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Introducción
Este artículo registra las cifras estadísticas en cuanto a los delitos cometidos en Colombia durante el 2018, estas dan a conocer el comportamiento de la criminalidad mediante un comparativo de los años 2017 y 2018, desagregando de esta forma los delitos de mayor impacto en la seguridad ciudadana y que afectan la estabilidad social y económica de una comunidad.
Según González y Sánchez (2008) el fenómeno criminal debe ser comprendido y analizado no en sí mismo, sino siempre en relación con otro, determinado en el tiempo y en el espacio. Por ello, el método mínimo para su conocimiento es el comparativo, teniendo en cuenta que la criminalidad en Colombia es un problema secular de vital importancia para todas las instituciones del Estado. No obstante, Durkheim (1893) planteó en el concepto sociológico que la anomia como la criminalidad es una falla de la estructura social, por la carencia relativa de normas en un grupo o una comunidad (González y Sánchez, 2008), lo que conlleva en gran medida a establecer los parámetros de comportamiento de los ciudadanos y el cumplimiento jurídico que deben tener los operadores de justicia en nuestro país; sin embargo, existen interpretaciones de la violencia y la criminalidad desde las metodologías econométricas que reduce el modelo de desarrollo social y potencia la criminalidad a un conjunto de variables socioeconómicas (pobreza, desempleo, nivel educativo entre otras) (Paternain, 2007).
Desde la perspectiva económica, se tienen en cuenta diferentes maneras de analizar el crimen. Desde lo microeconómico, está la decisión del agente individual (delincuente en este caso) maximizador de su utilidad, el cual es racional como lo suponen los economistas neoclásicos y que realiza un análisis costo beneficio entre el ejercer una actividad legal versus una ilegal. Este análisis tiene como beneficio la renta obtenida por la actividad ilícita, la cual realizará si supera la lícita, pero, además, incorpora dentro de su raciocinio el costo, que tiene que ver con la probabilidad de ser capturado y condenado (así como la severidad de la sentencia) (Becker, 1968) (Ehrlich, 1973).
Así mismo, la microeconomía se encarga de entender cómo funcionan los mercados, por lo que es útil a la hora de analizar el incremento en delitos contra el patrimonio económico: la oferta y demanda de bienes obtenidos de forma ilegal (celulares, motocicletas, vehículos, computadores, entre otros). De igual forma, se evidencia la habilidad creciente de los delincuentes para ocultar sus actividades ilícitas e infiltrarlas en el sistema formal económico a través de operaciones sofisticadas, para no perder los dividendos de sus inversiones, es decir, logrando participar en la economía formal.
Es así entonces como este artículo presenta una combinación de un análisis teórico y descriptivo, que pretende aportar al entendimiento y al desarrollo de políticas públicas para enfrentar la problemática delincuencial con sustento científico. Además inicia con una revisión de la literatura, enfocada a los costos tangibles e intangibles que trae la criminalidad para la sociedad y, por ende, cómo las acciones disuasivas y preventivas son de mayor relevancia para propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un territorio, enfocado para el caso de la región de América Latina.
Luego se procede a describir la dinámica de la criminalidad en Colombia, entendida esta como el conjunto de delitos y contravenciones cometidos en un tiempo y espacio determinados, con técnicas gráficas que permiten una visualización sofisticada de la realidad. Al final del manuscrito están las consideraciones finales, buscando una mirada holística de la problemática en consideración.
Disuasión y prevención de la criminalidad
La región de América Latina y el Caribe -según el Banco Mundial- tiene la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes de 22,3 y la del mundo es 5,3, constituyéndose en la región más violenta del universo durante el año 2015. Esta situación no ha cambiado en los últimos tres años. Esta violencia trae costos tanto económicos como sociales, lo que implica sea prioridad de la política pública en las diferentes dimensiones territoriales de los países. En palabras de Jaitman (2017), dentro de los costos psicológicos está lo referente a los cambios en el comportamiento de las personas y las empresas para prevenir ser víctimas, además de los gastos para protegerse del accionar delincuencial así como a nivel nacional está la pérdida de productividad de los factores productivos y el costo de oportunidad en la asignación eficiente de recursos que se desvían para controlar la delincuencia.
Se calcula que en promedio para América Latina y el Caribe (LAC), el crimen es equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, existiendo grandes diferencias entre países, siendo críticos los centroamericanos como El Salvador con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes y Honduras con una tasa de 57 contrastando con los de Suramérica como Chile (3), Argentina (6), Uruguay (7,8). Por su parte, los países con mayor número de habitantes y que también han sufrido diferentes tipos de violencia se comportan diferente: Brasil (28), México (16).
Dada esta realidad, una de las instituciones más importantes así como disuasivas frente al delito es, por un lado, la Policía, encargada de ejecutar las capturas y, por el otro, el sistema judicial al tener la responsabilidad de condenar el delito y encarcelar al individuo que lo comete. Al respecto Mello (2019) estudia el efecto causal de la policía en el crimen, encuentra que el crimen violento responde mejor que el de propiedad, ante aumentos en la fuerza policial. Señala que el apoyo fiscal a los gobernantes locales para la prevención del crimen puede obtener grandes retornos, especialmente en épocas macroeconómicas complicadas y más aún en los lugares geográficos que se ven más afectados por estas crisis. Las estimaciones indican que cada oficial de policía se asocia con 4,27 menos crímenes violentos y 15,39 menos crímenes a la propiedad, lo que implica elasticidades correspondientes de -1,3 y -0,81, coherente con otra literatura que afirma que la elasticidad de policía-crimen es mayor para crímenes violentos que para la propiedad. Esto es lógico, dado que el accionar o presencia policial controla el delinquir por dos vías: es disuasiva con su presencia per se y es incapacitante cuando efectivamente hay aprehensión. Vale la pena resaltar que el efecto disuasivo es especialmente relevante no solo por la disminución en el crimen, sino porque en términos relativos es menos costoso que la incapacitación vía encarcelación (Chalfin & McCrary, 2017).
Se hace entonces pertinente comenzar el análisis de la prevención de la criminalidad vía la disuasión, por lo que en primer lugar se debe abarcar el trabajo seminal de Becker (1968), quien afirma que el delincuente es un ser racional, ya que toma sus decisiones realizando un análisis costo-beneficio, teniendo en cuenta el ingreso que tendrá al realizar una actividad económica legal versus una ilegal, la probabilidad de ser aprehendido si su decisión es la ilegal y la severidad de la sentencia que debe afrontar si es judicializado por dicha actividad.
