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Revista Criminalidad

versión impresa ISSN 1794-3108

Rev. Crim. vol.60 no.3 Bogotá oct./dic. 2018

 

Estudios Criminológicos

Construir ciudad en contextos de alta violencia ¿Es posible? El caso del Distrito Central de Honduras1

Building city in high violence settings: Is it possible? The case of the Honduras Central District

Construir cidades em contextos de alta violência: é possível? O caso do Distrito Central de Honduras

Lucía Dammert 1  

1Doctora en Ciencias Políticas Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile Santiago, Chile lucia.dammert@usach.cl


Resumen

¿Es posible construir ciudad en contextos de alta violencia? Los marcos analíticos desarrollados por la criminología en América Latina no han tomado en cuenta contextos de alta violencia. El objetivo del artículo es caracterizar las dinámicas territoriales de los fenómenos de criminalidad, violencia e inseguridad y su vinculación con el proceso de apropiación del espacio público. La voz de los ciudadanos, relevada a partir de encuestas, entrevistas y grupos focales, reclama por más ciudad. El espacio público es un lugar de intercambio y seguridad que incluye sólo espacios de transporte seguros sino también de recreación, descanso e incluso innovación artística. La importancia de la renovación urbana y el espacio público son enfatizados a lo largo del artículo, reconociendo menos probabilidad de desarrollo de iniciativas de gentrificación que requieren inversión y consolidación de identidad simbólica y territorial. A pesar de los homicidios, de las extorsiones y el abandono gubernamental: los ciudadanos parecen reconocer lo sustancial de la vida en comunidad: la necesidad de ser ciudadanos antes que solo habitantes de espacios marcados por la precariedad.

Palabras Claves: delitos con violencia; factores sociales de la criminalidad; (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD). Inseguridad; violencia urbana; espacio público; Honduras

Abstract

Is it possible to build city in high violence settings? Analytical frameworks developed by criminology in Latin America have not taken into account contexts of high violence. The objective of this article is to characterize the territorial dynamics of the criminality, violence and insecurity phenomena, and their connection with the process of public space ownership. The citizens’ voice, praised starting from surveys, interviews and focus group, calls for more city. The public space is a place of exchange and security. This includes not only safe transport spaces, but also recreation, rest and even artistic innovation spaces. Urban renewal and public space importance is emphasized in the document, recognizing a smaller probability of gentrification initiatives development, which require investment and consolidation of the symbolic and territorial identity. In spite of the homicides, extortions and neglect by the government, the citizens seem to recognize the substantial issue of the community life: the need of being citizens, instead of being citizens of spaces affected by the precariousness.

Key words: Crimes with violence; social factors of criminality (Source: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD). Insecurity; urban violence; public space; Honduras

Resumo

E possivel construir cidade em contextos de alta violencia? Os quadros analiticos desenvolvidos pela criminologia na America Latina nao tem considerado contextos de alta violencia. O objetivo do artigo e caracterizar as dinamicas territoriais dos fenómenos de criminalidade, violencia e inseguranca, e sua relacao com o processo de apropriacao do espaco publico. A voz dos cidadaos, sublinhada a partir de questionarios, entrevistas e grupos focais, reclama por mais cidade. O espaco publico e um lugar de intercambio e seguranca, que inclui nao so espacos de transporte seguros, mas tambem de lazer, descanso e inclusive inovacao artistica. A importancia da renovacao urbana e o espaco publico sao enfatizados ao longo do artigo, reconhecendo menos probabilidade de desenvolvimento de iniciativas de gentrificacao, que precisam inversao e consolidacao de identidade simbolica e territorial. Apesar dos homicidios, das extorsoes e do abandono governamental, os cidadaos parecem reconhecer o substancial da vida em comunidade: a necessidade de serem cidadaos e nao so habitantes de espacos marcados pela precariedade.

Palavras chave: Delito com violência; fatores sociais da criminalidade (fonte: Tesauro de política criminal latino-americana - ILANUD). Insegurança; violência urbana; espaço público; Honduras

Introducción

El Distrito Central de Honduras es una de las ciudades con la mayor tasa de homicidio del mundo (Mc Evoy y Hideg, 2017). En la última década, el panorama de la vida urbana hondureña ha estado marcado por tasas de homicidio que llegaron a quintuplicar los promedios mundiales, presencia de pandillas juveniles -conocidas como maras- en toda la ciudad que ejercen dominio territorial, y un sostenido aumento de las extorsiones como forma cotidiana de violencia (Wolf, 2012; Bruneau y Dammert, 2011; Cruz, 2011; Arias y Goldstein, 2010)

¿Cómo se resignifica la vida en una ciudad cuya cotidianeidad está marcada por estas circunstancias? Múltiples son los análisis que han puesto énfasis en el amurallamiento de la ciudad (Caldeira, 2007), el abandono de los espacios públicos (Dammert, 2001), los procesos de formación de guetos urbanos (Wacquant, 2007), la segregación (Sabatini y Brain, 2008) e incluso la migración como respuesta extrema a la violencia cotidiana (Cantor, 2014; Hiskey, et al., 2014). Los procesos urbanos que se desarrollan en las principales ciudades centroamericanas no ha sido de especial interés de la literatura, que se ha concentrado en un análisis principalmente regional. Así la mayoría de estudios reconocen la problemática del llamado “triángulo norte” que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador, más que analizar con especificidad cada contexto (Bruneau y Dammert, 2011; Cruz, 2016; Arias y Goldstein, 2010). Algunas excepciones se pueden encontrar en los estudios sobre Maras en Honduras (Mateo, 2011) y en el Salvador (Wolf, 2011) así como en análisis urbanos en Honduras (Berg y Carranza, 2018; Zelaya, 2015) y en Nicaragua (Rodgers, 2004).

El presente artículo aporta en la vinculación entre la criminología y la sociología urbana con énfasis especial en el Distrito Central de Honduras, conformado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. El objetivo principal es caracterizar las dinámicas territoriales de los fenómenos de criminalidad, violencia e inseguridad y su vinculación con el proceso de apropiación del espacio público. La metodología utilizada parte de una estrategia de triangulación que incluye herramientas cuantitativas de análisis de información primaria y secundaria, así como herramientas cualitativas especialmente centradas en grupos focales y entrevistas.

La vida urbana conjuga diversos elementos que influyen sobre las actividades criminales como también en la percepción sobre los espacios públicos y su infraestructura. La literatura ha señalado que lugares que presentan iniciales niveles de abandono se terminan consolidando en espacios de alta presencia de la criminalidad (Wilson, 1987). De igual forma, se ha evidenciado que aquellas áreas donde hay alta presencia criminal terminan teniendo menor intervención pública para el mejoramiento de la infraestructura (Wacquant, 2007). Desde abandono público o presencia de criminalidad, la ciudad se sigue construyendo día a día y sus habitantes resignifican sus espacios para dotarlos de imaginarios que constituyen la base de sus percepciones de inseguridad (Mazza, 2009).

