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Revista Criminalidad

versión impresa ISSN 1794-3108

Rev. Crim. vol.59 no.3 Bogotá sep./dic. 2017

 

Estudios Criminológicos

Exégesis de los registros de criminalidad y actividad operativa de la Policía Nacional en Colombia, año 20161

Exegesis of the National Police criminal records and operational activity in Colombia, 2016

Exegese dos registros da criminalidade e atividade operativa da Polícia Nacional na Colômbia, ano 2016

Ervyn Norza-Céspedes 1  

María Jimena Peñalosa-Otero 2  

Jair David Rodríguez-Ortega 3  

1Doctorando en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Magíster en Criminología y Victimología. Investigador Criminológico, Grupo Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Bogotá, D. C., Colombia. ervyn.norza@correo.policia.gov.co

2Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Grupo Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Policía Nacional de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. maria.penalosa1473@correo.policia.gov.co

3Magíster (c) en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Jefe del Grupo Información de Criminalidad, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Policía Nacional de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. jair.rodriguez1243@correo.policia.gov.co


Resumen

Se presenta la descripción de los delitos en Colombia durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016, comparando los datos con el 2015 y los resultados operativos de la Policía Nacional. El principal objetivo fue brindar insumos para la toma de decisiones informadas por los responsables de las políticas (policy makers) para la seguridad y convivencia del país. Se usaron los datos para cavilar sobre las tendencias de criminalidad y construcción de paz, el análisis espacial del delito y el avance en un modelo dialógico para la denuncia. Entre las principales conclusiones se identificaron el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, al pasar de 86.296 a 118.985 registros, y el mejoramiento de la calidad de la información estadística, cuyo registro administrativo se incrementó (38%). El protagonismo de los delitos contra el patrimonio económico, que concentran el mayor registro (28,53%), y dentro de estos, el aumento de la estafa (216%) y el hurto a personas (45%), así como el acrecimiento de las lesiones personales (43%) y la disminución del homicidio a nivel nacional (2,38%). En un contexto de negociación, cese de hostilidades y suscripción de un acuerdo de paz, es plausible identificar la disminución del homicidio en un 24% (-3.821 casos), con respecto al promedio de los últimos 13 años (2003 a 2015).

Palabras clave: Registro administrativo; estadísticas criminales; denuncia; seguridad; criminalidad; Policía Nacional

Abstract

This article contains a description of crimes taking place in Colombia during the period between January 1 and December 31 of 2016, by comparing data pertaining to this year with that of 2015 and operational results of the National Police.

The main objective was to provide inputs for decision-making as informed by those responsible for the country’s security and coexistence policies. Use was made of data in order to delve into criminality tendencies and peace construction, spatial crime analysis, and the advancement in a dialogical model for complaint or petition. Among the main conclusions, the strengthening of citizen denunciation was identified from 86,296 to 118,985 records, and the improvement of the statistical information quality, the registration of which had increased (38%). Also included were the relevant presence of crimes against economic wealth concentrating the largest record (28.53%), and within these, the growth of scam (216%) and theft affecting people (45%), as well as the accretion of personal injuries (43%) and the reduction of homicide nationwide (2.38%). In a negotiation context including the cessation of hostilities and signing of a peace agreement, identifying the reduction of homicide cases by 24% (-3,821 cases), with respect to the average of the last 13 years (2003 to 2015) is viable.

Key words: Administrative record; criminal statistics; reporting; security; criminality; National Police

Resumo

Apresenta-se a descrição dos crimes na Colômbia durante o período entre o 1 de janeiro e o 31 de dezembro do ano 2016, comparando os dados com 2015 e os resultados operativos da Polícia Nacional. O objetivo principal era oferecer insumos para a tomada de decisões informadas pelas pessoas responsáveis das políticas (policy makers) para a segurança e a convivência do país. Os dados foram usados para meditar sobre as tendências da criminalidade e a construção da paz, a análise espacial do crime e o avanço em um modelo do dialógico para a denúncia. Entre as conclusões principais identificaram-se o fortalecimento da denúncia cidadã, ao passar de 86.296 a 118.985 registros, e a melhoria da qualidade da informação estatística, cujo registro administrativo foi aumentado (38%). O protagonismo dos crimes contra o patrimônio econômico, que concentram o maior registro (28.53%), e dentro destes, o aumento da fraude (216%) e do roubo às pessoas (45%), assim como o crescimento das lesões pessoais (43%) e a diminuição do homicídio no nível nacional (2.38%). Em um contexto da negociação, cesse das hostilidades e a subscrição em um acordo da paz, é razoável identificar a diminuição do homicídio em um 24% (- 3.821 casos), com respeito à média dos últimos 13 anos (2003 até 2015).

Palavras chaves: Registro administrativo; estatísticas criminais; denúncia; segurança; criminalidade; Polícia Nacional

Introducción

Con base en la necesidad de generar datos robustos para la toma de decisiones en temas de seguridad y justicia, el presente artículo aporta insumos estadísticos a los responsables de la política pública en Colombia (policy makers). El argumento se fundamenta en que los más importantes resultados en las acciones estatales contra el crimen se basan en mejores decisiones, soportadas en datos rigurosos, sistemáticos y analizados previamente a la decisión (De Bondt, 2014; Sutcliffe & Court, 2005). En tal sentido, la literatura científica ha indicado que colocar la mejor evidencia disponible (datos) en el epicentro del diseño e implementación de políticas se traduce en decisiones bien informadas, basadas en evidencia (Moran, Rein & Goodin, 2006; Norza, 2017; Welsh & Farrington, 2007; Davies, Nutley & Smith, 2000), característica obligatoria para el desarrollo de políticas criminales en un escenario multifacético para la seguridad y el crimen, como lo es el contexto colombiano.

En consecuencia, describir la criminalidad y señalar la actividad operativa de la Policía Nacional, registrada en todo el país en los municipios y departamentos (desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016), permitirá a todos los primeros mandatarios a nivel territorial (alcaldes y gobernadores) y nacional, contar con datos respecto a las dinámicas del crimen y la respuesta del control social formal ejercido por la Policía de Colombia, como una forma de diagnosticar y/o evaluar las variables oportunas para las políticas públicas en temas de seguridad y crimen. En otras palabras, y combinando el binomio “autoridades y policía”, las cifras condensadas en las tablas anexas al artículo se convierten en un insumo para desarrollar “Evidence-Based Policing” y “Evidence-Based Policy Making” (De Bondt, 2014; Norza, 2017).

Los datos aquí descritos y analizados son el resultado de dos procesos misionales liderados por el Área de Investigación Criminológica de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, denominados “Desarrollar Investigación Criminológica” y “Administración de Información Criminal”, los cuales tienen como objetivo develar las variables involucradas en las dinámicas de la criminalidad. Resultado de ello, este artículo se divide en cinco grandes componentes. El primero comienza con un breve análisis de las dinámicas del crimen, en el marco de la construcción de paz. El segundo describe datos macro, correspondientes a los delitos por títulos del código penal colombiano, análisis espacial del crimen y resultados de la actividad operativa policial. El tercero se concentra en el fortalecimiento de la denuncia y avance en un modelo dialógico (ciudadano-instituciones) contra el crimen. El cuarto condensa las conclusiones derivadas de los datos, y, finalmente, se anexan 39 tablas estadísticas criminales-policiales y 5 mapas con la concentración espacial de los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Análisis de las dinámicas del crimen, en el marco de la construcción de paz

A finales del año 2016 se firmó el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, situación que representa retos en el proceso de consolidación de la paz. Las acciones del Estado se orientaron a definir la respuesta institucional y las formas de atender las nuevas condiciones para la edificación de esta (peace building), con participación de todos los sectores de la sociedad, contemplando dimensiones preventivas, paliativas y reparativas (como lo planteó Boutros-Ghali ENT#091;1995ENT#093; en los requisitos para los procesos de construcción de paz).

