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Introducción
El conflicto colombiano ha sido una lucha fratricida que ha afectado al país sudamericano durante más de 50 años. El registro único de víctimas del conflicto (RUV, 2022) tiene constancia de 9.278.531 de víctimas, que han sufrido durante décadas distintas formas de vulneración de sus derechos: desplazamiento forzado, homicidio, amenazas, desaparición forzada, actos terroristas, atentados, combates, secuestros y delitos contra la libertad y la integridad sexual.
Son numerosos los actores armados del conflicto. Sin embargo, en 2012, dos de los más relevantes iniciaron conversaciones para buscar una salida negociada a tantos años de violencia. Estas conversaciones supusieron un proceso de diálogo de cuatro años, entre miembros del Gobierno colombiano y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). Este proceso recibió el apoyo de los Estados de Noruega y Cuba.
En septiembre de 2016, los delegados del Gobierno y del grupo guerrillero firmaron en La Habana el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; también, tres meses antes, el cese al fuego unilateral por parte de las Farc-EP. Durante los cuatro años de diálogos de paz, la sociedad colombiana estuvo dividida entre quienes respaldaban la salida negociada al conflicto y quienes propugnaban una victoria militar del Estado colombiano.
Tal división quedó reflejada claramente en un plebiscito no vinculante, que convocó Juan Manuel Santos, presidente de la República (2010-2018), para buscar la legitimidad social de los acuerdos. El resultado de la consulta ciudadana, celebrada en octubre de 2016, arrojó la victoria del no, con un total de 6.431.376 votos (50,21 %) del total, mientras que el sí obtuvo 6.377.482 votos (48.781 %). Aunque los acuerdos fueron respaldados por el Congreso, la legitimidad de los acuerdos y de su implementación quedó debilitada y constantemente cuestionada por una parte de la población y de los partidos políticos que la representan.
No son pocos los obstáculos a los que la implementación de los Acuerdos ha enfrentado entre 2016 y 2020. La victoria de la negativa en el plebiscito, el triunfo electoral del candidato presidencial que prometía cambiar los acuerdos, el retorno a las armas de algunos dirigentes y facciones de las FARC y el sistemático asesinato de líderes sociales y excombatientes durante estos años.
Con el plebiscito, las elecciones presidenciales y las posibilidades de construir una paz estable y duradera, se observa el papel fundamental que juegan las percepciones, actitudes y opiniones de los colombianos sobre el conflicto, los diálogos de paz y la implementación del Acuerdo Final.
Con ello en mente, el objetivo de la investigación es analizar y comparar dos encuestas de opinión para identificar las claves de la polarización social e ideológica de la ciudadanía, así como de las predisposiciones y actitudes sobre la justicia especial para la paz.
El contexto colombiano y los acuerdos de la Jurisdicción Especial para la Paz
El conflicto armado es una expresión de la poca fortaleza del Estado y la escasa consolidación del régimen democrático (Archila, 2002; Palacios-Rozo, 1999). La confrontación armada que ha padecido Colombia durante la segunda mitad del siglo XX es una de las expresiones de un conflicto social y político estructural que atraviesa todo el territorio colombiano (Gómez-Quintero, 2008) y, al tiempo, es un síntoma de la carencia de una institucionalidad democrática (Palacios-Rozo, 1999).
De este modo, la cronificación temporal y social de la conflictividad nos lleva a la noción de conflicto intratable. Es decir, una situación caracterizada por ciclos de violencia sucesivos mantenidos en el tiempo y por objetivos contrapuestos concebidos como esenciales y opuestos, que acaparan la atención colectiva y la agenda pública (Barrera & Villa, 2018).
Esta prolongación temporal, la polarización social y el esencialismo de los objetos de la disputa, han producido una sensación por parte de la población que ha oscilado entre la costumbre adaptativa, la evasión mental y el cansancio informativo.
Después de acumular una enorme experiencia, fruto de varios intentos fallidos por alcanzar la paz (de la Calle, 2019), en 2012, el Gobierno colombiano inició un proceso de diálogo con las Farc-EP, en La Habana, que derivó en un acuerdo de paz, firmado en 2016. Los seis puntos temáticos discutidos en 2012- 2016 fueron: desarrollo rural, participación política de las Farc-EP, solución al problema de los cultivos de uso ilícito, atención a las víctimas, fin del conflicto, implementación y verificación. Estos puntos estaban recogidos en el Acuerdo Final. En esta investigación interesan destacar dos puntos: la participación política de las Farc-EP y la atención a las víctimas.
El primer punto planteaba una ampliación democrática que abriera el escenario político, para enriquecer la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y fortaleciera la representación de diversas visiones de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política (Mesa de conversaciones, 2017).
En segundo lugar, el punto sobre atención a las víctimas implicaba la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que constituía la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos; con mecanismo extrajudiciales complementarios de esclarecimiento de la verdad, búsqueda de desaparecidos y reparación del daño (Mesa de conversaciones, 2017).
El sistema integral que sustenta la JEP concibe una justicia especializada y enfocada en un modelo transicional, que supone un paso de la guerra a la paz por medio de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Medina-García, 2018).
La JEP está amparada en el artículo constitucional 22, que define la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El modelo de justicia restaurativa en el que se basa la JEP incorpora a la víctima y a la comunidad en el sistema de justicia; e implica la asunción de la responsabilidad del delito y la reparación del daño (Bernuz & García, 2015).
Asimismo, la justicia restaurativa destaca el papel del perdón y la reconciliación, a los que se considera la posibilidad de reparar las relaciones personales entre los implicados directamente en la violencia (Bernuz & García, 2015).
