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Introducción
La vinculación de los adolescentes con infracciones a la ley penal es uno de los flagelos que más inquietan en términos de seguridad y convivencia a muchos ciudadanos y gobiernos del mundo. Según Human Rights Watch (2016) se estima que en todo el mundo hay más de un millón de niñas, niños y adolescentes privados de la libertad por diversas razones, dentro de las que se encuentra la comisión de algún tipo de delito. En este escenario Colombia no es la excepción. De acuerdo con el Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (2020), entre 2010 y 2017, 209.247 adolescentes ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), principalmente por hurto (35,91 %) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (27,35 %), siendo las ciudades con mayores registros Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali.
En Bucaramanga, capital del departamento de Santander, según el ICBF, 8.484 adolescentes ingresaron al SRPA entre 2010 y 2017. Sin embargo, este fenómeno ha sido poco estudiado en esta región del país y no hay disponibles documentos académicos que den cuenta de su comportamiento, características y evolución a lo largo del tiempo, ni sobre los factores explicativos que lo originan, salvo por los informes de investigación adelantados en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) y en el Semillero de Seguridad y Convivencia Ciudadana (SSCC) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Teniendo en cuenta la necesidad de contar con una línea base evolutiva del fenómeno que permita a las autoridades locales diseñar planes de desarrollo e impulsar políticas públicas ajustadas a las particularidades de los fenómenos sociales en el territorio, el IEP de la UNAB, atendiendo la solicitud del Comité Departamental de Seguridad, puso en marcha una investigación con el objetivo de comprender el fenómeno y definir lineamientos para la prevención de la vinculación de los adolescentes con el delito en el área metropolitana de Bucaramanga (AMB), una conurbación constituida por los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, cuyos resultados se condensan en el presente artículo. Es importante destacar el aporte de la UNAB como entidad financiadora del proyecto “Menores infractores en el área metropolitana de Bucaramanga: un modelo de reintegración integral para evitar su reincidencia en el delito”, y la articulación para su desarrollo con el ICBF, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fundación Hogares Claret (FHC), operaria del SRPA en Santander, así como la contribución de los estudiantes del SSCC del IEP, especialmente de Gabriela Gómez Mantilla, Jorge Iván Correal y Laura Juliana Martínez, quienes realizaron un ejercicio de investigación formativa aportando de manera significativa al levantamiento y procesamiento de la información relacionada con las causas de la delincuencia juvenil.
La investigación partió de definir al adolescente infractor como “cualquier menor de 18 años que entra en contacto con el sistema judicial por ser sospechoso o estar acusado de cometer algún delito” (Unicef, 2006, p. 19) que, para el caso colombiano, en concordancia con el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006), aplica para los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años (art.139). Además, se plantea que detrás de este grupo poblacional convergen factores explicativos, tanto coyunturales como estructurales, de diversa índole (adictivo, familiar, social, económico y educativo), por lo cual su comprensión y prevención demandan una apuesta gubernamental integral con enfoque diferencial y comunitario, que abogue por intervenciones interinstitucionales e interdisciplinares (Harrington et al., 1991; Moffitt & Caspi, 2001; Garaigordobil, 2005; Iza, 2002).
Método
Esta investigación es mixta pues agrupa
(…) un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada, logrando el entendimiento del fenómeno de estudio (Sampieri, 2014, p. 534).
Así mismo, es de tipo descriptivo, retrospectivo y longitudinal, puesto que busca especificar las propiedades importantes de un grupo poblacional durante un periodo de tiempo pasado, centrando la atención en una serie de cuestiones, conceptos y variables (Cazau, 2006).
Con el objetivo de definir los lineamientos de prevención de la vinculación de los adolescentes con infracciones a la ley en los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, que para efectos de esta investigación constituyen el AMB (véase Figura 1), se realizó un diagnóstico situacional, cuyo propósito fue “orientar adecuadamente las evaluaciones de los riesgos específicos, para garantizar la proyección de una estrategia de gestión y administración de los mismos, así como la prevención de situaciones” (Vega, 2012, p. 50).
El enfoque cuantitativo del proyecto se soportó en el análisis estadístico de las bases de datos de la Policía Nacional (Ponal) integradas por 11.933 registros, y del ICBF integradas por 8.484 registros, durante el periodo de observación, lo que permitió comprender y describir las principales características evolutivas del fenómeno objeto de estudio. Las variables y dimensiones que se analizaron en estas bases de datos se relacionan en la Tabla 1.
Para complementar el diagnóstico situacional, indagar sobre los factores explicativos del fenómeno y definir los lineamientos de intervención con orientación preventiva se optó por la investigación acción participativa, que
(…) parte de un diagnóstico inicial, de la consulta de diferentes actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista y opiniones, sobre un tema susceptible de cambio en el que (…) los actores se convierten en investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades, en la recolección de información, en la toma de decisiones y en los procesos de reflexión y acción (Colmenares, 2012, pp. 105-106).
En consecuencia, se implementaron diversas técnicas de recolección de información: (i) la entrevista semiestructurada que consiste en “proporcionar una mayor amplitud de recursos cualitativos y permite mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos” (Vargas, 2012, p. 126); (ii) los grupos focales que son
(…) un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, siendo particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que se piensa, cómo piensa y por qué se piensa de esa manera (Hamui & Valera, 2013, p. 56).
Y (iii) las visitas de observación no participante, que
(…) permiten detectar particularidades dentro de un proceso o contexto determinado, (…) a través de un método empírico de investigación, en el que el observador, desde un ángulo no participante, puede visualizar lo que sucede para identificar las fortalezas y aspectos por mejorar del contexto (Navarro, 2013, p. 56).
Como fuentes primarias se tuvieron en cuenta los representantes de las instituciones que integran el SRPA en el AMB y los propios adolescentes infractores de la ley que se encontraban privados de la libertad en tres sedes de la FHC de la regional Santander (La Joya, Casa de Menores y La Granja), quienes participaron de manera activa en la reflexión y discusión sobre el fenómeno objeto de estudio, los factores explicativos y las estrategias a tener en cuenta para la prevención de su vinculación y la reincidencia en el delito (Tabla 2). Con el objetivo de definir los factores explicativos de la vinculación de los adolescentes infractores de la ley penal, se realizó una revisión documental, entendida por Alfonzo (1994) como un “procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos, en torno a un determinado tema que aporte a la construcción de conocimientos” (p. 2).