En adelante, otros economistas han analizado la sensibilidad del crimen frente a la disuasión, a la severidad de la sentencia y a las oportunidades que ofrece el mercado laboral formal (Chalfin & McCrary, 2017). Es así como si se analiza de manera conjunta a Becker (1968) y a Ehrlich (1973) -pioneros en el análisis económico del crimen-, se logran tres conclusiones sobre la disuasión: i) la oferta de delitos disminuirá a medida que aumenta la probabilidad de aprehensión, (2) la oferta de delitos disminuirá a medida que aumenta la severidad de la sanción penal, y (3) la oferta de delitos disminuirá a medida que aumenta el costo de oportunidad del delito.
Lo anterior genera la famosa metáfora de garrote o zanahoria (Corman & Mocan, 2005), constituyendo el garrote lo relacionado a la aprehensión y sentencia correspondiente y a la zanahoria a las condiciones del mercado laboral formal y legal que da señales para el análisis costo beneficio del potencial delincuente; al respecto se concluye que si bien las variables económicas y de disuasión son importantes para explicar la disminución de la delincuencia, la contribución de las medidas de disuasión pueden ser mayores que las provenientes de las variables económicas.
Asumiendo lo anterior como un supuesto racional, el papel disuasivo de la policía es fundamental y al respecto se describen tres maneras en las que se puede gestionar esto. La primera es conocida como vigilancia policial de "puntos calientes". En este caso, la policía está desplegada de manera concentrada en áreas de una ciudad que parecen atraer niveles desproporcionados de delincuencia. El segundo tipo de intervención es la policía "orientada a los problemas" y hace alusión a una colección de estrategias de disuasión enfocada para cambiar el comportamiento de determinados tipos de delincuentes o para tener éxito en territorios específicos. Por último, es lo referente a la de la policía "proactiva", constituyendo estrategias que están diseñadas para hacer que la vigilancia policial sea más intensiva, manteniendo los recursos fijos (Chalfin & McCrary, 2017).
En línea con lo anterior, el artículo seminal de “hot spots” o puntos calientes corresponde a Sherman, Gartin & Buerger (1989), quienes estudian la concentración espacial de los crímenes orientando decisiones de concentrar la fuerza policial y sus recursos en estos mismos espacios. La segunda estrategia es la del enfoque de la orientación de los problemas, en los que se puede poner como ejemplo la lucha con las bandas criminales, cuyo objetivo radica en prevenir que los jóvenes se involucren en problemas de violencia entre barrios y su vinculación a la banda criminal que actúa cerca de su vivienda. En esta línea estratégica se encuentra Eck (2003) con la teoría de reformar a posibles delincuentes o delincuentes existentes brindando educación antidrogas, otorgando oportunidades de práctica de actividades deportivas y recreativas para adolescentes pueden aportar positivamente a frustrar el desarrollo de las propensiones criminales. La tercera táctica tiene que ver con la proactividad policial.
Asimismo, lo que ahora se está viviendo es la necesidad de predecir o pronosticar en tiempo y espacio donde ocurrirá el delinquir para actuar antes y no de manera posterior. Al respecto, Cohen, Gorr & Olligschlaeger (2007) desarrollaron un modelo de indicador líder para pronosticar delitos graves tanto violentos como contra la propiedad, buscando apoyar el despliegue táctico de recursos policiales para prevenir aumentos de delitos (o para retirar recursos de áreas pronosticadas para que disminuyan en gran medida), basados en las teorías atractivas y de desplazamiento de la delincuencia.
Victimización y bienestar de la población
Tal vez uno de los problemas de delincuencia creciente en América Latina es el de los hurtos, lo cual tiene implicaciones directas en la calidad de vida de los habitantes por el hecho de ser víctimas de este delito, el cual puede ser sin violencia o con violencia, sin embargo abarca costos monetarios como psicológicos que afronta la víctima. Kuroki (2013) reafirma lo anterior y hace referencia a cómo el crimen afecta financieramente a los individuos y con esto, directamente vulnera el bienestar subjetivo y la felicidad de una realidad social. El autor utiliza datos de estos fenómenos recolectados del territorio nacional de Japón y señala que esta vulneración se evidencia con la pérdida monetaria pecuniaria (pérdida de dinero en efectivo, gastos médicos y jornadas laborales perdidas, si se sale herido) y con la pérdida no-pecuniaria (que puede incluir dificultades psicológicas). A partir de los datos recolectados se examina cómo el bienestar individual es afectado por la experiencia directa del hurto o asalto, específicamente, se examinan a los diferentes grupos de ingresos.
Por su parte, Alfaro-Beracoechea, Puente, Da Costa, Ruvalcaba & Páez (2018) estudian cómo el miedo al delito (a ser víctima de un crimen) afecta el bienestar subjetivo de las personas. Se indica que el contexto sociocultural de una sociedad puede influir en cómo las personas procesan el miedo, y por consiguiente, la relación entre el miedo al crimen y el bienestar subjetivo se diferencian entre los contextos sociales en donde este miedo es más frecuente y en los que no lo es. En consecuencia (como lo realiza este estudio) es importante analizar si la ubicación geográfica es un moderador en esta relación.
Por un lado, los contextos sociales en donde el índice de criminalidad es bajo, el miedo tiene a afectar menos el bienestar subjetivo de las personas, lo que sugiere que existe un proceso cognitivo de habituación en donde la frecuencia y la seriedad del crimen son minimizados. Por otro, en países donde el índice de criminalidad es más alto, puede existir una percepción más fuerte del peligro (preocupación sobre la seguridad e insatisfacción con la policía y la justicia). De esta forma, la relación entre el miedo al crimen y el bienestar subjetivo de las personas resulta ser más fuerte y negativa en estos contextos sociales.
