Objetivo

Esta investigación tiene como objetivo, ilustrar cuáles fueron los efectos de la masacre en Cienaguita-Pita (Atlántico), las entradas diferenciadas del Estado y el acceso que tuvieron las víctimas a los derechos a la verdad, justicia, reparación, no repetición y dignificación. De esta forma, se pretende resolver la pregunta de investigación relativa a ¿cómo operaron las herramientas de la Ley de Víctimas y condena en el viejo sistema, (a); la rehabilitación, y compensación para las víctimas (b); medidas de no repetición (c) y, por último, los resultados de las comisiones de la verdad o memoria histórica (d). Para ello, se partió de estudios previos sobre justicia transicional, el contexto iushistórico y las sentencias de justicia y paz que se produjeron en el marco del conflicto armado en el Caribe colombiano, para redescribir y ampliar la comprensión del conflicto y sus efectos en poblaciones periféricas, que se pudieron haber invisibilizado como consecuencia de la macroviolencia que vivió el país.

La justicia transicional paramilitar y el alcance de los derechos de las víctimas en el contexto de la violencia en el Caribe

En este título se abordan dos argumentos. En primer lugar, el Caribe colombiano, donde el dominio paramilitar fue notable, experimentó una justicia transicional con la desmovilización paramilitar del 2004-2005 y desplegó una importante batería de herramientas del posconflicto, que solo se vieron condensadas en la Ley 1448 de 2011. Segundo, que el dominio paramilitar en el territorio Caribe y la magnitud de la violencia que se desplegó en la región, invisibilizó masacres como la que ahora se presenta, produciendo una mezquina relación entre Estado, victimarios y víctimas, donde estas últimas solo evidencian el posconflicto a partir de las herramientas normativas de ayuda humanitaria, reparación colectiva y administrativa.

La expansión territorial de las Farc-Ep en la región Caribe, tiene su origen en la Séptima Conferencia de las Farc, celebrada en 1982. Con sustento en esta conferencia se inicia el proceso de desdoblamiento de algunos frentes del grupo guerrillero y su proceso de expansión sobre los territorios de los departamentos de la región Caribe. Luego de la Octava Conferencia de las Farc (1993), se produjo la división de la guerrilla en bloques, y así tiene origen el Bloque Caribe de las Farc (^{Quiroga et al., 2014}). Con todo, paralelamente a la expansión guerrillera, las estructuras de las “autodefensas” se organizaron en medio de la violencia alimentada por el narcotráfico en la década de 1980, gracias a la ineficacia del Estado para proporcionar seguridad y mantener el orden en el territorio rural. Esto supuso que, en gran medida, las autodefensas convirtieran en franquicias para la protección y dominio de áreas de producción ilegal de drogas (^{Velásquez, 2007}).

Como consecuencia de la organización de las autodefensas, las estructuras militares de las Farc con influencia en los departamentos de la región (especialmente en Magdalena -Sierra Nevada de Santa Marta-, Sucre/Bolívar -Montes de María-, Cesar -Serranía de Perijá- y La Guajira -sur del departamento-) fueron notablemente debilitadas. La consolidación y expansión de las estructuras paramilitares en los años noventa y a principio de la década de 2000, “significó el comienzo de una era de violencia que sumió al país en el terror como nunca antes” (^{Quiroga et al., 2014}, p. 73).

Por esto, desde la expansión guerrillera (1982) a la disputa del territorio en los años noventa, la violencia se convirtió en una continuidad en la narrativa del país y la región Caribe. Algunos hechos nacionales determinaron también esta coyuntura. En primer lugar, la pérdida de legitimidad política del Estado con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), debido a la financiación de su campaña con dinero del narcotráfico. Segundo, las negociaciones de paz con las guerrillas de las Farc, por parte del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que incluyó una “zona de despeje”, dejando 42.000 km2 de territorio sin operaciones militares, y al final de su periodo presidencial fracasó y radicalizó el debate político, conduciendo a la victoria electoral de Álvaro Uribe, con la promesa de una derrota militar del grupo armado ilegal, profundizando la guerra para exterminar el “narcoterrorismo” y las Farc.