Con la búsqueda plena de garantías de no repetición y el reconociendo de los derechos plenos de las víctimas del conflicto armado, la JEP fija sus límites de amnistía e indulto, por lo que excluye los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra; la privación de la libertad, el abuso sexual o el reclutamiento de menores (Mesa de conversaciones, 2017).
Opinión pública y actitudes ante la justicia
La opinión pública es la estandarización de las posiciones ideológicas de la ciudadanía sobre asuntos de interés para el Estado (Bourdieu, 1984). Suele hablarse de las encuestas de opinión como termómetro social. Aunque la artificialidad del termómetro reside en la necesidad de tener una opinión y expresarla sobre una inmensa gama de asuntos públicos (Zaller, 2014).
La formación de la opinión es un proceso polietápico que une información y predisposición (Zaller, 2014). La información es un conjunto organizado de datos procesados sobre los acontecimientos. Tales datos son dinámicos y variables. En cambio, las predisposiciones son un espectro variado de intereses, valores (principios organizadores de un campo; estándares generales y perdurables), creencias, condicionadas, por lo general, por las posiciones sociales de los sujetos.
En el caso colombiano, algunos investigadores han hecho referencia a las barreras psicosociales para la paz (Barrera & Villa, 2018; Villa & Arroyave, 2018). Estas se ubican en el conjunto de las predisposiciones. En las predisposiciones, las narrativas del pasado, las creencias sociales y las emociones políticas tienen un papel significativo (Barrera & Villa, 2018; Villa & Arroyave, 2018).
Sin embargo, tocamos un asunto muy concreto, relativo a las predisposiciones psicosociales sobre la justicia, la paz y el perdón. Por ello, conviene detenerse en identificar algunas actitudes y representaciones sociales sobre la justicia (Frost, 2010; Cohen, 2015; Varona-Gómez, 2013; Aizpurúa-González, 2015).
En prácticamente todo el mundo, incluyendo a Colombia, desde finales del siglo XX y principios del XXI, se vive un creciente protagonismo del sistema penal dentro de los sistemas políticos, acompañado de una expansión y endurecimiento (Garland, 2001; Hassemer, 1992; Simon & Ebrary, 2006), fruto de factores diversos y muy estudiados, como respuesta populista de los Estados a las demandas punitivas (Bottoms, 1995), la necesidad de los estados de reafirmar su legitimidad en un contexto de decaimiento de las políticas de bienestar (Wacquant, 2010), o bien la pérdida de confianza en otros medios de control social (Brandariz-García, 2016), etc.
Este fenómeno ha sido denominado populismo punitivo, por la relación que establece en su seno entre un aparentemente siempre creciente punitivismo entre la población y un actitud legislativa tendente a la sobre criminalización (Silva-Sánchez, 2001; Husak, 2007; Castro & Miró, 2018), pudiendo esta entenderse como una respuesta a las demandas punitivas de los ciudadanos, o como resultado de una estrategia política de creación de inseguridad entre la población, que justifique respuestas punitivas duras de las que beneficiarse en términos electorales (Wood, 2014; Matthews, 2005).
Si bien la justicia y el derecho penal colombiano han seguido un proceso con ciertas particularidades (Meza-García, 2019), lo que lleva a algunos autores a discutir la aplicabilidad del término populismo punitivo en el país latinoamericano (Tamayo, 2016), no puede afirmarse que la población ni la justicia colombianas hayan sido ajenas a la deriva expansionista de la prisión y creciente protagonismo del castigo como vehículo de intervención social (Londoño & Restrepo, 2011; Trujillo-Cabrera, 2018).
En este contexto, se han sucedido los estudios de carácter empírico sobre la relación entre opinión pública, castigo y sistemas de justicia (Allen, 2002; Roberts et al., 2003; Maruna & King, 2004; Roberts & Hough, 2005; Green, 2006; Haines, 2007). A través de estos estudios, ha podido observarse la gran complejidad y las múltiples aristas que tienen las actitudes punitivas de la población (Gómez-Bellvís & Falces, 2019). Así, la evidencia parece sugerir que, aunque efectivamente los mitos sobre la laxitud y benevolencia del sistema penal -penas excesivamente bajas, falta de cumplimiento de las penas de prisión por parte de los condenados, etc.- están muy extendidos (Aizpurúa-González & Fernández, 2016; Gómez- Bellvís & Falces, 2019), cuando se da a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre casos hipotéticos, sus decisiones son muy similares a las de los jueces o son más benevolentes (Gelb, 2008).
Asimismo, también ha podido encontrarse que el reproche moral que la acción que se va a juzgar merece para el sujeto es el principal elemento a la hora de determinar el castigo que se considera que debe asignarse a la acción juzgada. De modo que los sujetos tienden a asignar a la pena fundamentalmente una función retributiva, basada en el merecimiento (Carlsmith et al., 2002; Carlsmith, 2006). No obstante, este reproche moral tiene una alta complejidad, y es muy sensible a determinadas variables, tanto personales -adscripción ideológica, edad, género- como relativas al contexto (Gómez-Bellvís & Falces, 2019). De hecho, el grado de información disponible tiene un efecto importante sobre la forma en la que se enjuicia la conducta ajena.
Ha podido comprobarse experimentalmente que tanto la información que se ofrece como la forma en la que se ofrece -mediante el uso de determinadas palabras, por ejemplo- modifican en un alto grado forma en la que estos realizan sus juicios (Petrinovich & O’Neill, 1996; Imhoff, 2015). La importancia del framing no puede entenderse limitada a la forma de enjuiciar la conducta, sino que también tendrá influencia en la asignación del castigo percibido como justo por parte del sujeto.
