Normatividad en materia de prevención y sanción de la violencia de género

No obstante lo planteado en el apartado anterior, la incorporación del tipo penal de feminicidio en la legislación de los dos países objeto de análisis es reciente. Para el caso mexicano su antecedente fundamental fueron las dos comisiones especiales creadas “para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la república mexicana y a la procuración de justicia vinculada”; comisiones creadas en las primeras legislaturas federales de la década del 2000 en lo que llama ^{Lagarde “incursión feminista en el órgano legislativo de México” (2006}b, p. 217), las cuales rastrearon los casos de feminicidio en todo el país e hicieron la representación de algunos de ellos ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uno de los casos más representativos, el cual constituye un precedente para la posterior legislación sobre feminicidio, fue el de González y otras (Campo Algodonero) vs. México. En este caso, la CIDH (2009) investigó la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez en 1993 y acogió la definición de violencia en contra de las mujeres propuesta por la CEDAW, que la comprende como forma de discriminación que inhibe el goce efectivo de derechos. El caso pretendía indagar sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes.

Según la CIDH “es esencial entender el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa, para apreciar el alcance del deber de debida diligencia en el presente caso” (CIDH, 2009, p. 100). El Estado mexicano reconoció que “la cultura de discriminación de la mujer contribuyó a que tales homicidios no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes” (CIDH, p. 45), dando una clara muestra del peso de la desigualdad en el origen y la persistencia de las violencias en contra de las mujeres, en la que el Estado tiene una clara responsabilidad por omisión del deber.

Gracias a ello, en 2011 México logró la consagración legislativa del tipo penal de feminicidio en el artículo 21 de Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una respuesta a la experiencia de los procesos de tipificación en América Latina, y a lo establecido en la sentencia del caso Campo Algodonero. Este artículo 21 define el feminicidio como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2009 p. 14). Sin embargo, a nivel nacional siete entidades federativas presentan inconsistencias graves que pueden llegar a impedir la correcta investigación y sanción del delito de feminicidio. Entre estas entidades se encuentran: Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El Estado de México creó su tipo penal en 2011, pero, al haberse construido con elementos subjetivos que dificultaban su acreditación, tuvo que ser reformado en 2014 para homologarlo con el tipo penal establecido a nivel federal e incorporar elementos objetivos para acreditar las razones de género. Entre estos elementos se incorpora la forma cómo son asesinadas las mujeres, pues el empleo intensivo de violencia extrema directa, por parte de su agresor, es reconocido por ONU-Mujeres como una característica que no se presenta en los casos de asesinatos de hombres (Estrada, 2014).

No obstante, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) la visión criminalística del delito en el Estado de México impide comprender en su exacta dimensión el fenómeno del feminicidio, es decir, como un problema estructural, de discriminación de género y de impunidad, como lo establece el concepto de violencia feminicida de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, no establece lineamientos suficientes para la investigación de feminicidios en el ámbito comunitario, lo que genera un vacío en las actuaciones para identificar a los agresores.

Por último, al establecer las circunstancias para acreditar el feminicidio, invisibiliza la violencia que no deja huellas físicas para acreditar la crueldad y degradación sobre las víctimas (Estrada, 2014), perdiendo de vista también que los feminicidios en el Estado de México están mediados por las condiciones y contextos sociales en que se desarrollan las mujeres.

En tal sentido, la CEDAW en su 9º informe dirigido al Estado mexicano recomienda armonizar el aparato legislativo en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales, para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. A pesar de que esta organización reconoce los esfuerzos de este país por atender el tema de violencia en contra de la mujer por razones de género, señala que nos es posible avanzar si no se fortalece el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones que los hombres; si no se trabaja en la prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas; si no se garantizan los derechos de los sectores vulnerables, como la comunidad LGBTI, las mujeres indígenas y rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas, e incluso a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; si no se trabaja en prevenir las muertes violentas de mujeres y niñas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres y si no se atienden temas centrales que impactan en este delito como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación.

En tal sentido, ante la falta de claridad de este delito y la tasa de defunciones por homicidio de mujeres registrada en 2013 en el Estado de México, la cual se ubicó por encima de la media nacional⁹, el 31 de julio de 2015 se decretó la Alerta de Género (AVGM) para 11 municipios de los 125 del Estado de México¹⁰. Estos municipios, según el informe del grupo de investigación y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de 2005 a 2014, fueron los que concentraron los mayores índices de violencia feminicida. En términos generales la AVGM consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres (Conavim, 2015).

