Introducción

El presente trabajo aborda el fenómeno social del delito de extorsión, el cual representa una seria amenaza a la tranquilidad pública de los ciudadanos del departamento de La Libertad, geográficamente ubicado al norte del Perú, país situado en la parte occidental de América del Sur, que limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Según el reporte N°2 del ^{Ministerio del Interior (2018)}, la victimización por el delito de extorsión en el año 2017, en el departamento de La Libertad, ocupó el segundo lugar a nivel nacional. En cifras estimadas se presentaron 5,419 casos de víctimas de extorsión. También señala que cuatro provincias del departamento de La Libertad (Trujillo, Ascope, Chepén y Pacasmayo) tienen la mayor cantidad de detenidos por este delito, lo cual hace que las familias vivan en un estado de zozobra, al ver incrementado el riesgo al que potencialmente están expuestas (^{Ministerio del Interior, 2018}, p. 9).

De la lectura de las diversas portadas de los diarios locales como ^{El Satélite (2018) 1}, se advierte con mucha frecuencia la intervención e incluso la desarticulación de diversas bandas criminales. Sin embargo, ello únicamente pone de manifiesto la inminente presencia de este flagelo social en nuestro medio, que afecta principalmente a personas naturales y jurídicas que realizan determinadas actividades económicas (comerciales y/o empresariales). Los rubros más afectados según el Ministerio del Interior (2017) serían el transporte, la construcción y la comercialización de abarrotes (p. 6).

Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en el documento denominado Mapas del Delito 2013-2017, específicamente en el mapa N°8, se aprecia que las denuncias por el delito de extorsión en dicho periodo totalizaron 28,744 casos, destacando que en el año 2015 se registró la cifra más alta con un total de 6,753 casos, en su mayoría registrados en el departamento de La Libertad con un 88.3% del total. Asimismo, en el mencionado documento se indica que la "cifra oculta" en los registros administrativos resulta especialmente importante en este delito: las personas agraviadas pocas veces interponen la denuncia ante las instituciones correspondientes, debido a las posibles represalias, prefiriendo ceder ante las exigencias económicas.

El ^{Ministerio del Interior (2018)} señala que la proporción de víctimas que denuncia el delito de extorsión ante una autoridad es mínima. El valor más alto se registró en el año 2014, cuando 25.5% de las víctimas denunciaron el hecho ante la autoridad. Este porcentaje en cifras estimadas sería aproximadamente de 7,656 denuncias por extorsión. Consecuentemente, se consultó a los encuestados que no denunciaron el hecho, preguntándoles cuál fue el motivo por el que decidieron no hacerlo. Los resultados obtenidos muestran que no lo hicieron por miedo a represalias del agresor, porque consideran que es una pérdida de tiempo (trámites largos y difíciles), por desconfianza de la autoridad y de la policía, porque no se consumó el hecho, porque es entendido como un delito de poca importancia, porque desconocen al delincuente y otros. En el 2010 sólo denunció el 10.2%; en el 2011, el 10.2%; en el 2012, el 14.7%; en el 2013, el 21.4%; en el 2014, el 25.5%; en 2015, el 22.1% y en el 2016, el 12.3%. Por ello, podemos deducir que existe una "cifra negra", también denominada "cifra oculta", es decir, aquella que no figura en los informes estadísticos oficiales de instituciones como la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público.

Ahora bien, luego de haber revisado los hechos denunciados por los agraviados en los casos fiscales a los que se ha tenido acceso, se aprecia que en cuanto al modus operandi para la comisión del ilícito materia de investigación, el sujeto agente procede a intimidar a la víctima seleccionada, primero a través de llamadas telefónicas, desde diversos números de teléfonos celulares o fijos, que en muchos casos se han realizado desde un establecimiento penitenciario. A través de estas llamadas indican a la víctima el monto que desean recibir, a cambio de dejar que sigan realizando sus actividades rutinarias con normalidad, bajo amenazas de atentar contra la integridad física de la víctima, sus familiares, o su patrimonio.

Cuando el extorsionador cabecilla está recluido, se vale de personas en libertad para dejar notas manuscritas o digitales, en las que consignan esencialmente: amenazas contra la vida, el cuerpo y la salud de la víctima o de los familiares más cercanos de esta (consignando inclusive datos precisos como nombres, horarios y lugares de trabajo, etc.); el requerimiento de cierta suma de dinero a cambio de no materializar sus amenazas; un número de celular al cual llamar; y, en algunos casos, se hace mención a números de cuenta bancaria a la que el sujeto agente pide se le deposite la suma exigida, junto con la indicación del sujeto (alias) con el que la víctima deberá comunicarse para la correspondiente negociación. En ocasiones, los extorsionadores, para convencer a la víctima de la inminente amenaza, dejan en el domicilio de esta: arreglos florales con dedicatoria, municiones envueltas en papel con mensajes extorsivos, granadas, e inclusive atentan contra el patrimonio de la víctima (rotura de vidrios , destrucción parcial de algún bien o bienes de la víctima a través de pequeñas explosiones).

