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Introducción
El abuso sexual (AS) contra niños, niñas y adolescentes (NNA) es un fenómeno omnipresente de salud pública; y es un problema generalizado de derechos humanos que enfrentan todos los países, ya que perjudica gravemente a este grupo poblacional. Según Frías (2015), esta afectación se ve reflejada en la conducta observable y no observable (cogniciones, emociones, sentimientos, recuerdos, percepciones), y el desarrollo de quien lo sufre. El abuso sexual infantil se define como la actividad sexual entre un adulto (familiar, conocido, amigo o extraño) y un menor de edad (Cromer & Goldsmith, 2010); donde el acto carece de consentimiento por la edad de la víctima (no comprende completamente el acto) y se produce con o sin contacto del perpetrador (Negriff et al., 2014), para proporcionar placer o gratificación sexual.
Las revisiones realizadas en los últimos años sobre el tema reportan tasas de prevalencia que oscilan entre el 5% y 18%, y van en aumento dependiendo del contexto geográfico en todos los países de Latinoamérica y el Caribe (Clayton et al., 2018). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2018) detalla que al menos más de 1,1 millones de niñas y adolescentes han experimentado violencia o actos sexuales forzados desde la infancia, siendo el primer contacto o experiencia sexual forzado en casi un tercio de NNA en el mundo (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002). Los estudios presentados por cada país reflejan lo que compete a su realidad; no obstante, se observa en la mayoría ciertas similitudes, por lo que estos patrones pueden ser una herramienta para reducir estos actos de violencia (Fry et al., 2021).
En Perú, en las datas del Ministerio de Mujeres y Población Vulnerable (MIMP) se evidencia que el número de abuso sexual infantil va en aumento; durante el 2017 al 2018 reportaron 4.943 casos por AS contra NNA (MIMP, 2018); en el 2019 se registraron 9.938 denuncias (MIMP, 2019); y en solo diez meses atendieron a más de 5.000 víctimas por violación sexual en el 2020 (tenían edades entre 0 y 17 años) (MIMP, 2020). Aunque la tendencia no es para nada alentadora, las estadísticas para otros organismos muestran la vulnerabilidad de este grupo demográfico. Por ejemplo: el reporte del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (Simex) del Ministerio de Educación, solo en el periodo 2015-2018 registró 1.065 casos de AS por parte de profesores a estudiantes (Minedu, 2019); el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) notificó que, a nivel nacional, durante el 2019 al 2020 inscribieron 6.794 neonatos por progenitores menores de 15 años de edad (INEI, 2021); y la Defensoría del Pueblo (2022), reportó que, desde el mes de enero hasta noviembre del 2022, el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Minsa registró 37.013 nacimientos cuyas madres tenían entre 0 a 19 años. Se puede observar lo preocupante del tema y la necesidad de buscar cambios en las políticas sociales que permitan y garanticen a futuro la seguridad de este grupo demográfico.
En vista de lo anterior, el Gobierno peruano implementó, desde el 2016, una ley preventiva (Ley N° 30364; Congreso de la República, 2015) para prevenir este tipo de actos. Aun así, la eficacia es aparentemente ineficiente contrastada con las estadísticas presentadas. Lo cierto es que la condena de estos actos se tipifica como violación sexual en los artículos 170 y 173 del Código Penal del Perú (2018) y varía desde 20 años de condena hasta cadena perpetua, según la edad de la víctima. Aunque las condenas intervienen como un factor disuasivo para la violencia sexual, la tendencia por este acto crece año tras año. Esto se demuestra con la población carcelaria a nivel nacional por el delito de violación sexual contra NNA que, según el Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA (2018) es de 3.101 procesados y 4.800 sentenciados. Sin embargo, investigadores como Redondo y Mangot (2017) señalan que, en la delincuencia sexual, sobre todo en los delitos sexuales infantiles, existe una alta cifra negra, ya que en muchos casos no se realiza la denuncia por la proximidad física y emocional con el agresor, que en su mayoría estos hechos acontecen dentro del marco familiar o en relaciones íntimas.
El perfil criminológico y el abuso sexual infantil
Si bien los investigadores se han centrado mucho en estimar la prevalencia y evaluar las consecuencias a corto y largo plazo (Barrios et al., 2015; Morais et al., 2018; Tang et al., 2018), se han olvidado de estudiar la naturaleza del problema y de las personas involucradas. De ahí, la novedad de este estudio, ya que se centra en un elemento importante que es comprender las características, el comportamiento y las motivaciones de las personas que perpetran este tipo de abuso infantil, para construir perfiles criminales que prevengan y garanticen la seguridad para la población de estudio. Sobre esto, el abuso sexual infantil ha reportado varios tipos de actos (entre ellos, la agresión sexual, la violación (abuso sexual consumado)), el incesto, la victimización y la explotación sexual (Mathews & Collin-Vézina, 2019), uno difiere del otro.