La violencia en América Latina: Un problema creciente
Tal como lo afirma Glebbeek & Koonings (2016), la zona urbana de América Latina se ha convertido en un sinónimo de violencia e inseguridad, encontrando una conexión de estas con la pobreza. Además, analiza dentro de las dimensiones socioespaciales de la violencia y la inseguridad los vínculos entre pandillas criminales, drogas y violencia en áreas periféricas. Esto, a su vez, genera respuestas por parte de los residentes urbanos, quienes toman los asuntos de seguridad y cumplimiento de la ley en sus propias manos. En este orden de ideas, se hace importante resaltar que si bien la pobreza no genera directamente la violencia sistemática u organizada, la exclusión social persistente, las posibilidades de fuentes extralegales alternativas de ingreso y poder, combinadas con un Estado ausente, corrupto o en quiebra en determinados entornos urbanos territoriales o sociales, conducen a la violencia y a la inseguridad.
En esta misma línea, Jones & Rodgers (2015) sugieren una premisa básica en donde la pobreza, así como el desempleo, las crisis de ingresos, la rápida urbanización y las instituciones débiles, aumentan los riesgos de la violencia. Argumentan entonces la idea generalizada de que las ciudades y la violencia están íntimamente relacionadas con base en el hecho de que gran parte del conflicto reciente, terrorismo y desorden civil ha ocurrido en ciudades como Beirut, Bagdad, Mumbai y Nairobi, o que las tasas de homicidios más altas del mundo afectan a ciudades en Colombia, América Central y Sudáfrica. Lo anterior evidencia a su vez una relación entre ciudades de territorios en vía de desarrollo y violencia.
A su vez, el tema de bandas criminales es un asunto que preocupada de sobremanera, generando una creciente preocupación por lo que parece ser fenómeno de crimen organizado complejo y progresivamente creciente en muchas ciudades de todo el mundo (Wolff, 2015). Así mismo, Winton (2014) menciona cómo las características de la violencia de pandillas contemporáneas, en particular, la relación entre la violencia extrema y la marginalidad urbana; la creciente organización, poder e influencia de las pandillas; una batalla por la legitimidad institucional entre las pandillas y el Estado; y los graves y perjudiciales efectos de este conflicto en la población local y su estabilidad social. El autor señala como en América Central, por ejemplo, se considera que una primera ronda de medidas punitivas extremadamente drásticas ha acelerado y diversificado la criminalidad de pandillas en lugar de reducirla.
Recientemente, ha habido señales de que las iniciativas más blandas y más comunitarias reciben algún apoyo. Estos involucran una gama de actividades, incluyendo: recolección voluntaria de armas; restricciones temporales de portar armas de fuego y prohibiciones de alcohol; infraestructura en barrios marginales; e iniciativas de educación y salud pública enfocadas en jóvenes en riesgo. Estas llamadas iniciativas de "segunda generación" son parte de un nuevo consenso conceptual dentro de los círculos de políticas, están siendo promovidas en gran medida por agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales que trabajan en la región, que en general han intentado distanciarse de una retórica que criminaliza a los jóvenes.
Contextualización estadística de los delitos y operatividad en el año 2018
A continuación se presenta el análisis de las cifras de criminalidad registradas y consolidadas por la Policía Nacional en SIEDCO.
Para calcular la correlación de las ciudades capitales con respecto a los ocho delitos en el 2018, se utilizó el método de Análisis de Componentes Principales (ACP), el cual busca reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, que para este caso, es información de delitos (homicidio, hurtos2, extorsión, lesiones personales, delitos sexuales, y violencia intrafamiliar).
Se tomó la información de delitos por ciudades discriminado por trimestres y se procesó en el programa estadístico R, seleccionando las columnas que corresponde a cada trimestre del año 2018 y en cada uno por los ocho delitos mencionados anteriormente. Enseguida, se extrajeron las gráficas según el comando en R para el método ACP, el cual muestra mediante un círculo de correlaciones, el comportamiento de los delitos para cada trimestre.
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019.
Gráfica 1 Círculo de correlaciones por trimestre, 2018.
La gráfica anterior muestra la descripción del comportamiento criminal para el 2018 por trimestre, allí se evidencian tres grupos frente a las conductas delictivas: La primera hace referencia a la relación de los delitos de hurto de celulares y hurto común (personas, residencias y comercio), lo cual podría inferir en que para cada caso de hurto a persona o residencia o comercio, el bien más hurtado es un celular.
La segunda, en especial para los dos últimos trimestres, está relacionada con las lesiones personales y los delitos sexuales, que en muchos casos denunciados la víctima es agredida físicamente por su victimario. Por último, la relación entre la extorsión y el hurto de vehículos, la cual presenta una correlación significativa ya que por cada caso de hurto de vehículos en el segundo y tercer trimestre de 2018, se manifiestan casos de extorsión para poder recuperar el bien hurtado.
De igual manera, se realiza el análisis de las 10 ciudades principales con mayor concentración de delitos (23%), excluyendo a Bogotá, Medellín y Cali por ser ciudades con causas similares y la cantidad de registros de delitos que pasan el promedio nacional. Las ciudades de estudio son Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Pasto, Popayán, Cúcuta, Santa Marta y Neiva.
El análisis regional al igual que el nacional, se hizo para los ocho delitos priorizados, pero solo por semestre, de este se obtuvieron los siguientes resultados de similitud (ver Gráfica 2).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 2 Dendograma por semestre, 2018.
Mediante el método de ACP para los ocho delitos en 10 ciudades, se obtiene la gráfica la cual indica la similitud y correlación por jurisdicción de los índices de criminalidad bajo tres clúster (grupos) de ciudades. Tanto en el primer semestre como en el segundo, el primer clúster se centra en la ciudad de Barranquilla, el cual tiene un comportamiento muy diferente (independiente) a las otras ciudades; el segundo clúster se concentra, principalmente, en Santa Marta y Pereira, puede ser que la diferencia entre semestres sea por causas exógenas o estrategias de las instituciones para contrarrestar el delito que haga que en el segundo semestre no es similar en la ocurrencia de los delitos en Cúcuta e Ibagué.
Asimismo, en el tercer clúster se encuentra la mayor cantidad de ciudades similares en el comportamiento delictual que pueden ser intervenidas de acuerdo con el nivel establecido en el dendograma semestral.
Esta gráfica es muy disiente, toda vez que permite establecer líneas de acción para focalizar, optimizar y ser efectivos en la implementación de estrategias por parte de las instituciones de acuerdo con la sectorización observada. El punto va más al análisis detallado de ciudad por ciudad y las variables de tiempo, modo y lugar que permiten la ocurrencia de un hecho delictivo.