Para atender las falencias señaladas y para la correcta instrumentación de la AVGM, el Código Penal del Estado de México se modificó el 14 de marzo de 2016 y amplió el tipo penal del feminicidio, quedando de la siguiente manera¹¹: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias como resultado de violencia de género: “la víctima presente signos de violencia sexual o se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, pre y post mortem; existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; medie una relación sentimental, afectiva o de confianza con el victimario; existan amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; la víctima haya sido incomunicada; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público” (Código Penal del Estado de México, 2016: pp. 90-91).

En el caso de Colombia, el tipo penal de feminicidio solo fue consagrado como delito autónomo en julio de 2015, a través de la llamada Ley Rosa Elvira Celys (Ley 1761), en memoria de una mujer que fue torturada, empalada y luego asesinada en Bogotá, a finales de mayo del 2012. Antes, solo se comprendía el homicidio de mujeres como una causal de agravación punitiva del delito de homicidio consagrado en el Código Penal de Colombia o Ley 599 del 2000.

El objetivo de esta ley es “tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación” (Congreso de Colombia, 2015).

En tal sentido se define el feminicidio como “Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias” entre ellas: relación familiar, íntima o de convivencia, instrumentalización del cuerpo o la vida, aprovechamiento de relaciones de poder, pretender con ellos causar humillación o terror al enemigo, que existan antecedentes o indicios de violencia, que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad (Congreso de Colombia, 2015, p. 1). Como se puede observar nuevamente, tal como lo propuso la CEDAW, la discriminación es un elemento estructurante de la configuración de este tipo penal, tipo que al ser abierto, reconoce, como dice la Corte Constitucional Colombiana (2016) que hay conductas que pueden tomar múltiples formas en la realidad, por esa razón, no se pueden describir taxativamente, es decir, de manera literal, rigurosa, y exhaustiva.

Sin embargo, su característica de tipo penal abierto presenta una serie de retos en materia probatoria para garantizar el goce efectivo de derechos de las mujeres y su acceso en condiciones de igualdad a la administración de justicia. El más importante de ellos es trascender de la verdad procesal con su rigidez y formalísimo probatorio a la fáctica, lo que implica incorporar la perspectiva de género en el tipo penal por medio del análisis de antecedentes e indicios de violencias previas (Corte Constitucional, 2016). Esto, permitiría reducir los niveles de subregistro, porque son la constante en todo tipo de violencia en contra de las mujeres, tal y como lo afirmaba ^{Lagarde (2006}b) en su momento para el caso de Ciudad Juárez “hay una gran cantidad de homicidios de niñas y mujeres que se enmascaran con otros delitos y que no nos permite conocer realmente la gravedad de lo que está sucediendo”.

Lo dicho da cuenta de un reto mayor, reconocer cómo la discriminación estructural que viven las mujeres y que sustenta las violencias en contra de ellas, también permea a la administración de justicia y se expresa en altos niveles de impunidad derivados de falta de herramientas para investigar y reaccionar frente a la garantía de derechos. Además, es una situación que trasciende el análisis del sujeto activo del hecho punible ya que obliga a verificar los patrones de discriminación que la configuran (Corte Constitucional Colombiana, 2016).

En este caso, los elementos contextuales son los que introducen la perspectiva de género en la administración de justicia en sus componentes de investigación y sanción, sin que esto signifique que se desconozca el debido proceso o el principio de legalidad. Sin embargo, valorar las relaciones de poder que subyacen a los procesos de discriminación de las mujeres es la única forma de evitar que el feminicidio se convierta en un tipo penal simbólico, desprovisto de eficacia para la protección de los bienes jurídicos que tutela (Corte Constitucional Colombiana, 2016).

Previo a la ley Rosa Elvira Cely, las acciones de prevención en Colombia estaban vinculadas al tema de violencia intrafamiliar, entre ellas, se destacan la Ley 248 de 1995, esta ratifi có la Convención Internacional para prevenir, sancio nar y erradicar la violencia contra la mujer; la Ley 294 del 16 de julio de 1996, que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia (familia como núcleo esencial de la sociedad), a través una protección especial, y una prevención y sanción en casos de violencia intrafami liar; la Ley 1257 del 2008, con la incorporación de medidas de protección en casos de violencia intrafa miliar fuera y dentro del entorno familiar.

