Estructura metodológica

El método empleado es histórico descriptivo con enfoque cualitativo, utilizando para tal efecto fuentes documentales primarias oficiales, como: Constituciones de Estado, leyes, sentencias e informes rendidos por los jefes departamentales de la época al presidente y secretario de Estado, publicados en los diarios oficiales El Semanario Oficial y El Boyacense, localizados en el Archivo Histórico Regional de Boyacá, el Archivo de la Academia Boyacense de Historia, el Archivo de la Academia Colombiana de Historia y el Archivo de la Biblioteca Nacional de Colombia.

Para su análisis se emplearon matrices de datos y de congruencia, cuya descripción se abordó desde la teoría procedente de la fuente secundaria, que sirve de apoyo para la comprensión de la historia de la evolución de las instituciones judiciales en Colombia y, en especial, de la historia judicial del departamento de Boyacá, época comprendida entre 1857 y 1886.

1. El funcionamiento del jurado en el Estado de Boyacá (1857-1886)

El jurado que se integró en Colombia adoptó los elementos de los jurados inglés, estadounidense, francés y español, a partir de los debates jurídicos y políticos por parte de juristas y legisladores en torno a la idoneidad del jurado frente al juez de Derecho en materia de mejoramiento de la administración de justicia (^{Londoño, 2016}).

En ese debate tomaron como fundamento para la discusión las obras jurídicas de ^{Bentham (1823)} y ^{Escriche (1844)}, que ayudaron a configurar el antijuradismo en Colombia con las ideas de ^{Pinzón (1839)} y de ^{Real (1839)}. A su turno, se emplearon las obras de ^{Constant (1820)} y ^{Tocqueville (trad. 1969)}, que hicieron lo propio en el juradismo. Estas dos últimas se conectaron con el pensamiento de Florentino ^{González (1869} a & b), quien en el siglo XIX promovió el establecimiento del jurado estadounidense en las repúblicas hispanoamericanas.

Como resultado del debate, en 1851 se impuso la postura juradista, siendo la pauta a partir de la cual, años después, los Estados federales perfeccionarían sus modelos y adaptarían la institución a los requerimientos de la práctica judicial en la época Federal. De allí que, el Estado de Boyacá, a partir de 1857, incorporó al jurado en su estructura de justicia, por tratarse, según ^{Arias (1859)}, de un mecanismo acorde con el gobierno republicano y la libertad civil dentro del sistema democrático.

El jurado fue regulado por la ley del 15 de septiembre de 1859, formado por cinco jueces mediante sorteo, nombrados anualmente el 1o. de diciembre, por una junta compuesta por el juez o jueces de Circuito en lo criminal, el presidente, secretario del Cabildo y el alcalde del distrito cabecera del circuito judicial⁴. Tales miembros podían ser sancionados con multa de $ 25, cuando calificaban como jurados aquellos que no cumplían con los requisitos previstos por la ley (Ley LXXVII, 1870).

Para ser jurado se requería saber leer y escribir; tener una renta proveniente de bienes raíces, o muebles, o de industria o profesión conocida, equivalente a $ 200 anuales, y estar ejerciendo los derechos de ciudadano. Tales requisitos se asociaron al concepto de ciudadanía, originario de las primeras Constituciones de Tunja de 1811, y de Antioquia de 1812, fundados, a su vez, en el reconocimiento y la garantía de los derechos civiles y políticos dentro de la república democrática. Esta calidad permitió su participación en los asuntos públicos, al igual que el ejercicio de funciones propias del Estado (^{Lozano, 2015)}.

El cumplimiento de los requisitos para el cargo, constituyó una exigencia que posibilitaba el acceso a la participación política del ciudadano, que terminó en una demanda social fundada en una cultura jurídico-política que tuvo incidencia en la época. Por consiguiente, el ejercicio por parte del ciudadano en el cargo de jurado, fue una forma de contribuir en la realización de la justicia dentro del sistema judicial criminal, que se sumó a los intentos de modernización de la justicia como parte del proceso de construcción del Estado⁵.

