Introducción

Actualmente, según la encuesta nacional de opinión pública, la delincuencia es uno de los principales problemas que requiere ser abordado por el gobierno (Centro de Estudios Públicos, 2017). A su vez, Chile ocupa el segundo lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una alta tasa de encarcelamiento, 234 privados de libertad por cada cien mil habitantes. De ellos, el 8.6% corresponde a mujeres (World Prison Brief, 2017), en quienes prevalecen los delitos por la ley de drogas (47.6%) y contra la propiedad (31.4%) (Gendarmería de Chile, 2017).

La delincuencia femenina ha tenido un alza importante, ya que más de 714.000 mujeres y niñas se encuentran en instituciones penales a lo largo del mundo, esta presenta un incremento por sobre el 50% desde el año 2000 (^{Walmsley, 2017}). En Chile, el aumento ha sido de 2.14 puntos porcentuales, considerando que en 2000 la población penal femenina estaba constituida por un 6.71%, mientras que en julio de 2018 hay un 8.85% de mujeres que se encuentran privadas de libertad (Gendarmería de Chile, 2018). Aunque parece ser una cifra menor, esto genera un gran impacto en la población, porque si se tiene en cuenta que el 91% de las mujeres que cumplen condena son madres (Fundación Paz Ciudadana, 2015), representan un mayor costo social, debido a su rol y función en el desarrollo de la infancia (^{Block, Blockland, Van der Werff, Van Os & Nieuwbeerta, 2010}).

El comportamiento criminal se entiende como un constructo multidimensional y multicausal, que integra diversos factores en el inicio, persistencia, desistimiento y reincidencia delictual, los cuales difieren en hombres y mujeres (^{Gobeil, Blanchette & Stewart, 2016}).

La perspectiva feminista respecto a la delincuencia, plantea que desde la socialización diferencial de los géneros existen factores específicos para la vinculación (^{Belknap & Holsinger, 2006}) y el desistimiento delictual de las mujeres en los ámbitos: individual, familiar y social (^{Rodermond, Kruttschnitt, Slotboom & Bijleveld, 2015}).

En el área individual algunas investigaciones identifican que el inicio temprano de la pubertad (respecto a características psicosociales) y el bajo coeficiente intelectual pueden ser factores predisponentes para la vinculación delictual. Dentro del ámbito familiar, se aprecia que la presencia de una disciplina severa, la inestabilidad parental y contar con padres biológicos que presentan prácticas infractoras también inciden en el inicio de la trayectoria antisocial. Asimismo, este perfil se caracteriza por vivenciar historias de maltrato y victimización, experiencias de abuso sexual, cambios inesperados o crisis a lo largo de su historia vital (cambios de casa, no contar con un lugar estable donde vivir, pérdidas de adultos significativos), vinculación con hombres mayores y que presentan prácticas infractoras, fracaso escolar que puede gatillar un proceso de escalada en el involucramiento delictual, abuso de drogas, problemas de salud mental y conductas sexuales de riesgo (^{Añaños-Bedriñana & García-Vita, 2017}; ^{Loinaz & Andrés-Pueyo, 2017}; ^{Turbi & Llopis, 2017}).

La teoría del desistimiento busca explicar el motivo por el cual las personas dejan de delinquir (^{Maruna, 2004}; ^{Nakamura & Bret Bucklen, 2014}). Se entiende como un proceso que involucra cambios conductuales, cognitivos, emocionales y relacionales (^{Emaldía, 2015}) donde la etapa evolutiva, la madurez personal (^{Rocque, 2015}), los vínculos sociales y las construcciones narrativas, subjetivas e individuales facilitan el cese de la conducta criminal (^{Mettifogo, Arévalo, Gómez, Montedónico & Silva, 2015}).

El desistimiento se plantea como una variable dependiente inusual, debido a que ^{Maruna (2004)} la categoriza en tres ámbitos: Cognitivo, cuando la persona expresa explícitamente su deseo de cambio; conductual, manifestándose en una disminución de la frecuencia y gravedad, pero con un aumento en la variedad de los delitos; dos ámbitos, en que se inscribe el desistimiento primario, que da cuenta de un cese temporal de la actividad delictiva. Y un tercer ámbito, el axiológico, en el que ocurre el desistimiento secundario, produciéndose, una ruptura o desidentificación con el pasado delictual del sujeto, para dar paso a la conformación de un estilo de vida e identidad convencional, alejado del ámbito delictual y ajustado al sistema social normativo imperante.

