Introducción

Según el ex-Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, los grupos delictivos han aprovechado la globalización de la tecnología y de la economía para hacerse cada vez más sofisticados. Sin embargo, los esfuerzos de los gobiernos y organizaciones internacionales para combatir y prevenir el crimen han sido fragmentados y débiles (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2004). Es cada vez más necesario comprender esa sofisticación que han logrado los grupos delictivos, para exigirles y permitirles a las instituciones gubernamentales que respondan de la misma forma.

Para el caso colombiano, las trayectorias del conflicto armado interno, en el cual han convergido históricamente grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y Ejército de Liberación Nacional -ELN-) y de autodefensa (Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-), atravesados desde la década de los 80 por el narcotráfico (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), han evidenciado en los últimos años la emergencia de Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD), presentes en algunas zonas con mayor incidencia del narcotráfico y/o espacios habitualmente ocupados por grupos guerrilleros (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Por tal razón, se ha centrado la atención de los analistas y las instituciones de seguridad en los Grupos Armados Organizados (GAO), que comienzan a tener protagonismo en la violencia y criminalidad del país.

En este texto se quiere acudir a la teoría de redes (que proviene de la academia, en especial de la economía y la ingeniería) para comprender las dinámicas de los grupos delincuenciales colombianos. Se utilizará la teoría de redes para entender, desde una postura académica, cuáles son los mecanismos de un Grupo Armado Organizado (GAO) como el Clan del Golfo (en adelante CdG), y complementar así la información del Observatorio del Delito de la Policía Nacional colombiana.

Para comprender mejor este fenómeno, se quiere dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción de los expertos con respecto a la forma en la que se presentan las relaciones de los nodos del GAO Clan del Golfo desde una postura académica de redes criminales?

Al dar respuesta a esta pregunta, el objetivo está en identificar las categorías generales -cada una con sus características- del GAO CdG para describir el papel de esta organización como red criminal. Esta información recolectada permitirá elaborar un diagrama del GAO CdG, a partir de los incentivos y desincentivos de los individuos (análisis económico), organizaciones (análisis organizacional) y redes (teoría de redes) que componen este grupo armado.

La importancia de este estudio radica en que al dar respuesta a esta pregunta, se podrá contar con un primer acercamiento que permita describir la estructura y las relaciones de este GAO, y establecer así los nexos existentes entre el mismo y las categorías que lo rodean, a través de una postura académica. Al obtener una visión más completa de la presencia de este grupo dentro de un sistema de redes, y al entender los incentivos y desincentivos que pueden estar obteniendo los individuos que hacen parte del grupo, se podrá contar con una mirada más completa para buscar soluciones y formas de prevenir el fenómeno.

Los grupos neoparamilitares, como el CdG, han adquirido formas de operar características de las redes criminales, motivo por el cual resulta pertinente abordarlas desde la teoría de redes, complementadas por el análisis económico y el organizacional (^{De León, 2011}). Estos grupos garantizan el éxito de su actividad ilegal a través de una cadena de procesos compleja y flexible, como la subcontratación o “outsourcing”, y solo al comprender la sofisticada tecnología que este tipo de grupos han desarrollado se podrán elaborar esfuerzos igual de sofisticados para comprenderlos y prevenirlos.

Del individuo hasta la red desde la teoría

La necesidad que tiene el Observatorio del Delito de entender y estudiar las redes criminales proviene de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (2004), y posteriormente de la Directiva 015 del Ministerio de Defensa Nacional (22 de abril de 2016). En estos dos documentos los organismos nacionales e internacionales definieron algunas características para identificar sistemas de crimen organizado, y a la vez propusieron lineamientos que se deben seguir para combatir la delincuencia transnacional.

Para las Naciones Unidas, el crimen organizado se compone de una estructura conformada por tres o más personas, existentes en un periodo de tiempo y actuando de acuerdo con el objetivo de cometer uno o más delitos, que tienen como finalidad obtener directa o indirectamente un beneficio económico o material (ONU, 2004). Desarrollando el Convenio de la ONU, el Ministerio de Defensa, en su Directiva 015, ofrece una clasificación de las bandas criminales en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), donde en esta última la asimilan a la definición de crimen organizado establecida por la ONU (Ministerio de Defensa Nacional [MDN], 2016).