Esta revisión documental permitió identificar unos factores de riesgo, que son propios del contexto coyuntural y estructural de los sujetos y que pueden incidir en su vinculación con conductas delictivas, los cuales fueron condensados en una matriz de análisis conformada por cinco variables y catorce dimensiones (Tabla 3). Vale la pena destacar que no fue posible establecer estas dimensiones y variables como causales, en la medida en que no existe suficiente evidencia empírica que permita afirmar que la presencia o ausencia una de ellas explica por sí sola la vinculación o no de los adolescentes con el delito, aunque sí elevan el nivel de riesgo en tanto que varias categorías confluyan de manera transversal en el adolescente.
Tabla 3 Variables y dimensiones de riesgo de la vinculación de los adolescentes con el delito
Fuente: elaboración propia con base en Minuchin y Fishman (2004), Fishman (1990), Valdebenito y Larrain (2007), Anda et al. (2010), González y Triana. (2018), Vilar et al. (2003), Mestre et al. (2004), Uceda et al. (2016), Benvenuti (2003), Hein (2004), Kvaraceus (1964), Mampaso et al. (2014), Montalvo (2011), Parra (2014) y Torres (2013).
La información obtenida de las entrevistas, los grupos focales y las visitas de observación no participantes se tabuló en la matriz de dimensiones y categorías de riesgo, permitiendo clasificarlas en tres niveles de significancia: (i) alta, cuando la categoría fue referenciada en los diversos instrumentos por los actores como una característica presente en el 70 % y 100 % de los adolescentes que ingresaron al SRPA; (iii) media, cuando estuvo presente en el 40 % y el 69,9 % y; (iii) baja, cuando estuvo presente entre el 1 % y el 39,9 % de la población objeto de estudio.
Resultados
Características generales del fenómeno
Ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Según datos del ICBF, entre 2010 y 2017, 8.484 adolescentes ingresaron al SRPA en el departamento de Santander. De ellos, el 94 % (8.033) se registró en el AMB, siendo la capital del departamento, Bucaramanga, la más afectada por este fenómeno al concentrar el 53 % de los casos (4.509), seguida de Floridablanca con el 20 % (1.733), Girón con 13 % (1.113) y Piedecuesta con 8 % (678). (Figura 2).
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del ICBF.
Figura 2. Municipios de Santander con mayores ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2010-2017
La evolución del número de ingresos al SRPA a lo largo del periodo de observación evidencia a partir del 2015 una reducción significativa que revirtió la tendencia creciente que el fenómeno experimentó entre 2010 y 2014 en el AMB. En general, los ingresos se redujeron en un 35,8 % (Figura 3).
Distribución geoespacial
Al interior de los cuatro municipios del AMB se observa una distribución geoespacial bastante dispersa del lugar de residencia de los adolescentes que ingresaron al SRPA entre 2010 y 2017. Sin embargo, en cada municipio es posible identificar los barrios y asentamientos que concentraron los mayores porcentajes de adolescentes infractores. En Bucaramanga se destacan Café Madrid (17 %) y Campo Hermoso (15 %); en Floridablanca, La Cumbre (19 %) y Santa Ana (14 %); en Girón, Nuevo Girón (14 %) y Rincón de Girón (12 %) y en Piedecuesta, Hoyo Grande (4 %) y Cabecera del Llano (5 %).
Estos contextos barriales comparten particularidades comunes relacionadas con la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia social, la marginalidad, la presencia de parches y el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, siendo un factor de riesgo externo para los adolescentes que residen en ellos, así como un obstáculo para el éxito del proceso de resocialización de aquellos que obtuvieron una medida alternativa o recuperaron la libertad tras cumplir su sanción en el SRPA.
Tipología de delitos
Los ingresos al SRPA se dieron por la comisión de 85 tipos de delitos distintos. No obstante, cinco fueron los más recurrentes: (i) hurto, que presentó una tendencia creciente y se configuró como el de mayor impacto; (ii) tráfico y porte ilegal de armas, con tendencia decreciente se ubicó en el segundo lugar; (iii) tráfico y porte de estupefacientes, con tendencia decreciente, pasó de ser el tercer delito de mayor ingreso en el 2010 al séptimo en 2017; (iv) lesiones personales, se incrementaron de manera considerable durante el periodo de observación y en el 2017 fueron el cuarto delito de mayor ingreso y (v) violencia intrafamiliar que también reportó un incremento significativo entre 2010 y 2017 (Figura 4). De manera desagregada, se identificó que en Bucaramanga el delito de mayor incidencia fue el hurto (31 %), seguido del porte ilegal de armas (24 %). Por el contrario, en Floridablanca, Piedecuesta y Girón el delito de mayor incidencia fue el porte ilegal de armas (29 %, 30 % y 29 %), seguido del hurto (24 %, 24 % y 21 %). (Figura 5)
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del ICBF.
Figura 4 Ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes por tipo de delito en el área metropolitana de Bucaramanga, 2010-2017
Lugar de los hechos
Con respecto al municipio en el que se cometieron estos delitos se destaca que el 77 % tuvo lugar en Bucaramanga, seguido de Floridablanca (15 %), Girón (7 %) y Piedecuesta (1 %). Así mismo, las zonas más afectadas no coinciden con los lugares de residencia de los adolescentes y presentan particularidades comunes como alta movilidad de transeúntes y flujo vehicular, nivel socioeconómico medio o alto y amplia actividad comercial. Dentro de los puntos más neurálgicos del AMB se destacan el Centro de Bucaramanga (34 %), Real de Minas (10 %), Cabecera del Llano (9 %), San Rafael (8 %), San Alonso (7 %), Girardot (6 %), Provenza (6 %), La Concordia (6 %), Los Comuneros (5 %) y Cañaveral (5 %). (Figura 6).
Tipo de sanción
En el 76 % de los casos, los adolescentes que cometieron estos delitos fueron dejados en libertad, el 4 % quedó a disposición del ICBF y el 20 % fue remitido a los centros de atención especializada de la FHC, operador del SRPA en el AMB, en donde la clase de sanción más recurrente fue privación de libertad de seis a doce meses. (Figura 7)
Reincidencia en el delito
Del total de adolescentes que ingresaron al SRPA en el AMB entre 2010 y 2017 (8.033), aproximadamente el 27,6 % fue reincidente por una vez (2.222).
