Introducción

El objetivo de este trabajo es explorar las estrategias que utilizan grupos del crimen organizado para reclutar menores de edad en Tamaulipas, en el noreste de México. Dichas estrategias son exploradas principalmente con base en el análisis de narrativas de “menores de circuito”, es decir, menores migrantes que residen en la frontera de Tamaulipas y que de forma irregular y frecuente cruzan la frontera hacia Estados Unidos (DIF-Tamaulipas, 2013), participando en actividades ilegales como son el tráfico de migrantes o de drogas (^{Vilaboa Romero, 2006} y PDIB, 2012).

La participación de “menores de circuito” en actividades ilegales de grupos del crimen organizado en la región es un fenómeno que ha suscitado un debate: por un lado, se supone que constituyen una población “que se encuentra en mayor situación de riesgo, puesto que están siendo explotados y orillados a servir como ‘polleritos’, ‘guías’, ‘mulas’, ‘coyotitos’, ‘halcones’, etcétera” (Moreno Mena y Avendaño Millán, 2017:37); y por otro, se plantea que forman parte de un segmento de menores de edad que, al menos en la frontera noreste de México, realizan actividades ilegales debido a beneficios materiales y simbólicos (^{Guerrero, 2017}).

El debate ha sido nutrido por algunos reportes periodísticos, los cuales afirman que los “menores de circuito” han pasado de ser víctimas a protagonistas del tráfico de migrantes y de drogas (^{Pérez Silva, 2012}). Más allá de ello, es indudable que cada vez más algunos menores de edad participan en tales actividades: en el 2014, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó que un 38% de menores migrantes mexicanos no acompañados, detenidos por la Patrulla Fronteriza, habían sido reclutados por grupos del crimen organizado como polleros o traficantes de migrantes (^{Alcántara y Gómez, 2014}).

Por otro lado, en 2015, un reporte de Custom and Border Protection (CBP) de Estados Unidos señaló que en los puertos de entrada a Texas se arrestaron 120 menores de edad mexicanos cuando intentaban introducir drogas (^{Álvarez, 2016}). En México, finalmente, un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que entre los años 2010 y 2014 fueron detenidos 158 menores de edad acusados de ayudar a migrantes a cruzar a Estados Unidos (^{Ramírez, 2014}). En ambos lados de la frontera, las instituciones han hecho pública su preocupación ante este fenómeno.

Lo anterior debido a que, como afirma ^{Pérez Silva (2012}), se dio pie al surgimiento de “una nueva figura en el entramado de la migración irregular y del crimen organizado: la de los niños de circuito o enganchadores”. Actualmente, los pocos estudios que existen sobre los “menores de circuito” en la frontera norte de México solamente han tratado de visibilizarlos haciendo caracterizaciones de estos (^{Moreno Mena y Avendaño Millán, 2015}) o mostrando su vulnerabilidad y riesgos al participar con grupos del crimen organizado (Moreno Mena y Avendaño Millán, 2017 y ^{Guerrero, 2017}). Sin embargo, poco se sabe de las formas en que fueron enganchados por grupos criminales en la frontera.

Para contribuir al debate señalado y a los estudios realizados, la pregunta central de investigación en este trabajo es cuáles son las estrategias que utilizan grupos del crimen organizado para reclutar “menores de circuito” en regiones particulares como es la frontera de Tamaulipas, en el noreste de México y sur de Estados Unidos. Dicho cuestionamiento demanda analizar la participación de “menores de circuito” en el tráfico de migrantes o de drogas como parte de un proceso en el que son vulnerables social y jurídicamente ante grupos del crimen organizado, pero también en el que ellos sopesan costos y beneficios en el marco de las posibilidades y constreñimientos que tienen.

Para explorar las estrategias que utilizan grupos del crimen organizado para reclutar “menores de circuito”, en este trabajo se utiliza un enfoque sobre “regímenes ilícitos” (^{Slack y Campbell, 2016}), los cuales se definen como formaciones sociales que operan al margen del Estado y la ley, que utilizan diferentes estrategias para realizar negociones ilegales y para reclutar personas. No se niega que los “menores de circuito” sean vulnerables al vivir riesgos y peligros al cruzar la frontera (^{Hernández-Hernández, 2016}b y ^{Moreno Mena y Avendaño Millán, 2015}), sino más bien se plantea que el enfoque sobre “regímenes ilícitos” privilegia una perspectiva pragmática que permite conocer estrategias de costo/beneficio que implementan figuras concretas como el crimen organizado para el desarrollo de actividades ilegales y, por supuesto, el reclutamiento de personal para llevarlas a cabo en diferentes contextos.

Con base en este enfoque, aquí se argumenta, por un lado, que en regiones fronterizas como la de Tamaulipas los “regímenes ilícitos” toman visibilidad en figuras del crimen organizado como es el Cártel del Golfo (CDG), el cual tiene una historia de arraigo y de contubernios con diferentes actores sociales; por otro lado, se argumenta que dicho “régimen ilícito” ha operado con diferentes estrategias que han servido para reclutar “menores de circuito”: primero, diversificándose hacia nuevos mercados o negocios ilegales; segundo, desplegando un tipo de “responsabilidad social criminal”; tercero, redefiniendo reglas para el reclutamiento de personal; y cuarto; valorando los riesgos del personal al no ajustarse a las reglas del grupo.

Metodológicamente, el trabajo se sustenta en entrevistas abiertas realizadas a “menores de circuito” contactados en albergues de la frontera de Tamaulipas y a informantes clave. Por otro lado, se utilizan videos, notas de internet, informes y reportes documentales sobre el tema. En el caso de las entrevistas, estas se analizan con base en matrices de análisis cualitativo, mientras que en el caso de las otras fuentes se echa mano del análisis de contenido para poner en contexto las narrativas de los “menores de circuito” y el crimen organizado.

El trabajo se divide en cuatro apartados. En el primero se presenta el marco teórico conceptual, discutiendo el enfoque sobre “regímenes ilícitos” y su articulación con los “menores de circuito”. En el segundo se describe la metodología utilizada, a decir del tipo de estudio, la muestra cualitativa seleccionada, la técnica de recolección y análisis de datos, así como otras fuentes de información empleadas. En el tercero se presentan los resultados del estudio, específicamente las estrategias que utiliza el crimen organizado en la región para reclutar “menores de circuito”. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones sobre hallazgos y aportes al tema.