Diversos son los problemas asociados a la investigación sobre inseguridad urbana en este contexto. Primero, la información oficial disponible sobre violencia y criminalidad en la capital de Honduras es precaria. Si bien, en los últimos años se han realizado avances significativos en el desarrollo de observatorios nacionales y locales de inseguridad, aún la información relevada por las instituciones policiales no logra dar cuenta a cabalidad de la problemática (IUDPAS, 2018). Segundo, el Distrito Central de Honduras concentra dos ciudades (Tegucigalpa y Comayaguela) que históricamente han recibido limitada inversión pública. Un ejemplo de esta precariedad socioterritorial se evidencia con múltiples espacios con evidentes secuelas del Hucarán Mitch que afectó el país en 1998 (Insight Crime, 2016; Zelaya, 2015). Tercero, el Distrito Central concentra población empobrecida que no confía en las instituciones de justicia criminal y se siente abandonada por las instituciones que deberían protegerla (Raderstorf et al, 2017). La confluencia de estos factores constituye un terreno fértil para un creciente abandono de la presencia del Estado que, incluso ha perdido control territorial -total o parcial para ciertos horarios- de porciones significativas de la ciudad.

En este contexto adverso, la pregunta sobre cómo avanzar en la recuperación de la ciudad como espacio de convivencia, interacción y socialización adquiere especial pertinencia para aquellos interesados en la perspectiva del análisis criminológico. Si bien el artículo se concentra en el Distrito Central de Honduras, la problemática no es ajena a múltiples otras realidades presentes en prácticamente todos los países de América Latina donde el abandono urbano, especialmente del espacio público, conforma un círculo vicioso de estigmatización, fragmentación y violencia socioterritorial. La realidad urbana y criminal de los barrios y ciudades es significativamente distinta, no se propone un esquema de unificación analítica. Por el contrario, el objetivo es evidenciar la realidad de una urbe para reconocer sus puntos de encuentro y desencuentro con otros contextos latinoamericanos.

La investigación reconoce que a pesar de todo, la voz de los ciudadanos reclama por más ciudad, una donde el espacio público es lugar de intercambio y seguridad. A pesar de los homicidios, de las extorsiones y el abandono gubernamental, los ciudadanos parecen reconocer lo sustancial de la vida en comunidad: la necesidad de ser ciudadanos más que meros habitantes de espacios marcados por la precariedad.

Metodología2

Con el objetivo de caracterizar las dinámicas territoriales de los fenómenos de criminalidad, violencia e inseguridad y su vinculación con el proceso de apropiación del espacio público. en el Distrito Central de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela) se diseñó una estrategia metodológica centrada en la triangulación. Se utilizaron herramientas concebidas como un continuo consistente entre lo cualitativo y cuantitativo, más que una dicotomía, que ayude a cerrar la brecha existente en torno al foco de la investigación (Benz y Newman, 2008).

En su dimensión cuantitativa se realizó una encuesta cara a cara a personas mayores de 14 años residentes en el Distrito Central de Honduras. La distribución de la muestra corresponde a 200 casos en Tegucigalpa y 100 casos en Comayagüela con un muestreo del tipo no probabilístico, por cuotas, de acuerdo a barrios o colonias, por lo que no son representativos de toda la zona de intervención con un error muestral de 5,6% (Vriniotis, 2015). El cuestionario se conformó en base a un instrumento utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en estudios similares, al que se agregaron preguntas sugeridas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. Las preguntas fueron adaptadas al contexto del Distrito Central y se incorporaron aspectos como victimización, percepción de inseguridad, evaluación y legitimidad policial como también aquellas relacionadas al entorno y espacio público.

El componente cualitativo busca otorgar voz a los habitantes, transeúntes y comerciantes del Distrito Central para poder conocer las actitudes, sentimientos, creencias y reacciones ante la inseguridad. Se realizaron, en el segundo semestre del año 2016, 8 grupos focales que abordaron las siguientes temáticas: la percepción de lugares públicos, la percepción y evaluación del trabajo policial y las características de la organización comunitaria. Los grupos focales tuvieron como población objetivo (i) comerciantes con negocios pequeños o medianos; (ii) residentes de diversos barrios de la ciudad; (iii) transeúntes que recorran parte del Distrito Central al menos 4 veces a la semana; (iv) choferes de taxi o transporte público con circuitos en las principales vías de la zona, (v) mujeres mayores de 30 años que residan o trabajen en la zona y (vi) jóvenes hombres y mujeres entre 18 y 24 que residan o estudien en la zona. A pesar que el Distrito Central es analizado por las estadísticas como una totalidad administrativa, para los grupos focales de comerciantes y residentes se optó por realizar uno por cada sector, Tegucigalpa y Comayaguela, debido a sus características en términos de criminalidad y presencia de problemas de violencia, pero también en la configuración de los elementos urbanos. Adicionalmente se realizaron entrevistas a 15 informantes claves miembros de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, municipales y del gobierno central.

Criminalidad urbana en Honduras

Honduras es un país que enfrenta múltiples desafíos. En términos sociales, al año 2016 más del 60% de la población era pobre y 38% se ubicaba en la pobreza extrema. En los últimos años, la urbanización ha tenido un sostenido desarrollo alcanzando a más del 54% de la población, concentrada principalmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula (INE- Honduras, 2016). En términos de violencia, el año 2017 la tasa de homicidios nacional fue de 43,6 cada 100 mil habitantes, cifra que corresponde a 3,866 muertes (IUDPAS, 2018). Si bien la magnitud de la problemática ha disminuido durante los últimos años, la situación no ha dejado de ser compleja y supera largamente el promedio mundial de 8,8 (UNODC, 2013).

El Distrito Central se creó en el año 1937 unificando las zonas de Tegucigalpa y Comayagüela divididas por el paso del rio Choluteca que la cruza de norte a sur. Es en la actualidad sede de la capital del país y sede constitucional del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La población del Distrito Central suma 1,2 millones de personas que representan un poco más del 26% del total nacional. Más allá de los desafíos que enfrenta Honduras, se estima que el 50% de la población de la capital estaba bajo la línea de pobreza el año 2016 (INE-Honduras, 2016). Adicionalmente, el 11.7% de la población económicamente activa se encontraba desempleada y 38.7% en desempleo invisible (es decir trabajaban menos de 36 horas semanales y buscaban mayor dedicación laboral) (INE-Honduras, 2016). Las actividades económicas más relevantes del Distrito Central son el comercio, la manufactura y la construcción que representaron el 23%, 12% y 9,5% de la población económicamente activa respectivamente (INE- Honduras, 2016).

La infraestructura urbana del Distrito Central es precaria y evidencia aún resabios de la fuerte destrucción que dejó el Huracán Mitch el año 1998 (Smith, 2013). Si bien la magnitud del desastre natural se considera histórica, la conformación del suelo, así como la incremental presencia de asentamientos informales y precarios permiten adelantar consecuencias similares ante un evento de menores proporciones. La información disponible muestra que casi el 10% de las viviendas tienen paredes de adobe y 13% de madera (INE- Honduras, 2016). La precariedad urbana se vincula también con la presencia de instalaciones destinadas al uso público, las mismas que no han cambiado significativamente la última década. Un catastro de instalaciones realizado el 2012 identificó 365, de las cuales 31,5% eran canchas de baloncesto, 22,7% canchas de fútbol y 17,3% canchas privadas de fútbol. Más allá de los espacios deportivos, el Distrito Central cuenta con 31 parques localizados en el centro histórico (Sosa Caballero, 2012).

