Definición clásica de seguridad

La palabra seguridad proviene del latín securitas, que significa libre de cualquier peligro o daño y se refiere a un estado mental que produce en los individuos una sensación de estar exento a cualquier amenaza de sus intereses. Trasladándose al sentido amplio de la palabra, se refiere a la ausencia de peligro por parte del Estado y a los intereses que este considere vital defender (Valencia Ramírez, 2002).

La noción de seguridad surge con la paz de Westfalia 1648², en donde se consolidó la figura del Estado-Nación como figura máxima dentro del sistema internacional. Como un sistema anárquico con varios Estados y sin una autoridad suprema, la consecución de la seguridad estaba supeditada a la capacidad de cada Estado para su supervivencia y, asimismo, a mantener el orden al interior (^{Franca Filho, 2006}).

Durante el siglo XIX, la seguridad intentó abarcar conceptos económicos y políticos dentro de su esfera de análisis, pero el apartado militar relegó a estos en los primeros años del siglo XX, en especial, en la época de la Guerra Fría. La escuela internacional del realismo puntualizó el concepto de poder como el eje central para todos los aspectos de la seguridad nacional.

En los años finales del enfrentamiento Este-Oeste, dentro del campo de las relaciones internacionales se evaluaron otros conceptos más allá del físico, en el que los temas económicos y sociales entraron en la definición del término. Así, conceptos como “seguridad multidimensional” y “seguridad humana” surgieron de esta reevaluación (^{Frasson-Quenoz, 2014}); sin embargo, por su relevancia, se tomará el concepto clásico de “seguridad nacional” para el desarrollo de la presente investigación.

El político y abogado germano-estadounidense Hans Morgenthau, exponente del realismo en EE. UU., se refiere a la seguridad como obtención de poder militar para salvaguardar la integridad del Estado frente a amenazas externas y llegado el caso, defenderse de estas por medio de la guerra (Morgenthau, 1987). La importancia de este concepto en las relaciones internacionales se sustenta por el pensamiento hobbesiano que, conforme se reafirma la anarquía del sistema internacional, la estabilidad interna y la integridad de las personas depende de la capacidad del Estado para contrarrestar las amenazas del exterior (^{Hobbes, 2009}).

Bajo la anterior premisa se hace referencia a la Seguridad Nacional, es decir, a la defensa del Estado-Nación frente a amenazas externas y mantener la integridad de los valores esenciales que componen su figura. Aquí la definición del término empieza a bifurcarse, abarcando otros aspectos del Estado.

Los valores a los que se hace referencia son los que, bajo la teoría del Estado, componen la figura como tal, a saber, un territorio, un gobierno, una población definida y soberanía. Estos son los valores que un Estado está obligado a resguardar para mantener la integridad de sí mismo, y este debe evaluar las características de su posible amenaza (^{Serra Rojas, 1991}).

Aunque se ha definido la amenaza como cualquier intento de agresión física de un Estado a otro, la cuestión se relativiza en el momento en que cada Estado determine lo que para sí mismo sería una amenaza y cómo dispondrá de sus recursos para hacerle frente. El interés nacional se vuelve esencial en la configuración de las políticas de seguridad y defensa, pues de acuerdo con este, ambas pueden no estar supeditadas a responder a una agresión externa, sino a recurrir al aparato militar para intervenir en la protección de valores externos que el Estado considera vital para su supervivencia (^{Brezezinski, 1989}).

Este cambio se dio durante la etapa final de la Guerra Fría, con la intervención estadounidense en Oriente Medio, más exactamente en Afganistán e Iraq, por distintas razones geopolíticas, entre ellas, garantizar el acceso a las fuentes de hidrocarburos para este y sus aliados occidentales, además, configurar la política interna de esos países en favor de la política exterior americana, dada la cercanía de algunos Estados como Irán, considerados una amenaza para los Estados Unidos. En este caso se determinó cómo el bloqueo a los recursos y un gobierno antagónico pueden considerarse una amenaza a la seguridad nacional de un país.

También sobresale, cómo la definición del concepto de seguridad ha ido adaptándose a los diferentes contextos en los que se han aplicado. Los constantes conflictos armados que han padecido América Latina y África³ determinaron la manera como la seguridad se interpreta dependiendo de donde se origina la amenaza y del empleo del aparato militar en tal situación.

La definición más clásica de ambos se dirige a resaltar el origen externo de las amenazas, esto como consecuencia de las guerras mundiales y a la hostilidad diplomática -y militar, a menor escala- entre EE. UU. y la URSS. Por ende, el uso de la fuerza militar estaba consignada exclusivamente a contender a sus similares de otras naciones en caso de agresión, pero quedaba excluido para operaciones de orden interno o a ejercer funciones de índole policial⁴.

Con el auge de las guerrillas comunistas en América Latina y la violencia étnica en África, las nuevas doctrinas de seguridad se orientaron a enfrentar a los grupos armados ilegales que buscaban el derrocamiento del gobierno de turno o de las instituciones de autoridad. Esto significó un nuevo cambio en el estudio del concepto de seguridad, pues se reconocía que las amenazas al Estado podían provenir desde el propio territorio y como tal se facultaba el uso de la fuerza militar para combatirlas (^{Ugarte, 2004}).