Es en el gobierno de Álvaro Uribe que se aprueba la “Ley de Justicia y Paz” Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecuciónde la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, Diario Oficial 45980 de julio 25 de 2005. y 40 leyes adicionales destinadas a lograr la desmovilización de grupos armados al margen de la ley; pero solo los grupos violentos de derecha, llamados “autodefensas”, fueron desmovilizados. Esta ley tenía por objeto la reincorporación a la vida civil individual o colectiva de miembros de grupos armados fuera de la ley. La Ley de Justicia y Paz y otras leyes buscaron lograr la desmovilización de los grupos armados ilegales. Sin embargo, esta ley solo tuvo efecto en los grupos de “autodefensas”, que benefició, entre otros, a los perpetradores de las masacres que se analizan en este documento. La Ley 975 de 2005 contempla que los desmovilizados pueden tener beneficios específicos siempre que entreguen el producto de actividades ilegales, cesaran toda actividad ilícita, entreguen información o colaboren con el desmantelamiento del grupo al que pertenecían, y para liberar a cualquier persona secuestrada. La Ley de Justicia y Paz introdujo “sanciones alternativas” que reemplazaron a la prisión por penas de reclusión de entre cinco y ocho años de prisión. Esta norma definió, además, de manera amplia, a la víctima, como el individuo que sufre un daño ocasionado por cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley, y le reconoció los derechos de verdad, justicia y reparación integral². Por su parte, la Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad del artículo 10.2, entre otros, por medio de la Sentencia C-370 de 2006, y allí estableció que, para efectos de la reparación a las víctimas, se entendería que el desmovilizado respondería, incluso, con su propio patrimonio³.

Adicional a lo anterior, entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) junto con la Ley 718 de 2002, Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones, Diario Oficial No. 45.043 de diciembre 23 de 2002, haciendo de la primera una norma subsidiaria de la segunda, y llevó a agravar la situación de orden público en los años siguientes⁴. Por ello, este breve “proceso de paz” con las autodefensas sería rápidamente cuestionado, pues la Ley de Justicia y Paz les reconocería una naturaleza política contrainsurgente, y terminó incluyendo a grandes capos narcotraficantes. Por esta razón, 14 comandantes paramilitares serían extraditados a Estados Unidos (^{Lemaitre, 2011}).

Posteriormente, se sancionó la Ley 1421 de 2010, Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, Diario Oficial No. 47.930 de 21 de diciembre de 2010, en medio del proceso de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el más numeroso, pero no único grupo guerrillero que opera en el país. La señalada ley se dirigió a crear y nutrir de recursos financieros al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que tenía por objeto propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público, en la medida que el fallido proceso de paz con los grupos paramilitares había incrementado significativamente la violencia rural y urbana. Inmediatamente después, se promulga la Ley 1424 de 2010, Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010, cuyo objeto es el de establecer un marco jurídico para la “justicia transicional”, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley⁵. La misma ley instituyó el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros, que suscribirían los individuos que se desmovilizaran, y cuyo contenido e información no podrá, en ningún caso, ser utilizado como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe dicho acuerdo⁶.

Quizá, esta última norma muestra un giro del legislador hacia el fortalecimiento y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Precisamente, con posterioridad a la citada disposición, se emitió la llamada “Ley de Víctimas” (^{Ley 1448 de 2011}), A que tuvo vigencia hasta el 2021, por medio de la cual se procuraría medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Sus normas regulan la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas, reaccionando probablemente al estado en el que se encontraban estas, luego de los fallidos intentos de desmovilización paramilitar (^{Sarmiento, 2016}).

Esta es la primera ley, en los últimos diez años, en la que se enriquecen los derechos de las víctimas, y se dictan las medidas pertinentes para conseguir su reparación y garantía de no repetición. No obstante, estableció que la reparación y reconocimiento de la existencia de las víctimas no podría interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas o armados ilegales.

Con todo, opina Sitaraman, la Ley de Justicia y Paz representa un retroceso en materia de justicia universal, y proporciona un ejemplo de cómo un sistema de responsabilidad penal minimalista puede estructurarse. Las sentencias reducidas no eran más que una forma de amnistía velada, las restricciones sobre las investigaciones, tales como límites de tiempo impidieron que la justicia arribara a todos los casos, y limitó la participación de las víctimas (^{Sitaraman, 2013}).

En el marco antes expuesto, se produjo la desmovilización paramilitar, cuyos datos, como se expuso líneas atrás, no son uniformes. Se estima que los grupos paramilitares estaban compuestos por más de 35.000 hombres y mujeres, pero se considera que el número efectivo de desmovilizados solo llegó a 13.000 (^{Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, 2012}). Aquellos que no se desmovilizaron o desmovilizaron, o que fueron rechazados del proceso, se convirtieron rápidamente en las “bandas criminales emergentes” (Bacrim), más adelante llamados Grupos Armados Organizados (GAO) que han adoptado diferentes nombres, entre otros: “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Los Paisas”, “Las Águilas Negras”, el “Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia” (Erpac), “AUC del Llano”, “Renacer”.