Al respecto, el Ministerio del Interior señala: En el caso de la extorsión, el modus operandi se adapta al perfil de las víctimas y se basa en la reputación violenta de las organizaciones que amenazan e incluso dañan a las víctimas que se rehúsan a pagar. (...) Las modalidades que se han detectado durante los mega operativos son el cobro de cupos (sumas de dinero), empleado principalmente en las obras de construcción civil, el cobro de cuotas que las organizaciones cobran a empresarios de construcción civil, comerciantes, transportistas, entre otros, por dejarlos desarrollar actividades en la zona que tienen bajo su control. Además, pueden solicitarles cobros semanales por seguridad. Los objetivos son los dueños de las principales empresas y comercios de la zona, sobre todo pequeños y medianos empresarios (bodegas, talleres mecánicos) así como transportistas, comerciantes de calzado y prendas de vestir o cualquier otra actividad que se desarrolle en la zona. El Chalequeo que es el cobro por un servicio de seguridad (...) En algunos casos, se conformaban empresas de seguridad de fachada para ocultar las ganancias provenientes de esta actividad (...) Secuestro de vehículos, los delincuentes roban vehículos para luego solicitar un rescate a sus propietarios, y comienzan a cobrarles semanalmente por el servicio de seguridad. Las víctimas son los transportistas de las principales asociaciones de la zona. Para identificar a los que cumplen con pagar con la cuota se les otorga un sticker que deben colocar en su vehículo para poder circular libremente. Extorsión telefónica, ya sea por llamadas o mensaje de texto, los delincuentes amenazan a sus víctimas para que efectúen uno o varios depósitos en una cuenta de banco. (...) En estos casos, las víctimas son empresarios, comerciantes y autoridades locales, quienes por la visibilidad de sus cargos reciben amenazas. (2017, p. 186-187) En concordancia con lo anterior, de los casos revisados, el grupo de investigación ha podido advertir que los primeros actos de investigación de que dispone el Ministerio Público ante una denuncia de extorsión es recibir la declaración ampliatoria del agraviado, para que dé una versión más detallada y precisa de los hechos, señale si aún está siendo extorsionado, si sospecha de alguien en particular, y, si ya no está siendo extorsionado, para conocer si se ratifica en su denuncia. Además, el fiscal del caso pide ante el juez de investigación preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones y/o el levantamiento del secreto bancario, o las dos cosas a la vez, según lo amerite el hecho denunciado.

De otro lado se advierte que, en la mayoría de las denuncias por extorsión, al no lograr identificar al responsable(s) de dicho ilícito penal, culminan archivadas. En aquellos casos en los que el extorsionador, con el afán de establecer comunicación con la víctima, pone a disposición de esta datos objetivos, como un número telefónico (fijo o celular) o el número de alguna cuenta bancaria, las diligencias preliminares, a través de la solicitud al Juez de Investigación Preparatoria, únicamente logran identificar al titular de la cuenta bancaria o del número telefónico, al momento en que se habría cometido el delito. Sin embargo, al recibir la declaración indagatoria de dichos titulares, en la mayoría de casos demuestran haber perdido su Documento Nacional de Identidad - DNI, o su tarjeta de la entidad bancaria respectiva, precisamente en las fechas en las que se habrían cometido los hechos que son materia de la denuncia. De este modo, el Ministerio Público, luego de haber culminado con el plazo de la investigación preliminar (120 días naturales, incluidos los 60 días de prórroga), y al no contar con los elementos de convicción necesarios para formalizar la investigación preparatoria, opta por archivar preliminarmente la investigación.

En cuanto a los responsables de dicho ilícito, según informe del Instituto Nacional Penitenciario - ^{INPE (2018)}, se conoce que se trata de bandas criminales, debidamente organizadas, que son dirigidas en su mayoría por delincuentes recluidos en los diferentes establecimientos penitenciarios del país. Estas bandas tienen entre sus filas a personal calificado, conociendo que del total de internos, el 36.1% pertenece a miembros de las fuerzas armadas y policiales. Así también las integran abogados, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público², y otros profesionales, quienes, según el Ministerio del Interior, hacen sostenible en el tiempo su existencia, gracias al aporte de información y conocimientos especializados para el modus operandi, lo que facilita su actuar criminal y el logro de sus cometidos (2017, p. 54).

En el contexto descrito nos preguntamos cuáles son las características o factores comunes que estos delincuentes buscan en sus víctimas. Para responder a la pregunta planteada es necesario realizar algunas precisiones conceptuales. En el ámbito jurídico el concepto de extorsión puede adquirir diversas connotaciones, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país; sin embargo, para tener una línea directriz o base sobre el particular, es necesario recurrir a la Real Academia Española que establece que el "El delito de extorsión [consiste] en obligar a otro con violencia o intimidación y ánimo de lucro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio propio o de terceros" (2019). Por su parte, Cabanellas de Torres lo describe como "toda usurpación o despojo por la fuerza, de una cosa perteneciente a otro" o, simplemente, "todo daño o perjuicio" (2006).