La finalización del conflicto Este-Oeste trajo consigo un nuevo cambio en el estudio del escenario internacional porque los procesos humanos cobraron mucha importancia, ya que el paradigma de la seguridad no fue ajeno a ese cambio (^{Laborie Iglesias, 2011}).

Desde la década de los 80, ya se venía argumentando cómo el narcotráfico y el crimen organizado en general pasaban de ser un asunto de orden público a un tema de prioridad en la agenda de seguridad de los países. En el caso de Colombia, los carteles del narcotráfico ganaron tal poder que pusieron en jaque la institucionalidad del Estado, demostraron que estos problemas podían ser una amenaza seria para la estabilidad de una nación y la seguridad de sus habitantes.

En la década de los 90, los países de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), encabezados por Estados Unidos, reorientaron su estrategia de lucha a combatir estas nuevas amenazas, reconociéndolos como temas de interés primario en la agenda de seguridad. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el terrorismo pasó a formar parte de esta lista de nuevas amenazas y dio pie a la potencia del norte para el envío de tropas a Oriente Medio iniciando así la llamada “Guerra contra el Terrorismo”.

Con base en los puntos anteriormente mencionados, ocupa un hecho que el crimen organizado y el terrorismo comparten la facilidad para traspasar las fronteras nacionales. La globalización y la movilización internacional masiva hicieron que el crimen organizado y recientemente el terrorismo extendieran su alcance más allá de su orden nacional; camuflándose con el tránsito transfronterizo de la población, la irregularidad en sus métodos y la capacidad de establecer conexiones entre grupos ilegales de varios países, los cuales lograron que la agenda de seguridad pasara de ser de orden nacional, a uno de escala global.

Desde esta perspectiva, entonces, son amenazas y riesgos a la seguridad el crimen organizado, el terrorismo y los conflictos armados, ya que debido al contexto de inestabilidad⁵ fronteriza y migraciones masivas, afectan la seguridad de la región, lo cual se plasmará en el estudio de Libia que a continuación se desarrolla.

Como conclusión la seguridad nacional, entendida desde la perspectiva clásica de los Estados, se garantiza tradicionalmente a través del ejercicio del poder del Estado soberano e implica que este aplique medidas concretas para asegurarse de que no ocurran actos e influencias hostiles (^{Echeverría, 2013}). Como se analizará a continuación, Gaddafi logró durante cuatro décadas mantener la soberanía de Libia e influir sobre la región del Sahel, evitando cualquier amenaza externa que pudiera generar inestabilidad, asumiendo su papel de potencia media, al contar con alguna relevancia en el contexto subregional y regional, cumpliendo a cabalidad los planteamientos clásicos de la seguridad descritos.

Posterior a la Primavera Árabe y la caída del coronel, Libia se transformó en un estado frágil y pasó de ser un factor de estabilidad a uno de inestabilidad en la región desde la postura clásica de la seguridad. Lo anterior se puede mostrar bajo la vigencia de esta perspectiva para la comprensión y análisis de los conflictos actuales.

La seguridad del Sahel durante la era Gaddafi

La política exterior de Libia durante los últimos 40 años se guio por el deseo de Mummar Gaddafi de formalizar la unión de todos los países africanos en una sola unidad nacional en la que el coronel tenía la meta de erigirse como líder absoluto⁶. Bajo esta idea, Gaddafi recurrió a tan variadas ideologías como el nacionalismo árabe, la expansión del islam y, finalmente, a la autodeterminación africana, con el objeto de transformarla en una potencia media de la región.

El Sahel es una región africana de más de 5.400 km ubicada en el sur del desierto del Sahara, extendiéndose desde el este en la costa Atlántica hasta el oeste en la costa del Mar Rojo, abarcando los países de Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Chad, Níger, Nigeria y Eritrea. Esta región marca la transición física y cultural entre los trópicos fértiles del sur y el desierto árido del norte (^{Magin, 2012}).

Fuente: Tomado de la página de la Cruz Roja española (2013)

Mapa 1 Región del Sahel 

Esta región fue uno de los escenarios más significativos para la política exterior de Gaddafi. Su ambición supranacional lo llevó a chocar con varios países de la región, porque, desde un análisis clásico, convirtió al líder libio en una amenaza para la seguridad regional.

Sin embargo, como se desarrollará, la tónica belicosa de Gaddafi hacia sus vecinos sahelianos cambió hacia una retórica pacifista y cooperativa, esta acción lo transformó en el mecenas de la paz la región y en África.

El interés del gobierno del coronel en influir en los países vecinos se explica en el contexto desde su llegada al poder y los postulados ideológicos que implementó. La situación de Libia previa al golpe liderado por Gaddafi estuvo enmarcada por las secuelas negativas de las instituciones heredadas del colonialismo italiano y la bonanza petrolera resultado del hallazgo de depósitos de hidrocarburos en 1959. El país experimentaba un escenario inusual de riqueza, a la vez que crecía el descontento de la población con la corrupción y los abusos de las autoridades producto de la malversación de los recursos económicos.

La revuelta del 1º de septiembre de 1969 contra la monarquía libia supuso un cambio en el orden del país con la llegada del coronel Muammar Gaddafi al poder. Las nuevas políticas impuestas por el líder libio, influenciadas fuertemente por el nacionalismo árabe y el socialismo del político egipcio Nasser, vaticinaba los planes futuros de Gaddafi en el continente (^{Gibson, 2016}).