Es por lo anterior que este proceso se consideró fallido debido a la emergencia de grupos desmovilizados que regresaron a la violencia rural y urbana. En efecto, “Los Urabeños”, también conocidos como “Clan Úsuga”, antes mencionados, es la red criminal más grande de Colombia y los únicos en abarcar tres generaciones con experiencia criminal. Entre su proyecto de dominio territorial, han intentado obtener reconocimiento político a través de su denominación “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, definida en su Segunda Conferencia de comandantes celebrada el 25 de septiembre de 2013, en donde se declararon “una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad”, a pesar de su ausencia de acciones “políticas” o ideológicamente reconocibles (^{Ortiz, 2016}).

Ahora bien, terminado el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe, su sucesor ideológico, Juan Manuel Santos, ganó las elecciones a la Presidencia. En el gobierno de Santos, las negociaciones de paz comienzan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el principal, pero no el único grupo guerrillero que opera en el país. La Ley 1424 de 2010 tenía como objetivo establecer un marco legal para la “justicia transicional” en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados que operan al margen de la ley. Luego de esta reforma, se aprobó la Ley de Víctimas (^{Ley 1448 de 2011}), mediante la cual pretendió reforzar los derechos de las víctimas, más allá de los derechos a la verdad, justicia y reparación, a saber: el derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario; el derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad; el derecho a solicitar y recibir atención humanitaria; el derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral; el derecho a la política pública con enfoque diferencial; el derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar; el derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional; el derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella⁷; el derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas de justicia transicional; el derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes; el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Como se anticipó, el objetivo de la descripción normativa antes expuesta pretende dar cuenta del diseño institucional y la consagración de los derechos de las víctimas que tienen una relación directa con la masacre de la vereda de Pita. A partir de esta descripción, se expondrá la implementación del espectro de medidas adoptadas por el Estado colombiano en medio de una “justicia transicional paramilitar”. Así, observaremos qué ha hecho la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (nace con el ^{Decreto 4801 de 2011}), el Centro Nacional de Memoria Histórica (nace con el art. 146, Ley 1448 de 2011, Decreto reglamentario 4803 de 2011), y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (con posterioridad, en el 2011, su nombre es cambiado a Departamento para la Prosperidad Social).

La justicia transicional paramilitar desde la perspectiva de las víctimas de la masacre de Cienaguita-Pita

Las herramientas descritas para la desmovilización paramilitar pueden asociarse a una jerarquización de valores, que usualmente se desarrollan por medio de tres opciones políticas del posconflicto, a saber: amnistías, comisiones de la verdad y persecución criminal (^{Grodcky, 2009}), y que en todos los casos se convierten en mecanismos que ofrecen formas de memoria colectiva que traen consigo la posibilidad -solo la posibilidad- de reconfigurar las sociedades en lugar de avivar los odios (^{Minow, 2011}). De cualquier manera, estas opciones se manifiestan en una rendición de cuentas sobre dónde, por qué y cómo se provocaron los actos de la violencia. Grodcky expone de esta manera un espectro de políticas que se han desplegado en los casos de justicia transicional:

Con todo, las experiencias comparadas no son idénticas, pero permiten comprobar que, con frecuencia, los regímenes más débiles, donde las transiciones no fueron tan marcadas, se agotaron hasta un cuarto nivel (d) de políticas de justicia transicional, mientras que en aquellos casos en los que la transferencia de poder fue profunda (^{Paige, 2009}), las transiciones alcanzaron a pretender los siete niveles planteados por el autor (^{Grodcky, 2009}). Lo anterior, demuestra Grodcky, depende en buena medida de la sensibilidad de las élites a los cambios o el alcance de los compromisos en épocas de posconflicto en materia económica o de bienes públicos, que termina por marcar una diferencia notoria en los “(no)exitosos lanzamientos de cada mecanismo en el espectro” (^{Grodcky, 2009}; ^{Sitaraman, 2013}, p. 108). En el marco antes descrito, presentaremos a continuación la implementación de las herramientas jurídicas en el espectro de políticas que se han desplegado en la particular justicia transicional colombiana, a saber: la condena en el viejo sistema, pero con penas alternativas (a); la rehabilitación y compensación para las víctimas (b); medidas de no repetición (c) y, por último, los resultados de las comisiones de la verdad o memoria histórica (d).

Justicia, punición en el viejo sistema y penas alternativas para los perpetradores de la masacre

En el proceso de justicia transicional antes descrito y en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, las autoridades judiciales han aplicado penas alternativas a los perpetradores de la masacre objeto de estudio. La principal sentencia proferida como resultado de la desmovilización del Bloque 40 de las AUC es emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá⁸ y confirmada por la Corte Suprema de Justicia⁹, sobre la individualización de pena en contra de los exmiembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Édgar Ignacio Fierro Flores, conocido con los alias de “Don Antonio”, “Isaac Bolívar”, “Trinito Tolueno”, “William Ramírez Dueñas” y “Tijeras”. Ferro Flores actuó como comandante del Frente José Pablo Díaz; y Andrés Mauricio Torres León, conocido con los alias “Z1”, “Zeus”, “Jesucristo” o “Cristo”, actuó como patrullero del Frente Mártires del Cesar.

