Las características y promesas de las cárceles privadas en el mundo desarrollado

El involucramiento del sector privado en el ámbito carcelario ya lleva varias décadas operando a nivel internacional, contando con centros de reclusión operados por empresas privadas en países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Australia, Canadá o Nueva Zelanda (^{Dammert y Díaz, 2005}). No obstante, la privatización de cárceles en el mundo desarrollado no ha estado exenta de controversias, como, por ejemplo, si los Estados deberían delegar en actores privados la realización de una de sus potestades centrales -el castigo- (^{Byrne et al., 2019}).

En Estados Unidos, donde el modelo de cárceles privadas está en pleno uso, algunos han explicado la presencia de los privados en las cárceles como resultado de la lógica del “castigo” que predominaría en dicho país por sobre la de reinserción (^{Tonry, 2021}). Cuestión opuesta a lo que se aprecia en Europa donde solo cuatro países han desarrollado algún sistema de privatización (Reino Unido, Francia, Alemania y España), predominando un enfoque público y con énfasis en la reinserción (^{Byrne et al., 2019}), como el caso de Noruega que tiene buenos resultados con sus prisiones abiertas y humanas, aunque este excepcionalismo penal nórdico también conlleva ciertos niveles de malestar en la población, de todas formas, comparativamente tiene un mejor desempeño que otros sistemas (^{Crewe et al., 2023}).

Otros han enfatizado en la dimensión de negocios y del lucro asociados a tener cárceles privadas, llegando a hablar del “complejo industrial penitenciario” (^{Alexander, 2010}). Si bien la privatización en Estados Unidos es “prácticamente una obsesión nacional” (^{Metzger, 2003}, p. 1369), las prisiones privadas albergan a menos del 9 % de todas las personas encarceladas, siendo más bien actores minoritarios dentro de un sistema público (^{Sawyer y Wagner, 2020}).

Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido por ^{Crewe et al. (2015)} aplicando un enfoque de calidad de vida en prisión, encontró que tanto los reclusos como el personal de las cárceles públicas obtuvieron puntuaciones más altas en varios ítems de la encuesta Measuring Quality of Prison Life (MQPL) de calidad de vida en prisión que sus contrapartes en cárceles privadas, encontrándose diferencias cualitativas relevantes entre los niveles de profesionalidad del personal, la relación entre funcionarios e internos, y la forma en que los reclusos experimentan la autoridad y el poder del Estado en ambos sistemas.

En ese país también, ^{Alonso y Andrews (2016)}, utilizando datos de panel entre 1998-2012, compararon 99 prisiones públicas contra 15 recintos privados, encontrando evidencia de que estos últimos eran mejores en cuanto a condiciones de confinamiento y niveles de actividad de la población recluida. En tanto los recintos públicos tuvieron mejores puntajes en cuanto al funcionamiento y orden de los penales, junto con la seguridad personal. Otra de las importantes conclusiones de este estudio es que el sector privado, en general, mostraba un mejor desempeño en aspectos más fáciles de medir y administrar (como sobrepoblación y las fugas) versus el sector público, con mejores indicadores en aspectos más difíciles de medir y gestionar (como las horas dedicadas a actividades de reinserción, el consumo de drogas o la violencia carcelaria) (^{Byrne et al., 2019}).

En Canadá, ^{McElligott (2007)} analiza empíricamente la primera prisión para adultos administrada de forma privada. En su estudio, ve a los funcionarios penitenciarios como “trabajadores de primera línea”, sujetos a los mismos cambios en las prácticas laborales que están remodelando las vidas laborales de otros trabajadores sujetos a la privatización de servicios, a saber: “subcontratación, precarización, intensificación del trabajo e invasión tecnológica” (p. 93). Agrega que la lógica del mercado genera alta rotación y menor eficiencia del personal (personal menos o mal capacitado), lo que disminuye la calidad penitenciaria y socava las cualidades relacionales necesarias para la estabilidad en las cárceles (^{Liebling, 2004}).