En el ámbito doctrinario, Creus (1996) define el delito de extorsión como

aquella violencia física y/o amenaza grave que el agente produce en la esfera de libertad de la víctima, para que ésta le entregue una ventaja patrimonial ilícita, en definitiva la víctima es coartada en su capacidad decisoria, fruto del temor en que se ve envuelto, de no verse vulnerado en sus bienes jurídicos fundamentales, (...) es un ataque a la libertad de la persona, que se lleva a cabo mediante una intimidación, con la finalidad de forzar o constreñir su libre determinación en cuanto a la disposición de sus bienes o de los que están a su cuidado. (Citado por ^{Peña, 2014}) En otra latitud, Colombia, es definida así: La extorsión es vista ordinariamente como un delito o una renta criminal y puede ser cometida por cualquier persona del común, por una estructura criminal o por un grupo armado, ya sea subversivo o paramilitar. (...) desde un enfoque cualitativo de la extorsión, considerando que más allá de la comisión del delito y la captación de una renta criminal, lo que subyace son situaciones de otro orden, donde la extorsión es simplemente la manifestación superficial de un problema profundo -y poco atendido desde la institucionalidad-; se trata de una problemática de control territorial ilegal, disputa por la soberanía del Estado y protección violenta. De allí surge la idea base de dicha investigación, que comprende la extorsión en Medellín como un fenómeno social y político. En el marco del control territorial la extorsión no es esporádica sino sistemática, implica constreñimiento, coacción y amenaza de violencia que puede ser explícita o tácita. Simboliza una amenaza latente de un poder de facto de un actor ilegal que funge muchas de las funciones del Estado (^{Gutierrez, Tobon, Yepes, & Alvarez, 2018})

Conforme señala ^{Salinas (2013)}, en el Perú el delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 200° del Código Penal, Decreto Legislativo 635 (Diario oficial El Peruano, 1991). Según la redacción del legislador, "el delito de extorsión es un tipo penal complejo y pluriofensivo, porque lesiona tanto el patrimonio, la libertad y, eventualmente, la integridad corporal de le persona, de suerte que estos últimos bienes jurídicos son un medio para atacar el patrimonio". Según la descripción del delito de extorsión, existen hasta ocho tipos o modalidades de comisión del delito de extorsión, pero en los casos fiscales que se ha revisado con motivo del presente artículo, pese a que la selección de las mismas se ha efectuado de manera aleatoria, se ha podido conocer que el primer y el quinto tipo (1.-Cuando el sujeto activo obliga a otra o a una institución pública o privada a otorgarle a su favor o a favor de un tercero una ventaja económica o de cualquier otra índole, puede ser cometido por cualquier persona (...) 5.- Cuando el sujeto agente, obliga a un tercero o a una institución pública o privada, y dicha obligación la realiza: a mano armada o utilizando artefactos explosivos o incendiarios, participando dos o más personas, contra el propietario responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier otro modo, impide, perturba, atenta o afecta la ejecución de la misma, aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil, y simulando ser trabajador (...)) son los más recurrentes, precisando que la violencia por lo general es ejercida contra los bienes del agraviado (daños parciales al patrimonio), y en cuanto a la amenaza - vis compulsiva, se materializa a través de mensajes de texto y manuscritos extorsivos.

Otro dato relevante obtenido de la revisión de los casos fiscales, que en su mayoría han sido archivados, es que desde la perspectiva del iter criminis, en la mayoría de los casos, el delito quedó en grado de tentativa, puesto que no llegó a darse el desplazamiento patrimonial de parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo.

^{Medina (2015)}, en su investigación realizada en el distrito de Florencia de Mora en Perú, concluye que el delito de extorsión cometido a través de bandas criminales es muy complejo y tiene sus causas en factores económicos, sociales, familiares y culturales, por lo que se requiere de un trabajo integral para recuperar la tranquilidad en el país. La inestabilidad familiar, la desintegración de ésta, así como el medio donde viven, son las causas fundamentales para que la juventud tome actitudes negativas y resulte integrando las bandas de extorsión en el Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo- Departamento de La Libertad.

Así también lo describe Gonzales (2015) en su trabajo, concluyendo que es necesario reconocer que la extorsión es un delito complejo puesto que no solo obliga a través de la violencia realizar u omitir una acción, sino que también puede ser invisibilizado ante el temor de la víctima de no denunciar al agresor. En su investigación también se describe el modus operandi del delito: describe el proceso que siguen los extorsionadores para conseguir el dinero de sus víctimas; y se menciona que la extorsión se basa en el cobro de cupos (en especial en el ámbito de la construcción civil), el empleo de explosivos, el secuestro de vehículos y las extorsiones telefónicas. Entre estas últimas se recurre a las falsas detenciones de personas, simulación de secuestro de un familiar o conocido de la víctima, amenazas de muerte, secuestro y la amenaza más reciente, de divulgar información privada en la web.