La Policía Nacional ha establecido que dentro de los GAO están el CdG, Puntilleros y Pelusos (2016), que se caracterizan por (MDN, 2016):

Por otro lado, en la clasificación que propone el Ministerio de Defensa de GDO, la Policía Nacional ubica las Oficinas de Cobro (Cali), La Cordillera (Risaralda), La Constru (Putumayo), Los Pachenka (Santa Marta) y La Empresa (Buenaventura) (2016). Estos grupos tienen las siguientes características (MDN, 2016):

En el presente estudio se quiere abordar los GAO (especialmente el denominado Clan del Golfo) desde la perspectiva de las redes criminales. ^{Williamson (1995)} establece que una red criminal puede definirse como una serie de nodos que están interconectadas entre sí para obtener una ganancia a través de una actividad ilícita. Es ahí donde se admite el flujo de conocimiento, bienes, información y comunicaciones. Esto le posibilita a la red ser más dispersa y eludir más fácilmente la acción de las autoridades. Esta estructura le permite a la red tener una flexibilidad con la que no cuentan las entidades estatales. Suelen tener un centro y una periferia; el centro tiene un entramado de conexiones donde prima un alto grado de confianza y se toman las decisiones. La periferia actúa de un modo más flexible, más disperso y menos denso.

Teniendo una noción de lo que son las redes criminales, es importante entonces aterrizar las teorías al caso colombiano. ^{Kenney (2007)} cuenta que en la década de los 90, el gobierno colombiano acabó con los carteles de Cali y Medellín, dos de los grupos narcotraficantes de cocaína más importantes. El resultado de estas operaciones, para el autor, fue la debilitación inicial de las organizaciones narcoterroristas. Sin embargo, los grupos se reestructuraron y se organizaron en redes celulares más dispersas, que son a la vez más difíciles de combatir e identificar. Al reorganizarse, estas redes mostraron flexibilidad, agilidad y capacidad para tomar decisiones rápidas y para responder a los esfuerzos que hacían los Estados Unidos y sus aliados. Precisamente por estas nuevas dinámicas los grupos son ahora mejor entendidos, desde teorías que logren captar esa dispersión y falta de jerarquía, como la teoría de redes.

Para comprender en qué consisten los nodos de las redes colombianas, es preciso adoptar el análisis económico y organizacional que hace ^{De León (2011a)} sobre el crimen colombiano, refiriéndose también a esos grupos dedicados al narcotráfico, que se readaptaron después de la década de los 90. Este enfoque viene de los planteamientos de Gary ^{Becker (1974)}, quien defiende que a pesar del olvido de los economistas, el crimen también funciona como un negocio y una industria que pretende maximizar los ingresos y minimizar los costos (1974). El enfoque económico permite entender a los criminales miembros de estos grupos como entes racionales, que buscan maximizar sus ingresos y disminuir la probabilidad de ser capturados a través de la adecuación de medios y fines.

Para ^{De León (2011)}, quien retoma a Becker para aterrizarlo al caso colombiano, el análisis económico resulta útil especialmente cuando el delito implica una motivación económica clara, como sucede con el narcotráfico, los homicidios remunerados, los hurtos de autopartes o los delitos contra la administración pública. Estos delitos se pueden estudiar desde el enfoque económico, pues incluyen una remuneración económica esperada, que el criminal pretende maximizar disminuyendo los posibles costos y riesgos de una potencial captura (2011). De León explica que el criminal, tal como lo haría un ente racional, procura desarrollar competencias criminales, como conocimientos del negocio, tecnologías de agresión letal y regulación de emociones (De León & Salcedo-Albarán, 2007).

Desde esta perspectiva económica, y para la coyuntura actual de transición desde la guerra a la paz en Colombia, pareciera que el conflicto armado interno comienza a evidenciar la injerencia de lo que se ha llamado “economías de guerra” (^{Arnson & Zartman, 2006}; ^{Ballentine y Nitzschke, 2005}), en las cuales la rentabilidad económica de prácticas criminales incentiva el surgimiento de grupos criminales organizados (^{Norza, 2016}). En consecuencia, es importante tener en cuenta estas consideraciones económicas del individuo racional, para comprender cómo a partir de esos incentivos y motivaciones se empiezan a entretejer los nodos de la red criminal.

