Los lugares de la memoria en Colombia desde las comisiones

Los lugares de memoria en los que se enfoca este artículo se refieren a un pasado vivido en Colombia marcado por el conflicto armado —tema para el cual, aunque no es el interés propio del escrito profundizar, se retomarán algunas de las comprensiones que se han desarrollado a su alrededor—. A este respecto, en el informe del Grupo de Memoria Histórica (2013) se expresa:

La guerra colombiana no ha sido una guerra de combatientes, sino que todos han enfilado sus fusiles contra quienes están desarmados. A veces de manera colectiva, con masacres, pero la mayor parte del tiempo de manera selectiva a través de sicarios o comandos que actúan rápido y casi siempre sin dejar huella. (p. 24)

Colombia ha vivido más de medio siglo en conflicto armado con profundas afectaciones a la sociedad civil, que en el marco de dicho informe se describen y analizan de forma específica y particular por parte de algunos de sus actores. En general, los grupos armados emplean prácticas y estrategias comunes al disputarse los territorios que son de su interés. Estrategias como “matar, desterrar, secuestrar, violar y, en todo caso, aterrorizar a los civiles” (p. 25) han sido cotidianas en muchos de los territorios del país, lo que no es considerado un accidente del conflicto ni un daño colateral imprevisto, por cuanto son estrategias sistemáticas planeadas y organizadas.

Igualmente, para ^{Pécaut (2013)}, los horrores de las guerras civiles también han ocurrido en Colombia: masacres colectivas, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros hechos victimizantes. Esto sin lugar a dudas ha provocado que el país viva en una situación de terror e incertidumbre permanente que rompe las relaciones de solidaridad, las acciones colectivas comunitarias y el tejido social de los territorios.

La violencia prolongada durante más de 50 años y su degradación han generado impactos y daños devastadores tanto para las víctimas, sobrevivientes, como para el conjunto de la sociedad colombiana. En virtud de la impunidad, las víctimas han experimentado situaciones de horror extremo en condiciones de indefensión y humillación absoluta. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 62)

De esta manera, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta 9 031 048¹ personas reconocidas como víctimas, y también incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), que han vivido los hechos de horror en Colombia, y de quienes hasta ahora se empieza a conocer. En Colombia, algunas épocas se han caracterizado con mayor determinación por la invisibilización de los hechos atroces de la guerra.

Esto ocurrió, en un principio, porque las instituciones empezaron muy tarde la tarea de tomar nota sobre los múltiples horrores que estaban pasando en las zonas de conflicto, o bien por incapacidad o por falta de voluntad política. Por otro lado, los medios de comunicación también han dejado de informar sobre esa violencia cotidiana porque les parece rutinaria y pequeña. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 25)

Es así como la invisibilización de lo que ha pasado como sociedad colombiana forma parte de unos entramados complejos de manipulación de los hechos, que conduce al ocultamiento de los responsables de los actos y al no reconocimiento de las múltiples víctimas que han padecido las peores formas de violencia. Los diferentes gobiernos han ofrecido discursos privilegiados de reconciliación nacional y pacificación de los hechos por medio de la memoria oficial solapada en el relato histórico, objetivo y racional. Según esto, los lugares de memoria expuestos en este escrito con base en las comisiones representan para Colombia el estudio de los hechos atroces que se han sufrido, por medio de una serie de acciones en cabeza de los gobiernos para el tratamiento del pasado y para la construcción de memoria histórica de los hechos, que lleva sin lugar a dudas a dar cuenta de qué fue lo que pasó.

Las comisiones en cuanto lugares de memoria configuran, tal como lo menciona ^{Jaramillo (2014)}, “correas transmisoras de narrativas de país” (p. 25), que se comportan como dispositivos de producción histórica sobre el conflicto armado, que reconstruyen el pasado de una forma determinada con categorías espaciales y temporales específicas. En este caso, se toman como lugares oficiales de memoria, los cuales, además de estar enmarcados por la institucionalidad de los diversos gobiernos en los que surgen, son relatos homogeneizantes del pasado vivido instalados como históricos, objetivos y racionales de los hechos. Se resaltan en este apartado tres grandes comisiones que han sido emblemáticas en el país. La primera de ellas es la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, instaurada en mayo de 1958, con un funcionamiento de nueve meses (hasta enero de 1959). Esta comisión fue comúnmente conocida como La Investigadora; nació mediante el Decreto 0165 del 21 de mayo de 1958, con el artículo 121 de la Constitución de 1886, y el Decreto 3518, expedido por el gobierno de Ospina Pérez, en 1949. Tenía una intencionalidad común la declaración del “orden turbado en el territorio nacional”.

En los estudios de ^{Valencia (2012)} se reconocen algunas de las funciones principales asignadas a la Comisión. En primer lugar, el establecimiento de las causas de la violencia en Colombia, de la cual deriva el libro La Violencia en Colombia (19621963), de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. En segundo lugar, se destaca la función pacificadora, que se convierte en el medio para establecer el cese al fuego; se firman 52 pactos de paz. En tercer lugar, la Comisión asumió la tarea de mediación entre las personas y las autoridades departamentales y nacionales, por medio de programas de asistencia y acción económica y social que se dispusieron en las zonas afectadas. En cuarto lugar, se realizó una labor documental que consistió en la revisión de archivos de parroquias, notarías, juzgados, inspecciones de policía, ministerios, informes oficiales de ministros y gobernadores y manifestaciones culturales en torno al conflicto (como las canciones y las coplas). Además, se estudiaron ensayos, crónicas, cuentos y novelas. Por último, la Comisión tuvo la función de formar una serie de entidades y políticas orientadas a la construcción del proceso de pacificación. Al relacionar la construcción de los lugares de la memoria en Colombia con esta comisión, se señala lo que dice ^{Jaramillo (2011a)}:

Además, La Investigadora sería reconocida, precisamente, por priorizar la voz de muchos campesinos. Incluso, en un diario de la época se mencionó a propósito de esto, como “es la primera vez, decían los campesinos, que vienen a preguntarnos qué nos pasó; a hablarnos de paz sin echarnos balas después”. Frente al riesgo que acarreaba en tiempos de guerra recoger la voz de estos protagonistas, los comisionados tendrán que dejar en claro que cualquier información recibida no sería revelada, ni tampoco las identidades de los informantes. (^{Jaramillo, 2011a}, p. 46)

Se podría decir, entonces, que era la primera vez que el Estado se inquietaba por escuchar el relato de las personas que habían padecido la violencia bipartidista² ocurrida en épocas pasadas. Sin embargo, ante sentimientos de miedo y de terror se quedaban asuntos en el olvido y en el silencio que no podían salir a la esfera pública. Esto causó que algunos de los acuerdos logrados fueran frágiles con el tiempo, ya que eran soportados por el silencio que se convertía en cómplice ante la época de guerra que se vivía.