Al igual que los ejercicios anteriores se realizó para la ciudad de Bogotá por localidades y semestre. Para ello se tomó las gráficas de clúster y correlación entre delitos, con el propósito de mostrar la similitud delictual por localidades y correlación por delito (ver Gráfica 3).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 3 Dendograma delictual en Bogotá3, 2018.
En esta gráfica se presentan las agrupaciones de las localidades con correlación en la fenomenología criminal. Por lo tanto, durante el año y de acuerdo al análisis por semestre, las localidades de Kennedy, Engativá y Suba, así como Fontibón y Puente Aranda, registran comportamientos de criminalidad en los ocho delitos similares, de acuerdo a la modalidad, causa y temporalidad en que ocurren, posiblemente por ser localidades cercanas. De igual forma, están relacionados a los delitos correlacionados de hurto común, hurto de celulares y extorsión.
Así las cosas, a continuación se plantea el análisis de las cifras de criminalidad del año 2018 registradas por la Policía Nacional, las cuales presenta un incremento del 6,58% (ver Tabla 1), en comparación con 2017, en el consolidado total de los delitos contem plados en el Código Penal colombiano, se observa el decremento, de los delitos asociados a la vida y a la integridad personal (5,17%), contra la familia (2,19%), contra los derechos de autor (39,01%), contra la salud pública (3,24%) y contra el régimen constitucional y legal (9,36%).
Los de mayor incremento en el año 2018 fueron los asociados con la integridad moral (1915,12 %), seguido de los delitos contra mecanismos de participación democrática (477,65%) (ver Tabla 1).
Sobre el total de los registros delictuales en 2018 (ver Tabla 1), los relacionados con el título “Delitos contra el patrimonio económico” registraron una participación del 38,55% (496.963), seguido de los delitos contra la vida y la integridad personal con un 16, 09% de participación (207.123).
Las conductas delictivas con mayores frecuencias dentro del título “contra el patrimonio” son: hurto a personas, residencias y entidades comerciales, con un total de 369.829 casos en el 2018, y una participación en el total de delitos que atentan contra el patrimonio económico de 74,5% (ver Tabla 4).
Al final de este artículo se publicarán los anexos de las tablas con información estadística del comportamiento de la criminalidad a nivel nacional para el año 2018.
Homicidio común
Al realizar un análisis por tasa de los homicidios en las ciudades capitales se observa que las más altas se concentran en San Andrés, con 34, seguida por Arauca, con 29; Armenia, con 29; Medellín, con 25; Neiva, 24; Villavicencio, 23, y Tunja con 4, es la tasa más baja de las ciudades a nivel país.
De acuerdo con los registros administrativos de la Policía Nacional en el SIEDCO, durante 2018 se registraron en Colombia 12.927 homicidios4, lo que representa, en comparación con 2017, un incremento del 5,11%, es decir, 629 casos más, ya que en el periodo anterior se presentaron 12.298 hechos, lo que representa una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así mismo, es pertinente indicar que 260 casos corresponden a muertes en procedimientos de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado contra presuntos delincuentes, las cuales están incluidas en el total de casos del año 2018.
Finalizado el año 2016, se registraron 12.164 homicidios comunes con un promedio de 1.014 casos mensuales; durante 2017, se presentó un decremento de 85 casos (0,7%), se perpetraron 12.079 con un promedio mensual de 1.007 hechos; seguidamente 2018, 12.667 homicidios comunes y un promedio de 1.056 casos mensuales, tuvo un incremento del 4,87% (588) (ver Gráfica 4).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 4 Histórico homicidios 2016, 2017 y 2018
Los departamentos que registraron la mayor cantidad de homicidios durante el 2018 fueron:
Antioquia, con el 19,33% (2.449 muertes violentas); Valle del Cauca, con el 17,70% (2.242) y Cundinamarca, incluyendo Bogotá D.C., con el 11,52% (1.459). Estas entidades territoriales concentraron el 48,55% (6.150) de los casos.
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 5 Diagrama de Pareto - Homicidios por departamentos políticos, 2018
Los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Meta, Tolima y Santander reportaron 80% de muertes violentas en 2018, lo cual indica que 10.088 víctimas se presentaron en estos 12 departamentos.
El 66,64% (8.441 casos) de los homicidios fueron ocurrieron en zona urbana, mientras que el 33,36% (4.226) en sector rural; las vías públicas concentran el 60,78% (7.699) son el sitio de mayor participación. Respecto a la fecha de ocurrencia de los hechos, los meses en los que suceden más homicidios son diciembre (1.220) y abril (1.119). Así mismo, incluyendo los meses anteriores; enero, marzo, julio y agosto mantuvieron una tendencia del homicidio por encima del promedio mensual (1.056). Los días de fin de semana (domingo y sábado) son los que reportaron el 21,16% (2.680) y 16,07% (2.035) respectivamente (ver Gráfica 6).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 6 Homicidios días de la semana años comparativos y días de la semana vs. zona 2018
Con respecto a la hora de los hechos, el rango se presentó entre las 18:00 a las 23:59 horas, este intervalo registró el 38,63% (4.893) homicidios, seguido por las 12:00 a las 17:59 horas con el 22,78% (2.886).
El arma de fuego fue el medio más utilizado para la comisión de este delito en el 2018, con el 72,40% de participación, representado en 9.171 casos, seguido de las armas cortopunzantes, con el 21,88% (2.771) y los elementos contundentes con el 4,32% (547). Así mismo, 11 homicidios ocurrieron sin el empleo de armas.
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 7 Top 3 ciudades por homicidios: modalidad, armas y sexo, 2018
De igual manera, la violencia instrumental (sicariato) registró un 53,65% (6.796 casos) de participación, es la modalidad de mayor recurrencia, le siguen las riñas con el 28,29% (3.584 hechos) y el atraco con el 5,98% (757). En gran medida estos casos son inducidos por factores como el ajuste ilegal de cuentas con el 33,04% (4.185), la intolerancia social con el 30,93% (3.918) y por venganza con el 23,09% (2.925).