Cuando los resultados post encarcelamiento son tomados en cuenta, la evidencia parece ser mixta. Por ejemplo, ^{Lanza-Kaduce et al. (1999)} reportaron que los internos de cárceles privadas eran menos proclives a reincidir que sus contrapartes de cárceles públicas en el estado de Florida. En el mismo estado, ^{Farabee y Knight (2002)} y ^{Bales et al. (2005)} no encontraron diferencias en los niveles de reincidencia, empleando muestras más grandes que el estudio de Lanza-Kaduce. Por contrapartida, en otros estudios, los internos en recintos públicos han exhibido menores niveles de reincidencia que sus contrapartes en prisiones privadas (^{Duwe y Clark, 2013}; ^{Spivak y Sharp, 2008}).

Dos estudios de metaanálisis (^{Lundahl et al., 2009}; ^{Pratt y Maahs, 1999}) compararon las prisiones administradas de forma privada y pública en cuanto a los costos y encontraron un ahorro mínimo o casi inexistente de las prisiones privadas con respecto a las públicas. Asimismo, ^{Lundahl et al. (2009)} descubrieron que la calidad del confinamiento era similar en el sector público y en el privado: las prisiones administradas públicamente ofrecen una capacitación ligeramente mejor y tienen un poco menos de quejas de los reclusos.

La situación carcelaria en América Latina y Chile

La situación penitenciaria en América Latina en las últimas décadas ha estado marcada por altos niveles de violencia, muertes y delitos que ocurren al interior de los penales, junto con graves violaciones a los derechos humanos de los presos. Esto se da en medio de sistemas con grandes carencias de espacio físico y hacinamiento, escaso y poco capacitado personal, problemas de corrupción, falta de transparencia en la gestión, y escaso acceso de la población penal a programas de reinserción, todo lo cual refleja y, al mismo tiempo, agrava la crisis carcelaria en la región (^{Arrarás et al., 2015}; ^{Bergman y Fondevila, 2021}).

En Chile, de acuerdo con información del servicio penitenciario (^{Gendarmería, 2025}), en la actualidad habría cerca de 63 000 personas privadas de libertad, equivalentes a una tasa de 330 individuos presos por cada 100 000 habitantes ( ^{World Prison Brief, 2024}). La situación carcelaria aquí no escapa del todo a las tendencias regionales y el país viene enfrentando problemas de infraestructura deficiente y hacinamiento (^{INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), 2018}), creciente violencia entre internos (^{Sanhueza et al., 2020}), indicios de corrupción del personal (^{Sanhueza y Pérez, 2019}), maltrato institucional a reclusos/as (^{INDH, 2018}), escaso acceso a programas por parte de los internos (^{Espinoza et al., 2014}), un sistema presionado por el avance del crimen organizado (^{Alveal, 2020}) y un escaso apoyo local cuando las personas encarceladas salen de prisión (^{Godoy y Sanhueza, 2022}). Como resultado, se tiene una reincidencia estimada del 43 %, entendida esta como nuevas condenas e ingresos en la cárcel y medida a través de registros oficiales (^{Fundación Paz Ciudadana, 2013}; ^{Gendarmería, 2013}).

Las cárceles privadas en Chile

^{Arriagada (2013)} sintetiza los tres modelos en los que se han privatizado las cárceles a nivel internacional: (a) leasing, donde las empresas privadas diseñan, construyen e implementan el recinto penitenciario para luego traspasarlo al Estado cuando este haya pagado por dichas prestaciones en el plazo convenido (según lo acordado en el respectivo contrato), (b) privatización, donde el privado se encarga de todo y el Estado solo de su fiscalización y (c) el modelo mixto, donde el Estado delega algunas actividades al sector privado, encargándose el primero de cumplir las funciones de seguridad y vigilancia de los reclusos al interior del establecimiento.

En Chile, el sistema carcelario opera bajo un modelo mixto (público-privado) de provisión de servicios carcelarios desde mediados de los 2000, cuando convergen cárceles operadas por el Estado y recintos operados por consorcios privados (concesionados). Las cárceles operadas por el Estado son las tradicionales (o “públicas”) y dependen administrativamente del servicio penitenciario (Gendarmería); en el modelo de concesiones la custodia sigue corriendo por cuenta de la Gendarmería, pero la intervención psicosocial y la provisión de servicios a la población penal están a cargo de la empresa (^{Arriagada, 2013}).