Marco teórico-conceptual

La proliferación de grupos del crimen organizado en México no solo ha devenido en una violencia generalizada, sino también en diferentes teorías que, desde enfoques psicométricos o criminológicos, intentan medir y explicar las pugnas y la violencia criminal (^{Carreón Guillén y De la Cruz Lugardo, 2012}). En este estudio se apropia un enfoque socioantropológico para comprender las formas en que grupos criminales reclutan individuos para desempeñar actividades ilegales. Específicamente se retoma el concepto “regímenes ilícitos”, el cual fue acuñado por ^{Slack y Campbell (2016}) y es definido como formaciones sociales que operan al margen del Estado y de la ley a través de organizaciones y negocios ilegales cuyo poder se constituye mediante relaciones directas, conexiones con instituciones, pero también a través de actos de violencia y de su habilidad para escapar de la ley. Específicamente, los autores señalan:

“Usamos el concepto de regímenes ilícitos para explorar las reglas, normas y estructuras de poder no escritas que rigen el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Esta comparación es apropiada y contribuye a la literatura sobre migración y a la creciente investigación sobre el contrabando de drogas, porque tanto los contrabandistas como los guías son parte de industrias de gran volumen y lucrativas, ambas son mala prohibita (malas porque están prohibidas en oposición a las malas por naturaleza) y ambas están relacionadas con la región fronteriza y su topografía única. Debido a que el espacio clandestino de la frontera es muy controvertido, vigilado y asegurado (De Genova 2002; Dunn 1996; Inda 2006), los grupos ilícitos actúan en consecuencia” (^{Slack y Campbell, 2016}, pp. 4, 5, traducción del autor).

Y enseguida precisan:

“Al tratar de comprender cómo funciona el mundo ilícito, como espacio no estatal o paraestatal, la naturaleza del reforzamiento y las prohibiciones legales guían los esfuerzos para evadir la ley que produce una jerarquía que refuerza las actividades más lucrativas (por ejemplo, el narcotráfico). La descripción inicial muestra esta jerarquía” (p. 5, traducción del autor).

Desde esta óptica, los regímenes ilícitos adquieren visibilidad en contextos histórica y espacialmente definidos. Pero no solo eso: al constituir entidades o formaciones paraestatales, cuentan con estructuras particulares y, sobre todo, despliegan jerarquías y estrategias sui géneris para lograr evadir la ley al llevar a cabo sus negocios o actividades ilícitos en regiones fronterizas, en espacios nacionales o transnacionales.

Aquí se plantea que, en contextos regionales particulares como es la frontera de Tamaulipas, los “regímenes ilícitos” se han hecho visibles a través de grupos del crimen organizado. Grupos como el Cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas llegaron a constituir ejemplos paradigmáticos de “regímenes ilícitos” en la región al ser formaciones sociales que operaban al margen del Estado y de la ley, al menos en términos de marcos legales de prohibición del tráfico de enervantes y de armas.

Se trata de grupos criminales que, al menos en el primer caso, desde los años ochenta del siglo pasado, se constituyeron en formaciones sociales con negocios ilegales al definir una estructura, normas y reglas de poder no escritas que regían el tráfico de drogas y de personas en la región. Sin embargo, no necesariamente actuaban al margen del Estado, pues si algo caracterizó al CDG fueron los contubernios con el poder político local y regional para hacer posibles sus negocios ilegales (^{Flores Pérez, 2013}), aunque ello no lo exentó de estar al margen de la ley.

La constitución de este “régimen ilícito” adquirió mayor visibilidad como formación social en la primera década del siglo xxi al fusionarse con otro grupo criminal, Los Zetas, quienes originalmente funcionaron como brazo armado del CDG y posteriormente se escindieron y emprendieron su propia organización y negocios ilegales como grupo criminal (^{Osorno, 2012}). Allende las disputas armadas entre ambos grupos, en la región fue evidente el surgimiento de una formación social paralegal que desafió al Estado y a la ley, pero, por otro lado, también se hizo visible la violencia a través de secuestros, extorsiones e incluso asesinato de migrantes (Izcara Palacios, 2012 y 2017).

Ambos grupos criminales se irguieron como “regímenes ilícitos” en disputa por el poder regional, aunque con modus operandi diferentes al administrar su organización y negocios ilegales: inicialmente, mientras los primeros monopolizaron el tráfico de drogas y de armas, los segundos se dedicaron a la extorsión, el secuestro, el terrorismo y los asesinatos de empresarios y políticos. Posteriormente, ambos grupos vieron en la migración irregular, tanto de mexicanos como de centroamericanos, un negocio lucrativo que también disputaron y controlaron de forma diferente.

El CDG, por ejemplo, empezó a monopolizar el tráfico de migrantes en la frontera cobrando una cuota a los “coyotes” que trabajaban en la región o bien poniendo a sus propios “coyotes” en diferentes puntos del cruce fronterizo, creando una división social del tráfico de migrantes y una profesionalización de los primeros a través de trabajos especializados según habilidades de los “coyotes” (^{Hernández-Hernández, 2016}a). Los Zetas, por otro lado, orientaron sus actividades ilegales a la extorsión, el secuestro y el asesinato, dejando un precedente de esto con la matanza de migrantes de América central en San Fernando a fines del año 2010 (Izcara Palacios, 2012).

Ante los conflictos armados entre ambos grupos criminales y entre estos y las fuerzas federales, fue evidente la reducción de sus integrantes en diferentes niveles de operación. Con ello, como “regímenes ilícitos” en la región, el resultado fue una violencia exacerbada que tuvo como propósito, por un lado, imponer su poder tanto entre la población civil como entre actores gubernamentales y, por otro, eliminar integrantes de bandos contrarios o bien reclutar nuevos integrantes para sí mismos. En este contexto, la violencia impactó a los jóvenes de la frontera, quienes fueron reclutados a la fuerza (^{De la O y Flores Ávila, 2012}) o seducidos con dinero.