Aun así, la mayoría de estos no consiguen distinguir los perfiles criminales de los diferentes delincuentes, lo que sería importante para comprender la naturaleza psicocriminógena del abuso sexual infantil. Se ha reportado la importancia de establecer patrones y perfiles delictivos; sin embargo, estos aún carecen de consenso sobre la clasificación de AS contra NNA. En donde el problema podría estar en la naturaleza delictiva o los instrumentos empleados (Hemmati et al., 2021; Lim et al., 2021).
En cualquier caso, la visualización de los perfiles o características criminales de los individuos sentenciados por delitos de AS constituye uno de los objetivos importantes para las políticas de seguridad en una sociedad. De hecho, esta caracterización permitiría a los gobiernos de turno generar estrategias para actuar en la disminución del margen de violencia en todos sus niveles (Mendiguren et al., 2017). Contribuir en las comparaciones globales de factores explicativos y ayudar a desarrollar iniciativas específicas de prevención de la salud y seguridad pública, que tengan un impacto sustantivo, independientemente del contexto. Se tiene como primer objetivo específico (Oe1): identificar si los perfiles criminológicos de los participantes son útiles para realizar perfiles delictivos de futuros agresores o reincidentes.
Trastornos de personalidad, características sociodemográficas y el abuso sexual infantil
Durante años de investigación, se han propuesto varias teorías integrales para explicar las causas que originan la comisión del delito sexual contra menores de edad. Redondo et al., (2014) muestran en su investigación diversas teorías que señalan que el contexto en el que ha interactuado el individuo agresor contribuye al involucramiento futuro en conductas de violación sexual. Entre ellas: vivencias traumáticas en la infancia o adolescencia, estilos parentales negligentes y rechazo o desvinculación emocional, carencias afectivas y de comunicación, hipersexualización de su emocionalidad y conducta, mayor fragilidad psicológica, mayor grado de problemas internalizantes y temprana socialización sexual, vivencias traumáticas sexuales con imágenes violentas o con implicación de menores y dificultad de adquirir inhibiciones para evitar conductas sexuales por las experiencias anómalas vividas u observadas.
Sindeev y Guzmán-Negrón (2018) y Bonifacio (2019) exponen que no se puede definir un perfil de agresor sexual infantil, o al menos, no se los puede compendiar en un único perfil. Sin embargo, los autores, concretamente Gutiérrez (2020), manifiestan que se puede aludir a una serie de características que los agresores comparten, como los elementos sociodemográficos, clases sociales, relación agresor y víctimas, y enfermedades mentales y de personalidad e historia personal. La misma autora menciona que la comparación de estas características establece un común denominador de abusadores sexuales. Vidal et al. (2008) detallan que el violación sexual es una manifestación presente de un desequilibrio en función de la raza, etnia, clase social, género, edad, y entre otros. Ferragut te al. (2021) señalan que, en lo que respecta a la relación del perpetrador con la víctima, los conocidos adultos, adultos extraños y otros menores son los más comunes perpetradores en las experiencias relacionadas al abuso infantil, mismo que a menudo se produce en el contexto de un entorno familiar disfuncional, como la separación de los padres, la psicopatología de los padres y otras formas de abuso infantil, incluidos el abuso físico y el abandono (Losada & Jursza, 2019).
La cognición siempre se reconoce como un componente etiológico central. Autores como Cloninger (2008) hacen referencia a que la forma en que una persona percibe, piensa, comprende y razona está inextricablemente entrelazada con el modo en que una persona interactúa y se comporta en su mundo social. Otro factor es la falta de empatía que muestran muchos infractores sexuales en relación con sus propias víctimas, cuya actitud refleja la grave dificultad de tomar perspectiva del sufrimiento y daño que pueden ocasionar (Brown et al., 2013). A esto, cabe señalar que las personalidades de los agresores tienen un papel importante dentro de estos patrones de comportamiento. Redondo (2017) menciona que las experiencias de dedicación, afecto y tipos de controles recibidos por parte de padres o cuidadores determinan el comportamiento desadaptativo del abusador sexual contra NNA. En otras palabras, dependerá de sus experiencias de vida para desarrollar su personalidad y mantener comportamientos adaptativos y flexibles o inadaptativos y rígidos. También, se ha escuchado que un violador es alguien que posee características y trastornos psicópatas; pero, esto se aleja de la realidad, ya que muchas veces esto se observa en el propio círculo de relaciones interfamiliares de la víctima (Ferragut et al., 2021).