Empero, la sentencia del Tribunal Superior resaltó que el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia contó en su consolidación con la asistencia (por acción u omisión) de agentes de la Fuerza Pública, de autoridades civiles regionales, de empresarios y de miembros de la política nacional¹⁰. El mismo tribunal recogió la acusación de la Fiscalía General de la Nación, y resaltó que el “Bloque Norte” ejecutó 344 masacres con más de 2.000 víctimas registradas, de estas, los miembros de su organización reconocieron 106; el reclutamiento de 410 personas menores de edad; 15.700 homicidios selectivos; la desaparición de 2.100 personas; el desplazamiento de 81.700 personas, aportando en total más de 111.000 víctimas¹¹.

A raíz de su participación en las AUC, Édgar I. Fierro Flores fue encontrado responsable penalmente después de aceptar 170 cargos¹². Igualmente, Andrés Mauricio Torres León, patrullero del Frente Mártires del Cesar, fue hallado responsable penalmente tras aceptar ocho cargos por homicidio en persona protegida, el delito de porte ilegal de armas de defensa personal, dos cargos de desaparición forzada, un secuestro extorsivo agravado, tres cargos de secuestro simple, dos desplazamientos forzados y cinco delitos de hurto calificado agravado y perturbación a la posesión¹³.

Por los cargos aceptados, mediante sentencia del 7 de diciembre de 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá les impuso a ambos postulados de la organización, Édgar I. Fierro Flores y Andrés M. Torres León, 40 años de prisión, 20 de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa, la obligación solidaria, junto con los demás integrantes de las autodefensas, de indemnizar los perjuicios causados. Empero, en aplicación de los beneficios de la Ley 975 de 2005, la misma Sala de Justicia y Paz suspendió la ejecución de aquella sanción y les impuso la pena alternativa de ocho años de prisión, equilibrando, afirma el mismo fallo, la tensión existente entre los derechos de las víctimas (justicia, verdad y reparación) y la desmovilización, y permitiendo que cedieran parámetros de justicia relacionados con el reproche y castigo penal de las conductas cometidas en nombre de la justicia transicional¹⁴.

El Centro Nacional de Memoria Histórica destaca, a partir del fallo del 2011, que la entrada de alias Don Antonio a la dirección del Frente José Pablo Díaz, estuvo marcada por dos hechos: primero, el cometido el 31 de diciembre de 2000, por el Frente Atlántico, en la vereda de Pita, corregimiento Las Tablas, municipio de Repelón. El segundo, la masacre del corregimiento de Nueva Venecia, ocurrida el 22 de noviembre de 2000 (sobre esta masacre, véase ^{Sarmiento, 2016}). En el informe de la Procuraduría rendido en el proceso de justicia y paz contra Édgar Ignacio Fierro Flores, se extrae la siguiente cita:

(…) el caso que más nos impactó a todos, cienaguiteros y piteros y aún a los vecinos (de) Tablas y Cien Pesos, fue el caso de Cienaguita cuando mataron a 5 varones (…) Ese 31 de diciembre de 2000 fue el trago más amargo que nosotros nos hemos podido beber en toda la historia. El primer trago más amargo, porque cuando nosotros supimos que hubo esa masacre y de paso, supimos que el pueblo fue abandonado cuando personas de Pita fueron a Cienaguita a ver los que estaban tirados allí, muertos, ya no encontraron a casi nadie de allí, inclusive la gente de Pita, varios personajes de allá fueron los que estuvieron allí, se mantuvieron (…) cuidando más bien al muerto, esperando que llegara la ley, pues y los levantara (…) y eso nos aterrorizó a nosotros, también nos desplazamos todos, unidos. (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017}, pp. 52-53)

En el mismo fallo, el ^{Tribunal Superior} ordenó la realización de actos públicos ceremoniosos conmemorativos procurando la reparación colectiva de las víctimas, así como el ofrecimiento de disculpas y publicación de la verdad. En ese sentido, también ordenó el pago de indemnizaciones en favor de las víctimas a cargo de los señores Édgar I. Fierro Flores y Andrés M. Torres León y los demás integrantes del Bloque Norte, en forma solidaria; rechazó los reclamos de indemnización de otras personas por “pretemporalidad”¹⁵. Ordenó a los acusados ofrecer disculpas públicas por los actos cometidos; exhortó a las autoridades regionales a efectuar valoraciones médicas y sicológicas a las víctimas y, a las nacionales, programas de atención y acompañamiento en las comunidades afectadas, actos conmemorativos y publicar las memorias de lo ocurrido; y ordenó la extinción del dominio de diversos bienes entregados para la indemnización a las víctimas.