De este subgrupo el 40 % reincidió dos veces, el 19 % tres veces, el 9 % cuatro veces y el 5 % reincidió cinco veces o más.
Los reincidentes fueron en un 93 % hombres, 5 % mujeres y el 2 % de los casos no se registró información al respecto en la base de datos. La mayoría de los reincidentes tenían 17 años y, en el caso de los que registraron hasta cinco reincidencias o más, se destacan aquellos adolescentes cuyo primer ingreso al SRPA tuvo lugar cuando tenían 14 años. El delito con mayor participación en el caso de los reincidentes fue el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los adolescentes reincidentes en sus primeros ingresos fueron eximidos de sanción o sancionados con penas alternativas a la privación de libertad. También, fue posible identificar que a medida que se incrementó el número de ingresos al SRPA, los delitos fueron cada vez más complejos hasta desembocar en sanciones privativas de la libertad.
Aspectos sociodemográficos
Género
En cuanto a las características sociodemográficas de los adolescentes infractores en el AMB se destaca una profunda diferencia en términos de género, pues el 87,5 % de los ingresos al SRPA entre 2010 y 2017 corresponde a hombres (7.030) y el 11,9 % a mujeres (960). Sin embargo, pese a que la participación masculina fue predominante en las conductas delictivas de los adolescentes registrados durante el periodo de observación, esta disminuyó en diez puntos porcentuales, pasando de 91 % en 2010 a 81 % en 2017. En contraposición, las mujeres se vieron cada vez más involucradas con el delito, al pasar de representar el 9 % de los ingresos en el 2010 al 19 % en 2017. Esta situación demanda que el SRPA sea capaz de incorporar, cada vez en mayor medida, el enfoque de género como característica transversal de su lógica de intervención.
Edad
La edad con mayor vinculación de adolescentes en actos delictivos en el AMB fue 17 años con un 35 % del total de ingresos al SRPA, seguida de 16 años con 30 %, 15 años con 21 % y 14 años con 10 %. En el 4 % de los ingresos no se registró la edad en la base de datos del ICBF. Considerando los datos de reincidencia en infracciones es posible hacer seguimiento a aquellos adolescentes que en edad temprana ingresan al SRPA. Sin embargo, es complejo analizar a largo plazo el impacto de la vinculación de los adolescentes en la seguridad ciudadana, pues el registro se pierde una vez superan la mayoría de edad.
Nivel educativo
El nivel educativo de los adolescentes que ingresaron al SRPA en el AMB durante 2010 y 2017 da cuenta de un proceso fallido de formación que desencadenó en algún momento la deserción escolar, pues la edad de los adolescentes no corresponde con el grado académico que se esperaría estuviesen cursando (octavo o noveno para los adolescentes más jóvenes del Sistema que ingresaron con 14 años). Como se observa en la Figura 5 , el 1 % de los adolescentes era analfabeta (80); 21 % no había concluido sus estudios de primaria (1.686) y 78 % se encontraba cursando bachillerato, la mayoría en sexto (22 %) y séptimo grado (16 %). (Figura 8).
Adicciones
A partir de la triangulación de la información recolectada se identificó que la variable adicciones es de alta significancia, debido a que el consumo de sustancias psicoactivas es una característica casi generalizada en este tipo de población, sin distinción en términos de edad y género.
Consumo de sustancias psicoactivas
Los adolescentes infractores en el AMB consumen diversas sustancias, dentro de las que se desatacan el alcohol, la marihuana, la cocaína, el bazuco y los alucinógenos como hongos, LSD y éxtasis, así como anfetaminas, sedantes y ansiolíticos, en un contexto barrial altamente favorable para el acceso y que, en términos sociales, muy poco sanciona y cuestiona de este tipo de conductas.
Es imposible encontrar a un joven que delinca sin haber consumido o sin ser consumidor. Es muy fácil para ellos acceder a las drogas, el consumo se da justo enfrente de ellos desde temprana edad, en la esquina y hasta en la misma casa, por eso consideran que es normal consumir (funcionario ICBF, comunicación personal, 13 de enero de 2016).
El consumo de sustancias se asocia en las primeras etapas con el alcohol y la marihuana para efectos recreativos y socializadores, hasta desembocar en condiciones de elevada dependencia y policonsumo de sustancias y cantidades cada vez más intensas que terminan alterando la cotidianidad. El consumo no es en sí mismo explicativo de la vinculación con el delito, ni tampoco es exclusivo de poblaciones marginales (Musitu, 2008), pero incrementa el riesgo cuando se asocia con otro tipo de circunstancias paralelas como la dimensión subjetiva del grupo, el abuso, la exclusión y el abandono físico y emocional (Domínguez, 2005; Hundleby, 1986; Uceda et al., 2016).
Los efectos del consumo de sustancias psicoactivas les permiten a los adolescentes evadir su compleja realidad familiar, emocional y económica, integrarse con mayor facilidad con sus pares del barrio y vincularse con el delito por dos razones: (i) alteran su comportamiento y los hace sentir imbatibles y; (ii) les genera un grado de dependencia que los lleva a realizar actos delictivos, en aras de obtener recursos para satisfacer sus necesidades de consumo.
Muchas veces uno drogado se cree Superman y empieza a hacer cosas, y uno no piensa en lo que hace, cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Bajo los efectos de la droga y todo eso, uno actúa diferente a cuando uno está sano y nada de drogas, actúa uno más agresivamente, quiere uno es problemas, problemas y no más (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
“Todo va relacionado con la droga porque por lo menos un drogadicto en sí tiene que buscar la droga para sentirse bien entonces va y roba, incurre en los delitos para conseguir dinero” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
En este sentido, cualquier acción orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas debe tener en cuenta la implementación de estrategias conducentes a la apropiación social del conocimiento, que considere en su diseño la participación activa de los adolescentes, desmitificando preconcepciones y promoviendo la intervención colectiva y comunitaria, en la que se vincule al grupo de pares o familia, reconociendo que el consumo no es un proceso legitimado ni materializado de manera individual. Así mismo, se requiere un abordaje educativo encaminado a visibilizar las consecuencias de este tiempo de prácticas y los costos de oportunidad que de ello se derivan.