Colombia incursionó en la lógica del afianzamiento de la paz, que, como lo ha descrito Rocha (2011), se ha asociado inicialmente con el posconflicto en los países que han vivenciado guerras internas (conflicto armado interno: caso colombiano), enmarcando la construcción de paz como las acciones desarrolladas por actores nacionales e internacionales para reforzar la paz, a través de la identificación de estructuras vitales que así lo permitan, teniendo presente el objetivo de evitar una recaída en el conflicto (Call & Cousens, 2007).

No obstante, para contextualizar esta lógica de “peace building” en Colombia, a continuación señalamos las dos visiones, agrupadas, conforme a la literatura, en “minimalista y maximalista”. Según Alina Rocha (2011), la concepción de la paz negativa (objetivo minimalista), entendida como la terminación del conflicto solo con la firma de un acuerdo, ha sido desplazada hacia un enfoque maximalista, orientado a la transformación de la sociedad mediante la optimización de la seguridad humana2. La construcción de paz debe ser, entonces, forjada con un enfoque maximalista, a través de un esfuerzo multifacético que incluye la construcción de la gobernabilidad democrática, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del estado de derecho y la promoción del desarrollo sostenible, el acceso equitativo a los recursos, y la seguridad del medioambiente (Barnett & Zürcher, 2008).

En consecuencia, la construcción de paz, afirma Rettberg, “se enfoca en el apoyo a largo plazo a instituciones políticas, socioeconómicas y culturales viables y capaces de solucionar las causas estructurales del conflicto y establecer las condiciones necesarias para la paz y la estabilidad” (Carbonnier, 1998, citado en Rettberg, 2003).

En términos más concretos, si se quiere abordar el tema de construcción de paz desde una visión más holística, es necesario desarrollar un enfoque integral, en el cual interactúen las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, en este artículo se ha considerado conveniente revisar las tendencias del crimen como un panorama inicial de la reacomodación del contexto colombiano, con ocasión de otros escenarios regionales, en los cuales ya se han indicado algunos efectos en el crimen luego de la terminación del conflicto (Guatemala y El Salvador), donde se ha observado cómo los índices de homicidio aumentaron significativamente en la etapa de posconflicto (Bello, 2009).

De cara a la situación de Colombia (sin que ello indique que es similar), en este acápite del artículo se pretende brindar pistas sobre las tendencias de la criminalidad en Colombia antes, durante y después de la firma del acuerdo de paz, para identificar si el aumento de la criminalidad cuando termina el conflicto, y específicamente el homicidio (Rettberg, 2002, 2012), como ha sucedido en Guatemala y El Salvador (Kalyvas, 2015), es un escenario que se puede repetir para Colombia, y si los delitos con un componente económico y menos violencia política aumentan, como indicador de la transición hacia la paz (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016) y una lógica racional de los actores criminales.

Es esta línea, si asumimos los postulados de la teoría económica del crimen, la cual propone que el hombre es racional y actúa después de evaluar los costos y beneficios de sus acciones (Rubio, 1999; Becker, 1968), y, para el caso colombiano, el crimen ha adoptado las características propias de una empresa que construye redes y profesionaliza al delincuente, dependiendo de los cambios del contexto (DeLeón-Beltrán & Salcedo, 2007), analizar las trayectorias recientes de la criminalidad es un ejercicio necesario en el fortalecimiento de la arquitectura institucional del Estado, más aún cuando los últimos estudios de las trayectorias de la criminalidad, asociadas a los cambios en el conflicto, indican que las sociedades en posconflicto reflejan en el crimen los cambios de la relación del Estado con el territorio y la población (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016; Norza, 2016; Pino, 2016; Rettberg, 2012).

En suma, al analizar el comportamiento de la criminalidad en Colombia, matizado por un proceso de negociación y un acuerdo de paz suscrito el 26 de septiembre del 20163, llamó la atención que el homicidio continuó con su tendencia anual hacia la disminución a nivel país (vid. Figuras 1 y 2 y Tablas 2 y 4), en contraste con los delitos contra el patrimonio económico y contra los recursos naturales y el medioambiente, los cuales en el año 2016 registraron un incremento del 43% y 60,46%, respectivamente, al compararlos con el año 2015 (vid.Tabla 1). Sobresalieron los delitos de hurto a personas (146.643) y estafa (22.467), que presentaron un incremento del 45% y 216%, en comparación con el año 2015 (vid. Tabla 2).

En este panorama, algunos estudios señalan que los delitos con un alto componente económico tienden a aumentar luego de consolidados los procesos de paz, en razón a que los intereses rentísticos se sobreponen a los políticos, donde cobra protagonismo el accionar de organizaciones criminales y grupos delictuales que se relacionan con economías ilegales, en particular a nivel regional (Nasi, 2007; Sánchez & Suárez, 2007; Theidon & Betancourt, 2006). Inclusive, diferentes investigaciones han afirmado la constitución de transformaciones del conflicto hacia un fenómeno denominado “economías de guerra” (Arnson & Zartman, 2006; Ballentine & Nitzschke, 2005; Le Billon, 2001), en el cual los actores del conflicto armado se transforman, y una vez que identifican nuevas formas de obtener dividendos económicos4, su historial y aprendizaje criminal incursiona en nuevas formas criminales, centradas en ganancias económicas ilícitas, transformando las economías tradicionales (Norza, 2016). Para la nueva etapa del país, sería conveniente analizar fenómenos como el narcotráfico, la minería criminal y la delincuencia organizada.

Por ahora, este artículo no intenta confirmar esta asunción, pero sí arrojar información descriptiva a nivel nacional y territorial (ver Tablas anexas), para exhortar a los académicos y “practitioner” de las instituciones del Estado, hacia el desarrollo de investigaciones enfocadas a los nuevos retos en la construcción de paz, especialmente en las políticas de seguridad y convivencia.

En tal sentido, a continuación señalamos algunos datos y tendencias de la criminalidad en el país. Comenzamos por contrastar la trayectoria de los principales delitos que afectan la seguridad ciudadana, donde se evidenció el comportamiento del homicidio y secuestro asociados a escenarios de conflicto armado, en contraposición con delitos que afectan el patrimonio económico; se resalta, en simetría con el inicio del proceso de negociación en el año 2012 y la firma del acuerdo de paz en el 2016, la variación de algunos de estos punibles (vid. Figuras 1 y 2). Seguidamente, se plasmó un análisis del comportamiento del homicidio, el hurto a vehículos y el hurto común, dentro de los principales punibles que afectan el patrimonio económico, finalizando con el homicidio en accidentes de tránsito.

Trayectorias de delitos, 2016

Los delitos de seguridad ciudadana en el 2016, en especial el hurto común (personas, residencias y comercio) y el hurto de vehículos (automotores y motocicletas), registraron un incremento con respecto al 2015, del 20% y 9%, respectivamente. En la Figura 1 se presentan los registros históricos del hurto común, el hurto de vehículos y el homicidio, desde el 2003 hasta el 2016. El eje de la ordenada secundaria (lado derecho) representa la frecuencia de los hurtos a personas; los otros delitos están en concordancia con el eje de la ordenada primaria (lado izquierdo).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 1 Registro histórico de delitos, 2003-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017 (vid. Tabla 4)

Figura 2 Registro histórico de delitos por tasa, 2003-2016 

Nota: Los delitos de homicidio, secuestro y extorsión están visualizados con la información del eje secundario.