En cuanto al sexo de las víctimas, estos han sido hombres, principalmente, representan un 91,46% (11.585) del total de los homicidios, y las mujeres un 8,54% (1.082); además el rango de edades se concentró en las personas entre 20 a 30 años, representando un 40,40% (5.117) del total de casos (ver gráfica 8).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 8 Rango de edad y sexo de las víctimas de homicidio vs modalidad de sicariato, 2018
De acuerdo con el estado civil, las personas solteras son las víctimas de mayor frecuencia con el 62,15% (7.873), seguidas de los que conviven en unión libre con el 31,27% (3.961) y con un porcentaje no tan significativo los casados con el 4,88% (618).
El grupo empleado más afectado son los particulares con el 33,63% (4.260), seguido por las personas que se encuentran en calidad de independiente con el 30,88% (3.912) y los desempleados con el 16,34% (2.070).
A continuación, se realiza un resumen relacionando una serie de palabras con las cifras estadísticas del homicidio en Colombia en la nube de variables con datos, durante 2018, el tamaño de las principales palabras está de acuerdo con la participación de la palabra en la agrupación de las variables (ciudad, modalidad, arma o medio, sexo, estado civil, agrupación de edad, mes, trimestre, día de la semana, zona, clase de sitio, e intervalo de hora) (ver gráfica 9).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 9 “ Cloud variables with data” del homicidio en Colombia, 2018
Mapa 1 Homicidios a nivel nacional por departamentos políticos, 2018
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019.
Delitos que atentan contra la seguridad ciudadana y el patrimonio económico
Los delitos de hurto tienen impacto significativo en la seguridad ciudadana tanto como en las pérdidas de carácter económico y en la percepción de seguridad. Estos generan índices de criminalidad significativas. Los delitos que más generan economía del crimen son el hurto común (incluye residencias, comercio y personas) y el de vehículos (automotores y motocicletas).
Hurtos (personas, residencias y comercio)
Estos delitos registraron un incremento del 17%, porque se presentaron 316.624 casos en 2017 y 369.829 en 2018. La variación absoluta fue de 53.205 hurtos más (ver Tabla 4). Los departamentos con decrementos importantes son: Nariño (19%); Vichada (17%); San Andrés (9%), cuando se comparan estos dos años; en cuanto a los de mayor incremento en el hurto común fueron Vaupés (52%); Atlántico (33%); Bolívar (25%) (ver Tabla 8).
Hurto a personas
Durante 2018 se presentaron 256.957 casos de hurto a personas (modalidad tipificada en el Código Penal -Ley 599/2000, artículo 239-) para una tasa de 516 hechos por cada 100.000 habitantes, con un incremento del 22,5% (más 47.187) respecto al año anterior, cuando se registraron 209.770 hurtos (ver tabla 4); las modalidades con mayor participación fueron atraco (44,86%), cosquilleo (14,41%) y raponazo (9,25%). Así mismo, el factor de oportunidad (22,29%) fue la circunstancia más recurrente (ver gráfica 10).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 10 Participación modalidades del hurto a personas en Colombia, 2018
El 46,10% (118.466) del total de los afectados se registraron en Cundinamarca, incluyendo Bogotá (105.959) y los departamentos de Antioquia (12,31%) y Valle (8,26%). El departamento de Nariño presentó una reducción significativa respecto al año 2017, al pasar de 6.540 casos a 5.266 (1.274 menos), seguido de Risaralda (276 menos), Meta (150) y Córdoba (149). Así mismo, el 80% (205.623) de estos casos se concentró en siete departamentos políticos (ver Gráfica 11).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 11 Diagrama de Pareto - Hurto a personas por departamentos políticos, 2018
Los lugares con mayor índice de denuncias por este delito fueron las ciudades capitales, entre ellas: Bogotá con el 41,24%, seguida de Medellín 8,55% (21.972), Cali 6,27% (16.106), Barranquilla el 3,74% (9.618) y Bucaramanga con el 2% (5.142); estas ciudades agrupan el 61,80% (158.797) a nivel nacional. Así mismo, 23 ciudades capitales mostraron incremento y 9 decrecieron así: Pasto (-1.055), Villavicencio (-267), Pereira (-202), Cúcuta (-66), San Andrés (-59), Mocoa (-24), Inírida (-20), San José del Guaviare (-5) y Puerto Carreño (-3).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 12 Ciudades de mayor registro, modalidad atraco y arma cortopunzante, hurto a personas, 2018
Finalizada la vigencia 2018, cuatro departamentos registraron decremento significativo en el hurto a personas, Nariño (-1.274); Risaralda (-276), Meta (-150) y Córdoba (-149) . Por otro lado, los departamentos con mayor incremento fueron Cundinamarca (30.736), Antioquia (5.213), Atlántico (3.617) y Valle (2.744) (ver Tabla 8).
El comportamiento del hurto a personas en el 2018 indicó un promedio mensual de 21.413 casos; con referencia al mes, octubre (23.529) y agosto (23.317) fueron los periodos con más casos reportados; en cambio, durante enero, febrero y marzo hubo menor participación (18.809, 19.008 y 19.759, respectivamente). Durante este año, los domingos registraron menos casos (26.213) en comparación con viernes (42.692) y sábado (39.208).
A continuación, se visualizará el comportamiento semanal, contrastando los 12 meses del año 2018 con los hechos. El domingo se encuentra ubicado en la parte superior de la tabla y la primera semana a la izquierda; así mismo, el promedio mensual del hurto a personas (línea naranja) respecto a la tendencia de los casos por meses, los de menor número son verde oscuro y los de mayor, rojo oscuro. De igual manera aquellos meses que superan (naranja) y se mantienen por debajo del promedio mensual (verde claro) (ver Gráfica 13).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 13 Hurto a personas por día de la semana vs meses en Colombia, 2018
El 95,1% (244.466 casos) de los hurtos a personas fueron realizados en zona urbana, mientras que el 4,9% (12.491) en sector rural; siendo el intervalo de hora de las 06:00 a las 11:59 horas el de mayor registro en ambos sectores (69.470 y 3.613 respectivamente) (ver Gráfica 14).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 14 Hurto a personas por zona e intervalo de hora en Colombia, 2018
Las vías públicas (43,01%) fueron el escenario recurrente en los cuales los victimarios cometieron el ilícito (110.521); seguido de los callejones, los cuales registraron 8.061 casos (3,14%). Respecto al sexo de las víctimas el 56,21% (144.440) eran hombres y 43,79% (112.517) mujeres; 98,14% en adultos (252.178), 1,69% en adolescentes (4.354) y un 0,17% en menores de edad (425).