Según ^{Benavides (2011)}, se muestra como la Comisión que encontró 40 causas de la violencia en Colombia originadas por las agresiones entre los partidos conservador y liberal. Sin embargo, existen otras posturas, como las de ^{Jaramillo (2011a)}, para quien los informes de la Comisión muestran claramente la imposibilidad de determinar en qué momento comenzó el horror vivido, ya que en cualquier espacio cotidiano de la vida rural en especial aparecían los chulavitas, los pájaros, las guerrillas de autodefensa y los líderes de directorios. A este respecto, el autor se planteó estas preguntas: “¿A quién o quiénes entre ellos, adjudicar plenamente lo sucedido? ¿Cómo saber que la lucha de uno será más o menos legítima que la de otros?” (p. 55).

Los lugares de la memoria vistos con base en los resultados de La Investigadora no muestran más que un pasado intransitivo que no conduce más allá de sí mismo. Por eso se busca saber qué fue lo que pasó. De este modo, devela solo pequeñas fracciones de los hechos del pasado vivido, que en cierta forma eran bien editados y controlados, ya que dependían de los intereses políticos de pacificación y asistencia social del gobierno de turno.

La segunda es la Comisión de Estudios sobre la Violencia, de 1987. Esta nació en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), quien le encargó a un grupo de académicos, hombres y mujeres, en especial de la Universidad Nacional de Colombia, los estudios sobre las causas de la violencia en el país, para encontrar la manera de eliminarla de la vida cotidiana. Producto de esto surgió el campo de estudios conocido como violentología. Los resultados de la Comisión se conocieron en varios informes que consolidaron lo siguiente:

En suma, por la naturaleza misma de sus objetivos y de su contexto, los ámbitos que cubre cada uno de los informes es claramente reconocible: la oposición violencia-paz que domina el segundo informe retrotrae el fenómeno a la polarización guerrilla-Estado, es decir, a la violencia negociable. La oposición violencia-democracia, que tipifica el primer informe, no solo resalta la multiplicidad de violencias sino que por razones prácticas separa las negociables de las no negociables, aunque respecto de las últimas subraya también la necesidad de tratarlas democráticamente. (Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [Iepri], Universidad Nacional de Colombia y Colciencias, 1987, p. 10)

^{Benavides (2011)} muestra cómo esta comisión se ocupa del estudio no solo de la violencia política como lo hizo La Investigadora, sino de todas las formas de violencia, aquellas que se constituyen desde lo social, lo económico, lo cultural, ocurridas en los territorios, en las familias, en las escuelas, lo que afecta a un mayor número de personas en sus vidas cotidianas. Igualmente, articula las relaciones dicotómicas violencia-paz, guerrilla-Estado, violencia-democracia evidentes en los informes finales. Algunas de sus conclusiones giran en torno al análisis de causas de la violencia y de algunas recomendaciones para el proceso de paz del gobierno Barco.

Para la comisión, solo enfrentando todos los tipos de violencia es posible alcanzar la paz en Colombia. En este estudio la comisión muestra que las causas de la violencia no son necesariamente políticas, esto es “los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado”. (Iepri, Universidad Nacional de Colombia y Colciencias, 1987, p. 27)

Por ello propone que para eliminar o reducir la violencia en Colombia se fortalezca la democracia (^{Benavides, 2011}, p. 27).

Los violentólogos, como fueron llamados aquellas personas que integraron la Comisión, abrieron el camino en Colombia de múltiples investigaciones que vuelven al pasado, cuya característica particular es el análisis descriptivo que muestra el estudio de la historia y la geografía de la violencia. Es así como los lugares de memoria se ven determinados por la explicación correlacional de unas variables estructurales del país con los hechos sucedidos. De igual manera, las intencionalidades de los gobiernos para la creación de esta segunda comisión se encuentra en los estudios de ^{Jaramillo (2011b)}:

También es notorio en el caso de la Comisión de 1987 dado que los expertos, las voces autorizadas por el gobierno de turno para entender lo que pasa con las violencias urbanas en una especie de cónclave técnico, deciden que lo que necesita el país es canjear cultura de la violencia por cultura democrática. En ese camino, no obstante, no ponderan con rigor en sus análisis los crímenes políticos a la Unión Patriótica (UP) y la situación de derechos humanos en el país. (p. 237)

En esta vía el segundo informe de la Comisión expresaba.

Desde el ángulo político, cabe medir la magnitud de esta espiral, que de generación en generación ha venido ascendiendo, cuando se sabe que en los campamentos insurgentes se encuentran niños estafetas, hijos de personas que combatieron durante la violencia de los años cincuenta, quienes a su vez eran nietos de luchadores de la Guerra de los Mil Días. El reto con vista al futuro, es buscar los mecanismos para sustituir la cultura de la violencia por una cultura de la paz y la democracia. (Iepri, Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, 1987, p. 20, énfasis en el original)

Es claro, entonces, que estas dos comisiones han incorporado la memoria oficial de los hechos sin reconocer las memorias locales de las múltiples personas que han vivido los hechos atroces en Colombia. En efecto, han develado solo algunas de las voces y silenciado otras, lo que revela poco reconocimiento de las víctimas desde una mirada territorial e intergeneracional.

Hasta aquí se destaca que en las comisiones hechas en Colombia las víctimas del conflicto armado no han tenido un lugar preponderante y central. Los diversos actores han sido silenciados, lo que implica memorias en disputas en los diferentes territorios. No han surgido procesos de reparación y de garantías de no repetición, como lo resalta ^{Ospina (2011)}, cuando señala que la reconstrucción de memoria en Colombia sobre el conflicto armado ha evidenciado un pacto de silencio entre las víctimas. Esto puede obedecer a las intencionalidades de los gobiernos sobre la memoria oficial, al miedo y al terror que sienten las víctimas por estar todavía en guerra o por los mismos procesos de paz que han implicado la amnistía, medida jurídica por la cual no hay víctimas ni héroes, lo que constituye así el olvido institucional.