Acorde con las Figuras presentadas, se observa que los delitos comúnmente asociados al conflicto (homicidio y secuestro) registraron trayectorias en disminución, en contraste con la extorsión y hurto a personas, los cuales tienen un componente económico como epicentro de la actividad criminal (vid. Figuras 1 y 2).

Homicidio, 20165

El registro de homicidios en el 2016 tuvo una disminución del 2,38% con respecto al 2015; por tanto, al tomar el número de víctimas de los 32 departamentos políticos y al realizar la variación absoluta acumulada para cada uno de ellos sobre el total de las víctimas, se llegó a la conclusión de que los departamentos del Valle, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Córdoba, Tolima, Meta y Risaralda registraron el 80% de muertes violentas en el 2016 (9.653 víctimas), lo cual denota que 2.511 víctimas se registraron en los 20 departamentos restantes (vid. Figura 3).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 3 Diagrama de Pareto - Homicidios, 2016 

Al analizar el comportamiento de la tasa de homicidio en cada uno de los departamentos políticos, respecto a la mediana y su desviación estándar a nivel nacional durante el año 2016 (vid. Figura 4), se distribuyó el análisis de la tasa de homicidio en cuatro categorías: la primera “excelente”, cuando la tasa de homicidios fue menor del límite inferior, siendo los departamentos de Boyacá, Guainía y Vaupés los que registraron por debajo de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes; la segunda “satisfactorio”, cuando la tasa de homicidios fue mayor del límite inferior, pero menor que la mediana; en este caso, los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Magdalena, San Andrés, Santander, Sucre y Vichada registraron más de 11, pero menos de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes; la tercera “aceptable”, cuando la tasa de homicidios fue menor del límite superior, pero mayor o igual que la mediana, cobijando a los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Casanare, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda y Tolima, que registraron 22 o más, pero menos de 33 homicidios por cada 100 mil habitantes, y la cuarta “deficiente”, cuando la tasa de homicidios fue mayor del límite superior, incluyendo a los departamentos de Cauca, Chocó, Norte de Santander, Quindío y Valle, que registraron más de 33 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 4 Tasa de homicidios según la mediana y la desviación estándar por departamentos, 2016 

Al analizar la tendencia del homicidio por semanas, desde la número 39 (mes de septiembre) del 2015 hasta la número 52 (mes de diciembre) del 2016, se observó la tendencia del ilícito y sus puntos atípicos de registro en el mes de diciembre. Al comparar las mismas semanas antes y después de la firma del acuerdo de paz, el promedio de homicidios fue de 250 (antes) contra 243 (después), con una disminución del 3% (vid. Figura 5).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 5 Tendencia de homicidios por semana (pre y posacuerdo) 

Tasa de homicidios y lesiones personales por departamentos, 2016

El departamento de Amazonas mostró mayor tasa de lesiones personales, con 685 por cada 100 mil habitantes, seguido de San Andrés, con 655, y Meta, con 451; de igual forma, los departamentos con mayor tasa de homicidios fueron Valle, con 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Quindío, con 46, y Chocó, con 42.

Las Figuras 6 y 7 presentan la tasa de homicidios y lesiones personales para cada uno de los departamentos y la ciudad de Bogotá, así como el promedio nacional para cada tasa (homicidio y lesiones). Cada departamento fue representado por una esfera, que ubica en un plano cartesiano la tasa de homicidios (eje de la abscisa) y la tasa de lesiones personales (eje de la ordenada); su densidad depende, para este caso, de la tasa de lesiones; Amazonas con mayor densidad (tasa de 685), hasta Guajira con menor densidad (tasa de 115).

Se observaron departamentos que tuvieron un grado de criticidad (por encima del promedio de las tasas) para las dos conductas, otros registraron alguna de las dos tasas por encima del promedio nacional y unos pocos por debajo del promedio de las dos tasas nacionales.

Al realizar el cálculo de los promedios nacionales para las dos tasas, se plantearon cuatro cuadrantes: el primero, cuadrante crítico, muestra los departamentos con mayor tasa de homicidios y lesiones que el promedio nacional: Meta, Quindío, Casanare, Risaralda; el segundo cuadrante representa los departamentos que tuvieron mayor tasa de lesiones y menor tasa de homicidios que el promedio nacional: Amazonas, San Andrés, Tolima, Huila, Cundinamarca, Santander, Guainía y Boyacá; el tercer cuadrante ilustra sobre los que obtuvieron menos tasa en homicidios y lesiones que el promedio nacional: Vaupés, Sucre, Bogotá, D. C., Magdalena, Guaviare, Cesar, Córdoba, Guajira, Vichada, Bolívar y Atlántico, y el cuarto cuadrante enseña los que tuvieron mayor tasa de homicidios, pero menor tasa en lesiones que el promedio nacional: Nariño, Antioquia, Caquetá, Arauca, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Valle.

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 6 Tasa de homicidios por departamentos, 2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 7 Tasa de lesiones personales por departamentos, 2016 

Homicidios por departamentos según la modalidad, 2016

El promedio nacional para los 32 departamentos políticos representó en un 3% la modalidad del sicariato (188 casos), seguido de riñas (127 casos), atraco (20 casos) y otros (45 casos); de igual forma, el 50% de los homicidios se presentó bajo la modalidad de sicariato, seguido de riñas con un 33%, atraco 5% y otros 12%. El 50% de los departamentos registraron casos en la modalidad de sicariato superior al promedio nacional (188 casos), destacando dentro de los departamentos con mayor registro a Valle (13%), Antioquia (10%) y Norte de Santander (3%). Cundinamarca registró el 10% de los homicidios por riñas a nivel país, seguido de Valle (4%) y Antioquia (3%). Vaupés y Guainía registraron solo cuatro casos de homicidio por riñas. Los departamentos que concentraron un mayor registro de homicidios por atraco fueron Valle y Cundinamarca, cada uno con 1% (vid. Figura 8).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 8 Homicidios según la modalidad (número de hechos), 2016 

Hurto de vehículos

Durante el 2016 se presentaron 39.390 hurtos de vehículos (automotores y motocicletas), donde el rango de hora de 18:00 a 23:59 y el día viernes registraron la mayor participación, con 39% (15.517 casos) y 15% (5.951 casos), respectivamente.

La mayor participación de vehículos hurtados, según clase de bien, fue motocicleta, con un 79%, seguida de automóvil, 12%, y camioneta, 5%.

Frente al top 10 de las líneas de vehículos hurtados durante el año 2016, el Spark respecto a automotores y el Bóxer CT 100 en motocicletas, concentraron el mayor porcentaje (29% y 27%) (vid. Figuras 9 y 10); se precisa que para ese top 10 se encontró una participación del 27% y 34%, respectivamente, para automotores (2.207) y motocicletas (10.677).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 9 Top 10 de las líneas más afectadas en automotores, 2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura 10 Top 10 de las líneas más afectadas en motocicletas, 2016 

Los 10 modelos de vehículos que concentraron la mayor participación (vid. Figura 11), representaron un total de 4.424 automotores y 25.760 motocicletas hurtadas, equivalentes al 55% y 82%, respectivamente.