La Unidad para las Víctimas asumió la coordinación en el cumplimiento de las medidas de reparación exhortadas en las sentencias de Justicia y Paz y dirigidas a diferentes entidades. En cumplimiento de la sentencia contra Édgar Ignacio Fierro Flores, la Unidad realizó jornadas de socialización de la sentencia con las víctimas en Barraquilla, Sabanalarga (Atlántico); Valledupar y en Pueblo Bello (Cesar), y en Sitio Nuevo y Santa Marta (Magdalena). Ello con el fin de buscar un acercamiento con las entidades, especificando cada una de las medidas contenidas en la sentencia. Se llevaron a cabo un total de nueve socializaciones que involucraron la participación de unas 400 personas (en la sentencia se acreditaron 1.400 víctimas).

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) publicó “Las 14 Verdades”¹⁶, como medida de compensación simbólica y derecho a la verdad, ordenadas por la sentencia. En el evento de disculpas públicas y publicación de las mismas, se realizaron jornadas de socialización y acercamiento con las víctimas con el propósito de generar espacios de confianza que contribuyan a la construcción y ejecución de dicha medida. Esta experiencia se llevó a cabo en los municipios de Sitio Nuevo (Magdalena), Pueblo Bello (Cesar) y Sabanalarga, Barranquilla, Santo Tomás, Ponedera, Soledad y Palmar de la Varela (Atlántico), para que mediante la implementación de metodologías participativas orientadas pueda profundizarse y dar sentido reparador a los exhortos (Informe del Gobierno Nacional a las Comisiones Primeras del Congreso de la República. Avances en la ejecución de la ^{Ley 1448 de 2011 2013}).

Como se observa, estas medidas no involucraron a la vereda de Pita o Cienaguita o el municipio de Repelón. La mayoría de los encuestados y entrevistados revela que la población desconoce los efectos de esta sentencia, si los perpetradores fueron sentenciados y si de alguna manera, han sido compensados por los victimarios. Para la población de Pita, es el Estado el que ha asumido su reparación.

No repetición

En el ámbito nacional, se siguen reportando casos de desplazamiento forzado¹⁷. Aunque se constata una disminución de reportes de eventos de desplazamiento masivo, esta disminución se ha producido, en parte, por las presiones y amenazas que grupos armados ilegales han estado ejerciendo contra las personas víctimas de desplazamiento forzado, para que no ejerzan su derecho de declarar ante los representantes del ministerio público dichas vulneraciones (^{Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 2012 2013}).

Por otro lado, las instituciones no reconocen los casos de desplazamiento ocurridos en el marco de eventos, y situaciones que se presentaron al margen del conflicto armado, específicamente aquellas vinculadas con la producción y comercialización de estupefacientes, así como por las acciones de los grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC -denominados también bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim)- (^{Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2014}). Esta exclusión se da con el argumento de que las violaciones a los derechos de las víctimas no se presentaron en el marco de situaciones vinculadas con el conflicto armado interno. (^{Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 2013}).

Acorde con la Defensoría del Pueblo, funcionarios de la UARIV de manera sistemática venían diciéndole a la población que ya está incluida en el Registro Único de Población Desplazada-Registro Único de Victimas (RUPD-RUV) por desplazamientos ocurridos anteriormente, que no es necesario que declare los nuevos hechos. Como consecuencia, se ha invisibilizado la ocurrencia de nuevos hechos, perjudicando los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como al proceso de reconstrucción de la memoria histórica. Además, varias Defensorías Regionales han denunciado que la UARIV está presentando serios retrasos en la valoración de las declaraciones por desplazamiento masivo y se han tenido grandes dificultades para conocer el resultado de la valoración, a pesar de tratarse de hechos notorios (^{Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 2013}).

Ahora bien, en el trabajo de campo realizado en la población objeto de estudio, se pueden evidenciar las cicatrices y la discriminación de la que fueron víctimas los pobladores de Pita. Se codificaron los nombres de las personas entrevistadas, pero permiten evidenciar tres consecuencias de la masacre: en primer lugar, la estigmatización que sufrió la población desplazada al ser señalada por los victimarios de colaboradores de la guerrilla; esto se evidenció desde los monumentos reseñados al inicio de este trabajo, como en las entrevistas realizadas in situ. Segundo, la revictimización que supuso la ocurrencia de dos homicidios que ocurrieron luego de la masacre del 2000; y tercero, el retorno ocurrió con indiferencia a las herramientas de la Ley de Víctimas.