En Colombia, ^{Norza y Peñalosa (2016)} realizaron una investigación exploratoria y descriptiva con enfoque mixto. El estudio fue realizado aplicando entrevistas semiestructuradas a víctimas, victimarios e investigadores judiciales, para generar un modelo de ciclos causales a través de la lógica del pensamiento sistémico. Los resultados indicaron que, en promedio, los victimarios suelen ser jóvenes entre 18 y 25 años, son vulnerables a la influencia de terceros. tienen niveles mínimos de escolaridad, están ubicados en sectores con condiciones sociales desfavorables, tienen escasa ocupación laboral y remuneración exigua, provienen de entornos familiares disfuncionales, y probablemente este delito es el primero que cometen. Las víctimas, en promedio, tienen un rango de edad entre los 42 y los 49 años, son laboralmente productivas, tienen familias funcionales y estables, están ubicadas en un estrato socioeconómico medio-bajo, y cuentan con niveles de educación intermedia y estilos de vida rutinaria, con valores y relaciones sociales apropiados. Por otro lado, el factor económico es la variable que media el mantenimiento de la microextorsión por largo tiempo, conformando un juego entre el victimario y la víctima, en donde el primero identifica la amenaza como un mecanismo efectivo para chantajear a la víctima, constituyendo un ciclo que se refuerza con el pago periódico, lo que impulsa una nueva amenaza.

En El Salvador, ^{Andrade (2015)} concluye que la extorsión es un delito en el que se conjugan diversos factores propiciadores como el crecimiento y desarrollo de los grupos de pandillas y la presencia desocupada y ociosa de pandilleros, colaboradores y familiares. También manifiesta que la comisión del delito de extorsión, en definitiva, se ha visto favorecida por variables como una posición geográfica determinada, una estructura organizativa jerárquica y la relación con la víctima.

En Guatemala, ^{Cataví (2012)} concluye que existe la problemática de que la sociedad guatemalteca no tiene credibilidad ni confianza para denunciar y accionar el delito de extorsión ante el Ministerio Público, y, además, esa Institución tiene limitantes considerables en su actuación ya que la ley no se lo permite. La regulación del delito de extorsión actualmente no responde a las necesidades de la población, respecto a la protección del patrimonio y la autodeterminación del sujeto pasivo del delito. Lo anterior redunda en beneficio de las bandas organizadas y del crimen organizado, quienes se benefician de dicha deficiencia legal.

En México, ^{Pérez, Rivas, Vélez y Vélez (2015)} concluyen que, con el paso del tiempo, la extorsión se ha convertido en un fenómeno generalizado en América Latina que, en la mayoría de los casos, independientemente de quien lo cometa, se llega a vincular con redes estructurales del crimen organizado y con la corrupción que debilita notablemente a las instituciones del Estado.

Otro estudio realizado por ^{Pérez, Rivas, Vélez y Vélez (2014)} menciona que estos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios. Asimismo, dichas conductas ilícitas afectan o ponen en riesgo el desarrollo económico regional y nacional. El cálculo de las tasas de extorsión sigue mostrando al Estado de México, al Distrito Federal, a Guanajuato y a Jalisco con cifras por encima de la media nacional, lo cual sugiere no sólo la concentración y permanencia del delito, sino la urgente necesidad de combatirlo.

Del mismo modo, el mexicano ^{Laso (2013)}, en su trabajo de tesis, señala que en un país con altos niveles de violencia e inseguridad, como es México, es fácil caer en la tentación de concentrar todos los recursos en la persecución de los responsables de delitos de alto impacto a través de la policía y la Fuerzas Armadas, con la esperanza de reducir este problema y volver a la normalidad, y en su análisis menciona varias conclusiones que ponen en entredicho ese enfoque. Primero, que el crimen organizado no es responsable de toda la inseguridad en el país; segundo, que el ambiente de violencia e inseguridad es en buena medida producto de factores socioeconómicos y culturales; tercero, que un esquema de seguridad pública centralista y construido de arriba hacia abajo difícilmente permea a las comunidades; y cuarto, que si la población no cree en la estrategia del gobierno y no se involucra, la estrategia tendrá alcances muy limitados.

En Venezuela, ^{Tarre (2016)} concluye que si bien la realidad que existe obliga a la participación de todos, particulares, empresas y sociedad civil en la prevención y combate de los delitos de secuestro y extorsión, la obligación y responsabilidad fundamental para controlar y reducir esas modalidades delictivas reside, más que en ninguna otra parte, en el estado, en las autoridades, y muy especialmente en el Ejecutivo Nacional, del cual dependen directamente la policía nacional, la Guardia Nacional, las prisiones, los organismos de inteligencia y la cooperación internacional.

En Ecuador, ^{Caiza (2010)} señala en su trabajo que es importante que las autoridades llamadas a ejecutar las actividades de prevención y represión consideren a este delito como un acto que requiere atención y que se le dé la prioridad que necesita, ya que no solo las altas esferas de la sociedad requieren atención, sino también el conglomerado inferior que es la base fundamental de un estado debido a su función laboral.

Todas estas investigaciones resaltan la problemática de la extorsión en las diversas partes del mundo, por ello nosotros nos planteamos el problema siguiente: ¿Cuáles son los factores asociados a la comisión del delito de extorsión en el Distrito Fiscal de La Libertad?