Para Navarro y Quispe (2015), los factores de riesgo para la comisión del delito de AS serían los socioeconómicos, la educación y particularmente la sexualidad, que tienen un rol importante en la formación y desarrollo de la personalidad del individuo. Según Ortiz-Tallo et al. (2002), los rasgos de personalidad presentes en los delincuentes sexuales de menores de edad son dependiente, fóbica y compulsiva. También, otros autores constataron una alta prevalencia de la personalidad antisocial (67%) y de psicopatía (13,4%), ambos grupos con factores históricos de riesgo de violencia en la historia de violencia previa, abuso de sustancias e impulsividad (León-Mayer et al., 2014). Sindeev y Guzmán-Negrón (2018) identificaron que las características sociodemográficas predisponentes en el Perú son edades entre 30 a 49 años (48,9%), procedentes de Lima (56,6 %), con educación secundaria (64,5%) y superior (21%), con trabajo (85,5%), casado o conviviente (57,9%) y con hijos (67,1%). Estas características fueron similares a las halladas en el estudio realizado por Lira-Mendiguren et al. (2017) con población carcelaria chilena, quienes además concluyeron que existe una relación significativa entre estas características. Con ello, se tiene como Oe2: identificar si las características sociodemográficas, el riesgo de violencia y los patrones de personalidad de estos sentenciados participantes predicen futuros episodios de abuso sexual contra NNA.
Debido a las cifras crecientes alarmantes en el Perú año tras año, el propósito de esta investigación es identificar en una muestra de participantes sentenciados por violación sexual contra NNA, los trastornos de personalidad predominante y la relación entre las características sociodemográficas y el riesgo de violencia futura. El objetivo final consiste en que los resultados proporcionan una base para el diseño de planes de tratamiento penitenciario y de intervención secundaria o programas preventivos en población vulnerable al riesgo de cometer el delito de AS.
Método
Diseño del estudio y participantes
Estudio cuantitativo con diseño descriptivo de corte transversal correlacional en personas privadas de la libertad (PPL) sentenciadas por abuso sexual contra NNA y recluidos hasta noviembre de 2019 en un establecimiento penitenciario en Lima (Perú). Se utilizó un muestreo por conglomerados estratificados en dos etapas para reclutar a los participantes elegibles para la encuesta, diagnóstico de personalidad y la guía para la valoración (ficha sociodemográfica, el Inventario Multiaxial de Millon (MCMI II)1 y Valoración del Riesgo de Violencia (HCR-20)). En la etapa uno, se identificó al total de la población de estudio (n = 264), posteriormente se estratificó a los agresores de NNA con base en la presencia de tres a más diagnósticos de personalidad y sentencias ejecutorias por delito (n = 157). En la etapa dos, resultado de este análisis, se seleccionaron 32 PPL de acuerdo con los criterios de selección: (1) sentenciados por violación sexual contra NNA, (2) presentar en el diagnóstico clínico de personalidad al menos tres trastornos de personalidad, (3) ausencia de consumo de sustancias de algún tipo que altere su cognición durante o previo al inicio de investigación, (4) no ser reincidente o no tener una historia criminal previa y (5) participación voluntaria. Se excluyeron a todos los participantes con (a) datos demográficos incompletos o con respuestas imprecisas, (b) delito cometido en conjunto con otros delitos, (c) tener puntaje 2 en la escala de validez del MCMI-II y (d) desear retirarse en uno de los procesos de investigación.
Variables de estudio
La variable dependiente en este estudio se limitó al “abuso de violencia sexual consumado”, definido como la penetración forzada físicamente de la vulva o el ano usando el pene, y consumada cuando el perpetrador alguna vez forzó física y emocionalmente a la víctima NNA a tener relaciones sexuales y por tal acto fue sentenciado y privado de la libertad. Las variables independientes incorporaron características sociodemográficas, gestión de riesgo de violencia futura y trastorno de personalidad. Se seleccionaron los niveles de operativización, las variables y las características del estudio de acuerdo con las directrices de Begum et al., (2015), Gemechu y Meleku (2015) y Bárbara et al. (2022). El estudio responde a la teoría cognitiva social de la conducta criminal2 y el paradigma de justicia terapéutica3 (véanse, Douglas, 2016 y Gannon et al. 2007, como base de sustentación teórica).
Herramientas de recopilación de datos
Para la recopilación de datos, los siguientes cuestionarios se dividieron en tres secciones de la siguiente manera:
Sección I:
Datos sociodemográficos: edad en la que se cometió el delito; estado civil (soltero, divorciado, casado o conviviente); grado de instrucción (secundaria completa, incompleta y superior completa e incompleta); y lugar de procedencia: nacimiento y residencia (Lima o provincia). Los mismos participantes llenaron el formulario. Se diseñó el cuestionario a partir de estudios relacionados con las variables descritas anteriormente (véanse, Racine et al., 2022; Sindeev y Guzmán, 2018 y Sui et al., 2020). La información fue corroborada por la revisión de los expedientes penitenciarios que incluía los años de sentencia.
Sección II:
Inventario Multiaxial de Millon (MCMI II), desarrollada por Theodore Millón (2002). Este instrumento se utilizó para identificar y seleccionar a las PPL que presenten más de tres diagnósticos de personalidad. La administración y evaluación con este instrumento estuvo a cargo de una licenciada en psicología, especialista en el área clínica y en terapias conductuales de tercera generación.