Hurto de equipos móviles/celulares
Considerando que el fenómeno de hurto a personas es uno de los principales delitos que afecta la seguridad de los ciudadanos en Colombia y sabiendo que el principal objeto pretendido por los delincuentes son los celulares, a continuación realizamos una caracterización de esta conducta con los registros administrativos de la base de datos SIEDCO de la Policía Nacional por cantidad de celulares hurtados.
Durante el año 2018 se registró el hurto de 171.267 celulares, lo que representó un incremento del 25,2% (34.496 móviles más), respecto a los 136.771 celulares hurtados en el año 2017.
El 76% (130.165) de los hurtos de celulares fueron cometidos bajo las siguientes modalidades: atraco con el 49,63% (84.996), cosquilleo con el 16,12% (27.608) y raponazo con el 10,25% (17.561); por otra parte, el factor de oportunidad (descuido) concentró el 15,29% (26.187) y otras formas de hurto a celulares el 8,71% (14.915).
Las ciudades capitales se caracterizaron en concentrar la mayor cantidad de registros; Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena agruparon el 62,63% (107.268) de los hurtos de celulares (ver Gráfica 15).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 15 Ciudades de mayor registro y modalidades en el hurto de celulares, 2018
El 44,65% fue sin uso de armas (76.473), seguidamente de armas cortopunzantes con el 23,60% (40.418), armas de fuego con el 21,19% (36.293) y objeto contundente el 4,14% (7.090).
El mes con más cantidad de hurto de celulares fue julio (16.003); así mismo, los días viernes (16,24%) y miércoles (15,87%) los de mayor afectación.
Los rangos de horas que evidenciaron mayor criticidad en el país fueron, entre las 06:00 y 11:59 horas el 28,45% (48.728 celulares hurtados) y entre las 18:00 y 23:59 horas el 25,84% (44.251).
Mapa 3 Hurto a personas a nivel nacional por departamentos políticos, 2018
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019.
Hurto a residencias
En 2018, se presentó un incremento del 1,7% sobre este delito (795 casos más) en comparación con el año anterior, al pasar de 46.542 hurtos en el 2017 a 47.337 para el 2018 (ver tabla 4). De igual manera, cuatro municipios registraron reducción significativa en los hurtos entre ellos Pereira (169); Soacha (110); Pasto (101) y Quibdó (96).
La violación de cerradura tuvo un reporte del 23,72% de los casos (11.228), esta fue la modalidad de mayor índice, seguida de la ventosa con el 12,10% (5.730). El 42,32% de los hurtos a residencias (20.037) se registraron por factor de oportunidad.
En el 20,42% de estos hurtos fueron las armas contundentes (9.669) las de mayor registro. En el 30,49% de los hurtos (14.435) no se emplearon armas.
El 86,59% de los hurtos a residencias (40.992 casos) sucedieron en zona urbana y el 13,39% (6.339) en el sector rural.
Para el año 2018, cinco departamentos presentaron incremento significativo en este hurto: Santander (539 casos más); Valle (403); Cundinamarca (250); Antioquia (229); y Atlántico (149). En comparación con los departamentos de menor registro Risaralda (203); Nariño (116) y Córdoba (107) (ver Tabla 8).
Hurto a entidades comerciales
Durante 2018, este hurto se incrementó 8,7% (5.223 casos más) respecto al año anterior, al pasar de 60.312 hurtos en el 2017 a 65.535 para el 2018 (ver tabla 4). Por otro lado, tres municipios registraron reducción significativa frente a este delito: Pasto (176); Sabana de Torres (124) y Cúcuta (119).
El atraco fue la modalidad de mayor registro con el 18,49% de los casos (12.127), seguido del mechero/hormigueo con el 17,38% (11.401). El 37,43% de los hurtos (24.547) se registraron por factor de oportunidad.
En 14,61% (9.584) de los casos las armas de fuego constituyen las más usadas, luego el 8,83% (5.788) con palancas. En el 57,12% de los hurtos (37.458) no se emplearon armas.
Finalizada la vigencia 2018, tres departamentos registraron mayor incremento en el hurto a comercio: Valle (1.657); Cundinamarca (1.635) y Antioquia (866). Por otra parte, los departamentos con menor registro fueron Nariño (228); Norte de Santander (191) y Meta (89) (ver Tabla 8).
Hurto de vehículos (automotores y motocicletas)
En el 2018, hurtaron un total de 42.507 vehículos, con un incremento del 2%, al compararlo con los casos registrados en 2017, en el que se reportaron 41.740 casos. Del total de casos, el 77% fueron hurtos a motocicletas y el 23% a vehículos (ver Tabla 9).
Hurto de automotores
En el 2018 registró un incremento del 1% (98 casos más) respecto al año 2017, al pasar de 9.746 hurtos a 9.844 (ver tabla 4). De igual manera, tres municipios registran mayor incremento en Bogotá (238 hurtos más), Cali (124) y Bello (47).
El halado fue la modalidad con mayor indicador 57,80% de los casos (5,690), seguido del atraco con el 29,20% (2.875). En el 7,01% de los hurtos (690) sucedió por factor de oportunidad.
En el 49,62% de los casos (4.885) la llave maestra fue el elemento empleado con mayor registro. En el 26,49% de los hurtos (2.608) se utilizó el arma de fuego.
En la vigencia del año 2018, tres departamentos registraron mayor decremento en el hurto a automotores, Atlántico (82 menos); Antioquia (31) y Nariño (30). Por otra parte, los departamentos con un incremento significativo fueron Cundinamarca (221 más) y Valle (100) (ver Tabla 9).
La marca más hurtada fue Chevrolet con el 33,7% (3.318), seguida de Mazda con el 13,96% (1.375), Kia con el 11,49% (1.131) y Renault con el 9,24% (910).
Hurto de motocicletas
En 2018, el hurto de motocicletas se incrementó el 2% (669 casos más) en comparación con el año anterior, porque pasó de 31.994 hurtos en el 2017 a 32.663 para el 2018. De igual manera, cuatro municipios del país presentaron mayor índice: Medellín (827 más); Bogotá (575); Bello (159) y Bucaramanga (139).
