriores (2016), el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (2016). Esta información se organizó cíclicamente por años y meses: 20126, 2013, 2014, 2015 y 20167, lo que dio como resultado una cronología de la fase de negociación (vid. Tabla 2), que al ser cotejada con la cuantitativa permitió soportar el comportamiento y variación del homicidio.

Por su parte, la información cuantitativa constituyó el universo poblacional, conformado según una de las variables principales identificada: homicidios, un total de 51.905 registros administrativos, que abarcó las conductas de homicidio (art. 103), homicidio agravado (art. 104), feminicidio (art. 104a), homicidio preterintencional (art. 105), muerte de hijo por acceso carnal violento (art. 105) y homicidio en persona protegida con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (art. 135), tipificados en el Código Penal colombiano (2000), contenidos en la base de datos SIEDCO PLUS, administrada por la Policía Nacional de Colombia (2016), distribuidos así: del 18 de octubre al 31 de diciembre del 2012 (3.568), 2013 (14.967), 2014 (12.957), 2015 (12.459) y del 1 de enero al 28 de agosto del 2016 (7.954), equivalente al 100 % de los registros administrativos suministrados.

Las estadísticas fueron organizadas cíclicamente por años y luego por meses, para obtener la variación de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y un histograma del homicidio, teniendo en cuenta el término delimitado para la fase de negociación (vid. Figura 2).

Se aclara que la captura y registro de la información cuantitativa fue realizada en tiempo real por parte de los funcionarios investidos de cualificadas funciones de policía judicial, adscritos a la Policía Nacional de Colombia, quienes previa valoración de la información recopilada en la escena del crimen, asignaron, acorde con el bien jurídico tutelado y la tipificación contenida en el Código de Procedimiento Penal (2004), el número del artículo que consideraron conducente.

Ello en razón a que es la institución policial, por mandato legal otorgado a través del art. 2018 del Código de Procedimiento Penal colombiano (2004), la que ejerce de manera permanente las funciones de policía judicial en el territorio nacional, en particular en los lugares más alejados y de difícil acceso, y es la encargada de la atención de las primeras diligencias investigativas en el lugar de los hechos y del apoyo a la investigación penal relacionada con la comisión del delito, bajo la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de la Fiscalía General de la Nación (FGN), lo cual le permite un conocimiento directo del hecho y una sinergia interinstitucional con la FGN.

Lo anterior otorga un alto grado de credibilidad a la información cuantitativa, en particular por la especialidad, cobertura e integridad de los datos oficiales, aclarando que aunque todo proyecto de registro administrativo de información no puede dar cuenta absoluta de la totalidad de delitos acaecidos en un país, el homicidio constituye el punible que en razón a la evidencia del delito concentra menos subregistros administrativos (Ball & Red, 2016).

Al cotejar y analizar la información cualitativa y cuantitativa, se identificó en la integridad de la cronología de tiempo de la fase de negociación, el comportamiento del homicidio y el impacto que sobre este evidenció la primera, al reconocer dinámicas asociadas al entorno multicausal del conflicto armado y la negociación, que pudieron incidir en su variación.

Sumado a ello, se caracterizó el delito durante la fase de negociación teniendo en cuenta las variables: modalidad en razón al uso de violencia reactiva e instrumental, presunto sindicado, arma o medio utilizado, sexo, edad, estado civil, ocupación y grado de instrucción de la víctima, medio de movilización del victimario en el momento de cometer el ilícito, sitio de ocurrencia de los hechos (rural o urbano) e intervalo de hora de ocurrencia del punible, incluidas en el SIEDCO PLUS.

Igualmente, a nivel regional se identificaron los hotspots que registraron una tendencia por encima del promedio de la tasa de homicidios durante la fase de negociación, que al ser cotejados en función de la presencia de organizaciones criminales en el territorio nacional, según la información suministrada por el Centro de Análisis Criminal (CENAC) de la Policía Nacional de Colombia (2016), como una de las dinámicas reiterativas asociadas al entorno multicausal del conflicto armado, que sobresalió en relación con la bibliografía consultada, coadyuvó a focalizar una amenaza que puede impactar el homicidio en escenarios de posconflicto. Finalmente, se esgrimieron las principales conclusiones de acuerdo con los resultados encontrados.

Resultados

1. Comportamiento del homicidio durante la fase de negociación

Sin desconocer la multicausalidad del conflicto, del homicidio y la negociación, se construyó una cronología con base en información cualitativa sobre los principales acontecimientos históricos ocurridos en la fase de negociación (vid. Tabla 2), con miras a observar, una vez cotejada con la información cuantitativa, una posible relación entre la disminución de la confrontación armada dentro del conflicto y como parte de la negociación, con el comportamiento del homicidio, teniendo en cuenta la evidencia empírica consultada. Para tal efecto, se resaltaron los seis acuerdos alcanzados como temáticas centrales acordadas en la agenda de negociación para la transformación del conflicto armado: a) desarrollo agrario, b) participación política, c) drogas ilícitas, d) víctimas del conflicto armado, e) fin del conflicto, que incluyó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de armas, garantías, seguridad y refrendación para el fin del conflicto, y f) implementación, verificación y refrendación.