Por otro lado, estaban como impedimentos para ser jurado aquellos que, después de la calificación, no reunían los requisitos exigidos. También, los miembros del Congreso de la Unión, los diputados de la Asamblea, el presidente y secretarios de Estado, los prefectos y los alcaldes, los jueces de Derecho y sus secretarios, los fiscales y militares en servicio activo. Asimismo, los ascendientes y descendientes del procesado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, el encargado del Ministerio Público, los defensores, los peritos y los testigos de la defensa.

Eran causales de justificación para no ejercer el cargo: la enfermedad grave, que imposibilitaba para prestar el servicio; la enfermedad grave o muerte del padre, madre, esposa o hijo; la residencia a más de tres leguas de distancia de la cabecera del circuito, y, por último, cuando el delito se castigaba con pena capital y el jurado era sacerdote de alguna religión (ley del 15 de septiembre de 1859).

El juicio por jurados, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores republicanos, se extendió no solo a los habitantes del Estado, sino además a los colombianos extranjeros que transitaban por el territorio por tratarse de una garantía constitucional. Sin embargo, no cobijó los delitos políticos, los de responsabilidad y los que conocían los jueces de Distrito y los jefes de Policía (Const., 1869). De esta manera pretendió concretarse como un derecho que materializaba la soberanía y la representación ciudadana directa.

Un aspecto importante en la regulación del jurado tiene que ver con el régimen de responsabilidad penal en que incurrían sus miembros. En efecto, podían ser procesados por revelar lo que ocurría en la conferencia; aceptar cohechos o sobornos; separarse de forma arbitraria de la celebración del juicio, y por negarse a suscribir las resoluciones que él mismo dictaba.

Tal situación los llevaba a ser procesados por el delito de prevaricato por parte de los jueces de Circuito (Ley LXXVII, 1870). Esta medida obedeció a que el cargo de jurado revistió una función jurisdiccional transitoria, o temporal, que como función pública le daba al ciudadano el carácter de funcionario público, que, desde luego, podía ser destinatario de la ley penal y, por ende, de delitos en contra de la administración de justicia.

A su vez, si la persona designada como jurado no se presentaba el día y a la hora señalada a desempeñar el cargo sin justa causa, el juez podía imponerle una multa de 5 a 50 pesos, o arresto de 3 a 20 días si era insolvente. En caso de reincidencia, la multa era de 10 a 100 pesos. Sobre este aspecto, se considera que el legislador de 1884, por primera vez, revistió de carácter obligatorio el ejercicio del cargo de jurado dada su naturaleza jurídica.

En cuanto al cargo, los jurados en los procesos criminales intervenían calificando los hechos punibles señalados por la ley⁶. Esto les permitió adquirir la connotación de “jurados en conciencia”, según el procedimiento criminal ordinario previsto en la ley (ver figura 1). Sin embargo, no tenían competencia para conocer de los delitos políticos, al igual que de los de fraude a las rentas públicas del Estado y de los Distritos, y de las cometidas por los empleados públicos en ejercicio de sus funciones (Ley del 9 de diciembre de 1864).

Conforme al procedimiento, el jurado en ejercicio de sus competencias administró justicia en Boyacá, y contribuyó al trámite de los procesos criminales ordinarios a partir de veredictos que sirvieron de fundamento para que el juez de Derecho, a través de sentencia, condenara o absolviera a los procesados por la comisión de delitos comunes (ver tabla 1).