El objetivo general del estudio fue analizar qué factores están asociados a la comisión del delito de extorsión en el Distrito Fiscal de La Libertad y los objetivos específicos fueron: identificar si factores biológicos como edad, sexo y número de hijos están asociados a la comisión del delito de extorsión; identificar si factores sociales como estado civil, grado de instrucción, profesión y ocupación están asociados a la comisión del delito de extorsión; e identificar si los factores económicos como nivel de ingresos, lugar de residencia y tenencia de propiedades están asociados a la comisión del delito de extorsión. También es importante mencionar que nuestra hipótesis fue que los factores biológicos, sociales y económicos son los que están asociados a la comisión del delito de extorsión en el Distrito Fiscal de La Libertad.

El estudio se centró en investigar los factores de las personas víctimas de extorsión, considerándolos a partir de la experiencia de quienes trabajan directamente en el ministerio público y conocen estos casos más de cerca.

Método

Diseño de investigación

Correlacional, ya que el estudio determinará qué factores son los asociados a la comisión del delito de extorsión (^{Hernández, Fernández y Baptista, 2010}).

M: Muestra,

X: Factores analizados (Biológicos, sociales y económicos),

Y: Comisión del delito de extorsión

Resultados

Analizando la Tabla 1, se observa que, del grupo de extorsión presente, la mayoría del total de casos, es decir el 62.6%, son de sexo masculino. El 86.9% tiene hijos, el 41.4% obtuvo grado de instrucción secundaria, el 41.0% es soltero, el 100% tiene ocupación, el 65.8% cuenta con un trabajo independiente, el 39.2% presentó ingresos entre 750 y 1500 soles, el 70.3% reside en los alrededores, el 72.5% tiene vivienda, y el 34.7% tiene automóvil. También se aprecia que en este grupo víctima de extorsión, la edad promedio de los integrantes es de aproximadamente 43 años, con una desviación estándar de 11.878 años, y con un coeficiente de variación de 27.7%, observando que el grupo de extorsión presente presentó una menor variabilidad en la edad comparado con el grupo de extorsión ausente.

En la Tabla 2 se muestra que el método delante de Wald permitió la selección de las variables Grado de instrucción, Estado civil, Ingresos, Zona, Tenencia de vivienda, y Tenencia de automóvil, y se puede visualizar que el valor p de significancia, asociado al estadístico de Wald en cada una de las variables que ingresaron en el modelo del paso 6, es menor que 0.05 (p<0.05), por lo que ninguna variable que ha sido seleccionada en el modelo se elimina, rechazando la hipótesis nula H ₀ : β _J = 0, puesto que el parámetro correspondiente a cada una de las variables es distinto de cero.

Considerando la categoría "Sin ingresos" como categoría base de la variable Ingreso³, se observa que la estimación interválica al 95% del OR asociado a los ingresos [750-l500>, [1500-3000>, [30005000> y más de 5000, presentó intervalos cuyos límites inferior y superior son mayores que 1, siendo los ingresos de más de 5000, lo que presentaron la estimación interválica del OR con límites más altos [14.100-392.532], concluyendo que a medida que una persona presenta niveles de ingreso más altos, aumenta la probabilidad de extorsión.

El valor de OR asociado a la variable Zona es igual a 1.994, que pertenece con un 95% de confianza al intervalo [1.306-3.044], en el que ambos valores son mayores que 1. Por lo tanto, considerando como categoría base a la categoría "Centro de la ciudad"⁴ el que una persona viva en los alrededores, aumenta la probabilidad de extorsión.

El valor de OR asociado a la variable Tenencia de vivienda es igual a 0.358, que pertenece con un 95% de confianza al intervalo [0.232-0.552], en donde ambos valores son menores que 1. Por lo tanto, considerando como categoría base a la categoría "Sí" en Tenencia de vivienda⁵, el que una persona no tenga vivienda propia disminuye la probabilidad de extorsión.

El valor de OR asociado a la variable Tenencia de automóvil es igual a 0.612, que pertenece con un 95% de confianza al intervalo [0.393-0.952], en donde ambos valores son menores que 1. Por lo tanto, considerando como categoría base a la categoría "Sí" en Tenencia de automóvil⁶, el que una persona no tenga automóvil, disminuye la probabilidad de extorsión.

En la Figura 1 se visualiza la distribución porcentual del grado de instrucción en los casos presentes de extorsión según la variableTrabajo. El mayor porcentaje por grado está en la categoría Independiente, de los que aquellos con grado de instrucción secundaria constituyen un 70.65%, comportamiento que refuerza la selección de la variable Grado de instrucción en el modelo de regresión logística.

Fuente: Revisión de Carpetas fiscales y ficha de registro de datos.

Figura 1 Gráfico de barras apiladas de la distribución porcentual de los casos presentes de extorsión según grado de instrucción y trabajo (dependiente e independiente). 

En la Figura 2 se muestra que los mayores porcentajes de trabajo independiente se encuentran en los intervalos de ingresos más altos: en el total de casos presentes de extorsión hay ingresos de [3000-5000>, y el 78.72% de ellos tiene trabajo independiente. Del mismo modo, en los ingresos de más de 5000, el 75.0% también se encuentra en dicha categoría (trabajo independiente): esta distribución respalda la selección de la variable ingreso en el modelo de regresión logística.

Fuente: Revisión de Carpetas fiscales y ficha de registro de datos.

Figura 2 Gráfico de barras apiladas de la distribución porcentual de los casos presentes de extorsión según ingreso y trabajo. 