La modalidad de mayor registro fue el halado con el 53,08% de los casos (17.337), seguido del atraco con el 35,20% (11.498). En el 9,86% de los hurtos (3.221) sucedieron por factor de oportunidad.
En el 37,39% de los casos (12.212) se usó la llave maestra. En el 29,94% de los hurtos (9.778) se emplearon armas de fuego y en el 23,86% (7.792) no utilizaron armas.
La marca más hurtada fue Bajaj con el 34,46% (11.257), seguida de Yamaha con el 21,27% (6.946), Honda con el 12,11% (3.957) y Suzuki con el 9,98% (3.261).
Para el cierre del año 2018, tres departamentos registraron decremento en el hurto a motocicletas Valle (506 hurtos menos); Guajira (252) y Atlántico (229). Mientras los departamentos con mayor incremento para esa vigencia fueron Antioquia (1.050 más); Cundinamarca (455) y Santander (283) (ver Tabla 9).
Secuestro
Este delito registró un decrecimiento del 11,28% en comparación con 2018 (22 casos menos), porque pasó de 195 secuestros en el 2017 a 173 en 2018 (ver tabla 4).
De igual manera, cinco municipios muestran incremento significativo en los secuestros: Medio Atrato (6), Santander de Quilichao (5); Cúcuta (4) Santa Marta (4) y Teorama (4).
Con el 61,93% de los casos (109) el secuestro con exigencia economía fue la modalidad de mayor índice, seguido del selectivo con el 27,27% (48).
En el 75% de los casos (132) el arma de fuego fue el medio más usado, mientras en el 18,1% (32) no se emplearon armas.
El 53,98% de los secuestros (95 casos) se registraron en zona rural y el 46,02% (81) en urbana.
El 78,41% de las víctimas fueron hombres (138) y el 21,59% mujeres (38).
Para el cierre del año 2018, tres departamentos decrecieron en los secuestros: Valle (20); Caquetá (6) y Putumayo (4). Mientras que Arauca (8); Chocó (7) y Magdalena con (7) se incrementaron en el período de análisis (ver Tabla 7).
Extorsión
Este delito presentó incremento del 27,53% (1.523 casos más) al pasar de 5.532 casos en el año 2017 a 7.055 en 2018 (ver Tabla 4). El 16,74% (1.181) de las denuncias se registraron en Antioquia y en los departamentos de Cundinamarca (14,61%) y Valle (9,72%). El departamento de La Guajira presentó una reducción significativa respecto al año 2017, al pasar de 132 casos a 97 (35 menos), seguido de Chocó (15 menos) y Caquetá (14 menos). Así mismo, el 80% (5.640) de los casos registrados se concentró en 14 departamentos políticos (ver Gráfica 16).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 16 Diagrama de Pareto - Extorsión por departamentos políticos, 2018
De las ciudades capitales, 31 de ellas reportaron denuncias por extorsión (menos Mitú) agrupando el 49,53% (3.494) de los casos a nivel nacional; Bogotá con un 10,80% (762 casos) tuvo la mayor participación, seguido de Medellín con un 8,21% (579), Cali con un 4,31% (304), Villavicencio con un 3,06% (216) y Popayán con un 1,98% (140).
Comparando los meses de enero y diciembre del año 2018, de las 5 ciudades que registraron la mayor cantidad de casos por extorsión, se observó un desplazamiento con tendencia al decremento entre el 14,29% (5 menos), para el caso de Medellín, y el 54,84% (34 menos) para Bogotá; así mismo, en estas ciudades, el total de casos por mes tuvo un máximo de 91 (julio en Bogotá) y un mínimo de 6 hechos (diciembre en Villavicencio) (ver Gráfica 17).
Fuente: Información SIEDCO, Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 17 Comportamiento de la extorsión en 5 ciudades capitales, 2018
El medio más empleado en los casos fue la llamada telefónica con el 49,28% (3.477), seguido de la directa con el 32,36% (2.283). La clásica con el 72,80% de los casos (5.130) fue la modalidad de más registro, seguida de la denominada tío/tía5 con el 10,08% (711).
Los empleados particulares fueron los más afectados con el 45,41% (3.204), seguido de los comerciantes con el 19,49% (1.375) y personas con actividades independientes con el 10,32% (728). De igual manera, el 84,82% (5.984 casos) de las extorsiones se realizó en la zona urbana y 15,18% (1.071) en el sector rural.
Respecto al sexo, el 62,61% (4.417) de las víctimas fueron hombres y las mujeres un 34,10% (2.406); de igual modo, el 3,29% (232) no se estableció la identidad del sexo. En el rango de edades se registró una concentración en las personas entre 35 a 44 años, quienes representaron el 27,64% (1.950) del total de casos (ver Gráfica 18).
Fuente: información SIEDCO Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019
Gráfica 18 Rango de edad y sexo de las víctimas de extorsión, 2018
Mapa 5 Extorsión a nivel nacional por departamentos políticos, 2018
Fuente: información SIEDCO Policía Nacional 2018. Elaboración propia 2019.
Actividad operativa de la Policía Nacional de Colombia
La Policía Nacional reporta para esta vigencia las actividades operativas desplegadas a nivel nacional, como resultado de los esfuerzos institucionales y la implementación de las estrategias encaminadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana y el servicio de policía, aunado a ella se reportan las capturas realizadas bajo los títulos del Código Penal y los resultados de las acciones puestas en marcha para la recuperación de automotores y motocicletas y la incautación de armas de fuego y estupefacientes.
Capturas
Durante 2018 la Policía Nacional registró 242.050 capturas, de las cuales el 27,04% (65.444) se realizaron por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el 13,34% (32.301) por hurto de personas, el 7,66% (18.542) por lesiones personales, el 6,23% (15.072) por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, el 5,87% (14.219) por hurto a entidades comerciales, 4,88% (11.806) por violencia intrafamiliar, 4,15% (10.033) por receptación, 3,34% (8.080) por uso de documento falso, 2,39% (5.777) por homicidio y el 2,29% (5.541) por concierto para delinquir, lo cual representa el 77,19% del total de las capturas registradas en la vigencia analizada (ver Tabla 20).