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura11 Top 10 del modelo más afectado en hurto de vehículos, 2016 

Hurto común

En el 2016 se registraron 193.819 casos de hurto común (personas, comercio y residencias), con un incremento de 34% con respecto al año 2015. Para el hurto a personas, las modalidades con mayor participación fueron: atraco (38%), factor de oportunidad (27%) y raponazo (9%). Las ciudades que presentaron una disminución significativa fueron: Uramita (Antioquia) (-90%), Caldas (Boyacá) (-83%) y San José de Pare (Boyacá) (-80%). Las que tuvieron un mayor registro de hurto a personas por tasa: Melgar (Tolima) con 903, Popayán (Cauca) con 862, Pasto (Nariño) con 793 y Bucaramanga (Santander) con 790 personas afectadas por cada 100 mil habitantes.

El hurto a personas se presentó en un 59% en hombres y 41% en mujeres, 97% en adultos, 2% en adolescentes y un 1% en menores de edad. El 70% de los bienes hurtados correspondieron a dinero y equipos de comunicación, con 41% y 29%, respectivamente.

Para el hurto a comercio, los sectores empresariales más afectados fueron comercio y servicio (90%), gobierno, industria, minas y energías, transporte y agrícola-ganadero (9%) y el residencial, financiero y de vigilancia (1%); y en un 59% no se emplearon armas, en un 22% se utilizó arma contundente y en un 13% armas de fuego.

En el hurto a residencias, no se emplearon armas (41%), arma contundente (41%) y llave maestra (3%). Los sitios donde se registraron más casos fueron: en casas de habitación con 80% (19.401), apartamentos con 10% (2.449), fincas y similares con 9% (2.224) y otros con 1% (54) (vid. Figura 12).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Figura12. Hurto a residencia por clase de sitio, 2016 

Para el hurto común se realizó una prueba de dependencia entre las variables de mes y rango de hora para los casos registrados; para ello se utilizó la distribución chi-cuadrado con n-1 grados de libertad, con el propósito de validar la hipótesis nula: la variable mes es independiente de la variable rango de hora vs. la hipótesis alterna: existe una dependencia entre las dos variables (ver Tabla 1). El resultado con un nivel del significancia del 5% (del 95% de confiabilidad) fue 2.34647E-21; por lo tanto, el valor calculado es menor que el nivel de significancia, lo cual rechaza la hipótesis nula; luego el hurto común, estadísticamente, en el 2016, depende de los meses y el rango de hora; es decir, que los hurtos a residencias, comercio y personas tuvieron una relación directa con el mes en que se cometieron y la hora de ocurrencia: septiembre, octubre y diciembre, en el horario de 12:00 a 17:59 horas.

Tabla 1 Hurto común por mes y rango de hora, 2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Homicidios en accidente de tránsito

Se presentó un aumento, equivalente al 5% (265 casos más) con respecto al 2015; un 60% fue mediante automóvil, 36% moto y 4% otros. El incremento se registró en mayor proporción con el estado civil soltero (47% y 2.634 casos) y en el rango de hora de 18:00 a 23:59 (30% y 1.681 casos).

La hipótesis de las causas se presentaron en un 39% por 10 ítems: cruzar sin observar, con 477 casos (9%); exceso de velocidad, con 437 casos (8%); adelantar invadiendo carril de sentido contrario, con 366 casos (7%); desobedecer señales de tránsito, con 198 casos (4%); impericia en el manejo, con 189 cosos (3%); no mantener distancia de seguridad, con 159 casos (3%); estado de embriaguez o uso de sustancias alucinógenas, con 103 casos (2%); no respetar prelación, con 92 casos (2%); girar bruscamente, con 83 casos (1%), y embriaguez aparente, con 80 casos (1%) (vid. Figura 13).

Figura 13 Hipótesis de las causas de los homicidios en accidente de tránsito, 2016 

Asimismo, la probabilidad de que se presentara un caso de muerte en accidente de tránsito en el 2016, donde la víctima fue una persona soltera, dado que el hecho se registró entre las 12:00 y las 17:59 horas, fue 0,45, y la posibilidad de darse entre las 06:00 y las 11:59 horas, dado que la persona estaba casada, fue de 0,27. El 79% de las víctimas fueron hombres, y el restante, mujeres; el 92% adultos, 5% adolescentes y 3% menores de edad.

Delitos por títulos del código penal, acordes con los bienes jurídicamente tutelados

Durante el año 2016 la Policía Nacional registró 1.077.183 tipos penales, conforme con las conductas tipificadas como delito en el código penal colombiano, distribuidos en 18 títulos, que comprenden la clasificación de los bienes jurídicos tutelados. Siete de estos comprendieron el 83,05% del total de los delitos registrados, que constituyen, en su orden, los que concentraron el mayor registro: contra el patrimonio económico (28,33%), la vida e integridad personal (20,54%), la familia (13,08%), la salud pública (6,17%), la seguridad pública (5,95%), contra la fe pública (4,59%), que no puntuó el año anterior y presentó un incremento de 138%, y el orden económico y social (4,39%) (vid. Tabla 1).

Entre estos, respecto al año 2015, disminuyeron los delitos contra la salud pública (3,28%, al pasar de 68.664 a 66.410 registros), y aumentaron aquellos contra la vida e integridad personal (49,61%, al pasar de 147.891 a 221.256 registros), el patrimonio económico (43%, al pasar de 213.396 a 305.151 registros), la familia (47,18%, que pasaron de 95.752 a 140.925 registros), la fe pública (138,40%, al pasar de 20.747 a 49.460 registros), el orden económico social (8,20%, al pasar de 43.735 a 47.321 registros) y la seguridad pública (1,82%, al pasar de 62.973 a 64.121 registros) (vid. Tabla 1).

En el título de delitos contra el patrimonio económico, que concentró el mayor registro de participación durante el año 2016 (28,33%), los tipos penales de hurto a personas (48,06%, con 146.643 registros), motocicletas (10,27%, con 31.352 registros), entidades comerciales (7,55%, con 23.037 registros), residencias (7,91%, con 24.139 registros) y la estafa (7,36%, con 22.467 registros) comprendieron el 81,15% del total de estos (305.151), y se precisa que al cotejar con el año 2015, el hurto a personas, que concentró el mayor registro, presentó un aumento del 45% (vid. Tabla 2).

En los delitos contra la vida y la integridad personal, las lesiones personales representaron el 56,29% (124.549), seguidas de las culposas, con el 35,33% (78.166) y el homicidio6, 5,58% (12.343) del total (221.256) (vid. Tabla 2).

2.1. Delitos de impacto social

Estos concentraron el 42,93% (462.414) del total de la criminalidad registrada por la Policía Nacional durante el año 2016 (vid. Tabla 4).

En esta clasificación, para los delitos de impacto social que afectan la seguridad pública se incluyó el homicidio, el cual se discriminó por civiles, personal de la institución policial en servicio y fuera del mismo, miembros de las fuerzas militares y organismos de seguridad, reinsertados y desmovilizados de las autodefensas y de la subversión; asimismo, se registró el número de homicidios colectivos por casos y víctimas. Las personas muertas en procedimientos por parte de la Fuerza Pública se presentan por cada una de las cuatro fuerzas, más el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, teniendo presente que estas muertes se produjeron en cumplimiento de un deber legal; en total, se registraron 17.488 delitos contra la seguridad pública (vid. Tabla 4).

Los delitos que afectan la seguridad ciudadana (lesiones personales, hurto a residencias, personas y comercio, hurto de vehículos automotores y motocicletas, hurto sobre cabezas de ganado y entidades financieras, y piratería terrestre) presentaron un total de 361.151 (vid. Tabla 4).