Familiares
Otra variable explicativa que resultó altamente significativa fue la familiar; pues los resultados ratificaron la valoración alta de casi todas las dimensiones de riesgo en los contextos familiares de los adolescentes, como es el caso de la disfuncionalidad, la violencia intrafamiliar y las necesidades afectivas. Por su parte, el contexto familiar delictivo, aunque fue referenciado, fue valorado como de significancia media.
Disfuncionalidad familiar
La mayoría de los adolescentes crecieron en contextos caracterizados por la disfuncionalidad familiar. Una característica es la desintegración del núcleo, pues en pocos casos ambos padres se encargaron de su crianza. Lo usual fue que crecieran en familias monoparentales o hayan estado bajo el cuidado de los abuelos, tíos o hermanos mayores, debido al abandono, el fallecimiento o la condición de privación de libertad de sus progenitores. Además, en sus contextos se destacan las familias extensas, en las que en un mismo círculo conviven personas externas al núcleo y las dificultades en la dinámica relacional sistémica, lo que genera problemas en las jerarquías de autoridad y poder, quiebre de roles tradicionales en su interior, problemas de comunicación y cohesión, y dificultades para demostrar emociones positivas y cumplir funciones y responsabilidades negociadas en el núcleo familiar (González & Triana, 2018).
Violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar también fue relevante en el núcleo de base de los adolescentes. Si bien las modalidades más referenciadas sin distinción de edad y género fueron la violencia física, emocional, psicológica, económica y el abandono, llama la atención que la violencia sexual también estuvo presente de manera más significativa, aunque no exclusiva, en los grupos de adolescentes del género femenino.
Lo anterior evidencia la existencia de malas prácticas de relacionamiento y resolución de conflictos entre los integrantes de la familia, lo que genera afectación conductual y psicológica en los adolescentes, dada la predisposición a resolver las diferencias a través del uso de la violencia y la intimidación, convirtiéndose en víctimas y victimarios en su entorno familiar, escolar y social, lo que eleva el riesgo de desestabilidad y conflictividad.
“El maltrato verbal o físico es notorio entre las familias y ellos lo ven común desde temprana edad. El niño ve esa violencia y la réplica” (Juez de Infancia y Adolescencia, comunicación personal, 10 de diciembre de 2015). “Yo aprendí que todo se consigue a las malas, que el vivo vive del bobo y que el vivo es el que más azara, el más malo, al que la gente le copia por miedo a que lo chuce” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016). “Gritos, patadas, cuchillo, un visaje… pa qué va uno al rancho” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Necesidades afectivas
Otra dimensión explicativa bastante referenciada fueron las necesidades afectivas de los adolescentes, dado que se evidenció que en sus familias había falta de atención, apoyo, compañía, cariño y afecto, primando en ellos la sensación de desprotección, soledad y falta de amor, lo que se relaciona estrechamente con la vinculación a parches o pandillas y el consumo de sustancias psicoactivas.
Mi familia no me dio amor, no me dio todo lo que yo necesitaba, entonces yo no tengo familia que me apoye, entonces yo me voy a volver esto (…), me vale chimba, que, si me van a matar que me maten, que me importa un comino porque no tengo apoyo familiar (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
“Son adolescentes con profundas carencias afectivas, que sienten que no son importantes para sus familiares, que nunca han recibido palabras de afecto o expresiones de cariño, que están necesitados de amor, atención, guía” (directora terapéutica de la FHC, comunicación personal, 7 de diciembre de 2015).
El parche es la familia porque verdaderamente ellos dan la vida con usted, en la casa no dan un centavo por uno, insultos, malos tratos, señalamientos, juzgamientos; en cambio usted llega al parque y se siente tranquilo, se siente bien se siente aceptado, y en gran parte como los hermanitos que uno nunca tuvo, encuentra uno en otro la compañía que jamás había sentido (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Contexto familiar delictivo
Por último, el contexto familiar delictivo fue referenciado pero con significancia media, puesto que en algunos casos se evidenció la vinculación de padres, hermanos, abuelos, tíos o primos que integran su núcleo cercano, con diversos tipos de delitos, lo cual incide en la reproducción de este fenómeno por parte de los adolescentes, al afectar sus imaginarios producto de la naturalización de las actividades ilícitas a las cuales estuvieron expuestos desde temprana edad, al tiempo que obstruye los procesos de resocialización. De allí la necesidad de que las estrategias de prevención cuenten con enfoque diferencial, contemplando acciones específicas para adolescentes con entornos familiares de esta naturaleza y acciones orientadas a integrar a los diversos miembros de la familia, en aras de promover vínculos que contribuyan al desarrollo idóneo de habilidades y herramientas para afrontar la vida cotidiana en sociedad (López et al., 2018; Vázquez, 2012; Collet & Tort, 2008).
Sociales
La variable social también resultó altamente significativa, debido a que la mayoría de los adolescentes crecieron en un contexto caracterizado por la violencia y la criminalidad y han sido objeto de estigmatización, lo que incide negativamente en su comportamiento. Por su parte, la influencia de los medios de comunicación, aunque fue referenciada, se valoró como de significancia media.
Violencia y criminalidad
A partir de las reflexiones sobre el contexto social en el que crecieron los adolescentes, se destaca la incidencia negativa del entorno barrial, caracterizado por particularidades asociadas a la violencia, la criminalidad y la ilegalidad. Confluyen en estos barrios conflictos de diversa índole resueltos de manera violenta que naturalizan y ejemplifican la conducta delictiva. Estas prácticas de interacción en los círculos próximos de los adolescentes tienden a generar mayores posibilidades de réplica (Sutherland, 1924; Sánchez, 2014).
En estos barrios se encuentra todo tipo de problemáticas, hay desplazados, víctimas de violencia sexual, tráfico de armas y drogas, violencia intrafamiliar, parches, en fin. No solo son los menores lo que ingresan al SRPA, también muchos adultos están en la cárcel por distintos delitos. Son zonas inmersas en la violencia, en el dolor y en lo ilícito (Policía de Infancia y Adolescencia, comunicación personal, 13 de enero de 2016).