La privatización de cárceles surgió en Chile para hacer frente al alto hacinamiento carcelario que existía durante el retorno a la democracia en la década de los noventa y a las restricciones financieras que enfrentaba el país para construir cárceles en desmedro de otras necesidades. La finalidad de este sistema era reducir el hacinamiento, ser más eficaces en reinsertar a los internos y convertirse en un sistema más costo-efectivo que sus contrapartes públicas (^{Sanhueza y Pérez, 2017}). En la actualidad, los privados operan ocho de ochenta recintos a través de contratos de concesión de la construcción y mantenimiento de la cárcel, encargándose también de servicios de alimentación y apoyo psico-laboral a una población penal diversa, pero donde el Estado controla la seguridad a través de la Gendarmería.

La evidencia comparada disponible en Chile indica que hace una década las cárceles privadas tenían mayores costos de operación que sus contrapartes públicas, niveles similares de reincidencia (^{Fundación Paz Ciudadana, 2013}), mayor violencia entre internos y maltrato institucional (^{Espinoza et al., 2014}) y un menor acceso a programas de intervención que las cárceles públicas (^{Sanhueza y Pérez, 2017}). No obstante, dadas sus mejores condiciones de seguridad, los recintos concesionados albergaban a una población penal más compleja (^{Fundación Paz Ciudadana, 2013}), ofreciendo mejores condiciones de habitabilidad, espacio físico, limpieza y segmentación de la población penal (^{Sanhueza y Pérez, 2017}).

En cuanto a los programas de intervención para la reinserción en Chile, en la actualidad el modelo oficial de tratamiento es el de riesgo-necesidad-responsividad (RNR) (risk-need-responsivity, en el modelo original en inglés), el cual comenzó a aplicarse progresivamente desde el 2007, en ambos sistemas. Este modelo promueve la reinserción desde una mirada cognitivo-conductual y tiene tres pilares: (a) se definen perfiles de riesgo de reincidencia (principio de riesgo), (b) luego, se detectan los factores criminógenos de cada individuo (necesidad) sobre los cuales habrá que intervenir y (c) finalmente, se adaptan las estrategias de intervención a las diferentes características de los usuarios, como edad, género o delito (responsividad).

El RNR emplea un instrumento diagnóstico llamado “Inventario para la Gestión de Caso/Intervención” (IGI), el cual identifica el nivel de riesgo de reincidencia de cada individuo para establecer la intensidad de la intervención (a mayor riesgo, mayor intensidad). En teoría, este modelo y su respectivo instrumento deberían aplicarse de manera consistente en ambos sistemas.

Considerando el caso chileno, otros países de la región han iniciado o están analizando la incorporación del sector privado en las cárceles (^{Byrne et al., 2019}), como es el caso de Uruguay, Colombia y Ecuador. Dado que existen preguntas pendientes (^{Byrne et al., 2019}; ^{Wooldredge y Cochran, 2019}), quisimos sumarnos a este debate desde Chile y comparar la calidad de vida en prisión en ambos tipos de recintos.

Encuesta

Se recopilaron los aspectos cuantitativos a partir del cuestionario Measuring Quality of Prison Life (MQPL) (^{Liebling et al., 2011}) previamente adaptado para la realidad local por investigadores chilenos (^{Sanhueza y Pérez, 2019}; ^{Sanhueza et al., 2015}). Entre las principales adaptaciones realizadas al instrumento original se cuentan: (a) creación de un cuestionario con ocho dimensiones, pero más corto (54 preguntas en total), (b) con algunas preguntas adicionales respecto al cuestionario original (en cuanto a las condiciones de infraestructura de la cárcel, y al acceso a programas de reinserción, debido a las radicales diferencias existentes en prisiones británicas versus chilenas o latinoamericanas), (c) fue traducido al idioma español, y finalmente (d) incluyó una variante de la escala Likert originalmente empleada en inglés, evitando la formulación original que pregunta por “el grado de acuerdo con la siguiente afirmación”, lo cual generaba confusión en los participantes de las pruebas piloto. El cuestionario arrojó medidas de confiabilidad entre 0.74 y 0.92 para sus distintas subdimensiones.