Del análisis económico es necesario saltar al análisis organizacional, ya que los criminales no son individuos aislados, sino que cooperan para cometer los actos delictivos, y es ahí donde las redes empiezan a cobrar sentido. De León explica cómo para exportar cocaína es necesaria una cadena en la que participan cultivadores, compradores, transportadores, abogados, contadores, sicarios y/o ejércitos ilegales. En esa cadena, el valor de la mercancía va aumentando progresivamente, lo cual requiere de procesos de apoyo que permitan el éxito de la actividad (De León, 2011). Esta cooperación entre los distintos entes -que suponemos racionales- genera una estructura igual de compleja a la de las organizaciones y empresas del mundo legal. La característica particular de estas entidades criminales, hoy en día, tal como se afirmó anteriormente, es que con el tiempo han desarrollado estructuras organizacionales que permiten más movilidad y flexibilidad, tal como sucede con los grupos narcotraficantes colombianos, que se reestructuraron en nuevos nodos más dispersos, como los descritos por ^{Kenney (2007)}.

Hasta el momento se ha ofrecido una exposición preliminar sobre los individuos criminales como entes racionales, a partir de un análisis económico; acerca de la cooperación entre ellos desde un enfoque organizacional, y sobre algunos indicios de los cambios que ha habido en las estructuras organizacionales de algunos grupos narcotraficantes colombianos desde los 90 hasta hoy. Antes de abordar las estructuras colombianas concretas, vale la pena retomar la descripción de las redes de narcotráfico que hacen ^{Raffo y Segura (2015)}, en su estudio sobre el cartel del norte del Valle y las redes colombo-mexicanas. Esta descripción servirá como un modelo para entender redes colombianas asociadas al narcotráfico, como las que se tratarán en este estudio. Los autores proponen como hipótesis que las redes de narcotráfico están constituidas por dos subconjuntos:

Estos autores denominan a los miembros de esas redes como agentes de defensa y corrupción, y son quienes reciben salarios -claramente informales- por sus labores de defensa y por penetrar las estructuras políticas. Muchos de ellos pueden pertenecer a la vez a ambas redes (defensa y producción) (^{Raffo & Segura, 2015}). El papel de cada uno de estos agentes podría comprenderse desde el análisis económico que hace De León, entendiendo al agente como un ente racional que mide el posible beneficio que va a recibir (salario) contra los riesgos de ser capturado o asesinado, tanto por las autoridades como por los rivales de los narcotraficantes a los que sirve. Se podría pensar, además, que esas consideraciones varían según el nivel de complejidad y sofisticación de la estructura de defensa. Por ejemplo, podría pensarse que los riesgos asociados a hacer parte de la red de sicarios de un narcotraficante durante la década de los setenta y ochenta son muy distintos de los de pertenecer a una banda criminal que trabaja en asocio con narcotraficantes hoy en día.

Cabe resaltar que las redes de producción y las de defensa son interdependientes, pues traficar con drogas ilícitas resulta imposible si no se cuenta con ese sistema de defensa, que va a permitir la seguridad y el cumplimiento de todos los pasos de la cadena (^{Raffo & Segura, 2015}). Esa interdependencia complementa a la vez el análisis organizacional del crimen que hace Isaac De León, en el cual se entiende que para que se cometa un delito, como el tráfico de cocaína, debe darse un conjunto de procesos que aumentan el valor de la mercancía (De León, 2011). En ese sentido, no solamente se da una cadena en la que participan cultivadores, compradores, etc. (los correspondientes a la cadena de producción), sino que además esas cadenas actúan de manera conexa e interdependiente con otras cadenas que garantizan que cada uno de los pasos del proceso se pueda dar (a través de la defensa y la corrupción).

Se debe tener en cuenta que las redes locales son parte inevitable de redes transnacionales del delito, pues la red de producción y la de defensa, a su vez, dependen del movimiento de redes en otros países. Aquello se puede evidenciar tan solo en las etapas de la red de producción de Raffo & Segura, ya descritas, pues a pesar de que la primera y la segunda etapas de la producción se mantengan en el territorio nacional (siembra, cosecha, transporte de materias primas y tráfico en el interior), luego de la tercera etapa el delito adquiere un carácter internacional (a menos que la droga se venda en el país productor). La cadena de valor de la organización sigue entonces creciendo hacia afuera e interconectándose con otros agentes cuando las drogas se transportan a los países consumidores y se distribuyen al por mayor, y cuando los narcotraficantes realizan diversas transacciones para que se dé el retorno de las ganancias (Raffo & Segura, 2015).