Esta relación entre información disponible y actitudes punitivas evidencia la relación entre medios de comunicación -que cumplen el papel de proveedores de información para la ciudadanía- y actitudes hacia la justicia. En consecuencia, la opinión pública, entendida como una “red para la comunicación de contenidos y tomas de postura” (Habermas, 1998, p. 440), sobre la justicia va a ser muy sensible al framing mediático; así también va a verse especialmente influenciada por la existencia de estados emocionales de indignación (Varona-Gómez, 2011), tales como los que puede buscar provocar una campaña política.
Estos estados emocionales de indignación tienden a construirse en torno a “enemigos públicos”, que encarnan las angustias sociales (Garland, 2008) y concentran el rechazo moral por parte de la sociedad. Dicho rechazo moral no se traduce, exclusivamente, en actitudes favorables a mayor punitividad, sino que se relacionan también con actitudes favorables al ostracismo, es decir, al rechazo a la integración y participación de estos individuos en la sociedad (Aizpurúa-González, 2015).
En Colombia, los medios de comunicación han tenido una incidencia muy significativa en la formación de las opiniones sobre la justicia y la paz. Los trabajos de Cárdenas-Ruiz (2013, 2015), Charry-Joya (2018), Charry-Joya et al. (2019) y del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes (2017) han estudiado el papel de los medios de comunicación durante y después de los diálogos de paz de la Habana.
Cárdenas-Ruiz (2015) destacó la falta de contextualización de las informaciones sobre los diálogos de paz, el escaso contraste e, incluso, la nula pedagogía a través de la comparación e ilustración con procesos de paz similares en otros países. Este marco ha llevado a que la ciudadanía no comprenda cabalmente la dificultad de un proceso de esta naturaleza, en términos de la duración, los obstáculos permanentes y los desencuentros de toda negociación.
Así también, observó una clara batalla entre los medios (y de los actores políticos a través de ellos) por posicionar sus encuadres acerca del origen, evolución y solución del conflicto. Destacó que la prolongación de los diálogos (2012-2016) y la falta de noticias positivas sobre los avances en los acuerdos alcanzados incrementaban progresivamente el clima de desconfianza y pesimismo. Por último, señala que la oposición al proceso, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, fue creciendo, mientras que el liderazgo de los defensores, concretamente del entonces presidente Juan Manuel Santos, fue decayendo (Cárdenas-Ruiz, 2015).
Por su parte, el trabajo de Charry-Joya (2018) analizó el encuadre informativo sobre los Acuerdos de Paz de los principales medios de comunicación de Colombia. Concluyó que el encuadre mayoritario utilizado para referirse a los acuerdos fue el neutral (56 %), seguido por el negativo (28 %) y finalizando por el positivo (16 %). Asimismo, identificó que las coyunturas y los sucesos sobre el proceso tuvieron más presencia en la agenda mediática que los puntos del acuerdo que se discutían en La Habana. No obstante, la cronología de los encuadres neutrales estuvo más presente en la primera parte del proceso (2013-2014), mientras que los enfoques negativos fueron incrementándose al final (2015). Los dos medios con más audiencia de Colombia exhibieron una tendencia pesimista frente al proceso.
En 2020, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes analizó la carga sentimental de los contenidos informativos de 228 medios colombianos en 2017-2019. Se asignaron valores entre -1.0 (sentimiento negativo) y 1.0 (positivo). Concluyó que la cobertura de la televisión y la radio fue negativa (Uniandes)2 a diferencia de los medios digitales que fueron las más neutrales. Respecto a la palabra reconciliación, observó que en 2017 y 2018 prevaleció una carga sentimental positiva de 0.21 y en 2019 fue de 0.17.
Algunos analistas (Gaviria-Dugand et al., 2019) señalaron que los puntos del acuerdo que más rechazo habían tenido estaban relacionados con la JEP y la participación política de los excombatientes. A diferencia de los temas relacionados con el desarrollo rural, particularmente, la reforma agraria.
El rechazo a la JEP era, fundamentalmente, el rechazo al indulto de los miembros rasos de las Farc- EP y a penas de cárcel reducidas para comandantes que confesaran delitos. Ello, en la medida en que, cuando se preguntaba por la JEP aplicada a militares de las Fuerzas Armadas de Colombia, la opinión era diferente. En cuanto a la reducción de penas a cambio de la verdad, el 40,7% de los colombianos aprobaba que esta medida se aplicara a miembros de las Fuerzas Militares, mientras el 32,5% estaba de acuerdo con este beneficio para los miembros de las Farc-EP (Gaviria-Dugand et al., 2019).
La mayor parte de las encuestas de opinión, previas al plebiscito por la paz, auguraban una victoria del sí. No obstante, durante la campaña del plebiscito, los partidarios del no se focalizaron y amplificaron los encuadres interpretativos de estos dos puntos del Acuerdo Final. La focalización y amplificación de los puntos con menores apoyos ciudadanos fue muy bien aprovechada por los sectores contrarios al acuerdo. Como reconoció dos días después del plebiscito, Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del no y perteneciente al Centro Democrático, su estrategia había consistido en alentar la inconformidad de los electores, propagando interpretaciones tergiversadas del contenido de lo acordado, pensadas en función de públicos específicos. Estas declaraciones incendiaron una polémica pública que finalizó con la retirada del señor Vélez del partido. La victoria del no había sido conseguida a través de manipulación de los mensajes (Basset, 2018).