No obstante, la labor más activa y comprensiva para la inclusión de la perspectiva de género en la legislación colombiana la ha realizado la Corte Constitucional a través de sus sentencias, entre las cuales se destacan: el Auto 092 de 2008, este reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en las mujeres; las sentencias T-496 de 2008, establece que las tutelantes, como testigos de graves crímenes en el marco de la Ley de Justicia y Paz estaban expuestas a riesgos extraordinarios de violencia en razón al género; la C-335 de 2013 consideró que la consagración de medidas de sanción social en el ámbito de la discriminación y la violencia contra las mujeres es legítima; la C-368 de 2014 porque consideró que el aumento de penas para el delito de violencia intrafamiliar contemplado en el artículo 33 de la Ley 1147 de 2007 no conculcaba el principio de proporcionalidad ni de igualdad; el auto 009 de 2015 que reiteró el riesgo desproporcionado de violencia, abuso y esclavitud sexual, al que se encuentran expuestas las mujeres en el contexto del conflicto armado; la sentencia C-754 de 2015, la cual abordó los deberes del Estado en relación con la prevención y garantía de las mujeres a vivir libres de violencia sexual, al analizar los deberes alrededor de las medidas de salud para las víctimas de abuso sexual, en particular, de mujeres y niñas.

Esta labor ha sido reconocida por la CEDAW (2013), que en su documento CEDAW/C/COL/Q/7-8 resaltó las preocupaciones en materia de ineficacia en la implementación del amplio marco jurídico, político e institucional con que cuenta el Estado colombiano para la protección los derechos de la mujer y destacó cómo las “opiniones opuestas en la toma de decisiones a nivel ejecutivo, así como en el poder judicial, con respecto a los autos de la Corte han dado lugar a incoherencias en la gobernanza y el Estado de derecho debido a su escasa aplicación” (CEDAW, 2013, p. 3). En tal sentido, la CEDAW también recomendó mejorar la aplicación del marco jurídico y promover los mecanismos de vigilancia eficaces; asegurar una coordinación eficaz entre las diversas instituciones gubernamentales encargadas de su aplicación y establecer mecanismos de rendición de cuentas; además adoptar las medidas necesarias para conciliar las opiniones opuestas en la toma de decisiones dentro del Gobierno y en el poder judicial, a fin de respetar y cumplir plenamente los autos de la Corte Constitucional (CEDAW, 2013).

De otro lado, la característica mencionada inicialmente de circunscripción de la violencia en contra de las mujeres al ámbito íntimo es observable en el vaivén de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal Colombiano, el cual inicialmente comprendía la violencia intrafa miliar como un delito querellable, luego lo convirtió en conducta oficiosa; volvió a ser querellable con la Ley 1453 del 2011, luego bajo la Ley 1542 del 5 de julio del 2012 recuperó su carácter de oficioso.

A pesar de los avances normativos descritos para ambos países, es evidente cómo la respuesta del Estado “se ha centrado en la acción penal, limitando otros ámbitos de actuación dirigidos al ataque de desigualdades horizontales, prevención de las violencias de género y asistencia estatal para las mujeres” (^{Benavides, 2015}), lo que ha justificado una mayor persecución a los hechos vinculados con la violencia doméstica, dejando de lado la desigualdad estructural que la configura (^{Laurenzo, 2008} citado por Benavides, 2015)

Esto se observa en una mirada general a las causales de feminicidio en México y Colombia. En el primer caso se estiman siete circunstancias, de las cuales dos corresponden al ámbito íntimo, cabe resaltar: 1. Antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; 2. Relación sentimental, afectiva o de confianza entre víctima y victimario. La primera circunstancia descrita para el caso mexicano también es comprendida en el caso colombiano: Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo; no obstante, el pasado de conflicto armado en Colombia permite ampliar la mirada sobre esta victimización y comprender también, entre otras: 1. Aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; y 2. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.

No obstante, como se verá en el siguiente apartado, el incremento de los feminicidios va de la mano del aumento de la violencia criminal, porque comienzan a tomar peso categorías de feminicidio no íntimo y en conexión, lo que obliga a analizar cómo el incremento de la violencia criminal es detonante del aumento de la discriminación en contra de la mujer, ya que multiplica sus niveles de vulnerabilidad.

Incremento de los índices de violencia e impacto diferencial en las mujeres: el feminicidio como manifestación del crecimiento de la violencia criminal

Los fenómenos de violencia armada, vinculada al crimen organizado, representan hoy para el caso latinoamericano el origen fundamental del incremento en sus índices de violencia, haciendo que sobrepasen, incluso, los existentes en una situación de conflicto armado no internacional (^{Valencia, 2017}). Este fenómeno hace que, contrario a la tendencia mundial, América Latina mantenga al alza su tasa de homicidios, la cual creció 11% entre 2000 y 2010, “en una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal” (PNUD, 2013, p. 5). No obstante, en materia de violencia letal¹² existen claras diferencias por países dentro de la región. En particular, Colombia y México hacen parte de los seis países que registran desde 1995 tasas superiores a 30 homicidios por cien mil habitantes, junto con Brasil, El Salvador, Perú y Venezuela. “Un análisis pormenorizado de los tipos de violencia privilegiados por el narcotráfico, permite ver cómo (…) para Colombia y México los homicidios selectivos ocupan un lugar preponderante en la estrategia de lucha de estos actores armados” (Valencia, 2018).