En la Figura 3, los intervalos de mayores ingresos presentan el mayor nivel de grado de instrucción: Superior Universitaria. En los casos que se encuentran en los intervalos de ingresos entre 1500 y 3000 hay un 35.29% de personas extorsionadas; entre 3000 y 5000 hay un 38.30% de personas extorsionadas; y en el intervalo de más de 5000 hay un 56.25% de personas extorsionadas.

Fuente: Revisión de Carpetas fiscales y ficha de registro de datos.

Figura 3 Gráfico de barras apiladas de la distribución porcentual de los casos presente de extorsión según ingreso y grado de instrucción. 

En la Tabla 3 se muestra un valor de -2LL (-2 logaritmo de la verosimilitud) más pequeño, lo que indica que el modelo obtenido, en el paso 6, se adecúa mejor a los datos que los modelos de los pasos anteriores. Asimismo, los coeficientes de determinación de R cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerke, obtenidos en el paso 6, indican que 31.5% o 44.8% de la variación de la variable dependiente Extorsión, es explicada por las variables incluidas en el modelo, mostrando un porcentaje de variación explicada bastante considerable.

La Tabla 4, la prueba de Hosmer-Lemeshow para el paso 6 permite estudiar la bondad de ajuste del modelo de regresión logística, teniendo como hipótesis nula que no hay diferencias entre los valores observados y los pronosticados, donde el p valor de significancia obtenida en la prueba Chi-cuadrado es mayor que 0.05 (p=0.073>0.05). Por tanto, se concluye que el modelo se ajusta a los datos.

La Tabla 5 nos muestra que de los 523 casos de no extorsión (ausente), por el modelo se clasifican correctamente 465, representando una especificidad (considerando probabilidad predicha o esperado p<0.5) del 88.9% (465/523*100), y que de los 222 casos de extorsión (presente) hay un total de 129 casos bien clasificados por el modelo (considerando la probabilidad predicha o esperada p>=0.5), alcanzando una sensibilidad del 58.1 % (129/222*100) de los individuos. Se espera que en la población el modelo clasifique correctamente el 79.7% de los casos (Aldas y Uriel, 20l7;^{Veliz, 2016}).

En la Tabla 6 podemos observar que el AUC (área por debajo de la curva ROC) para el modelo es igual a 0.860 (IC 95%:0.834 a 0.887). El resultado lleva a rechazar la hipótesis nula de no discriminación (p<0.001). Se concluye que el modelo proporciona un poder de discriminación excelente (^{Hosmer, Lemeshow, y Sturdivant, 2013}).

Discusión

Antes de entrar en la discusión de los resultados encontrados en la presente investigación, queremos destacar la utilidad del área de Indicadores del Ministerio Público del Distrito Fiscal de La Libertad⁷, así como la de la estadística. Gracias a estos medios, ha sido posible tener acceso a los casos fiscales reales donde se han conocido las investigaciones realizadas a partir de las denuncias formuladas por parte de las personas concretas que han sido víctimas del delito de Extorsión, entre enero de 2017 y julio de 2018, y luego procesar dicha información.

Los resultados obtenidos en la Tabla 1 muestran las características principales que los extorsionadores toman en cuenta al momento de seleccionar a sus víctimas del delito de Extorsión en el Distrito Fiscal de La Libertad de enero de 2017 a julio de 2018. En la Tabla 2 se puede apreciar que, según el modelo de regresión logística, los factores asociados son los factores sociales (grado de instrucción, estado civil), así como los económicos (ingresos, zona de ubicación de la vivienda, tenencia de automóvil); siendo irrelevantes los factores biológicos tales como la edad, el sexo y el número de hijos.

También en esta tabla, es interesante destacar que según los resultados obtenidos se puede apreciar que la ubicación de la zona de residencia es importante, pues el que una persona tenga su domicilio en el centro de la ciudad disminuye la probabilidad de ser extorsionado; mientras que estar domiciliado más lejos del centro de la ciudad incrementa la posibilidad de extorsión. De esta manera, coincidimos con ^{Andrade (2015)}, quien menciona en su trabajo que la comisión del delito de extorsión, en definitiva, se ha visto favorecida porvariables como una posición geográfica determinada, aparte de una estructura organizativa jerárquica y de la relación con la víctima, ya que los delincuentes generalmente operan en forma organizada. Del mismo modo, ^{Pérez, Rivas,Vélez y Vélez (2015)} concluyen que, con el paso del tiempo, la extorsión se ha convertido en un fenómeno generalizado en América Latina que se llega a vincular con redes estructurales del crimen organizado, y con la corrupción que debilita notablemente a las instituciones del Estado.

Nuestra hipótesis de investigación se acepta parcialmente, ya que, si bien es cierto que se ha logrado establecer que el sujeto agente, al momento de seleccionar su potencial víctima, tendrá en cuenta los factores sociales y económicos de esta; según nuestro modelo no tendrá en cuenta el factor biológico (edad, sexo, número de hijos).

En el estudio realizado por ^{Norza y Peñalosa (2016)}, se afirma que las víctimas son laboralmente productivas, lo que coincide con los resultados de nuestra investigación, ya que aquí se encuentra que el extorsionador tendrá en cuenta el factor económico al momento de seleccionar sus víctimas para materializar su delito.