Para concretar lo anterior, se quiere indagar específicamente sobre las bandas criminales en Colombia, de acuerdo con las teorías sobre redes criminales descritas antes. El XI Informe sobre Grupos Narcoparamilitares de Indepaz (2015) establece que para el 2014 había presencia de grupos sucesores de los paramilitares en 387 municipios, una cifra considerable, dado que en el 2008 la cantidad estaba en 259. Las organizaciones que protagonizan ese escenario, según el informe, son los Urabeños (Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o CdG) y los “Rastrojos”, cuya presencia se extiende por la región del Pacífico, la Costa Caribe, la subregión del Bajo Cauca y el Magdalena Medio, Norte de Santander, los Llanos Orientales y el sur, Caquetá y Putumayo (Indepaz, 2015).

Sobre estos grupos, Ariel ^{Ávila (2016)} explica que han empezado a funcionar como redes de organizaciones criminales en forma de red, en lugar de ser estructuras criminales lineales. Estas bandas se dedican a múltiples delitos para mantener sus ingresos y el control sobre las regiones, desde tráfico de drogas hasta lavado de activos, contrabando, tráfico de armas, robo de autos, cobro de cuotas a mineros para extraer oro, carbón y níquel (Corporación Nuevo Arco Iris, citada en ^{Guerra, 2016}).

Los grupos neoparamilitares han adquirido formas de operar características de las redes criminales, motivo por el cual resulta pertinente abordarlas desde la teoría de redes, complementada por el análisis económico y el organizacional que propone Isaac De León. Estos grupos también garantizan el éxito de su actividad ilegal a través de una cadena de procesos compleja y flexible, como la que se describe en las teorías de redes criminales, y solo al comprender la sofisticada tecnología que este tipo de grupos han desarrollado -tal como lo afirmó Kofi Annan en su discurso del 2004- se podrán elaborar esfuerzos igual de sofisticados para comprenderlos y prevenirlos (ONU, 2004).

Metodología

Este trabajo, de índole cualitativa, fue la continuación de un plan elaborado por varios miembros del Observatorio del Delito de la DIJIN. El proceso se dividió en dos etapas. En primer lugar, se hizo una sistematización y revisión de las entrevistas semiestructuradas ya realizadas por un equipo del observatorio a autoridades locales, capturados y expertos en las regiones. Se llevó a cabo un análisis de contenido de las entrevistas utilizando el programa NVivo, que se eligió debido a su utilidad para codificar información en distintas categorías y encontrar relaciones entre las mismas (lo cual resultaba eficiente para la elaboración del diagrama con sus categorías). A partir de ahí -complementando con la literatura identificada- se empezó a elaborar un mapa o diagrama de las categorías identificadas en las entrevistas. Posteriormente, a nivel central en Bogotá, se diseñó e implementó una segunda entrevista, dividida en tres secciones (organización, reclutamiento a individuos y red). Se hizo esta segunda ronda de entrevistas a expertos (académicos y funcionarios) que pudieran ampliar la información de las categorías existentes y de la relación entre esas categorías. En total se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a funcionarios, capturados, autoridades, representantes político-administrativos, expertos, académicos, miembros de la rama judicial y de los medios de comunicación. Para evitar sesgos y conflictos de interés, se protegió el anonimato de los entrevistados. Con estas entrevistas se busca investigar sobre las diferentes dinámicas fenomenológicas relativas a las relaciones entre las categorías, que siguen permitiendo el fortalecimiento y funcionamiento de la organización.

Materiales. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos:

ResultadosGráfica 2 Tabla 1

El análisis de contenido de las entrevistas y su codificación permitió generar categorías y relaciones evidenciadas en el siguiente diagrama (posteriormente se verá con más atención cada parte del diagrama): (ver Gráfica 1 )

Gráfica 1 Diagrama del Grupo Armado Organizado, desde el individuo hasta la red y sus relaciones. 

Con la primera ronda de entrevistas se obtuvo información para elaborar un primer diagrama, pues las preguntas (anexos del 1 al 6 permitían adquirir datos sobre las relaciones que se establecen entre el CdG y otras instancias, acerca de las actividades que realiza el mismo como organización y sobre los incentivos y desincentivos que tienen los individuos jóvenes para vincularse o no a la organización. Posteriormente, durante la segunda ronda, se obtuvo información del tipo de relación que existe entre las categorías (ver anexos del 1 al 6. El diagrama de la gráfica 1 permite ver al CdG a nivel de red, organizacional e individual. Ahora se analizará con detenimiento cada parte del diagrama:

A nivel de la red

Gráfica 2 Diagrama del CdG a nivel de la red, con sus categorías y relaciones. 