En este contexto, la violencia en sus diversas manifestaciones se ha instalado en el centro de las características de la vida cotidiana de los hondureños. Los delitos violentos, especialmente los homicidios, no son hechos inéditos. Por el contrario, se han convertido en situaciones cotidianas que, si bien se concentran territorialmente en algunos espacios, impactan la vida de prácticamente todos los habitantes de la ciudad. Tres son las características de los homicidios en el Honduras que constituyen una situación de difícil resolución En primer lugar, en el año 2017 el 59.8% de los homicidios ocurrió en la vía pública de uno de los dos centros urbanos principales (IUDPAS, 2018). Es decir, las calles y plazas son escenario constante de violencia criminal que incluye generalmente enfrentamiento entre pandillas juveniles o grupos criminales organizados. Si bien no todos los homicidios tienen vinculación directa con el accionar de organizaciones criminales, la debilidad de la información oficial no permite avanzar en un análisis más fino sobre sus causas. En segundo lugar, 70.4% de los homicidios del año 2017 fueron realizados con arma de fuego, situación que permite caracterizar un mercado de armas legales e ilegales significativo (IUDPAS, 2018). En tercer lugar, las victimas en su mayoría son hombres (89,7%) y se ubican entre los 15 y 39 años (71,2%). Situación que alcanza magnitudes epidémicas en los grupos etáreos jóvenes con tasas de 166,6 entre los hombres de 20-24 años. De igual manera, la tasa de homicidios entre hombres con edades entre 25-29 años y 30-34 años cada 100 mil fue 159,5 y 140,2 respectivamente.

Además de los homicidios, la información sobre lesiones evidencia un panorama también preocupante y sin una mayor disminución en el mismo periodo (IUDPAS, 2018, Policía Nacional, 2016). Las evaluaciones medico forenses solicitadas por la fiscalía para el año 2017 fueron 11,307 en su mayoría hombres (55%), entre 15 y 39 años (52%) y los agresores más reiterados son familiares (65%). Los antecedentes confirman que el uso de la violencia para enfrentar todo tipo de conflictos se mantiene lo que tiene impactos directos sobre la ciudadanía en su conjunto. La información oficial reconoce también importantes niveles de violencia contra la mujer, niños y niñas (IUDPAS, 2018).

El Departamento Francisco Morazán, en el que se encuentra ubicado el Distrito Central, registró en el 2017 una tasa de homicidios de 43,5 cada 100 mil habitantes. En el Distrito Central alcanzó los 48,7 homicidios cada 100 mil habitantes, es decir, durante ese año en esta zona fueron víctimas de homicidio un total de 596 personas (UIDPAS, 2018). De acuerdo a esta fuente, los homicidios ocurridos en Tegucigalpa y Comayagüela representan en torno al 87% de los homicidios ocurridos en el Departamento durante los últimos años.

La disminución de los homicidios en Honduras es un hecho innegable (ver gráfico 1). Las interpretaciones de esta tendencia son diversas e incluso contradictorias. Por un lado, los encargados de la política pública ponen énfasis en los resultados de las iniciativas desarrolladas en los últimos años, tales como los cambios en la policía y la inclusión de mayor patrullaje por parte de la policía militar. Por otro lado, expertos refieren a otras razones tales como desplazamiento del delito e incluso la manipulación de la información oficial (Insight Crime, 2016). A pesar de ello, las cifras siguen dando cuenta de la complejidad de la epidemia de violencia como también el desafío para la formulación de intervenciones integrales orientadas a la prevención y reducción.

Fuente: Elaboración propia en base a IUPDAS, 2018

Gráfico 1 Homicidios y Lesiones, Honduras 2010-2017 

El fenómeno de las maras es parte clave del problema de violencia y criminalidad que se viven los países del triángulo norte (Cruz, 2016; Wolf, 2012). Si bien la literatura se ha concentrado en la situación de El Salvador, reportes de prensa y análisis regionales muestran que en Honduras la problemática tiene una expresión de división del territorio y vinculación con hechos de violencia (Weerman et al., 2015). En el Distrito Central, según Insight Crime (2015), la MS13 y la Barrio 18 están presentes con una clara distribución espacial que muestra en la zona sur una marcada presencia del Barrio 18, especialmente en 150 barrios de esa zona; mientras que la MS 13 tendría representación en 70 barrios, principalmente en la zona este. En varias zonas estos grupos colindan, y las divisiones territoriales son más bien tenues, por lo que las disputas por el control del área incrementan los niveles de violencia (Bruneau y Dammert, 2011; Wolf, 2011, Cruz, 2016). La mara Barrio 18 es considerada como la más violenta, siendo su actividad delictiva principal la extorsión y registra mayores niveles de enfrentamientos con la policía. Por su parte, la MS13 tendría menores niveles de violencia hacía la comunidad, y se concentra en los delitos de narcomenudeo o microtráfico, por lo que tendría mayor vinculación con su entorno (Insight Crime, 2015). Un elemento común entre ambas es la realización del delito de extorsión teniendo como objetivo principal el transporte público como fuente de financiamiento (Wolf, 2012; Weerman et. al. 2015).

La alta incidencia de la violencia tiene impactos claros sobre la población y su forma cotidiana de desarrollo (Dammert, 2013). Utilizando la información del Barómetro de las Américas 2016/2017, se proponer la construcción de un índice de actividades que se evitan por inseguridad en Centro América (Raderstorf et al, 2017). El mismo reconoce en Honduras el país con mayores niveles de cambio en las conductas de los ciudadanos debido a la percepción marcada de inseguridad no sólo en términos de abandono del espacio público y encierro en el espacio privado; sino incluso en la mudanza y migración (ver gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia en base a

Gráfico 2 Impacto de la inseguridad, Honduras 2016-2016 

La información previa evidencia que la precariedad urbana y los altos niveles de inseguridad son procesos que se retroalimentan y modifican la ciudad y la forma como se construye. Los barrios cerrados, por ejemplo, son expresión de una dinámica que reflejan esta búsqueda de mayor seguridad, pero también de diferenciación socioterritorial. En el Distrito Central las construcciones de barrios privados varían en términos de la cantidad de viviendas -algunas pequeñas y exclusivas- hasta algunos proyectos de mayor escala con más de 2.000 viviendas. También se ha afianzado el proceso de encerramiento de sectores residenciales consolidados en la ciudad. El uso habitual de dispositivos que dificulten el acceso, tales como: portones, rejas, o cierres perimetrales. La reglamentación de estas iniciativas forman parte del programa Barrios Seguros desarrollado por el gobierno local, que otorga autorización para la implementación de estas medidas, aunque mayoritariamente se han realizado de manera informal. La carencia de regulación y fiscalización de este tipo de cierres irregulares puede producir riesgos adicionales para las comunidades y la infraestructura como también dificultar la operación de los servicios públicos. Como consecuencia se ha generado una reducción de la libre circulación por la ciudad y también se ha radicalizado la segregación. Durante 2013 se estimó que 29% de los barrios del Distrito Central habían optado por medidas similares que tiende a consolidar la privatización del espacio público como respuesta a la inseguridad (Zelaya, 2015).