La tercera y última Comisión destacada en este apartado es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por la Ley 975 de 2005 —Ley de Justicia y Paz— en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se puede decir que esta comisión es la que más se aproxima a la necesidad de verdad de los hechos y está implícita en los procesos de memoria. Dio origen al nacimiento de la víctima, ya no como un sujeto que requiere atención humanitaria y asistencia social, sino en cuanto sujeto con derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

La CNRR tuvo, entonces, una labor inmensa al comenzar a construir una nueva institucionalidad, fundada en un marco ético sin antecedentes en el país. No solamente tuvo que definir a la víctima en el plano conceptual (¿qué es una víctima? ¿Víctima de qué delitos y cuáles victimarios? ¿Desde cuándo? ¿Qué es verdad, reparación y garantías de no repetición?), sino también construir una base de datos nacional, desarrollar los modelos de reparación individual y colectiva, crear el Grupo de Memoria Histórica que se transformará más adelante en el Centro de Memoria Histórica, conformar las oficinas regionales para la atención a las víctimas, coadyuvar al desarrollo de las bases legales y los organismos responsables para la restitución de bienes y el retorno de la población desplazada y muchas otras tareas que han permitido darles a las víctimas un lugar importante en la vida contemporánea del país. (^{Pizarro, 2017}, p. 350)

Por otro lado, uno de los objetivos que llevó a cabo la CNRR se aproxima a la construcción de memoria histórica en el país, y esto fue por medio de la creación del Grupo de Memoria Histórica, encargado del estudio de los casos emblemáticos³, teniendo en cuenta que todos los casos requieren el tratamiento del pasado como fuente de reconocimiento de las particularidades de los hechos vividos, las afectaciones y los sujetos que vivenciaron la experiencia de horror en toda su dimensión. Por consiguiente, el ^{Grupo de Memoria Histórica (2009)} tiene por objetivo general:

El diseñar, elaborar y divulgar, con base en el conocimiento especializado y las especificidades del caso colombiano, una investigación informada y analítica sobre las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales así como sobre las memorias que se han gestado en medio del conflicto armado, con opción preferencial por las de las víctimas y por memorias que han sido suprimidas o silenciadas. (p. 3)

De esta manera, el Grupo de Memoria Histórica condensó esfuerzos en la construcción de relatos históricos sobre el terror y el horror vividos desde finales de la década de 1980 en diferentes zonas del país donde ocurrieron masacres perpetradas por paramilitares y guerrillas, en algunos casos con complicidad del Estado. En razón de ello, se considera una plataforma que permitió hacer audibles las voces de las víctimas silenciadas.

El Grupo de Memoria Histórica reconoció que la reconstrucción de la memoria trasciende el espacio de la experticia y requiere un ejercicio de construcción colectiva. Esto implicaba pasar de la voz autorizada a la voz dialógica, una que involucrara sujetos subalternos, locales, regionales, victimizados, victimarios, institucionales y comunitarios. (^{Jaramillo, 2014}, p. 205)

En los estudios revisados se encuentra cómo las comisiones, las mencionadas en este apartado y otras que han existido en Colombia, representan de alguna forma el ensamble de una memoria oficial que se constituye, tal y como lo mencionan Silva et ál. (2014): “Lo oficial, entendido como los discursos sobre el pasado que se producen desde los Estados nacionales, buscando la conformación de vínculos de pertenencia a ellos” (p. 205), con la premisa de un sistema de control y de exclusión que configure una narrativa común sobre lo que pasó, determinando sus condiciones de utilización y circulación en el país. De esta manera, se demuestra lo que ^{Ricoeur (1998)} dice: “los mismos acontecimientos significan para unos la gloria, para otros la humillación […] Así es que se encuentran guardados, en los archivos de la memoria colectiva, heridas reales y simbólicas” (p. 48).

Los lugares de la memoria, aquellos que requieren para seguir recordando lo que sucedió y que son vistos desde las comisiones, ofrecen la posibilidad de ordenar y estructurar los hechos, explicar el pasado nacional y oficializar de alguna forma los acontecimientos. Tal ordenación de los hechos muestra que estos lugares han estado más al servicio del pasado, por medio de la construcción de una memoria oficial que favorece los gobiernos de turno, que al servicio del presente. No se han hallado respuestas a preguntas como: ¿para qué visitamos el pasado?, ¿cuál va a ser su utilidad ejemplarizante en el presente y en el futuro?, como lo propone ^{Todorov (2000)}, cuando habla de la memoria ejemplar, entendida como aquella capaz de contribuir a la comprensión de los hechos ubicándolos en marcos más amplios que la experiencia personal.

Memorias en disputa: los casos de algunas memorias locales

Se pasa, entonces, de este marco oficial a dar cabida a las memorias locales, con algunos casos emblemáticos como son: el caso de Trujillo (Valle del Cauca), las Madres de La Candelaria y el caso de El Salado, Montes de María. Las memorias locales se entienden en este estudio según la experiencia del Grupo de Memoria Histórica, que crea toda una estrategia de trabajo con las víctimas en Colombia, cartografiando las iniciativas de memorias no oficiales.

Se trataba de dar cuenta de aquellas iniciativas de memoria que operaban por fuera de los esfuerzos oficiales de conmemoración y que, con frecuencia, surgen y se mantienen a pesar de las amenazas y los intentos por silenciarlas de los actores armados ilegales y sus colaboradores […] el repertorio de dichas iniciativas buscó dar cuenta de los procesos de construcción de memoria acerca del conflicto armado que se habían ido gestando desde la sociedad civil, a lo largo de los años, las diferentes respuestas de la población a la guerra, y las disputas y resistencias a las narrativas procedentes de los grupos armados sobre lo que pasó. (^{Riaño y Uribe, 2017}, p. 15)

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Memoria Histórica permitieron visibilizar pluralidad de actores, voces y hechos ocurridos en nuestro país, con el fin de evidenciar el lugar de ocultamiento y la marginación en los que habían permanecido las comunidades locales, para reconstruir el pasado de formas diferentes, con múltiples sentidos y significados de lo que pasó.

Ahora bien, es necesario dar cuenta de las memorias locales en Colombia con base en dos aspectos fundamentales que se desarrollan en este apartado. El primero de ellos construye escenarios de desocultamiento de las voces que han sido silenciadas, suprimidas y subordinadas por la memoria oficial e institucional, de la que en cierta medida se han ocupado los organismos gubernamentales. El segundo aspecto es la posibilidad de recoger las experiencias no solo de las víctimas, sino también de toda la sociedad civil, como actores sociales, políticos y éticos.

El lugar que ocupa la memoria desde las memorias locales se presenta como un lugar en constante tensión, conflicto y pugna debido a las dinámicas relacionales inherentes a la verdad de los actores. Este escenario de pugna permite legitimar y deslegitimar algunas acciones presentadas en los hechos, por las intencionalidades de los actores en el momento de visitar el pasado y de traer el recuerdo, lo que está marcado por la distancia temporal y espacial de los hechos.