Tabla 1 A nivel de la red: vínculos del CdG 

La información anterior muestra aquellas estructuras o elementos con los que el CdG está interactuando permanentemente, ya sea de manera directa o indirecta. A grandes rasgos, se puede ver que el GAO soporta su poder delictivo mediante su alianza con: i) la comunidad que lo rodea; ii) estructuras legales e ilegales pequeñas, y iii) estructuras ilegales grandes. Por un lado, en las entrevistas se pudo entender que el CdG depende de las alianzas con la comunidad en la que se encuentra, porque esta es la que termina uniéndose al delito o la que evita denunciar por miedo o lealtad a la organización. Lo más complicado del asunto, según un entrevistado de la Fiscalía General de la Nación (FGN), es que la alianza con la comunidad no se soporta solamente en el miedo o en las amenazas, sino también en la institucionalidad y en el apoyo que la organización le ha ofrecido a la población en la que está (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017).

Esa relación con los individuos de la comunidad se especificará más adelante, cuando se esté hablando del CdG a nivel individual. Luego están las alianzas con gremios legales o estructuras ilegales pequeñas, como comerciantes, mineros o pequeñas bandas de delincuentes que ya operan en las regiones, cometiendo delitos como microtráfico y hurto. Varios entrevistados afirmaron que para funcionar, el CdG utiliza estas estructuras ya existentes, para poder delinquir de manera más eficiente. Según ellos, el CdG tiene modalidades que le permiten actuar como red criminal al asociarse con comerciantes y mineros, o pedirles un porcentaje de lo que producen mediante la extorsión, en lugar de hacerlo por sus propios medios. Uno de los expertos entrevistados expresó que esta modalidad tiene sentido, al tener en cuenta que los delincuentes acuden al denominado “make or buy”, donde el “hacer” implica gastar tiempo y recursos en capacitación, mientras que el “comprar” permite subcontratar el delito y pagarle a personas que ya dominan la actividad, como los comerciantes y mineros. Esta tercerización, sin embargo, tiene sus desventajas, pues la estructura que “compra” el servicio pierde la capacidad de controlar los precios y se expone a la posible falta de lealtad del cliente (entrevista a académico, 30 de octubre del 2017).

Algo similar sucede con las estructuras criminales locales, pues en lugar de expandir su dominio “exportando” el delito a nuevas regiones, el CdG absorbe estructuras ya existentes que conocen el territorio y que saben cómo funciona el mercado a nivel local (entrevista a funcionario DIJIN, 18 de octubre del 2017). Por último, están las alianzas o confrontaciones que se dan con estructuras más grandes, como grupos guerrilleros u otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. En estos casos, aunque no se obtuvo información muy específica, se pudo ver en las entrevistas que el CdG fluctúa entre confrontar a sus competidores y crear pactos y alianzas de rutas y de no agresión (aunque este último fue el más mencionado entre los entrevistados). Cabe aclarar, tal como lo afirmó uno de los expertos, que estas alianzas varían según la zona, pues en ciertas regiones la relación entre el CdG y un grupo como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) puede ser de competencia y confrontación, mientras que en otra zona puede ser de pacto de no agresión. En estos casos, como lo explicó uno de los entrevistados académicos, suele suceder que en contra de lo que se esperaría -por las diferencias ideológicas que pueden tener los grupos-, en una misma zona los grupos criminales se ponen de acuerdo para no agredir al otro, pues esa fue la forma que encontraron para maximizar las ganancias.

A nivel organizacional

Se indagó en las actividades delictivas que desarrolla el CdG y su forma de mutar y retroalimentarse a sí mismo. Dichas actividades se resumen en la Gráfica 3.

Gráfica 3 Diagrama del CdG a nivel organizacional 

Como se muestra en la Gráfica 3, por medio de las entrevistas se pudo concluir que el CdG es una estructura que funciona de manera principalmente jerarquizada, pero que a la vez le otorga autonomía a sus manifestaciones locales. Esto la convierte en una red mucho más difusa y adaptable a cada región, pues no depende siempre de autoridades centralizadas (entrevista a funcionario DIJIN, 1 de noviembre del 2017). A su vez, podría pensarse que esta estructura que no es por completo jerarquizada, también facilita la relación con las otras categorías descritas antes, al permitir la expansión rápida de la organización mediante la alianza con otras estructuras locales.