A pesar del fracaso de Nasser con la Republica Árabe Unida, Gaddafi lejos de aminorarse, puso inmediatamente en marcha su plan de formalizar un proyecto de unificación supranacional a semejanza del fallido Estado nasserista. La retórica expansionista hizo de Gaddafi un líder controvertido en el escenario árabe y africano.

Estos planes empezaron a repercutir en la seguridad de la región durante las décadas de los 70 y 80, cuando Gaddafi apoyó militarmente golpes de estado a sus adversarios en la región (^{Gonzalez, 2011}).

El proyecto desarrollado por Gadafi tuvo impacto en los países aledaños como Chad, Sudán y Malí, donde si bien, en un primer momento, fue considerado una amenaza para la seguridad de ellos y, por ende, de la región del Sahel; posteriormente se convirtió en el principal factor de estabilidad, debido de su ambiciosa política exterior.

Chad

El primer movimiento bélico de Trípoli fue en el conflicto en Chad a inicios de la década del 70, donde Gaddafi, siendo partidario de la propagación del islam por la región, se enemistó con el gobierno chadiano de tendencia cristiana.

El líder libio dio asistencia militar y entrenamiento a los milicianos musulmanes del Frente Nacional de Liberación del Chad (Frolinat), ellos iniciaron una guerra contra el poder central chadiano en 1969. La prolongada guerra profundizó la fragmentación territorial del país, dado que el gobierno solo tenía el control efectivo del sur, mientras que los rebeldes ejercían poder en el norte (Global Security, 2011).

El conflicto de Libia con el Chad prosiguió en los siguientes años cuando Gaddafi chocó abiertamente contra el gobierno pro francés de Hissene Habre enviando tropas a territorio chadiano para asistir a su protegido local Goukouni Oueddei, quien había iniciado un levantamiento contra Habre. Aun así, el interés principal de Gaddafi para desestabilizar al poder chadiano recaía en la consecución de la franja de Azouzu en la frontera entre ambos países cuyo valor reside en los yacimientos de petróleo y uranio.

La expedición militar libia logró que, por un lado, Oueddei tomara el control de la capital N'Djamena, y por el otro, que Gaddafi anexionara la franja al territorio libio. Esta victoria animó a Gaddafi a negociar con su aliado una futura unificación libio-chadiana, siendo esta la primera pieza en el entramado libio en la región. Pero las presiones exteriores y el malestar del propio Oueddei, hicieron que Gaddafi retirara sus tropas de la capital chadiana, provocando que Habre, con ayuda de Francia, tomara en junio de 1982 el control del país con su victoria en N'Djamena.

El enfrentamiento duró hasta mediados de 1987, cuando Trípoli finalmente sucumbió ante el aparato militar francés que soportaba a Habre, sumado al hecho del “cambio de bando” que su aliado hizo, denunciando la intromisión del líder libio como un medio para sus aspiraciones anexionistas. Gaddafi tuvo que devolver en el proceso todos los territorios ocupados durante su incursión chadiana, exceptuando la mencionada Franja de Azouzu, que se sometería al litigio internacional en los próximos años y que la Corte Internacional de Justicia resolvió en favor de Chad en 1993 (^{Ortiz de Zárate, 2016}).

Superado el conflicto, las relaciones de ambos países mejoraron sustancialmente, especialmente, en la década de los 2000, donde Gaddafi se mostró como el principal benefactor del débil gobierno chadiano, el cual sufría el asedio de grupos rebeldes en la guerra civil que asolaba el país.

En el 2007, a través de la mediación del líder libio, se logró firmar la paz entre el gobierno chadiano y los rebeldes, con ello dieron estabilidad a la seguridad del país (^{García-Luengos, 2008}). Esto dio pie a Gaddafi para tomar, mediante la Unión africana, el liderazgo en la política de seguridad regional del continente, especialmente, de sus aliados sahelianos.

Sudán

Sudán fue otro de los estados sahelianos que se vio en jaque por las intrigas políticas de Trípoli en la región. Aunque en un principio las relaciones entre ambos países fueron cordiales hasta el punto en que, en 1971, Gaddafi asistió al entonces presidente Jaafar Nimeiry para sofocar un golpe de estado en su contra, luego este se volvió en su contra al denunciar los intentos de golpe orquestados desde Libia (^{Cooley, 1981}).

Estas acusaciones se materializaron en el intento de derrocamiento a Nimeiry en 1976 que Gaddafi auspició, motivado por el acercamiento del líder sudanés a Estados Unidos, dada la retórica antioccidental de Gaddafi. Pero principalmente por el interés estratégico que el territorio sudanés representaba para los avaneces militares de Libia en el conflicto con el Chad (Huliaras, 2001).

Si bien el golpe no tuvo éxito, sí dejó muy debilitada la posición de Nimeiry en el poder, merced de los rebeldes que, por supuesto, contaban con apoyo libio. Las anexiones territoriales de Libia en su periplo por el Chad alarmaron a la región por la amenaza que el expansionismo gaddafista podría representar en la seguridad de los demás países. Nimeiry fue quien más acciones llevo a cabo en este aspecto, convirtiéndose en el principal aliado del chadiano Habre en su campaña para retomar el control del país.