En el artículo de ^{Rodermond et ál. (2015)}, se revisan 44 estudios sobre desistimiento en mujeres, identificando que la teoría es aplicable tanto a hombres como mujeres, pero plantea que existen diferencias de acuerdo al género, ya que, tener hijos(as), contar con relaciones de apoyo, tener independencia económica y no presentar consumo de drogas son factores con mayor incidencia en el desistimiento femenino. También encuentran que los bajos ingresos económicos, las responsabilidades familiares y en el hogar y las historias de victimización caracterizan a la población femenina por sobre la masculina, lo que es concordante con los planteamientos de la criminología feminista (^{Yugueros, 2013}).

Dentro de los factores individuales del desistimiento femenino (^{Rodermond et ál., 2015}) es posible apreciar que la capacidad de agencia y el nivel de autoeficacia pueden estar relacionados a la severidad del castigo, debido a las estrategias que desarrollan las mujeres para evitarlo. Incluso, ^{Olavarría y Pantoja (2010)} plantean que las sentencias más extensas tienen un efecto reductor en la reincidencia. Ahora bien, la decisión de finalizar la carrera criminal también puede influirse por la religiosidad y/o espiritualidad; el manejo de la rabia en el ámbito de la salud mental, la abstinencia a las drogas causada por estar en prisión y la independencia económica.

En los factores familiares ^{Rodermond et ál. (2015)} destacan las relaciones de pareja (prosocial) largas y de buena calidad (no necesariamente matrimonio) (^{Barr & Simons, 2015}). Los(as) hijos(as) constituyen un factor clave cuando la mujer presenta el deseo de ser madre, percibe las ventajas de formar familia y la maternidad se da en un período tardío de su vida (^{Álvarez, Bustamante & Salazar, 2017}; ^{Monsbakken, Lyngstad & Skardhamar, 2013}; ^{Zoutewelle-Terovan, Van der Geest & Bijleveld, 2014}). Por su parte, ^{Martí y Cid (2015)} encontraron que la vinculación con la pareja y los padres, quienes constituyen los lazos familiares más fuertes favorecen el desistimiento en la medida que sean relaciones prosociales y saludables, puesto que si los miembros presentan conductas delictuales el riesgo de reincidencia aumenta.

Respecto a los factores sociales (^{Rodermond et ál., 2015}), se aprecia el trabajo como un factor protector que previene la comisión de nuevos delitos (^{Shepherd, Luebbers & Ogloff, 2016}); asimismo, las relaciones de amistad prosocial que proveen de apoyo y aceptan la identidad de la mujer no vinculada al delito facilitan altos niveles de satisfacción y compañía.

El modelo integral de ^{Cid y Martí (2011)} incorpora los factores individuales y sociales en un proceso continuo que finaliza en el desistimiento delictual (^{Padrón, 2014}) y plantea dos constructos relevantes: Factores transicionales y narrativas de cambio (^{Mettifogo et ál., 2015}).

Los factores transicionales (^{Cid & Martí, 2011}) aluden a tres variables específicas: Apoyo social, vínculos sociales y aprendizaje. El primero se refiere a las instituciones o personas que pueden facilitar los procesos de reinserción, proveyendo de recursos materiales y/o emocionales y favoreciendo el nivel de autoeficacia prosocial del sujeto (^{Bustamante, Álvarez, Herrera & Pérez-Luco, 2016}) y el sentido de pertenencia convencional (^{Fox, 2015}). Los vínculos sociales se asocian al establecimiento de nuevas relaciones y/o valoración de las preexistentes, de acuerdo con el rol tradicional que se asume en cada una de ellas.

Por último, el aprendizaje es el quiebre de los hábitos delictuales y la conformación de nuevas prácticas prosociales, considerando los costos y riesgos de la actividad delictiva (^{Maruna, 2004}).

Las narrativas de cambio suman dos conceptos relevantes: Identidad y autoeficacia. El primero se asocia a la ruptura con el estilo de vida delictual y la conformación de un proyecto de vida prosocial; y la autoeficacia, término utilizado por Bandura (^{Garrido, Herrero & Masip, 2005}), cuando la persona se siente capaz de vencer los obstáculos para abandonar la actividad delictiva (^{Cid & Martí, 2011}).