Igualmente, se destacaron los principales acuerdos bilaterales en desescalamiento del conflicto armado y construcción de confianza: a) El Acuerdo No. 52 del 7 de marzo de 2015, referido a la limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar o restos explosivos de guerra, que dio lugar a dos proyectos piloto de desminado humanitario que cobijan la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia), y en el departamento de Meta; b) El Acuerdo No. 62 del 17 de octubre del 2015, dirigido a la implementación de medidas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas en razón del conflicto armado; c) El acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC, conocido el 15 de mayo del 20169, y d) El acuerdo dado a conocer el 10 de junio del 201610 para poner en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Briceño11, a partir del 10 de julio del 2016, incorporándolo al proceso de desminado humanitario. Finalmente, se incluyeron las principales medidas unilaterales que conllevaron una reducción de la confrontación armada, y las que marcaron su acrecimiento.

Tabla 2 Cronología de la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc: 2012-2016 

Al cotejar con el histograma de homicidios (vid. Figura 2), elaborado acorde con los datos registrados en la base de datos SIEDCO PLUS (2016), se pudo identificar una relación positiva entre los picos más representativos frente al aumento y disminución de la confrontación armada y la violencia homicida, que fluctúo según la primera, al denotar el impacto de las principales dinámicas asociadas al entorno multicausal del conflicto armado y la negociación frente a la variación del delito.

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 2. Histograma del homicidio en Colombia en la fase de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC  

Los picos más representativos frente al aumento de homicidios se presentaron en diciembre del 2012, con 1.553 registros; marzo del 2013, con 1.371; diciembre del 2013, con 1.265, y diciembre del 2014, con 1.251 registros. Los dos primeros coincidieron con el inicio de las primeras conversaciones después de la instalación oficial de la mesa en La Habana, antecediendo el primer acuerdo de la agenda de negociación concretado en mayo del 2013, que en igual sentido estuvo precedido por el llamado del pueblo colombiano para la consecución de la paz en abril del 2012, acuerdo a partir del cual se observó una tendencia hacia la disminución. Por su parte, diciembre del 2013, que marcó otro pico a partir del cual se dio una disminución del registro administrativo, coincidió con un escenario de confrontación armada. Es importante precisar que es a mediados de ese mes cuando se da el anuncio de la entrada en vigencia de un cese unilateral al fuego por parte de las FARC, precedido por la firma del segundo acuerdo de la agenda. Diciembre del 2014 presentó otro pico alto, que corresponde con la suspensión temporal de las negociaciones desde el 17 de noviembre hasta el 10 de diciembre del 2014, por el secuestro y liberación del General Alzate por parte de las FARC, el 30 de noviembre de ese año.

Dentro de los picos decrecientes, fue factible identificar, al inicio de las conversaciones de paz como un hecho que antecedió la disminución que se presentó en enero del 2013, la declaración de un alto al fuego unilateral por parte de las FARC, como medida de confianza y desescalamiento del conflicto, entre el 20 de noviembre del 2012 y el 20 de enero del 2013, lo que coincide con la reducción acelerada de los registros administrativos durante ese mes (1.385) y que continuó hasta febrero del 2013 (1.201), presentando durante el periodo subsiguiente una tendencia lineal que se mantuvo, así como un leve aumento en diciembre del 2013 (1.265), cuando se vuelve a dar una propensión hacia la baja.

Este mes estuvo precedido por el segundo acuerdo de la agenda de negociación sobre participación política, y la entrada en vigencia de un cese unilateral al fuego por 30 días, anunciado por las FARC el 15 de diciembre de ese año, con motivo de la Navidad, que marcó un descenso acelerado en los registros, al pasar a 1.201 en febrero del 2014. En el 2013 llamó la atención que hacia finales de agosto (entre el 23 y el 26) se dio una pausa unilateral por parte de las FARC en los diálogos, después del anuncio del Gobierno sobre el proyecto de ley para someter el acuerdo de paz a un referendo, y se presentó también la muerte de varios militares en Arauca como resultado de una incursión armada de las FARC y el ELN el 25 de agosto. En el mes subsiguiente se dio un leve aumento en los registros, al pasar a 1.235 en septiembre, y una disminución hacia noviembre (1.127), cuando se expuso el segundo acuerdo de la agenda sobre participación política, lo que denota una relación directa entre la reducción de las confrontaciones armadas y la de homicidios, como consecuencia de la negociación.