Esta situación embona con la afirmación de ^{Hardinghaus (1989}), quien hace tres décadas afirmó que “Al lado del contrabando, de los juegos ilegales, del tráfico de alcohol y de tabaco (en ciertos países o para menores de edad), la narcoeconomía sería la rama más importante de la economía subterránea” (pp. 94, 95). Para este autor, lo anterior no se originó en los países del llamado tercer mundo, pero fue adoptado con rapidez. Además, plantea que “En este sentido, el trabajo en la narcoeconomía es el resultado del excedente de mano de obra, que no pudo ser absorbido por las actividades lícitas”.

Sin duda, los argumentos de Hardinghaus son útiles para comprender cómo un sistema económico ilegal o un régimen ilícito tiene gran importancia dentro de otros sistemas económicos que, ante la incapacidad del Estado, emergen de forma subterránea o informal en diferentes ciudades de América Latina. Aunque los argumentos estructurales de Hardinghaus podrían ser útiles para comprender la incorporación de algunos menores en el tráfico de migrantes o de droga en regiones de la frontera México-Estados Unidos, existen dimensiones sociales, jurídicas y geográficas que también permiten comprender dicha incorporación de los menores.

Al menos en esta región fronteriza, la incorporación de jóvenes al crimen organizado inicialmente se originó en un contexto de pérdidas humanas y de reclutamiento forzado o por pagos considerables. Sin embargo, en el caso de menores de edad, el reclutamiento se dio considerando su vulnerabilidad social (procedentes de familias pobres), jurídica (la impunibilidad delictiva por su minoría de edad) y su capital geográfico (conocedores de la frontera). Tales condiciones propiciaron el interés de “regímenes ilícitos” como los descritos en los “menores de circuito” y, sobre todo, reforzaron sus grupos y actividades ilegales lucrativas.

La relación entre “regímenes ilícitos” encarnados en grupos del crimen organizado y “menores de circuito” en la frontera México-Estados Unidos constituye un tema que, como se dijo al principio, ha suscitado un debate en el ámbito académico y de derechos humanos: por un lado, se plantea que los “menores de circuito” son actores sociales vulnerables, víctimas del crimen organizado, al ser coaccionados para facilitar el cruce de migrantes o transportar drogas, o bien al estar expuestos a riesgos, peligros y amenazas (^{Gutiérrez, 2012}; Moreno Mena y Avendaño Millán, 2017 y DHIA-UTEP,¹ 2017); por otro, que se trata de actores sociales con agencia, que participan en actividades ilegales sopesando los riesgos, pero también los beneficios materiales y simbólicos (Hernández-Hernández, 2017 y ^{Guerrero, 2017}).

El debate, incluso, ha sido reproducido en la prensa, afirmándose que los “menores de circuito” han pasado de ser víctimas a protagonistas del tráfico de migrantes y de drogas (^{Pérez Silva, 2012}). Por encima de privilegiar una u otra postura en el debate, en este trabajo se argumenta que los “menores de circuito” son protagonistas de actividades ilegales; no obstante, pueden ser considerados tanto víctimas del crimen organizado debido a su vulnerabilidad social y jurídica, como agentes pragmáticos al sopesar riesgos y beneficios. No obstante, el interés aquí es más bien mostrar de qué formas operan los “regímenes ilícitos” al reclutarlos y cuáles son sus experiencias.

Metodología

Lugar de estudio

El estado de Tamaulipas es una región situada en el noreste de México, colindante con el sur de Texas, Estados Unidos. Esta región tiene una larga historia de vínculos económicos y culturales, principalmente entre las llamadas ciudades hermanas o gemelas (twin cities), tales como Matamoros-Brownsville, Reynosa-McAllen y Nuevo Laredo-Laredo (^{Herrera Pérez, 1999}). Sin embargo, al menos desde el siglo xx y hasta la fecha, esta también ha sido una región fronteriza con tradición en el tráfico de migrantes (^{Sánchez Munguía, 1993}) y de drogas (^{Flores Pérez, 2013}).

La migración irregular hacia Estados Unidos se conforma tanto por adultos como por menores de edad, de origen mexicano y centroamericano. Al ser repatriados de Estados Unidos (los primeros) o asegurados en México (los segundos), son enviados a Centros de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF, por sus siglas), ubicados en tres ciudades de la frontera de Tamaulipas, donde permanecen mientras sus familiares o respectivos consulados los trasladan. Durante los años 2015 y 2016, en esta región se emprendió un proyecto sobre experiencias migratorias de menores mexicanos repatriados de Estados Unidos, identificándose a los denominados “menores de circuito”.

Tipo de estudio

Este trabajo se sustenta en una investigación de tipo descriptivo y analítico, es decir, un estudio exploratorio inicial que se propuso explicar la asociación entre dos fenómenos que emergen en un contexto temporal y espacialmente concreto (^{Rojas Cairampoma, 2015}). Específicamente, el objetivo fue explorar cualitativamente de qué formas las actividades realizadas por “menores de circuito” se insertan en los llamados “regímenes ilícitos” en la frontera noreste de México y, particularmente, cuáles estrategias usan estos últimos para reclutarlos y hacerlos parte de una economía ilegal en la región.

Características de la muestra

Para lograr lo anterior, por un lado, se definió una muestra cualitativa conformada por siete “menores de circuito”, quienes oscilaban entre los 14 y 17 años de edad, residían en ciudades de la frontera de Tamaulipas, cuatro de ellos solteros y tres en unión libre, con al menos un año emigrando a Estados Unidos de forma irregular con el propósito de cruzar migrantes o drogas. La cantidad de “menores de circuito” que conformaron la muestra fue útil debido a que se trató de casos intencionales que permitieron un análisis más profundo (^{Izcara Palacios, 2007}).

Los “menores de circuito” fueron contactados en los tres CAMEF situados en la frontera de Tamaulipas, los cuales fueron creados a mediados de los años noventa, derivados del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos en México (^{Quintero Ramírez, 2007}). Por otro lado, se contó con la autorización de los coordinadores de los CAMEF para entrevistarlos y se garantizó su anonimato y la confidencialidad de la información (^{Anguita M. y Sotomayor, 2011}). Específicamente, sus nombres fueron cambiados por seudónimos y sus datos de residencia modificados.