Augusto, hombre de 45 años, permite constatar un fuerte vínculo con la tierra, así como la estigmatización de la que fue víctima como consecuencia de la misma masacre. Su relato permite constatar que el desplazamiento, en ese momento, era un motivo de vergüenza, no por la espiral de empobrecimiento que supone, sino por haber sido señalados como colaboradores de la guerrilla.

Allí hay personal que no retornaron. (…) el retorno fue duro, pero nos vimos obligados a retornar. No nos hallábamos en otra parte sino era aquí. (…) dejar todo abandonado aquí, de la noche a la mañana se nos hace difícil y duro al mismo tiempo. (…) allá siquiera como nadie me critica, y trabajo a mi manera, pero aquí (en la ciudad donde se desplazó) me sentía humillado, porque entonces era duro decir que yo era desplazado. Hoy en día que reciben ayuda es que sí se dicen desplazados. (…) yo trabajo la agricultura y en la ciudad no sirve eso. (…) A través de la Unidad hemos hecho un cambio a Pita. Antes Pita era un pueblito de pura casita de palma y más nada. Había dos casitas, una de Eternit y el colegio. Ahora se hicieron varias casas de zinc. Nos hemos servido con lo que ha hecho Unidad de techo.

Gregorio, hombre de 60 años, evidencia la ruptura cultural que provocó la masacre. No obstante, da cuenta de la resiliencia que ha experimentado esta población y los efectos del tiempo en el tejido social.

Antes de 2000 hicimos varias fiestas (se refiere a la fiesta de San Roque). Cuando vino la primera masacre de Cienaguita se rompe el encanto de aquí. (…) Roque se quedó sin quién le hiciera la fiesta y ya las cosas cambiaron.

Lucía Romero, mujer de 50 años, compañera de una de las víctimas, desplazada en las dos ocasiones, da cuenta de la revictimización, la estigmatización que supone el desplazamiento, y la relación que tuvo con los procesos judiciales que se llevaron a cabo, y la ausencia de una dignificación y de una verdad sobre la masacre.

(…) ni trabajábamos ni nada. Yo dije, volvamos para allá. (¿Asistió a las versiones libres de los paramilitares?) Cuando hacían las audiencias en Barranquilla, nosotros íbamos. Bueno, yo le digo, los perdono. (¿Sabe por qué cometieron la masacre?) No sé por qué, en las audiencias no dijeron nada. Mandaban las cartas, y si nosotros nos podíamos trasladar allá, íbamos, si encontrábamos plata. Pero como no encontrábamos los pasajes no íbamos tampoco. (¿La mamá de la víctima vive aquí?) Ella vivió aquí, cuando le pasó lo que le pasó a su hijo ella se fue. (Cuando se desplazaron, ¿los pueblos a los que llegaron los acogieron o los rechazaron?) En las caras decían que uno qué iba a hacer allá. Que si algo pasaba allá era culpa de nosotros, y nosotros, para no estar en esos comentarios, regresamos otra vez, con temor, pero gracias a Dios esto está bien.

Por último, Rodrigo, hombre de 55 años, primo de una víctima, confirma las razones del retorno, las condiciones productivas del territorio, así como el silencio que existe en torno al motivo de la masacre.

(¿Qué lo animó a volver?) La tierra es fértil. El aire que respiramos es aire puro, el compañerismo de la comunidad, ese amor que le tenemos a esta vereda, parte de eso, que nacimos, prácticamente que nos criamos así, como el patrimonio. No queremos que desaparezca la esencia de la vereda y que desaparezca Pita. (…) bueno, la esencia de esto es parte fundamental, la tierra productiva, agua de manantial aquí en la vereda, aquí es donde uno puede cultivar y criar animales. (…) la esencia es el carisma que tenemos, esa humildad, la unión, la buena unión que tenemos bastante. Una buena amistad. (…) No tengo muchas palabras para explicarlo. Pero sí es algo tan bello, tan bendito. Esto enamora a uno. Este lugar enamora a uno. (…) gracias a Dios uno sólo se encuentra con la paz. Cuando por aquí llueve, tenemos el pan coger. El ñame, la yuca, el banano, el plátano, el cerdo en el patio, la gallina. (…) prácticamente la gran parte somos familia. (Antes de la masacre, ¿había más gente?) Se ha perdido la gente, las viviendas de allá (…) se perdieron amigos que ya volvieron, (...) algunos han ido falleciendo. (…) El primer desplazamiento nos fuimos para Bolívar y en la segunda, para Malambo (…) la única parte que estuvimos por fuera fue por el desplazamiento. (¿Qué se perdió con la masacre?) La confianza, que poco a poco se ha ido recuperando. (En su opinión, ¿qué motivó la masacre?) No sabemos qué los motivó a venirse. No sabemos directamente que nos hayan dicho, fue por esto o fue por aquello. (…) al primo mío lo sacaron de aquí, lo asesinaron allá en Cienaguita, se lo llevaron maniado de aquí. Y al señor que vivía donde él, venía de la finca de él y lo encontraron en el camino. Lo agarraron en su casa, y de allí se lo llevaron para allá. Ahí fue cuando se escuchó la descarga del fusil. Al señor le torturaron así, le quitaron las tetillas, lo cortaron (…).