Gaddafi se valió de los levantamientos de movimientos populares en el sur de Sudán, para seguir quebrantando el poder de Nimeiry en el país. Si bien era paradójico que Gaddafi antagonizara con un país de mayoría musulmana, dentro de la política antioccidental del libio, Sudán fungía de aliado de los intereses estadounidenses en el continente, lo cual Gaddafi no toleraba.

Luego de la caída del gobierno de Nimeiry en 1985, sube al poder sudanés el opositor Sadiq al-Mahdi, de tendencia islámica, quien buscó mejorar las relaciones con Trípoli. Gaddafi capitalizó este cambio de liderazgo, logrando que Sudán retirara el apoyo a Chad y permitiendo el uso del territorio sudanés en la guerra a su favor, aunque eventualmente la perdería (RVI, 2012).

A partir de los 90, las relaciones entre ambos países se fortalecieron sustancialmente con la firma de varios acuerdos de cooperación económica y política, llegando incluso a la discusión y planificación de una posible unificación libio-sudanesa, poniendo en relieve la continuación de los planes expansionistas de Gaddafi en el continente (Huliaras, 2001).

Con la coyuntura de la prolongada guerra civil sudanesa, y el renovado tono pacifista de Gaddafi en el escenario regional, Libia sirvió como mediador para estabilizar la seguridad en el país, dio asilo al entonces presidente Omar al Bashir, requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y apoyó el referendo independista de la zona sur, además de ofrecer asistencia en la construcción de infraestructura y proyectos de agricultura en el país (^{Wheeler, 2009}).

Malí

Asimismo, Gaddafi se involucró en el conflicto del norte de Malí, como zona decisiva en su plan de controlar el Sahel. Animado por su deseo, funda la Liga de Tribus del Gran Sahara, mediante la cual, atrajo el beneplácito de los Tuareg del norte de Malí que buscaban la formación de un Estado independiente, lo cual, a su vez, servía a la política expansionista de Trípoli.

Durante fines de los 90 e inicios de los 2000, Gaddafi utilizó sus enormes recursos económicos y militares para apoyar la rebelión Tuareg en Malí. Esto dio la oportunidad a los rebeldes para iniciar las primeras confrontaciones con el poder central del país a fin de buscar su independencia (^{Cahuzal & van Damme, 2015}).

El apoyo libio a las milicias Tuareg⁷ le dio la oportunidad a Gaddafi para integrarlos a su propia “Legión Islámica”. Esta adhesión le trajo muchos beneficios políticos , por un lado, afianzó los lazos de fraternidad con la población del norte maliense, lo que en el futuro serviría a sus planes expansionistas; y por el otro, aumentó su poderío militar ante las guerras que Libia sostenía en la región (^{Gentleman, 2011}).

Por su parte, el reclutamiento sirvió para que los Turaeg obtuviesen recursos y entrenamiento militar, que utilizarían en un futuro, para concretar sus planes contra el gobierno maliense. Sin embargo, esto nunca se llegó a concretar, debido a la intermediación de Gaddafi en las negociaciones entre el norte y el gobierno central, además porque logró mantener estable la seguridad del país.

Igualmente, las milicias Tuareg sirvieron en la guerra civil libia de 2011 como parte de las fuerzas leales al régimen libio, esta situación duró hasta la su caída y la disgregación de los milicianos por la región.

La seguridad del Sahel en la época pos Gaddafi

La historia poscolonial ha marcado al Sahel como una región con una seguridad inestable. La confluencia de factores como la pobreza, la ineficacia gubernamental y, principalmente, la diversidad étnica, la sitúan como una de las regiones con mayor índice de conflictos armados. Además, el deficiente control que las autoridades centrales tienen sobre el territorio propicia el empoderamiento de grupos armados ilegales.

Los problemas para el régimen llegaron en el contexto de la Primavera Árabe a finales de 2010 y principios de 2011, cuando se descubrió una fosa común donde, al parecer, se hallaban los restos de 1.270 presos desaparecidos de la cárcel de Abu Salim en 1996. A pesar de los rumores de que estos habrían sido fusilados, el caso fue cerrado por falta de pruebas (^{Cembrero, 2011}).

El detonante de las protestas fue la detención del abogado de una de las partes que reclamaba por el esclarecimiento de estos hechos. A partir de este acto sucedieron en distintas ciudades del país manifestaciones masivas contra el régimen libia, estas fueron objeto de represiones brutales por parte de las fuerzas de seguridad libias (^{Cembrero, 2011}).

También empezaron a conformarse grupos rebeldes que tomarían las armas para combatir al Gaddafi. A estos se fueron sumando militares y miembros disidentes del régimen, lo que fue debilitando al líder libio y fortaleciendo a los rebeldes, quienes progresivamente, fueron tomando el control del territorio hasta llegar a Trípoli (Martínez de Rituerto, 2011).

Las medidas tomadas por Gaddafi para repeler la sublevación -bombardeos a ciudades, asesinatos, desapariciones, tortura- llevaron a una enérgica protesta de la comunidad internacional contra Gaddafi para que dejara el poder y permitiese una salida pacífica al conflicto.