Sección III:
Guía de Valoración del Riesgo de Violencia (HCR20), desarrollada por Douglas et al. (2014), y adaptada y traducida al español por Hilterman y Pueyo (2005), fue utilizada en población clínica y penitenciaria para hallar factores y el nivel de riesgo de violencia, para prevenir escenarios futuros de riesgo y crear los planes específicos en la gestión de riego. Está compuesta por 20 factores de riesgo agrupados en tres subescalas: histórico (H), referido a problemas de su historia de vida pasada; clínico (C), enfocado en problemas clínicos desde hace diez años; y gestión de riesgo (R), que indica problemas intramuros. La corrección se puntúa con 0, 1 o 2 según la ausencia o presencia del factor en la persona evaluada; con la sumatoria se obtiene una puntuación por escala y una valoración final estructurada del riesgo (bajo, moderado o alto). La valoración final se denomina mediante el Juicio Clínico Estructurado, por lo que no requiere de mayor adaptación, sino de la comprensión de este (Loinaz, 2013). Estudios realizados en Argentina y Portugal suministraron evidencia inicial útil para la evaluación con una confiabilidad en la escala Histórica de .94, en Clínica de .75 y Gestión de Riesgo de .91; y el total del instrumento un .97, lo cual abarca a todos los coeficientes en una categoría de excelente (León-Mayer et al. 2014; Neves et al. 2011).
Análisis de datos
Los datos se analizaron en el programa estadístico para las Ciencias Sociales SPSS versión 26. Las variables categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes, a diferencia de las variables cuantitativas que se presentaron como media (M) ± desviación estándar (DE). Se analizó la confiabilidad del instrumento MCMI-II con el análisis de consistencia interna de Alfa de Cronbach, el cual reportó para el inventario total un puntaje de 0,945, para la escala de patrones clínicos 0,844, para patologías clínicas 0,796, para síndromes clínicos 0,86 y para síndromes clínicos graves 0,794. Se aplicaron las técnicas tanto bivariadas como multivariadas. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado y Rho de Spearman para probar una asociación y relación entre el riesgo de violencia futura y las variables sociodemográficas. Los estudios de Hemmati et al. (2021) y Tharshini et al. (2021) se emplearon como directrices teóricas para realizar los procesos de correlación; para considerar que una variable se relaciona con otra, la correlación debe ser moderada o superior. Además, se consideró estadísticamente significativo un valor de p inferior a 0,05.
Las variables también se analizaron por regresión logística multivariada, con el fin de examinar qué características sociodemográficas, trastornos de personalidad y factores de riesgo estaban asociados con el riesgo futuro de violencia sexual infantil.
Consideraciones éticas
La investigación se llevó a cabo con los protocolos de seguridad del establecimiento carcelario, con previa autorización del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y los lineamientos éticos internacionales de un estudio de investigación con personas. Todos los procedimientos de recopilación de datos se manejaron de manera confidencial de acuerdo con las pautas de ética biomédica de Helsinki. Previo a la administración de los instrumentos, a cada uno de los participantes, que no tienen relación con la investigadora, se les otorgó un consentimiento informado en el que se les explicó y enfatizó el objetivo del estudio, el carácter voluntario de la participación y del proceso a seguir, la garantía de anonimato, confidencialidad y consentimiento; asimismo, la no obtención de beneficios por su participación. Para la base de datos de las variables en estudio, se le asignó un número como código de identificación a cada participante y se restringió el traslado a través plataformas digitales para la protección y confidencialidad de la información.
Resultados
Características de los participantes
La Tabla 1 muestra las características sociodemográficas de los encuestados. Un total de 32 PPL participaron en el estudio. Las edades de los participantes fluctúan entre 19 a 56 años (M = 41,5; DE = 8,50). De ellos, el 40,6% son solteros, el 31,3% convivientes, el 21,9% casados y el 3,1% divorciados o separados. El 56,3% cuenta con grado de instrucción de secundaria completa, el 18,8% con secundaria incompleta, el 12,5% superior completa e incompleta, el 9,4%. En su mayoría, las PPL son procedentes de Lima Metropolitana (62,5%) y los restantes de otras provincias (37,5%). La información complementaria evidenció que en promedio los años de sentencia de las PPL oscilaron entre 22,94 ± 9,84 años de condena hasta cadena perpetua, años asignados según la edad de la víctima NNA. Es decir, el 59,4% fueron sentenciados por abuso a NNA menores de 14 años y el 40,6% por agresión a NNA entre 14 a 17 años.
Patrones clínicos de la personalidad
La Tabla 2 muestra el diagnóstico clínico de personalidad de los agresores. En general, se identificó que los patrones de personalidad, en los participantes, con mayor frecuencia en niveles elevados fueron dependiente (56,3%) y compulsivo (84,4%). Aun así, hubo un alto porcentaje de trastornos más comunes con niveles moderados, siendo estos: evitativo (78%), narcisista (75%) y autoderrotista (84,4%); en patologías se observa paranoide (53,1%); en síndrome, ansiedad (50%), dependencia de alcohol (81,3%) y de drogas (90,6%); y síndrome grave, desborde delusional (65,6%) (ver Tabla 2).