Fuente: elaboración de los autores con base en: Ley del 15 de septiembre de 1859. La Gaceta Oficial de Boyacá (1859, 27 de septiembre, núm. 90, Tunja, pp. 359-362). Ley del 9 de diciembre de 1864. El Semanario Oficial (1864, 13 de diciembre, núm. 161, Tunja, p. 661

Figura 1 Procedimiento criminal con intervención del jurado de calificación 

Ahora bien, una modificación fundamental vino a darse con la Ley CCXLVI de 1874, que facultó a los jurados para aplicar las penas por delitos comunes descritos en el Código Penal⁷. Este nuevo papel les permitió adquirir la connotación de “jurados de Derecho”. Creados con la pretensión de brindar seguridad y efectividad a la administración de justicia, puesto que buscó comprometer a los ciudadanos frente al cumplimiento de las funciones del jurado.

Por consiguiente, se infiere que la jurisdicción que ejerció el jurado de Derecho, relevó al juez del Circuito o de departamento de su función judicial. Esta situación generó fuertes críticas por parte de quienes consideraban que la justicia debía administrarse únicamente por jueces de Derecho, al ser idóneos para analizar los medios probatorios y calificar la gravedad de la infracción cometida. Esto se pudo observar en los análisis efectuados por los jefes departamentales en torno al desempeño de la función del jurado.

Sin embargo, este cambio, desde otra perspectiva, pudo ser visto como un derecho a favor de los habitantes del Estado, para frenar el excesivo tecnicismo de los jueces en la aplicación de la norma, bajo el entendido de que el jurado, según ^{Márquez (2012)}, era una protección al pueblo contra la tiranía del gobernante, de quienes los jueces no eran más que sus criados.

A pesar de lo anterior, el establecimiento de esta modalidad de jurado reconoció la existencia de un sistema judicial mixto constituido por dos categorías de jueces. Lo que permitió concretar su función de declarar de manera objetiva el derecho positivo como materialización del acto de administrar justicia. Ventaja que para ^{Jaramillo (1992)}, estaba en la pluralidad de apreciaciones desde el punto de vista de la normatividad establecida, en relación con la valoración que sobre el hecho hacía el juez individualmente considerado, conforme al procedimiento judicial previsto por la ley (ver figura 2).

En cuanto a su actuación procesal, en la etapa del juicio debía resolver tres cuestiones que sometía a su consideración el juez de Derecho, relacionadas con la comisión del delito, la responsabilidad del procesado y la pena que se debía imponer. Tales cuestiones eran consideradas, discutidas y resueltas por mayoría absoluta en el mismo orden en que eran formuladas en sesión privada y a puerta cerrada a través de un veredicto⁸.

Fuente : elaboración de los autores con base en: Ley 21 de 1879, en El Boyacense (1879, 3 de diciembre, núm. 398, Tunja, pp. 5081-5084); Ley CCLXXXVI de 1875 (1875, 15 de enero, núm. 400, Tunja, pp. 33-37); Acuerdo del Tribunal Superior de Estado del 12 de enero de 1880, en El Boyacense (1880, 4 de febrero, núm. 431, Tunja, pp. 5213-5216)

Figura 2 Procedimiento criminal con intervención del jurado de Derecho 

Ahora bien, dado que el jurado estaba facultado para imponer penas, con el fin de evitar arbitrariedades por indebida apreciación del Derecho y de las pruebas al momento de condenar, la ley incorporó un control de legalidad que posibilitó la intervención del juez de Derecho en una relación jurídica de conexidad entre la jurisdicción y la ley, para que en la etapa posterior al juicio examinara la conformidad del veredicto con la ley. Así, en caso de que el juez no estuviera de acuerdo con la decisión del jurado, podía remitirlo en consulta al Tribunal Superior de Estado, para que allí se resolvieran las nulidades a que hubiere lugar. Lo mismo debía hacerse cuando el veredicto era absolutorio.

Este sistema permaneció hasta 1884, fecha en la se restableció la condición del jurado de fallar en conciencia. A pesar de ello, ese mismo año, nuevamente se le atribuyó la función jurisdiccional. Sin embargo, no podía excederse en la aplicación de la pena, en razón a que había lugar al control jurisdiccional del juez, en los casos de violación al principio de legalidad y de proporcionalidad, quedando, en consecuencia, facultado para fijar la pena máxima prevista por la norma (Código Judicial, 1884 & Ley 42, 1884).