En el caso de México, desde la década de 1970 hasta inicios de la década de 1990, se observa una curva descendente en materia de violencia, de niveles sostenidos en los primeros periodos de inserción en la economía de las drogas, se pasa a un descenso en la tasa de homicidio que llega a 10 por cada 100 mil hab. a principios de 1990 (^{Escalante, 2010}). No obstante, en el periodo 1997 a 2016, se presentaron en el país un total de 641,413 homicidios, sus tasas oscilaron entre 43.3 (tasa más alta alcanzada, correspondiente a 1997) y 24.3 (tasa más baja alcanzada en 2007).

Esta variación permite identificar un ciclo decreciente que va de 1997 a 2007 con el proceso de debilitamiento del PRI, ya que tiene como punto de quiebre el inicio de la presidencia de Vicente Fox; luego un leve periodo de repunte de 2007 a 2016 iniciado con la política de mano dura implementada en la presidencia de Felipe Calderón (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México- SESNSP, 2017). Sin embargo, hay que tener presente que los datos obtenidos para el caso mexicano no dan cuenta de información sobre el presunto perpetrador, lo cual impide establecer cuáles homicidios estarían vinculados con la violencia del narcotráfico y cuáles corresponderían a la órbita de la delincuencia común, esto sin desconocer los lazos existentes entre ambos.

En la década de los 90 se dio un traslado de la violencia hacia la zona norte y nordeste de país, en ciudades altamente pobladas (^{Escalante, 2010}). Por su parte, el Estado de México, en la primera mitad de la década de los 90 presenta una disminución sistemática de la tasa de homicidios hasta situarse cerca de 10 por cada 100 mil hab. No obstante, en la segunda mitad de la década, las cifras escalan a 63.5 en 1997, de allí comienza una disminución con solo pequeños repuntes en 2009 cuando se pasa de 15 a 20 y en 2011-2012, de 18.6 a 25.1 y allí se mantiene por dos años más. La disminución sistemática de las tasas de homicidios da cuenta del tránsito de una situación de lucha por el control territorial, librada durante finales de la década del 2000 por los múltiples carteles interesados en ganar el control de trasiego, a un período de soberanía absoluta (ver figura 1).

En el caso colombiano “el homicidio es un delito insertado en las estrategias de gestión del miedo, junto con la sevicia, la tortura y los magnicidios, por su característica de invisibilidad y silencio, y el uso de métodos como el asalto, el sicariato y la retención ejecución, involucra en muchos casos la subcontratación de delincuencia especializada para su comisión, en consecuencia, presenta grandes dificultades para la determinación de su perpetrador” (^{Valencia, 2018}).

Entre 1985 y 2007 ocurrieron en Colombia 531.071 homicidios, según datos de la Dijin-Policía Nacional, y al igual que en el caso mexicano, dichas cifras nacionales no especifican el presunto perpetrador. El mayor pico en la tasa de homicidios, tanto para Colombia como para Medellín, se ubica en el año 1991 (81, 20 homicidios por cada 100 mil hab.), año más álgido en la confrontación entre el Estado y el Cartel de Medellín (ver figura 2).

En el caso particular de Medellín, la tasa de homicidios presenta un descenso lento pero paulatino desde 1991, año con la mayor tasa de los últimos 30 (395 por cada 100 mil hab.), hasta 2003 cuando la tasa pasa a ser de dos dígitos (92 por cada 100 mil hab.) (Datos Dijin-Policía Nacional de Colombia). El descenso continúa hasta 2007, pero de 2008-2011, a pesar de que el comportamiento de los homicidios fue fluctuante, las cifras de homicidio escalan de forma alarmante, siendo el “2009 el año con mayor ocurrencia de homicidios en la ciudad, 2.186, para una tasa de 94.5” (Personería de Medellín, 2014) (ver figura 3).

Esta fluctuación de la tasa de homicidios para los últimos años de la década del 2000 y primeros años de la década del 2010 fue resultado de la transición provocada por la desmovilización paramilitar, de una situación de conflicto armado al predominio de actores vinculados con el crimen organizado (^{Valencia, 2018}). Como resultado se exacerbó la violencia armada urbana, con un aumento exponencial del desplazamiento forzado intraurbano, la violencia sexual y el reclutamiento forzado (estos dos últimos, a pesar de no contarse con cifras, desde los testimonios de la población víctima, son reconocidos como unas de las principales vulneraciones). Es así como la violencia en contra de las mujeres comienza a jugar un rol fundamental en los nuevos indicadores.

