INTRODUCCIÓN

A partir de la voluntad de salvaguardar los bienes culturales de la destrucción que sufren durante los conflictos armados surge la necesidad de su protección jurídica (^{Nahlik, 1967},pp. 8586). Si tenemos en cuenta que donde mayor florecimiento ha alcanzado es en los tratados internacionales que las naciones han convenido adoptar, lograremos, mediante el estudio de algunas de sus características, y su manifestación en el ámbito nacional, un acercamiento a la comprensión de la protección del patrimonio cultural ecuatoriano.

De una forma u otra, el tema de la protección internacional y nacional del patrimonio cultural recae sobre los instrumentos jurídicos que seamos capaces de idear y perfeccionar consecuentemente para su real materialización.

La adopción en el plano internacional y su ratificación en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales de una normativa para la protección jurídica del patrimonio cultural muestra el interés de la comunidad internacional sobre la temática. Este asunto, supone diversas lecturas de los responsables con dicha tutela en el orden público, de los propios propietarios o portadores de estos bienes, tanto a nivel individual como comunitario, y de los estudiosos y encargados de su gestión nacional. Una de las más complejas, referida a la naturaleza jurídica de los bienes culturales y las medidas que en consecuencia, es necesario adoptar, para lograr su protección y gestión, causa no pocas discusiones entre sus beneficiarios, que en ocasiones, hasta imposibilita la consecución de este objetivo.

El presente trabajo ofrece un acercamiento a la protección jurídica y la gestión del patrimonio cultural, en particular en el caso de Ecuador. Se analiza la categoría jurídica de patrimonio cultural, su abordaje internacional y nacional en el contexto de la legislación cultural; la protección dispensada al patrimonio cultural inmaterial, en particular, su relación con el sistema de propiedad intelectual, así como los retos y perspectivas desde la legislación y gestión cultural en torno al patrimonio cultural de Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La investigación es desarrollada con fondos de investigación de la Universidad Internacional dirigidos a la Facultad de Jurisprudencia en base a un concurso. Respecto a la metodología se tienen en cuenta, desde el enfoque de la transdisciplinariedad y los métodos lógicos, elementos históricos-sociológicos, culturales y jurídicos, lo que supone la combinación de métodos de las ciencias sociales en general y de las ciencias jurídicas, específicamente:

a) el análisis histórico, se refleja en el seguimiento a estos temas, estudiados históricamente en la doctrina y la legislación foránea y ecuatoriana, así como en las posibles causas de ausencia teórica en momentos históricos diferentes para poder fundamentar la propuesta nacional desde una perspectiva histórica.

b) el teórico-jurídico, su utilización es necesaria desde un inicio, ya que el examen y la consulta de las fuentes bibliográficas, constituyen el punto de partida para asumir posiciones y argumentos propios a partir de los criterios doctrinales que giran en torno al tema, sus definiciones y objeto.

c) jurídico comparado, este método adquiere especial significación en la investigación pues se fundamenta en el estudio comparado de legislación foránea cuando se requiera para comparar su tratamiento al tema y para identificar las limitaciones en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

d) hermenéutico-analítico: mediante el cual es posible analizar las soluciones presentes en la legislación comparada y en la ecuatoriana, al contrastar ambos supuestos jurídicos para arribar a conclusiones, así como los diferentes instrumentos normativos internacionales sobre la materia.

Dentro de las técnicas de utilidad para nuestra investigación se han empleado: la revisión de documentos y la consulta a expertos.

RESULTADOS

Una vez analizado el desarrollo de la protección del patrimonio cultural ecuatoriano y su estado actual de gestión, entendemos que como principales desafíos se encuentran:

DISCUSIÓN

Con frecuencia encontramos, sobre todo en la literatura de estudios culturales, la asunción de que el acervo cultural de una nación es su patrimonio cultural, utilizándose indistintamente los términos, de forma tal que se tiende a confundir estos buscando respuestas relacionadas con su regulación jurídica. Desde el punto de vista jurídico, el concepto o definición de patrimonio cultural, elevado a categoría jurídica, está muy relacionado al criterio del valor cultural como requisito previo para la protección por dicho sistema jurídico en cuestión.