Para efectos de esta investigación, el desistimiento delictual femenino incorpora dos variables desde el modelo integral de ^{Cid y Martí (2011)}, por una parte, el apoyo social (factor transicional) y por otra, la autoeficacia (factor asociado a la narrativa de cambio). Además, se plantea que a la base de todo proceso de cambio existe una motivación que impulsa la cognición a la acción, la cual puede ser descrita a través del modelo transteórico de Prochaska y DiClemente (^{Redondo & Martínez, 2011}).

El propósito del presente estudio es determinar la relación que existe entre factores psicosociales, autoeficacia, apoyo social percibido y etapa de motivación al cambio, con el proceso de desistimiento delictual que presenta un grupo de mujeres que han cumplido condena privadas de libertad en la Región Metropolitana de Chile.

Estudiar el fenómeno delictual femenino tiene relevancia política, en tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile recomienda un enfoque de género transversal aplicando diversas normas a las cuales Chile se acoge, como las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres con prácticas infractoras “Reglas de Bangkok” (ONU, 2010), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad “Reglas de Tokio” (ACNUDH, 1990) y los Principios de Yogyakarta respecto a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017). Esto da cuenta de la necesidad de considerar un enfoque de derechos visualizando las particularidades de las mujeres que han infringido la ley.

Desde un enfoque social, se ha identificado que esta población presenta altos índices de exclusión social (Fundación Paz Ciudadana, 2015), entre los que destacan vivir en condiciones de pobreza, tener bajos niveles de escolaridad y estar al cuidado de personas con algún tipo de dependencia, como los(as) hijos(as), adultos mayores o con discapacidad (Wola, 2017). Cabe señalar que a mediados de 2017, un 8% de la población penal nacional femenina del sistema cerrado no sabía leer ni escribir, lo que corresponde a 343 mujeres (Gendarmería de Chile, 2017).

La prisionización femenina puede tener consecuencias graves para el sistema familiar, debido a que frente a la ausencia de la mujer, es posible que las personas dependientes se enfrenten a situaciones de abandono y marginalidad, aumentando la probabilidad de vincularse al consumo de drogas o a redes ilegales de tráfico (Wola, 2017). Este punto deja en evidencia que las mujeres constituyen una fuente principal de apoyo para su sistema familiar, destacando que el modelo de desistimiento plantea que este indicador es importante para generar el cambio prosocial.

La relevancia teórico-práctica consiste en aportar a la reducción del tiempo de las condenas, pues un 18.5% de las mujeres condenadas en Chile permanece privada de libertad entre 5 y 10 años, sin embargo, en la evaluación realizada por los profesionales de Gendarmería se establece que un 46.2% de la población penal femenina presenta un bajo compromiso delictual, entendiéndolo como el “grado de contaminación criminógena o involucramiento que presenta un sujeto respecto de la cultura carcelaria dominante entre la población reclusa” (Gendarmería de Chile, 2017: 13). Esto deja en evidencia que no existe un modelo que permita evaluar e intervenir las particularidades de las mujeres que cometen delitos desde un enfoque de género sólido y coherente (^{Piñol et ál., 2015}).

Los motivos de lo anterior residen en que históricamente las investigaciones y teorías que buscan explicar el comportamiento criminal se han desarrollado bajo el paradigma androgénico, ya que el foco ha estado puesto en el estudio de la población masculina, generando modelos comprensivos de la valoración del fenómeno delictual sin distinción de género. Esto porque la delincuencia femenina ha estado invisibilizada, dado que los estudios eran realizados por y para hombres (^{Gobeil et ál., 2016}; ^{Pina, 2016}; ^{Yugueros, 2013}), existiendo una escasa cantidad de artículos o investigaciones que han abordado la temática específica de las mujeres (^{Piñol et ál., 2015}). Además, los modelos basados en la reincidencia delictual se centran en el riesgo de cometer un nuevo delito (^{Velásquez, 2014}), mientras que el desistimiento se enfoca en aquellos que favorecen el cese de la carrera criminal.

De esta forma, la importancia de comprender las particularidades del fenómeno delictual en las mujeres permitirá generar evaluaciones e intervenciones acordes al perfil, por ello es relevante preguntarse si ¿Existe relación entre factores psicosociales, niveles de autoeficacia, apoyo social percibido y etapa de motivación al cambio, con el proceso de desistimiento delictual en mujeres que han cumplido condenas privadas de libertad? Para responder este interrogante, se identifican tres objetivos específicos: 1) caracterizar la muestra, diferenciándola por factores psicosociales, niveles de autoeficacia, apoyo social percibido y etapa de motivación al cambio; 2) generar un índice de desistimiento delictual; 3) establecer el grado de asociación entre niveles de autoeficacia, apoyo social percibido, etapas de motivación al cambio y desistimiento delictual.