Ante la negativa del líder libio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 1973, con base en esta autorizó “tomar todas las medidas para proteger a los civiles en Libia” entre las cuales estaba la creación de una zona de exclusión aérea, pero sin el despliegue de tropas en el territorio. La ofensiva de los rebeldes por tierra y el apoyo extranjero -liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia- llevó finalmente a la captura y ejecución de Gaddafi, el 20 de octubre de 2011 en Sirte al norte del Libia y el fin de 42 años de gobierno autoritario (^{Levy, 2011}).

Sin embargo, la desaparición de Gaddafi no supuso el fin de la problemática en Libia. Si bien, el nuevo Consejo Nacional de Transición (CNT) que asumiría provisionalmente el poder del país, apoyado por las Naciones Unidas, las limitadas capacidades para ejercer autoridad y la negativa de los rebeldes a deponer las armas y reconocer al CNT, evitaron que se restituyera el control en el territorio nacional (^{Soto Reyes et al., 2017}).

La caída del régimen de Gaddafi en 2011 trajo como consecuencia una crisis política y social para Libia que no ha tenido fin. Sin la mano controladora del régimen, se ha dado pie a la aparición de varios grupos armados entre extremistas islámicos, clanes separatistas y crimen organizado, los cuales han agravado profundamente la situación de violencia en el país.

Pero no slo Libia se ha visto afectada por los enfrentamientos armados, sino que sus vecinos de la región del Sahel han padecido de igual manera, la ausencia del líder libio. Como se vio en el apartado anterior, el régimen de Gaddafi sirvió como el principal benefactor de los países sahelianos, con esta ayuda lograron tener el control de la población y sofocar las rebeliones armadas.

Fuente: Obtenido de Ministerio de Defensa de España (2015)

Mapa 2 Conflictos y agentes de inestabilidad en el Sahel 

Tras la intervención de la comunidad internacional en el conflicto, en octubre de 2011, el régimen de Gadafi desapareció, pero las consecuencias de su represión durante el conflicto y la mala gestión de la intervención internacional ocasionaron importantes consecuencias en la región del Sahel. Estas se centran en el estallido de nuevos conflictos internos, un aumento y desarrollo del terrorismo islamista y del crimen organizado, lo que supone, sin duda, nuevas amenazas para la seguridad en la región del Sahel.

Conflictos armados internos

Mali

La caída de Gaddafi propició que las naciones sahelianas -sostenidas gracias a la ayuda recibida de Trípoli- entraran en una debacle de violencia y fragmentación social. Durante ese periodo cuando empezaron a reavivarse los conflictos multiétnicos y tribales. En Mali, los choques entre la mayoría negra y los Tuareg se reiniciaron con el retorno de una gran población de estos últimos que servían como mercenarios al servicio del régimen Gaddafista (^{Echeverría, 2016}).

Igualmente, la crisis libia facilitó la entrada de una considerable cantidad de armas que llegaron a manos de los Tuareg. Con el retorno de los combatientes de territorio libio, se empezó a fraguar el levantamiento contra el gobierno central maliense con la creación del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) (Nievas, 2014). Los primeros enfrentamientos se dieron contra los clanes Lamhar y Berabiche⁸, apoyados por el gobierno, para controlar el paso de estupefacientes en el territorio fronterizo con Argelia y Mauritania (Keita, 1998).

El componente económico de esta ofensiva le permitió a los Tuareg forjar alianzas con algunas organizaciones terroristas yihadistas, también, por el interés común de derrotar al gobierno central. El subsecuente éxito de los rebeldes Tuareg en la ciudad de Kidal, en enero de 2012, los situó en una posición favorable ante el gobierno de Bamako para continuar la toma de más ciudades en el norte de Malí, impulsando aún más las aspiraciones independentistas de los rebeldes (Calduch, 2013). La situación obligó al éxodo masivo de la población local, estimada en unas 130.000 personas hacia regiones vecinas y países fronterizos, agudizándose la problemática humanitaria⁹.

La consecuencia institucional más inmediata de la rebelión fue el golpe militar del 22 de marzo de 2012; este depuso al presidente Amadou Toumani Touré por una Junta Militar al mando del capitán Amadou Sanogó, con el fin de recabar apoyo local e internacional contra el levantamiento Tuareg. Sin embargo, la comunidad internacional con Francia a la cabeza y organizaciones como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Comunidad de Estados del África Occidental condenaron el golpe, dejando en una precaria posición interna a la Junta, esta situación fue aprovechada por el MNLA para tomar control efectivo de los territorios adquiridos y formar de facto el Estado Independiente de Azawad el 6 de abril del mismo año (Calduch, 2013).

La contraofensiva lanzada por el ejército maliense contra los rebeldes del norte logró recuperar la provincia de Gao, en poder de Tuareg, pero la perpetua hostilidad entre los tuaregs con el resto de clanes del país, sumado a la renuncia definitiva de Touré -en abril de 2012-, dejó al país sumido en un caos institucional del que no ha podido recuperarse.

Sudán y Chad

Con la inestabilidad fronteriza entre Sudán y Chad, como consecuencia de los constantes enfrentamientos, se sumaron los efectos de la guerra civil en Libia en 2011 y la desaparición del régimen de Muammar Gaddafi, estos generaron un panorama de inseguridad en la frontera de los tres países.