Así, los ítems consultaban al entrevistado su autorreporte respecto a una serie de indicadores, incluyendo aspectos de infraestructura y habitabilidad, acceso a programas de intervención, relación interno- funcionario, las interacciones con otros internos, el régimen y funcionamiento de la cárcel, entre otros. Las preguntas estaban construidas en formato Likert, en una escala de 1 a 5, donde 1 significaba “nunca”, 2 “casi nunca”, 3 “a veces”, 4 “casi siempre” y 5 “siempre”. Para los cálculos de las medidas compuestas e índices se reversaron los ítems donde correspondía.

Participantes y procedimientos

El trabajo de campo se realizó en 20 cárceles del país, considerando el recinto más grande de cada una de las 16 regiones, más otros cuatro recintos grandes en la Región Metropolitana. De estas 20 cárceles, siete son operadas por privados (Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Biobío, Valdivia y Puerto Montt). Se eligieron estos centros en consulta con la autoridad penitenciaria, considerando que estos albergan la mayor cantidad de población penal y la de mayor complejidad del país. La Tabla 1 resume la población penal total, los tamaños muestrales y las tasas de respuesta de los recintos.

Tabla 1 Población penal total, tamaños muestrales y tasas de respuesta para cada recinto¹  

Nota: Las personas que rechazaban responder la encuesta en general argumentaban desinterés o bien porque no les conllevaba ningún beneficio personal. En el caso de Temuco, la tasa fue sensiblemente más baja, porque se encuentra en una zona de alta conflictividad en el Estado chileno y el pueblo mapuche, lo que puede traducirse en una alta desconfianza a participar en estudios.

Se seleccionaron los participantes al azar, utilizando un muestreo aleatorio simple con nivel de confianza del 95 %. Los participantes debían cumplir con el criterio de ser condenados (no imputados), hombres y mujeres. Cada interno preseleccionado fue consultado respecto a su participación voluntaria en el estudio, expresado en un consentimiento informado. Una vez aceptado, cada individuo llenó el cuestionario MQPL entre 30 - 40 minutos. No se entregaron incentivos monetarios por participar y tampoco se eligieron reemplazos para quienes rehusaron. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Se analizaron los datos cuantitativos usando el software Stata 13.0, empleándose una serie de técnicas como tablas de frecuencia y estadísticos descriptivos, la creación de índices y medidas compuestas, y el uso de pruebas t para diferencia de medias independientes para las comparaciones entre indicadores de cárceles públicas versus privadas.

Entrevistas

La metodología cualitativa, por su parte, consistió en 113 entrevistas individuales semiestructuradas aplicadas a una muestra definida a priori a diversos informantes clave, a nivel regional y local (cárcel), incluyendo a directores de prisiones y otras jefaturas tanto de seguridad (personal uniformado) como de reinserción (personal civil, generalmente psicólogos o trabajadores sociales). Las personas entrevistadas en esta modalidad respondían a perfiles que nos interesaba indagar para cada una de las regiones del país. El resultado de la muestra se muestra a continuación: 13 directores regionales (el oficial de más alto rango a cargo de cada región), 13 jefes operativos regionales (encargados fundamentalmente de temas de seguridad), 16 jefes técnicos regionales (encargados de temáticas de reinserción, tratamiento y programas), 20 alcaides (oficial en jefe de una determinada prisión), 20 jefes operativos locales (encargados de la seguridad en dicha cárcel) y 23 jefes técnicos (encargados de reinserción, tratamiento y programas en dicho recinto). La muestra también incluyó cuatro representantes de cárceles privadas y cuatro inspectores técnicos encargados de supervisar los contratos.

Además, durante las visitas del equipo de investigación a cada una de las regiones del país, tuvimos oportunidad de realizar un número indeterminado de “entrevistas conversacionales” no grabadas con una variedad de actores que trabajan con población penal, incluyendo trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, monitores deportivos, profesores, guardias de prisión (gendarmes) y oficiales de trato directo. La entrevista conversacional es una herramienta útil en metodología cualitativa para captar aspectos de la vida cotidiana en su contexto natural (^{Rojas, 2020}).