Las muertes y lesiones en accidente de tránsito, más los casos de accidentalidad, se presentan en la tabla comparativo, pero no suman al total, por cuanto no incurren en la definición de conducta punible; se registró un total de 83.775 casos (vid. Tabla 4).

2.2. Delitos de impacto social que afectan la seguridad pública

De acuerdo con la evolución de la criminalidad en Colombia, analizar el homicidio, homicidio colectivo, secuestro, extorsión, terrorismo y acciones subversivas brinda un panorama con respecto a la intensidad y criticidad de la violencia en el país. En suma, se enuncian los registros del año 2016, enfatizando en la concentración del delito en las regiones.

Los departamentos del Valle y Antioquia, y la ciudad de Bogotá, representaron el 45,08% del total de homicidios. Registraron una reducción del homicidio mayor del 20%, respecto del año anterior: Caquetá, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Vaupés. Cinco meses registraron menos de 1.000 homicidios: febrero, marzo, abril, septiembre y noviembre. La tasa de homicidios fue de 25 por cada cien mil habitantes, siendo la más baja en los últimos 42 años. Doce departamentos registraron por encima del promedio de la tasa nacional: Valle (52), Quindío (46), Chocó (45), Cauca (40), Norte de Santander (39), Arauca (36), Putumayo (32), Meta (31), Risaralda (30), Antioquia (29), Caquetá (30) y Nariño (26) (vid. tabla 5).

El delito de secuestro registró 207 casos, lo cual denota una reducción del 3% respecto del año 2015; registraron el 61,35% del total de secuestros: Antioquia (37), Norte de Santander (27), Bogotá (25), Valle (22) y Cauca (16). Los meses de abril y agosto presentaron el mayor número de casos, 33 y 24, respectivamente (vid. tabla 7). Fueron rescatados por la Fuerza Pública 54 víctimas (vid. tabla 28).

La Policía Nacional registró 4.903 casos de extorsión, presentándose un decremento del 11% respecto del año 2015, con una tasa de 10 personas extorsionadas por cada cien mil habitantes; seis departamentos registraron una tasa mayor de 20: Casanare (45), Arauca (39), Meta (31), Guaviare (24), Caquetá y Chocó (22 cada uno). Concentraron el 49,81% del total de las extorsiones: Antioquia (13,54%), Bogotá, D. C. (8,77%), Valle (7,22%), Meta (6,12%), Norte de Santander (5,30%), Cauca (5,26%) y Huila (3,59) (vid. tabla 7).

El delito de terrorismo registró una reducción del 48% respecto a la vigencia 2015 (148 casos menos); 14 departamentos no registraron este delito: Amazonas, Atlántico, Caldas, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada. Concentraron el 57,59% del total de los casos de terrorismo: Antioquia (22,15%), Arauca (14,56%), Nariño (12,66%) y Casanare (8,23%) (vid. tabla 13).

Las acciones subversivas contra la Policía Nacional se redujeron en 53% respecto al año 2015, con un total de 56 casos; presentaron el 82% de estas acciones: Norte de Santander (22), Arauca (12), Casanare, Cauca y Nariño (4) (ver tabla 14). En 36 casos la modalidad utilizada fue el hostigamiento, y en 14 el ataque a instalaciones (vid. Tabla 15).

2.3. Delitos de impacto social que afectan la seguridad ciudadana

Los delitos de lesiones personales, hurtos, piratería terrestre y abigeato son comportamientos criminosos en los cuales la delincuencia es el reflejo de la mezcla entre victimarios individuales (delincuencia común) y victimarios grupales (delincuencia organizada).

En el año 2016 se registró un aumento del 43% con respecto al 2015. Diez departamentos presentaron un aumento superior al 33,08%: Cundinamarca (451%), Vichada (240%), Bolívar (183%), Guainía (113%), Cesar (86%), Nariño (74%), Meta (71%), Guaviare (66%), Magdalena (65%) y Antioquia (61%). Representaron el 49,97% del total de las lesiones: Bogotá (15,87%), Antioquia (11,50%), Valle (10,10%), Cundinamarca (6,74%) y Santander (5,75%) (vid. Tabla 5).

La operación estadística de “Conductas y Servicios de Policía” clasifica los hurtos por clase de bien. Se presentaron 24.139 casos de hurto a residencias. Representaron el 50,01% del total de los casos: Bogotá (15,12%), Antioquia (11,20%), Valle (7,20%), Santander (5,68%), Meta (5,61%) y Tolima (5,19%) (vid. tabla 9). Se registraron 23.037 casos de hurto a entidades comerciales, concentrando el 41,53% del total de los registros: Bogotá (18,93%), Antioquia (14,92%) y Santander (7,67%) (vid. Tabla 9).

El hurto a personas tuvo 146.643 registros, observando un incremento del 45% respecto al año 2015. El 50,30% del total se presentó en: Bogotá (25,84%), Antioquia (14,44%) y Valle (10,01%). Dos departamentos tuvieron una reducción mayor del 20% respecto al año 2015: Guainía (-39%) y Vaupés (-38%). En suma, el hurto a residencias, comercio y personas tuvo 193.819 registros, concentrando el mes de diciembre el mayor registro (16.863) (vid. Tabla 9).

Se presentaron 8.038 hurtos de automotores; los lugares con mayor representación fueron: Bogotá (32,99%), Valle (23,95%) y Antioquia (16,16%) (vid. Tabla 8).

Se registró el hurto de 31.352 motocicletas; los lugares con mayor representación fueron: Antioquia (23%), Valle (14,42%) y Bogotá (9,88%). Cinco departamentos y Bogotá presentaron una reducción del 5% frente al año 2015: Vaupés (-67%), Cundinamarca (-61%), Norte de Santander (-20%), Arauca (-16%), Risaralda (-7%) y Bogotá (-5%) (vid. Tabla 8).

Al sumar el hurto de automotores y motocicletas, se registró el hurto de 39.390 vehículos. Los departamentos de Antioquia (21,60%), Valle (16,36%) y la ciudad de Bogotá (14,60%) fueron los más afectados, y el mes de agosto concentró el mayor número (2.839) (vid. Tabla 8).

La piratería terrestre registró 322 casos; se presentó un aumento del 9% (27 casos más) con respecto al 2015; Cesar (18,32%), Antioquia (11,49%), Bogotá (10,56%), Valle (10,25%) y Cundinamarca (9,63%) representaron el 60,25% del total de los casos (vid. Tabla 12).

Se registraron 128 casos de hurto a entidades financieras, que dieron un incremento del 7% con respecto al 2015; Antioquia concentró el 25,78%, la ciudad de Bogotá el 22,66% y Atlántico el 12,50% (vid. Tabla 10).

Se presentaron 2.943 hurtos sobre cabezas de ganado; registraron el 62,95% del total de los casos: Cesar (13,80%), Casanare (9,42%), Meta (7,27%), Sucre (6,53%), Boyacá y Tolima (5,44%), Valle (5,40%), Antioquia (4,96%) y Huila (4,69%) (vid. Tabla 11).

2.4. Delitos de impacto social que afectan la seguridad vial

En el año 2016 la Policía Nacional registró 5.609 homicidios en accidentes de tránsito, con un aumento del 5% respecto al 2015. Representaron el 52,03% (2.918) del total: Valle (14,37%), Antioquia (13,05%), Bogotá, D. C. (8,74%), Cundinamarca (6,99%), Santander (4,73%) y Córdoba (4,15%). Catorce departamentos se encuentran por encima de la tasa nacional de homicidios en accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes, entre ellos: Casanare (31), Cesar (21), Valle y Cauca (17), Quindío y Huila (16), Tolima (15), Cundinamarca, Meta y Risaralda (14) y Córdoba, Boyacá, Arauca y Santander (13 cada uno). El mes con mayor registro fue enero (504 muertes) (vid. Tabla 6).