Técnica de recolección y análisis de datos

Con los “menores de circuito” se realizaron entrevistas abiertas, cuya duración fue de hora y media en promedio, debido a que, por un lado, su estancia en los CAMEF era muy breve (no más de 12 horas) y, por otro, por las sugerencias de los coordinadores de los CAMEF de no hablar mucho con ellos debido a que trabajaban para algún grupo criminal en la región. Para las entrevistas se diseñó un guión estructurado de la siguiente forma: a) datos sociodemográficos, b) antecedentes familiares, c) iniciación en el tráfico de migrantes/drogas, d) modus operandi, y e) detenciones.

Los datos de las entrevistas abiertas fueron transcritos y enviados, en primer lugar, a una base de datos cualitativa elaborada en Word, la cual se dividió considerando la fuente entrevistada y las temáticas abordadas; en segundo lugar, la información de dicha base de datos fue transferida al programa Atlas-ti, en el cual se hizo un análisis cualitativo de los datos, creando categorías de las narrativas en las entrevistas y comparándolas con formas de operación de regímenes ilícitos en la región.

Otras fuentes de información y análisis

Además de las entrevistas con los “menores de circuito”, también se realizaron entrevistas abiertas con tres coordinadores de los CAMEF, con un delegado del Instituto Nacional de Migración en México, con el responsable de una Oficina de Atención a Migrantes de la Diócesis Católica, con un representante del Departamento de Protección a Migrantes de un Consulado de México en el Valle de Texas, así como con la vicecónsul de Honduras y el cónsul de Guatemala, también en el Valle de Texas.

Las entrevistas con estos informantes clave fueron abiertas: también se basaron en un guion que solamente incluyó tres tópicos: 1) la migración irregular de menores de edad a Estados Unidos, 2) la participación de menores de edad en el tráfico de migrantes o de drogas, y 3) la injerencia del crimen organizado en la migración irregular en la región.

La información derivada de las entrevistas con los informantes clave, en una primera fase también fue transcrita y en una segunda fase concentrada en una base de datos cualitativa elaborada en Word y analizada considerando la fuente entrevistada y las temáticas abordadas, para posteriormente hacer una comparación con las narrativas de los “menores de circuito”.

Finalmente, también se utilizaron algunos videos y notas de Facebook sobre el crimen organizado en esta región fronteriza, así como información documental, principalmente de reportes e informes periodísticos, institucionales y de organizaciones civiles, en torno a los menores migrantes mexicanos, en especial aquellos que son catalogados como “menores de circuito” y que, supuestamente, han participado como traficantes de migrantes o de drogas.

La información derivada de los videos y notas fue utilizada como hipertexto para contextualizar las narrativas de los “menores de circuito” en torno a las formas de operación de los “regímenes ilícitos” en la región. Específicamente, se hizo análisis de contenido de los videos y las notas. De igual forma, la información documental derivada de reportes e informes sirvió para tener un contexto de referencia de los fenómenos en cuestión y hacer un ejercicio de interpretación sociológica.

Resultados del estudio

Los “menores de circuito” ante el nuevo mercado de tráfico

“La diversificación [de los cárteles] imita el comportamiento de las compañías legítimas”, afirma ^{Wainwright (2017}), quien más adelante señala: “La diversificación de los cárteles mexicanos llega unas cuantas décadas después de la última gran oleada de diversificación empresarial estadounidense” (p. 217). Tal diversificación de los grupos criminales, aclara el autor, se debe, por un lado, al interés de estos en negocios “nuevos” que son altamente lucrativos, y, por otro lado, al exceso de liquidez para “invertir” en nuevos mercados donde saben que sus conocimientos pueden darles ventaja.

En Tamaulipas, la ruptura entre grupos criminales en el 2010 resultó en una disputa no solo de territorios o “plazas” en Tamaulipas y otras entidades del país, sino también del mercado de tráfico de drogas y de migrantes. En este punto los jóvenes y los menores de edad en particular tuvieron que ver al ser reclutados -por la fuerza, por necesidad o seducidos por beneficios materiales o simbólicos- para desempeñar actividades ilegales. Uno de los coordinadores de un CAMEF señaló:

“Hace años, como en el 2010, hubo mucha violencia aquí en la frontera, entonces muchos chamaquitos andaban en eso, o los jalaban para trabajar ofreciéndoles mucho dinero, o los obligaban, pero ahí andaban. Luego tú veías en escuelas que los chamacos jugaban con eso de trabajar para el crimen, que vigilando, o de matones, y yo decía: ¿pues qué pasa por su cabeza?, ¿qué les dirán sus padres? Pero sí, comenzaron muchos a andar en eso, cruzando la frontera, y ahora tú ves, son puros muchachitos”.

Durante esa época, diferentes ciudades de la frontera norte de México se caracterizaron por la violencia derivada de las confrontaciones entre grupos del crimen organizado y las fuerzas federales. De fondo, el conflicto era por el control del tráfico de diferentes mercancías, como también por monopolizar el poder en distintas regiones del país. En este proceso comenzó el reclutamiento de menores de edad ya fuera para formar parte de las filas del crimen organizado asesinando, espiando o traficando.

Al respecto, lo narrado por “Virgilio”, un menor de catorce años originario de la ciudad de Matamoros, es ilustrativo. Fue “invitado” a ingresar a un grupo criminal de la región para cruzar migrantes o drogas; sin embargo, rechazó la oferta, por lo que fue amenazado e intentó cruzar la frontera a Estados Unidos de forma irregular en varias ocasiones (^{Blancas Madrigal, 2015}). Virgilio, además, narró que uno de sus amigos sí había aceptado ser parte de Los Zetas, pero que semanas después su cuerpo apareció destazado en un predio baldío. Este caso, narrado a un periodista, muestra el reclutamiento forzado de menores.

Los “menores de circuito” entrevistados decidieron participar en el tráfico de migrantes o de drogas motu proprio, aunque de fondo la necesidad económica y el capital simbólico también tuvieron que ver. Su ingreso se dio a través de redes familiares o de amistad que ya estaban vinculadas con parte de la estructura de algún grupo criminal en la frontera. Sin embargo, su ingreso también fue resultado del “capital social” (Bourdieu, 2000) que los menores de circuito poseían: por ejemplo, conocer el paisaje en la región fronteriza, tener contacto o relaciones sociales con personas insertas en actividades ilegales, etc. Uno de los “menores de circuito” entrevistados, de 15 años, narró:

“Yo tenía un primo que trabajaba en eso, de que cruzando migrantes, entonces me dice: ‘¿le entras o qué?’. No quería, porque tenía miedo, pero me insistió, ‘que pagan bien’, ‘que yo te enseño’, pero pues bueno, me convenció, la feria² estaba bien, entonces que le digo: ‘¡Pues órales, le entro!’. Yo creo que me invitó porque como yo ya había cruzado al otro lado³, entonces conocía más o menos, pero no fue fácil, porque he pasado muchas veces, pero ya me han agarrado”.