La ciudad de Bogotá y 12 departamentos registraron el 80% del total de las capturas: Bogotá 18,53% (44.861), Antioquia 18,63% (45.104), Valle 6,86% (16.598), Santander 6,02% (14.574), Cundinamarca 5,17% (12.518), Atlántico 4,64% (11.224), Bolívar 3,48% (8.418), Caldas 3,07% (7.439), Norte de Santander 3,03% (7.340), Huila 2,83% (6.858), Meta 2,57% (6.229), Tolima 2,48% (5,996) y Nariño 2,46% (5.964) (ver Tabla 20).
Armas de fuego incautadas
Para el año 2018 la Policía Nacional logró la incautación de 22.314 armas de fuego. De las armas incautadas para la vigencia del año de análisis el 91,66% (20.454) fueron ilegales y el 8,34% (1.860) contaban con el respectivo permiso. Lo que sugiere que en comparación con el año 2017 (21.644) se registra un decremento del 5% (1.190) de armas menos incautadas que tenían procedencia ilegal.
Automotores recuperados
En el 2018, se logró la recuperación de 3.661 automotores que habían sido hurtados bajo diferentes modalidades a nivel nacional (ver Tabla 21). Bogotá fue la ciudad que más registró recuperación de automotores con el 19,78%(724), en cuanto a los departamentos fueron Antioquia 13,14% (481), Valle 11,58% (424) y Cundinamarca 8,88% (325) (ver tabla 28).
El mes con mayor número de recuperación de automotores fue enero con el 10,87% de participación (398), seguido de febrero 10,11% (370).
Motocicletas recuperadas
Durante la vigencia de 2018, la Policía Nacional logró la recuperación de 11.232 motocicletas (ver tabla 21). Los departamentos en los que se registró incremento en la recuperación fueron Antioquia con el 16,87% (1.895) del total de recuperaciones a nivel país, Valle 10,66% (1.197) y Cauca 10,30% (1.157) (ver tabla 29).
Los meses con un número significativo de recuperaciones fueron enero con el 10,54% (1.184) y mayo 10,49% (1.178) (ver Tabla 29).
Consideraciones finales
No existe una sola forma acertada de combatir el crimen. Tampoco hay una teoría replicable que muestre la verdad absoluta en cuanto a la prevención del crimen. Lo que sí no tiene duda alguna es que la violencia y las actividades delictivas conllevan una pérdida de bienestar en la sociedad, lo que se traduce en afectación negativa de la calidad de vida de los habitantes de cada territorio. También es claro que para Latinoamérica y el Caribe el crimen es un problema creciente con dimensiones diferentes en cada uno de los países y que si se quiere pensar en el desarrollo de estas economías es urgente mitigar la actividad criminal para disfrutar de los beneficios de territorios pacíficos, que atraigan inversión extranjera, que propendan por la disminución de la inequidad y genera oportunidades de movilidad social para los escalones más bajos de la sociedad.
De manera resumida, en términos de criminalidad, el número de delitos registrados no han tenido un crecimiento proporcional con el número de habitantes; sin embargo, se observa un menor respeto por la vida, ya que el delito de homicidio se asocia más a otras conductas delincuenciales.
En línea con lo anterior, Winton (2014) señala cómo en América Central, por ejemplo, se considera que una primera ronda de medidas punitivas extremadamente drásticas ha acelerado y diversificado la criminalidad de las pandillas en lugar de reducirla. Sin embargo, en los últimos años, parece haber evidencia de que las iniciativas más blandas y más comunitarias reciben algún apoyo, en otras palabras, más zanahoria que garrote.
Dentro de las intervenciones que al parecer han tenido incidencia positiva, están una gama de actividades, incluyendo la recolección voluntaria de armas, restricciones temporales de portar armas de fuego y prohibiciones de alcohol, mejora y nuevos proyectos de infraestructura en barrios marginales e iniciativas de educación y salud pública enfocadas en jóvenes en riesgo. Estas llamadas iniciativas de "segunda generación", parten de un nuevo consenso conceptual dentro de las políticas públicas, las cuales están siendo promovidas en gran medida por agencias de desarrollo que trabajan en la región.
Mirando otra perspectiva diferente a las intervenciones de carácter económico y social, las cuales tendrán efectos de mediano y largo plazo para la mitigación del accionar criminal el corto plazo, los sistemas de información y comunicación, así como la inversión en tecnología son aspectos que juegan un papel importante en la formulación de planes y programas para la focalización y anticipación del delito. Así mismo, se resalta la necesidad de continuar alimentando y apoyando las iniciativas interinstitucionales, con miras a mejorar el subregistro para así poder tener elementos que permitan analizar, focalizar y tomar decisiones sólidamente informadas.
Así mismo, este documento deja la inquietud para otra investigación de cómo los delitos deben analizarse de manera no aislada, es decir, no es de sorprenderse que en los lugares en donde es marcado el microtráfico de estupefacientes, coinciden también con homicidios, diferentes modalidades de hurtos, riñas, entre otros. Las estrategias planteadas para disminuir, contener y prevenir el delito se deben focalizar en zonas de comportamientos de criminalidad y buscar la posible correlación de conductas que llevan a la materialización de otros hechos ilegales y hasta de mayor gravedad en el Código Penal.
Por otra parte, los sistemas de información juegan un papel importante en la formulación de planes y programas para la focalización y anticipación del delito, lo cual se debe seguir alimentando y apoyando para que las iniciativas interinstitucionales mejoren el subregistro para analizar, focalizar y tomar decisiones informadas.
Por lo tanto, en términos de criminalidad, el número de delitos no se ha incrementado proporcionalmente con el número de habitantes; sin embargo, se observa un menor respeto por la vida, ya que el delito de homicidio cada vez se asocia más a otras conductas delincuenciales.
Las estrategias planteadas para disminuir, contener y prevenir el delito se deben focalizar en zonas de comportamientos similares de criminalidad y la correlación de conductas que llevan a la materialización de otras.
Los hurtos comunes (personas, residencias, comercio) y el homicidio son delitos que afectan de forma significativa a los ciudadanos en todas la ciudades del país, tanto a nivel personal como económico y con ello un declive en la percepción de seguridad en especial en los territorios densamente poblados, donde se ubica un gran número de población flotante que presentan un sinfín de necesidades básicas insatisfechas, lo que conlleva a que cierto número de habitantes sean permeados por los delincuentes y vinculados con la criminalidad.