La noción de "patrimonio cultural" o "bienes culturales" proviene del primer empleo del término "bien cultural" en la Convención de La Haya de 1954 convocada por la UNESCO, y conocida también por Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. La necesidad de superar el concepto de "monumento" de forma que se integraran a la protección todos los objetos anteriormente relegados, dio lugar a la formulación y desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX, del concepto moderno de "bien cultural", aunque en este período, pero tempranamente, se promulgara la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos, o Carta de Venecia de 1964, que ofrece una noción de monumentos a su efecto en el artículo 1°. Se suma a esto, que La Comissione Francheschini de Italia, entre 1964 y 1967, reconoció como bien cultural en el orden jurídico "todo bien que constituya un testimonio material dotado de valor de civilización" (Gonzalez - Varas, 1999, pp. 44-45)

El interés por proteger no sólo los monumentos, obras de arte o aquellos objetos acorde a criterios meramente estéticos, es el que ha traído como consecuencia la adopción de los términos "bienes culturales" y "patrimonio cultural" en el plano jurídico.

No existe una definición uniforme en el plano normativo de bienes culturales, es usual que cada cuerpo legal defina una noción de patrimonio cultural a partir de los fines que persigue y el ámbito de aplicación del mismo, tal es el caso de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 1994 y la Convención internacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003. Independientemente del criterio adoptado para definir el patrimonio cultural, este no es más que un concepto formal constituido en categoría jurídica adoptada por el Derecho, fundamentalmente el internacional, y cuya protección es de interés de los Estados y de la Comunidad Internacional.

Partimos de "renunciar a una definición estricta de patrimonio y optar, en cambio, por una noción amplia y extensiva" (Camps Mirabet, 2000, p.79). En este sentido se ha definido el patrimonio cultural como "el conjunto, local, regional, nacional, continental o universal, de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales (o no físicos), de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia, de la vida económica y social, de la cultura en suma, y, por tanto, sean dignos de ser conservados para las naciones y para la comunidad internacional y conocidos por los pueblos a través de las generaciones" (^{Harvey, 1990}, 251-252).

De este concepto se desprenden infinidad de variantes y componentes conforme a la valoración que cada pueblo realice de su cultura, así como el hecho de que el patrimonio cultural no sólo se ciñe a lo antiguo o histórico, sino que también están comprendidos los bienes de interés cultural de producción contemporánea, a fin de revalorizar el presente y los valores que en él se desarrollan. Quedan incluidos desde monumentos, edificaciones, conjuntos, lugares, sitios, reservorios arqueológicos, elementos "naturales" como especies de la flora y la fauna, grutas, lagos, montañas, componiendo todos el "patrimonio inmueble", hasta las obras de arte, artesanías, objetos de interés artístico histórico, que componen el "patrimonio mueble" y el "patrimonio intangible", cuya protección ha cobrado fuerza en los años noventa, del cual forman parte las creaciones de la mente, las tradiciones orales, el saber tradicional, las creencias, los sistemas de valores, patrones de comportamiento, etc.

Tal vez para los estudios culturales la utilización del término patrimonio cultural pueda ser sinónimo de acervo cultural en el sentido de que cuando nos referimos al primero, lo hacemos al legado cultural de una nación, al acervo cultural. No obstante, para el Derecho los términos cobran un significado diferente cuando se invoca el sistema jurídico destinado a reconocer protección en base al sistema jurídico del patrimonio cultural. Para el Derecho sólo se consideran como parte integrante del patrimonio cultural de un Estado o de la comunidad internacional y por ende, objeto de atención por parte del sistema de protección jurídica del patrimonio cultural, aquellos bienes que dentro del amplio concepto de cultura, resalten y posean un valor elevado por sus características, rasgos en su relación con la historia, la naturaleza, la cultura en general, para una nación, o para la Comunidad Internacional. Es decir, según este sistema de protección jurídica, sólo aquellos bienes que sean previamente declarados como parte integrante del patrimonio cultural de la nación, son objeto de protección como patrimonio cultural.