Otro de los “menores de circuito”, de 16 años, narró el contexto en el que comenzó a involucrarse en actividades ilegales en la región, sobre todo los peligros que había sorteado y sus expectativas en el futuro ante esta situación de vulnerabilidad:

“Creo que tenía catorce, sí, hace dos años, cuando comencé en esto. A mí me dijo un tío si quería entrarle que porque pagaban muy bien y que la chamba estaba tranquila. Él ya tenía rato chambeando⁴ en eso, cruzaba migrantes, y yo veía que traía una camioneta grande, siempre pisteando,⁵ y le iba bien; luego en su casa iban otros señores acá de camionetas y andaban armados, decía que eran sus jefes. Entonces me dice: ¿Te animas o qué? Y pues que le digo sí, está bien. Ya empecé y él me decía: hazle así, agua con los soldados, con la migra⁶, y junta a esta gente, que no hagan ruido. Pero una vez sí me agarraron y me golpearon los de la migra, decían tú eres el coyote, y yo no, no soy. Luego ya me regresaron. Después otra ocasión acá se me fueron unos pollos⁷ y que me dan una recia⁸ con tablas, entonces pues ya le pienso, porque no sé cuánto dure y yo quiero tener una familia”.

A final de cuentas, en la frontera de Tamaulipas el tráfico de migrantes constituyó un nuevo mercado y parte del proceso de diversificación del crimen organizado no solo porque “los cárteles han permitido que su valiosa infraestructura para el narcotráfico sea usada por los traficantes de migrantes” (^{Wainwright, 2017}, p. 225), sino también porque en esta región fronteriza los “menores de circuito” han desempeñado un papel preponderante como nuevos recursos humanos, conocedores de la región, de bajo costo e inimputables en ambos lados de la frontera.

Los “menores de circuito” ante la “responsabilidad social” criminal

En su enfoque sobre la narcoeconomía como un sistema que opera de forma pragmática, ^{Wainwright (2017}) afirma que para las organizaciones o grupos criminales contemporáneos, la denominada “responsabilidad social corporativa” (pp. 95-122) es una estrategia relevante, implementada a través de relaciones públicas cuyo propósito es generar una imagen positiva y proactiva entre la población para ganar tanto simpatías o lealtades como adeptos en las “plazas” que tienen control; de lo contrario, sus operaciones serían poco viables y no rentables.

Dicha “responsabilidad social” ha sido implementada por grupos del crimen organizado en Tamaulipas. Por ejemplo, en la Navidad del año 2013 y el Día de Reyes del 2014, un video en YouTube mostró a miembros del CDG entregando juguetes, roscas y dinero a padres de familia, niños y niñas en las afueras de un hospital, en la central de autobuses y en la zona centro de la ciudad de Tampico, en el golfo de México. Dicha actividad de “relaciones públicas” llamó la atención por dos razones: porque se trató de un video grabado por los mismos criminales y porque en un segmento de la grabación subtitularon: “Frente a la central camionera los niños corrían felices” (Noticias, 2014). Los niños parecían ser su objetivo principal.

Para un sacerdote de la Diócesis Católica en la región, este tipo de acciones “Son las estrategias que usan ellos [el crimen organizado] para quedar bien con la gente, pero de fondo sabemos que los quieren seducir al mal, a sus actividades, en especial a la niñez”. Mientras para un agente consular del Valle de Texas se trataba de acciones que no se limitan a esta región fronteriza, sino también a algunas similares en Centroamérica, “Allá nos damos cuenta de lo mismo, los criminales entregan juguetes a niños, comida o electrodomésticos a las familias, y quieren quedar bien, y la gente cree que ellos sí los apoyan y el Gobierno no, y por eso no los delatan”.

En abril del año 2016, el mismo CDG, para celebrar el Día del Niño, entregó juguetes y comida en sectores populares de la ciudad de Matamoros. Un mensaje publicado en una página de Facebook notificó de este hecho a la comunidad virtual: “Hoy la gente del sr cortez regalo juguetes y mas cosas comida por los ejidos aledaños y por el basurero eventos en varias partes (…) sin faltar lo de parte del señor de O que cada año manda juguetes um tráiler… Feliz día del niño les desea sus Amigos (…) y sus grupos operativos Ceros y Gamas línea del golfo Anónimo (sic)” (Comments, 2016). La referencia a los patrocinadores y el objetivo de la actividad fueron evidentes.

En la Navidad del 2016, por otro lado, el Cártel del Noreste, una facción escindida de Los Zetas, regaló juguetes, cobijas y cenas en colonias marginales de la ciudad de Nuevo Laredo. Los regalos tenían el siguiente mensaje: “Que esta navidad, la alegría sea el mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus metas el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo, Feliz Navidad 2016 te desea CDN” (^{Ortiz Ramírez, 2016}). El mensaje iba dirigido a las familias pobres, pero, sobre todo, a la niñez que, según imágenes, se arremolinaba para recibir juguetes.

Uno de los “menores de circuito” entrevistado, de 17 años, narró que participó durante la entrega de unos juguetes en una ciudad fronteriza. Al ser interrogado sobre esto, comentó: “Lo que pasa es que los jefes dicen: ‘ahora hay que entregar estos juguetes’ y pues vamos, les dan muchas cosas, no solo juguetes, pero nos la jugamos porque luego llega la policía y si te agarran ya valiste y nadie responde por ti”. Como se observa, se trata de una estrategia criminal para sumar lealtades entre la gente, estrategia en la que participan los menores de edad reclutados a expensas de su propia seguridad.