El informe del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2017)} recoge el testimonio de la familia de Félix Enrique Caraballo Sánchez. En dicho testimonio, se da cuenta del dolor de las familias que dejó Félix, y resalta, “allá en ese pueblo todos son la misma familia, es un caserío no es un pueblo y todo el mundo se conoce el uno con el otro, son familiares” (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017}, pp. 279-282). Empero, el testimonio de la familia de la víctima se presenta desde Barranquilla, pues anotan los entrevistados, “volver al pueblo sin él” es profundamente doloroso.

Como se constata, la revictimización, en el caso objeto de revisión, trasciende el hecho victimizante y ha supuesto, en los casos examinados, una dura carga que tienen los habitantes de Pita, pues la masacre reprodujo en los sitios de recepción una discriminación que incentivó el retorno al sitio del hecho. Quizá, lo anterior permite evidenciar efectos más allá de los previstos por el diseño institucional, en la medida que este ha centrado la reparación en los victimarios, y probablemente ha olvidado la espiral de hechos victimizantes que subsiguen al desplazamiento forzado.

Reparación, restitución y compensación para las víctimas

En el momento de la masacre, la edad promedio de las mujeres encuestadas era de 18 años. De acuerdo con los datos, el 50% de las mujeres eran niñas menores de 13,5 años en el momento de la incursión, mientras que el 50% de los hombres tenían más de 31 años (véase Tabla 1).

Tabla 1 Edad del encuestado en la masacre 

Nota: N = 27.

Lo anterior indica un alto grado de vulnerabilidad de la población al momento de la masacre, y da cuenta de los efectos que la misma pudo tener en la percepción de la población sobre sí misma. Como se constata, las mujeres se encontraban en el percentil más bajo al momento de la masacre, lo que supone una exposición a otras formas de violencia y discriminación en los lugares de recepción de la población desplazada. Ahora bien, lo señalado tuvo un impacto con la situación sociodemográfica actual, en razón del acceso a la educación. Contrario a lo esperado, aquellos habitantes desplazados que llegaron a una ciudad capital, no obtuvieron niveles de educación más altos, como se evidencia en la Figura 1. Se resalta, además, que el encuestado con grado escolar más alto (bachiller) cursó sus estudios en el municipio Las Caras (a 11 km de Pita).

Nota: N = 27.

Figura 1 Nivel y lugar de f ormación 

Consideramos importante destacar también que la proporción de mujeres que no accedieron a educación es casi el doble de la proporción de hombres, la misma situación se repite en la primaria. Sin embargo, ninguno de los hombres encuestados culminó su bachillerato frente a una mujer que sí lo hizo; finalmente, la proporción de mujeres con bachillerato inconcluso supera por más del doble a la proporción de hombres. Evidenciamos que el 57% de las mujeres encuestadas ha iniciado o culminado sus estudios de secundaria, frente al 23% de todos los hombres encuestados. De esta manera, concluimos con base en las encuestas, que las mujeres de Pita tienen un mayor grado educativo que los hombres (véase Figura 2).

Nota: N = 27.

Figura 2 Edad del encuestado en la masacre 

No obstante, el anterior hallazgo, encontramos que solo el 7,4% de los encuestados son empleados. Todos ellos son hombres, ninguna de las mujeres se encuentra empleada, y la mayoría de ellas son amas de casa (el 79%). La principal actividad económica de los empleados es la agricultura, el 37% de los encuestados aseguraron dedicarse al cultivo de productos como la yuca, el ñame, el maíz y el plátano. Uno de los encuestados tiene una tienda en Pita, mientras que los que se encuentran laboralmente vinculados trabajan como jornaleros en una finca y en un vivero.

Como se presenta en la Figura 3, el 96% de los encuestados vivió fuera de Pita. Dentro de los lugares con mayor desplazamiento se encuentran Las Caras con el 44% y Barranquilla con el 30%. La mayoría de las familias se desplazaron, en promedio, 35 km, esto sin contar el desplazamiento al país vecino de Venezuela, a donde se desplazó el 7% de los encuestados.

Nota: N = 27.