La violencia armada en ambas naciones data de 2005 cuando se enfrascaron en una guerra debido al ataque que rebeldes chadianos perpetuaron el 20 de diciembre de ese año en la ciudad de Adre; del que el gobierno de Yamena acusó de recibir apoyo desde su vecino sudanés. Al igual que este apoyaba a rebeldes de la región sudanesa de Darfur para atacar al gobierno islamista sudanés.

La independencia de la República de Sudán del Sur -en julio de 2011- no fue suficiente para la pacificación de la región y la estabilización del régimen político. Lejos de eso, la lucha de poderes entre el presidente Salva Kiir y el exvicepresidente Riek Machar fue el detonante de una instigada guerra tribal que ya ha dejado más de 10.000 muertos y millones de desplazados.

La guerra del grupo islamista radical Boko Haram Chad agrava la crisis humanitaria del país. La violencia de los fundamentalistas contra la población de refugiados sigue siendo un punto de presión contra el gobierno chadiano y la continuación del fuego entre ambas facciones impide que la situación de desplazamiento se solucione pacíficamente

Terrorismo islámico

La dificultad que han tenido los gobiernos sahelianos para ejercer control en sus territorios y la permeabilidad de sus fronteras ha facilitado la proliferación de grupos extremistas, el más relevante es el autodenominado Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)¹⁰. Se refugia y opera con relativa libertad en países como Malí y Níger, financiándose y tratando de expandirse con el fin de extender la yihad por el continente africano (Roussellier, 2011). La crisis e inestabilidad en Libia facilitó la expansión y crecimiento de este fenómeno en la región.

Se sabe que en la región están apostados, al menos, 5 grupos yihadistas¹¹ (además de AQIM) terroristas de todas las nacionalidades sahelianas, cuyos miembros superan, cada uno, el millar. La colaboración con poblaciones Tuareg les ha permitido transitar entre las fronteras de estos países con mucha facilidad, lo que les hace ser la mayor amenaza a la seguridad.

Como vecina más inmediata de la región -dada la importancia que representaba-, Libia se convirtió en el punto de expansión yihadista hacia el Sahel. Por el nulo avance en la reconstrucción del país, este se hunde en el caos político que alienta la formación de grupos terroristas.

En Malí, la fragmentación territorial, ocasionada por el conflicto entre gobierno y Tuareg, dio pie al fortalecimiento de milicias yihadistas en el norte del país. A pesar de la ofensiva que las fuerzas de seguridad malienses lanzaron a inicios de 2013 que lograron diezmar los enclaves yihadistas en el norte, estos pudieron retomar sus posiciones y continuar sus acciones, como consecuencia de la inexperiencia de las fuerzas del orden para sostener una lucha prolongada y su precario equipamiento de combate (Mazarrasa, 2012).

La creciente inestabilidad en la seguridad fue aprovechada por los terroristas para iniciar una oleada de violencia, esta logró llegar hasta la capital Bámako, en donde el 7 de marzo de 2015 asesinaron a cinco personas y heridas a otras nueve; también la zona sur del país ha sido escenario de ataques de milicianos asociados a Ansar Dine¹², dando muestra de que la infección terrorista se expande en todo el país (Blanco J. M., 2017).

Los grupos escindidos de AQMI en el país van aumentando con el tiempo y aunque esto supone el debilitamiento de la rama central del grupo, está lejos de afectar la capacidad criminal de estos grupos dada la ineficacia gubernamental para contrarrestar su ofensiva y afianzar la paz, la seguridad del país seguirá estando en peligro ante los ataques yihadistas contra la población civil.

Níger es otra de las naciones sahelianas que fueron golpeadas por el terrorismo islámico aprovechando la debilidad gubernamental producto de la crisis política y de seguridad de Libia, su principal auspiciante. El primer ataque sufrido por el país fue en mayo de 2013, cuando un atentado suicida acabó con la vida de 21 personas (diecinueve militares y dos civiles) en la provincia de Agadez (Mora Tebas, 2018).

La ineficacia de las instituciones nigerianas para ejercer control efectivo en el territorio ha otorgado la oportunidad a los grupos extremistas para atacar ciudades con el fin de ocuparlas. A raíz de esto, Francia desplegó tropas en junio de ese año para contener la amenaza yihadista; asimismo, el Ministro del Interior nigeriano, Massoudou Hassoumi, exigió sus aliados franceses iguales acciones en el sur de Libia, al que calificó como “incubadora de terroristas” (Echeverría, 2016).

En 2015, el grupo terrorista Boko Haram intentó hacerse con el control de las ciudades de Bosso y Diffa, que mantenían una población de refugiados que escapaban precisamente de ese grupo. Aunque fracasaron en su plan, su irrupción dejó un saldo de cuarenta muertos, la mayoría niños y mujeres; además, provocaron que más de un tercio de la población saliera desplazada de sus hogares.

Las fuerzas de seguridad tampoco han estado exentas de la violencia terrorista, la debilidad operativa y la carencia de recursos han mermado la capacidad de respuesta de los militares para mantener la seguridad de la población. El ataque terrorista más reciente se produjo en octubre de 2016 cuando asaltantes de Boko Haram atacaron un campo de refugiados, teniendo como objetivo a los soldados que custodiaban el campo. Este hecho dejó un saldo de veintidós soldados ejecutados, sumando el robo de armas, municiones y vehículos. Otro acto en febrero de 2017, sucedió cuando un convoy fue atacado, dejando quince militares muertos, este fue atribuido a la misma agrupación (Naranjo, 2016).