Un análisis en conjunto de este proceso de incremento de las tasas de homicidios en ambos países y ciudades que conforman el comparativo da cuenta a su vez de un incremento paulatino de las cifras de homicidio de mujeres y niñas, estas que sí se conciben como violencia de género permiten afirmar que en particular el feminicidio ha escalado de forma alarmante.

No obstante, el alto nivel de subregistro y las limitaciones para la categorización del feminicidio debido a su limitada información y a la distribución irregular del fenómeno con respecto al total de la población, puede generar sesgos en el muestreo (^{Valencia, 2014}). Además, los obstáculos en el registro debido a las múltiples categorizaciones acogidas por los sis temas de información se convierten en el principal obstáculo para su visibilización y hacen que, como ocurre para la generalidad de las violencias basadas en género, estas vulneraciones se conviertan en fenómenos elusivos clásicos (^{Roth et ál., 2011}, p. 27), “debido a sus características de fragmentarios, poco sistemáticos, dispersos y altamente focali zados territorialmente” (Valencia, 2014, p. 51).

Como se verá a continuación, existen serias deficiencias en materia de caracterización de las problemáticas asociadas con las violencias basadas en género (^{Valencia, 2014}) y el feminicidio no es una excepción, su definición como tipo penal abierto¹³ en las legislaciones mexicana y colombiana, permite el uso de múltiples categorías que pueden llevar a confusión o ambigüedad en las etapas de recolección y procesamiento de la información. Adicional a esto, aunque la reforma al Código Penal del Estado de México (2016) realiza un importante avance hacia una amplia comprensión de las violencias de género al incorporar la figura del desconocido como un posible perpetrador, su indeterminación permite múltiples interpretaciones.

A lo anterior se suma el uso reiterado en el caso colombiano de la categoría del perpetrador como “único indicio proxy” (^{Roth et ál., 2011}, p. 54) para analizar la relación del evento con un ámbito particular de violencia (violencia intrafamiliar, violencia criminal o conflicto armado, por ejemplo). No obstante, como afirman Roth et ál. (2011, p. 28) para el caso de los conflictos armados “La participación de un perpetrador en un grupo armado no es suficiente para probar que un episodio de violencia sexual tiene ‘relación con el conflicto’; de igual manera, la autoría de un no-combatiente no significa necesariamente que la violencia sexual no haya tenido relación con el conflicto”; igual se podría afirmar, en el caso de los actores armados vinculados con la delincuencia común o el crimen organizado. Además, según los mismos au tores, existen otros factores relacionados con la categoría de perpetrador que obstaculizan aún más el proceso: a. Hay una alta politización de la categoría de los perpetradores. b. No todas las víctimas conocen la identidad de sus victi marios o están dispuestas a denunciarlos. c. En el caso colombiano, los perpetradores han variado de forma sustancial su denominación a lo largo del tiempo, lo cual imposibilita hacer comparaciones de largo plazo (^{Valencia, 2014}).

En tal sentido, los casos de México y Colombia dan cuenta de forma inversa de las complejidades del manejo de información alrededor del fenómeno. En el caso de México se cuenta con cifras y análisis pormenorizados de la violencia de género a nivel nacional, a partir de registros construidos por el INEGI, concretamente, con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), esta información se desagrega a nivel estatal, pero no da cuenta de la violencia letal, es decir, del feminicidio como tipo penal, solo hace un registro de los homicidios por sexo. No obstante, a partir del 2015 el SESNSP empezó a registrar el feminicidio, lamentablemente con una dificultad: tomó como indicio proxy la modalidad o tipo de arma utilizada, sin tener en cuenta variables como el perpetrador, la condición socioeconómica de las víctimas, el tipo de violencia ejercida, o su causa. Este sesgo hace imposible establecer de forma directa la relación del feminicidio con el aumento de la violencia criminal, pues el tipo de arma está en función del mensaje que se quiere transmitir en los cuerpos (^{Segato, 2016}) y no del contexto en el que se ejerce la violencia.

En el caso colombiano, la información existente da cuenta del fenómeno contrario. Ante la tardía legislación sobre el tipo penal de feminicidio a nivel nacional, la labor de categorización por determinantes de género de la violencia letal la vienen realizando año tras año las ONG preocupadas por el tema de DDHH de las mujeres, pero desde el nivel nacional los esfuerzos en materia de manejo de información sobre el tema son incipientes.