Figura 3 Vivió fuera de Pita 

En la Tabla 2 se observa que los encuestados acudieron a diferentes destinos, en algunos de ellos no fueron acogidos, razón por la cual se dirigieron a otro lugar. La tabla recoge todos los destinos mencionados. Al consultar sobre el tiempo del desplazamiento, encontramos que el 29% de los encuestados permaneció fuera de Pita por un año, el promedio del tiempo de desplazamiento fue de 21 meses con una desviación estándar de 40,59 meses. Los datos mínimo y máximo son un mes y 204 meses. El 25% de los encuestados vivió fuera del pueblo por más de 22 meses. Como causa principal del desplazamiento se presenta la violencia, particularmente la masacre del 2003, con 96,2%. El 4% restante salió de Pita en búsqueda de trabajo.

Tabla 2 Destinos de desplazamiento 

Nota: N = 27, pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas.

Entre las razones por las que regresaron al pueblo luego de la masacre, la más frecuente es el rechazo de los habitantes de los otros pueblos por temor a represalias de los grupos armados autores de la masacre. En las narraciones encontramos las siguientes frases:

Ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria consiste en un desembolso temporal y transitorio, de recursos necesarios para que la víctima pueda sobrevivir mientras se consolida su situación o se repara administrativamente. En el trabajo de campo, se puede constatar que, en realidad, se trata del principal instrumento que conocen las víctimas de la masacre de Pita y que ha sido implementado en la vereda. En efecto, el 100% de los encuestados asegura conocer la reparación de víctimas y la restitución de tierras; el 96,3% indica conocer la ayuda humanitaria y el 70,4% el retorno y la reubicación (véase Tabla 3).

Tabla 3 Herramientas del Estado que conoce 

Nota: N = 27.

Asimismo, se encuentra que la mayoría de los encuestados (67%) han sido beneficiarios de la herramienta “ayuda humanitaria” (véase Figura 4).

Nota: N = 27.

Figura 4 Beneficiados de herramientas del Estado para el posconflicto 

También encontramos personas que han solicitado las herramientas pero que a la fecha no han sido beneficiadas (véase Tabla 4).

Tabla 4 Herramientas del Estado que ha solicitado y no ha recibido 

Nota: N = 27.

Vale la pena mencionar que el 74% de los encuestados reconocen el trabajo de una ONG Techo, que tiene como propósito trabajar en los asentamientos informales para superar la pobreza por medio de la formación y acción conjunta de sus pobladores, jóvenes voluntarios y otros actores. Su trabajo en Pita es calificado como bueno por el 89,5% de los encuestados y como regular por el 10,5 restante. Estos últimos aseguran que las casas han sufrido deterioros y que no son dignas, mientras que los que calificaron como buena la labor de la mencionada ONG, aseguran que estas cambiaron la forma de vida en el pueblo, pues antes las casas eran de bareque.

La verdad y memoria histórica

Las comisiones de verdad suelen proveer el ambiente en el que la víctima y el perpetrador pueden narrar sus historias amparados en un canal oficial que reconozca la existencia de los abusos del pasado. También se le llama una plataforma pública de las víctimas, donde reciben compensaciones simbólicas por su sufrimiento, y promueven la reconciliación, y, en algunas ocasiones, contribuyen a la reforma del sistema (^{Grodcky, 2009}).

No obstante, a excepción de las páginas recaudadas por el ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2017)}, en la misma narración de los habitantes se constata que la población aún desconoce las causas de la masacre. Aunque la masacre ocasionó una erosión de las estructuras sociales, actualmente es posible evidenciar un proceso de resiliencia que se ha hecho notar en la autocomposición y reconstrucción social de la población. La conmemoración de la masacre fue identificada como una actividad recreativa por el 11% de los encuestados y como una actividad cultural por el 19% de los encuestados. El 7,4% de los encuestados asegura que volvió al pueblo por el conjunto vallenato, quien, además, ha compuesto una canción que conmemora la masacre. Asimismo, consultamos a los encuestados sobre las actividades nacidas y perdidas a causa de la masacre. En la tabla 5 se citan los resultados.

Las actividades enunciadas en la Tabla 5 pueden dar cuenta de la reconstrucción y autocomposición de la población. Allí se identifica una forma de construcción de identidad, arraigo y sentido de pasado común, que les ha permitido a los piteros, autorreconocerse como familia, que ha sido capaz de sobreponerse a la violencia armada. En este sentido, las actividades perdidas se sumieron en el pasado, mientras que la conmemoración de la masacre se convirtió, en sí misma, en una actividad cultural que fortalece el vínculo y sentido colectivo de la población.

Tabla 5 Impacto de la masacre en las actividades recreativas y culturales 

Nota: N = 27.