Crimen organizado

La complejidad del panorama del Sahel se evidencia por el entrecruzamiento de variables como la pobreza y el abandono institucional. Asimismo, los resultados de los muchos conflictos armados acaecidos en la región han debilitado enormemente el aparato institucional en el ejercicio efectivo del control territorial y la protección de la población.

A esto se suma la inseguridad que han sufrido los estados sahelianos en los últimos lustros por los efectos de la crisis en libia ya que hunde a la región en un estado generalizado de anarquía en donde los gobiernos -anteriormente eran respaldados por las ingentes cantidades de recursos que la Libia de Gaddafi les ofrecía- se muestran incapaces de sostener sus países sin la ayuda de Trípoli.

La precaria situación socioeconómica se agrava por el entorno generalizado de violencia que dificulta establecer políticas de desarrollo que ofrezcan oportunidades a los pobladores. Ante esto, son muchos los que se han dedicado a ejercer actividades ilegales y a engrosar las filas de grupos de crimen organizado, añadiendo un factor negativo más al entorno caótico que vive la región (Rabbia, 2013).

La conjunción de estos factores de inestabilidad y la ineficacia de una autoridad competente han derivado en la participación de la población civil en actividades ilícitas como una forma de suplir las necesidades básicas.

Adicionalmente, debido a la composición eminentemente tribal de los países de esta región, es común que estos grupos sociales se involucren en actividades como el tráfico de armas y la venta de drogas ilícitas, aprovechando los corredores ilegales que se facilitan por la debilidad en las fronteras. Estas acciones, además, se vinculan a profundas redes de corrupción que penetran en las estructuras del Estado y se enquistan en ellas (Security Council , 2012).

La inestabilidad institucional en Libia, luego de la crisis, provocó la dispersión de armamento utilizado durante la guerra, pero al no consolidarse un poder que controlara a los distintos grupos armados participantes del enfrentamiento, las armas se disgregaron por toda la región para alimentar los sucesivos conflictos internos en Malí y Níger.

En el caso de la rebelión Tuareg en el norte de Malí, es conocida su participación en el tráfico de drogas y de armas; además del control en el tránsito de inmigrantes ilegales hacia Europa. Los ingresos generados mantenían la rebelión contra el gobierno maliense, como conservaban el control de buena parte del territorio, se les facilitaba el transporte de la mercancía ilegal y el tránsito transfronterizo de estos grupos (Calatayud, 2012).

Desde 2012, el caos generalizado por la rebelión Tuareg ha hecho del norte de Malí una zona hostil y fuera del control del Estado. Como se mencionó anteriormente, el tráfico de armas refleja fielmente las consecuencias de la crisis del país y el deficiente control por parte de los gobiernos regionales (Conflict Armament Research, 2016).

Según la organización Gun Policy¹³, se estima que más de 143.000 armas de fuego están en manos de la población maliense y que uno de cada cien habitantes posee una. También se refleja en el índice de muertes violentas que está en los 10 homicidios por cada 100 habitantes.

Níger, al igual que Malí, es otro de los países que se ha visto afectado por la ineficiencia de las autoridades para mantener la seguridad en el territorio. La inmensidad del Sahara y la movilización de los tuareg, junto con grupos terroristas, han facilitado la proliferación del tráfico armas, drogas, vehículos militares robados y personas en los últimos años (Mora Tebas, 2018).

El norte de Níger, teniendo como epicentro la ciudad de Agadez, es la principal ruta entre el sur de Libia y el norte de Malí. Dicha ruta es usada por traficantes, quienes movilizan inmigrantes y drogas con destino a Europa y las armas que alimentan los conflictos armados en el Sahel.

El secuestro es otra de las actividades delictivas que ha mostrado réditos económicos para los grupos ilegales en Níger. La retención en octubre de 2016 de un trabajador estadounidense de una ONG en la región de Tahoua es una materialización de la presencia de grupos delincuenciales y terroristas que se alían para obtener una fuerte compensación económica del secuestro de occidentales.

Crisis actual en Libia e intervención estadounidense

El 19 de marzo de 2011, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emprendió una operación militar bajo el amparo de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada el 17 de marzo “expresando la grave preocupación por el deterioro de la situación en Libia, la escalada de violencia y el elevado número de víctimas civiles” , se autorizaba a tomar todas las medidas necesarias “para la protección de los ciudadanos libios que se encontraban bajo amenaza de ataque del gobierno de Muammar Gaddafi” (^{Soto Reyes, et ál., 2017}).

Ese mismo día se puso en marcha la zona de exclusión aérea sobre Libia, mediante la cual las fuerzas de la OTAN, encabezadas por los Estados Unidos, realizaban ataques contra instalaciones militares del ejército libio. En apenas siete meses de operaciones militares, la OTAN realizó más de 10.000 ataques en suelo libio, dejando como resultado más de 120.000 personas muertas, según cifras de la Cruz Roja Internacional.

Luego de siete años de aquella decisión, se ve como la intervención occidental en el país norafricano impactó la vida de más de seis millones de pobladores que desde entonces viven bajo el caos estructural, como consecuencia de la guerra civil.