Cada una de las entrevistas individuales duraba entre 30 y 60 minutos. Previo consentimiento, fueron grabadas en audio y luego transcritas en procesador de texto anonimizando datos personales y analizadas utilizando el programa N-Vivo mediante análisis de contenido. Entre los temas consultados a los entrevistados estaban los datos de antigüedad en el cargo y funciones desempeñadas, los aspectos de su formación que le han ayudado en el desempeño de su trabajo, las principales barreras que enfrenta para la gestión, la información disponible en los sistemas informáticos, las barreras para un funcionamiento óptimo del penal, obstáculos o tensiones normativas a las que se enfrenta, aspectos de coordinación interna, interacción con entidades externas al servicio penitenciario, entre otros temas.

Evaluación de la calidad de vida

Se realizó una encuesta a un total de 1159 personas privadas de libertad, de las cuales 738 venían de recintos públicos (63.7 % de la muestra) y 421 de concesionadas (36.3 % de la muestra). En el sistema público, el porcentaje de hombres era de 92.5 %, mientras que en el sistema concesionado alcanzaba el 96.3 %. La edad promedio de los internos en concesionadas fue ligeramente mayor (38.5 años) que en las públicas (37.1 años). El 34.7 % de los encuestados declaró haber tenido estadías en instituciones de protección de la infancia vulnerada, conocidos en Chile como “hogares del Servicio Nacional de Menores (ex Sename)”, sin diferencias significativas entre ambos sistemas. En cuanto a la nacionalidad, no hubo diferencias significativas, y la mayoría de los respondientes había estado preso antes (56.2 % promedio), sin diferencias entre públicas y concesionadas. En términos de escolaridad formal, quienes completaron hasta educación básica equivalían al 55.9 % de los encuestados. Casi dos tercios de la muestra (65.8 %) reportó que estaba preso en esa misma cárcel “hace más de dos años”. Poco más del 58 % de los encuestados señaló que su condena finaliza en el 2025 o después.

En cuanto a las principales diferencias entre las respuestas de las personas privadas de libertad (PPL), la Tabla 2 resume los resultados y señala las diferencias entre ambos sistemas, de acuerdo con los ítems del cuestionario MQPL.

Tabla 2 Diferencias de percepción de PPL en el sistema público vs. sistema concesionado 

En cuanto a la habitabilidad, los respondientes de cárceles privadas reportaron una mejor percepción en la calidad de los baños, dormir en un lugar limpio, mejor ventilación de sus celdas y más luz natural en la celda que sus contrapartes de cárceles públicas. En cárceles públicas se reportó dormir en un lugar con una temperatura más adecuada.

Respecto al acceso a programas, los privados de libertad en recintos concesionados reportaron mejor acceso a trabajo remunerado, capacitación laboral, hablar con un trabajador social, hablar con psicólogo, y acceder a tratamiento de drogas.

Concerniente a la convivencia con otros internos, nuestros resultados muestran que en las concesionadas los internos se llevan mejor con otros internos; son tratados con más respeto por otros reclusos; y tienen amigos que los ayudan, en comparación con quienes estaban en cárceles públicas. En estas últimas, los reclusos débiles serían más abusados por otros internos. Referente a la relación con los guardias y funcionarios, hubo diferencias significativas para cada uno de los indicadores. Los internos de recintos privados reportaron un trato más respetuoso por parte de los guardias; ser tratado como ser humano; llevarse mejor con los funcionarios penitenciarios; contar con mayor confianza por parte de los guardias; tener personal más honesto; recibir más apoyo del personal en caso de necesitarlo; y tener un personal que se preocupa por ellos/as. Quienes están en cárceles públicas reportaron mayores tratos humillantes que sus contrapartes de cárceles concesionadas.

En cuanto al régimen de la cárcel, las personas recluidas en centros privados reportaron que las reglas eran más claras; la administración respondía más rápido los escritos de los internos; los guardias actuaban rápido en emergencias; y que se respetaban sus derechos que los respondientes de cárceles públicas.

Con relación al funcionamiento de la cárcel, los respondientes señalaron que los recintos concesionados funcionaban mejor; que los guardias eran justos en su trato y trataban mejor a las visitas que en las cárceles públicas. A la inversa, los reclusos de cárceles públicas expresaban que la vida en recintos estatales sería más aburrida; con mayor consumo de drogas; con castigos más arbitrarios; con un ambiente más tenso; y con más sobornos que las cárceles privadas.