Al revisar los indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad urbana del Distrito Central, la seguridad es parte de un entramado marcado por el abandono, la carencia de inversión y la falta de planificación, por ejemplo, en el centro histórico de Tegucigalpa, el 33% de viviendas estaban en situación de abandono el año 2014. Situación recurrente provocada principalmente por las extorsiones realizadas por grupos criminales que quieren tener mayor presencia territorial. Así, sustentabilidad y seguridad son dos factores importantes de considerar para el diseño de cualquier proceso de desarrollo urbano. La diversidad en las formas de uso del suelo es un elemento central para prevenir el crimen y los tres elementos principales para aumentar la seguridad son el control del acceso, la administración de los cambios y las diversas formas de uso del espacio durante el día.

Otro rasgo característico en América Latina son los altos niveles de impunidad, y Honduras no es una excepción (Le Clerq, et.al. 2016). Especialmente en Honduras, el incremento de casos de impunidad de derechos humanos ha sido analizado por Human Right Watch (2017) destacando la presencia de homicidios de activistas de derechos humanos indígenas y ambientalistas, así como abusos permanentes contra mujeres y minorías sexuales

La gravedad de la situación llevó a que la Organización de Estados Americanos defina la constitución de una “Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)” cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, a través de la colaboración activa, asesoramiento, supervisión y certificación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción3. Un caso analizado estima que el promedio de tiempo necesario para las resoluciones es de casos judiciales por violencia contra la mujer es de 34 meses lo que deriva en una situación de impunidad evidente (Sánchez et al., 2015).

Ciudad y violencia: Construyendo un marco analítico

Investigación sobre ciudad y criminalidad se ha realizado en prácticamente todos los países del mundo. El interés por la creciente expansión de la población urbana ha dado paso a una preocupación por la crisis urbana (Florida, 2016). Crisis que está marcada por altos niveles de desigualdad y fragmentación socioterritorial, precariedad infraestructural y abandono de los espacios públicos (Borja, 2013). Los procesos de cambio urbano en los países en vías de desarrollo, han tenido más componentes de exclusión y apropiación material y simbólica de los territorios que de integración (Janoschka et al., 2014).

Específicamente la relación entre ciudad y criminalidad mostró que aquellos barrios con altos niveles de pobreza ubicados en las cercanías de barrios comerciales tienen los mayores niveles de criminalidad (Shaw y Mc Kay, 1942). La “trampa residencial” fue el concepto elaborado por Chaix (2009) al aseverar que las condiciones del lugar donde uno reside tienen impactos directos en el desarrollo de carreras criminales, así como de mayores probabilidades de victimización. Esta perspectiva teórica, llamada desorganización social, ha tenido centralidad en el análisis urbano de las últimas décadas (Warner y Clubb 2015). Más allá de los elementos infraestructurales del barrio, la literatura más reciente pone énfasis en el concepto de “eficacia colectiva” que incluye la confianza y la cohesión social entre vecinos, así como la capacidad de organizarse en torno a objetivos comunes (Sampson et al. 1997). De esta forma, los barrios con altos niveles de eficiencia colectiva presentan menores niveles de presencia de criminalidad y sensación de inseguridad (Swatt et al., 2013). En este marco, se torna cada vez más relevante el rol del espacio público dada su significación como locus de la sociabilización y el encuentro entre distintos (Dammert, 2013).

Así, los barrios con altos niveles de eficacia colectiva, deberían mostrar también una constante utilización de los espacios públicos que se convierten en el motor que alimenta la confianza y los elementos de cohesión social. Pero más allá de la disponibilidad de espacios públicos, un proceso de desarrollo urbano inclusivo debería considerar al menos seis principios básicos: armonía con la naturaleza, espacio construido vivible, economía del lugar, equidad, pago por contaminación y regionalismo responsable (Marzbali y Abdullah 2011). De esta forma, la teoría propone que en aquellos barrios donde se instalan elementos estructurales como pobreza e inestabilidad residencial se tienden a usar menos los espacios públicos y por ende aumenta la sensación de desprotección (Warner y Clubb, 2013: 336).

La investigación sobre la violencia urbana requiere entonces de un marco analítico que incluya los factores estructurales, territoriales y comunitarios que permita entender las consecuencias de un desarrollo urbano carente de planificación, apoyado en la especulación urbana y concentrado en la segregación espacial como mecanismo de gobernabilidad territorial. La presencia de actividades ilegales realizadas por grupos que obtienen beneficios e incentivos para mantener altos grados de control e inseguridad en los territorios debe ser considerada como un eje central de este marco analítico. Las intervenciones en contexto de alta violencia no pueden reducirse a promover la apertura de espacios seguros en territorios específicos o a la movilidad residencial de los vecinos no involucrados en actividades delictivas. Se torna necesario reconocer la necesidad de fortalecer la eficacia colectiva para que aquellos se refieren de las denominadas intervenciones de segunda generación para prevención de la violencia que se mismas se focalizan en los riesgos que derivan en la violencia no vinculados con mercados ilegales puedan beneficiarse o al menos mejorar tanto en el acceso de oportunidades como en calidad de vida en su barrio, reduciendo la concentración de existentes desventajas (Juttersonke et al., 2009).

La literatura apunta a que las iniciativas de gentrificación positiva, es decir aquella que propone instalar vivienda social en complejos de salario mixto bajo la presunción que la presencia de residentes con salario más alto; debería facilitar el control social y reducir el crimen. Si bien las razones pueden ser diversas, en cuanto a la reducción de la criminalidad se espera que los niveles de estabilidad sean más altos y así instalar con más certeza en el territorio, presencia de mayor eficiencia colectiva, mayores niveles de control y mayor presencia de policía (Chaskin y Joseph, 2013). Sin embargo, este tipo de iniciativas generan tensiones entre integración y exclusión, valor de uso y valor de cambio, apropiación y control; pobreza y desarrollo.

La evidencia en torno al efecto de la gentrificación en relación a las variaciones del crimen es mixta. Smith (2014) realizó un estudio para identificar el impacto de la demolición de vivienda social para la instalación de nuevos emprendimientos -como por ejemplo nuevas tiendas y cafés- en una zona con alta presencia de homicidio. Los resultados dieron cuenta que un primer elemento es la demolición planificada de vivienda social con un impacto positivo en la disminución del homicidio; mientras que la instalación de cafés tuvo un impacto menor en la reducción de este tipo de delito. Es decir, los esfuerzos del Estado para revitalizar áreas con alta presencia de criminalidad intensifican en el corto plazo las condiciones criminógenas del barrio y los homicidios (Smith, 2014).