El derrocamiento de Gaddafi, auspiciado por los Estados Unidos, lejos de estabilizar al país, lo ha convertido en una “tierra de nadie” en donde los factores anteriormente mencionados: conflictos armados, crimen organizado y terrorismo islámico se han acentuado en el país.

En el fragor de la guerra, Estados Unidos y sus aliados en la intervención reconocieron al Consejo Nacional de Transición como el gobierno legítimo de Libia. En unas elecciones celebradas meses más tarde, con la participación del 60%, se logró la conformación del primer parlamento del país liderado por la coalición del ex primer ministro interino Mahmud Yibril, quien logró imponerse a los islamistas moderados del Partido Justicia (Rodríguez, 2013).

Si bien los resultados fueron bien valorados y recibidos positivamente por la comunidad internacional, estos aún son insuficientes para sacar a Libia del colapso. Milicias armadas, tribus enfrentadas y grupos separatistas, pusieron en entredicho la futura estabilidad del país.

La rápida desintegración del débil ejército libio; además de la nula obediencia de ciertas regiones al nuevo gobierno, dejaron un vacío de poder que ocuparon numerosas milicias armadas resultantes de la guerra civil, ya que, a pesar de los persistentes esfuerzos del nuevo gobierno, se negaron a ceder su poder armamentístico (Rodríguez, 2013).

Fuente: Obtenido de Resumen Latinoamericano (2016)

Mapa 3 Distribución de milicias armadas por el territorio libio 

Los continuos enfrentamientos entre distintos bandos por el control del territorio han resultado en el desplazamiento de alrededor de 400.000 personas, sin contar con las que siguieron atrapadas en medio del fuego cruzado, según un informe de la ONU sobre la situación del país publicado el 23 de diciembre de 2014 (^{Soto Reyes, et ál., 2017}).

A eso se suma la devastación ocurrida por los continuos ataques de la coalición, que destruyeron la mayor parte de la infraestructura nacional entre hospitales, centros de acopio de alimentos, así como las plantas de agua y energía eléctrica, lo que ha dificultado la rehabilitación de los servicios para la mayoría poblacional, aunque en los siguientes años las ayudas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF han paliado en cierta medida estas carencias.

El deficiente control que ofrecen los incipientes cuerpos de seguridad libios, convirtió al país en un paraíso para las mafias que trafican con armas y seres humanos. A raíz del creciente flujo de inmigración ilegal hacia el sur de Europa, que para 2016 llegaban a más de 1 millón de personas, según datos de la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores (FRONTEX), se han incrementado las operaciones de los grupos de crimen organizado que controlan las rutas de paso a través de Libia hacia el Mediterráneo¹⁴.

A su vez, con la vulnerabilidad de los inmigrantes ante el azote de las mafias de traficantes, se ha formalizado una suerte de comercio de esclavos, en el cual los inmigrantes son vendidos por los traficantes, quienes extorsionan a las personas que pretenden llegar a Europa, esta situación ha sido denunciada por la Organización Internacional para la Migración (OIM) (Rengel , 2017).

El caos generado por la guerra entre los bandos armados surgidos de la guerra contra Gaddafi, fue el escenario ideal para la aparición del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Libia, cuya expansión por el mundo árabe estaba en pleno auge. La presencia del EI comenzó a hacerse notoria en 2014, cuando ocuparon ciudades en el norte del país, como es el caso de Derna (^{Blanco, et ál., 2016}).

En junio de 2015, después de meses de enfrentamientos, el EI logra apoderarse de la ciudad de Sirte, antiguo bastión gaddafista, donde comenzaron a imponer el terror, ejecutando a un imán y sus seguidores, quienes se opusieron a la presencia del grupo en la ciudad. El grupo hace público su plan de desestabilizar Libia, atacando su principal fuente de economía, el petróleo (^{Blanco et ál., 2016}).

A inicios de 2016, EI se expande hacia el este, tomando la ciudad Bin Jawad, situada a 30 km de As Sidra, principal enclave petrolero del país, lo que es aprovechado por los extremistas para seguir golpeando la economía nacional. En el mes de enero, EI hizo estallar una bomba en la ciudad de Zliten, esta cobró la vida de 65 personas y las instalaciones petroleras en las ciudades de As Sidra y Ras Lanuf.

Con el peligro del avance del extremismo islámico en Libia, Estados Unidos y la OTAN reanudaron las operaciones aéreas sobre el territorio para apoyar la retoma de la ciudad de Sirte por parte de las tropas libias, esta se logró, finalmente, en diciembre de 2016 (De la Grange, 2016). Sin embargo, lejos de acabar con la amenaza extremista, las milicias de EI se han dispersado por el territorio libio y han atacado a otras ciudades, aprovechando el clima de inestabilidad por los continuos enfrentamientos entre los distintos bandos y grupos armados en el país.

Aun con el apoyo militar de los Estados Unidos al gobierno libio -reconocido por la comunidad internacional-, esta intervención no ha mostrado ser de utilidad en el proceso de pacificación y reunificación de la nación norafricana. Por el contrario, aumenta la intensidad de los factores de inseguridad del país, al persistir en la ofensiva militar sin ofrecer una alternativa pacífica al fin del conflicto y al tiempo deslegitimar al Gobierno de Acuerdo Nacional Libio ante la población local que no ve con agrado la intervención extranjera en el conflicto.