Método

Esta investigación se enmarca desde una epistemología feminista (^{Blázquez, Flores & Ríos, 2012}) realizando un estudio comparativo, correlacional y descriptivo (^{Hernández, Fernández & Baptista, 1991}). Para la recolección y análisis de la información se usó la técnica de entrevista semiestructurada, y cuestionarios, complementados con notas de campo, memo de síntesis y elaboración de informes de devolución que permitieron el contrachequeo, validando así la información recabada y facilitando un proceso de concientización por parte de las participantes como lo plantea la perspectiva de género (Ríos, 2012). La muestra estuvo constituida por 50 mujeres de nacionalidad chilena, quienes cumplieron condenas privativas de libertad en la Región Metropolitana de Chile, accedieron a participar de la investigación en forma voluntaria, firmando previamente un consentimiento informado y respondiendo al menos uno de los cuestionarios.

Cabe señalar que del total de la muestra, el 50% se encontraba privada de libertad en el momento de la entrevista, a lo que se denominará como fase intrapenitenciaria, el 30% estaba en libertad en una etapa pospenitenciaria y un 20% se encontraba cumpliendo condena en el medio libre, es decir, había estado privada de libertad, pero actualmente se encontraba en un espacio diferente, fuera del recinto, ya que contaba con un beneficio intrapenitenciario (salida dominical, sabatina, o controlada al medio libre).

Los instrumentos aplicados fueron una entrevista denominada (a) “Historia Delictual”, creada por la investigadora y fundamentada en la literatura científica (ver anexos), esta permitió identificar los factores psicosociales a la base del inicio, manutención y desistimiento de la conducta delictual; y tres cuestionarios de autorreporte formato likert que presentaron una confiabilidad adecuada. (b) Escala de Autoeficacia General (EAG), consta de 10 ítems que evalúan la percepción que tiene la persona respecto a sus capacidades para manejar diferentes situaciones estresantes en su vida diaria (^{Cid, Orellana & Barriga, 2010}), la cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.899; cabe señalar que, para fines de esta investigación, se realizó una modificación del grado de acuerdo (opinión) por frecuencia de la experiencia desde nunca, hasta siempre, manteniendo los 5 puntos originales. (c) Escala de Apoyo Social (ESSI ENRICHD Social Support Index), cuenta con 6 ítems que miden apoyo estructural, instrumental y emocional (^{Ortiz, Myers, Dunkel, Rodríguez & Seeman, 2015}), obteniendo un alfa de 0.950, y (d) Escala de Estadios de Cambio (SOCS Stage of Change Scale), con 32 ítems de afirmaciones o creencias sobre la conducta problema que experimenta la persona (^{Redondo & Martínez, 2011}), esta obtuvo un alfa de 0.787. Para el análisis de datos se usó el software SPSS en su versión 24.0.

Resultados

Caracterización de la muestra

El promedio etario del total de mujeres que participaron en la investigación (N=50) fue de 41.8 años, siendo el mínimo 24 y el máximo 60 (DS= 11). El nivel de escolaridad alcanzado de quienes respondieron toda la entrevista (N=49) es bajo, 41% tiene enseñanza básica incompleta y solo un 29% terminó la enseñanza media. 55% posee capacitación en un oficio. 84% refiere pertenecer a una religión, de ellas, 56% se define como católica y 41% como evangélica. 47% refiere tener algún tipo de consumo de sustancias, entre ellas, el 61% consume cigarro, el 35%, marihuana y el 4%, cocaína. 35% ha sido diagnosticada con algún problema en salud mental, de este porcentaje 76% corresponde a trastornos del ánimo. El 51% manifestó encontrarse en una relación de pareja, 92% son madres, 71% refiere que tiene algún familiar involucrado en delitos: 34% son sus padres y 55% que se encuentra realizando actividades legales para generar ingresos económicos.

Sobre la prevalencia delictual respecto a la muestra total, el último delito cometido es mayoritariamente por la Ley de Drogas (64%), seguido por delitos contra la propiedad (20%), específicamente hurtos, y en menor tasa, delitos contra las personas y quebrantamientos de beneficios (8% c/u).

Para comprender el fenómeno de las prácticas delictivas en mujeres que han cumplido condenas privativas de libertad, se identificaron factores psicosociales relacionados al inicio, manutención y desistimiento delictual.