Resultados cualitativos - entrevistas a informantes clave

En concordancia con los resultados de la encuesta, los aspectos señalados como positivos de las cárceles concesionadas recogidos en las entrevistas fueron: (a) mejores condiciones de infraestructura (tanto para los reclusos como para el personal), (b) superiores condiciones de seguridad y segregación de la población penal, en comparación con los recintos públicos y (c) una mayor disponibilidad de programas en los recintos concesionados.

Si bien los encuestados señalan mejor acceso a trabajo, más actividades y contacto con profesionales de apoyo a la reinserción, las entrevistas revelan aspectos negativos que no fueron consultados y que pueden ser más difíciles de percibir por los internos, pero no por ello estar ausentes. Así, en cuanto a las barreras para una reinserción efectiva en los recintos concesionados, los entrevistados señalaron una baja cobertura de los programas de intervención aunque mejor que en el sector público; el escaso entrenamiento especializado de los equipos profesionales; sus bajos salarios; una alta rotación; escasa coordinación entre Gendarmería y la concesionaria; un énfasis en cumplir listas de chequeo por sobre la calidad de las intervenciones; y rigideces en los contratos de concesión:

El contrato de concesiones para los distintos servicios establece metas que hay que cumplir durante el año (…) para cada intervención hay un porcentaje de cumplimiento (psicólogo 3, cárcel concesionada).

Tengo un profesional cada 300 internos; en el caso de los terapeutas son dos para 1500 (…) no hay una relación directa entre cantidad de internos con cantidad de profesionales; necesitamos más personal (jefe técnico, cárcel pública).

El problema es que a veces Gendarmería toma sus propias decisiones por temas de seguridad y no siempre se nos comunica a nosotros a tiempo (psicóloga, cárcel concesionada 6).

En el sistema concesionado, nuestro material cualitativo nos sugiere que existen diversos problemas que deben ser atendidos, incluyendo una escasa interacción y trabajo conjunto con Gendarmería, problemas de comunicación y coordinación interna, rigideces de los contratos, predominio de cumplimiento de indicadores (muchos centrados en cobertura, no en calidad), inconsistencia en la aplicación de modelos de intervención, especialmente lo referido a requerimientos de implementación del modelo RNR, y una inspección fiscal poco informada en materias de reinserción, consistente con otros estudios (i. e., ^{Sanhueza y Brander, 2023}).

En cuanto a las áreas peor evaluadas por los encuestados en el sector público (relaciones interpersonales, violencia, corrupción, falta de actividades) los entrevistados indican aspectos que explicarían en parte esta situación, como el hacinamiento, la falta de infraestructura para labores de intervención, la sobrecarga de tareas administrativas y burocráticas en los equipos profesionales -no directamente relacionadas a labores de intervención con población penal- y la sobrecarga laboral para todo el personal, todo lo cual repercute en un ambiente más tenso. Como contraparte, los entrevistados de cárceles públicas, en tanto, si bien resienten la falta de espacio y tiempo para dar una mejor atención, también destacan su mística, alto compromiso y estabilidad laboral frente a los profesionales de las cárceles concesionadas:

De repente nos llenan de resoluciones (…) que vienen a sobrecargar las funciones principales (…) y terminamos haciendo cualquier cosa, menos lo más importante, que es la intervención criminológica (jefe técnico regional 15).

La gran diferencia que existe es que nosotros como funcionarios públicos le tenemos que agregar labores como sumarios, gestión, otras cosas (…) ellos son contratados por una empresa, son privados (…) en las concesionadas (los profesionales); solo se enfocan en intervención (jefe área técnica, cárcel pública 15).

He trabajado en unidades concesionadas y unidades tradicionales, y es mucha la diferencia que existe entre un profesional de una unidad concesionada con respecto al de Gendarmería (…) (el público) va orientado a apoyar a la población penal (…) la empresa es solamente cumplir un contrato que está vigente (jefe operativo regional 1).