2. Los problemas de la implementación del jurado en Boyacá

La legislación de Boyacá, organizó al jurado para administrar justicia en los procesos criminales ordinarios, con la finalidad de asegurar la igualdad en la aplicación de la ley conforme al principio democrático⁹. Ello dio paso a una justicia colaborativa entre jueces y jurados, con la pretensión de formar una cultura jurídica y política acorde con el proceso de modernización del poder judicial del Estado.

Sin embargo, durante el periodo comprendido entre 1857 y 1886, el jurado presentó dificultades en su implementación, relacionadas, por un lado, con la multiplicidad de requisitos para ejercer el cargo, que limitaban la participación del ciudadano en la función pública; y, por otro, en la forma en que el juez de Circuito o de departamento debía verificar la idoneidad de los jurados seleccionados mediante sorteo de la lista formada por la Junta de Calificación.

En cuanto al primer aspecto, la ley señaló los requisitos para ejercer el cargo, con el fin de restringir o de ampliar la participación del ciudadano en el panel del jurado. Lo cual resultaba razonable, según ^{Rodríguez (1870)}, argumentando que garantizaba la transparencia y la moralidad en el trámite de los procesos que se sometían a su conocimiento. Conforme a lo anterior, las leyes que restringieron la participación del ciudadano exigían requisitos habilitantes relacionados con la propiedad (Ley de 15 de septiembre, 1859)¹⁰, la edad, la situación jurídica, la tenencia de una renta por impuesto directo (Ley LXXVII, 1870), la capacidad legal para actuar en el empleo público, al igual que vivir de alguna profesión, industria u oficio lícitos (Ley CCXLVI, 1874)¹¹. Por otro lado, se encuentran leyes que ampliaron la participación del ciudadano, cuyos requisitos exigían únicamente saber leer y escribir y, además, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano (leyes del 9 de diciembre, 1864 & del 22 de diciembre, 1865).

Tales requisitos hicieron de la institución del jurado una figura procesal de élite, aristocrática, de carácter exclusivo y excluyente, que se limitaba a un número determinado de habitantes, en razón a que eran pocos los ciudadanos llamados a ejercer la función, lo que afectaba asimismo la rotación del empleo. Esta problemática fue expuesta por ^{Rodríguez y Rueda (1870)}, al señalar, por ejemplo, que en los departamentos de Occidente y de Oriente el número de ciudadanos era de 1.428, en los Distritos de Chiquinquirá, Moniquirá, Santana, Pare, Saboyá, Guateque y Somondoco, respectivamente, frente a un total de 49.935 habitantes, lo que representaba el 2,89% de la población habilitada para el cargo de acuerdo con el censo. Ello generó inconvenientes para suplir los empleos del Estado, dada la posibilidad de generarse inhabilidades, impedimentos, excusas y recusaciones en los jurados, lo que en últimas termino por afectar su implementación.

Por otro lado, la verificación del cumplimiento de los requisitos correspondía a una Junta de Calificación, compuesta por el juez de Circuito en lo criminal, el presidente, secretario del Cabildo y el alcalde del Distrito cabecera del Circuito Judicial. En caso de que la junta calificara como jurados a ciudadanos que no cumplían con los requisitos para ejercer el cargo, incurrían en una multa equivalente a $ 25. La medida sancionatoria resultaba conveniente, debido a la naturaleza del cargo y a la función que desempeñaba el jurado en los procesos judiciales.