Se presentaron 78.166 casos de lesiones personales en accidentes de tránsito; aumentaron un 84% respecto al año 2015. Ostentaron un aumento superior al 100%: Bogotá (1.003%), Tolima (391%), Guainía (350%), Magdalena (206%), Caldas (163%), Meta (151%), Cundinamarca (123%), Cauca (119%) y Amazonas (118%), y siete departamentos se ubicaron por encima de la tasa nacional (160) por cada cien mil habitantes: Risaralda (475), Quindío (273), Santander (251), Valle (204), Casanare (181), Norte de Santander (169) y Huila (165) (vid. Tabla 6).

2.5. Actividad operativa de la Policía Nacional de Colombia

Esta se organizó en capturas, personas neutralizadas en procedimientos de la Fuerza Pública, rescate de personas secuestradas, artefactos desactivados, vehículos recuperados, mercancía incautada, mercancía de contrabando, aprehensiones de mercancía, licor adulterado incautado, incautación de armas de fuego, droga incautada, hectáreas asperjadas y erradicadas manualmente, y actividades de gestión, como son los consejos de seguridad.

La Policía Nacional registró 245.635 capturas, de las cuales el 26% (63.793) fueron por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el 16% (38.166) por hurto de personas, el 8% (20.245) por lesiones personales, el 6% (14.712) por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 6% (13.881) por violencia intrafamiliar, 5% (11.891) por hurto a entidades comerciales, 3% (8.173) por uso de documento falso, 3% (6.963) por violencia contra servidor público, 3% (6.744) por daño en bien ajeno y 3% (6.218) por homicidio, lo cual representa el 78% del total de las capturas registradas (vid. Tabla 21). Los meses del año presentaron en su totalidad similares comportamientos, excepto noviembre y diciembre, que concentraron la menor participación: 7% (17.069) y 5% (12.451), respectivamente (vid. Tabla 23).

La ciudad de Bogotá y 13 departamentos registraron el 81,18% del total de las capturas: Antioquia 18,37% (45.118), Bogotá 15,49% (38.042), Valle 7,12% (17.481), Santander 6,41% (15.738), Cundinamarca 5,12% (12.584), Nariño y Atlántico 4,00% (9.823 y 9.818, respectivamente), Bolívar 3,42% (8.408), Caldas 3,40% (8.356), Tolima 3,21% (7.895), Meta 3,03% (7.439), Norte de Santander 2,64% (6.486), Huila 2,57% (6.301) y Risaralda 2,41% (5.918) (vid. Tabla 23).

En cuanto a la estadigrafía criminal de los últimos años, al escudriñar en variables como sexo, grupo etario, tipo de delito y ciudad de captura (vid. Tablas 2 al 6), los victimarios registraron comportamientos disímiles. Los hombres concentraron el mayor número de capturas/aprehensiones. En Villavicencio e Ibagué aumentó en un 20% el número de mujeres capturadas, con respecto al año 2015. Situación similar se dio para los hombres en Bucaramanga y Cali, con un aumento del 10% y 7%.

El delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes reflejó la mayor frecuencia en capturas para ambos sexos; aumentó la participación de mujeres en la extorsión (15%) y los hombres en violencia intrafamiliar (4%) (vid. Tablas 5 y 6).

Al escudriñar el top 10 para los delitos con mayor captura, se identificaron indicios coincidentes con hallazgos de la literatura criminológica con respecto al tipo de crimen asociado al sexo (Norza, González-Rojas, Moscoso-Rojas & González-Ramírez, 2012). Las mujeres concentraron un mayor registro en el uso de violencia simbólica y de manipulación (especialmente en hurtos y estupefacientes), en contraste con los hombres, quienes usaron la violencia directa y con mayor impacto (vid. Tablas 5 y 6).

Tabla 2 Capturas y aprehensiones de menores y mayores de edad, por género, 2015-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Tabla 3 Top 10 de los departamentos con mayor registro de capturas de mujeres, 2015-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Tabla 4 Top 10 de los departamentos con mayor registro de capturas de hombres, 2015-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Tabla 5 Top 10 de capturas a mujeres por delitos, 2015-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

Tabla 6 Top 10 de las capturas a hombres por delitos, 2015-2016 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2017

2.6. Análisis espacial del delito

Los análisis de las cifras de criminalidad pueden indicar características del fenómeno. Sin embargo, es necesario, para un enfoque de seguridad territorial, visualizar geográficamente las densidades criminales o áreas crimípetas (hotspots), pues las acciones para intervenir el crimen son más efectivas cuando se enfocan a los lugares con mayor criticidad, con la ayuda de herramientas para la geo-prevención y geo-reacción (Norza & Espino, 2011). En esta sección se exponen algunos resultados del análisis espacial del crimen para algunas conductas penales y ciudades que concentraron el mayor registro. Igualmente, como un anexo se ilustran las concentraciones delictuales de Colombia a nivel municipal.

Para el año 2016, Cali registró el 10% de los homicidios a nivel nacional (1.292 casos); los barrios que concentraron el mayor registro fueron: Potrero Grande (30 homicidios), Puerta del Sol (29 registros), Manuela Beltrán (27), Mojica (25) y El Retiro (24 homicidios).

Para el año 2016, Bogotá registró el 33 % de los hurtos de automotores a nivel país (2.652 casos); Las localidades más afectadas fueron: Kennedy (26 % de participación), Engativá (13%), Puente Aranda (11%) y Suba (8%).

Para el año 2016, Medellín registró el 26 % (5.131 registros) de los hurtos de motocicletas a nivel nacional. Los barrios que concentraron el mayor registro fueron: Prado (167), Manrique (140), Robledo (136) y Candelaria (131).

Para el año 2016, Bogotá registró el 9 % de las extorsiones a nivel país (430 casos); Las localidades más afectadas fueron: Kennedy (11 % de participación), Suba (10%), Chapinero (9%) y Usaquén (8%).

Fortalecimiento de la denuncia y avance en un modelo dialógico (ciudadano-instituciones) contra el crimen

En la misma lógica de construcción de paz, en este acápite presentamos el proceso de captación de información criminal, recepción de denuncias y avance en un modelo de construcción de confianza y legitimidad hacia las instituciones del Estado.

Este componente va en línea con el panorama mundial sobre la necesidad de cimentar la confianza ciudadana hacia las instituciones de justicia y policía, toda vez que en las últimas décadas esta ha sido objeto de análisis para identificar los componentes asociados a sus variaciones, en el entendido de que un Estado con una policía y sistema de justicia soportados en altos niveles de confianza desde la población, es el reflejo de la legitimidad y aceptación del régimen por los ciudadanos (Bottoms & Tankebe, 2012; Cao, Lai & Zhao, 2012; Goldsmith, 2005), como cimiento prioritario para la consolidación de la paz.

Los cambios en este tipo de confianza se reflejan habitualmente en los niveles de criminalidad e impunidad (Tyler & Fagan, 2008); es decir, mayor confianza en las instituciones de justicia y seguridad supone mayor cooperación de la ciudadanía y, por tanto, mayores denuncias formales e información de asuntos criminales, lo cual redunda en acciones judiciales y de policía contra la criminalidad y la impunidad.

