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Revista Criminalidad

Print version ISSN 1794-3108

Rev. Crim. vol.60 no.3 Bogotá Oct./Dec. 2018

 

Estudios Criminológicos

Un Preámbulo de Política Criminal frente a la delincuencia organizada

A preamble of criminal policy before the organized crime

Um preâmbulo de política criminal perante da delinquência organizada

Luis Antonio Umbría-Acosta 1  

1Doctor en Estudios Internacionales Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO línea de investigación: Estudios Estratégicos y Seguridad. Quito, Ecuador lumbria1964@gmail.com


Resumen

El objetivo de este artículo es reflexionar acerca de cuatro aspectos alternativos para la política criminal contra la delincuencia organizada transnacional, que se justifican críticamente en los resultados deficientes producidos por los enfoques tradicionales. En principio se examinan elementos provenientes de la teoría económica que explican cómo se levantan las estructuras de delincuencia organizada, siempre desde economías subterráneas. Luego, la revisión del uso imprudente de términos para denominar al objeto de estudio, muestra el impacto que esto tiene para la construcción de percepciones y significados que guían las respuestas al problema con poca objetividad y efectividad. El planteamiento estructuralista que se identifica en la sofisticada división de las actividades delictivas para complementarse entre ellas, propone relaciones que ayudan a entender el crecimiento acelerado y la rentabilidad económica incontenible de la delincuencia organizada. Y por último, se examina a la controvertida hipótesis de convergencia entre este problema y el terrorismo. Este manuscrito repasa de manera específica algunos trabajos recientes producidos por especialistas reconocidos, pero también toma referencias clásicas de las ciencias sociales para confrontarlas con la realidad, y crear nuevos argumentos de política pública para la contención del delito organizado.

Palabras clave: delincuencia organizada; economía subterránea; abuso de poder; política criminal; tráficos ilícitos

Abstract

The objective is to reflect upon four alternative aspects for the crime policy against the transnational organized crime that are justified critically on the deficient results produced by the traditional approaches. At the beginning, emerging elements from the economic theory are studied, which explain how the organized crime structures are always lifted from underground economies. Then, the reckless use review of terms to name the study object shows the impact that it has for building perceptions and meanings that lead answers to the problem with a slight objectivity and effectiveness. The structuralist approach identified in the sophisticated division of criminal activities for complementing each other, state relationships that help to understand the accelerating growth and the uncontrollable economic return of the organized crime. Finally, the controversial hypothesis of convergence between this problem and terrorism is studied. This document reviews in a specific way some current studies developed by renowned specialists, but also it takes classical references of the social sciences for comparing them with the reality, and to build new arguments of public policy for the containment of the organized crime.

Key words Organized crime; underground economy; abuse of power; criminal policy; illicit traffic

Resumo

O objetivo é refletir acerca de quatro aspectos alternativos para a política criminal contra a delinquência organizada transnacional, que se justificam criticamente nos resultados deficientes produzidos pelas abordagens tradicionais. Em principio, se examinam elementos provenientes da teoria econômica, que explicam como se alçam as estruturas de delinquência organizada, sempre desde economias subterrâneas. Depois, a revisão do uso imprudente de termos para denominar ao objetivo de estudo, monstra o impacto que isto tem para a construção de percepções e significados que guiam as respostas ao problema com pouca objetividade e efetividade. A proposta estruturalista, que se identifica na sofisticada divisão das atividades delitivas para se complementar entre elas, propõe relações que ajudam a entender o crescimento acelerado e a rentabilidade econômica incontida da delinquência organizada. E, por último, examina-se a controvertida hipótese de convergência entre esse problema e o terrorismo. Este documento revisa de maneira específica alguns estudos recentes produzidos por especialistas renomados, mas também usa referências clássicas das ciências sociais para confronta-las como a realidade, e criar novos argumentos de política pública para a contenção do delito organizado.

Palavras chave: Delinquência organizada; economia subterrânea; abuso de poder; política criminal; tráfico ilícito

Introducción

Discurrir sobre políticas públicas para enfrentar las manifestaciones de “crimen organizado” que causan impactos de diversa índole en la sociedad, no es tarea fácil ni novedosa. La política criminal que agrupa las estrategias de respuesta del Estado y las formas de cooperación internacional que se han configurado para su prevención y control, de cara a su hiperdesarrollo en zonas que abarcan regiones y continentes, no ha demostrado suficiente acierto. El problema ha continuado evolucionando sin responder de modo satisfactorio a las iniciativas de intervención que se van implementando.

Proponer un preámbulo que ofrezca bases para repensar criterios de utilidad social, y con ello proponer el replanteamiento de las políticas públicas que enfrentan a la delincuencia organizada, exige revisar experiencias anteriores para profundizar en los aciertos y evitar los errores. Para ello la política criminal debería estar en un proceso de renovación y retroalimentación constante, porque la criminalidad se acomoda rápidamente a nuevos recursos técnicos y a restricciones sobrevenidas. Todo esto conlleva a la observación y al análisis de condiciones estructurales de naturaleza económica y sociopolítica, que pocas veces son relacionadas manera analítica para tratar con este problema, aun siendo ellas quienes le dan vida en muchas partes del mundo.

La delincuencia organizada amerita ser puesta en contexto dentro de los territorios en los cuales opera y causa perjuicios de todo tipo. Esta localización exacta del significado de su presencia y operación, frente a su entorno de funcionamiento, conlleva a analizar relaciones de agencia-estructura que dan cuenta de una naturaleza interactiva, que salvo en algunos estudios seguritarios muy actualizados, no es frecuente encontrar. Gustavo Duncan (2014) afirma que se pretende responderle como una experiencia delictiva más compleja y sofisticada de lo normal, que opera para obtener beneficios a partir de actividades ilícitas, y se evita o se desconoce que a partir de cierto de nivel de confrontación con la institucionalidad del Estado y la sociedad, la delincuencia organizada tiene la capacidad de situarse como productor, acumulador y usufructuario de poder. Este poder corre paralelamente al ejercicio legítimo que de él hace cotidianamente el Estado. Esta afirmación puede ser considerada como una idea importante que hace tránsito a lo largo del trabajo para brindar explicaciones acerca de los rasgos más notorios que caracterizan a la delincuencia organizada.

El recorrido actual por la tendencia a la diversificación de actividades ilícitas vinculadas estratégicamente para intercambiar valor agregado según los lugares de operación y el tipo de actividad ilegal, es un asunto que ya empieza a ser estudiado en profundidad. Corresponde a lo que se menciona como “redes ilícitas transnacionales”, y denota un cambio sustancial de los paradigmas más comunes de organización, funcionamiento e interacción de los grupos delictivos. Este elemento también exige cambios drásticos en los modelos de respuesta, tanto doméstica como internacional, porque las acciones encaminadas a la desactivación de sectores deben ser jerarquizadas según la importancia de los puntos de conectividad más relevantes.

Este trabajo va más allá de recoger definiciones y experiencias. Su objetivo procura identificar la esencia o el ontos económico y político, que determina con precisión material qué cosa es “delincuencia organizada”, en su alcance tanto local como transnacional. Como parte de ese propósito, algunos conceptos de la teoría económica son analizados al inicio de la exposición para entender el comportamiento del mercado de lo ilícito, y explicar las condiciones que le permiten formar estructuras para operar los negocios, competir y mantenerse. También es revisada la mezcla poco conectada de conceptos y términos usados en forma profana para discurrir acerca de la delincuencia organizada, la sofisticación del delito, su dependencia de la división de las tareas delictivas, y finalmente la presunta convergencia a nivel transnacional de las redes delincuenciales.

La conclusión del estudio apunta a consideraciones relacionadas con perspectivas de política-criminal que muchas veces han sido excluidas en el proceso de toma de decisiones con respecto a la delincuencia organizada. Su final recoge corolarios basados en los argumentos económicos, políticos y sociológicos que son examinados para brindar comprensión con respecto al avance de esta compleja y problemática categoría delictiva.

La propuesta que se resume en el presente artículo reúne elementos conclusivos que quizás no son de uso frecuente. Se pretende con ello que los actores políticos dispongan de bases mucho más sensatas para fundamentar criterios de toma de decisiones desde sus posiciones de poder. Sin embargo se hace necesario escudriñar la realidad, para localizar las condiciones materiales que se conjugan y le permiten a la delincuencia organizada revelarse como problema social.

El lector no encontrará en este estudio recetas definitivas bajo el formato característico de la política criminal, porque ella está destinada a proyectarse “sobre el campo macrosociológico con miras a reformas de tipo social e institucional integral” (Sepúlveda, 1988, p.95) y esto le exige abordajes alternativos al problema. Las múltiples posibilidades político-criminales deben procurar conexión con la superación de las condiciones políticas, sociales y económicas que subyacen, y encontrar condiciones determinantes que faciliten el manejo del problema delictivo y sus consecuencias (De Sola Dueñas, 1983).

La Economía Política De La Delincuencia Organizada

La delincuencia organizada ha generado abundantes análisis que se orientan en función de dos vertientes principales: una que tiene que ver con la repercusión jurídico-penal que conlleva a la consolidación del emprendimiento delictivo para explotar tráficos ilícitos, y la otra que se relaciona con sus implicaciones políticas y socioeconómicas derivadas de la violencia y la corrupción desmedida que se despliega. Esta bifurcación también causa debate porque cada tendencia trata de promover el desplazamiento del objeto de estudio a sus propios campos de interés.

En este caso se apelará a argumentos basados en teoría económica, y ella a menudo fija su atención en el análisis de los factores de producción para proveer explicaciones con respecto la maximización del beneficio o renta. Aunque la mayoría de los economistas resumen tales factores en la síntesis de “capital” y “trabajo” para producir “ganancia”, ahora aparece en la investigación de los negocios ilícitos una variación dentro de esta ecuación según la cual la gestión del valor-trabajo termina soslayada por la del valor-riesgo.

La relevancia del valor-riesgo

La prohibición trae consigo la posibilidad de confiscación y persecución judicial, y también la posibilidad de ataques desleales entre competidores, además de alteraciones causadas por la presión de la demanda. Esto conlleva una elevada exigencia en la gestión del riesgo, con respecto a la logística de las mercancías ilícitas comercializadas a través canales subrepticios. Entonces el manejo de las amenazas y vulnerabilidades inherentes al negocio se convierte en un factor esencial para la producción que debe ser muy bien administrado. La incertidumbre y el velo derivados de la ilegalidad, le agregan al emprendimiento ilícito un costo considerable que lo afecta negativamente en cuanto a la maximización de la renta y a la preservación del capital.

Al igual que el empresario formal gestiona el impacto económico del trabajo humano incorporado a un conjunto de insumos y activos para agregarles valor y convertirlos en bienes o servicios, los operadores de tráficos ilícitos deben administrar el impacto del riesgo que asumen al comerciar a gran escala con sus mercancías. La renta del negocio ilícito suele ser siempre muy alta, por lo tanto la administración valor del trabajo incorporado deja de ser una preocupación permanente para quienes dirigen el emprendimiento.

Este revés microeconómico ha llevado a teorizar que el rasgo común de los emprendimientos ilícitos a gran escala -incluido el narcotráfico- no está en reducir los costos de producción en cuanto a trabajo y mano de obra, sino en asegurar protección frente a los peligros derivados de la prohibición (Duncan, 2014; Umbría, 2016). A partir de esto, la importancia de la gestión del valor-trabajo se hace casi invisible dentro de la ecuación que le da sentido a la combinación de los factores de producción para la obtención de ganancias.

Los hallazgos presentados por Diego Gambetta (2007) como resultado de su investigación sobre la aparición y desarrollo de organizaciones mafiosas del Sur de Italia a finales del siglo 19, hicieron concluir que ello fue una respuesta a la generalizada y acentuada falta de confianza comercial entre coterráneos, y a la ineficacia del Estado para cumplir con sus funciones dirimentes básicas. Aunque el término “mafia” ha sido utilizado para denominar a todas aquellas estructuras que administraban influencias capaces de favorecer objetivos criminales, lo que el autor puso en evidencia fue que el estímulo específico a estos grupos en Sicilia, radicó en la necesidad de protección ante la desconfianza y la incertidumbre que afectaba a los asuntos comerciales y personales de los habitantes de esas regiones.

De modo que si un emprendimiento -fuera lícito, o ilícito- necesitaba protección para mitigar los riesgos del negocio, se podía recurrir a la mafia como proveedor de seguridad. Este tipo de asistencia se ha mantenido en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad dentro de la cual se ha movido en forma constante. Al adquirir servicios de protección, el cliente debía estar seguro de que su proveedor sí estaba en condiciones defenderlo, y para esto el suplidor debía haber demostrado en público la eficacia de su poder y su capacidad de ejercer presión cuando ésta fuera requerida (Camacho Guizado, 2010).

En la perspectiva de análisis contenida en la obra titulada “La Mafia Siciliana”, Diego Gambetta (2007) se fundamentó en la demanda de confianza social y comercial, y en la oferta de la protección como mercancía, pero también dejó claro que la forma como esta actividad se desarrolló acabó por elevar los costos del intercambio social y por aumentar la desconfianza general, sobre todo entre quienes hacían tráficos ilícitos, y que por ello no podían recurrir a los medios institucionalizados por la sociedad para resolver sus conflictos. Por eso el autor afirmó “la mafia refuerza la desconfianza también indirectamente, fomentando la delincuencia” (Gambetta, 2007, p.13).

La informalidad institucional representada en el crimen organizado

En este punto se debe hacer una distinción importante entre el análisis de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico comercial de mercancías ilícitas, y el de las que se dedican a ofrecer y brindar la protección como una mercancía (Camacho Guizado, 2010).

A pesar de que las descripciones y explicaciones de Diego Gambetta (2007) han sido referencias insoslayables para conocer las reglas de juego que prevalecen en el control de la anarquía propia del mundo delictivo, en lugares donde el Estado no participa en el mantenimiento de la confianza en las relaciones sociales, se mantiene el debate sobre los verdaderos alcances de las mafias del Sur de Italia. Gustavo Duncan (2014) al referirse a los despliegues de violencia típicos entre grupos de narcotraficantes, afirmó que “todo el asunto de la protección no puede reducirse a la neutralización de las amenazas directas que se ciernen sobre unos criminales” (p. 95). Esto hace inferir que a esta actividad delictiva también se le atribuye como objetivos, la capacidad de influir en las acciones de gobierno que le puedan afectar, y la acumulación de renta como resultado de tal servicio.

Duncan (2014) citó a Ciro Krauthausen refiriéndose a los operadores de la mafia como “expertos en acumulación y uso de poder” (p. 96), porque éste es un activo fundamental para la prestación del servicio de coerción privada mediante el uso de la violencia con el fin de imponer intereses. El argumento parece tener mucho sentido cuando se le hace contrastar con la realidad mostrada por la evolución de grupos de autodefensa, porque al inicio declararon como misión brindar protección privada a cambio de remuneración, y terminaron convirtiéndose en bandas de delincuentes que obtendrían gran lucro por asumir funciones de protección a personas que se encuentran bajo amenaza de terceros, aunque muchos de los acuerdos de servicio se lograron mediante chantajes creados con gran habilidad por ellos mismos.

El caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es emblemático con respecto a la peligrosidad que comprende este tipo de iniciativas, en un espacio geográfico donde las economías ilícitas producen cuantiosos ingresos por tráficos de mercancías afectadas por la prohibición penal. La incertidumbre representada por la previa actuación delictiva de los grupos guerrilleros comunistas (M-19, FARC, ELN) impulsó la creación de los grupos de autodefensa, pero la falta de definición formal de sus políticas de actuación y el afán de lucro los llevaron a convertirse en un problema igual o peor que el que se trataba de resolver, debido a la generalización de sus prácticas extorsivas.

Un problema parecido al de Colombia se encuentra en desarrollo en algunas regiones de México, donde el tráfico de drogas ha ganado mucho terreno frente al Estado, tanto como para competir con él y para administrar una justicia paralela que se rige de manera autónoma por sus propias orientaciones e intereses corporativos y económicos, y que ha contribuido a la formación de grandes espacios de exclusión social y económica que terminan siendo generadores de mayor violencia.

En este caso las observaciones propias que ha presentado Gustavo Duncan (2014), y las que citó de Ciro Krauthausen, se ponen en evidencia en cuanto a los vínculos que generaron con el estamento político tradicional, y en cuanto a las enormes fortunas que fueron acumulando a partir de la extorsión y el tráfico de drogas.

En los casos mencionados y muchos otros similares, las tesis que le atribuyen explicación económica al problema encuentran referencias empíricas poco utilizadas para la creación de los planes de acciones establecidos con el fin de controlarlo.

La capitalización y el uso del poder

La dialéctica formada a partir de la procuración de renta frente a la gestión del riesgo, exige el acopio de poder para enfrentar a las amenazas que de manera permanente le afectan. La capacidad de ataque y defensa acumulada frente a otros competidores, y la capacidad de corromper a los funcionarios del Estado con el fin de inhibir sus actuaciones legítimas, o también para instrumentalizarlos en contra de sus adversarios, están cifradas en la acumulación y disposición de poder.

Por tal razón Gustavo Duncan (2014) afirma que la delincuencia organizada “además explotar comercialmente una economía ilícita es en esencia una empresa productora de poder” (p.39), el cual distribuye de modo alternativo mediante el uso de “condignidades” que se expresan por medio de la coerción para orientar la imposición de preferencias, por ejemplo, a través de la violencia física directa, y las “compensaciones” que se manifiestan en atribuciones afirmativas, por ejemplo mediante sobornos; “en lenguaje menos abstracto, el poder condigno obtiene la sumisión mediante la promesa o la realidad del castigo; el poder compensatorio obtiene la sumisión mediante la promesa o la realidad del beneficio” (Galbraith, 2013).

El uso intercalado de condignidades (castigos) y compensaciones (incentivos) es un rasgo característico en la operación de las economías ilícitas y de las estructuras delictivas que se desarrollan a partir de ellas, en cambio en las economías lícitas estas dos modalidades aparecen cada vez más distantes e independientes, aunque de ninguna manera terminen excluyéndose de modo absoluto entre ellas.

Mientras que el poder acumulado a través del uso de condignidades y compensaciones por parte de la delincuencia organizada tiene mayor efecto externo, a lo interno, esta alternabilidad requiere el uso de condicionantes discursivos para legitimar y reproducir sus motivos de asociación y operación a partir de un sistema de creencias y valores. Esto se refiere al conjunto de creencias personales que cada individuo lleva consigo, y que le dan base de legitimidad a la autoridad del líder en cuanto al uso del poder que detenta.

En la actualidad es frecuente encontrar algunas perspectivas políticas interesantes en los debates sobre la delincuencia organizada, y más aun sobre el narcotráfico. Los aportes mencionados que parten de las investigaciones de Gustavo Duncan (2014) son ejemplo de esto, pero también existen puntos de vista más extremos. Aunque con cuestiones conceptuales previas por resolver con respecto a la diferenciación entre narcotráfico y delincuencia organizada, Norberto Emmerich (2015) dibuja la problemática política afirmando que “para comprender al narcotráfico hay que estudiar al Estado” (p.19).

La cuestión conceptual previa que se menciona está referida a la postura que este autor plantea cuando usa el término “narcotráfico” como vocablo genérico para agrupar todas las formaciones de delincuencia organizada. Luego de salvar ese obstáculo, se puede revisar un inventario de rasgos sorprendentes que muestran por qué no es seguro confiar en la debilidad institucional cómo condicionante esencial del problema. Casos como México y Colombia introducen la contradicción, y en ambos la institucionalidad política ha sido rígida y añeja, pero por igual han desarrollado grupos criminales tan poderosos que han llegado a enfrentarse con el Estado.

La tesis de Norberto Emmerich (2015) responde a una presunta réplica de las reglas de juego político que los actores sociales emplean como recurso para reducir incertidumbre en sus relaciones económicas, pero también se trata de una dialéctica institucional basada en el discurso que subyace entre legalidad e ilegalidad. Esto se hace visible cuando las formaciones delictivas bien estructuradas llevan sus niveles de acopio de poder a tal punto que logran fácilmente asegurarse la impunidad. Los rasgos que el autor señala para argumentar la imitación de las reglas institucionales de naturaleza política que le permite a la delincuencia organizada establecerse a la sombra del Estado, son: “1) la capacidad coactiva, 2) la tendencia monopólica, 3) la territorialidad, y 4) la tendencia a estabilizarse” (Emmerich, 2015, p.20).

Este conjunto de características son comunes para el ejercicio del poder por parte del Estado, y para el establecimiento de delincuencia organizada a gran escala. Antes se afirmó que el uso del poder alternado entre condignidades y compensaciones, le confiere a la delincuencia organizada la capacidad de imponer preferencias alineadas con sus intereses, pero su uso privilegiado no admite competidores porque es monopólico y sólo podría aceptar el establecimiento de alianzas. La delincuencia organizada procura radicarse en territorios para ganar y consolidar espacios de influencia que no se comparten con otros. De modo que al evidenciar de manera empírica la similitud en cuanto las formas de actuación tanto del Estado como de la delincuencia organizada, las observaciones de Norberto Emmerich (2015) pueden ser consideradas como recurso válido y útil para entender el fenómeno.

En síntesis, se puede afirmar que más allá de los argumentos morales y jurídicos, la delincuencia organizada es una clara respuesta a incentivos económicos cuantiosos, y a la capitalización del poder para crear barreras protectivas frente a los riesgos asumidos en los tráficos ilícitos. Pero la política criminal debe encontrar en la teoría económica y en los conceptos más básicos de la economía política, un conjunto de fundamentos para la formulación de estrategias que le den un control eficaz sobre los elevados estímulos económicos presentes en los mercados ilícitos.

¿Organización criminal, o crimen organizado? ¿se puede definir por antonomasia?

En el estudio de este tema, a menudo se cruza el uso imprudente y arbitrario de ciertos términos que parecen ser sinónimos. Sin embargo encontrar el empleo apropiado a cada uno de ellos implica vincularlos desde una perspectiva ontológica a los fenómenos que pretenden definir. De un tema tan mediático como éste, no podría esperarse menos que una confusión generalizada en la utilización de vocablos tales como “delincuencia organizada”, “mafia”, “redes ilícitas” y “narcotráfico”, y el desconcierto se torna peor aun si a ellos se adiciona la expresión “crimen transnacional” (Andreas, 2005).

Así como en la sección anterior se ha discurrido acerca del sustrato económico de la delincuencia organizada y sus similitudes con los emprendimientos lícitos, en esta parte se abre un paréntesis para analizar la relevancia discursiva del uso de términos en la comunicación de los conceptos que se manejan con respecto a la delincuencia organizada transnacional como objeto de estudio, y más aun como objetivo de la política criminal.

Esto significa que la “convergencia cognitiva” de la cual habló Ernst B. Haas (1980) para explicar la motivación cooperativa promovida por medio de la inserción de ciertas palabras, sí tiene importancia, porque dota de significados políticamente convenientes a la gestión del problema seguritario para encauzar la percepción colectiva del riesgo y la necesidad de conocer cómo responder a ellas en forma asociativa.

Por tal razón, se ha tratado de vincular a las explicaciones surgidas de la economía política con la semántica instrumentalizada en el discurso seguritario de los Estados, para entender mejor las estructuras delictivas mencionadas como “crimen transnacional”. Este asunto obliga a revisar las bases cognitivas que convierten a un valor de la sociedad en un bien susceptible de ser tutelado por el derecho, hasta el punto de dar origen a un tipo delictivo de lesividad inconsistente.

Tratar de argumentar en modo crítico el uso adecuado que debe darse a las palabras representa un desafío interesante, porque encarna el cuestionamiento a una buena parte de la semántica tradicional, muchas veces utilizada con poca cautela en el ambiente académico. Es factible distinguir dos acepciones que corren paralelos al mencionar al “crimen organizado”. Primero, para referirse a una actividad ilícita sofisticada y especializada, y segundo, para referirse a las asociaciones conformadas para lucrarse de manera estructurada a partir de negocios ilícitos (Levi, 2005). Para encauzar dentro de la lógica a estos significados dispersos, se propone acudir al análisis del origen y de la función que cumple cada definición entre las varias que se emplean en los estudios sobre el tema.

El problema de significados que puede originarse con el intercambio poco cuidadoso de las palabras, quizás no cause mayores perjuicios en el ámbito de la justicia penal, siempre y cuando la adecuación típica de las conductas se haga en forma correcta y quede ajustada al problema delictivo. En cambio, en el campo de la política criminal esta confusión sí conduce a respuestas desorientadas, porque ella se proyecta a través de un alto contenido discursivo basado en convergencias cognitivas de alcance regional y mundial que han conducido hacia su segurización. Del mismo modo, el trabajo policial podría encaminarse a través de equivocaciones por la falta de comprensión profunda del problema.

La “segurización” se refiere al resultado de un proceso discursivo que induce las percepciones colectivas necesarias para convertir problemas de gestión gubernamental ordinaria, en problemas de alta política con carácter de amenazas al funcionamiento del Estado. Cisco Marcano y Chacón Maldonado (2004) se refieren a este concepto, que surge en principio del análisis hecho por Buzan, Wæver y De Wilde (1998) para tratar los asuntos seguritarios del Estado desde una perspectiva intersubjetiva, y luego incluyen dentro de los estudios estratégicos a los asuntos económicos, sociales y ambientales, además de las probables dificultades políticas y militares que ya aparecían incluidas en tales agendas.

La utilización peyorativa de la palabra “mafia”

El análisis de los términos se inicia con el vocablo “mafia”, al cual el diccionario de la Real Academia Española (RAE) le atribuye cualidad de “uso despectivo”, para mencionar a un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Esta acepción aporta una descripción material tan breve y sucinta como acertada, además muestra coincidencia con la observación de Ciro Krauthausen con respecto a “la instrumentalización de la violencia y la corrupción para imponer intereses” (Duncan, 2014, p.96). En comparación con la definición contenida en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional celebrada en Palermo durante 2004, la presentada por la RAE resume la esencialidad del fenómeno, y se acerca mucho más a lo que se ha mencionado como el ontos de la delincuencia organizada.

Tal vez el vocablo “mafia” es el que ha tenido el manejo más prosaico y extendido de todos los que forman parte del conjunto analizado. A pesar de que Gambetta (2007) incluyó un apéndice en su obra para presentar un inventario etimológico del término, en tal conjunto sólo unas pocas acepciones se acercan al significado actual. La acepción original fue una derivación del dialecto siciliano, que a la vez aparecía vinculada a algunos vocablos árabes, y utilizaba las palabras “mafiusu” y “marfusu” para señalar a un sujeto “arrogante, pendenciero, pero también atrevido, valiente, intrépido, práctico, guapo” (Gambetta, 2007, p.420).

El elemento identitario y el arraigo territorial también está muy presente al referirse a las mafias. Por ejemplo, las relaciones encontradas en comunidades de intereses identificadas con un origen nacional, o étnico, han producido etiquetamientos en las organizaciones delictivas localizadas. Ellas además funcionan como “sindicatos” o “fraternidades”, donde se comparte solidaridad con respecto a intereses colectivos a partir de al menos un rasgo identitario, y cuando se trata de negocios ilícitos estos intereses se orientan a protegerse de la anarquía y la incertidumbre. La aparición de la mafia en Sicilia durante el siglo XIX, contiene curiosos elementos de lucha social identitaria transformados en esquemas de violencia implacable localizada en ambientes rurales (Hobsbawn, 2001; Re, 2016).

Es frecuente el uso de estigmas adjetivizados a través de gentilicios, y de allí provienen las menciones de “mafia siciliana”, “mafia rusa”, “mafia china”, entre otras. Esta identificación no siempre indica que los grupos están operando en sus territorios originarios, sino que están constituidos y dirigidos por personas que provienen de regiones comunes y por tal razón comparten rasgos identitarios nacionales. El arraigo cultural es una característica muy especial de las organizaciones mafiosas, porque aunque interactúen con agentes de orígenes distintos son bastante endogámicas. Esto les resta proyección y alcance, y les distingue de las redes ilícitas transnacionales, en las cuales sí se hacen incorporaciones exogámicas para acrecentar el alcance de sus plataformas delictivas.

El rol prototípico del narcotráfico

El término “narcotráfico” en cambio, queda como el más explícito y claro entre los vocablos agrupados, al menos en cuanto a significado etimológico. A pesar de esto, tanto la tendencia a identificarlo con el “crimen organizado”, como la de considerarlo algo esencialmente distinto a él, causa problemas de alcance material en la formulación de la política criminal.

El narcotráfico pone en evidencia una esencia corporativa constituida para explotar el negocio ilegal del tráfico de drogas. No obstante la necesidad de protección para mitigar sus riesgos y el modo como ésta es provista, introduce al análisis de este fenómeno en una zona gris dentro de la cual es difícil zanjar distinciones. Estas diferencias se refieren a las opciones de auto-proveerse la fuerza de protección, o de contratar asociaciones encargadas de brindarla en forma exclusiva, y además tramitar algún tipo de influencia sobre los actores políticos del Estado.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de separación e identificación de las categorías, no se puede negar que el narcotráfico es y sigue siendo, un excelente laboratorio para observar los rasgos generales de la delincuencia organizada, y para encontrar evidencias empíricas comprobatorias de las hipótesis que explican muchos de los efectos políticos, sociales, económicos y culturales que se muestran en toda América, y que deben ser convertidos en objetivos de política criminal.

Crimen organizado, politráficos y redes ilícitas transnacionales.

El término “crimen organizado” tiene el uso más extendido y lego entre todos los vocablos referidos en este trabajo. Éste ha resultado de la interpretación literal del término en idioma inglés “organized crime”, el cual podría quedar traducido con mayor exactitud como “delincuencia organizada”.

Hasta ahora predomina la mención del crimen organizado como una asociación de personas que se involucran en emprendimientos delictivos muy sofisticados, para lo cual se exige una logística compleja que requiere de enrevesadas fachadas legales; aunque como ya se dijo antes, también se le utilice para categorizar a tal tipo de emprendimientos como manifestaciones delictivas. Además se le emplea para denominar a organizaciones que han desarrollado suficiente capacidad como para influir en las decisiones políticas y judiciales relacionadas con complicadas actividades que acarrean grandes ganancias económicas.

Al igual que sucede con las mafias, en ocasiones, la referencia del crimen organizado lleva a pensar en grupos localizados con sujeción a un territorio, en tanto que la mención de “redes ilícitas” se refiere a la tendencia actual de la delincuencia organizada que recurre a tecnologías de información y comunicación y a sofisticados recursos logísticos, para operar negocios ilícitos sin localización única en el espacio territorial de un solo Estado. Los especialistas en el tema han determinado este último término, para mencionar al conjunto de conexiones constituidas como plataformas delictivas transnacionales dispuestas a facilitar y proteger cualquier tipo de movimiento logístico ilícito que transite entre regiones y continentes.

Estos despliegues funcionales, que en principio aparecieron para gestionar las operaciones y los riesgos del narcotráfico, ahora son capaces de apoyar y proteger la logística de cualquier tipo de tráfico ilícito que así lo requiera (Williams, 2005). Las redes ilícitas finalmente se han convertido en soporte de “politráficos” (Labrousse, 2011).

Aunque mucho de este trabajo se oculta aprovechando la virtualidad y la ubicuidad que facilita el uso de internet, una buena parte de él es trabajo físico segmentado y repartido entre varios países, y utiliza estructuras de apoyo capaces de gestionar arreglos basados en corrupción y violencia. Esta articulación transnacional es evidencia empírica de las nuevas tendencias en cuanto a distribución y coordinación de las tareas delictivas que será explicado más adelante.

Ejemplo de lo anterior han sido las alianzas estratégicas establecidas entre los carteles colombianos y mexicanos para facilitar el transporte de drogas hacia territorio estadounidense, y también otros tráficos menores como el de personas, combustibles, armas, minerales raros, metales preciosos y gemas valiosas, entre otras cosas, pero que de igual forma generan ingresos adicionales importantes mediante la optimización del uso de tales recursos que al inicio fueron establecidos para el narcotráfico.

De allí nace la expresión “crimen organizado transnacional”, como categoría que involucra operaciones ilícitas de difícil localización territorial dentro de un solo Estado, y además de complejidad organizativa sorprendente. Michael Levi (2005) propone una explicación bastante útil para aclarar la ambigüedad del término, cuando indica que para demostrar la existencia de una estructura delictiva transnacional, se requiere que una asociación de mayor o menor complejidad surja en un contexto que facilite oportunidades criminales, y a partir de allí puede ser considerada como una formación de delincuencia organizada.

Esta variedad de términos, su utilización imprudente y las confusiones semánticas, han estructurado en mayor o menor medida, una sinécdoque obstaculizadora de la formulación de políticas eficaces para el tratamiento del problema, porque le atribuyen una denominación al objeto de estudio que pertenece a sus características. Por tal razón, no falta la antonomasia que intenta satisfacer la búsqueda de recursos retóricos para promover reacción social sobre una realidad en particular, pero no se detiene a observar en detalle la presencia y desarrollo de tal problema para intervenir en sus causas y no en sus consecuencias.

La Sofisticación Política De La Delincuencia Organizada Y La División Social Del Trabajo Criminal

Al discurrir puntualmente con respecto al uso de ciertos términos, en los argumentos que sirven de base al régimen global de prohibición promotor de persecución penal en contra de las estructuras internacionales de delincuencia organizada, se puede afirmar que la formalidad de las expresiones lingüísticas y los significados relacionados, sí son parte del parte del problema porque definen márgenes de operación permitidos a los emprendimientos económicos. No obstante, es preciso profundizar algo más sobre los aspectos evolutivos del fenómeno que lo vinculan a elementos histórico-económicos estudiados por Émile Durkheim.

Aunque ya se explicó acerca de la variación que existe en la relevancia del valor del trabajo frente al valor que representa la gestión de riesgo, dentro de la ecuación que explica el origen de la renta, esto no significa que el trabajo no sea importante dentro de los negocios ilícitos. En contrario, la alta especialización en la división del trabajo criminal es un asunto que debe ser examinado con cuidado porque produce una prospectiva interesante acerca de la tendencia evolutiva del fenómeno que se anticipa para los próximos años.

La evolución de la delincuencia organizada.

La investigación histórica acerca de muchas de las formas de comercialización de lo ilícito demuestra que casi siempre se inician operando en zonas rurales en los cuales se localizan los centros de producción de los “precursores criminales nativos”, o materias primas que se requieren para consolidar la oferta de algún producto o servicio ilegal (Levi, 2005).

El entorno social agreste es ideal para encuadrar objetivos empresariales delictivos en la fase inicial, mientras que el ambiente urbano es el más idóneo para dirigir la expansión internacional de los negocios en fases posteriores de crecimiento, consolidación y desarrollo de los planes de acción para el ocultamiento y la legitimación de las rentas. Las observaciones de Émile Durkheim (1883/1967) en su obra “De la División del Trabajo Social” se mantienen vigentes frente al análisis de cómo se distribuye estructural y geográficamente la operación delictiva organizada a gran escala.

En este sentido, la organización comunitaria en conglomerados rurales muestra elevada cohesión social e integración en la realización de las tareas cotidianas relacionadas con la producción económica. El conocimiento tecnológico es tan general como amplio y compartido, de modo que cualquier miembro integrante de sociedades arcaicas puede conocer todas las tareas y los métodos de trabajo que se necesitan para producir, y esto le permite cumplir casi todas las funciones que se requieren en una actividad económica cualquiera, sin acercarse al manejo de problemas productivos complejos.

En cambio en los conglomerados urbanos, la cohesión social es baja porque las ocupaciones están individualizadas y especializadas, pero la interdependencia económica entre los individuos es mayor y su conflictividad también lo es. Esto representa el paso de lo arcaico a lo moderno en la vida social, lo cual se caracteriza por un conocimiento estrecho y a la vez profundo, de las tareas a realizar.

Los diferentes niveles de sofisticación y especialización que advirtió Durkheim acerca del trabajo en la sociedad, están cada vez más evidenciados en las formaciones delictivas organizadas con alcance internacional, y esto tiene un claro impacto tanto en la articulación de las tareas criminales como en su visibilización. En la actualidad puede apreciarse cómo esta variable ya determina mucho de la complementariedad de las tareas ilícitas y de las estructuras de operación, pero también acarrea mucha dificultad para su persecución y judicialización.

Al analizar en forma integral al narcotráfico en Colombia, Gustavo Duncan (2013) advierte la variedad de apremios que sus operadores deben resolver, dependiendo de si sus funciones se cumplen en el campo, o si se realizan en la ciudad. Con respecto a esto, y aunque el autor se concentra en presentar sus observaciones sobre el tráfico de drogas en Colombia, los grados de división del trabajo siempre quedan determinados por lo que corresponda gestionar, si es la mercancía ilícita, o si es el movimiento financiero que de ella se deriva. En ambos casos puede haber distintos niveles de especialización.

Al abstraer estas políticas de gestión para cualquier estructura económica ilícita en general, se observa la presencia de criterios bastante uniformes. No obstante, es necesario resaltar la circunstancia de que hoy en día es posible aprovechar al máximo la división del trabajo criminal, gestionando el riesgo a través de la intervención de múltiples actores y a través de la fragmentación de algunas fases del proceso productivo. Esto además de complejizar la detección de las operaciones, la identificación de las personas comprometidas, y la criminalización de conductas, permite variabilizar costos y optimizar el uso del capital.

Esto representa un gran avance en las formas de gestión. Partiendo de la observación de Gustavo Duncan (2013) en cuanto a que la división y especialización del trabajo se identifica con la fase del negocio y el entorno en el cual ella se ejecuta, la prospectiva de evolución advierte que aun en los escenarios agrestes de la producción la cadena de producción tiende a diversificarse cada vez más, y por consiguiente en la fase de gestión financiera este estilo también avanza hacia una mayor atomización y especialización.

Estructuras de funcionamiento y articulación del trabajo

No existe un estándar exacto ni un patrón definido que describa cómo tendría que ser la arquitectura de las estructuras delictivas organizadas con gran alcance. Esto le añade dificultad al asunto investigativo policial y complejiza los aspectos concursales de los delitos cometidos, además de promover enrevesadas consideraciones de política criminal que surgen al tratar de definir patrones de desarrollo estructural. Existen referencias acerca de discusiones teóricas que se han planteado en el pasado para interpretar la morfología de los grupos de delincuencia organizada, que aún conservan suficiente mérito científico.

Este debate acerca de la aparición y el crecimiento de grandes grupos de delincuencia organizada está referido a dos corrientes principales. Una es la interpretación estructural propuesta por Donald R. Cressey mediante el empleo del modelo burocrático de Max Weber (1925/2011), y la otra corresponde a Joseph Albini quien argumentó que tal desarrollo delictivo obedece a un paradigma patrimonial-clientelar (De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas, 2010, p.262). De modo que esta diatriba quedó enfocada en la mayor o menor concentración de poder presente para la toma de ciertas decisiones. Es probable que durante la evolución histórica de las distintas formaciones delictivas, se pueda encontrar evidencias empíricas que apuntalen a uno u otro argumento, y eso posibilita una permanente discusión.

En la práctica es difícil encontrar estructuras totalmente diferenciadas, como las que se muestran en las tipologías morfológicas que el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y la Delincuencia (UNODC) logró clasificar luego del estudio realizado a través de la observación de cuarenta bandas de delincuencia organizada que funcionan en dieciséis países (De la Corte Ibáñez y Giménez-Salinas, 2010; UNODC, 2002). Es necesario dejar claro que estos son sólo modelos que facilitan la interpretación de sus estructuras y funcionamiento, pero no son paradigmas rígidos.

Tanto el informe de la UNODC como el texto de Luis De la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas (2010) han resumido las tipologías en cinco categorías: las jerarquías clásicas, las jerarquías regionales, las jerarquías en racimos, la estructura en anillos y las redes criminales (ver Tabla 1). Ellas, como sistemas, presentan diversos rasgos de estructura y de agenciamiento de actividades y sub-actividades delictivas, pero cada una posee su propia identidad organizativa, por lo que no es posible confiar de manera definitiva en los modelos presentados en el documento producido por la UNODC, aunque ellas puedan representar un buen punto de partida para el análisis de la distribución de poder y responsabilidades.

Tabla 1 Tipologías Estructurales de la Delincuencia Organizada 

Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime (2002): Results on a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries.

La dialéctica que puede existir entre los modelos de Max Weber (burocrático) y de Joseph Albini (patrimonial-clientelar), encuentra expresión en las distintas morfologías que componen el cuadro de tipologías. El primero está caracterizado por la jerarquización y la toma centralizada de decisiones, y por los códigos de comportamiento y relacionamiento entre los miembros de la organización; mientras que el segundo se distingue por explicar vinculaciones en las cuales se intercambia la protección, o la asistencia, proveniente de un individuo más poderoso (patrón), por la lealtad y los servicios provenientes de otro con menos poder (cliente).

Quizás la variedad de modelos pueden ser incompatibles entre sí, pero también podrían complementarse a través de combinaciones muy variadas entre una y otra forma de interacción. El elemento común a ambas es la distribución del poder. La importancia de los actores no se percibe en función de jerarquías verticales, aunque en verdad esa estratificación sigue siendo importante en muchos casos para el ejercicio de la autoridad. En la actualidad, las estructuras muestran el verdadero posicionamiento de un determinado individuo a través de la cantidad de conexiones “nodales” que maneja, y no a través de la acumulación de autoridad. Estos rasgos de desconcentración de poder actúan positivamente con respecto a la rentabilidad económica y a la gestión de los riesgos, y representan un asunto clave para la permanencia, la resiliencia y el crecimiento de la red delictiva.

El argumento bajo el cual se analiza este tópico se fundamenta en el análisis estructural del fenómeno desde la perspectiva de la división social del trabajo criminal. Como se indicó antes, Duncan (2013) tomó como evidencia empírica la actuación del narcotráfico mexicano y colombiano, y de ellos separó dos variables que determinan comportamientos distintos: la mercancía y el capital. Garay Salamanca y Salcedo-Albarán (2012) en cambio, se enfocaron en la cooptación del poder y en su capacidad para reconfigurar instituciones políticas estatales.

Las teorías clásicas sobre la evolución de la economía y la sociedad facilitan algunas hipótesis que explican la evolución y la especialización que ha adquirido la delincuencia organizada en los últimos tiempos. Además de todo el andamiaje teórico presentado por Durkheim, las afirmaciones de Max Weber como parte de su obra “Historia General de la Economía” (1924/2011) también exigieron escudriñar en la división del trabajo para explicar las transformaciones sociales a partir de la integración de variadas prestaciones de servicios en los procesos productivos. Esto está representado en la posibilidad de intercambio, o venta si es el caso, de servicios en localidades remotas a través de la tercerización de funciones, algo muy común en la articulación y la gestión de los emprendimientos económicos lícitos.

La tesis de la máxima articulación de tareas relacionadas con la delincuencia organizada está basada en la posibilidad de distribuir, y a la vez consolidar técnicamente, las prestaciones que en conjunto ensamblan estructuras de oportunidad delictiva eficaces a partir de la “división y/o integración del trabajo” (Weber, 1924/2011, p.31). Esto le da sentido y pertinencia a la compartimentación de tareas en las organizaciones criminales de la actualidad, además de ser un excelente medio utilizado para dispersar la atención de la audiencia externa porque no sería posible tipificar como delitos a muchos de los trabajos delictivos.

Como se refirió antes, esta disposición tan dividida, y a la vez interconectada, dificulta también la resolución de los problemas penales concursales al momento de la judicialización porque exige demostrar la intencionalidad subyacente en la voluntad de vinculación, un verdadero desafío para la política criminal.

La Hipótesis De Convergencia Entre Las Redes Ilícitas

Luego de observar la tendencia a la división/integración del trabajo delictivo, surgen nuevas interpretaciones derivadas de la ampliación de los objetivos estratégicos de las organizaciones delictivas. Por tradición el terrorismo y la delincuencia organizada habían sido objeto de manejos discursivos distintos, el primero en el ámbito político y el segundo en el ámbito jurídico-penal. La unificación de ambos en un solo discurso político aún es novedosa, y al mismo tiempo desafiante, porque supone que la alianza sobrevenida produce un intercambio de fortalezas que hace más difícil enfrentarlos, si es que operan juntos. Pero debido a la circunstancia mencionada con respecto a las distinciones discursivas, se considera necesario reinterpretar tal vinculación.

La lógica que fundamenta esta hipótesis de concurrencia delictiva tiene su base en la presunción de que al finalizar la Guerra Fría, el contexto de origen y desarrollo de muchos movimientos terroristas cambió porque la Unión Soviética desapareció en forma súbita, y con ella el apoyo logístico y financiero a los grupos subversivos izquierdistas. Al mismo tiempo, la desintegración del bloque comunista y la aparición de los nuevos Estados que nacieron de la fragmentación de algunos países de Europa Oriental, crearon un ambiente de escasa institucionalidad donde había muy pocas reglas para organizar las relaciones económicas, y donde los mercados negros aparecieron para llenar los vacíos.

Veinticinco años después de ocurrido el cambio político mundial, y de iniciada la metamorfosis vertiginosa del relacionamiento social marcado por la revolución tecnológica en las comunicaciones y transportes, tanto la delincuencia organizada como el terrorismo fundamentalista se han consolidado como problemas transnacionales porque sus redes no conocen fronteras entre naciones, y además porque han desarrollado una capacidad de interacción con los Estados que captura la atención a varias disciplinas de estudio, aparte de hacerlo con la ciencia jurídica.

En ocasiones se afirma que la convergencia del terrorismo con la delincuencia organizada es una grave circunstancia de dimensiones globales (De la Corte y Jiménez-Salinas, 2010; Shelley, 1995), y en otras se le atribuye a este contubernio un serio impacto sobre el ejercicio democrático del poder político y sobre el desarrollo económico de las naciones (Shelley, 1995; Felab-Brown, 2013).

Pero son pocas las explicaciones que se han presentado acerca de la formación de tal concurrencia delictiva, y casi todas detallan la relación presentando evidencias irrefutables basadas en el hecho de que los más importantes suministros que requieren los movimientos insurgentes y/o terroristas provienen de mecanismos de tráfico ilegal: armas, jóvenes combatientes y dinero. Estas consideraciones se complejizan con cada tipo de conflicto porque generan relaciones económicas en las cuales casi siempre los delincuentes aparecen como proveedores, haciéndose usufructuarios de mercados bélicos irregulares.

Cuando se examina con exactitud qué es lo que motiva estas conexiones, no es muy complicado entender que todo conflicto, sea convencional o sea asimétrico, es costoso. En consecuencia, la necesidad de obtener recursos financieros es fundamental, y esto en muchos casos ha determinado el desenlace final de los conflictos armados. Las diversas variaciones de los enfrentamientos en los cuales la violencia terrorista es utilizada, determina la magnitud de los presupuestos para el funcionamiento de las estructuras de combate. En Colombia, las FARC y el ELN encontraron en el tráfico de drogas una fuente de ingresos más copiosa que los recursos recibidos de los países del bloque soviético durante las décadas anteriores, a tal punto que les pervirtió de modo absoluto sus bases éticas.

Al-Qaeda demostró en sus últimas actuaciones que la reducción de costos es fundamental desde el punto de vista estratégico, para el ocultamiento de sus operaciones. En cambio DAESH / ISIS mantuvo su logística de combate territorializada gracias a una pujante economía de guerra, lo cual demuestra que la dependencia financiera sigue siendo importante. Esta es la condición que genera la hipótesis de la delincuencia transnacional como un posible aliado para la provisión de fondos a la subversión terrorista, luego la pregunta obligatoria es ¿qué le entrega el terrorismo a cambio?

En contrapartida, en la mayoría de los casos, el know-how terrorista es capitalizado informalmente por los grupos de delincuencia organizada, como una transferencia tecnológica para el despliegue de violencia, y para generar la capacidad de protección y aseguramiento operativo, que como se mencionó antes, es fundamental en la gestión del negocio ilícito. Este intercambio es lo que Phil Williams (2005) ha denominado “apropiación de medios” (p.25), que es posible evidenciar mediante estudios casuísticos, pero que nunca se configura de una manera tan simétrica como sugieren algunos autores.

El término “narcoterrorismo” empezó a utilizarse en la década de los 90 cuando se detectó que durante la guerra de Los Balcanes los grupos criminales, no sólo se apropiaron de actividades terroristas y en forma simultánea los grupos terroristas se ajustaron a las actividades delictivas, sino que establecieron “la cooperación directa entre organizaciones delictivas y terroristas, una cooperación que pronto se consagró en el concepto de un nexo criminal terrorista” (Williams, 2015, p.25). También el desarrollo de acontecimientos conflictivos internos en Afganistán y en Colombia, revelaba que los típicos grupos de insurgentes se aliaban con los cultivadores de materia prima para la producción de drogas muy demandadas, como la goma de amapola y la hoja de coca, para financiar sus actividades bélicas.

Con respecto a esto último, al principio hubo mucho escepticismo para considerar que luchas tan inspiradas en lo ideológico pudieran torcerse a través de un negocio tan desacreditado, que además era la máxima y peor expresión del capitalismo de mercado negro. El acuñamiento del término “narcoterrorismo” se mediatizó muy pronto, y pasó a formar parte del discurso político imperante que permite legitimar las cruzadas internacionales de persecución penal en forma simultánea contra el narcotráfico y contra la insurgencia. Las conexiones entre ambos son innegables, pero lo que sí es totalmente discutible es la forma cómo se estructuran estas alianzas, y eso ha dado origen a muy interesantes discusiones académicas que aún no finalizan.

Economía ilícita, corrupción política y violencia.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho tanto en el ámbito nacional como internacional, para poner bajo control a la delincuencia organizada transnacional, la prospectiva de evolución hasta ahora no parece ser alentadora. La demanda de bienes y servicios proscritos a nivel internacional sigue creciendo, y en consecuencia el negocio de lo ilícito sigue a salvo de desaparecer porque ni siquiera se vislumbra la posibilidad de reducirlo.

Este estudio, ha sido elaborado partiendo de un conjunto de argumentos que proponen puentes entre una perspectiva proveniente de la economía política, y las dos tendencias tradicionales de respuesta gubernamental. Uno, el jurídico, que trata de resolver los problemas a través de procesos de criminalización, y el otro político, para procurar procesos de segurización de asuntos que son de orden policial, hasta convertirlos en problemas de seguridad de Estado. Los dos puntos de vista convergen en estrategias para atacar el problema por sus efectos y no por sus causas.

Los argumentos basados en la teoría económica, mencionados como gestión del valor-trabajo y del valor-riesgo en la creación de la renta, contienen elementos importantes que explican el surgimiento, desarrollo y permanencia de las economías subterráneas. Este rasgo distintivo, junto a los argumentos políticos que describen cómo se capitaliza el poder dentro del desarrollo de las redes ilícitas, apenas logran describir los escenarios reales del problema de la violencia criminal asociada a sus operaciones. La identificación de los patrones de comportamiento de las organizaciones delictivas en varios países del continente ha ayudado a construir los conceptos utilizados en este manuscrito, a partir de múltiples casos relacionados con violencia y corrupción.

Por tal razón, es necesario que los tomadores de decisiones políticas razonen analíticamente acerca de cómo obstruir el aprovechamiento del valor-riesgo, creando estrategias que reduzcan los altos incentivos generados por los tráficos comerciales ilícitos a partir de tal variable. La posibilidad de analizar el problema desde una perspectiva económica y sociopolítica, más que ética y jurídica, muestra su relevancia a primera vista a partir de evidencias empíricas que abundan en nuestro continente. Es probable que desde esta aproximación, se pueda habilitar una oportunidad para valorar la relevancia que los discursos de legitimación tienen con respecto a la reacción social de respuesta, ante una determinada manifestación delictiva, y por ende, con respecto a la formulación de la política criminal.

La retórica necesaria para convencer y estimular la reacción social supranacional contra la delincuencia organizada, ha llevado a construir planos cognitivos con gran capacidad para confundir, y ello ha producido un discurso superficial que apela a la antonomasia de los nombres para consolidar sus alusiones. Si bien es cierto que la adjudicación de un nombre no cambia la materialidad de un objeto, la equivocación en las categorizaciones puede dar lugar a graves errores en las formulaciones de política social y de política criminal que se establezcan para enfrentar el problema.

La forma como se promueve la interpretación de la realidad, influye de manera ineludible en las percepciones que los sectores sociales tienen con respecto a la delincuencia organizada y a los tráficos ilícitos. También impacta en las respuestas que se planifican y que se ponen en ejecución, por ello se infiere que la ausencia de una perspectiva analítica profunda, es una de las circunstancias que han hecho casi incontrolable a la expansión de este fenómeno.

El debate acerca de la presunta convergencia entre la delincuencia organizada y el terrorismo, es sólo uno de los horizontes que pueden orientar nuevos rumbos en la política criminal de respuesta a la delincuencia organizada. Otro recurso valioso es la observación, la identificación y el análisis de su vinculación con la corrupción de los funcionarios del Estado. Admitir que el poder es un activo dentro de los negocios de la delincuencia organizada puede sonar extraño y absurdo, pero es real, y se comprueba observando el funcionamiento de los grupos criminales y su interacción con sus iguales y con el Estado. La evidencia de eso está en el hecho de que cuando un líder acumula poder suficiente, sus negocios funcionan a la perfección, pero cuando pierde sus conexiones políticas, sobreviene la ruina económica casi de inmediato.

La consideración de la corrupción y la violencia como elementos esenciales relacionados para el funcionamiento de las redes ilícitas, ha recibido poca atención en las investigaciones sobre estos asuntos, porque ha predominado el análisis de los elementos por separado. A través de las evidencias obtenidas de la realidad, se observa que se construyen estructuras simbióticas entre funcionarios de gobierno y representantes de la delincuencia organizada, quienes dependen en forma directa del apoyo de sus socios en posiciones de alta política, y también, grupos administradores de la violencia como respuesta a riesgos operativos y comerciales del negocio.

El tratamiento simultáneo de la corrupción y la violencia, como problemas económico y político respectivamente -por constituir en sí mismos formas de economía subterránea, y sustitutos para los vacíos de gobierno-, allana una ruta estratégica de gran valor para la formulación de política criminal, porque parte de algunas consideraciones ontológicas novedosas que facilitan vinculaciones esenciales entre la renta del negocio ilícito, el aprovechamiento subrepticio del poder político, la consolidación de redes ilícitas transnacionales, y la expansión de la violencia en zonas de producción de tráficos ilícitos.

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Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Umbría, L. (2018). Un preámbulo de política criminal frente a la delincuencia organizada. Revista Criminalidad, 60 (3): 235-249

Recibido: 12 de Mayo de 2017; Revisado: 16 de Mayo de 2018; Aprobado: 10 de Junio de 2018

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