Ahora bien, de la lista formada por la Junta de Calificación, el juez de Circuito o de departamento, cada quince días en diligencia pública, debía seleccionar mediante sorteo a los miembros que conformaban el jurado, quienes participaban en el proceso criminal ordinario, luego de haber finalizado la etapa probatoria conforme al procedimiento previsto por la ley. El sorteo de realizaba de la siguiente manera:

“El sorteo se hará del modo siguiente: el nombre de cada jurado tendrá un número, comenzando desde la unidad, i habrá una cantidad de bolas igual al número de los jurados calificados por la Junta, i con la misma numeración. Insaculadas estas bolas, el secretario sacará a la suerte un número de ellas, que sea igual al número de reos, fiscal i acusador, más cinco. Cada reo o su defensor, el fiscal i cada acusador, pueden recusar libremente hasta un jurado, i cuando cada una de dichas partes no recusare, el secretario en el mismo acto estraerá a la suerte el número de bolas que sea necesario para que solo queden cinco, con los cuales se formará el jurado”.

Sin embargo, la selección de los miembros del jurado a través de sorteo no lograba asegurar la idoneidad en el ejercicio del cargo, a lo que se sumaba que las élites en Boyacá no tenían los conocimientos mínimos para tomar decisiones en Derecho. Habida cuenta que la función del jurado estaba asociaba a la realización de alguna profesión u oficio, que en cierta medida exigía conocimientos mínimos en Derecho. Por tanto, durante la segunda mitad del siglo XIX fue claro que los requisitos previstos por la ley terminaron exigiendo la profesionalización del cargo, sin que ello significara la afectación de las consideraciones íntimas que dictaba su conciencia (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena 174, 1987).

De modo que correspondía al juez de Derecho, al momento de adjudicar los procesos criminales, atender a un mínimo de precisión jurídica. Lo cual no fue así, dado que el jurado muchas veces se formaba por ciudadanos que no tenían más instrucción que la de saber leer y escribir. Por lo que los procesos terminaban con absoluciones en razón al desconocimiento del Derecho. Esto se pudo observar en los análisis efectuados por los jefes departamentales en torno al ejercicio de la función por parte del jurado¹².

3. Los discursos jurídicos y políticos de oposición a la figura del jurado en Boyacá

El jurado formó parte del programa político del Partido Liberal, basado en la teoría francesa de los derechos individuales, naturales e inalienables, como núcleo esencial de la escuela Republicana. En la década de 1850, los liberales, en sus discursos jurídicos y políticos, velaron por su establecimiento en el ordenamiento jurídico colombiano, bajo el presupuesto de que era imprescindible para el funcionamiento del Estado federal y democrático, puesto que generaba un contrapeso al legicentrismo de los jueces. El jurado, de esta manera, se proyectó según ^{Londoño (2016)} como un mecanismo alternativo que ofrecía mayores garantías que la justicia tradicional, fundada en juzgados y cortes circunscritos a un poder judicial sometido a la ley.

Por consiguiente, el discurso a favor del jurado en Colombia terminó por establecer la figura en 1851, gracias a que se impuso la postura juradista apoyada por los liberales. En esos debates estuvo presente el pensamiento de ^{Constant (1820)} y el de ^{Tocqueville (trad. 1969)} que más adelante sentaron las bases para que Florentino ^{González (1869)} promoviera al jurado como fundamento de la descentralización del poder político en Colombia.

A pesar de ello, existían posturas contrarias o antijuradistas en torno al jurado durante la primera mitad del siglo XIX. Discurso que se fundamentó en la imposibilidad de su práctica, a partir de las obras de ^{Bentham (1823)} y ^{Escriche (1844)}, que en Colombia encontraron su mayor representación en ^{Pinzón (1839)} y en ^{Real (1839)}. La postura consideraba que el jurado carecía de idoneidad para administrar justicia, toda vez que, en sus veredictos eran constantes las absoluciones o condenas erradas, debido a la incompetencia o ignorancia de sus integrantes. Por consiguiente, el jurado no era garante de una mejor administración de justicia que una judicatura letrada (^{Londoño, 2013}).