La remuneración que les dan (en las concesionadas), es bajísima, mucho menos que las tradicionales (…) la rotación es muy alta, no hay continuidad. Yo creo que eso afecta en las cárceles concesionadas, el éxito en las gestiones que puedan hacer lo afecta en la rotación (jefe técnico, cárcel pública 13)

En el sistema público, nuestro material cualitativo sugiere que la alta demanda de labores burocráticas afecta el alcance de las intervenciones psicosociales, ya débiles por la escasez de recurso humano y de infraestructura, pero que se sostienen en el alto compromiso laboral. La percepción de los encuestados de que hay más acceso a programas y actividades en el sector privado puede estar relacionada con la estructura de los contratos que tienen incentivos alineados más con tareas de cobertura (y no necesariamente calidad), y procedimientos burocráticos rígidos alineados con la lógica de gerencialismo:

Al final se cuentan números, se cumplen indicadores; observamos cómo pasan los números (…) lo único que ve nuestra psicóloga y nuestra asistente son solo indicadores contractuales (trabajador social 6, cárcel concesionada).

En esta misma línea, varios entrevistados de cárceles privadas señalaban que la mayoría de las intervenciones se centraban en llenar listas de chequeo, obtener las firmas de los internos, mostrar dichos listados a la entidad fiscalizadora (inspección fiscal) y, así, cobrar los dineros. El mayor énfasis en cantidad que en calidad puede tener como resultado que se ejecuten acciones que distan de una adecuada implementación del modelo RNR:

… nos piden juntar treinta reclusos para hacer un taller (…) no importa si son jóvenes, viejos, o el tipo de delito que cometieron… lo importante es juntar los treinta, sacar las firmas, llenar la planilla… y después, cobrar (asistente social, cárcel concesionada 1).

La burocracia también es criticada en el sector privado, en este caso lo que obstaculizaría una reinserción más eficaz sería la falta de experiencia por parte de los inspectores fiscales para identificar y monitorear variables relevantes desde el punto de vista criminológico:

… la inspección fiscal tiene que cumplir su rol de fiscalizar que el contrato se cumpla al pie de la letra. Pero, a veces, esta figura genera más dificultades (…) hace más burocrático el proceso para llegar a acuerdos (psicólogo, cárcel concesionada 10).

A pesar de que el sector privado obtuvo mejores resultados en los ítems sobre relaciones interpersonales, desde el sector público se especula que la desconfianza hacia los actores privados sería un elemento que atentaría contra la reinserción del sistema concesionado. En la cultura y experiencia carcelaria de los recintos públicos existen obstáculos que dificultan la reinserción relacionados con la violencia carcelaria y la resistencia a la autoridad:

El interno -por cultura- siempre va a validar al profesional público, va a confiar en las instituciones públicas (…) ellos están conscientes de que toda privatización es lucro, y se ponen más reticentes contra ellos y nosotros (profesional, cárcel concesionada 6).

En esta unidad, que es considerada de alta peligrosidad, es muy difícil el cambio, están muy arraigados los códigos carcelarios (…) y las carencias de personal y de infraestructura que no permiten dar mayor respuesta a esta necesidad (jefe técnico, cárcel pública 1).

Por último, la falta de articulación que existiría entre los distintos actores en el sistema fue señalada como una de las causas de la baja reinserción, tanto en el sistema público como en el privado. Esto sería una crítica transversal y más estructural relacionada a la falta de apoyo y compromiso por la reinserción en entidades externas a la cárcel:

Podemos mejorar mucho aquí, pero ¿qué pasa con el post penitenciario? (hace falta) el trabajo integrado entre los programas (…) que apoyen los procesos de reinserción intra y extramuros; estos hacen más factible las posibilidades de una reinserción real (psicólogo, cárcel tradicional 5).

La reinserción es un término complejo porque depende de la sociedad (…) pasa por un tema de estado, por un tema país: si una persona sale a trabajar y tiene papeles sucios, generalmente no lo dejan trabajando por ejemplo, entonces yo no saco nada capacitándolo y especializarlo en un área de producción laboral, si va a llegar afuera y no lo van a contratar porque estuvo condenado, entonces no es un tema institucional (jefe operativo regional 15).

Finalmente, tanto los entrevistados de cárceles públicas como privadas expresaron preocupación por la creciente influencia del crimen organizado y los carteles de drogas al interior de las cárceles. Reconocen, asimismo, que las causas sociales de la criminalidad - pobreza, exclusión y violencia- generan un terreno fértil para la delincuencia y minan los esfuerzos intramuros.