Además, tal como lo expuso uno de los entrevistados de la FGN, este grupo heredó ciertas formas de operar de grupos paramilitares que dependían además de la cooptación de servidores públicos locales, mediante la amenaza o la oferta de dinero. De ese modo, además de “comprar” otras estructuras que cometen los delitos por ellos, también se aseguran de obtener apoyo por parte de los servidores que de otro modo podrían acabar con el GAO (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017). Por lo tanto, se trata de una estructura que a pesar de ser jerarquizada, mantiene cierta autoridad y autonomía a nivel local, tercerizando el delito en otras estructuras que ya dominan las actividades ilícitas en cuestión y contando con el apoyo de servidores locales que garanticen la continuidad del delito (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017). Estas características de la organización permiten que se cometan los delitos de extorsión, homicidio, desplazamiento forzado, atentados contra la fuerza pública, narcotráfico y minería ilegal.

A su vez, como lo establece uno de los expertos en el tema, se trata de una organización que se retroalimenta a sí misma para mutar según las necesidades del entorno. Por lo tanto, también hay un elemento importante de innovación, a través de técnicas que le permiten controlar a la población de manera más eficiente, como el uso de herramientas publicitarias, tecnologías, medios de comunicación, como teléfonos celulares y el empleo de juegos y transacciones atractivas para la comunidad (entrevista a funcionario DIJIN, 1 de noviembre del 2017).

A nivel individual

Por último, es necesario tener en cuenta que esta organización y la red que se conforma de todas maneras está compuesta por individuos. Las actividades de estos y los incentivos y desincentivos que contemplan a la hora de delinquir se resumen en la Gráfica 4 y en la Tabla 2.

Gráfica 4 Diagrama del CdG a nivel del individuo 

El “individuo” -entendido como un ente racional- del CdG es difícilmente individualizable, por la diversidad y falta de homogeneidad de la estructura criminal en sus distintas regiones y tareas. Uno de los expertos entrevistados, de hecho, afirmó que gran parte de la dificultad es que la organización se mantiene y se fortalece porque actúa como fuente formal de trabajo para la comunidad y, por lo tanto, los individuos que se unen pueden desempeñar una cantidad de trabajos distintos, que fluctúan entre legalidad e ilegalidad (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017). Un individuo del CdG puede desempeñarse en distintas actividades: dedicándose al tráfico de estupefacientes, ya sea a través del microtráfico (distribuyendo en ciertos barrios que le son asignados y ganando una comisión) o a gran escala, recibiendo un sueldo mayor (entrevista a funcionario DIJIN, 1 de noviembre del 2017). Puede vincularse a la organización de manera más indirecta cuando se trata de un comerciante o minero que le entrega un porcentaje de sus ingresos al GAO.

También puede dedicarse a la parte logística o a los servicios de salud, distribuyendo insumos o alimentos, o en el área de comunicaciones, dedicándose a alertar a la organización sobre la presencia de las autoridades, o pasando mensajes. Como se puede ver, el individuo también puede desarrollar tareas que aparentemente son legales, pero que terminan permitiendo la continuidad de una organización ilegal (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017).

Vale la pena ahora detenerse en el individuo que decide desempeñar alguna de las labores anteriores, teniendo en cuenta que se trata de una generalización que probablemente excluye muchas variaciones individuales, según el tipo de trabajo, la región y las condiciones sociodemográficas del individuo. Para el caso en cuestión se tendrá en cuenta que se trata de un individuo entre 15 y 30 años, de estrato socioeconómico bajo, pues esa fue la descripción del perfil, que se repitió durante las entrevistas cuando se les preguntaba a los expertos quiénes eran las personas más propensas a ser reclutadas para delinquir en el GAO.