Desde el momento en que se elabora el informe ¡Basta Ya¡ memorias de guerra y dignidad (Grupo de Memoria Histórica, 2013) se ha pretendido dar cuenta de algunas de las memorias locales de Colombia, estudiando casos emblemáticos en municipios o zonas donde han ocurrido hechos atroces de grandes magnitudes: el caso de Trujillo (Valle del Cauca), el del corregimiento El Salado en el municipio Carmen de Bolívar (Bolívar), el de Bahía Portete (Alta Guajira), el de Bojayá (Chocó), el de la Comuna 13 de Medellín y los de los municipios San Carlos, Remedios y Segovia (Antioquia), el de Magdalena de Montería (Córdoba), el del municipio La India (Santander), los de los corregimientos El Placer y El Tigre (Putumayo), el del corregimiento de Mampuján en el municipio María La Baja y el de la vereda Las Brisas en el corregimiento San Cayetano (Bolívar), entre otros.

Cuando en Colombia se empieza a realizar el análisis de estas memorias locales, se encuentra cómo las organizaciones, además de valorar el esfuerzo nacional por recordar lo qué paso allí, describiendo los hechos y brindando una explicación causal de por qué pasó lo qué pasó, también demandan de otras formas la reivindicación de sus voces y hacen resistencia ante los discursos hegemónicos de la memoria oficial. En esta vía, se hallan estudios que dan cuenta del análisis sobre el material generado frente a la memoria del conflicto armado en Colombia, que dice:

En uno de los estudios de caso, sobre la masacre de Trujillo (Valle del Cauca), llama la atención el apartado dedicado a “la memoria, el olvido y la impunidad”: en él se describen las luchas por la memoria que libra la organización de víctimas, quienes tienen que enfrentarse al miedo y a las amenazas en medio de un conflicto que se ha menguado pero que aún no cesa. En este mismo sentido se aborda el significativo papel que cumplen las víctimas, quienes han emprendido valiosos trabajos de memoria. Especial atención merecen las memorias de las mujeres víctimas, sobrevivientes a familiares muertos o desaparecidos, quienes se constituyen en activos guardianes de la memoria a través de sus instalaciones recordatorias… placas conmemorativas, galerías de fotografías y peregrinaciones son objetos y eventos que recuerdan a las víctimas, así con las expresiones artísticas a través del teatro y la pintura que dejan un testimonio de alianzas, la solidaridad y la firmeza de una comunidad que resiste a olvidar a sus muertos. Estos esfuerzos han partido, en su mayoría, de las iniciativas de la Asociación de Familiares de las Victimas de Trujillo (Afavit) y del apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos. (Giraldo, Gómez, Cadavid y Gozález, 2011, p. 32)

En este estudio desarrollado por la Universidad de Antioquia (Giraldo et ál., 2011) se destacan de alguna forma las acciones de la Afavit y el trabajo de memoria que han realizado. Sin embargo, existen desde la Afavit manifestaciones de reivindicaciones y demandas al Estado colombiano.

El país entero revivió la masacre con el Informe del grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Trujillo, una tragedia que no cesa. Pero, ¿se sabe que Afavit aún recuerda? ¿Que aún quieren contar su verdad y siguen esperando justicia? ¿Se conoce cuál ha sido el proceso de la organización de víctimas de una de las masacres sobre la cual existen más reacciones del Estado? ¿Se sabe hoy qué espera Afavit de su lucha por la memoria? (^{Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009}, p. 140)

Dar cuenta de las preguntas que plantea Afavit no es una tarea fácil, ya que, por cada tiempo, por cada contexto, por los nuevos actores que emergen, se podría pensar en respuestas que definitivamente mutarían de significado. En este sentido, es importante reconocer todas las acciones colectivas de cara al trabajo de reconstrucción de las memorias enmarcadas en expresiones artísticas, culturales, musicales, peregrinaciones, celebraciones religiosas y simbólicas.

Entre estas expresiones simbólicas, Afavit destaca el Parque Monumento⁴ como un escenario muy importante para el municipio por cuanto constituye la memoria de “nuestras víctimas que en silencio claman justicia para que nunca vuelva a suceder algo igual, para que la sociedad comprenda que no podemos olvidar lo que pasó, para que las futuras generaciones estén conscientes de no cometer estos errores” (^{Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009}, p. 147).

Tres apuestas éticas y políticas se destacan del trabajo de memoria que hace esta asociación. La primera es la recuperación de la confianza, pues durante todos los años en que se vivieron los hechos atroces lo que siempre estaba presente era el miedo: miedo a salir, a hablar y a actuar. La segunda es el clamor que pervive por la justicia de los hechos, aunque Afavit haya emprendido acciones legales a escala nacional e internacional, pues el caso de Trujillo sigue en la impunidad. Incluso el Estado no ha cumplido con la reparación a todas las familias afectadas. Y la tercera es la apuesta por la no repetición de los hechos, por la vigilancia que se debe mantener para que el futuro sea diferente. Muestra de esto lo evidencia la siguiente narrativa:

Elaborar las esculturas significa reunirnos, contar nuestras historias, llenarnos de sentimientos que compartimos, mantenemos la esperanza de conseguir justicia, lloramos como símbolo de que es impagable la ausencia de nuestros seres queridos, nos contamos anhelos y creamos el pacto de lucha por un futuro donde no vuelvan a ocurrir esta clase de hechos (testimonio de Julián Ortiz). (^{Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009}, p. 150, énfasis en el original)

La resistencia y la vigilancia de la comunidad de Trujillo ante nuevos hechos de crueldad humana lleva a pensar que sus habitantes recuperan el pasado para las lecciones del presente y del futuro, que con sus acciones desde todos los campos posibles reivindican las memorias de sus víctimas y posibilitan transformaciones en el territorio que habitan.

Experiencias como las de Trujillo en el Valle del Cauca también las hay en Medellín. En esta ciudad y en municipios aledaños existen experiencias de reivindicación, de lucha y de resistencia. Una de ellas es el trabajo realizado por las Madres de La Candelaria, quienes tienen en la actualidad dos líneas de trabajo que son evidenciadas en los estudios del ^{Grupo de Memoria Histórica (2009)}: la línea fundadora homónima y la línea denominada Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, creada en 2003. Ambas líneas nacen con el interés de reclamar al Estado colombiano justicia y verdad sobre el paradero de sus familiares que han sido desaparecidos por cuenta de distintos actores armados (guerrilla, paramilitares o fuerza pública) en diversos hechos atroces como masacres, muertes selectivas, violaciones, desplazamientos y destierros en el contexto del conflicto armado colombiano. A efectos de este escrito, se abordan en primera instancia las acciones de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, y luego la línea fundadora.