Por contrario en el ámbito local, en particular, en la ciudad de Medellín, desde 2010, cinco años antes de la creación del tipo penal de feminicidio, se dio inicio a una iniciativa interinstitucional que, en el marco del SISC, incorporó variables de género en el análisis de la violencia en la ciudad. Esto permite hoy tener cifras discriminadas de cada homicidio por circunstancia de modo (modalidad, caracterización del actor), tiempo (día de la semana, jornada), lugar y caracterización sociodemográfica de la víctima (rango de edad, estado civil y nivel académico).

El feminicidio en México y el Estado de México

Entre 2007 a 2012 se cometieron en México 1.909 feminicidios, esta cantidad significa una tasa de 3,2 crímenes por cada 100 mil hab. Dicho promedio de homicidios colocó al país en la posición 23 de los países con la mayor tasa de feminicidios a nivel mundial (Geneva Declaration, 2015). En la encuesta del INEGI de finales de 2016, se puede ver con claridad como la violencia en contra de las mujeres es un problema profundo y una práctica social ampliamente extendida en todo México. El 66% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo durante su vida. Los datos respecto a la prevalencia de homicidios de mujeres en 2016 se concentran en el rango de 15 a 44 años, esto en contraste con el periodo 2007 y 2008, cuando solo el 46.5% de los casos se concentraba en ese grupo etario (ver figura 4).

Esta tendencia se confirma en el informe 2010-2011 presentado por el OCNF, en el que se señala que en México las mujeres jóvenes y en edad reproductiva son las más susceptibles de formar parte de las estadísticas de feminicidios. Esto se evidencia en las siguientes cifras: el 49% de las mujeres asesinadas con violencia extrema tenían entre 21 y 40 años de edad, el 44% eran mujeres que trabajaban o estudiaban, el 51% fueron golpeadas, quemadas, asfixiadas o apuñaladas y el 46% murieron por disparo de arma de fuego.

Las causas de los feminicidios son fundamentales en el contexto del incremento de la violencia vinculada al crimen organizado, así como a la lucha del Estado contra este. En dicho informe se destaca que el 25% de los feminicidios documentados están vinculados al crimen organizado, a las ejecuciones y al enfrentamiento entre grupos delincuenciales, mientras que sólo el 9% ocurre en el ambiente doméstico, tomando como indicio que el agresor es una persona conocida, ya sea la pareja, un familiar o amigo. La importancia de estos datos radica que en el 23% de los casos vinculados a la primera causa, las autoridades afirmaron desconocer los motivos de estos crímenes y en el 40% se negaron a proporcionar información. Esto, no solo minimiza el propio crimen feminicida, sino que también impacta de manera fundamental en la administración de justicia, esta situación agudiza el clima de inseguridad e impunidad que acompaña al cada día más débil sistema de justicia que se niega a investigar y sancionar a los responsables de estas acciones (OCNF, 2011).

También esta situación se agrava descendiendo a nivel estatal, particularmente, en el Estado de México, porque, como se mencionó antes, en la primera década del siglo XXI presentó un incremento de la violencia, y uno de los sectores de la población más afectado fueron las mujeres. En la figura 5, se puede apreciar cómo el Estado de México concentra alrededor de 10% de los casos de feminicidio en el país de 2015 a 2019: en 2015 el 14.3%; en 2016 el 9.3%; en 2017 el 9.43%; en 2018 el 12.2%, y los primeros cuatro meses de 2019 el 9.5%. Esta cifra es alta considerando que son 32 entidades federativas las que conforman la república mexicana.

Según las estadísticas de mortalidad del INEGI, entre 2010 y 2015 los homicidios de mujeres se incrementaron en un 71%, al pasar de 293 a 410 (ver figura 6).

Sin embargo, la ausencia de información para el caso del Estado de México sobre perpetrador, condición socioeconómica de la víctima, antecedentes de violencia, entre otros, no permite, como ya se ha dicho, dar cuenta de la relación entre aumento de la violencia criminal e incremento del feminicidio. La única información adicional que suministran las bases de datos del SESNSP para el Estado sobre los factores que configuran los homicidios de mujeres consiste en el tipo de arma. Al respecto, el SESNSP solo registra dos formas de homicidio de mujeres: con arma de fuego y con arma blanca, dejando abiertos otros tipos de violencia letal bajo el rótulo: otro elemento (ver figura 7). A partir de estos datos se puede destacar que en el Estado de México, de 2015 a la fecha, 20.5% de las víctimas fueron asesinadas con arma blanca; 12.4% con arma de fuego y el 67% con otro elemento distinto a los anteriores.

En el ámbito nacional, 18.8% fueron asesinadas con arma blanca; 21.8% con arma de fuego; 52.4% con otro elemento y el 7% no está especificado. Preocupa el alto porcentaje que corresponde a otro elemento, el cual es una muestra de la insuficiente información con la que cuentan los registros oficiales para determinar, desde la escena del crimen, las razones de género que motivaron el homicidio; sin embargo, como se dijo antes, el tipo de arma no es un indicio proxy suficiente para determinar dicha razón.