Se partió de la teoría económica descrita en el marco teórico para entender al individuo racional, que debe sopesar entre los beneficios y riesgos que obtiene al decidir si se vincula a la organización, y a partir de ahí se analizó el contenido de las entrevistas, para tener una lista de los incentivos y desincentivos del individuo (Tabla 2). Entre los incentivos vale la pena resaltar que hay un amplio número de los que son positivos, que le ofrece la organización al joven reclutado, pues pertenecer a una estructura como el CdG le significa poder acceder a lujos, mujeres, dinero fácil, casa, armamento y motocicletas. Estos elementos, según una visión experta, le ofrecen poder y estatus, que de otro modo jamás podría conseguir, por las condiciones precarias en las que se encuentra.

Tabla 2 A nivel individual: incentivos y desincentivos de los jóvenes reclutados 

El individuo tiene la posibilidad de obtener un trabajo que es prestigioso dentro de su comunidad, pues tal como lo explica uno de los expertos, los niños desde pequeños aprenden a aspirar a ser parte de esta estructura que actúa como autoridad en su comunidad (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017). Cabe aclarar que el panorama no siempre es tan atractivo, pues, tal como lo explica uno de los entrevistados, muchas veces el delincuente “raso” obtiene un salario pequeño, mientras que los riesgos asociados a hacer parte de una estructura criminal siguen siendo altos, motivo por el cual parecería absurdo o “irracional” que nuestro ente racional decida optar por el delito. Sin embargo, en estos casos desempeña un papel importante la propensión al riesgo del mismo individuo, pues a veces, aunque el panorama no parezca muy prometedor, la pequeña probabilidad de ascender y adquirir estos incentivos positivos hace que el individuo tome el riesgo y se enfrente a las desventajas, por una proyección futura de convertirse en un miembro más importante de la organización, aunque eso rara vez suceda (entrevista a académico, 30 de octubre del 2017).

Esos incentivos positivos se mezclan con otros negativos, como el miedo ante las amenazas, el desempleo, la carencia de oportunidades, la falta de actividades lúdicas (tiempo libre) y la vulnerabilidad del individuo. Estos jóvenes de estratos bajos no solo se ven impulsados por las ganancias al hacer parte de la estructura, sino que a la vez su contexto hace que carezcan de alternativas, lo cual los lleva a delinquir con mayor facilidad (entrevista a funcionario DIJIN, 18 de octubre del 2017).

Simultáneamente, estos individuos cuentan con desincentivos que podrían impedir que entren a hacer parte de la organización, como el empleo, las acciones de la fuerza pública o una familia fuerte. También se pueden ver desmotivados por la falta de proyección hacia el futuro, el resentimiento o el miedo a una captura o a la muerte, sobre todo si las acciones de la fuerza pública son percibidas como efectivas (entrevista a miembro de fiscalía, 27 de octubre del 2017).

Discusión

Los resultados presentados permiten estudiar a un GAO colombiano a través de teorías que dan cuenta de la forma en la que funciona el delito, desde el individuo hasta la red. Como se anticipó en la literatura, los Grupos Armados Organizados que delinquen en el territorio colombiano en la actualidad difieren mucho de los grupos del pasado, pues ahora cuentan con una sofisticación que les permite adaptarse a las necesidades de su entorno. Como se pudo ver, el CdG domina una serie de procesos complejos y flexibles que les permite subcontratar actores que cometan el delito en su nombre, lo cual los vuelve difíciles de identificar y prevenir. Al ver las relaciones entre el CdG y los actores que lo rodean, se puede ver que efectivamente se trata de una red criminal como la que describe ^{Williamson (1995)}, en donde los nodos se conectan para obtener una ganancia a través de la actividad ilícita. Un ejemplo claro puede estar en la manera como, según los entrevistados, el CdG establece pactos de no agresión o de rutas con otros grupos dedicados al narcotráfico. Estos pactos maximizan los ingresos de todos los implicados y evitan a la vez que las autoridades los capturen, al guardar silencio y tomar la decisión de no confrontarse y crecer en su lugar.

Las alianzas y las formas de subcontratación o de absorción de estructuras criminales locales también permiten fortalecer lo que ^{Raffo y Segura (2015)} denominaban como “red de defensa y corrupción”, pues se puede ver que para el caso del CdG, las actividades ilegales dependen de la acción de varios grupos o bandas que trabajan para ellos o en asocio con ellos. Como están más fragmentados y descentralizados, y operan por medio de estructuras locales que ya existían, son mucho más difíciles de identificar. Por lo tanto, se trata de organizaciones que mutan según su entorno y que se adaptan fácilmente a los cambios y a las necesidades de cada territorio. Comprender la sofisticación de estas redes y de la subcontratación también ofrece pistas sobre cuál es la manera de dirigirse al problema, pues, tal como lo establecieron algunos entrevistados, solo al conocer esas estructuras criminales locales se va a poder entender qué es el CdG y cómo prevenir su crecimiento (entrevista a funcionario DIJIN, 18 de octubre del 2017). Por ende, los esfuerzos de la red criminal por mutar y adaptarse les exigen a las instituciones gubernamentales esfuerzos igual de sofisticados para comprender las particularidades del delito.