Esta situación es un factor de riesgo para el proceso de resocialización, dada la existencia en sus barrios de lugares de expendio y consumo de sustancias psicoactivas, tráfico de armas, parches y pandillas que legitiman el consumo y las conductas delictivas, lo cual representa una amenaza en doble vía, puesto que por un lado resulta complejo mantenerse alejados del delito y el consumo de drogas, y por otro, no formar parte de parches y pandillas puede poner en riesgo su seguridad en el barrio.
Si uno quiere estar limpio y no meterse en problemas, tiene que irse del barrio, porque allá hasta en el piso se encuentra uno un bareto, está sano en la casa y le llega la pisca, todo lo tienta, la gente está montada, ¿sí pilla? (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
“Si usted no parcha, ¡paila!, lo cascan” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016). La vinculación de los adolescentes con grupos de pares negativos, como parches o pandillas, es una característica de su contexto social que obedeció a la búsqueda de estatus, seguridad, reconocimiento, identidad, protección, pertenencia y afecto; así como una opción para obtener beneficios económicos a través de las actividades delictivas. El problema no radica en la asociación de los adolescentes en sí, sino en la forma en que al interior del grupo se dan procesos de aprendizaje de hábitos y actitudes delictivas que se perciben de manera favorable y se refuerzan a través de la imitación (Pueyo & Redondo, 2007). A pesar de que los adolescentes expresaron ser conscientes de las consecuencias de los actos de los parches y las pandillas, así como de la influencia negativa del grupo sobre sus dinámicas de consumo y la comisión de delitos, ingresan y permanecen en ellos por el inconformismo frente a la discriminación que sienten por parte de la sociedad y su núcleo familiar. Por otra parte, se forman imaginarios erróneos del parche o pandilla percibida como familia, pues genera en ellos sentimientos de bienestar y de “inmunidad”, lo que asegura su permanencia y la asimilación de las creencias y prácticas que el grupo ejecuta frecuentemente.
Lo malo de un parche puede llevar al vicio, a las drogas, a los robos y eso, y lo bueno creería yo, es la confianza que no le brindan los papás o la familia a uno, ese parche de amigos de pronto sí se lo brindan (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Yo no quería estar con la cucha, empecé a parchar y ahí qué fúmese uno, qué tómese el otro y el viaje. Sino había comido me daban comida, se preocupaban por mí, si yo no iba les hacía falta, era importante para ellos. El parche es mi familia (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Estigmatización
Una dimensión explicativa de significancia alta fue la estigmatización, asociada en el caso de los adolescentes a su apariencia física y al sector socioeconómico al que pertenecen, lo cual desencadena la discriminación. Generalmente, las percepciones sociales sobre la peligrosidad tienen edad, apariencia, comportamientos y clase social definidos (Chouhy et al., 2009), lo que restringe las posibilidades de integración social y laboral de los adolescentes con características específicas y los conduce a un círculo de exclusión. “A mí de nada me sirve hacer cursos, yo tengo un montón de certificados y para qué, cuando digo que vivo en La Joya me cierran las puertas porque creen que los voy es a robar” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016). (Figura 9).
Fuente: elaboración propia.
Figura 9 Taller de Pepito(a). Representaciones de los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el área metropolitana de Bucaramanga.
En este sentido, los representantes del SRPA realizan prácticas de prevención y resocialización orientadas a promover la reflexión en los adolescentes sobre la importancia del “bien vestir” y “la buena imagen”, esto en parte obedece a prejuicios sobre estereotipos que atentan contra la libertad de expresión y autodeterminación propia de los sistemas democráticos. No obstante, los esfuerzos de prevención deben centrarse no en modificar la apariencia física de los adolescentes, sino en transformar las representaciones sociales que existen frente a su imagen criminalizante y peligrosa (De los Santos, 2012). “Nosotros les enseñamos a que se vistan bien para que consigan oportunidades laborales. También los asesoramos sobre el corte de cabello y sobre la importancia de la apariencia personal” (Terapeuta Casa de Menores, comunicación personal, 11 de abril de 2016).
Para los adolescentes también existe un estereotipo sobre la forma de vestir de quienes ingresan al SRPA, el cual es mucho más marcado en los hombres. En el Taller de Pepito(a) se evidenció que los participantes vistieron casi siempre a las figuras con las mismas prendas y, en los casos excepcionales, se argumentó que no se estaba representando al adolescente infractor de la ley penal, sino a la imagen del adolescente en el que querían convertirse.
Influencia de medios de comunicación
Otra dimensión explicativa referenciada de significancia media se relaciona con el rol protagónico de los medios de comunicación que, al ser transmisores de contenidos violentos, refuerzan a través de series y telenovelas el imaginario de que es posible transformar las condiciones de precariedad económica mediante la infracción a la ley y que acceder a una vida divertida compagina con el consumo de drogas, alcohol y sexo. Esta normalización del delito y las adicciones, que prima en los contenidos consumidos por los adolescentes, influye en sus acciones y experiencias y refuerza el mal uso del lenguaje.
Además, los medios de comunicación incitan a los adolescentes al consumo económico a través de la promoción de tendencias, modas, avances tecnológicos, medios de transporte y viviendas, lo que genera un deseo de satisfacer sus crecientes necesidades de consumo mediante la adquisición de bienes, recurriendo a métodos que los vinculan con actos delictivos, dadas las limitaciones económicas de sus núcleos familiares y las barreras de acceso al mercado laboral. “Que vamos atracamos a tal, mire ese man, esa gorra tiene que ser mía, que ese buzo tiene que ser mío, que pille que está bien montado con los zapatos de marca” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Esta particularidad representa un esfuerzo gubernamental que trasciende a la esfera pública de orden territorial e incluso nacional, en un contexto de globalización y elevado intercambio de contenidos violentos en redes sociales que estimula gradualmente la aceptación y la inmunidad frente a la violencia, al tiempo que la instituye como una opción para superar la vulnerabilidad y las carencias de sectores tradicionalmente excluidos (Anderson et al., 2003).
Económica
La variable económica también resultó de significancia alta, debido a que la mayoría de los adolescentes crecieron en un contexto caracterizado por la pobreza y la desigualdad, así como por las necesidades laborales desde temprana edad. Por su parte, la marginalidad, aunque fue referenciada, fue valorada como de significancia baja.