Los municipios del Estado de México que más aportan a las estadísticas sobre feminicidio son en su orden: Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. En este sentido, se destaca que el 68.2% de los homicidios ocurridos en 26 años (1990-2016) se concentran en los 14 municipios que aparecen en la figura 8 y el 47.2% en los cinco municipios señalados en la primera parte del párrafo. Además, estos municipios son los que registran la mayor tasa de feminicidios, aunque no es posible establecer una relación causal, pues no se cuenta con información sobre el perpetrador, sí vale la pena destacar su correlación en tres municipios: Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, ya que coinciden con la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, no se puede desconocer el problema de subregistro en la mayoría de las instituciones del Estado. Como se puede apreciar en la figura 9, en el caso de Toluca, capital del Estado de México, no hay un comportamiento estable en el número de defunciones por homicidio. Al respecto se pueden inferir dos hipótesis, la primera es que de 1990 a 2014 hay un subregistro, la segunda es que a partir de 2015 el registro es más completo y más confiable, lo cierto es que antes de estos dos últimos años el promedio anual de defunciones por homicidio era de 251, promedio superado por Ecatepec, que es el municipio que registra el mayor número de homicidios en la entidad (ver figura 9).

El feminicidio en Colombia y Medellín

Como se mencionó anteriormente, ante la tardía legislación sobre feminicidio, el reporte del fenómeno a nivel nacional lo vienen realizando cada año ONG dedicadas al tema de DDHH de las mujeres. En Colombia existen dos fuentes básicas de información sobre homicidios, una vinculada al sistema de salud: el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) y otra en el ámbito de la administración de justicia: Dijin-Policía Nacional. La primera por su acceso público a través del Informe Forensis, es la fuente más utilizada por las ONG nacionales e internacionales para sus informes; no obstante su cobertura es parcial en los sectores más alejados de la geografía nacional, lo que hace que sus cifras presenten un destacable nivel de subregistro; además, la categorización de los homicidios se realiza solo a partir de la variable sexo de la víctima, lo que ocasiona problemas de subregistro en cuanto a los homicidios de población LGBTI, por ejemplo.

Los análisis anuales realizados a nivel nacional por ONG como Sisma Mujer toman como fuente el INML, pero utilizan para categorizar el feminicidio el indicio proxy presunto agresor, identificando como feminicidio los asesinatos de mujeres perpetrados por la pareja o expareja, lo que hace que los feminicidios no íntimos queden excluidos del análisis. Sin embargo, cabe destacar del informe de esta organización que en 2016 el INML realizó 172 exámenes medicolegales por homicidios perpetrados por el presunto agresor pareja o expareja, de los cuales la víctima era una mujer en 128 casos (el 74.42% del total). “Esto significó que por lo menos una mujer fue asesinada por su pareja o expareja sentimental cada 3 días. De 2015 a 2016 se observa un incremento de 12.28% de mujeres víctimas al pasar de 114 casos reportados en 2015, a 128 en el 2016” (Sisma Mujer, 2017).

Situación contraria en materia de manejo de información se presenta en la ciudad de Medellín donde, a pesar de la tardía incorporación del tipo penal de feminicidio en la ley colombiana, desde el año 2010 se viene haciendo un ejercicio académico de revisión de cada uno de los casos de homicidios de mujeres, con el fin de buscar su asociación con otros tipos de violencias y/o contextos relacionados con su condición de género. En este ejercicio participan el SISC, la Secretaría de Seguridad de Medellín, y la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín (CSPM2) (Vélez, 2012). Para ello, se incluye la clasificación del feminicidio como una subcategoría de los homicidios de mujeres, que puede vincularse con las causales que se presentan en la figura 10:

Teniendo en cuenta que las bases de datos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, utilizadas para este análisis, parten de esta clasificación para determinar si se trata de un feminicidio o no; cabe destacar, como se observa en la figura 11, que entre los años 2010 a 2016 los homicidios de mujeres en la ciudad correspondieron a un promedio de 7.50% del total de homicidios ocurridos, y de estos un 48.89% (casi la mitad) fueron catalogados como feminicidio. Esto da cuenta del peso de la condición de género en la violencia letal en contra de las mujeres en Medellín.