La edad promedio del inicio delictual fue de 25.4 años, con una mínima de 7 máxima de 51 años (DS=13). La prevalencia delictual sigue siendo la Ley de Drogas con 55.1%, seguida por hurtos en un 31%; 28.6% de mujeres refiere haber cometido el delito por necesidad económica, 20.4% lo hizo por el sentido de pertenencia al grupo de pares, y el mismo porcentaje manifiesta haberlo hecho por una crisis en su historia vital, como que su pareja fuera detenida y privada de libertad; y 14.3%, por el consumo de sustancias. Asimismo, la forma de involucrarse en 28.6% de los casos fue a través del grupo de pares, 24.5% lo hizo con la pareja y 12.2% inició junto a algún miembro de su familia. La sensación que refieren frente a la comisión delictual es de obtener dinero rápido y fácil en un 28.6%; 22.4% describe haber sentido adrenalina y poder, mientras que 20.4% manifiesta culpa y arrepentimiento por el delito cometido. En esa primera oportunidad, 30.6% de mujeres fue condenada con la pena sustitutiva de remisión condicional.

En ese momento de sus vidas, identifican una relación cercana con sus familias en 67.3%, describiendo la crianza de sus padres o cuidadores como protectores en 42.9%, aunque hay 40.8% que también los identifica como negligentes. Por otra parte, el 57.1% había desertado del sistema escolar, el 59.2% eran madres y 53.1% tenía una pareja, donde un 61.5% de ellos tenía prácticas infractoras. Asimismo, 73% de las mujeres refiere haber consumido algún tipo de sustancia a lo largo de su historia vital, de las cuales el 26% consumió marihuana, 26% ingirió pasta base de cocaína, 20% lo hizo con cocaína, 17% bebió alcohol y, por último, 11% consumió otro tipo de sustancias, como neoprén, opiáceos, etc. Del total de mujeres que refieren haber consumido, 77% identifica que lo hacía diariamente.

Todos los elementos descritos anteriormente coinciden con varios de los factores predisponentes identificados en diferentes investigaciones científicas, como el fracaso escolar, contar con padres que presentan prácticas negligentes, parejas que cometen delitos, consumo de sustancias, y precaria situación socioeconómica (^{Añaños-Bedriñana & García-Vita, 2017}; ^{Loinaz & Andrés-Pueyo, 2017}; ^{Turbi & Llopis, 2017}), dejando en evidencia las situaciones de vulnerabilidad que han vivenciado estas mujeres, y que anteceden a la privación de libertad.

Ahora bien, respecto al proceso de manutención en la trayectoria delictual, se aprecia una reincidencia en el mismo delito de 87.8%, a su vez 8.1% refiere haber cometido otro tipo de delito, mientras que 4.1% no ha reincidido. La motivación por mantenerse en el delito en 38.8% apunta a la misma sensación de tener dinero rápido y fácil descrita en el inicio de las prácticas infractoras. Si se considera que el 54% tuvo alguna pena sustitutiva a la reclusión que no fue acompañada por un proceso psicosocial orientado a la inserción social y a la prevención de una nueva comisión delictual, pareciera que la severidad del castigo no logra tener los efectos orientados al desistimiento como lo plantean ^{Rodermond et ál. (2015)}.

Respecto al desistimiento delictual, se han identificado cinco factores psicosociales descritos en la literatura, como, por ejemplo, adherir a una religión o tener una creencia espiritual, contar con mayores niveles de escolaridad alcanzados y/o capacitaciones, la abstinencia al consumo de sustancias, la ausencia de problemas en salud mental y la independencia económica, los cuales son característicos para la población femenina (^{Rodermond et ál., 2015}). Además, dichos factores se conjugan con los constructos de autoeficacia, apoyo social percibido y motivación al cambio, estudiados como a la base de este proceso.

A partir de lo anterior, se aprecia que 83.6% de las mujeres que puntúan en niveles altos de autoeficacia, 81.6% percibe altos niveles de apoyo social y 36% se encuentra en la etapa motivación de acción al cambio. En las figuras se presentan los factores psicosociales según los niveles más altos de los constructos descritos en la presente investigación, debido a que, de acuerdo a la hipótesis de base, estos se encontrarían orientados hacia el desistimiento delictual.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Caracterización de factores psicosociales según nivel alto de autoeficacia general percibida. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Caracterización de factores psicosociales según nivel alto de apoyo social percibido. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Caracterización de factores psicosociales según etapa de motivación de acción al cambio. 