Otra de las cúspides que mostró una disminución notoria fue el mes de febrero del 2015 (837 registros), el cual estuvo antecedido por el anuncio de las FARC, a finales de diciembre del 2014, de un alto al fuego unilateral indefinido, que marcó una tendencia lineal hacia la baja, al observar que de 1.251 registros en diciembre del 2014 se pasó a 1.113 en enero del 2015, y a 837 en febrero, coincidiendo ese mismo mes con la notificación de las FARC sobre la negativa de reclutar a menores de 17 años.

Igualmente sobresalió el último periodo de la fase de negociación: diciembre del 2015 a agosto 28 del 2016. Se denota que fue a partir de diciembre cuando se presentó una línea decreciente más marcada durante toda la etapa de negociación, que finalizó con 899 registros en agosto del 2016, lo que coincide con la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto.

Este periodo estuvo marcado por acuerdos de cese al fuego y terminación del conflicto, que comprometieron a las víctimas directas y los actores armados, e incluyeron medidas de confianza para salvaguardar a población vulnerable, como los menores de edad y el involucramiento de la ciudadanía.

Así resaltaron el cuarto acuerdo de la agenda de negociación sobre víctimas del conflicto12 en diciembre del 2015, el anuncio sobre la verificación del cese al fuego definitivo y el desarme, por parte de las Naciones Unidas, y su respaldo al proceso de paz en enero del 2016, el acuerdo de las partes sobre el procedimiento para darle estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final, y el alcanzado sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC en mayo; asimismo, el quinto acuerdo de la agenda sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de las armas en junio, y así concretar en agosto el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Llamó la atención que en este periodo se dio un leve aumento en julio (1.072 registros), lo que coincide con el anuncio sobre la disidencia del Frente 1 de las FARC con influencia en los departamentos de Guaviare y Vaupés, considerados históricamente territorios en los que confluyen economías ilegales.

Acorde con las medidas unilaterales de desescalamiento del conflicto, las decisiones bilaterales en materia de construcción de confianza tuvieron un efecto positivo frente a la disminución del homicidio. Después del anuncio del plan piloto de desminado humanitario en marzo del 2015, se presentó una reducción del registro administrativo (de 1.054 registros en marzo, se pasó a 977 en abril); el acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC, conocido en mayo del 2016, y el pacto para poner en marcha la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Briceño (Antioquia), a partir de julio del 2016, coincidieron con el último periodo que, como ya se indicó, tuvo una línea decreciente marcada.

Coetáneamente, hubo coincidencia frente al aumento de las escaladas violentas y el incremento de los homicidios, como se observó en el año 2015, en mayo (1.083 registros), junio (1.095) y julio (1.068), que denotaron un breve crecimiento que corresponde con una escalada del conflicto armado marcada por la muerte de militares en un ataque de las FARC en Buenos Aires (Cauca) y la consecuente reanudación de bombardeos aéreos a campamentos de las FARC en abril, que conllevaron la muerte de guerrilleros por el bombardeo a un campamento en Guapí (Cauca), el anuncio en mayo de las FARC sobre la suspensión del cese al fuego unilateral indefinido que había sido declarado en diciembre del año anterior, el llamado efectuado en julio por los países garantes para que las partes definieran nuevas medidas de construcción de confianza para desescalar el conflicto, que se concretó en julio y agosto con el anuncio de las partes de la suspensión de los bombardeos y el inicio de un cese al fuego, lo que indica de nuevo, a partir de julio, una disminución en el registro de homicidios.

En complemento, se tomó el registro administrativo de homicidios correspondientes a los años completos 2012, 2013, 2014 y 2015 para que existiera unidad de criterio, identificar la variación que presentó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y reflejar el impacto de la fase de negociación frente al comportamiento del punible (vid. Figura 3).

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Figura 3. Tasas de homicidio por 100.000 habitantes, 2012-2015  

En la línea planteada, durante la fase de negociación se registró un total de 51.905 homicidios, presentándose una línea cíclica decreciente al pasar de una tasa de 34,42 por cada 100.000 habitantes -correspondiente a 16.032 registros durante el año 2012, cuando se inició la fase de negociación (de octubre a diciembre se presentaron 3.557 registros)- a una de 31,76 (14.967 registros) por cada 100.000 habitantes en el 2013, 27,19 (12.957 registros) por cada 100.000 habitantes en el año 2014 y 25,85 (12.459 registros) por cada 100.000 habitantes en el 2015. Entre enero y agosto 28 del 2016 continuó la disminución, con 7.954 registros, y se observó un impacto positivo frente a la reducción del ilícito a nivel nacional.

2. Caracterización

La modalidad que sobresalió fue el sicariato (48,01 %), seguido de riñas (32,52 %), lo que concuerda con la primacía e interiorización de una violencia instrumental y reactiva en el contexto colombiano, al observar frente al primero que se pasó de 1.811 registros entre octubre y diciembre del 2012, a 7.043 en el 2013, 6.205 en el 2014, 5.880 en el 2015 y 3.981 entre enero y agosto del 2016.