Factores asociados al riesgo de violencia
La puntuación media del HCR-20 fue de 21,63 (DE = 6,82, rango: 8-37); los promedios de las subescalas fueron: H 12,8 (DE = 3,83, rango: 4-20), C 3,9 (DE = 2,32, rango: 0-8) y R 4,9 (DE = 2,29, rango: 1-9).
El 79,0% de los condenados presentaron un riesgo moderado de violencia; el 19,3% en riesgo alto; y solo el 2,18%, bajo. Así pues, en la Tabla 3 se expone la descripción de los factores estáticos, los cuales revelan que los participantes investigados presentan en mayor porcentaje los siguientes factores de riesgo: en escala H, violencia (100%), trastorno de personalidad y relaciones interpersonales (87,5%), experiencias traumáticas (81,3%), actitudes violentas (62,5%) y trabajo (56,3%); en escala C, síntomas de trastorno mental grave (31,1%) e ideas o intentos de violencia (21,9%); y en el nivel R, condiciones de vida (59,4%), servicios y planes profesionales (50%) y afrontamiento al estrés (43,8%).
Factores que influyen en la violencia sexual infantil
En las Tablas 4, 5 y 6 se presentan las Inter correlaciones entre las variables de riesgo, trastornos de la personalidad y las características sociodemográficas de los agresores. La edad del agresor se correlacionó con el nivel de riesgo histórico (H) y gestión de riesgo (R) (véase Tabla 6), algunos patrones (compulsivo, pasivo agresivo y auto derrotista), patologías (esquizotípico, borderline y paranoide) y síndromes clínicos de la personalidad (como la distimia y dependencia al alcohol), incluyendo varios trastornos graves (desorden de la personalidad y depresión mayor, véase Tabla 5). El estado civil se asoció con la escala H y el TEP (trastorno esquizotípico de personalidad, véase Tabla 5). El grado de instrucción se correlacionó con los patrones de personalidad dependiente y narcisista (Tabla 5). El lugar de procedencia se asoció con la variable H (Tabla 4) y algunos trastornos de la personalidad (TP), incluyendo patologías y síndromes (Tabla 5). Los riesgos de violencia futuro (H, C y R) se asociaron con algunos TP (consulte la Tabla 6). Otro punto que se puede destacar es que algunas características sociodemográficas se asociaron negativamente con varios TP, lo que demuestra que la variación de las características sociodemográficas condiciona y aumenta el ataque por AS contra NNA.
Tabla 4 Correlaciones entre las características sociodemográficas y el riesgo de violencia futuro
Nota: * significativa (p < 0.05), ** altamente significativa (p < 0.01)
Tabla 5 Correlaciones entre las características sociodemográficas y los trastornos de personalidad
Nota: * significativa (p < 0.05), ** altamente significativa (p < 0.01)
Tabla 6 Correlaciones entre el riesgo de violencia futuro y los trastornos de personalidad
Nota: * significativa (p < 0.05), ** altamente significativa (p < 0.01)
Otro punto que se puede destacar del análisis anterior es que algunas características sociodemográficas se asociaron negativamente con varios TP, lo que demuestra que la variación de las características sociodemográficas condiciona y aumenta el AS contra NNA.
También se analizaron las variables mediante una regresión logística multivariada, con el fin de determinar si las características criminales de los perpetradores podrían predecir futuros episodios de abuso sexual contra NNA. Se observa que la edad, los patrones del carácter narcisista, antisocial, agresivo-sádico, compulsivo y auto derrotista, y los síndromes clínicos de distimia y dependencia a las drogas son predictores cruciales para definir el perfil (características de un posible o reincidente agresor) del riesgo de violencia futura. El análisis mostró que los agresores que tienen antecedentes de abuso sexual infantil son 6.395 veces más propensos a tener un TP narcisista; 11.801 veces rasgos antisociales; 7.334 veces personalidad agresivo-sádico; 6.255 veces TP compulsivo, y 5.625 veces trastornos autoderrotistas. Al mismo tiempo, los sentenciados por agresión sexual contra NNA fueron condenados por este crimen por presentar 9.798 veces depresión severa (distimia) y 13.160 veces dependencia a las drogas (véase Tabla 7).
Finalmente, en la Figura 1 se presentan las principales características del perfil criminológico; su análisis se expone en el apartado de discusión.