La posibilidad de entender una estructura como el CdG, desde las relaciones que establece con los actores que lo rodean, ofrece una oportunidad de abarcar el problema como un sistema y no como un hecho aislado o individual. Por ejemplo, al comprender los fuertes nexos que existen entre la comunidad y el CdG, se podría abrir la discusión para que se hagan más investigaciones sobre el papel de estas personas pasivas, que podrían ejercer resistencia ante el delito.

Para continuar con la discusión, la organización del CdG está a su vez compuesta de individuos que deciden unirse a esta estructura criminal cuando maximizan sus ingresos y minimizan sus costos, actuando como entes racionales que adecúan sus medios y fines para optimizar sus beneficios, tal como lo planteaba ^{Becker (1962)} o como lo explicaba De León en el caso del delito colombiano. Para el caso del joven propenso a delinquir en el CdG, los beneficios no son simplemente económicos. Este joven, como se pudo evidenciar, tiene la posibilidad de acceder a estatus y poder, que su contexto socioeconómico le niega por la falta de oportunidades. Entender al individuo que compone el CdG, y sus motivaciones, permite tener una mirada adecuada ante el problema, pues se puede pensar que mientras los beneficios sean mayores que los costos, estos individuos seguirán tomado las mismas decisiones. Por lo tanto, una forma adecuada de prevenir el delito puede estar en revertir esa balanza, disminuyendo los posibles beneficios que obtiene el delincuente al unirse al GAO. Por ejemplo, al comprender al individuo se podrían plantear posibles intervenciones, que estén dirigidas a disminuir el tiempo libre de los jóvenes o a sensibilizarlos en aspectos que se enfoquen en esos desincentivos positivos que podrían tener al no delinquir, como la familia o el empleo.

Limitaciones de la investigación

Durante la investigación se identificaron las siguientes limitaciones: este trabajo parte del testimonio de expertos, así que la información propuesta comienza de percepciones que pueden contener todo tipo de sesgos. Es importante mencionar que los resultados acá presentados deben usarse como un primer acercamiento académico al problema y que cada una de las relaciones propuestas en el diagrama actúan como un llamado a investigación posterior, que pueda corroborar cada uno de esos elementos con cifras, observaciones y otras opiniones.

También es necesario recalcar que la segunda ronda de entrevistas recopila la percepción de personas que no conviven con el día a día de lo que sucede en la región del Urabá. Como se mencionó antes, el CdG difiere significativamente dependiendo de las regiones en las que opera; por lo tanto, hacer una generalización de su funcionamiento desde el individuo hasta la red implica excluir información necesaria para comprender el fenómeno de manera profunda.

Conclusión

Los resultados acá presentados sobre la percepción de expertos frente al funcionamiento del CdG desde el individuo hasta la red permiten conocer mejor el fenómeno que aqueja a las poblaciones de la región del Urabá. Los diagramas presentan las relaciones entre los nodos del GAO desde una postura académica y permiten describir el papel de esta organización como red criminal.

La descomposición del tema entre individuo, organización y red ofrece una mirada novedosa, para comprender cómo, desde el individuo que cuenta con incentivos y desincentivos para delinquir, se van interconectando distintos elementos que dan origen a un fenómeno tan complejo como la aparición de Grupos Armados Organizados, como el Clan del Golfo. Adicionalmente, esta postura, que contempla el sistema en el que se encuentra la organización, permite entrelazar al grupo con los aspectos que lo rodean, lo cual posibilita una mirada más holística ante el fenómeno y despierta posibles acercamientos para prevenir el problema.

Cabe recordar que esta investigación presenta una primera recopilación de percepciones, que ofrecen pistas para entender el problema desde un enfoque académico y económico, y ese es un primer paso para comprender a una organización como parte de un sistema y como una estructura que, antes que nada, actúa para maximizar sus beneficios.