Índice de desistimiento delictual

Con el fin de construir el índice de desistimiento delictual, se exploraron variables relacionadas al inicio, mantención y decisión de dejar de cometer delitos. En esta ocasión se plantea el desistimiento como una variable cuantitativa intervalar, en la que a mayor sea el valor obtenido, más alto es el nivel de presencia del constructo.

La construcción de este indicador se realizó con base en la literatura científica que plantea la existencia de determinados factores estáticos y dinámicos que inciden en las trayectorias delictuales, los que han sido estudiados sin distinción de género. Los primeros son aquellos que no se pueden modificar; por lo tanto, sirven de antecedentes, aunque no se intervienen. Por ejemplo, la edad de inicio es uno de los acervos científicos más estudiados, en cuanto predice la persistencia en el delito (^{Piquero & Moffitt, 2005}). Desde esta misma perspectiva, la cantidad de años cometiendo delitos permite entender si la trayectoria delictual es limitada o persistente (Piquero & Moffitt, 2005), entendiendo también que mientras más tiempo está la persona involucrada en las prácticas infractoras, es más probable que exista una validación y autoeficacia de estas conductas, lo que facilita la conformación de una identidad delictiva (^{Maruna, 2004}). Siguiendo este modelo, la cantidad de delitos autorreportados también se comprendería dentro de un tipo de trayectoria delictual persistente. Para efectos del indicador, el autorreporte delictual refiere la cantidad de delitos que la mujer manifiesta ha cometido a lo largo de su trayectoria criminal, el que se cuantificó en cinco intervalos: (a) 1-5, (b) 6-10; (c) 11-15; (d) 16-20; y, (e) más de 20 delitos. Por último, el tiempo de la última condena privativa de libertad es un factor que está asociado a la disminución de la reincidencia en cuanto actúa como reconocimiento de la severidad del castigo y las personas evitan volver a pasar por la misma situación (^{Olavarría & Pantoja, 2010}).

En los factores dinámicos se aprecian antecedentes de consumo de sustancias, lo que tiene una incidencia importante en la reincidencia femenina (^{Karlsson, 2013}). En la construcción de este indicador, se visualizaron de acuerdo con el tipo de consumo, en una escala de 0 a 8 (sin consumo=0; tabaco=1; alcohol=2; marihuana=3; cocaína=4; pasta base de cocaína=5; pastillas=6; opiáceos=7; solventes=8). La comisión delictual activa refleja ausencia de desistimiento y reiteración de conductas transgresoras de la ley (^{Villagra, Espinoza & Martínez, 2014}). En esta perspectiva, se incluye la autopercepción de riesgo delictual, variable que se obtiene desde la Escala de Estadios de Cambio (SOCS), que en un ítem plantea: “Mirándome a mí misma, con absoluta sinceridad considero que el riesgo existente de volver a caer en mi problema es, en una escala de 0 a 10 puntos, de (…) puntos, donde 0 es un riesgo nulo y 10 el riesgo máximo”. Una mujer que permanezca delictualmente activa debiese puntuar un valor más alto en el riesgo de cometer nuevos delitos, lo que desde el modelo transteórico del cambio daría cuenta de estadios más alejados del cambio conductual.

Finalmente, se plantea una variable de desistimiento “tiempo sin delinquir”, pues mientras más extenso sea este se infiere la posibilidad de haber vivenciado un proceso de desistimiento primario que se define como un período en el cual la conducta delictiva se encuentra dormida, pero que aún no se ha generado el cambio axiológico (^{Maruna, 2004}). Incluso, ^{Droppelmann (2017)} operacionaliza el desistimiento como la ausencia de delitos autorreportados en el período de un año cruzando la información con estadísticas oficiales de reincidencia legal.

En síntesis, los ocho factores seleccionados para la construcción del indicador son: edad de inicio, años delinquiendo, cantidad de delitos autorreportados, tiempo de la última condena, antecedentes de consumo, comisión delictual activa, autopercepción del riesgo delictual y tiempo sin cometer delitos.

Con el fin de poder crear el índice, en primer lugar, se obtuvieron los valores para los ocho indicadores señalados anteriormente por las 50 mujeres. Posteriormente, se realizó un análisis de correlación bivariado (ver tabla 2) que mostró el peso de las asociaciones entre variables. Luego, se tomaron decisiones basadas en el criterio de la investigadora considerando la literatura estudiada, por ello, se discriminaron las variables de acuerdo con su peso porcentual (ver tabla 2), posteriormente, se convirtieron los puntajes obtenidos en cada variable de acuerdo con dichos porcentajes, para así realizar una sumatoria y obtener el Índice de Desistimiento Delictual (IDD) para cada participante.