En la Figura 1 podemos apreciar que dentro de los factores sociales está el tipo de trabajo, pues se observa que el mayor porcentaje de personas extorsionadas tiene un trabajo independiente, generalmente relacionado con una actividad económica comercial. Así, coincidimos con ^{Pérez, Rivas, Vélez y Vélez (2015)}, quienes en su investigación mencionan que estos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeños y medianos empresarios.

Asimismo, consideramos acertada la opinión de ^{Lazo (2013)}, por cuanto se tiene conocimiento de que el éxito de las bandas criminales de mayor impacto y las más peligrosas que han existido, y a la fecha existen, se apoya en personas mimetizadas dentro de las instituciones más importantes y de mayor responsabilidad en la lucha contra el fenómeno delictivo. En este orden de ideas, hay miembros de la Policía Nacional, trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, abogados, miembros del INPE, autoridades ediles, empresarios, etc. Así, la lucha contra el fenómeno delictivo en nuestro país es algo sumamente serio y difícil, ya que hace falta mucha perseverancia y constancia. A ello podemos sumarle la opinión de ^{Tarre (2016)}, quien concluye que la realidad que existe obliga a la participación de todos, particulares, empresas y sociedad civil, en la prevención y combate de los delitos de secuestro y extorsión.

En la Figura 2 se muestra que los mayores porcentajes de trabajo independiente se encuentran en los intervalos de ingresos más altos, y en la Figura 3, se evidencia que los intervalos de mayores ingresos presentan el mayor nivel de grado de instrucción, superior universitaria, y estos son candidatos para ser extorsionados. Del mismo modo, en la Tabla 4 observamos que la mayoría de las personas extorsionadas tiene ingresos superiores a 750 soles, y es por ello que volvemos a coincidir con ^{Norza y Peñalosa (2016)}, quien afirma que las víctimas escogidas para este delito son laboralmente productivas.

Aunque en nuestro trabajo no se han analizado las características de los extorsionadores sino de las víctimas, es importante mencionar a ^{Medina (2015)}, quien concluye que este delito tiene sus causas en factores económicos, sociales, familiares y culturales. El mencionado autor realiza un estudio sobre la formación de la conducta delictiva en general, y afirma que no podríamos esperar la misma conducta y formación personal de alguien que tuvo como antecedente una familia disfuncional, sumergida en la pobreza, con muchas carencias económicas, afectivas y de otra índole, y en un entorno altamente violento, en donde realizar actos delictivos termina siendo una conducta habitual; de la de otra persona criada en una familia unida, sin carencias económicas y rodeada de seguridad.

Estamos de acuerdo con lo señalado por Gonzáles (2015), quien en su trabajo concluye que es necesario reconocer que la extorsión es un delito complejo y que puede ser inadvertido ante el temor de la víctima de no denunciar al agresor, esto constituye la cifra negra mencionada en la investigación.

Por otro lado, ^{Cataví (2012)}, también concluye que existe la problemática de que la sociedad no tiene credibilidad ni confianza para denunciar y accionar el delito de extorsión ante el Ministerio Público, y esta deficiencia beneficia a las bandas delictivas, del crimen organizado. Por ello, coincidimos con ^{Caiza (2010)}, quien señala que es importante que las autoridades sean las llamadas a ejecutar las actividades de prevención y represión, y se considere a este delito como un acto al que se le debe dar atención y prioridad.

En los casos que se ha podido revisar en el presente trabajo, hemos advertido que, efectivamente, los factores sociales y económicos son los asociados a la comisión del delito de extorsión. Así lo muestran nuestros resultados en las tablas 3, 4 , 5 y 6, ya que evidencian que el modelo propuesto de regresión logística es el adecuado para establecer estos factores; que los coeficientes de determinación son aceptables y muestran un porcentaje de variación explicada bastante considerable; y que el modelo clasificaría correctamente el 79.7% de los casos.

Desde la perspectiva de la víctima de extorsión, esta no solo se ve perjudicada en su patrimonio, sino que eventualmente también se ve lesionada su libertad de desplazamiento (temor a caminar a determinadas horas y por ciertos lugares, tanto el directamente agraviado como los familiares de este) y, en algunos casos, inclusive su integridad personal cuando el agraviado o sus familiares han sufrido lesiones físicas por parte de los delincuentes, a fin de someter su voluntad. Por ello, concordamos con lo aseverado por ^{Salinas (2013)}, quien señala que el delito de extorsión es un tipo penal complejo y pluriofensivo, pues lesiona tanto el patrimonio cuanto la libertad y, eventualmente, la integridad corporal de la persona.