Tyler (1990) ha señalado la importancia de mejorar la relación y contacto entre ciudadanía, sistema de justicia y policía, pues la legitimidad percibida y traducida a la confianza de los ciudadanos en este tipo de instituciones, puede redundar en comportamientos de cooperación y respeto hacia la autoridad y la ley (Nix, 2015). Así, la forma en que actúan los ciudadanos frente al acatamiento de las normas, cooperando y respetando la ley, puede ser el resultado de su confianza en las autoridades legítimamente constituidas y el sistema, supuesto enmarcado en el modelo “dialógico de la legitimidad”, en el cual interactúan percepciones y comportamientos de quienes tienen el poder y los ciudadanos en quienes recae (Bottom & Tankebe, 2012).

Con este argumento de la relación dialógica entre “instituciones de justicia y de seguridad” vs. “ciudadanía”, y, por otro lado, al tener en cuenta que una de las piedras angulares en las cuales se soporta una política criminal es la disponibilidad y fortalecimiento de la recepción y calidad de la información delincuencial, se presentan en este acápite los avances en la generación de espacios de mayor cercanía del sistema de justicia con la población, a través de la recepción de denuncias. Para ello, partimos primero en describir el contexto internacional en torno a los pronunciamientos de los organismos multilaterales, con respecto a las acciones que los Estados deben tomar en materia de conocimiento y registro del delito, para luego exponer las medidas desarrolladas por Colombia a través de la Policía Nacional.

En tal sentido, la comunidad internacional reconoció la importancia de robustecer la capacidad de los Estados frente a la eficacia y disponibilidad de las estadísticas delincuenciales, con base en la unificación de criterios, como insumo primario para aumentar los conocimientos sobre las tendencias delictuales y fortificar respuestas que prevengan y controlen la aparición y continuación de fenómenos criminógenos (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2010/2015).

Así, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, ONU (2009), a través de la Resolución 2009/25, exhortó a los Estados miembros a que redoblaran sus esfuerzos para mejorar los instrumentos de reunión de información, entendiendo dentro de estos las plataformas tecnológicas y criterios para el registro de datos, con miras a obtener evaluaciones objetivas y científicas de las nuevas tendencias delictivas, internacionalmente comparables.

Acorde con ello, el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de la Delincuencia resaltó la necesidad de mejorar la calidad de la información estadística delictual, como sustento científico para la elaboración de políticas en materia de prevención del delito e impulso a las investigaciones penales, materializando un sustento para este propósito (ONU, 2009; ONU, 2015), que llevó, bajo el liderato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, a la elaboración de una clasificación internacional de delitos, como marco general para todos los Estados parte, sobre la base de los principios de (UNODC, 2015, p. 11-13):

i) Unificación del concepto de delito.

ii) Aplicación, dentro de los sistemas técnicos de recopilación y organización de información, de los principios de exclusión mutua, exhaustividad y viabilidad estadística.

iii) Utilización del ámbito normativo nacional para la definición de la categoría de delitos.

Colombia, alineada a este mandato, afrontó a través de sus autoridades legalmente instituidas los índices de criminalidad y delincuencia, cobrando importancia la ejecución del concepto y desarrollo de la Política Criminal (Norza, 2012, 2013), entendida como la disciplina encaminada a describir no solo la reacción social contra la delincuencia, sino como el conjunto de medidas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas causantes de perjuicio social, con el propósito de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de los residentes en su territorio (Corte Constitucional, Sala Plena, SC646, 2001).

Congruente con ello, con la expedición de la Ley 906 de 2004 y la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio, que consagró el principio universal de oralidad, regulador de la actuación penal procesal, se contempló la utilización de los medios técnicos que permitieron imprimirle mayor agilidad y fidelidad a la misma, desarrollando como herramientas técnicas administradas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, respectivamente: i) La plataforma del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA, y ii) El Sistema de Información de Denuncias y Contravenciones - SIDENCO, que hace parte del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa - SIEDCO7.

Este último, alimentado y operado en línea con los registros administrativos realizados por los funcionarios de Policía en todo el territorio nacional (municipal y departamental), cuando conocen casos considerados por la ley como delitos, y por las denuncias interpuestas por la ciudadanía, en los eventos en que hayan sido víctimas directas o tienen conocimiento de un punible (organizados conforme a los parámetros internacionalmente establecidos).

Así, los sistemas de recepción y consolidación de la información criminal han sido para la entidad policial una prioridad, y más aún en el proceso actual hacia la consolidación de la paz y atención de nuevas amenazas a la seguridad, constituyendo la denuncia y su fortalecimiento una figura fundamental para la consolidación de la paz, soportada en el robustecimiento de la confianza ciudadana y un modelo dialógico. Es posible afirmar que el ejercicio ágil y completo de la denuncia permite articular la posibilidad de acceso a la justicia, como una herramienta principal para conocer la criminalidad y soportar la edificación de medidas preventivas, disuasivas, de control e intervención. En otras palabras, la denuncia y la colaboración por parte de las víctimas se constituyen en factores cardinales para prevenir y reaccionar ante el crimen (Morillas, Patró & Aguilar, 2014; Buitrago & Norza, 2016; Norza, 2017).

Fortalecer los mecanismos de recepción y consolidación de las noticias criminales permite a los organismos de justicia y de policía avanzar en la forma de intervenir en el delito desde dos componentes: el primero, centrado en la necesidad de generar confianza y acercamiento de las instituciones (justicia y policía) hacia la ciudadanía, como una forma de combatir el crimen sobre la base de la cooperación y respeto hacia la autoridad y la ley (Tyler, 1990; Nix, 2015), y el segundo, para avanzar en la construcción de un “modelo dialógico” contra el crimen (Bottom & Tankebe, 2012).

Así las cosas, la denuncia se erige en la piedra angular que activa el sistema judicial estatal, con el que se pretende garantizar preceptos de justicia y evitar la impunidad como uno de los fundamentos de la vida pacífica en sociedad y la vigencia de un orden justo, brindando a las autoridades información objetiva sobre las tendencias delictuales para la prevención del delito, abarcando la garantía y cumplimiento de preceptos constitucionales en las esferas de valores, normas y principios, dentro de los que se integran, por bloque de constitucionalidad, regulaciones del derecho internacional, como los expuestos.

En este contexto, la Policía Nacional de Colombia direccionó sus esfuerzos al fortalecimiento de cuatro pilares, para el robustecimiento de la denuncia y el registro de la información administrativa estadística sobre el delito, mejorando las capacidades institucionales y del Estado para la prevención y control del crimen (Observatorio del Delito, 2017):

i) La optimización del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa - SIEDCO, adicionando tres módulos para el registro administrativo: Sistema de Información Estadístico Vial - SIEVI8, Sistema de Información Policial de Secuestro y Extorsión - SIPSE9 y Sistema de Información para el Tráfico Ilegal de Especies Silvestres - SITIES10, concordante con los principios estadísticos de exhaustividad y viabilidad estadística.

ii) Implementación de un visor geográfico para capturar información de coordenadas, lo cual permite el análisis espacial del delito (georreferenciación), la actualización del sistema a ambientes web, y la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios para visualizar los registros, materializando una plataforma tecnológica de punta y una base de datos capaz de brindar disponibilidad e impulso a la actuación judicial y credibilidad e integralidad al registro administrativo, certificada en el año 2015 en la máxima categoría “A”, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

iii) Desarrollo del principio de corresponsabilidad con la Fiscalía General de la Nación, que lleva al establecimiento de mesas técnicas de trabajo, con el propósito de unificar los criterios y conceptos para el registro de la información a las plataformas tecnológicas y depurar las estadísticas, sumado a la implementación, a partir del año 2017, de la denuncia en línea, teniendo siempre presentes los parámetros de la clasificación internacional del delito.

iv) El incremento de las salas de denuncia en 703 unidades y en 2.936 usuarios del SIDENCO que registran la información, impactando positivamente la cultura de la denuncia ciudadana.