De “espacios defendibles” al CPTED

A inicios de los años 70s la relación entre diseño espacial y crimen fue analizada por Newman (1973) que propuso el concepto de “espacios defendibles” como una inicial forma de establecer la vinculación entre el espacio construido y la posibilidad de prevenir el crimen. Cinco son los pilares fundantes que permitirían crear espacios donde los habitantes se involucren en acciones proactivas de prevención. (i) territorialidad, (ii) vigilancia desarrolladas por residentes y vecinos, (iii) imagen de seguridad, (iv) ambiente cercano a infraestructura de seguridad y (v) espacios de seguridad exteriores y cercanos al hogar. De igual manera, Jacobs (1961) desarrolló el concepto de “ojos en la calle” que debe ser incorporado en los procesos de diseño urbano para promover la vigilancia permanente por parte de residentes y vecinos de los diversos espacios de un territorio.

Estas bases teóricas dieron paso a la generación de una metodología de prevención del crimen por medio del diseño urbano -CPTED por sus siglas en inglés- que reconoce la importancia de la demanda de mayor seguridad urbana como prioridad ciudadana y política. No solo para controlarlo y prevenirlo, sino también para reducir la percepción de inseguridad a través de la construcción o modificación de infraestructura (Cozens, 2002). La metodología CPTED considera cuatro estrategias para su desarrollo: territorialidad, vigilancia natural, actividades de apoyo y control de acceso. Un principio común en la prevención es la constitución de áreas multifuncionales para evitar la consolidación de momentos del día donde no hay movimiento de personas.

Para desarrollar esta metodología, se requiere la confluencia de la geografía del delito y el desarrollo del análisis espacial. Con su utilización es posible establecer un diagnóstico certero y detallado de la situación para identificar la presencia de ciertos fenómenos delictuales y diseñar las estrategias pertinentes. Una de las intervenciones más frecuentes es la instalación de cámaras de seguridad e incrementar la iluminación en los espacios públicos. Existe mayor evidencia disponible para sostener cierta efectividad para la prevención del delito para el segundo tipo de intervención, particularmente para centros urbanos. Según el estudio de Burns-Howell y Pascoe (2004), la instalación de iluminación ha demostrado que puede reducir el crimen y el temor al aumentar la oportunidad de vigilancia y asegurar a los usuarios en las horas de oscuridad. Por su parte, los dispositivos de CCTV parecieran ser más efectivos para prevenir cierto tipo de robos, como por ejemplo el robo de vehículos. Desde la perspectiva de la prevención situacional, la instalación de este tipo de intervención reduce las oportunidades de cometer algún delito al incrementar la vigilancia y endurecer el blanco o el objetivo de la acción delictual. Otro elemento estudiado es la importancia de la definición de tipo del suelo. El uso múltiple (residencial y comercial) ayuda a disminuir los niveles de ansiedad e inseguridad, mientras que el uso único genera mayor segregación comercial o residencial (Benz, 2014).

De forma compleementaria, Felson (2008) propone la presencia de una “ciudad divergente” que se caracteriza por la subutilización de amplios espacios de la ciudad que en mútliples horarios están prácticamente vacíos, potenciando los riesgos y la inseguridad. Propone que los cambios urbanos, sociales y tecnológicos pueden generar nuevas oportunidades para quienes cometen delitos o en parte para cambiar los mecanismos a través de los cuales se realizan actividades ilícitas. Uno de los espacios donde tradicionalmente se concentran los niveles de inseguridad es en el transporte público. Natarajan y Clarke (2015) presentan una sistematización de aquellas iniciativas que han tenido resultados favorables al incrementa la seguridad vinculada con dichos espacios. Entre ellas se destacan mejorar las condiciones de las paradas en términos de iluminación, limpieza, estructura, instalación de teléfonos de emergencia y dispositivos de CCTV anti-vandálicos. De modo complementario, para hacer una operación más segura del servicio de transporte, se propone reducir la circulación de dinero en efectivo al instalar máquinas para pagar la tarifa exacta, establecer un sistema que entregue información sobre los horarios reales de los buses, aumentar frecuencia de buses para disminuir la aglomeración de usuarios en ciertos horarios con el fin de reducir la exposición de potenciales víctimas. Específicamente para hechos de delitos sexuales, una intervención posible es implementar servicios de buses solo para mujeres en horarios de mayor tráfico, en rutas muy hacinadas o en rutas donde se registren un mayor número de incidentes.

Si bien la implementación de estrategias basadas en la prevención situacional como también la metodología CPTED no logra responder a las causas profundas -tanto sociales como urbanas- que están asociadas a la violencia y criminalidad, constituyen una oportunidad de implementar medidas en un corto plazo que responden a problemáticas acotadas.

Precariedad y crimen en los centros históricos

La literatura sobre revitalización de centros históricos es aún escasa, y en limitados casos incluye la variable de alta presencia de violencia criminal (Koonings y Kruijt, 2015; Carrión y Mena, 2016). Sin embargo, múltiples estudios concluyen que los mayores niveles de violencia ocurren en los centros de las ciudades, especialmente cuando hay concentración de vivienda social o concentración de vivienda precarizada (Gerrell y Kronkvist, 2016).

La presencia de diversos espacios vacantes, abandonados o eriazos establece una percepción de falta de propiedad potenciando los espacios de vulnerabilidad, especialmente cuando los vecinos los entienden como propiedad y responsabilidad de otros (Koonings y Kruijt, 2015). Esta situación genera la necesidad de estrategias como la “enclavización” que busca promover la respuesta colectiva hacia el crimen invocando territorialidad y sentido de comunidad en los vecinos sobre el espacio público (Stevenson, 1996). Procesos que en el centro histórico requieren también que el Estado -en su rol de dueño de múltiples espacios y edificios patrimoniales- haga un esfuerzo de inversión para aumentar la presencia de ciudadanos y el uso de los espacios en horarios variados. Si bien existen diversos tipos de comunidades, Stevenson (1996) considera como referencia a las comunidades territoriales, las que se definen por límites geográficos, comunidades de interés y de vinculación marcadas por el sentido de pertenencia por las relaciones o los lugares. En los centros históricos se dibuja la oportunidad de construir o consolidar estas comunidades territoriales donde la señal de identidad está marcada por la importancia de lo patrimonial. Se busca definir un elemento de eficacia colectiva específico en aquellos espacios marcados por su atributo de ser o haber sido centralidades patrimoniales. La pregunta sobre el tipo de ciudad a construir no puede ir separada de las vinculaciones sociales, las relaciones, los estilos de vida, las tecnologías y la estética de vida. Esto es especialmente importante para los centros históricos donde confluyen identidades diversas con expectativas del uso del territorio no necesariamente complementarias.

Sin embargo, los centros históricos requieren de espacios destinados a la vivienda que sean recuperados por sus habitantes que dejen de sentirse abandonados y marginalizados. Estas áreas vulnerables seguirán siéndolo si la vivienda no cuenta con niveles de seguridad y sus ocupantes no desarrollan mecanismos de prevención propios. El acceso al espacio es considerado por muchos como el principal mecanismo para definir la seguridad. Si hay poca vigilancia -cualquiera sea su índole: natural, social, policial- el uso de los espacios por parte de la ciudadanía baja considerablemente.