Discusión
Existe abundante literatura con relación a las características asociadas a la violencia y el abuso sexual (Castillo & Rangel-Noriega, 2013; Garrido, 2011; González et al., 2004). En general, la literatura no identificó psicopatologías o síndromes específicos que determinen los problemas en la personalidad de un agresor sexual contra NNA, pero sí una aproximación a algunos patrones que puedan ser útiles como una guía fundamental para la realización de programas de tratamiento e intervención para dicha población delictiva (Hemmati et al., 2021). Esta investigación logró identificar en un establecimiento penitenciario en Lima, Perú, el predomino de las características sociodemográficas, los trastornos de personalidad, y la presencia de un riesgo moderado de violencia futura en sentenciados por delito de violación sexual contra NNA. A continuación, se discute los hallazgos evidenciados en los siguientes apartados:
El perfil sociodemográfico
En el análisis sociodemográfico de las PPL, se evidenció que el grupo de perpetradores con mayor presencia en las sentencias de violación sexual contra NNA tienen una edad entre 35-50 años. Tendencia reflejada en estudios similares llevados a cabo en la región y en el país, como los reportados por Sindeev y Guzmán Negrón (2018), quien en una muestra mayor a la de este estudio, equivalente a 76 reclusos, encontró que la edad predominante de este grupo fue de 30 a 49 años. Palmer et al. (2008) mencionan que los jóvenes de 21 a 45 años, que viven en unión marital, fueron los perpetradores más comunes de violación sexual de menores y contaban con estudios secundarios o superiores.
La etiología de las condiciones previas, indica que la edad es un factor determinante que le favorece al perpetrador para aprovechar sus características sobre su víctima, siempre y cuando sus iniciaciones hayan sido a una edad temprana (Marshall et al., 2013): por ejemplo, se ha reportado que los adultos agresores tienen un riesgo alto de perpetrar o reincidir en un delito de abuso sexual infantil, a diferencia con los juveniles institucionalizados, probablemente por la reciente iniciación al delito sexual y porque aún presentan cogniciones antisociales débiles o en desarrollo (Marroquín, 2019; Ward & Beech, 2016). Es decir, los participantes presentan deficiencias significativas en las habilidades de autocontrol, integración de identidad, responsabilidad y capacidades racionales (Garofalo et al., 2018).
Los perpetradores con instrucción secundaria presentan un riesgo de violencia moderado y reincidencia alta, en comparación con otros niveles de educación. Aun así, no se encontraron estudios que respalden que la educación del agresor incida en el riego de abuso sexual infantil futuro. Sobre ello, Sindeev y Guzmán-Negrón (2018) señalan que no existe una característica específica según instrucción académica de dicha población. No obstante, se considera que el nivel de educación y educación sexual son factores determinantes en el desarrollo de la personalidad, y 1,23 veces menos probabilidades de sufrir abusos que los que no cuentan con instrucción educativa (Manyike et al., 2015; Navarro & Quispe, 2015). Algo similar se encontró en el lugar de procedencia, pues aunque este se relaciona con el riesgo de violencia, no se identificó ninguna investigación que argumentara que el lugar de procedencia incide en la reincidencia o es un predictor de abuso sexual infantil. Sin embargo, la mayoría está relacionada con el parentesco de la víctima, pues se ha reportado una alta incidencia de abuso sexual contra NNA que involucra a un miembro de la familia o conocido como agresor (Pérez-Fuentes et al., 2013).
Por otra parte, si bien es cierto que la violación sexual infantil se expresa con mayor ferocidad en la clase social baja, esta caracterización no es una verdad absoluta, porque también está presente en otras clases sociales. Esto no es muy visible en cifras, debido a los recursos y herramientas que emplean los perpetradores para eludir a la justicia; entre sus métodos figuran la disuasión, el soborno, los incentivos y las amenazas (González et al., 2004).
Los patrones, trastornos y problemas de personalidad
En la muestra de estudio predominaron los patrones de personalidad evitativo, narcisista y autoderrotista; la patología paranoide; los trastornos de ansiedad, de dependencia de alcohol y drogas; y el trastorno grave de desborde delusional. Estas características se ven en estudios similares a los publicados por Wilson (2018); los resultados revelaron que la mayoría de los participantes poseían trastornos de personalidad clínicos, patologías severas y síndromes clínicos graves. Además, la combinación de estos patrones y síndromes clínicos presentan una fuerte y estrecha relación con el delito sexual, al igual que el homicidio (Brunner et al., 2019). Los autores muestran que los delincuentes sexuales contra NNA tienen más probabilidades de ser diagnosticados con trastornos de evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo, y problemas de pedofilia o desviación sexual solapada en la agresión y el diagnóstico (Heffernan & Ward, 2015; Hörburger & Habermeyer, 2020). De acuerdo con los autores, la personalidad del agresor sexual infantil es un comportamiento de naturaleza multicausal con un sinnúmero de variables (Sindeev & Guzmán-Negrón, 2018).