Esta memoria local que se destaca se convierte en un caso emblemático entre muchos por las resistencias que las mujeres hacen a pesar del miedo, las amenazas, el dolor y el sufrimiento que sienten ante la pérdida de sus seres queridos. Son memorias personales y colectivas que luchan contra la impunidad, la injusticia y los escenarios de memoria oficial que se tiene.

En un estudio sobre la Asociación se muestra que en 2013 se contaba con “886 familiares de personas desaparecidas o secuestradas, 92 % mujeres y 8 % hombres, procedentes de diversas zonas de conflicto dentro del territorio nacional” (^{Tamayo, 2013}, p. 84). Igualmente, se evidencia cómo las dos líneas de trabajo reúnen más de mil mujeres que se han unido a sus causas, lo que indica que más que un movimiento de orden municipal, se convirtió en un movimiento nacional que convoca en especial a las mujeres que han sufrido la pérdida de un ser querido.

Uno de los más emblemáticos actos simbólicos de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria que reivindica las voces de las personas desaparecidas es el plantón como apuesta política, que consiste en la acción semanal que llevan a cabo en el atrio de la iglesia de La Candelaria. El primero fue realizado el 19 de marzo de 1999 por catorce mujeres lideradas por Teresita Gaviria Urrego, víctima de la acción paramilitar a causa de la desaparición de su hijo de 15 años.

La Asociación evidencia el trabajo que han realizado las mujeres frente a la memoria como un acto de solidaridad que circunda entre ellas, que las vincula desde el afecto y desde el reconocimiento por el dolor sufrido, que las cohesiona como grupo con el fin de enfrentar unidas el dolor de la ausencia de sus seres queridos, y que así dan a conocer a la sociedad. Algunas de las apuestas éticas y políticas que se destacan de la Asociación como lugar de memoria en disputa en el país es la lucha por el reconocimiento público y político de la desaparición forzada en cuanto hecho lamentable que conlleva profundas repercusiones sociales, no solo por el hecho de haber perdido a seres queridos, sino por las afectaciones del destierro, la viudez, la orfandad, la pobreza y la persecución que sufren sus familiares. Igualmente, se destacan todas las apuestas de esta asociación por la memoria y la paz:

Es a la luz de la labor de gestionar políticas públicas de atención integral a las víctimas que ha crecido la Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria. En consonancia con otros movimientos sociales, la Asociación ha logrado visibilizar el fenómeno complejo de la desaparición forzada en Colombia, presionar a los entes gubernamentales y generar acciones del gobierno en relación a la reparación integral de las víctimas, al apoyo a su búsqueda de la verdad, a la gestión de progrmas que propendan por la paz y la reconstrucción de la memoria histórica, con el fin de que los hechos atroces no se repitan […] la Asociación ha ganado legitimidad frente a los medios de comunicación y los entes estatales, lo cual se refrenda con el Premio Nacional de Paz en 2006, otorgado por Caracol Televisión, El Tiempo Casa Editorial, Proantioquia, Caracol Radio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Revista Semana y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) responsable de la Secretaría Técnica del premio. (^{Tamayo, 2013}, p. 86)

Frente a la línea fundadora de las Madres de La Candelaria, se destaca el surgimiento de la organización Hijos e Hijas de las Madres de La Candelaria. De igual forma, el ^{Grupo de Memoria Histórica (2009)} muestra algunos de sus principios, entre los cuales se destacan: la insistencia, que consiste en no renunciar a la búsqueda de los desaparecidos; las luchas por la liberación de los secuestrados, de ahí la insistencia con los plantones cada ocho días en la iglesia de La Candelaria en Medellín, mostrando las fotos de sus seres queridos, y las demás acciones que han llevado a cabo.

El principio del Amor es para ellas “un elemento sanador y motor de la transformación colectiva”. La importancia del amor está ligada a la maternidad, y a la capacidad de transformación que tiene el amor de las madres… y La Autonomía significa para ellas “independencia en nuestras decisiones políticas y en las apuestas colectivas”. Este principio resulta fundamental en la coyuntura que marca la Ley de Justicia y Paz ya que, aunque la línea fundadora tiene una posición crítica al respecto, ha participado en los espacios de las versiones libres debido a su insistencia en la búsqueda de familiares como uno de sus objetivos principales. (^{Grupo de Memoria Histórica, 2009}, p. 118)

Estos principios de alguna forma han alimentado sus grandes esfuerzos en torno a la apuesta política por la no violencia y a su incidencia política en espacios de ciudad y de formación de políticas de desarrollo de la ciudad. Indiscutiblemente las llevan a seguir en la búsqueda de su reconocimiento público y político como víctimas en pro de la verdad, la justicia y la reparación, constituyéndolas, así, como lugar de la memoria invaluable para Medellín y para Colombia.

Este apartado de memorias locales en pugna en Colombia concluye con uno de los casos más emblemáticos en Colombia: la masacre de El Salado, en Montes María (Bolívar), uno de los más terribles actos de crueldad humana. Las cifras del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2010)} se refieren a 66 personas masacradas y 600 familias desplazadas por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), en febrero de 2000.

Retomar este caso como un lugar de memoria en pugna representa destacar algunas de las apuestas de la población civil y de las organizaciones que han surgido desde el territorio, teniendo en cuenta algunas de sus intencionalidades, como: el retorno de sus pobladores, las luchas por superar la estigmatización ante la idea de considerarlos un pueblo guerrillero, la necesidad de recuperar los ámbitos social y económico, la lucha frente a la impunidad y la injusticia, la apuesta por la verdad de los hechos y la necesidad de reconstruir la vida en el pueblo que los vio nacer, y en donde han construido su vidas. Según el ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2010)}, lo que sucedió en El Salado no tiene forma de ubicarse en el relato y sus memorias están solapadas y ocultas.

Hoy en día, el encuentro de los relatos individuales de sufrimiento y dolor ha dado lugar en El Salado a un sentido que excede la experiencia traumática vivida por cada cual: los reclamos de verdad y el resarcimiento de la dignidad son en este momento los ejes articuladores de reinvención de la vida personal y colectiva. Con todo, se trata todavía de memorias encapsuladas. De la masacre no se habla directa, sino oblicuamente. Los pobladores hablan de “cuando aquí sucedió lo que sucedió”, de “cuando pasó lo que pasó”. La dimensión y complejidad de lo vivido pareciera desafiar la capacidad de narrarlo. La masacre es ese innombrable que no obstante no puede ser omitido. La imposibilidad de contar se enfrenta así al imperativo de contar. (p. 17)

El Centro Nacional de Memoria Histórica muestra todos los hechos de violencia ocurridos en El Salado, revela lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, quiénes fueron los actores de los hechos y sus responsabilidades en lo ocurrido. Evidencia el lugar de las víctimas y da cuenta de sus memorias difusas y ocultas por el miedo. Igualmente, hace una apuesta por la dignidad de ellas, por la recuperación del territorio y de las personas que se atrevieron a retornar. El Salado se convierte en un lugar de memoria local que se debe destacar por las constantes apuestas de dignificación de sus víctimas a pesar del horror sufrido y del miedo que sintieron sus habitantes. Uno de los primeros actos de conmemoración de la masacre fue el 18 de febrero de 2001 mediante un acto religioso. Desde entonces anualmente se lleva a cabo este acto para rendirles homenajes a las víctimas.