Tabla 1. Jerarquización de las variables según peso porcentual ajustado. 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Correlaciones r de Pearson entre variables de riesgo delictual. 

Nota: **=p<0,01; *=p<0,05

A partir de este índice se pudieron determinar dos perfiles con diferentes probabilidades de desistir del delito. El primer perfil, una mujer con mayores probabilidades de desistir, se caracteriza por inicio tardío de las prácticas infractoras, menor tiempo cometiendo delitos, cumplimiento de condenas más extensas, períodos más largos sin cometer delitos, menor cantidad de delitos autorreportados, y menor autopercepción de riesgo de seguir realizándolos, sin antecedentes de consumo de sustancias y sin encontrarse activa delictualmente. El segundo perfil presenta menores probabilidades de desistir y se caracteriza por un inicio temprano en el delito, principalmente, en la infancia y preadolescencia, mayor tiempo cometiendo delitos, con una trayectoria delictual persistente, y mayor cantidad de delitos autorreportados, posee una autopercepción de riesgo alto de volver a delinquir, cumple condenas privativas de libertad más breves, cuenta con más antecedentes de consumo de sustancias y se encuentra activa delictualmente.

Predicción del desistimiento delictual femenino

El grado de asociación entre los niveles de autoeficacia, apoyo social percibido, etapas de motivación al cambio (precontemplativa, contemplativa, acción y mantenimiento) y desistimiento delictual se obtuvo a través de un modelo de regresión lineal múltiple, el cual arrojó dos modelos. Sin embargo, se aprecia que el segundo modelo presenta mejores indicadores de predicción del desistimiento, el cual incluye las etapas de motivación al cambio: acción y mantenimiento. En este modelo, el desistimiento delictual es explicado en 50.4% por las variables identificadas; no obstante, una vez corregido el valor por el efecto de la muestra y de las variables independientes, resulta que el modelo propuesto explica en un 25.4% la variable dependiente de desistimiento delictual.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Modelo de predicción del desistimiento delictual femenino 

Discusión

Respondiendo a los objetivos del presente estudio, la caracterización de la muestra según factores psicosociales, evidencia un perfil con profundas huellas de discriminación y opresión, atribuibles a la condición de ser mujer (Norza-Céspedes, González-Rojas, Moscoso-Rojas & González-Ramírez, 2012), incluyendo exclusión social e historia de vulneraciones (Fundación Paz Ciudadana, 2015).

Complementando con datos cualitativos obtenidos de las entrevistas, se aprecia que la muestra cuenta con bajos niveles de escolaridad (69% no ha finalizado la enseñanza media), en esta se identifican expresiones como “me sacaron (del colegio) para cuidar a mis hermanos” (R.C., 2017), lo que deja en evidencia el fracaso escolar y junto con ello un Estado que no se hace cargo de resguardar el derecho a la educación de estas niñas y adolescentes (^{Añaños-Bedriñana & García-Vita, 2017}).

Presentan antecedentes de consumo de sustancias, ya que se destaca 26% de prevalencia de pasta base de cocaína, lo que se refleja en la frase “estaba dentro de una casa consumiendo pasta base” (Y.E., 2017), que a su vez es concordante con cifras encontradas en un reciente estudio con mujeres privadas de libertad en Chile (Centro de Estudios Justicia y Sociedad [CJS], 2017).

Se suman factores de riesgo familiar, ya que el 40.8% identifica padres/cuidadores con prácticas negligentes, y/o conductas infractoras (34%), manifestado en la frase “mi papá es ladrón” (C.V., 2017), lo que es un facilitador para el inicio de la comisión delictual (^{Martí & Cid, 2015}). Dentro de la misma línea, se identifica que el 59.2% era madre al momento de iniciar las prácticas infractoras, siendo uno de sus motivadores para delinquir, reflejado en la frase “robaba para mis hijos” (A.B., 2017), debido a las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica a la cual estaba expuesta (^{Antony, 2014}; ^{Cárdenas & Undurraga, 2014}), manifestado en “no teníamos para comer” (P.M., 2017). Entre quienes tenían pareja, 61.5% cometía delitos, siendo un factor de riesgo para su vinculación a las prácticas infractoras, lo que se aprecia en la expresión “mi marido me ofreció y yo lo ayudé” (G.O., 2017) (^{Loinaz & Andrés-Pueyo, 2017}).