^{Salinas (2013)}, también refiere que, de la estructura del actual artículo 200 del C.P., se desprende que el delito de extorsión, en su nivel básico, puede ser cometido o perfeccionado hasta por cuatro conductas o comportamientos diferentes que, por sí solos, perfectamente configuran el delito en hermenéutica jurídica. Esto es coherente con los resultados obtenidos, ya que, a partir de la revisión de los casos fiscales, se ha podido verificar que efectivamente los delincuentes exigen de sus víctimas el desplazamiento de algún beneficio económico a su favor, utilizando para ello la violencia o la amenaza. Lo anterior no se ha podido encontrar en casos en los que los delincuentes solicitan a sus víctimas beneficios de otra índole y para terceros. Esto podría darse, por ejemplo, cuando el sujeto agente exija a su víctima que procure para un tercero (familiar o no del sujeto agente) un puesto de trabajo o una beca de estudios. Obviamente, para que esto suceda la víctima tendría que tener ciertas características especiales que lo coloquen en condiciones de poder cumplir con lo requerido por el sujeto agente, como tener un cargo público con poder de decisión, ser un empresario, ser un director de escuela, o de universidad, etc. Ahora bien, el hecho de que no hayamos encontrado casos concretos respecto de estos supuestos, no quiere decir que esto no ocurra, ya que, considerando el nivel de corrupción que ahora conocemos que existe en los más altos niveles de gobierno y empresa, son perfectamente posibles estas modalidades que hemos indicado. Además, a raíz de los últimos escándalos relacionados con el caso ODEBRECHT, y el de "Los Cuellos blanco del Puerto", ha quedado evidenciado que la delincuencia se encuentra enquistada en el más alto nivel. Solo que, a estos niveles, por lo general, casi no se denuncia sino que todo ocurre de manera oculta, lo cual obviamente guarda relación con nuestros resultados, que nos indican en líneas generales que los factores sociales y económicos serán determinantes para la comisión del delito de extorsión.

Coincidimos con ^{Laso (2013)} quien señala que vivimos en una coyuntura social en la que quienes debieran dar ejemplo de valores y respeto del ordenamiento jurídico son quienes se encuentran involucrados en la comisión de graves delitos en perjuicio de todos los peruanos, y, en este contexto, consideramos pertinente que la ciudadanía en general conozca de cerca los factores que se asocian a la comisión del delito de extorsión, y así prevenir de alguna forma el flagelo de este fenómeno delictivo.

Conclusiones

En diversas partes del mundo el delito de extorsión representa una de las problemáticas más graves que afecta sustantivamente la tranquilidad y la paz social. Obviamente el Perú no es la excepción, conforme se ha demostrado en la presente investigación realizada en el Distrito Fiscal de La Libertad, ubicado al norte del país.

Del análisis de las carpetas fiscales a las que se ha tenido acceso, y con base en la estadística, el modelo de regresión logística ha establecido que los factores sociales como el estado civil y el grado de instrucción están asociados a la comisión del delito de extorsión. Así, encontramos que, de las personas que han sido víctimas del delito en mención, el mayor porcentaje están solteras y casadas, con grado de instrucción entre secundaria y superior. Esto encuentra su explicación en que, dadas las barreras burocráticas que existen para formalizar un negocio, o para realizar cualquier actividad económica -formal o informal -, en nuestro medio se necesita tener formación básica, a efectos de superar las trabas que se puedan presentar en su desarrollo.

También identificamos que el factor económico está asociado a la comisión del delito de extorsión, puesto que, de los casos analizados, las personas con ingresos más altos y que tienen trabajo independiente son las víctimas mayoritarias del delito de extorsión. Dado que son las personas que pueden responder económicamente a los requerimientos de los delincuentes, y que, además, son quienes tienen la necesidad de realizar sus actividades económicas con normalidad, siendo de sustancial importancia el tiempo; ante la potencial amenaza a sus actividades, tienen que sopesar el tiempo que se podría utilizar en un proceso formal y el ceder al requerimiento extorsivo.

Asimismo, la zona de residencia y el tener propiedades (vivienda y automóvil) están asociados a la comisión de este delito. Sin embargo, el análisis logró determinar que los factores biológicos no lo están, ya que en estos casos el delincuente no prioriza ni la edad, ni el sexo, ni el número de hijos de la víctima.

Nuestra contribución a la investigación es la propuesta del modelo de regresión logística con los factores asociados a este delito. Los resultados estadísticos demuestran que el modelo es el adecuado para establecer estos factores: los coeficientes de determinación de R cuadrado de Cox y Snell y R son aceptables, ya que muestran un porcentaje de variación explicada bastante considerable, así como que el modelo clasificaría correctamente el 79.7% de los casos. Ahora bien, tomando en cuenta los factores que se han señalado como asociados al delito de extorsión, es importante que la ciudadanía tome sus precauciones para evitar ser víctima de ello, como, por ejemplo: no contestar llamadas de números de teléfonos desconocidos, evitar divulgar datos personales como grado de instrucción, condición de trabajo, ingresos, propiedades, y no permitir que los infantes atiendan llamadas telefónicas.

Finalmente, debemos indicar las limitaciones que hemos tenido para la realización del presente trabajo. En primer lugar, está la dificultad para conocer los factores comunes asociados al delito de extorsión en aquellas víctimas que no han denunciado, y que conforman la cifra negra, debido a que los informes oficiales a los que se ha tenido acceso únicamente nos presentan cifras. En segundo lugar, la falta de trabajos enfocados en la víctima, pues la mayoría de los trabajos revisados se centra en el agente.