No se reportó información concluyente frente al grupo sindicado, ya que en un 90 % no existen datos, seguido de la delincuencia común (7 %), el crimen organizado (2 %) y la subversión (1 %), lo cual encuentra respaldo en que la información se registra en la base de datos SIEDCO, antes del inicio de la investigación penal, cuando aún no hay una individualización de responsables, previendo, por ende, que el porcentaje de delincuencia común y crimen organizado, que fueron los que puntuaron, aumenten.

Con un 74,3 % fue el arma de fuego la que concentró la mayor participación, acorde con la modalidad de sicariato, seguido de arma blanca o cortopunzante (20,62 %).

Respecto al sexo y la edad de la víctima, predominó el masculino (91,68 %), siendo los adultos (93,13 %), en los rangos de los 20 a 25 años (23,55 %) y 26 a 31 años (19,74 %), los que puntuaron, y que, en igual medida, concuerdan con el estado civil de solteros (57,7 %) como el sobresaliente.

Los agresores, al momento de abordar a la víctima y cometer el ilícito, prefirieron movilizarse a pie (83 %), seguidos con una diferencia marcada por conductores y pasajeros de motocicleta, cada uno con un 7 %, lo cual encuentra coherencia con el móvil de las víctimas, sobresaliente al momento de la agresión: a pie (92 %), conductores de motocicleta (2 %) y en vehículo (2 %).

Estas cifras se relacionan con el sitio de ocurrencia de los hechos: vías públicas (64,37 %), seguidas, con una diferencia marcada, de fincas (9,93 %), y con la zona urbana como la predominante (72,63).

Concomitantemente, el intervalo de hora preferido fue de las 18:00 a las 23:59 (39 %) y de las 12:00 a las 17:59 horas (22 %), que a su vez se relaciona con la ocupación que predominó: empleado particular (30 %) e independiente (28 %), conexo al grado de instrucción que puntuó: secundaria (56 %), seguido de primaria (36 %).

3. El homicidio a nivel regional

Se analizaron los registros administrativos representativos por tasas por cada 100.000 habitantes, de los años completos 2013, 2014 y 2015.

En contraste con la disminución de homicidios a nivel nacional, en el regional la tasa de homicidios aumentó en los departamentos de Cauca, Quindío y Atlántico (vid. Tabla 3). Lo anterior sin desconocer que en los tres años consecutivos mantuvieron una tendencia sostenida, por encima del promedio anual de la tasa de homicidios, los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (vid. Tabla 4).

Al comparar a nivel regional el aumento en la tasa de homicidios y los departamentos por encima del promedio anual en función de la presencia de estructuras criminales13, que constituyó una de las manifestaciones reiterativas en escenarios de conflicto y transición hacia la paz, se encontró una relación positiva respecto a los departamentos de Atlántico, Antioquia, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca, los cuales focalizan una amenaza que puede impactar en forma desfavorable la seguridad a nivel regional en escenarios de posconflicto; esto constituye hotspots hacia donde se estima, conforme con los resultados obtenidos, que deben orientarse y reforzarse prioritariamente medidas de prevención, control e intervención, que redunden en un fortalecimiento integral del Estado de derecho (vid. Tablas 3 y 4).

Los departamentos de Cauca y Quindío, Arauca y Caquetá no registraron información respecto a la presencia de estructuras criminales, según los datos suministrados por el CENAC de la Policía Nacional de Colombia (2016), pero sí coincidieron con territorios que colindan con áreas geográficas de influencia de estructuras criminales, en donde se conformaron cinturones alrededor de los epicentros citados, que amplificaron la amenaza y el delito, siendo los dos últimos zonas de influencia del ELN y las FARC.

Tabla 3 . Departamentos con aumento de la tasa de homicidios: 2013, 2014, 2015 

Departamento Homicidios Tasa Estructuras de crimen organizado presentes
2013 2014 2015 2013 2014 2015 Nombre Tipo Denominación
Aumentó en:
Atlántico 507 517 568 21,10 21,26 23,08 Grupo delictivo organizado B Los Costeños
Arauca 524 516 597 38,68 37,75 43,29 No registró
Quindío 248 230 271 44,37 40,92 47,94 No registró
Promedio anual de la tasa de homicidios: 31,24 28,23 25,00

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Tabla 4 . Departamentos con tendencia sostenida por encima del promedio anual de la tasa de homicidios: 2013, 2014, 2015 