Con la optimización de los sistemas de registros de información de delitos en Colombia, la denuncia y la colaboración ciudadana presentaron una tendencia hacia el aumento, equivalente a un incremento del 38% al comparar el año 2015 (86.296 registros) con el 2016 (118.985 registros); fue representativa a partir del año 2012, cuando se inició el proceso de negociación, y se logró el incremento del registro administrativo de delitos, que aumentó de manera paralela con las denuncias a partir de ese mismo año; presentó el pico más alto (1.077.183 registros) en el año 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, y supera en un 38% el registro administrativo del año 2015 (780.091) (vid. Figura 14).

Fuente: Policía Nacional de Colombia, (2017)

Figura 14 Total delitos del Código Penal y denuncias registradas por la Policía Nacional, 2005-2016 

Se cristaliza así un constante trabajo de articulación y unificación de criterios para el registro de información, por parte de las autoridades encargadas de la administración de las bases de datos que contienen los registros administrativos sobre noticias criminales y delincuencia. Esta situación refleja la lógica institucional en el acercamiento al ciudadano del sistema de justicia y seguridad, pero en especial la importancia en la construcción de un modelo dialógico efectivo para intervenir el crimen, entre instituciones y ciudadano (Bottom & Tankebe, 2012). Perspectiva coherente con la evidencia empírica para temas de criminalidad, en la cual se ha encontrado que avanzar en estrechar el contacto entre ciudadano e instituciones de justicia y seguridad mejora los sentimientos de legitimidad y confianza hacia las instituciones (Tyler, 1990), y la cooperación ciudadana y acatamiento de la norma (Nix, 2015), necesario en un contexto de negociación y consolidación de la paz.

Terminado el año 2016, el balance en el proceso de la denuncia es plausible. Por un lado, la recopilación de una mayor cantidad de registros administrativos, como insumo primario y necesario para el conocimiento de la criminalidad, la estructuración y operacionalización dentro del marco de competencia policial, de medidas que coadyuven a la prevención, intervención, control del delito y definición de políticas públicas, ha trascendido en la disminución de la cifra oculta de la criminalidad (Norza, 2017), y ha mejorado el acceso y celeridad al sistema y actuación judicial (propugnando por una integralidad de la información administrativa delictual), repercutiendo favorablemente en un mayor acercamiento y confianza del ciudadano hacia las instituciones judiciales y de policía.

Asimismo, este nuevo enfoque ha logrado avanzar en una sociedad activa, responsable y comprometida con la instauración de la denuncia ciudadana en hechos que revisten características de un delito, situación traducida en una garantía esencial para la seguridad, pues el conocimiento de la criminalidad real permite avanzar en la disminución de los niveles de impunidad (Norza, Peñalosa, Coronado, Duque & Castro, 2016), con mayor número de actuaciones judiciales desde los organismos competentes y un espectro más amplio de información criminal para la persecución judicial y penal.

Conclusiones

Los datos condensados en el artículo permitirán, a las instituciones y actores responsables de las políticas de seguridad y convivencia, contar con información para tomar decisiones informadas. Entre las cifras destaca que, a nivel nacional, las dinámicas de la criminalidad comienzan a evidenciar aumentos en los delitos con un alto componente económico, y los delitos comúnmente asociados al conflicto armado han disminuido (homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo y acciones subversivas). No obstante, el comportamiento del delito a nivel territorial es diferente, y dependiendo de las coyunturas subnacionales (Pino, 2016, 2017), el comportamiento criminal varía.

La criminodinámica del homicidio permitió evidenciar la proporción de los homicidios respecto al género: por cada mujer asesinada se presentaron aproximadamente 11 casos contra hombres. El homicidio en el 2016 registró un decremento del 24% (-3.821 casos), con respecto al promedio de los últimos 13 años (2003 a 2015). En el 2016, 817 municipios en Colombia registraron homicidios, y un 26% (285 municipios) no registraron. La media de homicidios por municipios fue de 11; por tanto, de los 817 municipios con homicidios, el 57% (623) registraron menos de la media, el 16% (175), más que la media, y solo el 2% (19) registraron igual que la media.

Junto con las cifras, el proceso de identificar constelaciones delictuales permitió visualizar geográficamente las criticidades en las dinámicas criminales, sobre las cuales deben fortalecerse las estrategias de seguridad.

Los retos actuales del país en el proceso de construcción de paz (peace building) deben contemplar una visión más holística, en la que el análisis de las tendencias de la criminalidad sea una de las muchas variables que se deben tener en cuenta para la edificación de la seguridad territorial.

El avance en un modelo dialógico (instituciones y ciudadano) para los procesos de instauración de la denuncia y conocimiento del delito, refleja avances en el registro de noticias criminales y mayor cobertura institucional en el país.

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11Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Norza, E., Peñalosa, M. J. & Rodríguez, J. D. (2017). Exégesis de los registros de criminalidad y actividad operativa de la Policía Nacional en Colombia, año 2016. Revista Criminalidad, 59 (3): 9-40.

1Los autores expresan su agradecimiento al Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia, Director de Investigación Criminal e INTERPOL; a la Coronel Elba Lucía Granados León, Jefe de Análisis y Administración de Información Criminal, y al Mayor Edwin Gregorio González, Jefe del Área de Investigación Criminológica, quienes a través de su apoyo han fortalecido el ejercicio académico y el desarrollo de la investigación criminológica para el diseño de estrategias contra el delito; al Subteniente Samuel Eduardo Bolaños, responsable de la Revista Criminalidad; al Patrullero Jahiler Alfredo Cadavid Carmona, Investigador Judicial de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y Negociador Internacional del SENA, actualmente Investigador Criminológico del Observatorio del Delito, quien elaboró los mapas incluidos en este documento. De igual manera, a los Patrulleros Yesid Arturo Oliveros Pedroza, Carlos Andrés Pulido Rico, Javier Andrés Lozano Rodríguez, Yeison Ruiz Guerra, Néstor Antonio Pineda Otero, Omar Santiago Rodríguez Patarroyo y Juan David Becerra Caro, quienes prestaron su invaluable apoyo en la elaboración de las Tablas anexas de delitos, resultados operativos y descripción de cifras. Nota: Se sugiere leer el artículo junto con las Tablas y mapas anexos al final.

2Entendida dentro del concepto de seguridad humana de Naciones Unidas.

3Se tomó como fecha de corte la firma del primer acuerdo final de paz.

4Para ellos ahora es más complejo retomarlos o mantenerlos, una vez que termina el conflicto armado.

5Se utilizó la información contenida en la tabla 4, aclarando que la conducta de feminicidio fue incluida dentro del total de víctimas de homicidios.

6Incluye las conductas de homicidio común, feminicidio y personas muertas en procedimientos de la Fuerza Pública y organismos del Estado.

7Empezó a funcionar a partir del 2003.

8Destinado al registro de información relacionada con homicidios y lesiones en accidentes de tránsito.

9Se registra información de actividades operativas en contra del secuestro y la extorsión.

10Aplicativo relacionado con el tráfico ilegal de especies de fauna y flora.

Tablas estadísticas de delitos 2016

Tablas estadísticas de contravenciones 2016

Tablas estadísticas de la actividad operativa 2016

Recibido: 03 de Agosto de 2017; Revisado: 14 de Octubre de 2017; Aprobado: 13 de Noviembre de 2017

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