Ciudad y violencia en América Latina

En América Latina, se han desarrollado importantes marcos de interpretación del crecimiento urbano en ciudades donde lo cotidiano está marcado por el temor, la desconfianza, el limitado conocimiento del otro y el encierro en espacios y grupos pequeños y cercanos (Caldeira, 2007; Dammert, 2013). La inseguridad como preocupación ha pasado a justificar el encierro, el abandono del espacio público y la consolidación de barrios cerrados (Briceño-León, 2002). Diversos estudios evidencian un proceso de deterioro de la calidad de vida de las ciudades latinoamericanas enfatizando en la consolidación de procesos de gueto donde las clases medias y altas se mudan a espacios cada vez más protegidos, distantes y vigilados para intentar evitar ser víctimas del crimen (Sabatini y Brain, 2008). No solo buscan protección aquellos que se encierran, sino también fortalecer las diferencias sociales, aumentar las barreras de ingreso y disfrutar de ambientes donde la diferencia tiende a ser minimizada (Carrión y Nuñez-Vega, 2006).

Este proceso se observa en lugares tan diferentes como Lima, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Ciudad de México, donde también el fenómeno de la inseguridad ha crecido de forma sostenida en los últimos años. La ciudad crece y el espacio público desaparece como actor fundamental de la vida urbana, consolidando un círculo vicioso de abandono, carencia de presencia estatal y criminalidad.

Las respuestas a estos procesos tienen poco exito. En algunos casos se han desarrollado experiencias de gentrificación con capacidad de articulación social, pero son escasas (Janoschka, 2016; Betancur, 2014). Se evidencia un proceso de transferencia del concepto con limitada reformulación para reconocer las especificidades locales, lo que desde su inicio instala las limitades oportunidades de éxito. La tendencia principal en las experiencias de gentrificación está marcada por la expulsión del espacio de intervención de quienes a primera vista son causantes del desorden, generalmente aplicado contra vendedores ambulantes. Las iniciativas se vinculan con la privatización de la seguridad como también la fortificación de espacios (Rodgers, 2004).

El abandono del centro histórico es posiblemente uno de los fenómenos urbanos más comunes en la región durante los años 80s y 90s (Carrión y Nuñez, 2006). El crecimiento de otras centralidades marcadas por la presencia del traslado del poder económico e incluso simbólico de la ciudad, es una de las caras del proceso de transformación urbana. La otra cara es su abandono y deterioro infraestructural que llevó incluso a su crisis de habitabilidad en algunos países (Girola et al., 2011).

Hallazgos Principales

Los problemas estructurales de la ciudad capital de Honduras impiden analizar la inseguridad con marcos analíticos tradicionales. La epidemia de violencia que vive el país hace más de dos décadas se ha desarrollado en un contexto carente de inversión pública, así como de políticas urbanas e incluso de seguridad coherentes. La investigación identifica que la naturalización de la violencia se afirma sobre la percepción generalizada de abandono estatal que trae deterioro urbano y degradación ambiental, así como desarrollo de informalidad e ilegalidad.

La literatura desarrollada sobre violencia y ciudad ha tenido especial importancia en el análisis de los procesos evidenciados en la ciudad latinoamericana en las últimas décadas (Koonings y Kruijt, 2015). Sin embargo, pocos son los estudios que toman como foco de análisis centros urbanos de alta precarización y violencia. Los resultados de la investigación aportan en esta zona aún gris, sin proponer un marco extensivo para otras ciudades latinoamericanas, pero definiendo la necesidad de marcos específicos para entender los procesos de deterioro urbano y aumento de la violencia en este tipo de contextos. Es decir, se intenta un aporte que tiene impactos en el desarrollo del conocimiento, pero también en los marcos de interpretación sobre el que se diseñan políticas públicas en dichos territorios.

Resolver la direccionalidad u origen de la imbricada relación entre violencia y deterioro urbano es una tarea que supera largamente el objetivo de la investigación. Pero se confirma la profunda vinculación que reconoce la presencia de un circulo poco virtuoso donde ambos procesos de retroalimentan y consolidan nuevas formas de relación. La profunda vinculación entre los procesos estudiados limita la posibilidad de separar ls fenómenos, sin embargo, con un fin principalmente explicativo a continuación se presentan los hallazgos organizados en torno a los principales ejes analíticos.

Deterioro urbano

La degradación urbana y ambiental del Distrito Central de Honduras es un hecho reconocido y aceptado por los ciudadanos. La amenaza o riesgo que se percibe tanto en Comayagüela como en Tegucigalpa no solo es de integridad física, sino “de muerte”. Es así como la sensación de desprotección que comparten todos es total. A pesar del reconocimiento de la violencia como un actor cotidiano en el espacio público de la capital, la preocupación por la calidad urbana es frecuente. Las conversaciones ciudadanas reconocen que la inseguridad tiene “múltiples rostros”, como expresó un asistente a los grupos de discusión de residentes “Las aguas negras, a veces están en las calles, incluso es una zona en donde siempre apesta, como es un Mercado. Toda la basura mantiene atascadas las cunetas, cuando llueve es una catástrofe”.

El ciudadano vive de una imagen del espacio más que de una experiencia de uso. En su mayoría los encuestados y participantes de los grupos focales reconocen no haber visitado muchas zonas del Distrito Central, especialmente las peor evaluadas. Aquellos que transitan o trabajan en el lugar tienen una perspectiva del espacio como una “ruta de tránsito” carente de atractivos.

Entre los problemas que los residentes consideran más urgentes en el Distrito Central se ubican la venta y consumo de drogas, los robos y las calles en mal estado de mantenimiento. Los principales problemas, no criminales, identificados en el Distrito Central son el mantenimiento de calles (63%), la suciedad en las calles (61%), los espacios públicos abandonados (40%). Es decir, los habitantes de espacios altamente precarizados y violentos reconocen la necesidad de mayor y mejor infraestructura urbana que les permita el desarrollo de sus actividades diarias. El abandono es visto como un proceso de corto plazo que rápidamente es capturado por agrupaciones ilegales que de esta forma van “ganando territorio” y a la vez profundizan el deterioro.

Espacio público

Los habitantes del Distrito Central no conversan sobre sus espacios de vida cotidiana. La desconfianza en la conversación es un elemento constante que inhibe la posibilidad de avanzar en una caracterización de su vivienda o percepción de las zonas de residencia en la capital. Dos elementos son, sin embargo, constantes: por un lado, la percepción que hay “otra zona” que es más peligrosa, violenta y que los pone en alto riesgo; y por otro lado la declaración que dentro de las viviendas la seguridad es mayor. Los resultados de la encuesta a residentes mostraron altos porcentajes de inseguridad en el espacio público: 74% en los espacios deportivos, 68% en los parques y áreas verdes y 58% en las calles. El hogar, por otro lado, es percibido como inseguro por el 30% de los entrevistados.

Además de inseguros, los espacios públicos son vistos como insuficientes. Más del 80% de los encuestados considera que en el barrio donde viven no existe infraestructura que permita la participación ciudadana y el fortalecimiento del capital social de su comunidad. Adicionalmente, más del 70% menciona déficit en áreas verdes o parques. La voz de la ciudadanía reconoce que el uso de los espacios públicos es bajo, se concentra en las horas del día que tienen luz y está casi monopolizada por los jóvenes. Los niños y adultos mayores serían los grupos de la población que menos acceso y uso tienen de los espacios públicos principalmente porque son percibidos como “de mayor riesgo” de convertirse en víctimas de un delito.