Otra de las acciones y apuestas por la memoria es el monumento a las víctimas que, según los estudios del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2010)}, fue construido sobre la mayor fosa común que se cavó en El Salado después de la masacre, e inaugurado en 2007.

El proyecto lo lideró el sacerdote Rafael Castillo, y fue concertado y llevado a cabo con la participación comunitaria de las organizaciones sociales de El Salado y con el apoyo y acompañamiento del programa Redes del PNUD, Acnur, ISA, Fundación Social Hocol, la Red Ecuménica de Colombia, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María, la ONG Mujer y Futuro, el Instituto Nacional de Promoción Social y el Colectivo de Comunicaciones de Montes de María. (p. 166)

Los murales son también una de las iniciativas de memoria de organizaciones comunitarias. Los murales son expresiones artísticas pintadas en la pared de una casa ubicada en la entrada del pueblo y en la cancha de microfútbol, donde ocurrieron los hechos, con el fin de resignificar los lugares de la violencia hacia la esperanza, la identidad colectiva y la recuperación del pueblo. Los murales son una iniciativa liderada por la organización Mujeres Unidas de El Salado, la cual se ha dedicado a realizar resistencias en el proceso de retorno de las personas al territorio, en pro de su desarrollo económico y social.

Los hechos ocurridos en El Salado han sido objeto de múltiples estudios por parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, académicos, investigadores, y de interés para toda la sociedad civil. Algunos estudios se han centrado en las violencias sexuales hacia las mujeres, el desplazamiento y el contexto en el que se dieron los hechos, en el cual se resaltan las responsabilidades por acción u omisión de la Fuerza Pública.

Sin embargo, se destacan las luchas y las resistencias de todos sus pobladores, en especial de quienes se atrevieron a retornar luego de varios años de destierro, dolor y sufrimiento por lo vivido. Aquellas personas que encontraron un pueblo fantasma y que con sus acciones cotidianas, con sus procesos de memoria, por medio de las conmemoraciones, marchas, murales, hacen que el pasado vivido se convierta en aprendizajes y luchas en el presente, apostando por el desarrollo económico y social del territorio.

Algunos de esos lugares de memorias locales han permitido que las víctimas se incorporen, visibilizándolas como actores políticos que denuncian el daño sufrido por medio de las demandas regionales, étnicas, de género y territoriales, que salen a la luz pública por medio de acciones artísticas, culturales, políticas y sociales. Estas acciones de las víctimas y de los pueblos que han sufrido el horror de la guerra crean de alguna forma apuestas por nuevas ciudadanías de reivindicación, visualización y reconocimiento político y social. Se reinventan con nuevas luchas, con lo cual rompen con el silencio homogeneizador.

De acuerdo con este breve contexto, se comprende que las memorias loca les configuran memorias en disputa, que se entienden desde el reconocimiento del pasado, en el cual hay una multiplicidad de actores y protagonistas que le atribuyen sentidos diversos a lo que vivieron, partiendo de sus experiencias. Esto hace de la memoria una memoria subjetiva, ética y política, que se ancla en las marcas materiales y simbólicas que el pasado ha dejado en cada persona, según la experiencia temporal de los hechos.

Estas memorias en disputa se develan y se interrogan cuando las víctimas, en este caso las comunidades locales, ponen en la esfera pública los relatos de la experiencia vivida, haciendo posible el deber de la memoria, el reconocimiento social, político y la legitimidad de su palabra. Igualmente, son las memorias en disputa un campo donde se resiste, se dignifica, se dialoga y se lucha por tiempos mejores para vivir, reconociendo el pluralismo de la existencia humana en cada tiempo y cada espacio habitado. Para terminar este apartado es necesario hacer referencia a algunos aspectos.

En Colombia existe una memoria oficial del pasado conflictivo que se ha construido por medio de lugares de memoria institucionales de orden nacional, departamental y municipal, con incidencia política de los gobiernos de turno. Esta memoria oficial de los hechos ha provocado que muchas otras voces que han tenido algún papel dentro del conflicto armado sean silenciadas, encapsuladas, solapadas, recubiertas por la hegemonía de la historia que da cuenta de un pasado objetivado y racional.

El desafío de la memoria ejemplar en Colombia

Este apartado final amplía la comprensión de la memoria desde la memoria ejemplar propuesta por ^{Todorov (2000)}, para quien hablar de memoria en la actualidad implica enfrentar múltiples retos relacionados con la instrumentalización de esta, a lo que el autor llamó los “usos y abusos de la memoria”, que van encaminados a rendir “culto a la memoria”, y que se refiere a la obsesión por el deber de guardar memoria, como ocurre especialmente en varios países de Europa, configurando a los individuos en militantes de la memoria: abren museos, realizan placas conmemorativas y establecen fechas para la conmemoración de sucesos del pasado, con el fin de no olvidar lo que han vivido; “sin embargo, puesto que ahora sabemos que estos llamamientos a la memoria no poseen en sí mismos legitimidad alguna mientras no sea precisado con qué fin se pretende utilizarlos, podemos también preguntarnos sobre las motivaciones específicas de tales militantes” (p. 50).

El culto a la memoria, el deber de guardar memoria, suple para muchos individuos y grupos la necesidad de una identidad individual y colectiva, ya que el reconocimiento de pertenecer a un grupo posibilita su propia existencia, dado que de esta manera se constituye un pasado común, se establece la pertenencia a algo. Esto muchas veces representa beneficios y reivindicaciones, ejemplo de ello es cuando los individuos expresan: “yo me declaro de la raza negra”, “soy de la comunidad homosexual”, “soy una víctima”, entre otras expresiones.

Al analizar el caso de las víctimas, ^{Todorov (2000)} se pregunta qué podría parecer agradable en el hecho de ser víctima, y su respuesta es: nada, en realidad. Pero es cierto que muchos individuos quieren haberlo sido, quieren aspirar al estatus de víctima, ya que ser víctima, en el caso de la vida privada, atribuye a quienes lo rodean (la familia) el papel de culpables, razón por la cual en la vida cotidiana estos sienten la obligación de satisfacer las peticiones de la víctima para que reciba la reparación ante el daño sufrido, y de esta forma la víctima asegura la atención y el reconocimiento por parte de los demás. Además, las víctimas tienen la posibilidad de quejarse, protestar y pedir todo lo que ellas consideran que deben tener para que se las pueda reparar.