Las características de personalidad se consideran un factor común para explicar los patrones de conducta delictiva (Kamaluddin et al., 2015). En la evaluación de los delincuentes sexuales infantiles, los rasgos de personalidad, sobre todo los trastornos, son uno de los factores vitales; ya que por ser permanentes, inflexibles y desadaptativos causan incapacitación significativa, perturban la eficacia personal y sus estrategias de afrontamiento hacia dificultades de la vida (Stoll et al., 2019). A su vez, está fuertemente involucrada con la aparición y la persistencia de trastornos del estado de ánimo y el consumo de bebidas y sustancias en adultos (Fergusson et al., 2008). A menudo, en la evaluación de los agresores sexuales, se estudia a la psicopatía, que viene a ser una alteración de las características narcisistas, antisocial, impulsividad y ausencia de control emocional, que se asocian con la falta de empatía (Boillat et al., 2017). Estudios como el presentado por Andreu (2014), manifiestan que los delincuentes sexuales de infantes poseen características narcisistas, antisociales, agresivo-sádicos y psicopáticas, vinculadas al consumo de alcohol con anterioridad a los hechos; resultados similares a los mencionados en el presente estudio.
Aunque esta investigación sugiere que los problemas de salud mental y psicológicos pueden estar asociados con los perpetradores de abuso sexual infantil, se debe tener en cuenta que los diagnósticos de salud mental describieron el funcionamiento actual de los perpetradores y no necesariamente su funcionamiento previo al delito; es posible que sus problemas de salud mental surgieran como resultado de su arresto, encarcelamiento, problemas maritales, pérdidas de trabajo y participación en el sistema de justicia penal después de su delito. Además, es difícil generalizar los hallazgos, dado que la investigación utilizó una muestra relativamente pequeña.
Los problemas presentes que influyen en el riesgo de violencia futura
Respecto a las variables de riesgo de violencia, en la escala histórica (H), los participantes presentaron problemas en las relaciones interpersonales, experiencias traumáticas por violencia familiar o agresión sexual en la infancia, abuso de sustancias, respuesta al tratamiento e impulsividad; estos forman parte de los factores individuales, sociales y ambientales mencionados por autores (León-Mayer et al., 2014; Redondo, 2017). Además, guarda concordancia con la correlación significativa de los factores individuales (p.e., experiencias infantiles traumáticas, alta impulsividad o baja empatía), sociales y ambientales (p.e., crianza paterna errática, oportunidades delictivas) con la agresión sexual (Redondo & Mangot, 2017). Y, con estudios que indican que existe una relación significativa en reincidencia sexual, en aquellas personas que vivenciaron maltrato físico durante la infancia, conductas antisociales, como también con el número de víctimas (Valencia, 2016). Consecuentemente, los factores históricos de riesgo de violencia se relacionan con un nivel de riesgo de reincidencia, sumando a ello, la inexistencia de planes en el Perú que actúen como factores protectores de la reincidencia de la conducta sexual (Andrews & Bonta, 2014).
En la escala clínica (C) y considerando que son PPL con trastornos de personalidad, la mayoría presentó síntomas de inestabilidad, trastorno mental grave, parcial respuesta al tratamiento y poca capacidad de insight como consecuencia de su trastorno. Características que presentan una relación con la omisión de la perspectiva y de las emociones de los demás; con guiones sexuales, como la interpretación según sus esquemas cognitivos; y con estrategias de afrontamiento adquiridas según las relaciones vinculares vivenciadas que apoyaron y mantuvieron el comportamiento sexual (Ward & Beech, 2016).
La escala de gestión de riesgo evidenció que los problemas predominantes presentes a futuro e intramuros son las condiciones de vida, servicios y planes profesionales y la capacidad de afrontamiento al estrés; lo cual impacta de manera negativa en la respuesta al tratamiento. Esto resulta congruente con lo señalado por Wilson y Christine (2012) con respecto a los efectos negativos correspondientes a algunos tratamientos dentro de los establecimientos penitenciarios, especialmente, porque los programas están mal desarrollados o son inadecuados para la población de aplicación. El riesgo moderado hallado en los participantes de PPL, indica que se requiere una intervención eficiente para minimizar el riesgo dinámico mediante un tratamiento focalizado que favorezca la reducción de la reincidencia, tal como lo señalan los autores (Tozdan, et al., 2016).
Por otro lado, se identificó una interrelación entre las variables de riesgo, los trastornos de personalidad y las características sociodemográficas de los agresores. Se encontraron ciertas asociaciones que se convierten en pautas para tratar de identificar un perfil del abusador sexual infantil. Si bien, la variedad de estudios que relacionan estas características es escasa, se encontró otros como los de Valencia et al. (2010), los cuales advirtieron relaciones significativas entre las características sociodemográficas y psicosociales de los perpetradores sexuales.
También existe un probable patrón crucial y predictor para tratar de definir un perfil del perpetrador. Aunque la muestra estudiada es limitada, la interrelación hallada se refleja en estudios similares como los de Pérez Fuentes et al. (2013) quienes, con un modelo similar de regresión logística, utilizaron los datos para medir la fuerza de las asociaciones del abuso sexual y los trastornos psiquiátricos en función de las características sociodemográficas, hallando una correlación significativa. Sin embargo, es un tema en el que hay que prestar atención a los procesos de intervención y reinserción social, puesto que autores como Castillo y Rangel-Noriega (2013) mencionan que los datos obtenidos a través de la relación de las características sociodemográficas con los factores de riesgo pueden confundir y complejizar su definición; e interferir en las intervenciones en el futuro. Pese a ello, se pueden realizar perfiles delictivos para futuros agresores y reincidentes, sin olvidar que los mismos contribuirían en los tratamientos y programas de prevención, pues se aborda una aproximación de las características de los perpetradores como factores que pueden incidir en el riesgo sexual infantil a futuro.