Para el caso de Boyacá, durante la segunda mitad del siglo XIX, la postura antijuradista encontró su sustento en que las decisiones del jurado eran contrarias a la ley. En efecto, los veredictos del jurado declaraban la culpabilidad sin haberse cometido la conducta punible; asimismo, absolvían al procesado pese a que se configuraba el hecho delictivo; por otro lado, omitían resolver las cuestiones propuestas por el juez de Derecho, al igual que señalaban las penas obviando los límites previstos por la ley. Se trataba, por tanto, de veredictos irregulares, injustos y nulos, que requerían de su readecuación por parte del juez de Derecho. Tales irregularidades pueden verse en los veredictos siguientes:

Tabla 2 Veredictos irregulares de los jurados 

Fuente; elaboración de los autores con base en los Diarios Oficiales del Estado de Boyacá: El Semanario Oficial (1863, 1864) y El Boyacense (1866, 1873 a 1875).

Estas dificultades fueron expuestas por antijuradistas boyacenses en los informes rendidos al poder ejecutivo del Estado. En ese sentido, Vargas (1874) señaló que el jurado en materia criminal constituía una amenaza y no una garantía. Por tratarse de una institución liberal contraria a la moral y a la justicia, en razón a que los veredictos que pronunciaban eran anulados por el Tribunal Superior de Estado, puesto que declaraban absoluciones o condenas injustas. Por otro lado, ^{Machado (1874)} consideró que el establecimiento del jurado en Boyacá traía graves inconvenientes por la absolución injustificada de los procesados, debido a la corrupción en el trámite de los procesos judiciales y por la falta de conocimientos en Derecho por parte de los jurados. Por último, ^{Muñoz (1880)} argumentó que el jurado, como una institución procesal, estaba desprovista de eficacia, en razón a que el país no estaba preparado para su establecimiento, por la falta de madurez jurídica de la estructura del poder judicial.

Por consiguiente, el juicio por jurados como garantía individual en Boyacá no tuvo en cuenta la falta de cultura jurídica y el espíritu público de los ciudadanos. Asimismo, por las consecuencias adversas que trajo la adopción de instituciones extranjeras en el país como mecanismo de modernización. De allí que el jurado no generó el orden y el bienestar que se esperaba, como sí ocurrió en otros países.

Recuérdese que los sistemas de gobierno de los Estados Unidos e Inglaterra han provocado en todo el mundo la mayor admiración, hasta el punto de haberse ensayado imitaciones casi serviles en varias naciones de Europa, como Francia, España, Alemania e Italia; en casi toda la América Española. Sin embargo, no ha bastado la adopción de instituciones monárquico-constitucionales, ni de instituciones republicanas para alcanzar los tan codiciados beneficios del orden en la libertad, que hacen la gloria y el honor de los pueblos anglo-sajones (Ensayo sobre la verdadera misión del Partido Liberal, 1877, p. 22).

Conforme a lo anterior, los jurados en el siglo XIX, considerados por los liberales radicales como una garantía contra los posibles abusos de poder por parte de los jueces o de las cortes, y concebidos, a su vez, como una institución jurídica de naturaleza procesal, diseñada para preservar la paz social, para el caso del Estado de Boyacá presentó problemáticas que evidenciaron controversia y crítica permanente. Precisamente, porque la élite aristocrática que participaba en los procesos judiciales ordinarios no tenía los conocimientos mínimos para tomar este tipo de decisiones. A lo que se sumaba la falta de idoneidad para ejercer el cargo, en términos de moralidad y de espíritu público, debido a que los procesos se adjudicaban por los jueces de Derecho con un mínimo de precisión jurídica. De modo que esta institución judicial no solo planteó dificultades en su aplicación en Colombia sino en otras latitudes, dentro del contexto de la administración de justicia criminal en América Latina en el siglo XIX (^{Padilla, 2000}).