La estrategia de comunicación de la campaña del no estaba pensada para persuadir a los votantes de algunos mensajes tales como: “No hay paz con impunidad”, “Las Farc-EP tomarán el poder y llegará el castrochavismo”. Estos mensajes se difundieron en redes sociales y por mensajería instantánea. Había otros mensajes que afirmaban que el Gobierno ofrecería a los guerrilleros un salario mensual de 1.600.000 pesos (400 euros); que los pensionados pagarían impuestos para financiar los costos de la paz; o bien que dentro del Acuerdo Final estaba incluyéndose una “ideología de género”, la cual iría en contra de los valores cristianos de familia (González, 2017).
El acercamiento del entonces presidente Juan Manuel Santos hacia el presidente Hugo Chávez fue fundamental para el inicio de los diálogos. Aunque ello supuso también facilitar a la oposición la explotación mediática del marco interpretativo del castrochavismo, utilizado para exacerbar el nacionalismo y alimentar el temor al comunismo (de la Calle, 2019).
Método
El enfoque de esta investigación surge de la sociología constructivista. El enfoque de la construcción social pone de relieve el papel del lenguaje, la cultura y las interacciones sociales en contextos específicos. En tal sentido, no asumimos los resultados de las encuestas como datos inmutables, objetivos ni omnicomprensivos, sino como indicadores tangibles de un entramado complejo y profundo de predisposiciones psicosociales (valores, creencias, emociones, representaciones sociales, etc.).
La metodología de la investigación se basó en el análisis descriptivo y comparativo de encuestas de opinión, recabadas por organismos externos a los autores. El trabajo de recolección y análisis de las fuentes secundarias incluyó tres etapas. La primera fue la búsqueda de las fuentes de información. Esto supuso la identificación de estudios de opinión sobre el Acuerdo Final y la formulación e implementación de la JEP, durante los años 2012-2020. El primer acercamiento tuvo en cuenta los siguientes criterios:
Autor-organismo que encarga el estudio.
Año: primer periodo (2012-2016) de formulación de la JEP; y el segundo (2017-2020) de implementación.
Características del muestreo estadístico: zona geográfica, edad, tendencia política y género
Tamaño de la muestra: el proceso de identificación tendrá en cuenta solo encuestas con una muestra superior a 500 encuestados.
En la primera etapa se identificaron 14 estudios que cumplían los criterios de selección expuestos (Tabla 1).
Partiendo del primer acercamiento a las fuentes, la segunda etapa fue la definición de las variables de análisis que determinarían la selección de los temas tratados por los estudios de opinión. De esta forma, se evaluaron enseguida las fuentes encontradas (Tabla 2).
La tercera etapa supuso la evaluación de la comparabilidad de las variables de las encuestas. El resultado de la comparabilidad derivó en la selección de tres estudios (N.° 5, 12 y 14, Tabla 1). El análisis de los datos implicó la armonización de los ficheros integrados de microdatos, la depuración de estos para corregir las inconsistencias presentes en los datos y la homologación de las variables seleccionadas que permitieran la comparabilidad. Luego, se agruparon los códigos de respuestas, para poder obtener resultados coherentes. Esta fusión de los datos permitió extraer información estadística conjunta sobre las diferentes fuentes estadísticas que contamos.
Se consideraron dos tipos de variable: sociodemográficas como variables independientes; y variables específicas como dependientes, en las que se indagó por la opinión de los colombianos sobre la JEP, el Acuerdo Final, el perdón y la reintegración. Las técnicas estadísticas que permiten el análisis simultáneo de estas variables, la reducción de los datos y la descomposición en factores del fenómeno social en estudio y su agrupación fue el análisis multivariante. El cuestionario de 2020 no incluyó algunas preguntas de los cuestionarios de 2016 y 2018, por lo que, en algunos casos, se hicieron análisis de los años que permitían la comparabilidad.
Resultados
Las variables demográficas de los encuestados de ambos barómetros son similares en cuanto a género, zona y estrato primario geográfico, mientras que son diferentes en cuanto a la tendencia política (Tabla 3).
Las estimaciones del Banco Mundial de 2019 calculaban, para Colombia, un 19% de población rural. Aun así, algunos análisis, como el de Basset (2018), han criticado la infrarrepresentación de los territorios, que es como se conoce a las zonas rurales distantes de la zona central o andina, y que han sido escenario de gran parte del conflicto armado. En el Barómetro de 2020, las variables sociodemográficas son similares a las mostradas en la Tabla 3, para los años anteriores, en el caso de la zona y la edad. Sin embargo, cambia en el género, puesto que hay un mayor porcentaje de mujeres encuestadas (60,51%), y en la tendencia política, ya que aumenta el porcentaje de los simpatizantes de izquierda y de derecha, 25,8% y 30,12% respectivamente, en detrimento de la tendencia centro, que cae al 44,08%.
Aceptación muy condicionada de la Jurisdicción Especial para la Paz
Las encuestas de 2018 y 2020 no realizaron las mismas preguntas sobre la aceptación de la JEP, por lo que la comparabilidad resulta imposible. En la Figura 1, correspondiente a la encuesta de 2016, se observa que hay una mayor aceptación en todas las preguntas sobre JEP, en comparación con la primera pregunta (colpact1) sobre la propuesta de que los miembros rasos de las Farc-EP (no comandantes) que se desmovilizaran no irían a la cárcel (esta fue la única pregunta de esta agrupación presente en ambos barómetros), en la que se obtuvo gran porcentaje de respuestas muy desfavorables.