Además, es de tener en cuenta, de acuerdo con la figura 12, que de los homicidios no catalogados como feminicidios, entre los años 2010 y 2016, en promedio un 50% se encontraban en proceso de análisis, o no pudieron ser categorizados por falta de información. Esta última variable es la que tiene el mayor peso con un promedio de 30%, y más preocupante aún, en 2010 la falta de información está presente en el 70,59% de los casos en estudio (20 casos), y en 2011 ocupa el 76.47% (26 casos). Esto da cuenta del proceso de normalización cultural de las condiciones de discriminación de las mujeres, que incluso permea a la administración de la justicia, generando altos niveles de impunidad ante la incapacidad del Estado de reconocer las violencias contra ellas, investigarlas y reaccionar para la garantía de derechos, como afirma la Corte Constitucional (2016). Como afirma Women’s Rights Project “agentes policiales y judiciales tienden a aceptar como normal el asesinato, las golpizas y la violación de la esposa” (^{Fuller, 2008}, p. 107), por ello la escasa información que se recoge de escena del crimen, antecedentes y contexto.

En el caso específico del feminicidio, como se observa en la figura 13, las subcategorías que tienen mayor peso en la ciudad de Medellín son: entre 2010 y 2011 el feminicidio por conexión, seguido de las circunstancias y contexto; lo que lo que se relaciona en el incremento de la dinámica de violencia armada en la ciudad para la época. Para los años 2012 y 2013 empieza a tomar fuerza la variable pareja, sin embargo, circunstancias y contexto no desaparecen; y en el año 2015, se colocan de nuevo en el primer lugar.

Para el tema que compete a este artículo, cobran especial interés los homicidios no íntimos, y de manera primordial los homicidios no íntimos conexión, pues son los que dan cuenta de la incidencia de las represalias de los grupos armados ilegales a través de las violencias en contra de las mujeres, pues como afirma Vélez (2012) “los homicidios de mujeres en Medellín no son causados por la participación directa de ellas en el conflicto (…) se originan más bien por su condición de vulnerabilidad, (…) frente al accionar de grupos delincuenciales contra la población y, (…) ante las relaciones afectivas conflictivas, dominadas por prácticas culturales patriarcales” (Vélez, 2012, p. 24).

Como se mencionó, esta fue la principal variable para los primeros años del análisis, y sumado a las otras categorías de feminicidio no íntimo: conflicto armado, y circunstancias y contexto: representaron en 2010 un 53.83% de los feminicidios, en 2011 el 46.94%, en 2012 el 34.48% y en 2013 el 41.46%. Paradójicamente, esta categoría no se incluyó en las estadísticas reportadas en los años 2014 y 2015, no obstante, desde 2013 aparece una nueva variable, conflicto armado, ya que nuevamente demuestra el peso de la dinámica criminal en la ciudad (ver figura 14).

En tal sentido, es de destacar como se observa en la figura 14, que en los años más álgidos de confrontación armada en la ciudad, 2010, 2011 y 2012, cerca de la mitad de los feminicidios correspondieron a feminicidios por conexión. Esto se ratifica con los datos en relación con el perpetrador del feminicidio. Al igual que en el análisis anterior, en los años 2010 y 2011 la delincuencia común es el principal perpetrador con el 53.84 y el 44.89% de los casos, respectivamente. Tampoco es despreciable el lugar que ocupa la delincuencia organizada porque en promedio de 2010 a 2016 concentra el 10.16% de los datos. Cabe aclarar que para los años 2015 y 2016 al incluir la categoría violencia de género, las otras clasificaciones pierden valor, concentrando esta la mayor parte de los casos.

Las características sociodemográficas de las víctimas dan clara muestra de marcadas condiciones de desigualdad que rodean la violencia en contra de las mujeres, en especial, el feminicidio. En el periodo analizado 2010 a 2016, como se observa en la figura 15, el mayor número de víctimas se concentró en los rangos de edad de 14 a 32 años, es decir, como en el caso mexicano, mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Son de destacar las acentuadas variaciones en los rangos de 14 a 17, y 25 a 28, que dan muestra de los obstáculos que genera la falta de información en la categorización de este tipo de violencia, y no del decrecimiento de fenómeno. Asimismo, el nivel de escolaridad, expresado en la figura 16, demuestra el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas, el mayor número de ellas se ubica en primaria (el 32.6% del total de los casos del periodo analizado) y bachillerato (29%), destacándose también el porcentaje de mujeres sin dato (29%).

Por último, es de destacar cómo el feminicidio en Medellín que es un fenómeno altamente disperso, pero es notable su afectación en las comunas en mayor medida con más bajo índice de condiciones de vida y amenazadas por la criminalidad (ver gráfico 17), entre ellas, las Comunas 13 y 10, la primera tristemente célebre por la disputa territorial que viene presentando allí por décadas entre actores armados y la segunda, el centro de la ciudad, comuna con los mayores índices de homicidios, y hogar de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y trabajadoras sexuales.