Departamento Homicidios Tasas
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Antioquia 2.484 1.985 1.906 39,92 31,51 29,88
Estructuras del crimen organizado presentes (1 tipo A y 9 tipo B): Clan del Golfo, 13 de noviembre/La Sierra, 4 Esquinas, Betania/ Robledo, Niquia CAMACOL / Los Chatas, Alias Jota, Caicedo, La Sierra, Robledo, Trianón
Arauca 121 143 82 47,72 55,74 31,61
Caquetá 290 220 179 62,30 46,66 37,48
Chocó 205 178 159 41,81 35,95 31,80
Estructura del crimen organizado presente (1 tipo A): Clan del Golfo
Guaviare 52 42 34 48,18 38,36 30,61
Estructuras del crimen organizado presentes (2 tipo A): Disidencias ERPAC - Puntilleros (Bloque Meta) y Puntilleros Libertadores del Vichada
Meta 320 319 310 34,60 33,83 32,25
Estructuras del crimen organizado presentes (3 tipo A): Clan del Golfo, Disidencias ERPAC-Puntilleros Bloque Meta, Puntilleros Libertadores de Vichada
Nariño 597 480 448 35,08 27,86 25,68
Estructura del crimen organizado presente (1 tipo A): Clan del Golfo
Norte de Santander 515 409 371 38,65 30,43 27,37
Estructura del crimen organizado presente (2 tipo A y 1 tipo B): Clan del Golfo, Los Pelusos (EPL), Los Rastrojos
Putumayo 217 217 145 64,38 63,63 42,00
Estructura del crimen organizado presente (1 tipo B): La Constru
Risaralda 356 324 313 37,82 34,23 32,88
Estructura del crimen organizado presente (1 tipo B): La Cordillera
Valle del Cauca 3.436 2.735 2.601 76,01 59,89 56,38
Estructuras del crimen organizado presentes (1 tipo A y 4 tipo B): Clan del Golfo, El Búho, La Empresa Comuna 12, Los Lobos, Los Rastrojos
Promedio anual de la tasa de homicidios: 31,24 28,23 25,00

Fuente: SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia, 2016

Conclusión y discusión

Con base en los hallazgos obtenidos, se concluyó que el homicidio y su evolución han estado ligados al entorno del conflicto armado como manifestación de violencia, lo cual puede evidenciar una relación significativa entre los picos más altos con dinámicas asociadas a la confrontación armada: cuando el conflicto escaló, en igual medida se comportó el ilícito, y cuando disminuyó, el ciclo fue repetitivo, sin desconocer la multicausalidad del homicidio, del conflicto y de la negociación, acorde con lo planteado por Torrijos (2015).

En este contexto, se encontró una relación positiva entre la variación del homicidio y la fase de negociación, que marcó una dinámica de desescalamiento del conflicto armado al sellar la disminución del homicidio a nivel nacional, que presentó una reducción equivalente a un 8,57 %, al comparar la tasa de homicidios del año 2012 con la del 2015, sentando las bases para la transformación de un conflicto caracterizado por la violencia a uno pacífico, variación que encuentra respaldo en la teoría del conflicto social de Galtung (1998, 2003, 2003a, 2007).

Ello en razón a que la negociación, como elemento preponderante para tratar y transformar el conflicto armado, llevó a un consenso entre las partes, que como unidad de grupo propendió por la promoción de un cambio a través de los acuerdos logrados, observados como los intereses prioritarios que resalta Galtung (2003) al aplicar la epistemología de la paz, y que como parte integral de la negociación acarrearon un desescalamiento del conflicto armado en la búsqueda de su evolución, y con él la disminución del injusto penal en el ámbito nacional, que impactó positivamente la fase de negociación en decremento del delito a nivel nacional.

En forma concomitante, durante la fase de negociación los picos más bajos y la reducción nacional del registro administrativo de homicidios concordaron en torno a medidas de construcción de confianza, al denotar que cuando la confrontación armada disminuyó, en igual medida se comportó el ilícito en el entorno nacional, acorde con lo expuesto por Silva (2008), quien al referirse a la teoría del conflicto social argumentó que el estado de calma que se materializa durante la fase de negociación es la respuesta a una etapa del conflicto que restablece un equilibrio relativo, producto de la interacción entre la divergencia social y el control social, que implica una correlación de equilibrio de fuerzas entre las partes y un compromiso determinado por la intención de mejorar el conflicto armado, soportando el decremento del ilícito.

El anterior panorama llevó a colegir que el conflicto armado, y dentro de este la negociación como mecanismo para tratar el primero, ha contribuido al aumento y disminución del ilícito a nivel nacional, el cual soporta la existencia de una relación entre el conflicto armado y el homicidio, que a su vez ha incentivado la interiorización de un comportamiento agresivo, legado del primero, relacionándose con la violencia premeditada propia del sicariato y la violencia impulsiva característica de la riña, lo que constituye las modalidades que puntuaron, y confirman los postulados de Myers (2005), Chaux (2003), Galtung (1998), Londoño et al. (2012), Somasundaram (2007), Mora (2013), el INMLCF (2015), la OMS (2014) y Pizarro (2015).