Pobreza y desigualdad
La mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley en el AMB viven en barrios de estratos socioeconómicos bajos o asentamientos humanos irregulares, en los que priman las carencias eco0, nómicas y la pobreza monetaria y multidimensional. “Casi todos los adolescentes que llegan al SRPA provienen de núcleos familiares pobres, de estratos 1 y 2. Los de estrato 4 y 5 que llegan son poquísimos y no demoran mucho en el Sistema” (Directora Sede La Joya de la FHC, comunicación personal, 20 de febrero de 2016). “No había para comer, yo vivía con los zapatos rotos, la ropa no me quedaba buena, había que salir al rebusque para que mis hermanitos se comieran un pan” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Los adolescentes viven en núcleos familiares con necesidades básicas insatisfechas, dada la dificultad de sus integrantes para generar ingresos y acceder al mercado laboral formal, producto de sus bajos niveles educativos y los procesos de exclusión propios del círculo vicioso de la pobreza.
La adolescencia es una edad en la que se complejiza aceptar las limitaciones económicas y las presiones de la sociedad de consumo se intensifican al asociarse con oportunidades de aceptación, inclusión y estatus. Durante el proceso de maduración física y emocional, predominan imaginarios que relacionan el acceso a bienes y servicios con la realización personal y, por tanto, se incrementa el riesgo de asociarse con actividades delictivas para generar ingresos de manera rápida, puesto que su capacidad de compra representa para ellos una oportunidad de aceptación y aumento de autoestima. “Si uno no tiene ni pa un helado, no es nadie, un simple arrastrado con el que nadie quiere andar” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016). “En su desespero por tener, optan por delinquir, traficar o robar” (funcionaria FHC, comunicación personal, 7 de diciembre de 2015).
Necesidades laborales
La presión por generar ingresos y acceder a bienes y servicios se conecta con las necesidades tempranas que adquieren los adolescentes al interior de sus núcleos familiares, ya que en algunos casos ante la ausencia de los progenitores son responsables de los hermanos menores, o dado el proceso de envejecimiento de los abuelos que estaban a cargo de su cuidado, se ven en la obligación de trabajar para satisfacer necesidades básicas. Así mismo, se evidenció que un grupo importante de adolescentes procrea y adquiere la responsabilidad del sustento económico de la pareja sentimental y de los hijos, asumiendo nuevos roles en los que la generación de ingresos es una necesidad imperante y cuyas opciones legales se ven restringidas por su limitación en términos del nivel educativo, antecedentes laborales y estigmatización frente a su apariencia y lugar de residencia.
Los relatos de los adolescentes permitieron identificar tres fases en sus intentos de solucionar las carencias económicas. En primer lugar, buscaron un trabajo formal, pero debido a la edad, falta de experiencia, capacitación y estigmatización, no logran acceder a ellos. Como segunda opción, se vincularon al trabajo informal, a través de las ventas ambulantes, pero al chocarse con la dificultad por invadir espacios públicos y el desánimo por los bajos ingresos percibidos, optaron por la ilegalidad para percibir mayores ingresos en menor tiempo. (Figura 10).
Fuente: elaboración propia.
Figura 10 Cartas escritas por adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el área metropolitana de Bucaramanga, 2016
Es más factible quitarle a otro que salir a trabajar, porque pues si yo no robaba no comía, porque si en mi casa había pal desayuno no había pal almuerzo, si había pal almuerzo no había pa la comida, yo andaba con zapatos rotos (…) tampoco me iban a dar trabajo porque tenía 13, 14, 15 años (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
“Yo vendía películas y memorias en la calle, pero la policía era un azare a toda hora corriéndolo a uno, entonces así que uno piensa, si no lo dejan trabajar, entonces vamos a robar” (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Vendía chicles y dulces, para arriba y para abajo. También vendí inciensos, bolsas, de todo, cualquier cosa, y llegaba a la casa con 20 lucas y todos con hambre, sin gas, que una cosa y la otra. ¡Nooooo!, me puse a traquetear moñitos (Adolescente del SRPA, comunicación personal, 22 de abril de 2016).
Marginalidad
Con respecto a la dimensión explicativa marginalidad se identificó una significancia baja, puesto que, si bien la mayoría de los adolescentes viven en estratos socioeconómicos bajos, en condiciones de pobreza, no todos ellos se encuentran en asentamientos irregulares, ni crecen en viviendas improvisadas. Las visitas de observación a los barrios con mayor georreferenciación del delito permitieron constatar que en un alto porcentaje está garantizado el acceso a servicios públicos como electricidad, acueducto y alcantarillado, aunque el gas domiciliario y los servicios de Internet siguen siendo de acceso altamente restringido.
Así mismo, se evidenció en las cartas que los adolescentes dirigieron a las autoridades, el deseo de tener una vivienda propia y acceder al sector educativo, del cual se consideran marginados por la dificultad de acceder a las instituciones de educación superior públicas y la imposibilidad de costear la educación privada. De igual manera, se evidencia en sus requerimientos las barreras de inclusión al mercado laboral.
Educativas
La variable educativa también resultó altamente significativa, debido a que la mayoría de los adolescentes ha experimentado procesos de deserción escolar y problemas conductuales y cognitivos. Por su parte, la influencia de la violencia escolar, aunque fue referenciada, fue valorada como de significancia media.
Deserción escolar
La deserción escolar es una dimensión de alta significancia, puesto que fue una característica constante en los adolescentes infractores de la ley penal en el AMB, quienes abandonaron el sistema educativo a temprana edad, por decisión propia o influenciados por factores del entorno familiar, económico, social y escolar.
Las principales razones que explican su deserción fueron la necesidad económica de sus núcleos familiares que los obligó a dejar de estudiar y generar ingresos para la subsistencia de los hogares; la frustración frente al hecho de que la escuela no les ofreció una respuesta a sus necesidades, intereses y aspiraciones y los problemas de rendimiento y conflictos escolares.