Recomendaciones para la intervención en esta población delictiva
Las conductas aprendidas se pueden desaprender, siempre y cuando se utilicen tratamientos eficaces con base en el análisis del comportamiento. La delincuencia sexual es un fenómeno complejo y multicausal; además, estudios mencionados reafirman que no son una población homogénea (Herrero, 2013). Esta investigación respalda la aplicación de un enfoque en el que el objetivo del tratamiento varíe en función del riesgo de reincidencia que presentan los delincuentes. La comprensión e intervención a esta población requieren distintos niveles de análisis (psicológicos, sistema familiar, educativo, social, económico, de empleo, judicial y político) y mayor optimización de los recursos personales, considerando que los factores de violencia son un fenómeno multidimensional.
Ante ello, es oportuno considerar que son altamente relevantes los programas de tratamientos para prevenir la reincidencia delictiva en adultos recluidos y jóvenes institucionalizados; como también, en la población vulnerable a ser víctima de violencia sexual. Puesto a que existe la relación entre experiencias traumáticas de violación sexual en la infancia con la infracción de leyes con un comportamiento violento y con rasgos antisociales (Abrunhosa & Vieira, 2001; Redondo, 2017). Además, la sexualización temprana en la víctima se convertiría en un factor individual de riesgo por la probabilidad de adquirir comportamientos y afrontamiento sexual, debido a la asociación entre experiencias de sufrir abuso sexual a temprana edad y el desarrollo de un interés sexual hacia NNA (Levenson & Grady, 2016).
Es importante centrarse en factores protectores y dinámicos, utilizando intervenciones cognitivas, conductuales y contextuales, reconociendo que este último presenta enfoques con alta evidencia científica en población delictiva en otros países. Se pueden adaptar algunas terapias conductuales de tercera generación que combinan el abordaje en las psicopatologías; el aprendizaje de nuevas habilidades de vida; la promoción de cambios en control o función de las emociones, pensamientos y valores para interrumpir las carreras delictivas; adquirir conductas prosociales, y mantener una vida adaptada a su entorno, considerando el contexto como un factor importante para el cambio. Con el fin de mitigar la motivación delictiva sexual y los factores de riesgo, fomentar los factores protectores, y crear una alta responsividad al tratamiento. Recuérdese que la asignación de recursos de manera inadecuada trae implicaciones económicas negativas y ocasiona que los recluidos presenten poca adherencia al tratamiento o que tiendan al abandono de este (De Vries et al., 2015; Polaschek, 2010).
También, se pueden adaptar programas de intervención como el Programa de tratamiento de delincuentes sexuales (SOTP, por sus siglas en inglés), desarrollado por Brown (2015) y Hollin y Palmer (2009), o los de prevención de reincidencia que, aunque están diseñados para agresores de alto riesgo, pueden ser útiles en esta población, quienes presentan un riesgo moderado y alto de violencia.
Cabe mencionar que, en el Perú, el Ministerio de Mujeres y Población Vulnerable (MIMP) creó el Programa de tratamiento de la agresión sexual (TAS), con la finalidad de generar conductas prosociales y responsables a la población recluida por el delito sexual. Sin embargo, en este programa no se descarta la psicopatología o problemas de personalidad de los reclusos ni el contexto en el que se encuentran. Es probable que, por esta razón, no existan resultados esperados, ya que se tendría que ajustar la intervención, según las deficiencias penitenciarias y factores personales de cada individuo.
En conclusión, la evidencia proporcionada por el presente estudio confirma que el riesgo de abuso sexual (AS) infantil futuro está relacionado con las características sociodemográficas y los patrones de personalidad de los perpetradores. Este estudio confirma la presencia de rasgos patológicos y dimensiones desadaptativas en los agresores de AS contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Los patrones de personalidad con relación al delito son compulsivo, dependiente, esquizoide, evitativo, antisocial, narcisista e histriónico.
Las patologías graves de personalidad con relación al delito son de borderline y paranoide. Los síndromes con mayor puntuación en los evaluados fueron la dependencia de drogas y la dependencia del alcohol. Asimismo, apoya el uso de enfoques terapéuticos más detallados de acuerdo con las características de los agresores. El estudio se refiere al abuso sexual infantil como un factor etiológico identificable relacionado con los problemas mentales, trastornos psicológicos y las características sociodemográficas de quien las produce. Además, los hallazgos subrayan la necesidad de políticas públicas más efectivas dirigidas a la prevención del AS en NNA, con un enfoque específico en las necesidades de la población adolescente.