Congruente con la modalidad del sicariato, se resaltó en la caracterización: el uso de arma de fuego, la escogencia de vías públicas, la movilización a pie y el intervalo de hora escogido por parte del victimario, así como la prevalencia de la delincuencia y el crimen organizado como grupo sindicado, para concluir, junto con la variación regional, que el aumento del ilícito se dio en simetría con la presencia de estructuras criminales, que el vínculo entre conflicto armado, violencia y su interiorización ha conllevado una asociación con la criminalidad y la existencia de disímiles actores que se han relacionado con el conflicto armado en detrimento de la seguridad ciudadana, según lo sugerido por Chaux (2003), Bello (2009), Torrijos (2015), Pécaut (2015), Gutiérrez (2015) y Pizarro (2015).

Este planteamiento toma fuerza al observar los referentes nacionales e internacionales de procesos de paz, en los que sobresalió, como manifestación reiterativa asociada al mismo, la presencia de organizaciones delincuenciales a nivel regional, que en la lucha por el control territorial de polos de desarrollo e intereses económicos ha coadyuvado al incremento del homicidio y la criminalidad.

Sin desconocer la existencia de políticas estatales y acorde con lo que ha sido expuesto, se concluyó, en respuesta a la pregunta de investigación y el objetivo planteado, que la fase de negociación impactó la variación del homicidio en Colombia, el cual disminuyó en el ámbito nacional al identificar la prevalencia de la violencia instrumental y reactiva, que se asocia con una pauta cultural, legado del entorno del conflicto armado, y encontrar concordante con ello, a nivel regional, una convergencia entre focos de violencia homicida y la presencia de estructuras criminales.

En razón a ello, la intervención de las economías criminales, cuya consecución se asocia con la violencia instrumental propia de estas organizaciones como motor de la perpetuación de la actividad violenta y criminal, se constituye en eje estratégico desde el ámbito criminológico para superar la violencia, coherente con lo indicado por la Comisión Histórica del Conflicto (2015).

En esta línea es indispensable el fortalecimiento estratégico de la capacidad disuasiva y de control del delito, en el marco de la criminalidad organizada de manera focalizada y priorizada en las regiones identificadas, con el propósito de anticipar y neutralizar dinámicas delincuenciales cambiantes de estructuras criminales, en razón a que estas ya están presentes en el contexto colombiano, a diferencia de otros escenarios donde han emergido después de los procesos de paz, especialmente en los que confluyen:

a) Espacios vacíos, como consecuencia de la desmovilización colectiva; b) economías ilegales de estructuras criminales, que se han arraigado en algunas regiones y que pueden buscar control territorial como eje estratégico, y c) ausencia de desarrollo social y garantías fundamentales, que en conjunto caracterizan ambientes propicios para la continuación de la violencia criminal asociada al homicidio.

Es importante priorizar el seguimiento y estudio de la delincuencia y el homicidio en todas sus formas, ya que al traer a colación lo indicado por la UNODC (2013), “la violencia vinculada al crimen puede igualar, e incluso superar, a aquélla generada por el conflicto mismo, en razón a que la delincuencia organizada puede aprovechar los vacíos que surgen en la transición entre el fin del conflicto y el fortalecimiento de la institucionalidad” (p. 7).

Aunado a ello, los acuerdos, entendidos como los valores e intereses que pueden transformarse en cuanto a la necesidad de las partes como elemento trascendental de la negociación, pueden repercutir frente a la implementación y desarrollo desde el nivel regional de garantías que, como resultado de la anuencia colectiva, fortalezcan escenarios de paz, el Estado de derecho a través de la presencia institucional y la mejora de la seguridad ciudadana, para soportar aún más la necesidad del seguimiento y estudio de la delincuencia, con mayor énfasis a raíz de la firma del acuerdo final, y de manera paralela a la verificación del cumplimiento de las concesiones pactadas.

En este escenario, el fortalecimiento de la institucionalidad, la inclusión vista como garantía de derechos fundamentales y la lucha contra el crimen organizado en el plano regional, son ejes estratégicos que al integrarse forjarán una respuesta sistémica que puede minimizar esta amenaza, sobre la base del principio de corresponsabilidad.

Teniendo en cuenta que el proceso de paz y la fase de negociación abrieron una brecha de concientización en los colombianos, en la que se pregona por la necesidad de una transformación del conflicto armado hacia un escenario de paz y su interiorización, en el contexto histórico de la prórroga de la negociación dada a partir del 2 de octubre del 2016, que llevó a la firma de un segundo texto ajustado del Acuerdo Final de Paz y su refrendación por parte del Congreso de la República, se plantea el siguiente interrogante para futuras investigaciones: ¿Qué ocurrirá con el comportamiento del homicidio en Colombia tras la implementación del Acuerdo de Paz?

“Si quieres la paz, prepárate para la paz” (Galtung, 2003a).