También se observa que la pregunta: “Se acordó que los miembros rasos de las Farc-EP (no comandantes) que hayan sido responsables de crímenes atroces y no confiesen sus delitos, paguen más de ocho años de cárcel. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo?” (colpact12a) es la que ha tenido un mayor porcentaje de respuestas favorables, sobre todas las preguntas de este grupo.
La siguiente pregunta con mayor porcentaje de respuestas favorables es la relacionada con la pena de prisión (de cinco a ocho años) para exguerrilleros que confiesen sus delitos (colpact11a). Aun así, hay también un elevado porcentaje de respuestas “muy en desacuerdo” (en torno al 20%). Esta pregunta es la que genera porcentajes más elevados en los grados extremos de acuerdo o desacuerdo, es decir, es la pregunta donde las posturas más polarizadas es más clara.
Porcentajes similares se obtuvieron en la pregunta sobre el trato para militares y policías responsables de crímenes atroces y que confiesen sus delitos, de modo que sean tratados por la justicia de igual manera que los miembros de las Farc-EP que hayan confesado crímenes atroces (colpact13). No obstante, es una de las preguntas de este bloque que expresa tendencias más moderadas entre las posiciones 2 y 6.
De este conjunto de variables, se deducen las siguientes interpretaciones. La primera es que los guerrilleros desmovilizados deben pagar por sus actos, hayan confesado o no. La contundencia de la afirmación se basa en las tres preguntas sobre el cumplimiento de penas. Las respuestas reafirman el desacuerdo con la posibilidad de que no vayan a la cárcel (colpact1) y cuando se pregunta por la posibilidad de que los guerrilleros desmovilizados vayan a la cárcel, confiesen o no sus crímenes (colpac11a y colpac12a). No obstante, cuando se pregunta por la confesión de los crímenes, las aseveraciones más extremas sobre la prisión como castigo se atenúan.
Lo segundo que se deduce es que la valoración de la ciudadanía no se realiza sobre la gravedad de los crímenes, o bien sobre el atenuante de la confesión, sino sobre el actor armado que los comete. Solo un poco más de la mitad de los encuestados acepta que la Policía y los militares que sean responsables de crímenes atroces y confiesen sus delitos sean tratados de igual forma que los guerrilleros desmovilizados (posiciones 5-7).
En el bloque de preguntas que sigue a continuación, profundizaremos en un análisis comparativo de dos encuestas (2016 y 2018), con respecto a la pregunta sobre la exención de la cárcel para miembros rasos de las Farc-EP (no comandantes) que se desmovilicen en el marco de la JEP, según las variables: tendencia política del encuestado, su género y zona de residencia (rural/urbana). La encuesta de 2020 no incluyó esa pregunta.
La mayor parte de los colombianos está en contra de los indultos para los guerrilleros que se acojan al Acuerdos de Paz. El 67.8% de los encuestados en 2016, junto al 70% en 2018, está en contra de esta medida de la JEP, si sumamos las posiciones 1-3 (Figura 2).
Figura 2 Acuerdo/desacuerdo con exención de cárcel para guerrilleros desmovilizados según tendencia política, 2016 y 2018
Con todo, lo más destacado (y esperanzador) de la figura es que entre 2016 y 2018 disminuyó en 10 puntos el número de colombianos de izquierda y de centro que estaba radicalmente en desacuerdo con la exención de la cárcel para exmiembros de la guerrilla desmovilizados. Por el contrario, el número de los encuestados de derecha aumentó, pero de forma menos abultada. En este caso, es bastante visible el cambio actitudinal de los encuestados en un periodo muy breve, aunque también se aprecia la polarización de los votantes de izquierda y de centro, por un lado, y los de derecha, por otro.
En la Figura 3, se observan diferencias significativas en ambos barómetros cuando se establecen comparaciones por género. Es claramente mayor el número de mujeres que están en desacuerdo con que los miembros desmovilizados de las FARC sean eximidos de ir a la cárcel. Entre el 46.5% y el 48% de las mujeres mantuvo su opinión entre 2016 y 2018. Además, si sumamos las posturas 1, 2 y 3 que agrupan el desacuerdo en distintos niveles, casi el 77% de las mujeres frente al 62% de los hombres expresaron su desacuerdo en este instrumento de la JEP en el año 2018. Los hombres cambiaron de opinión más que las mujeres en los dos años del estudio pasando del 38% al 29% quienes expresan su desacuerdo con la posibilidad de no pagar penas privativas de la libertad.
Figura 3 Acuerdo/desacuerdo con exención de cárcel para guerrilleros desmovilizados según género del encuestado, 2016 y 2018
La población que habita en las zonas rurales de Colombia es menos rotunda en rechazar el indulto para los excombatientes rasos desmovilizados. Al menos, eso es lo que refleja la agrupación de las posiciones 1 y 2 de desacuerdo. La población rural se muestra más moderada que la urbana. Aun así, las opiniones de los pobladores se mantuvieron relativamente constantes durante el tiempo estudiado en cuanto al desacuerdo con eximir de la cárcel a los guerrilleros desmovilizados. Las posiciones favorables (5-7) con esta medida de la JEP se redujeron en aproximadamente cinco puntos. Por el contrario, las opiniones urbanas más reticentes (1 y 2) redujeron su rechazo a la medida de la JEP entre 2016 y 2018 (Figura 4).