En general, la experiencia de los adolescentes en el sistema educativo no es percibida como buena, tampoco las metodologías empleadas por los profesores, ni la dinámica escolar, debido a la poca vinculación de los contenidos programáticos con aplicativos en la cotidianidad. Sin embargo, en su imaginario prevalece la idea de que culminar el proceso formativo es fundamental para establecer un proyecto de vida, fortalecer el sistema de valores, aprender buenos modales y ampliar sus posibilidades futuras, pese a que estudiar no es su principal interés en el corto plazo, sino aprender algún oficio para trabajar y tener ingresos de forma independiente.
Las proyecciones de esta población sobre buenas experiencias en el colegio se asocian principalmente con aquellos profesores que definen como comprensivos, cercanos, respetuosos, amables, empáticos, de buen carácter, con autoridad, pero cariñosos, consejeros, motivadores, capaces de destacar su valor como seres humanos. No obstante, sus relatos revelaron, aunque en menor proporción, que la relación con sus profesores se veía afectada por el mal comportamiento, expresiones verbales irrespetuosas o conductas violentas detonantes de la expulsión del colegio o el retiro voluntario.
Violencia escolar
Esta dimensión explicativa resultó de significancia media, ya que algunos adolescentes testificaban sobre la existencia de un contexto violento en la escuela que se presentaba en doble vía, es decir, entre pares de estudiantes y entre los estudiantes y los profesores. En este sentido, los conflictos con los docentes se presentaban por el mal comportamiento y el irrespeto de los estudiantes, pero también es importante destacar que estos adolescentes relataron hechos en los que eran víctimas de burlas y mal trato por parte de los docentes, quienes los ridiculizaban frente a sus compañeros, los rotulaban de manera negativa y eran incapaces de reconocer sus fortalezas y capacidades.
Igualmente, las relaciones con sus compañeros eran complejas, se caracterizaban por dificultades comunicativas, uso de lenguaje ofensivo, poca tolerancia ante situaciones de estrés y violencia física. Problemas conductuales desencadenaban hurtos dentro del aula, malos tratos o matoneo hacia compañeros, que usaban la desacreditación familiar como centro de ataque, ante lo cual era imposible para ellos responder pacíficamente.
Problemas conductuales y cognitivos
Esta dimensión explicativa presentó significancia alta, en la medida en que los adolescentes presentaron problemas conductuales y conflictos de diversa índole y escala, que no gozaron de mediaciones eficientes en el colegio. Su actitud defensiva y violenta estuvo relacionada con profundas crisis familiares, afectaciones emocionales fuertes, influencia de malas compañías y consumo de sustancias psicoactivas.
Las tensiones se intensificaban dado el incumplimiento de los deberes escolares, el desconocimiento de figuras de autoridad, la indisciplina, la desobediencia y el bajo rendimiento escolar.
Los diversos instrumentos aplicados demostraron que las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de los adolescentes son generalmente bajas, al igual que su motivación académica. Esto representa un profundo reto en materia de resocialización y prevención, pues pese al esfuerzo para incrementar el nivel de escolaridad de los adolescentes en el SRPA, persisten los déficits cognitivos y comunicativos, lo que desde luego limita sus posibilidades de vinculación al mercado laboral en un contexto de intensa competencia. (Tabla 4).
Discusión
La vinculación de los adolescentes con el delito en el departamento de Santander, Colombia, presenta unas particularidades relacionadas con la alta concentración de ingresos al SRPA (94 %), de adolescentes residentes en los cuatro municipios que integran en el AMB, siendo el más afectado Bucaramanga, seguido de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Sin embargo, entre 2010 y 2017 se evidencia una tendencia decreciente del flagelo, en la medida en que el indicador se redujo en un 35,8 %, siendo el año de inflexión el 2015.
Las estrategias de prevención que permitan mantener la tendencia decreciente del fenómeno requieren planeación diferencial e intervención focalizada, puesto que hay un porcentaje significativo de adolescentes que registran ingresos y residen en determinados barrios, generalmente de la periferia urbana, en los que vale la pena desarrollar y fortalecer los programas de prevención con enfoque comunitario. Por su parte, los barrios de mayor georreferenciación del delito se asocian a zonas céntricas de alta movilidad humana y comercial, en los cuales las apuesta de prevención pueden enfocarse en los aspectos situacionales o ambientales del delito Los tres delitos de mayor ingreso al SRPA en el AMB fueron el hurto, el porte de armas de fuego y el porte de estupefacientes, que representaron más del 50 % de los ingresos en cada uno de los municipios objeto de observación. Esta situación invita a centrar la mirada en el contexto barrial y refuerza la necesidad de promover la prevención comunitaria, pues dicho contexto se instituye como facilitador para el acceso a este material ilegal y a la instrumentalización de los adolescentes por parte de las redes de microtráfico de armas y drogas.
Prevenir el ingreso y reingreso de los adolescentes al Sistema es una necesidad imperante para dinamitar, en parte, las bases de la delincuencia y la criminalidad en el AMB, pues la investigación probó que a medida que se falló en la prevención de la reincidencia, los adolescentes se vincularon con delitos cada vez de mayor magnitud y complejidad.
Relevancia importante demanda la inclusión del enfoque de género en el diseño de cualquier estrategia de prevención, pues pese al predominio de la participación de hombres en el SRPA, la vinculación de las mujeres con el delito ha presentado una tendencia creciente de nueve puntos porcentuales entre 2010 y 2017. Esta situación resulta retadora en la medida en que la capacidad institucional para gestionar la privación de la libertad de adolescentes y prevenir su reincidencia en el delito en el AMB presenta oportunidades bastante disímiles para hombres y mujeres, desde el momento en que se establece el internamiento preventivo.
Las dimensiones explicativas dan cuenta de que la vinculación de los adolescentes con el delito en el AMB es un fenómeno complejo y multicausal, en cuya génesis participan múltiples variables y dimensiones, analizadas como factores de riesgo, es decir, situaciones internas y externas que aumentan las posibilidades de que una situación común termine desencadenando una conducta negativa en el adolescente. Rodríguez (1981) refiere que lo interno se concibe como aspectos que influyen en la construcción de la personalidad, particularidades en el proceso de crecimiento y estados de insatisfacción y frustración que impulsan a delinquir; por el contrario, los aspectos externos son de carácter comunitario como el medioambiente, la influencia social y el contexto económico, demográfico y cultural.