Referencias

Acero, H. (2007). Violencia homicida en Colombia, 1960-2006. Liderazgo político y políticas públicas. Revista Criminalidad, 49: 124-133. [ Links ]

Aguirre, K. (2014). Analizando la violencia después del conflicto: el caso de Guatemala en un estudio sub-nacional. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 59 (220): 191-233. [ Links ]

Aguirre, K., Restrepo, J. & Villamarín, A. (2010). La violencia armada como freno al desarrollo: midiendo la relación y sus costos. En D. Fleitas (Ed.). El control de las transferencias internacionales de armas (pp. 57-72). Buenos Aires. [ Links ]

Ball, P. & Reed, M. (2016). El registro y la medición de la criminalidad. El problema de los datos faltantes y el uso de la ciencia para producir estimaciones en relación con el homicidio en Colombia, demostrado a partir de un ejemplo: el departamento de Antioquia (2003-2011). Revista Criminalidad , 58 (1): 9-23. [ Links ]

Bello, C. (2009). Posconflicto en Colombia: un análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas. Revista Criminalidad , 51 (1): 163-177. [ Links ]

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (2016). CERAC en los medios. Recuperado de http://www.cerac.org.co/es/acerca/ceracenlosmediosLinks ]

Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Rearmados y Reintegrados: Panorama Posacuerdos con las AUC. Procesos Digitales: Bogotá. [ Links ]

Chaux, E. (2003). Agresión reactiva, agresión instrumental y el ciclo de la violencia. Revista de Estudios Sociales, 15: 47-58. [ Links ]

Código de Procedimiento Penal (2004). Ley 906: por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Bogotá. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787Links ]

Código Penal colombiano (2000). Ley 599: por la cual se expide el Código Penal. Bogotá: Momo Ediciones. [ Links ]

Comisión Histórica del Conflicto (2015). Contribución al Entendimiento del Conflicto Armado en Colombia. Bogotá. [ Links ]

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007). Informe No. 1: Disidentes, Rearmados y Disidentes: ¿Bandas Criminales o Tercera Generación Paramilitar?, Bogotá. [ Links ]

Comité Internacional de la Cruz Roja (1998). Servir y Proteger: Derecho de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario para las Fuerzas de Policía y de Seguridad. Suiza. [ Links ]

Congreso Nacional de la República de Colombia (2003, marzo 18). “Ley 800 del 13 de marzo de 2003, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Diario Oficial, N.º 45.131, Bogotá. [ Links ]

Devia, C., Ortega, D., & Magallanes, M. (2014). Violencia luego de la paz: escenarios de posconflicto en Centroamérica. Revista Republicana, 17: 119-148. [ Links ]

Díaz, C., Romero, J. & Morán, S. (2010). Los conflictos armados de Centroamérica. Conflictos Internacionales Contemporáneos, 13: 31-34. [ Links ]

Franco, S. (2003). Momento y Contexto de la Violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Galtung, J. (1998). Tras la Violencia, 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución: Afrontando los Efectos Visibles e Invisibles de la Guerra y la Violencia. Bilbao: Gernika Gogoratuz. [ Links ]

Galtung, J. (2003). Trascender y transformar: una introducción al trabajo de conflictos. México: Transcend - Quimera. [ Links ]

Galtung, J. (2003a). Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: Gernika Gogoratuz . [ Links ]

Galtung, J. (2007). Toward a conflictology: the quest for trans-disciplinary. Oslo; Transcend: A network for Peace & Development. [ Links ]

Giraldo, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Bogotá. [ Links ]

Giraldo, J. (2015). Ensayo: Política y guerra sin compasión. Bogotá. [ Links ]

Gutiérrez, F. (2015). ¿Una historia simple? Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Bogotá. [ Links ]

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (2015). Forensis 2014: Datos para la Vida (pp. 21-22). Bogotá: Imprenta Nacional. [ Links ]

Londoño, A., Romero, P., & Casas, G. (2012). The association between armed conflict, violence and mental health: a cross sectional study comparing two populations in Cundinamarca departament, Colombia. Conflict and Health, 6: 12. [ Links ]

Madrigal, A. & Sánchez, Y. (2013). Las memorias del conflicto armado y la violencia en Colombia: Ciudad Bolívar como referente de mantenimiento de memoria colectiva significativa en Bogotá. Revista Ciudad Pazando, 7 (2). Bogotá. Recuperado de http://revistaciudadpazando.udistrital.edu.co/index.php/47-articulos-revista-10/300-revista-10-articulo-5Links ]

Mora, A. (2013). Conflicto, violencia socioeconómica y desplazamiento forzado en Colombia. Cuadernos de Economía, 32 (61): 721-754. Bogotá. [ Links ]

Myers, D. (2005). Psicología social. México: McGraw-Hill. [ Links ]

Ministerio de Relaciones Exteriores (2016). Información sobre procesos de paz. Recuperado de http://www.cancilleria.gov.co/informacion-procesos-pazLinks ]