En la sociedad, cuando un grupo de individuos es concebido como víctima, se le abre en el presente una línea de crédito inagotable, ya que cuanto mayor fue el daño en el pasado, mayor serán los derechos en el presente. De este modo se aseguran privilegios morales y políticos duraderos, que perpetúan la deuda simbólica; “de ahí la desenfrenada competición para lograr no la cláusula de la nación más favorecida, como entre países, sino la del grupo más desfavorecido” (^{Todorov, 2000}, p. 55). En este sentido, el deber de guardar memoria, como lo dice ^{Todorov (2000)}, muchas veces no es favorable ni para la propia memoria; tampoco sirve para la justicia, ni para las buenas causas⁵. Sin embargo,

[…] aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria —y el olvido— se han de poner al servicio de la justicia. (^{Todorov, 2000}, p. 59)

Las personas que conocen el horror de la crueldad humana, que la han sufrido y padecido, tienen el deber de recordar el pasado, el deber de guardar memoria, pero con la intención de que les sirva para vivir en el presente, para alzar sus voces en contra de otros horrores que se presentan en la vida cotidiana, no solo de ellos mismos sino de otras personas, en otros lugares, con otras historias. Siendo así, conservar viva la memoria del pasado no debería servir solo para pedir una reparación por el daño sufrido, sino para estar atentos y alertas a situaciones nuevas que se puedan presentar en el presente, y frente a las cuales se debe emprender diferentes formas de actuar.

Por otro lado, como si fuera la otra cara de la moneda de los usos y los abusos de la memoria, se encuentra la memoria amenazada, la cual, según ^{Todorov (2000)}, alude al olvido como parte fundamental de la memoria. La memoria amenazada se da bajo los regímenes totalitarios en los que se propende a la supresión de la memoria, de los sucesos y los acontecimientos más traumáticos en contra de la humanidad, en los que se tiende a eliminar cualquier forma de recuerdo, destruyendo documentos, archivos, monumentos, para así poder establecer la dominación y la tradición a su manera. “Tras comprender que la conquista de las tierras y de los hombres pasaba por la conquista de la información y de la comunicación, las tiranías del siglo XX han sistematizado su apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta en sus rincones más recónditos” (p. 2).

Los líderes de los regímenes totalitarios encontraron en la conquista de la información las formas de controlar los individuos, de controlar sus acciones y de dominarlos, de borrar el pasado y de pretender que lo ocurrido nunca sea relatado por medio de testimonios, archivos, documentos y, mucho menos, conmemoraciones realizadas en la esfera pública.

De esta manera, las huellas de lo que ha existido son suprimidas y transformadas a la perfección, se prohíbe la búsqueda y la difusión de la verdad. Por ejemplo, los cadáveres de los campos de concentración son exhumados para quemarlos y dispersar luego las cenizas, las fotografías son alteradas, la historia se reescribe disfrazando los relatos que son indeseables, lo que se conoce como “la necesaria ocultación de actos”.

Para ^{Todorov (2000)}, la intimidación de las personas es otra de las formas de controlar la memoria; propende a paralizar a los individuos y a hacerlos inaudibles, se les prohíbe dar información o informarse. Muchas de las personas que estuvieron en los campos de concentración y fueron liberados tuvieron que firmar documentos en los que se comprometían a nunca decir nada de lo que habían visto, oído o vivido. Fue después de muchos años que algunas de estas personas empezaron a hablar.

Otro recurso para disimular la realidad y eliminar toda huella de la memoria consiste en la manipulación del público a través de los medios de comunicación, los discursos construidos en la producción de libros, películas y documentales, en los que se suprimen o maquillan las huellas de los hechos del pasado, con el propósito de dominar y manipular a millones de personas. “Estos medios y algunos más eran sistemáticamente empleados por el poder totalitario para asegurar su superioridad en la guerra que se desarrollaba paralelamente a la de los ejércitos, la guerra de la información” (^{Todorov, 2001}, p. 144).

El control de la memoria en muchos Estados totalitarios llevó a que los enemigos y los individuos que se resistían a tal dominación empezaran a divulgar información que permitiera comprender y analizar lo que en realidad ocurría en los campos de concentración. Por esta razón, la memoria se vio aureolada por todos los enemigos de los Estados totalitarios; la reconstrucción del pasado representaba una posición contra el poder. “En los países democráticos, la posibilidad de acceder al pasado sin someterse a un control centralizado es una de las libertades más inalienables, junto a la libertad de pensar y de expresarse” (^{Todorov, 2001}, p. 144). Por lo tanto, el elogio a la memoria y la condena al olvido en los países democráticos se convierten a su vez en asuntos problemáticos, en lo que se refiere a reconocer las complejas características del pasado en el presente.

Entonces, la memoria y los usos y los abusos que la sociedad le dé a esta determinarán de alguna manera la transformación del presente y del futuro, la construcción de paz y el tratamiento que se le dé al pasado. Esto conduce a la propuesta de ^{Todorov (2000)} de pasar de una memoria literal a una memoria ejemplar, camino que se presenta como un desafío para las sociedades como la colombiana que han vivido hechos de horror y crueldad humana.

Cuando ^{Todorov (2000)} hace referencia a la memoria literal, está aludiendo a una memoria a secas, es decir, a una memoria que preserva un suceso intransitivo, singular, que no conduce a más allá de sí mismo. Generalmente, cuando se hace este tipo de memoria se alude a las causas, las consecuencias, las personas vinculadas, al autor del sufrimiento, todo lo concerniente a su contigüidad; conduce incluso de forma lineal, del pasado hacia el presente, el ser que fue en el pasado y el que es ahora en el presente. Cuando solo se hace una memoria literal, se puede caer en algunos riesgos que hacen referencia a generar más violencia, como son los sentimientos de venganza, rabia y de desquite, ya que se explota el pasado de sufrimientos como una fuente de poder para los nuevos victimarios.

Para comprender mejor lo que implica la memoria literal es necesario analizar la forma como se presentan los sucesos o los acontecimientos, los cuales son absolutamente singulares y únicos, no son comparables con otros, “cada suceso y no solo el más traumático de todos, es absolutamente singular” (^{Todorov, 2000}, p. 34). La destrucción de poblaciones, el confinamiento de millones de detenidos y las atrocidades no podrían ser comparados con ningún otro hecho, lo que hace que la experiencia de los individuos sea completamente singular e intensa.