Los casos descritos muestran tres aspectos culturales importantes: primero, que en Tamaulipas los grupos del crimen organizado han divulgado su “responsabilidad social” echando mano de diferentes medios de comunicación, en especial de las llamadas redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o la prensa; segundo, que su imagen positiva y proactiva se han dirigido hacia sectores marginales de las ciudades, manipulando rituales festivos y la precariedad de la gente; y tercero, que sus relaciones públicas son con las familias en general, pero con los menores de edad en particular.

En la frontera de Tamaulipas, esta estrategia les ha funcionado a los grupos criminales no solo para construir una imagen positiva y proactiva entre la gente de sectores marginados, sino también como estrategia para ganar lealtades y reclutar nuevos recursos humanos, en especial menores de edad, ya sea para desarrollar actividades de vigilancia y seguridad conocidas como “halconeo”, tal como lo han evidenciado ^{Córdova Plaza y Hernández Sánchez (2016}), para el caso de jóvenes del sur de la entidad, o bien para desarrollar actividades ilegales.

Sin duda, la “responsabilidad social” criminal en la frontera de Tamaulipas ha surtido efectos tanto entre algunos menores de edad como entre algunos padres de familia. Por supuesto, no solo se trata de juguetes, comida, ropa, dinero o bienes suntuarios, sino también del capital simbólico (^{Bourdieu, 1997}) que al menos los menores de circuito logran adquirir al sentirse parte de una organización y del prestigio acumulado o poder adquirido a través del reconocimiento de otros actores que se desempeñan en un campo particular, como es el de ser parte de “La maña”.

Los menores de circuito como “recursos humanos” elegibles

La inclusión de “menores de circuito” en “La maña”⁹, ya sea traficando migrantes o drogas, forma parte de otra estrategia de los grupos del crimen organizado en la frontera de Tamaulipas: captar nuevos recursos humanos para llevar a cabo parte de sus actividades ilegales. La elección de estos en parte está implícita en la estrategia de “responsabilidad social” criminal, es decir, seducir menores de edad, pobres y residentes en sectores marginados, tales como colonias populares o comunidades rurales de las ciudades fronterizas; en palabras de ^{Bauman (2005}), se trata de “los residuos del progreso económico” en la era de la modernidad.

Esta estrategia, sin duda, es útil para los regímenes ilícitos, aunque tiene algunos retos. Al respecto, ^{Wainwright (2017}) señala que “Los cárteles enfrentan dos problemas clave”: uno relacionado con el reclutamiento de personal para una industria que funciona en secreto y demanda confianza; el otro es gestionar relaciones entre su personal para lograr fines y acuerdos, en especial en países como México, donde, según Wainwright, como resultado de la violencia y las tasas de mortalidad, los cárteles continuamente requieren reemplazos (p. 69).

Según una nota periodística (^{Fierro, 2016}), “Desde el año 2010 y hasta el pasado mes de mayo (2016), los índices delictivos de Tamaulipas registran más de 500 asesinatos anuales, cifra que contrasta con los homicidios dolosos cometidos entre 2007 y 2009, cuando el número de víctimas llegó a un máximo de 308 personas” (s/pp). También se afirmaba que el alza de homicidios se debió a las pugnas entre grupos del crimen organizado en la entidad. Ante esto, los grupos constantemente están buscando reemplazos, aunque en el caso de los menores es un tanto diferente, pues si bien ellos son reclutados, no realizan actividades que impliquen armas o disparos, como lo hacen aquellos “contratados” como “sicarios” (asesinos) o, a veces, como “halcones” (vigilantes), aunque ocasionalmente algunos han tenido movilidad entre estas “ocupaciones”, o al menos aspiran a más, como narró un menor de quince años:

“Cuando empecé fue como halcón porque unos primos me dijeron vente a chambear acá, pagan bien, y entonces me dijeron que de halcón, y me mandaron al río, a andar checando si andaba la migra o si pasaban los soldados. Luego hice bien la chamba y me dijeron, un señor: ¿quieres ahora chambear cruzando pollos?, se paga más. Y le dije pues sí, y aquí sigo. Si hago bien la chamba, hasta puedo subir más y andar con la gente de La maña”.

La elección de nuevos recursos humanos o reclutamiento de los menores, además de tener como criterio que se trate de menores de edad, pobres y de sectores marginados en la frontera, se implementó a través de redes familiares o de amistad, redes que ya tenían un precedente en actividades como el tráfico de migrantes o de drogas a pequeña escala y, claramente, laborando para algún grupo criminal en la región. Uno de los menores entrevistados, por ejemplo, expresó que fue su propio padre quien le preguntó si quería trabajar y ganar dinero, y él respondió que sí.

Su padre lo contactó con un tío que se dedicaba a cruzar migrantes. Según comentó el menor, él no sabía de qué se trataba el trabajo, pero cuando fue a ver a su tío, este le dijo que “la chamba estaba buena” y que él ya tenía experiencia en eso, así que aceptó. Otro menor expresó que fue un primo quien lo invitó a trabajar cruzando migrantes y unos paquetes. Él dijo que sí, pero el primo le aclaró que antes tenía que trabajar como “halcón” en el río Bravo, vigilando y reportando los movimientos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Finalmente, un menor más, de catorce años, dijo que era la primera vez que cruzaba migrantes. Lo hizo a invitación de un amigo que ya tenía experiencia. Sin embargo, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza. Al respecto, un tanto decepcionado narró: “A los dos nos enseñaron, los guías, los más viejos, los que están encargados son los que nos enseñaron el camino. No nos hubieran agarrado si mi amigo nos hubiera acompañado”. Como se observa, para menores como este último la inserción en actividades como el tráfico es a través de amigos, pero la enseñanza en ella es a través de hombres adultos con experiencia previa en el negocio.

Las redes familiares o de amistad en este caso funcionan como medios de reclutamiento que garantizan tanto la discreción en el proceso como la confianza en los menores reclutados. Más allá de esta argucia criminal para el reclutamiento, así como de las características socioeconómicas que los menores “deben reunir” para ser elegibles, se encuentran dos aspectos centrales que los grupos criminales toman en cuenta para reclutarlos: por un lado, su minoría de edad y, por consiguiente, inimputabilidad legal en México o Estados Unidos y, por otro, el bajo costo que representan en términos de pagos.