Desde un punto de vista teórico, lo que hay en el Distrito Central son instalaciones deportivas que generalmente están siendo utilizadas por grupos específicos de la población. Grupos deportivos que tienden a monopolizar el uso del tiempo disponible y que en paralelo alejan a otros posibles interesados. Los espacios de formación de “alteridad” o de “otredad” (Borja, 2013), son mínimos y por su precariedad son vistos como lugares destinados a la población empobrecida que reside en las áreas adyacentes. Es decir, el espacio público está en proceso de construcción.

A pesar de la precariedad y limitado uso de los espacios públicos, el 70% de los encuestados considera que la presencia de infraestructura urbana permite el fortaleciendo del capital social y los lazos comunitarios y que estos son importantes para prevenir la violencia y la delincuencia. Cabe destacar que prácticamente ningún participante de los grupos de discusión mencionó la presencia de edificios patrimoniales, o su importancia como espacios públicos. Por el contrario, lo patrimonial no existe y la infraestructura es vista como “institucional” y perteneciente al gobierno.

Inseguridad

Para la mayoría de ciudadanos, la inseguridad del país es un problema principal, que ha empeorado en los últimos años y su tendencia no cambiará en el futuro. A nivel barrial la información es más alentadora, el 42% de los encuestados consideraron que la situación de la inseguridad ha mejorado en el último. No obstante, la multiplicidad de formas que toma está permanente sensación de riesgo, amenaza y vulnerabilidad generan la necesidad de soluciones estructurales. Así por ejemplo, 46% de los encuestados dijo están contemplando migrar para evitar la inseguridad del barrio, 36% un cambio de ciudad, 36% un cambio de barrio. Al parecer no se vislumbra una solución colectiva, sino más bien la necesidad de diseñar soluciones “escape”, vinculada a la sensación generalizada de abandono por parte de las instituciones encargadas del control y la prevención.

En la vida diaria, los habitantes de Comayagüela y Tegucigalpa han desarrollado mecanismos cotidianos de sobrevivencia que se vinculan con los niveles de violencia que hay en cada una de ellas. Así, los residentes de la primera tienden a ser más defensivos, a cuidarse de los comentarios y desconfiar de las ofertas.

La inseguridad de local tiene una geografía y un horario. Como se mencionó previamente, la geografía de lo la inseguridad está en directa relación con aquellos espacios considerados “bajo el gobierno de pandillas o grupos criminales” pero también aquellos donde “no hay presencia de militares o policías para cuidar al ciudadano”. A pesar de los bajos niveles de confianza en las instituciones de control, su presencia ayuda a mejorar la sensación de seguridad al menos en el proceso de traslado en el territorio. La encuesta muestra niveles de victimización del 41% en el Distrito Central vinculada principalmente a robos, asaltos o hurtos. Los mismos delitos están presentes en la conversación cotidiana, no obstante, aquellos que trabajan o tienen comercios en la zona, los transportistas y los residentes, expresan preocupación y vinculación como víctimas con reiterados hechos de extorsión.

Si bien de forma exploratoria, la información relevada permitiría inicialmente identificar que en Tegucigalpa se desarrollarían más delitos callejeros mientras que en Comayagüela la presencia del crimen más violento (posiblemente vinculado con grupos organizados), sería paradojalmente lo que inhibiría la ocurrencia de delitos comunes, pero imprime características específicas a la sensación de inseguridad ciudadana. Adicionalmente, se reconoce la presencia de prostitución callejera, drogadictos y alcohólicos que usan el espacio público para residir y muchas personas en situación de calle elementos claves para la sensación de inseguridad. Especialmente en el grupo de discusión de mujeres se enfatiza este elemento constitutivo del discurso del miedo por la percepción de riesgo a ser víctimas de violencia en cualquier de sus múltiples manifestaciones.

El transporte público es un “espacio de riesgo” para los ciudadanos. El 89% de los encuestados dijeron tener mucho temor al utilizar el transporte público cuando está fuera del barrio o de los lugares de trabajo y estudio, dando cuenta del vínculo que tienen los ciudadanos entre inseguridad y uso del espacio público. El transporte público se percibe como un espacio de inseguridad que impacta a todo el Distrito Central. Esto no afecta solo a los usuarios sino también a los conductores. Durante los grupos focales se reiteró que estos últimos son víctimas de extorsión, son testigos de hechos de violencia cotidiana y consideran que hay áreas donde “no se debe entrar después de las 6pm para la prestación de servicios”.

Respecto al horario de la inseguridad, el mismo se vincula con la carencia de luminosidad. Así, la noche se convierte en un momento de abandono completo de lo público, de retirarse al encierro en el hogar y de esperar que los parques, plazas y centros deportivos estén “cerrados para asegurar que no los destruyan”. Se ha trasladado el barómetro de la seguridad, estableciendo la consideración de los espacios públicos del Distrito entre riesgosos de día e inutilizables de noche. Así, los residentes se encierran, los comerciantes no ofrecen sus productos o compran protección, y los transportistas evitan las zonas que consideran de mayor peligro.

Las historias de victimización e inseguridad vividas, conocidas y relatadas en entrevistas y grupos focales muestran altos grados de violencia y una recurrente sensación de inseguridad; y las consecuencias van desde el encierro en el caso de los vecinos, el pago de extorsiones por los comerciantes, hasta el porte de armas por parte de algunos transportistas. De igual forma, los abusos sexuales, el acoso callejero, el maltrato a las mujeres e incluso las violaciones son parte de la conversación cotidiana en la zona. Muchos de los parques son caracterizados como zonas de peligro especialmente para las mujeres cuando están solas. La naturalización de la conversación sobre el “riesgo de ser mujer” es evidente en todas las conversaciones incluso en aquellas donde son las mujeres las que expresan las consecuencias de una vida en “permanente amenaza”.

Eficacia colectiva

Las estrategias para evitar la inseguridad se concentran en usar el espacio público solo de día, no meterse en los problemas de los demás y tampoco hacer mucho contacto con los demás. La participación de los vecinos es valorada negativamente, el 46% de todos los encuestados dijeron que era mala o muy mala. Situación que se vincula con los niveles de participación, si bien son muy bajos, llama la atención que incluso en lo deportivo se exprese este abandono de lo comunitario. Solo el 28% dijo participar con alguna o mucha frecuencia en actividades deportivas, y 7% en actividades artísticas. Mucho menos relevancia tiene la asistencia a reuniones comunitarias, 5%, con la alcaldía, 4%, o con la Policía Nacional, 1%.