Figura 4 Acuerdo/desacuerdo con exención de cárcel para guerrilleros desmovilizados según zona rural y urbana, 2016 y 2018
Colombia cuenta con cinco grandes regiones naturales. Además, los barómetros separan a Bogotá como un estrato muestral independiente, por su extensión demográfica y centralidad política. La región de la Costa del Pacífico en 2018 y la región Amazonas/ Orinoco en 2016 fueron las que se mostraron menos contundentes para expresar su desacuerdo con la exención de cárcel para los excombatientes. Por el contrario, la región Oriental y Andina (Central) expresaron las posiciones más contundentes con esta medida de la JEP (Figura 5).
Figura 5 Acuerdo/desacuerdo con la exención de cárcel para guerrilleros desmovilizados por regiones, 2016 y 2018
De los análisis presentados, se concluye la reducción del rechazo extremo a los indultos para exguerrilleros y el cambio actitudinal a un rechazo moderado. En todos los casos, prevalece el rechazo, solo atenuado por una tendencia que, en términos de una caracterización demográfica, estaría liderada por hombres rurales de izquierda y de centro. Mientras que la variable que perfila el rechazo extremo estaría encabezada por mujeres urbanas de ideología conservadora. El análisis de estas variables permite concluir la persistencia de una representación social punitivista que ratifica su concepción de una justicia penal distributiva con profundas reticencias a la justicia restaurativa que encarna la JEP.
Profunda desconfianza ciudadana hacia las Farc-EP
Después de la revisión pormenorizada de las opiniones ciudadanas sobre la exoneración de medidas penitenciarias para los excombatientes, vamos a detenernos en analizar si existe un sentimiento de confianza o desconfianza hacia estas personas (colb60).
El primer dato que destaca es la enorme desconfianza ciudadana hacia las Farc-EP. En 2016, las posiciones 1-3 de desconfianza agrupaban al 87.9% de todos los encuestados y en 2018 al 86.9%; solo un punto menos. En 2020 no se preguntó con escalas, sino por la confianza o desconfianza. El resultado no experimentó grandes variaciones: el 87% de la población continuaba desconfiando de las ya desmovilizadas Farc-EP.
El dato más llamativo es la disminución de la desconfianza extrema (posición 1) en dos puntos y medio entre 2016 y 2018, tendencia que se afianza en 2020. Esto no equivale a afirmar su contrario, es decir, que haya aumentado la confianza. Las posiciones de alta desconfianza se moderaron levemente en los dos años de diferencia de los barómetros. La posición 1 de máxima desconfianza pasó del 64.5% al 57.3% (Tabla 4). Por el contrario, la posición 7, de máxima confianza, aumentó solo un punto a lo largo de estos años.
Con respecto a la identificación ideológica, la desconfianza aumentó en las personas de derechas después de los Acuerdos de Paz. El 80.8% de las personas de esa ideología sintió, en 2018, mucha desconfianza (posiciones 1 y 2) hacia las Farc-EP. En esas mismas, posiciones estaba el 74% de las personas que se identificaban con el centro político y el 71.5% de las personas de izquierdas. De este modo, podemos señalar que la desconfianza disminuyó entre la izquierda y el centro, pero la tendencia fue compensada por el aumento de la derecha.
Los mayores niveles de confianza (posiciones 6 y 7) fueron de solo el 3.7% de los encuestados de izquierda, el 2% de centro y el 3% de derecha.
Por género, más mujeres (78.5% de las posiciones 1 y 2) desconfían de las Farc-EP (los hombres, 75%). Asimismo, ellos tienen una leve tendencia a confiar más que ellas (2.40% de ellas frente a 2.60% de ellos en las posiciones 6 y 7; Tabla 5).
En las zonas rurales, el máximo nivel de desconfianza (posición 1) es levemente menor que en las ciudades, pues presenta un promedio de los dos años del 61.5% frente al promedio urbano de 63.5%. Una tendencia similar se observa en los niveles 6 y 7 de confianza, pero con diferencias poco significativas.
Como conclusión podemos extraer la existencia de una profunda desconfianza hacia las desmovilizadas Farc-EP, incluso en las zonas rurales, aunque levemente más atenuadas que en las zonas urbanas. Los bajos niveles de confianza son un enorme reto para el país. Si concebimos la confianza como la esperanza o creencia de que un grupo realizará lo que las expectativas generales han definido, resulta evidente que los colombianos no esperan o no creen que los excombatientes de las Farc-EP cumplirán los compromisos firmados en el Acuerdo Final.
Reintegración de los exguerrilleros en la sociedad
Uno de los puntos del Acuerdo contemplaba, como consecuencia del fin del conflicto armado, la dejación de las armas y la reintegración de los miembros de las Farc-EP en la vida civil. En los Barómetros de 2016, 2018 y 2020 se preguntó directamente por esta cuestión. Exactamente, “si aceptaría tener como vecinos a excombatientes de las Farc-EP”. Lo más sorprendente de este resultado es que la ciudadanía tenía mayor predisposición a convivir con exguerrilleros en 2016 que en 2018; y en 2020 esa predisposición subió de forma destacada.
No contamos con una respuesta contrastada empíricamente que permita explicar ese comportamiento (Figura 6). La hipótesis que explica parcialmente ese cambio actitudinal está relacionada con las fechas de la pregunta. El de 2018 fue un año electoral, y la polarización política, mediática y emocional pudo haber condicionado la reticencia a la reintegración social de los exguerrilleros.
Otro de los puntos cruciales es la participación política de los desmovilizados, es decir, la tendencia de la opinión pública a la reintegración de los guerrilleros a la vida política, o a sostener actitudes favorables al ostracismo. El Gobierno nacional se comprometió con las Farc-EP a definir circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de Representantes a la Cámara (equivalente al Senado en España), de manera temporal, por parte del grupo guerrillero, que asumió el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, más tarde modificada por “Comunes”. Sin embargo, la opinión pública parece inclinarse hacia actitudes ostracistas, ya que la mayoría de los colombianos está en contra de la participación política de los exmiembros de la desmovilizada guerrilla. No obstante, las opiniones tienen leves variaciones, según la identificación ideológica de los encuestados (Figura 7).