Respecto a lo primero, un informe de la Washington Office for Latin America (WOLA) señaló que “Los grupos criminales, que controlan el negocio del cruce fronterizo reclutan a estos jóvenes porque saben que serán enviados de vuelta cada vez. Los adultos en las mismas circunstancias serían procesados como traficantes” (^{Pizzey y Fredrick, 2015}); mientras que el coordinador de una casa YMCA para menores migrantes en Tijuana dijo que “Tanto ellos como las redes de tráfico de personas saben que lo que los ampara es su edad. Los agarran y los vuelven a soltar” (^{Gutiérrez, 2012}).

En la frontera de Tamaulipas, tanto el delegado del Instituto Nacional de Migración entrevistado como el representante del Departamento de Protección a Migrantes del Consulado de México, en el Valle de Texas, coincidieron en que a pesar de que se trata de menores reincidentes que autoridades de Custom and Border Protection (CBP) y de la Border Patrol les han notificado que sospechan son menores “polleritos” o “muleritos”, no se pueden detener y mucho menos enjuiciar porque son menores de edad. Al igual que otros menores migrantes, solamente son repatriados y libres de salir de los albergues en México cuando sus padres llegan por ellos.

Respecto a lo segundo, el bajo costo que representan los menores para los grupos criminales en la región, en una nota periodística se afirmó que “Para el narcotráfico, (los menores) son la mano de obra barata” (Tamaulipeco, 2016). Aunque la nota hacía referencia a aquellos menores que se desempeñan como “sicarios” o “halcones”, la afirmación bien puede extrapolarse al caso de los menores de circuito que trafican migrantes o drogas, pues ocupan la posición baja dentro de la estructura social de algunos grupos criminales como el Cártel del Golfo.

Solamente tres de los menores entrevistados en la frontera de Tamaulipas quisieron hablar acerca de los pagos que recibían por traficar con migrantes o drogas. Uno de ellos expresó que le pagaban 400 dólares cada vez que cruzaba a Estados Unidos con una mochila, cuyo contenido nunca sabía, ni preguntaba. Respecto al tráfico de migrantes, otro de los menores expresó que a él le pagaban 70 dólares por cada persona que cruzaba; mientras que un menor más expresó que a él le pagan 100 dólares y a veces más porque había “jales especiales” que les pagaban mejor, es decir, trabajos difíciles pero mejor remunerados. Incluso comentó que tanto a ellos como a los adultos les pagaban lo mismo por hacer el trabajo. Otro menor, de 17 años, narró al respecto:

“Nos pagan bien, a veces es por cruce, llevas un grupo de diez o quince pollos, otras veces es por pollo, es decir, por cada migrante te pagan, pero a veces la chamba no es fácil, porque o te agarra la migra, o te quieren robar a los pollos otros que andan ahí, o se te quedan algunos en el camino que no aguantan. Como sea, uno la hace en esta chamba, aunque está canijo, pero se gana bien”.

Comparativamente, los menores que trafican migrantes y drogas por la frontera de Tamaulipas ganan lo mismo que aquellos menores que lo hacen por la frontera entre Tijuana y San Diego, al noroeste de México. Al respecto, ^{Gutiérrez (2012}) afirma: “Por sus servicios, los menores, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 17 años, primordialmente reciben entre 50 y 100 dólares por indocumentado; solo una migaja de los dos mil dólares que sus jefes reciben por cada migrante, en promedio”.

Sin embargo, como la misma autora aclara, “Los menores guía conforman el eslabón más frágil en la larga cadena lucrativa de las redes de tráfico de personas, cuyas ganancias, solo por parte de la población latina que busca adentrarse en EU, ascienden 6.600 millones de dólares anualmente, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (^{Gutiérrez, 2012}, s/p). Lo mismo podría afirmarse para el caso de los menores de circuito que, en mochilas, trafican drogas no solo por el pago que reciben, sino también por los riesgos que viven. Claramente, ante el reforzamiento de la frontera y las nuevas políticas migratorias en la actualidad, los cobros y pagos a los menores se han incrementado en la actualidad.

Los menores de circuito y los riesgos en el mercado del tráfico

Los regímenes ilícitos, al final de cuentas, operan al margen del Estado y no están exentos de riesgos, particularmente los que laboran en o para ellos. El caso de los menores de circuito no es la excepción, pues al no ajustarse a las demandas del régimen o, en este caso, de las demandas del crimen organizado, viven algunos riesgos e incluso sanciones, pues a final de cuentas, para los cárteles, los negocios fallidos tienen serias repercusiones no solo en sus finanzas, sino también en la confianza hacia su personal, por lo que están ante dos opciones: deshacerse de este y reemplazarlo por otro o conservarlo aún más controlado para garantizar tanto el vínculo como la lealtad.

Como se dijo, en la frontera de Tamaulipas uno de los aspectos centrales que los grupos del crimen organizado toman en cuenta para el reclutamiento de menores, además de que son “baratos” y reemplazables, es justamente su minoría de edad porque saben que, de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y aun cuando se sospeche que son “polleritos” o “muleritos”, no serán procesados ni en Estados Unidos ni en México, a diferencia de los adultos (^{Gutiérrez, 2012}). Lo anterior significa que, utilizando menores de circuito, el negocio no es afectado y las posibles pérdidas, tanto económicas como de recursos humanos, se eliminan o al menos se minimizan.

Sin embargo, a mediados del año 2014, el negocio de tráfico sí se vio afectado. Durante las entrevistas, tres de los menores de circuito señalaron que cuando fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza, no fueron repatriados a México de inmediato, sino que fueron enviados a San Antonio, Texas, para ingresar a un “programa” cuyo nombre no recordaban. Uno de los menores expresó: “Me detuvieron dos días, luego me llevaron a San Antonio, a mí y a otros cinco”. Otro de ellos comentó: “Me agarró la Patrulla y luego me enviaron que, a un programa, un mes en San Antonio”. Finalmente, otro más narró: “La Patrulla me pidió que firmara, pero no, y me llevaron a San Antonio y me tuvieron como dos meses. La primera vez no más me agarraron y me soltaron, esta no”.