Esta caracterización deja en evidencia las diferencias con la población masculina (^{Ariza & Iturralde, 2017}; ^{Droppelmann, 2017}), porque las motivaciones, necesidades y control social ejercido por la estructura patriarcal dominante son específicas según género.

Ahora bien, en el momento de la entrevista de investigación, se aprecia que el promedio de edad fue 41.8 años (DS=11), lo que da cuenta, de acuerdo con la teoría del desistimiento, que las mujeres se encontrarían en una etapa evolutiva orientada al cese de la conducta criminal (^{Maruna, 2004}). Desde este punto de partida puede explicarse que la muestra presente altos niveles de autoeficacia general (83.6%), apoyo social percibido (81.6%) y se encuentre en la etapa de motivación de acción al cambio (36%), lo que sugiere una población en proceso de desistimiento delictual (^{Cid & Martí, 2011}).

Se suman factores psicosociales relacionados con el desistimiento (^{Rodermond et ál., 2015}), por ejemplo, practicar una religión (84% de la muestra), no contar con consumo abusivo o dependiente de sustancias (53%), no presentar dificultades de salud mental (65%), tener estudios de capacitación (55%) e independencia económica (55% genera ingresos económicos legales).

Ahora bien, respecto al objetivo de generar un índice de desistimiento delictual, se identifican con los ocho indicadores seleccionados dos perfiles con distinta probabilidad de desistir. Este perfilamiento, permite entender que, dentro de una misma población, como son las mujeres privadas de libertad, existe heterogeneidad, que a su vez evidencia la necesidad de generar intervenciones especializadas y diferenciadas de acuerdo con las particularidades de cada perfil. En este sentido, las mujeres que cuentan con trayectorias delictuales persistentes requieren un abordaje más profundo en hábitos, autoeficacia, estilo de vida e identidad antisocial (^{Piquero & Moffitt, 2005}). En cambio, la mujer con menor historia delictual requiere oportunidades específicas que faciliten su reincorporación a la familia y el trabajo, promoviendo una inserción social sustentable.

En respuesta al último objetivo, el modelo de desistimiento delictual muestra que la motivación al cambio, en sus etapas de acción y mantenimiento, explica que 25.4% de la varianza evidencia la relevancia que tiene la capacidad de agencia y la voluntad personal en el proceso de cese de la conducta criminal (^{Mettifogo et ál., 2015}; ^{Rodermond et ál., 2015}).

Por lo anterior, se hace necesario la incorporación del modelo transteórico del cambio de manera transversal en los programas que trabajen con esta población. De esta forma, se tiene un eje central orientado a promover la motivación al desistimiento (^{Cid & Martí, 2011}) y de manera especializada intervenciones diferenciadas de acuerdo con los perfiles encontrados, brindando oportunidades para la sustentabilidad del cambio y trabajando de modo intensivo en la resignificación axiológica del comportamiento, hacia un estilo de vida socialmente ajustado. Adicionalmente, las estrategias de intervención deben estar fundadas desde una perspectiva de género, siendo específicas para mujeres, tanto en sus contenidos reparatorios como en la construcción de puentes de inclusión social.

Dentro de las limitaciones del estudio, está el tamaño de la muestra, algo característico de la investigación con población penal femenina, pero también sus características, pues se accedió a ella con apoyo de programas que trabajan en reinserción social intra y pospenitenciaria, generando un sesgo hacia el desistimiento delictual, debido a que todas quienes aceptaron participar voluntariamente estaban activas o habían participado en alguno de estos programas; esto, sin embargo, también es una de las fortalezas del estudio, pues el foco era el desistimiento, no la reincidencia.

A modo de proyección, sería interesante ampliar la muestra a diferentes regiones de Chile para conocer si los resultados son extrapolables a otros territorios y si los perfiles van cambiando. Asimismo, se requiere seguir estudiando la relación entre las variables de autoeficacia y apoyo social percibido con el desistimiento delictual, incorporando los elementos específicos relacionados al ámbito delictual y considerando a las mujeres que no sean parte de ningún programa social. Finalmente, es necesario seguir investigando acerca de la variable de motivación al cambio en los procesos de intervención, a fin de generar un abordaje diferenciado, focalizado y especializado, que facilite el desistimiento y la sustentabilidad de la reinserción social.