Los resultados dan cuenta que la población del área vive con temor. Las respuestas frente a la inseguridad buscan cambiar de lugar antes que ayudar a la organización sociales en el mismo sector. Solo el 12% de los entrevistados mencionó organizarse con sus vecinos como acción para sentirse más seguro. En los grupos de discusión se refleja la misma situación; los residentes tienden a ser más defensivos y reservados, evitar los comentarios y desconfiar de otros, particularmente en Comayagüela. La confianza interpersonal es baja pero aún menor es la confianza institucional. La policía es vista con distancia y preocupación. Corrupción, lentitud, falta de presencia son solo algunos de los elementos que constituyen la imagen que la ciudadanía tiene de ellos. La percepción sobre la policía militar y la presencia militar es mejor que la policía civil, lo que se vincula con una visión generalmente más castigadora como única forma de enfrentar el delito. Los vecinos y comerciantes dicen no confiar en la policía, pero piden “presencia y sensación de fuerza” para al menos disuadir el accionar de las pandillas. Todo lo anterior confirma un contexto de práctica ausencia de los elementos básicos de eficiencia colectiva o cohesión social, tornando aún más complejo cualquier proceso de organización comunitaria que pudiera enfrentar la violencia.

Intervención urbana

¿Las políticas urbanas pueden cambiar la percepción de inseguridad? Incluso en contextos de alta violencia y precariedad como el Distrito Central de Honduras, las iniciativas de intervención urbana pueden tener importantes cambios en plazos temporales breves. La narrativa ciudadana pone énfasis en la falta de inversión en mantenimiento o renovación urbana como un problema que afecta la vida cotidiana. Los ciudadanos reconocen los hitos urbanos del Distrito Central y su percepción tiene a ser negativa. Los mercados son relacionados con “falta de limpieza” y orden en las cercanías todo el día, pero especial inseguridad en las noches. En el otro extremo de la percepción se ubican los edificios institucionales, que son reconocidos como espacios de “orden y seguridad”. La percepción ciudadana positiva se vincula con la presencia de mecanismos de seguridad utilizados para cuidar los edificios. El ciudadano reconoce la importancia disuasiva de la presencia de policías, militares e incluso seguridad privada como mejor mecanismo para evitar el deterioro urbano y la inseguridad. Situación que se relaciona con los bajos niveles de eficacia colectiva que se describieron previamente y con la percepción de bajo impacto de las acciones ciudadanas. Los ciudadanos reconocen que inversión pública en la infraestructura urbana y espacios públicos, así como incremento de la iluminación y mayor vigilancia traerían altos beneficios. Sin embargo, en los diversos grupos de discusión se pone énfasis en la necesidad de mayor y mejor cobertura de infraestructura y servicios básicos -agua potable, electricidad y alcantarillado-.

Algunas zonas del Distrito Central han sido objeto de políticas municipales urbanas de remodelación e intervención de espacios públicos en los últimos años. La intervención ha puesto énfasis en mejorar la vigilancia, la iluminación y ha recuperado espacios para la instalación de tiendas, restaurantes como también la presencia de instituciones públicas. En los parques se instaló mayor vigilancia y cuidado del entorno natural e infraestructura; lo que trajo un cambio de percepción sobre su seguridad. Es decir, se evidencia que incluso cuando la infraestructura no es la óptima, la percepción ciudadana tiende a mejorar sobre un espacio donde hay un incremento claro de vigilancia.

Un ejemplo de esta diferencia se presenta entre un espacio donde se colocaron “equipamientos para ejercicios y vigilancia” lo que implica un mayor uso, pero además es vinculado con la presencia de Bomberos como encargados de su cuidado. Por otro lado, un espacio similar, pero sin inversión ni vigilancia es descrito como un “cementerio clandestino, un lugar sin presencia del Estado, con amplios niveles de abandono”. Las figuras 3 y 4 muestran los conceptos que más aparecen en todas las conversaciones de los grupos de discusión sobre ambos espacios.

Fuente: Elaboración propia, 2017

Figura 3 Conceptos ciudadanos en zona con intervención de vigilancia 

Fuente: Elaboración propia, 2017

Figura 4 Conceptos ciudadanos en zona sin intervención de vigilancia 

Discusión

¿Cuál es la relación entre violencia y ciudad? La investigación del Distrito Central de Honduras permite avanzar en el conocimiento de esta vinculación y reconocer su multidimensionalidad. La cotidianeidad de la violencia extrema, marcada por la presencia de homicidios y enfrentamientos en los espacios públicos, tiene consecuencias profundas en la construcción de ciudadanía. Es la permanente sensación de amenaza y riesgo lo que limita el tiempo y el espacio de las ciudades, aumenta las desconfianzas y fortalece el abandono del espacio público.

El Distrito Central se consolida como una “ciudad divergente” (2008) con amplios territorios que son abandonados durante la noche debido al temor ciudadano. No sólo en el horario nocturno los espacios de la ciudad se ven reducidos, sino que se definen lugares considerados abandonados por la presencia del Estado que, de igual forma, son abandonados por los ciudadanos. Ciudad donde “poner los ojos en la calle” (Jacobs, 1961) pasa de ser una actividad ciudadana clave a una prácticamente imposible. La presencia de grupos criminales organizados en el espacio público, limita la posibilidad de una ciudadanía activa que retome su uso y desarrolle mecanismos de vigilancia activa. Por el contrario, se cierran los ojos, se mira para adentro, o lo que podría ser peor, se naturaliza la violencia de tal forma que se tiende a justificar o entender la inhibición de participación.

Aún en espacios marcados por la violencia, los ciudadanos reclaman por una ciudad protectora y amable, una con servicios básicos, espacios de recreación y seguridad. Si bien el estudio reconoció un proceso constante de encierro en el hogar y el desarrollo de estrategias de abandono marcadas incluso por la posibilidad de migración, en ningún caso se dejó de lado la necesidad de intervención urbana. Esta situación presenta importantes posibilidades de construcción de “comunidad territorial” (Stevenson, 1996) donde se reconocen las señas identitarias del centro histórico, se valorizan los hitos patrimoniales y se constituyen marcos de pertenencia para los vecinos.

Avanzar con mecanismos de construcción de espacios públicos que potencien la eficacia colectiva y la cohesión social es posible incluso en contextos marcados por la violencia; sin embargo, desarrollar iniciativas de gentrificación requiere de contextos distintos. El Distrito Central debe avanzar con intervenciones que fortalezcan la calidad de sus servicios y la presencia de seguridad, policial o vía organización comunitaria. Este primer paso permitirá cambiar las percepciones de los ciudadanos y abrir espacios colaborativos que incluyan acciones en el espacio público. Es decir, la construcción de una ciudad entendida no como un territorio donde se vive o se trabaja, sino uno que desarrolla señas de identidad entre sus habitantes, que comparten valores y objetivos a pesar de sus diferencias.

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Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Dammert, L. (2018). Construir ciudad en contextos de alta violencia ¿Es posible? El caso del Distrito Central de Honduras. Revista Criminalidad, 60 (3): 177-193

1El presente artículo se elaboró con el apoyo de la Universidad de Santiago de Chile en el Proyecto DICYT 031752DG.

2La recolección de información se realizó en el marco de la consultoría sobre desarrollo urbano en el Centro Histórico de Honduras financiado por el BID el año 2016.

Recibido: 12 de Enero de 2018; Revisado: 18 de Abril de 2018; Aprobado: 21 de Mayo de 2018

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