Aunque no se profundizó en las entrevistas, es muy posible que los menores hicieran referencia al Juvenile Referral Process (JRP), un programa piloto implementado en el sur de Texas, el cual tuvo como objetivo “estandarizar el tratamiento de menores de edad contrabandistas para interrumpir el crimen organizado, retirar a los menores del ciclo de contrabando, e impedir el reclutamiento continuo de traficantes de menores de edad. Los menores de edad pueden ser puestos en el programa cuando admiten o se ha documentado su actividad criminal” (^{Pizzey y Frederick, 2015}). Claramente, el programa tenía más un propósito de inteligencia que de rehabilitación.

Sin duda, este programa afectó el negocio del tráfico debido a que los grupos del crimen organizado perdieron, temporalmente, parte de su personal, por lo que tuvieron que reemplazarlo contratando a otros. Sin embargo, a corto y largo plazo vieron la ventaja en ello: el empleado de un CAMEF en la frontera narró que algunos menores le habían contado que, cuando regresaron de dicho programa, fueron recontratados para traficar migrantes o drogas, pero sus contactos o jefes inmediatos les preguntaron en qué había consistido el programa. Es decir, mientras que las autoridades estadounidenses usaron el programa con fines de inteligencia, los grupos del crimen organizado aprovecharon la estancia de los menores como una experiencia de contrainteligencia.

El caso anterior ilustra cómo organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, ante la afectación a sus negocios y a su personal de base, como pueden ser los “menores de circuito”, ya sea traficando migrantes o drogas, instrumentan operaciones de reacomodo, es decir, del reemplazo de personal, la recontratación o bien labores de contrainteligencia que les pueden ser útiles, en especial cuando se enfrentan a autoridades migratorias y policiales de Estados Unidos, donde su poder y control es menor comparado con el que tienen en territorio mexicano. No obstante, aún falta explicar cuáles son los riesgos que enfrentan los menores no al cruzar la frontera internacional, sino cuando trabajan sin permiso o regresan a México, repatriados, siendo evidente que perdieron “la mercancía”.

Sobre esto último, uno de los menores de circuito entrevistados narró que cuando él trabajaba, inicialmente como “halcón”, vigilando los movimientos de la Patrulla Fronteriza, se dio cuenta de que otro menor estaba cruzando migrantes sin permiso. Enseguida notificó a su jefe directo y este le ordenó que los detuviera porque le iba a dar una lección. Después de detenerlo, su jefe llegó y se llevaron al menor que guiaba a los migrantes y lo golpearon con una tabla en las sentaderas. Se trató, en este caso, de uno de los métodos que utiliza el crimen organizado para sancionar a quienes no se ajustan a sus reglas: trabajar sin autorización amerita ser “tableado”. Al respecto, el sacerdote de la Diócesis Católica en la frontera comentaba:

“Algunos muchachitos piensan que en ese trabajo se gana dinero fácil, pero están equivocados: también los violentan, los castigan cuando no cumplen o cuando ya no les sirven. Son desechables, pero ellos no se dan cuenta porque se deslumbran con el dinero, con el poder que les dan, con un arma. Yo he sabido de casos en que los castigan feo, los golpean con tablas en la espalda o en las piernas, y eso es en el mejor de los casos, porque en otros nada más los desaparecen”.

Un menor más, de dieciséis años, comentó que cuando son repatriados y pierden la “mercancía”, ya sea que se trate de migrantes o de droga, suelen ser reprendidos y en un viaje posterior su ganancia es retenida como cobro de la pérdida previa. Si la situación de fracaso se repite, el procedimiento también, aunque acompañado de la “tableada”. Ninguno de los menores aludió otro tipo de riesgos a su integridad fisicoemocional cuando fallaban a las demandas del grupo criminal o dejaban de ser rentables a los intereses de este, pero no se descarta que, como los jóvenes “halcones”, también sean víctimas de sanciones o castigos que incluso pueden terminar con su vida (La Política, 2014).

Conclusiones

Una de las aportaciones de este trabajo es comprender la incorporación de menores mexicanos en el tráfico de migrantes y de droga como parte de la influencia y control que ha tenido un régimen ilícito, materializado en un grupo criminal, en una región fronteriza como es la que comparte Tamaulipas, México, con el sur de Texas, Estados Unidos. Dicho régimen, como se ha mostrado, opera a través de estrategias que funcionan de diferentes formas y que, al final, logran reclutar menores de edad.

Paralelamente, otra de las aportaciones del trabajo es mostrar que si bien los “menores de circuito” conforman “una nueva figura en el entramado de la migración irregular y del crimen organizado” (^{Pérez Silva, 2012}), aunque en una escala baja, forman parte crucial en la operación de “regímenes ilícitos” fronterizos ya sea facilitando el cruce de migrantes o de drogas, lo que refuerza la organización y negocios ilegales que operan al margen del Estado y de la ley, aprovechando la vulnerabilidad social y jurídica de los menores así como su capital geográfico.

La contribución del estudio al tema consiste en hacer visible un régimen ilícito a través del análisis de grupos criminales temporal y espacialmente delimitados, los cuales funcionan en el marco de lo que Gibson (2004) llamó “autoritarismo subnacional”, es decir, de alianzas y vínculos entre élites y grupos (criminales) de las provincias con instituciones del Estado-nación y en mostrar las estrategias que utilizan dichos “regímenes ilícitos” para reproducirse y, en especial, para reclutar personal joven en negocios o actividades ilegales.

Ante esto, el estudio presentado también aporta para debates teóricos más amplios en torno a la vulnerabilidad, los riesgos y peligros que viven los “menores de circuito” al ser reclutados por grupos del crimen organizado (Moreno Mena y Avendaño Millán, 2017 y DHIA-UTEP, 2017), es decir, su conceptualización como víctimas estructurales. No obstante, como se ha argumentado y mostrado, los “menores de circuito” también valoran los beneficios materiales o simbólicos que pueden obtener, a pesar de los riesgos conocidos (Hernández-Hernández, 2017), es decir, entran en un proceso de reflexividad y de despliegue de su agencia, aunque limitado.

Finalmente, las reflexiones en torno a la participación de los “menores de circuito” en el tráfico de migrantes o de drogas en esta región fronteriza invitan a repensar la redefinición de estrategias de reclutamiento por parte del crimen organizado ante el incremento de la vigilancia en la frontera de Estados Unidos. Asimismo, sugieren análisis detallados de la vulnerabilidad y la agencia de los “menores de circuito” en el contexto de las políticas antiinmigrantes en la administración Trump.