Dentro de los factores internos de alta significancia se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas; la disfuncionalidad familiar, la violencia intrafamiliar, las necesidades afectivas, las necesidades laborales, la deserción escolar y los problemas conductuales y cognitivos, que llevan a los adolescentes a incurrir en conductas delictivas generalmente en asociación con pares negativos. Por su parte, dentro de los factores externos de alta significancia se destacan la pobreza, la desigualdad, la violencia, la criminalidad y la estigmatización y, en menor medida, la influencia de los medios de comunicación, la marginalidad y la violencia escolar.
En este sentido, resulta muy pertinente definir ejes de acción pública orientados a implementar acciones preventivas desde la esfera pública para atender los factores de riesgos tanto internos como externos que inciden en la vinculación de los adolescentes con el delito en el AMB, en la medida en que este flagelo representa una amenaza potencial para el desarrollo de las sociedades, dada la probabilidad de que las conductas delictivas se extiendan a edades posteriores y sean cada vez de mayor impacto (Kohlberg et al., 1984; Gendreau et al., 1996; Moffitt, 1993; Rutter et al., 2000).
Plantear intervenciones en materia preventiva requiere un proceso de apropiación social del conocimiento, donde se involucren a los diversos actores en el diseño, elaboración, validación, implementación y evaluación de las intervenciones, y en el que los adolescentes, las familias, los vecinos y las instituciones desempeñen roles activos, que les permitan apropiarse de los conceptos y las herramientas y construir alternativas de desarrollo, reconociendo que factores externos estructurales persistirán y requerirán apuestas políticas de mediano y largo plazo, al estar asociados a macro problemas de orden social, económico y cultural.
No obstante, la prevención puede sustentarse en intervenciones más específicas que incidan en los factores internos y que pueden contrarrestar el impacto de los factores externos, sobre los cuales también se puede intervenir. De allí que se propongan los siguientes ejes estratégicos como lineamientos de política pública:
Eje 1. Control de adicciones. Debe orientarse a la intervención selectiva basada en la identificación de adolescentes de los barrios neurálgicos en los que confluyan diversas dimensiones de riesgo. No debe intervenirse al adolescente de manera aislada, sino vincular al grupo familiar y sus pares más cercanos, al parche o pandilla. La estrategia pedagógica debe desmitificar las concepciones erróneas sobre el consumo de sustancias y visibilizar las consecuencias de este tipo de prácticas, así como los costos de oportunidad que de ello se derivan. La estrategia debe contemplar apoyo para procesos de desintoxicación, enlace con programas nacionales y regionales de narcóticos anónimos y enfoque diferencial para los diversos niveles de consumo. Así mismo, se deben definir programas para el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de las habilidades artísticas, culturales y deportivas, favorables para la intervención con parches y pandillas para el cambio de estigmas y la promoción de la resocialización.
Eje 2. Reconfiguración familiar. Como segundo eje estratégico se encuentra el ámbito familiar, uno de los espacios más importantes para la vida del adolescente en el que interactúa, crece y se desarrolla, por lo cual debe promoverse el fortalecimiento de vínculos familiares a través del diseño de un plan de acción que, por medio de encuentros lúdico-pedagógicos fortalezca la comunicación, la cohesión, la negociación y la confianza entre los integrantes del núcleo familiar. También se hace necesaria la promoción de actividades y programas recreativos que integren y posibiliten las expresiones de afecto, contribuyan a la definición de los roles y responsabilidades negociadas en las que se destaque la cohesión y el trabajo en equipo. Finalmente, se enfatiza en la importancia de promover campañas participativas en temas relacionados con la prevención y reducción de la violencia intrafamiliar y activación de rutas institucionales de atención.
Eje 3. Reconfiguración social. Este eje enfatiza en la importancia de trabajar con los círculos próximos de los adolescentes, para ello es fundamental rescatar el espíritu asociativo y reconfigurar los escenarios de interacción de los adolescentes en el marco de los parches y las pandillas, exaltando los valores positivos que existen al interior de ellos y reorientando sus acciones hacia el deporte, la cultura y el emprendimiento. Esta intervención colectiva requiere promover la reflexión crítica sobre los modelos asociados a la criminalidad como una opción para superar la vulnerabilidad y las carencias de sectores tradicionalmente excluidos. Así mismo, es menester realizar campañas en contra de la aporofobia que contribuyan a transformar los estereotipos que desembocan en discriminación afectando la integración social y laboral de los adolescentes con características específicas. Estas campañas deben enfocarse en sensibilizar a la comunidad del AMB, sobre la realidad de los adolescentes, permitiéndoles comprender la complejidad del fenómeno y desmontar estereotipos.
Eje 4. Oportunidades laborales. Este eje enfrenta las mayores dificultades de intervención, dado que las condiciones de pobreza, desigualdad y marginalidad son estructurales y la demanda de generación de ingresos por parte de los adolescentes se enfrenta al reto de las restricciones de vinculación laboral por concepto de edad y nivel educativo. Sin embargo, es necesario definir acciones para la vinculación de los adolescentes a las cadenas productivas, capacitarlos y certificarlos en oficios que tengan opciones en el mercado laboral y sumarlos a los programas de emprendimiento, para que amplíen sus posibilidades de acceder a una fuente de ingresos y satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.
Eje 5. Apuesta educativa. En el ámbito educativo es importante promover la participación de los adolescentes en la innovación de las prácticas pedagógicas, especialmente en los colegios públicos ubicados en los sectores de mayor georreferenciación del delito; definir estímulos para la permanencia escolar; diseñar programas de acompañamiento para evitar la deserción por razones de desempeño; estimular el retorno al sistema educativo; fortalecer los comités de convivencia para que intervengan en la prevención y resolución pacífica de conflictos; definir perfiles y garantizar la designación para estas instituciones educativas de docentes cuyas características personales sean favorables a la empatía, la afectividad y la sensibilidad. Por último, es importante destacar que en este eje se requiere una apuesta para incrementar los niveles de escolaridad y sobre todo, apoyar la continuidad de formación técnica y profesional para aquellos adolescentes que iniciaron carreras universitarias en el marco del SRPA, pero que al momento del egreso ven frustradas sus expectativas al no contar con apoyo institucional, ni condiciones económicas para culminar su formación.