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (2013). Estudio mundial sobre el homicidio. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdfLinks ]

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016). El ABC de las conversaciones. ¿En qué va el proceso de paz? Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.htmlLinks ]

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016). Lo que hemos logrado en La Habana. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/index.htmlLinks ]

Organización Mundial de la Salud (2014). Informe sobre la Situación Global de la Prevención de la Violencia, 2014. Ginebra. [ Links ]

Pécaut, D. (2015). Un conflicto armado al servicio del statu quo social y político. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Bogotá. [ Links ]

Pizarro, E. (2015). Una lectura múltiple y pluralista de la historia. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Bogotá. [ Links ]

Policía Nacional de Colombia (2016). Registro administrativo de homicidios. Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO PLUS). Bogotá. [ Links ]

Policía Nacional de Colombia (2016). Presencia de estructuras criminales en el territorio nacional. Centro de Análisis Criminal (CENAC). Bogotá. [ Links ]

Presidencia de la República de Colombia (2016). Acuerdo de paz: ¿cómo ha sido el camino? Recuperado de http: // www.acuerdodepaz.gov.coLinks ]

Rico, J. (1981). Crimen y justicia en América Latina. México: Siglo XXI. [ Links ]

Sánchez, F., Díaz, A. & Fornisano, M. (2003). Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial. Bogotá: Universidad de los Andes. [ Links ]

Silva, G. (2008). La Teoría Sociológica del Conflicto: Un Marco Teórico Necesario. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. [ Links ]

Somasundaram, D. (2007). Collective trauma in northern Sri Lanka: a qualitative psychosocial-ecological study. International Journal of Mental Health Systems. BioMed Central. [ Links ]

Torrijos, V. (2015). Cartografía del Conflicto: Pautas Interpretativas sobre la Evolución del Conflicto Irregular Colombiano. Bogotá. [ Links ]

Velasco, M. (2013). Violencia reactiva e instrumental: la impulsividad como aspecto diferenciador. Revista de Educación, 361: 665-685. [ Links ]

Villamarín, A. (2011). Prevenir y Calcular: Una Estimación de los Costos de la Violencia Homicida en Colombia. Bogotá: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. [ Links ]

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Peñalosa, M. J. (2017). La variación del homicidio durante los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC: octubre 18 del 2012 a agosto 28 del 2016. Revista Criminalidad, 59 (1): 129-149.

1El artículo hace parte de la línea de investigación “Conflicto y posconflicto”, del área temática social del grupo OBSER DIJIN, reconocido por Colciencias con el GrupLac COL0117778

2Se excluyeron los homicidios culposos o en accidente de tránsito.

3Ningún registro administrativo mundial puede dar cuenta absoluta de la criminalidad en un país, y vale la pena precisar que el homicidio es el delito que concentra menos subregistros administrativos, sumado a que la base de datos SIEDCO PLUS de la Policía Nacional de Colombia encierra una riqueza intrínseca para el análisis de la criminalidad en el país y reitera la cobertura, especialidad e integridad de sus datos, los cuales facilitan la identificación de frecuencias y tendencias que conllevan la comprensión del ilícito.

4El informe señala que las tasas de homicidio más altas del mundo están en América: 28,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo Colombia el quinto país más violento de la región, junto a El Salvador, con 43,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, después de Honduras, con 100,9; Venezuela, con 57,6; Jamaica, con 45,1, y Belice, con 44,7.

5Indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país, y que lo ubica en un ranking dentro del listado general de paz global.

6Del 18 de octubre al 31 de diciembre del 2012.

7Del 1 de enero al 28 de agosto del 2016.

8Art. 201. Órganos de Policía Judicial Permanente. Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias especializadas. Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.

9Comunicado conjunto No. 70 del 15-05-2016 y 96 del 02-09-2016, último que contempló como fecha de inicio del proceso de salida de los campamentos de las FARC de los menores de edad que serán entregados al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): 10 de septiembre del 2016.

10Comunicados conjuntos No. 74 del 10-06-2016.

11Cobija las veredas de El Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chirí, Roblal y Palmichal.

12Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

13Se aclara que con el propósito de focalizar y articular los esfuerzos de las autoridades colombianas en la lucha contra las estructuras del crimen organizado, estas fueron categorizadas a través de la Directiva Permanente del Ministerio de Defensa Nacional No. 0015 del 22 de abril de 2016, con fundamento en el art. 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (Congreso Nacional de la República de Colombia, 2003), teniendo en cuenta la incidencia territorial y el alcance transnacional, nacional, regional o local: grupos tipo A o Grupo Armado Organizado (GAO); grupos tipo B o Grupo Delictivo Organizado (GDO), y grupos tipo C o Delincuencia Común Organizada (DCO) (CENAC, 2016).

Recibido: 15 de Octubre de 2016; Revisado: 09 de Noviembre de 2016; Aprobado: 15 de Diciembre de 2016

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons