Teoría del crimen racional de Becker (1968)

Antecedentes

El inicio de la problematización del acto criminal como objeto de estudio se dio con el Ensayo sobre estadísticas morales de Francia (Guerry, 1833), a la par con los estudios de Quetelet (1831; 1835). Ambos establecieron los primeros mapas del delito en Francia. A partir de ello, las Ciencias Sociales, la Sociología, la Psicología, la Economía y hasta una disciplina transversal como la Criminología se han ocupado del tema; sin embargo, las explicaciones teóricas son muy variadas y divergentes entre sí.

El acto criminal tiene variadas definiciones y múltiples campos académicos desde los cuales teorizar, así, para las Ciencias Sociales el acto criminal es un fenómeno social, para la Criminología es un objeto de estudio que abona en favor del Derecho Penal. De acuerdo con ^{Aguilera-Torrado (2010)}, para la Escuela Clásica de la Criminología el acto criminal se caracteriza por: i) una conducta normal, pues todos los seres humanos son iguales, ii) una conducta irracional, iii) un comportamiento al que se le debe dar prioridad por sobre su autor, y iv) un comportamiento situacional: no hay una etiología del crimen sino un mal uso de la libertad. Por otro lado, la Escuela Positiva describe al acto criminal como un hecho de la naturaleza ejecutado por un delincuente que comete tales delitos influenciado por el medio en el que vive, carece de voluntad al actuar, su comportamiento variado se encuentra predeterminado y acepta tipos criminales. ^{Durkheim (2007)} menciona que el delito ha existido en todas las sociedades y todas las épocas, por lo que se podría hablar de una cierta “normalidad” en su existencia, que en alguna medida es “saludable” para las sociedades, ya que es una señal de que algo anda mal y se debe de producir cambio y evolución, ayudando a incrementar sentimientos de cohesión social y colectividad. Sin embargo, remarca que sería patológico si los actos criminales aumentan más allá del nivel de tolerancia de la sociedad.

Por otro lado, bajo el enfoque sociológico, la violencia urbana y los actos criminales son producto de factores sociales en tres niveles: i) macrosociales, que incluyen, entre otros, la desigualdad social o aumento de la brecha entre riqueza y pobreza, la paradoja del mayor nivel educativo y menores oportunidades de empleo, incremento de las expectativas sociales y la imposibilidad de satisfacerlas; ii) mesosociales, como el incremento de la densidad en zonas pobres, segregación urbana y la cultura de la masculinidad, y iii) microsociales, como el aumento de armas de fuego, consumo de alcohol y otros vicios (Briceño-Leon, 2002).

Con lo anterior, queda claro que la explicación clásica del crimen, que privilegia a la Psicología y la Sociología para determinar las situaciones particulares del individuo y su entorno, fueron el punto de partida para explicar el alza de las tasas de criminalidad en la sociedad. Variables como pobreza, carencia, desempleo, consumo de estupefacientes, entre otras, son consideradas criminogénicas del delito (Henry, 1995).

El concepto de economía del crimen nace con la publicación de “Crimen y castigo: una aproximación” (^{Becker, 1968}), donde el fenómeno del delito patrimonial es analizado bajo tres enfoques: la economía neoclásica, el individualismo metodológico y la metodología de elección racional. Entre otras investigaciones, “El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas” (Elías, 1989) indica que los resultados no homogéneos entre ciclo económico y criminalidad podrían significar que hace una falta variable sociodemográfica; además, sostiene que la personalidad del individuo ha creado un estado de autocontrol interno a través de una monopolización de la violencia a cargo del Estado. Lawrence Neuman (1988), por su parte, intentó explicar la proclividad de las personas al delito en función del momento en que el ciclo económico se encuentre. Así, en los ciclos de precariedad y privación económica se es más proclive a cometer delitos, siendo importantes los aportes de la macro y microeconomía como disciplinas emergentes. Desde el punto de vista del diseño ambiental, la violencia criminal es producto del rápido proceso de modernización de las zonas urbanas, ya que la desigualdad social en una misma zona (urbanización, distrito, ciudad) incide en la delincuencia (TEDx, 2013). De acuerdo con esta teoría, un ambiente diseñado adecuadamente reduciría los delitos de oportunidad y la percepción del temor, elevando los niveles de cohesión comunitaria (Jeffery, 1977; ^{Rau & Castillo, 2008}).

Teoría del crimen racional de Becker

La teoría de ^{Becker (1968)}, parte del supuesto económico del ser humano racional y la maximización de beneficios, donde un sujeto somete una situación al análisis económico, y elige la opción que maximice sus utilidades. El autor del delito, además, intenta equilibrar los beneficios percibidos por la acción y la posibilidad de que lo atrapen. Dicho de otro modo, cuántos crímenes deben de ser reprimidos y cuántos aceptados por la sociedad para que exista un óptimo social de crímenes y castigos. Su teoría parte de tres antecedentes clave: la economía neoclásica, el individualismo metodológico y la metodología de la elección racional⁴. La teoría de la elección racional ha sido utilizada con mucho entusiasmo por investigadores y economistas debido a que, con un número limitado de variables, se alcanzan altos niveles de generalización y formalización, sin que las causas estructurales, de contexto o circunstancia perturben el análisis de la conducta humana, convirtiéndose en una potente herramienta para la aproximación de la conducta criminal. Los principales trabajos de la elección racional aplicada al crimen son: Crimen y castigo: un enfoque económico (Becker, 1968) y La participación en actividades ilegales: un análisis económico (Ehlrich, 1974) quienes establecieron las bases teóricas y econométricas para el estudio del crimen y sus diversas manifestaciones y particularidades. La tabla 2 presenta los nueve supuestos básicos de la teoría del crimen racional:

^{Becker (1968)} sostiene que, de acuerdo con esta teoría, una persona comete un delito si la utilidad obtenida excede la utilidad de realizar otra actividad. Según esto, entonces, algunas personas optan por el camino criminal no porque tengan motivaciones básicas diferentes al resto de la población, sino porque los beneficios y costos percibidos difieren.

Como cualquier postura, la teoría de Becker cuenta con diversos detractores que señalan múltiples críticas desde sus respectivas posturas metodológicas. Ramírez (2014) reúne tales críticas en tres grandes grupos. La tabla 3 presenta los grupos de críticas a la Teoría racional del crimen, de Becker:

Según ^{Stiglitz (1997)}, la seguridad ciudadana es un bien público puro, cuyo uso no es viable ni deseable racionar. La importancia de este bien radica en que su consumo afecta de forma significativa en el consumo de otros tipos de libertad, como la libertad de tránsito, de reunión, entre otros. Debido a esto, el acto delictivo según el pensamiento beckeriano tiene tres características principales: i) la relación costo-beneficio favorece la acción de cometer el delito, ii) la probabilidad de ser descubierto es sumamente baja, por lo que el costo de la detección del delito y su posible judicialización es cercano a cero, y iii) de ser descubierto y aprehendido, la tasa de evasión de la sanción es alta, minimizando el costo para el delincuente. Estos supuestos teóricos se contrastan empíricamente cuando se observa un aumento de la delincuencia y, por tanto, una mayor competitividad en el mercado de actos criminales; por lo que, intuitivamente, se puede suponer que el delito patrimonial se ha convertido en un negocio exitoso. Asimismo, también se puede presumir que la inversión delictiva es mayor con el paso de los años, ya que los beneficios recibidos también son mayores. Además, con el grave problema de hacinamiento en cárceles, es probable que el capital humano criminal también haya aumentado, ya que los delincuentes más experimentados transfieren el conocimiento o las artes delictivas a los novatos recién ingresados al establecimiento carcelario.

Becker (1969) define la función de beneficios modelando los costos y los ingresos. Para ello, los costos de planificar un delito se definen como:

En donde:

CP: costo de planificar un delito

X: premio por cometer un delito

El costo del fracaso de cometer un delito se expresa como:

En donde:

FD: fracaso del delito

m: parámetro que corresponde al costo del castigo o la pena

p: probabilidad del fracaso

La probabilidad del fracaso (p) es proporcional al premio del crimen o monto del delito, por lo que se tiene la siguiente expresión:

La probabilidad de fracaso presenta el mismo comportamiento que costo del castigo en relación con el monto del delito: a mayor monto del delito, mayores serán los recursos invertidos y el castigo impuesto. En resumen, el costo por el fracaso del delito está dado por la siguiente fórmula:

Finalmente, los ingresos netos del criminal se pueden expresar de la siguiente manera:

En donde:

IN: ingresos netos o beneficio esperado

Si los ingresos netos son iguales o superiores a las expectativas de percibir beneficios, es probable que ejecute el acto criminal. La predicción básica en esta línea de pensamiento es que, si disminuimos las ganancias monetarias de la actividad criminal o incrementamos la probabilidad del castigo, los índices de criminalidad disminuirán. De esta forma, la racionalidad criminal es sometida a una lógica económica infranqueable.

Evidencia empírica

^{Ehrlich (1975)} explica que la tasa del crimen se encuentra afecta a las probabilidades de arresto y sentencia, que pueden explicarse por factores socioeconómicos, e independientemente de los factores étnicos, el castigo disuade al crimen. Asimismo, en una investigación posterior, estudió los efectos de la presencia policial, las sentencias y la severidad de los castigos sobre la actividad delictiva, y logró distinguir el efecto disuasivo de la privación de la libertad. Este fenómeno, la disuasión, aumenta el costo del delito y, por tanto, disminuye la cantidad ofertada. Ante esto, el posible criminal tiene dos posibilidades: ejercer actividades de tipo legal o trasladar el sobrecosto a los consumidores, incrementando el precio de los delitos (Ehrlich, 1981). Otro estudio señala que los individuos de bajos ingresos consideran que el nivel de ingresos que percibirán en el futuro es bajo, por lo que tendrían poco que perder si se dedican a la actividad delictiva: el costo de oportunidad de su tiempo también es bajo (^{Fleisher, 1966}). De acuerdo con Loayza (2002), ^{Fajnzylber et al. (2002)} sostienen que las condiciones económicas determinan el costo de oportunidad del tiempo del criminal, y destacan, entre otros factores, el desempleo, la desigualdad, la pobreza y el nivel educativo. Por otro lado, Sah (1991) señala que el procesamiento judicial puede generar estímulos perversos para elevar las tasas del delito: por un lado, la insuficiencia de recursos y el congestionamiento del sistema judicial hacen que el delincuente perciba un menor costo del delito cometido. Esto, a la vez, origina un efecto de persistencia donde “el delito pasado predice el delito futuro”, premisa bajo la cual el delincuente internaliza que, si en el pasado se destinaron pocos recursos a la seguridad, en el futuro será igual.

Al abordar el tema de los niveles educativos, ^{Ehrlich (1975)} encontró una relación positiva entre los años de educación y la tasa de delito. Por el contrario, Taushen y Witte (1994) argumentan en la investigación realizada que a mayores tasas de educación disminuye el índice delictivo, ya sea porque la variable educación está asociada a una mayor tasa de denunciabilidad o que la educación aumenta la productividad marginal en el negocio criminal.

^{Cerro y Meloni (2000)} reformularon la fórmula de ^{Becker (1968)} para aplicarla a la realidad latinoamericana. De acuerdo con su modelo, la oferta por crimen se puede expresar como:

Donde:

La probabilidad de arresto mide la capacidad de la fuerza policial, la cual afecta al crimen de manera negativa, hasta completar la capacidad total de la Policía en la detención de delincuentes. La probabilidad de sentencia mide la capacidad del sistema judicial para establecer las causas del delito y aplicar las sentencias correspondientes. La probabilidad de encarcelamiento mide la capacidad del sistema penitenciario. El desempleo tiene un efecto ambiguo y el ingreso per cápita establece desigualdades y orienta a los delincuentes a dirigirse a sectores de mayores ingresos para cometer los crímenes (^{Cerro & Meloni, 2000}).

Queda claro que los criminales responden a incentivos dentro de la lógica beckeriana, y si el sistema permite que el crimen se presente como una opción rentable se producirán más delitos, lo que debería obligar a los administradores de justicia a pensar en una gradación de penas respecto a la sanción impuesta, debido al efecto marginal del castigo. Una pena desproporcionada podría servir incluso como un incentivo para generar más delito. Un ejemplo claro al respecto es el que menciona ^{Wittman (2008)} cuando nombra a la Iglesia católica respecto a su disuasión marginal. Así, si una persona va al infierno por robar, es probable que ir al infierno no desincentive al sujeto a cometer otros delitos adicionales, ya que no podría ir dos veces al infierno. También, la explicación del porqué algunas personas se convierten en delincuentes y otras no, no difiere de las motivaciones, sino por los costos y beneficios que los satisfacen (^{Becker, 1968}).

Ramírez (2014) menciona que su interés principal es demostrar que, para combatir las conductas criminales, las políticas adecuadas son las que distribuyen con un nivel óptimo los recursos.

Para efectos de la presente investigación, se utilizará como base la fórmula propuesta por ^{Becker (1968)}. Simplificando las variables se obtiene la siguiente ecuación:

Donde:

1.1 Teoría de las tres economías

^{Durand (2014)} menciona que en Perú no se cumple el modelo explicativo de los fenómenos locales, en donde la formalidad se toma como una situación normal, lógica e internalizada en los habitantes y, además, se cumple el pacto social, donde el Estado provee de servicios públicos, protección y bienestar a los ciudadanos, y estos últimos, a su vez, cumplen con el pago de impuestos correspondientes. Ante esta situación, el autor plantea un nuevo modelo de explicación para estos fenómenos: la teoría de las tres economías.

Los conceptos descritos en la tabla 4 permiten entender que el crimen no está en contra del Estado, sino que desea reemplazarlo en los lugares donde este no se encuentra y que, por otro lado, existe una relación estrecha entre los tres mercados. Es claro que el mercado criminal, respecto a la piratería, por ejemplo, utiliza las redes informales de distribución y venta, y extrae ingentes ganancias revistiéndose de las características de la economía informal y de la formal, con el fin de camuflarse y evitar el costo de la ley y sus implicaciones. La facilidad de entrar y salir de la economía formal o informal, y pasar a la criminal o viceversa, explica por qué los actos criminales son difíciles de detectar. Esta es, tal vez, una de sus mayores ventajas competitivas frente al Estado.

Respecto a la relación de estas economías y las actividades económicas en un mercado, ^{Castells y Portes (1989)}, en su estudio sobre economías grises o subterráneas, presentan sus avances sobre las relaciones entre los mercados. La tabla 5 presenta la relación entre las actividades económicas y los tipos de economía.

Además, la gráfica 1 ilustra las relaciones descritas entre las tres economías.

Las relaciones presentadas en la gráfica 1, identificadas con una letra del alfabeto cada una, significan lo siguiente: A: interferencia del Estado, competencia de las grandes empresas, fuentes de capital y tecnología; B: bienes de consumo e insumos industriales más baratos, reserva flexible de mano de obra; C: interferencias y perturbaciones del Estado, suministro de determinados bienes controlados; D: corrupción, ingresos de determinados funcionarios en concepto de “cobro de peajes”; E: capital, demanda de bienes, nuevas oportunidades de generación de ingresos, y F: bienes más baratos, reserva flexible de mano de obra.

La gráfica 1 evidencia la influencia del Estado sobre la dinámica entre las tres economías, así como la naturaleza de su interrelación. De este modelo surgen nuevos cuestionamientos: al ser suprimida la economía delictiva podría originar un costo a las otras dos economías. De otro lado, las economías formal e informal, ante la estupefacción del Estado, podrían generan una economía del crimen que sirva en su cadena productiva y les genere valor.

Modelo del torneo criminal

El modelo propuesto por Lazear y Rosen (1979; 1981) explica cómo la productividad marginal relativa de un delincuente permite el surgimiento de un clúster de criminales que reducen costos y maximizan beneficios y atrae a personas racionales a este ambiente. La estimación de costos y beneficios lleva a considerar que existe un mercado de delitos y, como cualquier mercado, posee formas de asignación de recursos y recompensas por ser más productivo en la actividad que desempeña.

En línea con lo anterior, el ganador del concurso o el criminal que no es atrapado (o su clúster) determina las actividades delictivas que generen un alto nivel de producción criminal. El torneo criminal permite que los participantes se autoseleccionen, escogiendo a los más eficientes en un proceso continuo de mejora sobre la marcha y, a la vez, eliminando a los sujetos menos aptos para el ejercicio criminal. Simultáneamente, se genera un circuito de mejora continua con mejores beneficios para los vencedores del torneo. Esto representa un grave peligro para la sociedad, pues implica que, a medida que el negocio criminal crezca, demandará mayores beneficios, originando nichos de mercado que, a su vez, producirían nuevas empresas criminales más pequeñas. La gráfica 2 muestra el modelo del torneo criminal de Lazear y Rosen (1981).

Como puede observarse en la gráfica 2 , el Estado no solo fallaría en restringir el accionar delictivo, sino que perfeccionaría la criminalidad al punto de realizar un círculo virtuoso de mejores criminales, más aptos y con mayor experiencia, en busca de beneficios más altos, creando un cartel delictivo en los nichos de mercado de ofensas. Es por esta razón que la presente investigación aplicará el instrumento a los ganadores del torneo criminal, aquellos que no han recibido cárcel o los que, habiendo recibido prisión, han vuelto al mercado de delitos; los verdaderos exitosos del negocio criminal.

Teoría de los bienes ilegales

Existe una gran cantidad de estudios al respecto, luego que Becker y Murphy (Becker & Murphy, 1988) presentaran su ya clásico estudio sobre los procesos de consumo que se caracterizan por ser adictivos, ya que el consumo pasado de un bien adictivo incide en el consumo presente. Estudios como el de Jeffrey Mirón (^{Miron, 2001}) o el de ^{Mejía y Posada (Mejía & Posada, 2007}) o el de Claudia Costa Stori y Paul de Grauwe (Costa Storti & De Grauwe, 2009) se muestran las relaciones complejas entre los agentes económicos que intervienen en el mercado y logran avanzar en el corpus de la construcción de la Teoría de los bienes ilegales. Cabe destacar que los trabajos realizados por Antoni Calvo-Armengol e Yves Zenou muestran que, además de las decisiones racionales de los individuos, dependen también de una estructura en sus relaciones mercantiles y vínculos sociales.

“Es esta estructura lo que regula los incentivos y las estrategias que tienen agentes para ascender en la jerarquía de las organizaciones ilegales, así como sus estrategias operativas y sus acciones” (^{Calvo-Armengol & Zenou, agosto 2004}).

El modelo Canvas

El modelo Canvas (The Bussines Model Canvas) fue creado en el año 2004 por Alexander Osterwalder, incluido en su tesis doctoral, con el fin de explicar, de una manera lógica, las diferentes áreas de la empresa, los factores que van a influir en esta, los ingresos y costos asociados a sus actividades. El modelo Canvas es sencillo de usar como herramienta aplicada al margen del tamaño del negocio, tipo de público o tipo de estrategias. Además, permite entender, de manera sencilla, el funcionamiento de un negocio, y su propuesta de valor respecto a la relación de todas sus partes.

Como lo explica Alexander Osterwalder:

“La menor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica” (^{Osterwalder & Pigneur, 2011}. 18.° edición).

Así, mediante un diagrama es posible observar de dónde proviene la generación de valor que hace viable el negocio (tabla 6).

Con el mismo procedimiento se realizó el Modelo Canvas de negocio para los delitos patrimoniales.

Según el modelo propuesto, aplicado al negocio ilegal patrimonial, los clientes están conformados por los propios criminales, cuando se quedan con el botín, por lo general bienes monetarios; los receptadores, quienes reciben y venden los bienes robados, y los “nuevos prospectos”, que son consumidores comunes que se acercan a mercados informales en busca de “ofertas” en comparación con el mercado formal. En cambio, la relación con el cliente es normalmente una relación personal, entre un vendedor fijo y un distribuidor conocido, en el caso de los receptadores. Existe también una relación con el cliente común, o nuevo prospecto, una relación de “confianza” en donde el cliente le solicita “encargos” de productos puntuales, de alto valor y de difícil acceso. De otro lado, los canales, consiste en que la “atención” a sus “clientes” es telefónica; además, a través de los mercados informales e ilegales. De otro modo, también los medios de comunicación, a través de los relatos sociales que se forman en la acumulación de historias día tras día sobre la delincuencia, “transmiten” la “propuesta de disvalor” de los criminales. La propuesta de valor es el valor transmitido para sus clientes, es ofrecer un precio muy bajo para bienes de alto valor monetario, acceso a productos con una disponibilidad muy limitada, ya sea por razones de importación o costos de almacenamiento, tiempo de disponibilidad muy rápido, como cuando, por ejemplo, se solicita un repuesto automotriz que tomaría meses importarlo a un valor alto, y los delincuentes lo “consiguen” en horas; una especie de Just in Time delincuencial, que agrega “valor” a su propuesta, con la diferencia de que, en vez de crear valor, se apropian de este solo para maximizarlo. Las actividades clave consisten en “pastear” o buscar nuevas oportunidades de negocio; es decir, buscar brechas de seguridad u oportunidades, en donde su ecuación de valor funcione para ellos. Además, la criminalidad organizada cuenta, dentro de su aparato delictivo, con asesores legales, quienes orientan el accionar en los diversos momentos de la producción del acto delictivo para “disminuir los costos”. De otro lado, la extensión de su red de “negocios” -léase operadores de segundo nivel de las fuerzas de seguridad o de la administración de justicia- con el fin de establecer nexos mediante cercanía o prebendas, para tener un plan de contingencia o “minimizar su riesgo” respecto a su actividad. Finalmente, es también una actividad que le da sostenibilidad al negocio criminal la búsqueda de proveedores fiables, tanto de armas como de vehículos, de información, de claves de acceso u otros, con el fin de servir para sus fines. De otro lado, los recursos clave se avocan a la logística necesaria para la fase operativa del trabajo, los servicios legales en caso de tener que enfrentar a la justicia y cómo minimizar la pena en busca de vacíos legales y trabajando en forma elusiva respecto a las penas determinadas para cada tipo de delito. Y dinero en efectivo, como parte del capital de trabajo necesario para brindar las “facilidades operativas” al negocio. Los delincuentes también suelen llamarle “caja chica” a este fondo operativo. Los socios clave, consiste en concebir que la corrupción es una forma de volver socios a los cuerpos del Estado que deberían velar por el control y desaparición del negocio criminal. Pero también son los mercados legales e informales en mayor medida los socios que abonan en la sustentación de la actividad, ya que se nutren de este. Un ejemplo clásico es lo que muestra (Mujica, El comercio ilegal de armas pequeñas en Lima: homicidios y mercados negros para el crimen urbano, 2012).

“A pesar de lo que algunos creen, no hay un mercado ilegal estable de armas de fuego en Lima y, a diferencia de otros países de la región, es difícil conseguir un arma a un precio asequible para la delincuencia común. (…) Lo que tenemos es un sistema de recirculación de las armas pequeñas entre los mercados formales e informales”.

La estructura de costos es el personal, las herramientas, los insumos, además de realizar una economía de alcance (otros negocios relacionados con el principal) y como política la minimización de costos como costo-driven. Y finalmente, las fuentes de ingreso, se entienden, en esencia, de tres maneras: por la venta de lo robado, el alquiler de armas, que a su vez han sido robadas de otra fuente, y la venta de información que genera brechas de seguridad a otras “empresas”.

Lo que hay que anotar es que, por la frecuencia de su actividad, las fuerzas de seguridad comienzan a conocer a los actores del negocio criminal por la habitualidad de su accionar, lo que debilita su anonimato, por lo que, por la misma dinámica del delito, la “empresa” se esforzará cada vez más en minimizar sus costos y maximizar sus beneficios; es decir, realizar actos criminales cada vez más con mayor valor.

Estado del crimen patrimonial en Perú

El crimen en Perú es el principal mal que aqueja a la población. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante BID (2017), solo en el año 2015 tuvo un costo de 5.295 millones de dólares, que representaba el 2,7% del PBI anual. Esto se traduce a un costo de 1.5 soles diarios (o 0,45 centavos de dólar) per cápita. El delito patrimonial en Lima es gravemente alarmante; con 148.934 denuncias al año, cada tres minutos y medio un limeño sufre un robo. Este indicador se asevera al considerar que dos de cada tres delitos no son denunciados, lo que revela un robo cada minuto y diez segundos. El escenario solo parece volverse peor, ya que, con un promedio de 242.697 denuncias y 15.252 sentencias por delitos patrimoniales, la estadística es que solo uno de cada tres denunciados es acusado por la Fiscalía, y solo uno de cada 16 denunciados es sentenciado. La gráfica 3 muestra los principales problemas que aquejan a la ciudad de Lima en la segunda mitad de los años 2015 y 2016.

En línea con la gráfica 3, en el año 2012 más del 80% de la población de la ciudad de Lima consideró que la delincuencia era el principal problema que afectaba su calidad de vida (Colectivo Atocongo, 2012). Para brindar una aproximación a los niveles de victimización, la encuesta de Colectivo Atocongo (2012) arrojó que el 57,8% de los encuestados presenció pandillaje en su barrio, 13,7% sufrió algún robo en su vivienda, 42,9% declaró haber sido víctima de algún delito y, de estos, el 47,9% declaró que fue víctima de robo al paso. De acuerdo con un compendio estadístico, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en adelante INEI (2016), respecto a la criminalidad en el país, se obtuvieron resultados que evidencian el estado del delito criminal en la ciudad de Lima en el año 2016. La gráfica 4 muestra el porcentaje de ciudadanos que fueron victimizados en la ciudad de Lima durante el año 2016.

Tal y como puede observarse, el 28,8% de habitantes limeños fue victimizado en el año 2016, mientras que alrededor del 71,2% no fue víctima de algún tipo de delito. La gráfica 5 muestra el nivel de victimización, según el sexo de la víctima, en los años 2015 y 2016 en la ciudad de Lima.

En la gráfica 5 se observa que, en general, el porcentaje de víctimas mujeres es mayor que el de hombres. En el año 2016, un 29% de mujeres fue víctima del delito patrimonial en la ciudad de Lima, mientras que un 26,6% de hombres también sufrió tales actos. Cabe resaltar que, en ambos casos, hubo un descenso en el nivel de victimización; el porcentaje de mujeres se redujo en 2,1% y el de hombres en 3,4% (2015: mujeres 31,3%, hombres: 30%). La gráfica 6 muestra el nivel de victimización, según el rango de edad de la víctima, en los años 2015 y 2016 en la ciudad de Lima.

De acuerdo con la gráfica 6 , el rango de edad entre 15 y 29 años presenta un mayor nivel de victimización, con 34,7% de los encuestados, habiendo sido víctimas de robo en el año 2016, este indicador muestra una mejora sobre el año 2015, en el que 36,5% de personas en este rango de edad fue víctima del delito patrimonial. En segundo lugar, se tiene a la población entre 30 y 44 años, con 29,5%; el grupo entre 45 y 64 años, con 24,8% y, finalmente, de las personas de 65 años a más, un 15,2% ha sido víctima de criminales. La gráfica 7 muestra el nivel de victimización, según el nivel de educación de la víctima, en los años 2015 y 2016 en la ciudad de Lima.

En la gráfica 7 se observa que, de las personas sin un nivel de educación, en el 2016 fueron victimizadas en un 11,5%, porcentaje menor que el del año 2015, en que un 16,1% declaró haber sufrido algún acto criminal. En el caso de la población con educación primaria, de igual manera se presentó una reducción en las incidencias, del 21,8% del año 2015 se pasó a un 19,2% en el año 2016. Las personas con nivel de educación secundaria fueron víctimas de crímenes en 25,6%, porcentaje menor respecto al año 2015, que fue de 31,1%. Finalmente, del total de encuestados con educación superior, un 33,2% declaró haber sido victimizada en el año 2016, mientras que un 36,7% lo fue en el 2015. La gráfica 8 muestra el nivel de victimización, según el nivel socioeconómico de la víctima, en los años 2015 y 2016 en la ciudad de Lima.

En la gráfica 8 se puede observar que del nivel socioeconómico A, el que presenta mayores ingresos, el 26,2% fue víctima de algún crimen en el año 2016, mientras que en el 2015 el porcentaje fue de 28,8%; esto evidencia una reducción de incidencias sobre este estrato socioeconómico. En el caso del NSE B, en el 2015 presentó un nivel de 29,8% de victimización, que se redujo a 27,8% en el año 2016. El NSE C, contrario a los demás niveles, presentó un 29,9% de incidencias en el año 2015, que se elevó a un 30,8% en el año 2016, lo que evidencia que este nivel socioeconómico es el blanco preferido de los criminales. En el caso del NSE D, se observa una fuerte disminución en el nivel de victimización, de 33,6% en el año 2015, se pasó a un 25,1% en el 2016. Finalmente, el NSE E, el nivel de menores ingresos, tuvo un nivel de victimización del 30,7% en el año 2015, que se redujo a 27,9% en el 2016. En general, se puede observar que los niveles de victimización a los ciudadanos en Lima se redujeron en el año 2016. Asimismo, el INEI (2016) realizó un estudio nacional respecto a la victimización de las empresas durante el año 2015, que reveló el estado de la criminalidad en el ámbito empresarial. La gráfica 9 muestra el nivel de victimización de las empresas en la ciudad de Lima en el año 2015.

Como se puede observar en la gráfica 9, el 28,9% de las empresas encuestadas sufrieron un acto criminal, mientras que el 71,1% no fue víctima de actos criminales. Para complementar la información, la gráfica 10 muestra el nivel de victimización de las empresas, segmentadas por rubro, en la ciudad de Lima en el año 2015.

Como puede observarse en la gráfica 10, del total de empresas victimizadas, el 47% pertenecían al rubro de Transporte y almacenamiento; el 37% al rubro de Información y comunicaciones y el 30,4% al rubro de Comercio y reparación de vehículos automotores. Al respecto, Montoya (2015) argumenta que los servicios logísticos han sufrido una transformación en su modelo de negocio, principalmente debido al aumento de incidencias delictivas al rubro. Los “robos en ruta” afectan la competitividad de las empresas, aumentan las primas de seguro por mercadería y vehículos, además de poner en riesgo la integridad de los colaboradores. ^{Garrido (2015)} menciona que el Foro Económico Mundial realizó una simulación respecto a los países que presentan un mayor costo para emprender un negocio debido a la delincuencia, los resultados señalaron que Perú ocupaba el puesto 133 entre 144 países.

En función con el nivel de ventas, la gran empresa es la que se ve más afectada; un 40,3% del total ha sido víctima de hechos delictivos. Del total de medianas y pequeñas empresas, el 28% de ambas categorías fue afectado por el delito patrimonial. Segmentando por departamentos, el de Ucayali es el más peligroso para las empresas, siendo que el 96,2% sufrió al menos un robo durante el año 2014, seguido de los departamentos de Huánuco, Apurímac y la provincia constitucional del Callao, cada uno con un promedio de 88% de las empresas afectadas. Por otro lado, los departamentos con menor incidencia de robos fueron Áncash, Amazonas y Cajamarca, que presentaron 44,2%, 33,9% y 30,9% de empresas afectadas, respectivamente. Pese a que Cajamarca presentó un menor nivel de incidentes, fue el departamento que tuvo la mayor pérdida de efectivo, alrededor de 89,8%, mientras que el departamento de Apurímac presentó mayores pérdidas en productos, con 61,4% y, finalmente, las empresas del departamento de Cusco presentaron mayor pérdida de maquinaria y equipo, con alrededor del 65,5%. A manera de cobertura, el 51,9% de las empresas peruanas utiliza un sistema de seguridad, de las cuales el 56,1% usa sistemas de video y captura de imágenes, 34,4% usa alarmas de seguridad electrónica y el 27,3% reforzó la infraestructura con alambrados, cercos o muros. En función del gasto efectuado en seguridad, el 61,2% de las empresas invierte menos de 3% de sus ingresos en este rubro, el 31,5% invierte entre el 3% y 10% de sus ingresos y, solo el 1,6% de las empresas incurre en gastos de más del 20% de sus ingresos (INEI, 2016). De otro lado, respecto a los “emprendedores de negocios ilícitos” no se tiene mucha información sociodemográfica que sea de utilidad para poder entender el perfil de los victimarios; sin embargo, es posible ver ciertas características (gráficas 11 y tablas 7, 8 y 9).

Como se observa en la tabla 7 el robo agravado, el tráfico ilícito de drogas, el favorecimiento, el hurto agravado; es decir, ilícitos que tienen como motivación principal la obtención de una renta, configuran el 52,1% de todos los delitos específicos de la población penal.

Como se observa, la población penal es mayoritariamente hombres, con educación secundaria y que desempeñaba un oficio. Por lo que se hace aún más importante la creación y orientación hacia la conformación de negocios legales, con el fin de que esta población penal pueda tener una posibilidad formal de reiniciar una vida dentro de la ley.

De otro lado, se puede inferir que el hecho de que antes de delinquir hayan estado insertados en el mercado y realizado un oficio, les da las herramientas mínimas para realizar su evaluación de costo-beneficio antes de optar por emprender negocios ilegales. Además, se puede inferir también que los victimarios, por su nivel de educación y condición civil mayoritaria, tienen perfecta comprensión de los costos, tanto para realizar el ilícito como para entender los costos de violar la ley. Esto finalmente hace que se cree una “subcultura empresarial” dentro de un contexto mucho más amplio de la existencia real de una cultura delincuencial (^{Pérez, 1994}).