Figura 7 Aprueba o desaprueba que excombatientes de las Farc-EP se presenten a candidatos políticos, por tendencia política del encuestado (2018)
La ciudadanía que se identifica con la derecha es la que más desaprueba la participación en política de los desmovilizados. El 55% de estas personas encuestadas asigna el valor más rotundo entre las posibilidades de respuesta. Los votantes de centro y derecha están en torno al 40-45% de la opción 1. Los encuestados de izquierda son quienes más aprueban la posibilidad de los exmiembros de las Farc-EP a ser candidatos políticos en la puntuación más alta. Pero solo se trata de un 10% de las personas de esta ideología. En 2020, el 25.8% de los encuestados apoyaba la participación política de las Farc-EP; ese dato supone un avance importante con respecto al apoyo del 16.55% en 2018.
A parte de la participación en política o de la aceptación en la vecindad, los barómetros preguntaron por las relaciones hipotéticas entre los hijos de los encuestados y de los exguerrilleros. La importancia de este tipo de preguntas estriba en que, a pesar de ser una situación hipotética, aleja la respuesta del plano teórico e ideal, para vincularlo a personas cercanas con un fuerte lazo afectivo. Este tipo de preguntas reduce el margen de deseabilidad social de las respuestas, para llegar a las actitudes y opiniones que están comprometidas por vinculaciones emocionales.
En concreto los barómetros preguntaron por las relaciones de convivencia en el mismo centro de educación de los hijos de encuestados y exguerrilleros y en las relaciones de amistad (Figura 8).
Figura 8 Aprobación o rechazo de relaciones de compañerismo escolar de hijos de exguerrilleros y el resto de la ciudadanía (promedio 2016, 2018 y 2020)
Los colombianos representados en la encuesta desaprueban con mayor contundencia las relaciones de amistad de sus hijos con exguerrilleros que las relaciones de compañerismo en el mismo centro escolar. Es decir, el 25% de los colombianos rechaza las relaciones de amistad en el máximo nivel de puntuación, pero solo el 11.3% desaprueba las relaciones de compañerismo escolar en ese mismo nivel. En el lado contrario nos encontramos con el 10.8% de colombianos que aprueba con una puntuación de 10/10 las relaciones de amistad, a lo que se suma el 17.8% que aprueba las relaciones de compañerismo.
Para finalizar, apreciamos una clara paradoja con respecto a la reintegración de los desmovilizados. La mayoría de los colombianos está de acuerdo con su reintegración, pero sin participación política, vecindad, compañerismo con sus hijos y bajo una profunda desconfianza. No obstante, hay que destacar que el2020 supone una mejora considerable en casi todas las variables analizadas, excepto en la desconfianza.
Posibilidades ajustadas para el perdón y la reconciliación
Dos años después del plebiscito, la población continuaba dividida entre el optimismo y el pesimismo frente al ejercicio de perdón y reconciliación. Prácticamente, la mitad no ve posibilidades de perdón ni reconciliación entre los excombatientes y el resto de la ciudadanía. La otra mitad sí (Tabla 6).
Tabla 6 Comparación de las encuestas 2016, 2018 y 2020 sobre la posibilidad del perdón y la reconciliación de los ciudadanos con los excombatientes de las Farc-EP (por tendencia política)
El incremento del optimismo ocurrió, especialmente, entre los simpatizantes identificados con la ideología de izquierda. Sin embargo, si sumamos el cómputo global, la balanza queda equilibrada, porque la actitud esperanzada fue compensada con el pesimismo de los simpatizantes de la derecha. El incrementó de los ciudadanos identificados con la izquierda fue de catorce puntos. Los ciudadanos de centro se mantuvieron en las mismas proporciones (Figura 9).
Figura 9 Comparación de barómetros 2016, 2018 y 2020 sobre las posibilidades de perdón y reconciliación con los excombatientes de las Farc-EP
El Barómetro de 2020 revela un salto cuantitativo importante, con respecto a las posibilidades de perdón y reconciliación. Este giro supuso una subida de 15 puntos en tan solo dos años. Los factores que concurren en la explicación de los hechos fueron diversos: los lentos pero firmes avances en la implementación del acuerdo, la diminución de la polarización emocional y mediática en fechas lejanas a las contiendas electorales y la sensación generalizada de confianza institucional que disipó el temor de que “las Farc-EP se hicieran con el poder” en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018.
Algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto armado (Pacífico, Amazonía, Atlántico) son las que más vislumbran las posibilidades de perdón después de la firma del Acuerdo Final.
En el Barómetro de 2020, en general, se observa un aumento importante en la percepción de la posible reconciliación o perdón de los ciudadanos con los excombatientes desmovilizados. Se obtuvo una respuesta afirmativa en el 60.56% de los encuestados. En cuanto al apoyo del proceso de paz, luego de seis años de su firma, se observa que el 23.22% de los encuestados no apoya dicho proceso frente al casi 32% que apoya firmemente dicho acuerdo-colpropaz1b (Figura 10).
Discusión
Este trabajo identifica una gran paradoja en las opiniones de los colombianos sobre la paz y la justicia. Se observa el contraste entre la fractura social sobre los Acuerdos con las Farc-EP y cierta disposición hacia la reintegración de los exguerrilleros. Por otra parte, son evidentes importantes dificultades en las predisposiciones al perdón, la justicia restaurativa, la confianza en los excombatientes y su participación como actores políticos.