Aunque los sucesos se presenten desde lo individual, como singular y único, estos solo pueden pensarse así si son comparados con algo similar. Las comparaciones que se hacen de los sucesos no pretenden explicar una relación causal del suceso ni dar cuenta de esta, y mucho menos indica que se deba perdonar. Las comparaciones de los sucesos implican semejanzas y diferencias en los acontecimientos, lo que posibilitará que “si el suceso es único podemos conservarlo en la memoria y actuar en función de ese recuerdo, pero no podrá ser utilizado como clave para otra ocasión” (^{Todorov, 2000}, p. 38).

Entonces, la memoria literal, al utilizar los sucesos de una forma singular, cuando los hechos vividos en el pasado son traumáticos y contribuyen de alguna manera a la identidad personal y colectiva, lo único que puede aportar son riesgos, que están relacionados con la generación de más violencia y con sentimientos de venganza, de desquite y de odio por todo lo que se sufrió en ese pasado. ¿Cuántas guerras en la humanidad han iniciado por los sentimientos de odio y de venganza que se generan al creer que los demás deben pagar por todos los males sufridos? Más de una en realidad. Por lo tanto, “aquello que es singular no nos enseña nada para el porvenir” (^{Todorov, 2000}, p. 38).

Por el contrario, cuando se trabaja desde la memoria ejemplar, apuesta que las sociedades como Colombia pueden hacer en los tiempos de construcción de paz, aunque se recupera el acontecimiento en su forma singular, tal cual como sucedió; este se ubica en un marco de categoría más amplio que sirve para comprender situaciones nuevas con agentes diferentes, lo que implica poner ese acontecimiento en la esfera pública. “Abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un exemplum y extraigo una lección” (^{Todorov, 2000}, p. 31).

Un ejemplo claro de la memoria ejemplar lo encontramos en Theodor W. Adorno, quien opinaba que aunque los crímenes nazis son únicos porque son “tan extremos que conminan a guardar silencio”, este carácter único de la Shoah tiene múltiples aristas, las cuales muestran que si los crímenes nazis fueran algo absolutamente singular,

[…] habría[n] aplastado toda idea posible de una reconstrucción alemana post factum mientras que, si se los considerase un conjunto de sucesos horribles, pero comparados con otras atrocidades, Alemania aún podría aspirar a que se le brindase la misma aceptación nacional que no se les niega a los autores de otras masacres. (^{Burucúa y Kwiatkowski, 2015}, p. 24)

Si los crímenes nazis se hubieran quedado como un hecho singular, absolutamente intransitivo, tal vez los sentimientos de venganza y de odio que se generarían en el resto de la humanidad no habrían posibilitado la reconstrucción de su identidad como ciudadanos alemanes y como nación.

Es así como el pasado se convierte en principio de acción para el presente. “Se podría decir entonces, en una primera aproximación, que la memoria literal, sobre todo si es llevada al extremo, es portadora de riesgos, mientras que la memoria ejemplar es potencialmente liberadora” (^{Todorov, 2000}, p. 31). La memoria ejemplar se convierte, entonces, en la posibilidad de reconstruir un pasado doloroso, que sirva para el presente y para el futuro que se pretende diferente, para las sociedades que han sufrido hechos atroces que buscan construir escenarios y relaciones de paz por medio de los procesos de memoria, dando cuenta de la verdad, la justicia y el nunca más de los hechos de crueldad.

El uso literal que convierte en insuperable el viejo acontecimiento desemboca a fin de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy en día; y separarse del yo para ir hacia el otro. (^{Todorov, 2000}, p. 32)

^{Todorov (2000)} ejemplifica el uso de la memoria literal y de la memoria ejemplar por medio del caso de David Rousset, prisionero político deportado a Buchenwalt. Él tuvo la oportunidad de sobrevivir y regresar a Francia, en donde se dedicó a escribir libros, analizando el universo de los campos de concentración. En 1949, descubre que los campos de concentración destruidos en la Alemania nazi aún existían en la Unión Soviética, alentó a sus antiguos compañeros de campos de concentración nazis para que formaran una comisión inspectora de los campos soviéticos, que se convirtió en la “Comisión Internacional contra los Regímenes Concentracioncitas”. David se dedica varios años a luchar contra los campos de concentración comunista. ^{Todorov (2000)} analiza, entonces, el caso de David; si se hubiera inclinado a la memoria literal, habría pasado el resto de su vida sumergido en el pasado, con sentimientos de odio y posiblemente de venganza por los hechos traumáticos que tuvo que vivir, pero al inclinarse por la memoria ejemplar, comparó el horror de los campos de concentración nazi con los campos soviéticos, encontrando las diferencias y las semejanzas; por lo tanto, utiliza la lección del pasado para actuar en el presente dentro de una situación en la que él no es uno de los actores protagonistas.

Al hablar de memoria, si los crímenes en contra de la humanidad y los hechos atroces de maldad, en el caso específico de Colombia, se esfuerzan innecesariamente por seguir siendo específicos, por conducir al horror sin matices, lo que es asimismo válido, las preguntas que surgen, entonces, son: ¿para qué la ejemplaridad?, ¿cómo contribuye la memoria ejemplar en la construcción de paz en Colombia? Las respuestas podrían ser: para el poder ser del hombre, para el hombre capaz de actuar en el presente, como lo enuncia Ricoeur (2000), analizando los hechos singulares, pero ubicándolos en marcos más amplios de comprensión, puestos en la esfera pública, donde se aprende de las lecciones del pasado y se ponen al servicio del presente y del futuro.

Las luchas de las memorias tanto de víctimas como de verdugos, como de la misma sociedad civil, exigen en la cotidianidad confrontar el enigma de qué de lo que sucedió en el pasado perdura en el presente y, por consiguiente, puede ser empleado para un futuro diferente, con nuevas aperturas a otras voces, apuestas por la verdad y por la justicia de los hechos.

Así, las víctimas que existen en muchas sociedades, incluida las de Colombia, no solo se considerarán víctimas de un conflicto armado de más de cincuenta años, sino como actores políticos y éticos que realizan resistencias y reivindicaciones frente a lo que se ha vivido. Son víctimas que además luchan porque las nuevas generaciones puedan en algún momento conversar de estos males sufridos como parte de un pasado que duele, pero que va más allá de sí mismo porque conlleva nuevos aprendizajes desde la reflexión y la acción transformadora del presente y el futuro, tiempos en los cuales se comprenda que el mal forma parte de la humanidad, y que lo vivido requiere nuevos sentidos y significados con nuevos escenarios y relaciones diferentes a la rabia, la violencia y los deseos de venganza.