Los costos que los colombianos están dispuestos a pagar pueden resumirse en la reforma agraria y la restitución de tierras y, de forma muy condicionada, en la reinserción de la guerrilla a la vida civil. Pero los bloqueos más importantes están en las reticencias a aceptar los indultos de los exguerrilleros rasos y las penas leves a los comandantes que digan la verdad y reconozcan los delitos. En tal sentido, entendemos que existe una representación social punitivista, arraigada en gran parte de la población que no está dispuesta a cambiar la verdad y el compromiso de no repetición por la cárcel.
La mayor parte de respuestas sobre la JEP denota un fuerte arraigo sobre la justicia penal convencional y una voluntad punitivista que, primero, asocia justicia y castigo y, segundo, choca con las propuestas de una justicia restaurativa como la esbozada en el proceso de paz. Los colombianos siguen considerando que los desmovilizados de las Farc-EP deben pasar por la cárcel, hayan confesado o no sus acciones. Sin embargo, las opiniones sobre los actos delictivos cometidos por la Policía o las fuerzas militares son menos exigentes. Ello puede indicar que la valoración de la ciudadanía no se realiza exclusivamente sobre la gravedad de los crímenes o sobre el atenuante de la confesión, sino sobre el actor armado que los comete. Durante décadas, las guerrillas colombianas han sido representadas como el “enemigo público número uno” del país, como el “adversario absoluto a batir”. Estas representaciones parecen pervivir y fueron alimentadas durante la campaña a favor del no, lo que, como apunta la literatura, explicaría parcialmente por qué esta inclinación punitivista en la opinión pública.
Nuestro trabajo coincide con las conclusiones expuestas por Valenzuela (2018) quien afirmó que en Colombia existe una clara demanda de más derecho penal para los guerrilleros que dejan las armas. Las opiniones sobre los indultos para exguerrilleros rasos y la reducción de penas para excombatientes que confiesen sus delitos, son mayoritariamente contrarias (Valenzuela, 2018). De nuevo (ver Carlsmith et al., 2002; Carlsmith, 2006), parece que las propuestas de justicia no fundamentadas exclusivamente sobre el castigo chocan con actitudes en la población tendentes a relacionar castigo y reproche moral, no reduciéndose, al menos en este caso, el reproche en base a instituciones como la confesión y la desmovilización. Pero debe también tenerse en cuenta que la variabilidad, aunque relativa, observada entre las encuestas analizadas también nos permite concluir que las actitudes hacia la justicia son aquí también susceptibles (1) al contexto donde se encuentra el sujeto y (2) a la información de la que dispone en ese contexto, por lo que los resultados que acabamos de exponer no son separables del contexto de fuerte enfrentamiento mediático y político en torno al apoyo o no a los acuerdos.
Asimismo, debe también señalarse que los colombianos quieren la paz, al mismo tiempo que se observa que rechazan los Acuerdos, en los términos firmados en La Habana. Están a favor de la reintegración de los exmiembros de las Farc-EP a la sociedad civil, pero rechazan mayoritariamente su participación política y no los quieren como vecinos, ni como amigos de sus hijos. Estas paradojas suponen contrastar el ideal de un país en paz con la realidad de las enormes barreras materiales, sociales, políticas, económicas y psicológicas. El rechazo a la participación política es una expresión de ostracismo cívico-político que deniega el derecho político a ser elegido a los guerrilleros desmovilizados que se acojan a los Acuerdos de Paz. Tres de cada cuatro colombianos están en contra de la participación política de las reconvertidas Farc-EP. Por tanto, la voluntad de avanzar hacia una situación de paz choca una actitud favorable al ostracismo que, al igual que la tendencia punitiva, se apoya en un reproche moral que se sustenta sobre la desconfianza y el rechazo ante un “enemigo” construido a lo largo de varias décadas.
Es prematuro para asegurar que existe una tendencia a la progresiva aceptación de la implementación del Acuerdo Final. Buena parte de los resultados comparativos entre los Barómetros de 2016 y 2018 significa un paso de las posiciones más extremas de rechazo del acuerdo hacia posiciones más moderadas de rechazo. Se requiere un estudio longitudinal de las mismas variables durante los años 2019 y 2020, para poder aseverar una tendencia de progresiva legitimidad social de la JEP. Es posible que los resultados de 2016 estuvieran muy influenciados por la sobreexcitación mediática y política previa al plebiscito por la paz. La mayor parte de los colombianos no estaría dispuesta a participar en organizaciones sociales que faciliten la implementación.
Las dificultades para construir colectivamente la paz, el perdón y la justicia se apoyan en la profunda desconfianza que despierta el extinto grupo guerrillero de las Farc-EP. El 87% de los colombianos consultados en dos barómetros diferentes, en años diferentes, aun desconfía de ese grupo. Recobrar esa confianza costará años, aunque esperamos que sean muchos menos que los que costó perderla a través de tanta violencia.
Con respecto a la metodología, coincidimos con Basset (2018), para quien las encuestas fueron incapaces de anticipar el resultado del plebiscito, como efecto de un muestreo inadecuado que tendió a sobreestimar la opinión urbana y de los estratos superiores. La gran mayoría de las encuestas se fundamentan en muestras focalizadas en las mayores capitales y, en el mejor de los casos, de algunas pocas ciudades intermedias. Esto resulta profundamente inadecuado para entender la opinión, cuando se refiere al conflicto colombiano.