En ese sentido se toman en cuenta criterios de selección de los bienes culturales a ser declarados, entre ellos, las legislaciones y administraciones públicas, toman los siguientes:

Diversos autores han conceptualizado la noción de "régimen", como "conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos de adopción de decisiones en los que convergen las expectativas de un actor en un ámbito material determinado" (^{Krasner, 1982}, p.185). Visto así, procedemos a analizar el régimen jurídico que caracteriza al patrimonio cultural como un sector específico del ordenamiento jurídico.

Continuando con el análisis del derecho internacional relativo al patrimonio cultural nos percatamos del reconocimiento doctrinal de una serie de principios (Camps Mirabet, 2000, p.138) que en cierta medida rigen su régimen jurídico.

Principios fundamentales y principios limitantes, en el sentido de que los segundos limitan el alcance de los primeros.

Principios fundamentales se destaca el principio de respeto y valorización del patrimonio cultural, el principio de publicidad, sensibilización y libre acceso, el principio de la solidaridad y la cooperación internacional y, el principio de libre circulación.

Dichos principios se hayan supeditados al principio de respeto a la soberanía del Estado, el cual es regente del Derecho internacional, así como al principio de la conservación in situ

Todos estos principios alcanzan su máxima expresión en la legislación interna de patrimonio cultural de los estados, luego de ratificar los tratados internacionales sobre la materia.

En el orden internacional se ha ido estableciendo todo un ordenamiento jurídico específico para el bien cultural, conformado por: los Sistemas de protección internacional: normas que protegen los bienes culturales en general, y bienes específicos como los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los monumentos históricos, tal cual reconoce la Convención de 1954. La protección en instrumentos jurídicos internacionales de otras materias, como el Derecho Internacional Humanitario; Derecho del Mar, que da paso a la Convención del patrimonio cultural subacuático; y la regulación del Comercio Internacional de Bienes Culturales, que se caracteriza por una doble tendencia en los tratados internacionales: de un lado el libre comercio y, de otro, la protección de los mismos.

Se une a lo anterior, el entendimiento del patrimonio cultural como un derecho en los principales instrumentos de derechos humanos y que sitúa como principales beneficiarios: individuos, comunidades, pueblos, conjunto de la Humanidad. Como sujetos de derechos y obligaciones (individuales y colectivos): el derecho de participar en la vida cultural a través del acceso y participación en el patrimonio cultural, y el derecho a la protección del patrimonio cultural, así como todas aquellas obligaciones que resulten acciones, o la abstención de otras, y que tributen a la protección del patrimonio cultural.

Todo ello se traduce en el establecimiento, por parte de los estados en su legislación de patrimonio cultural, de medidas de carácter normativo, medidas de carácter técnico, medidas de carácter educativo y medidas de carácter financiero.

Ecuador ha desarrollado políticas sobre patrimonio cultural durante más de 50 años y estas se han expresado en legislación nacional. Como antecedentes de la protección actual del patrimonio ecuatoriano se reconocen los siguientes:

El 21 de diciembre de 2007, el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, firmó el Decreto Ejecutivo 816, a través del cual se declaró en Emergencia al Sector de Patrimonio Cultural. Se asignaron 33 millones 666 mil dólares para emprender la tarea de rescatar, proteger e inventariar el patrimonio nacional.

El Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, a través de la Unidad de Gestión de Emergencia de Patrimonio fue el encargado de ejecutar, en las 24 provincias del país, las acciones del Decreto de Emergencia, sobre tres ejes de acción:

Ecuador ha ratificado una serie de Tratados internacionales sobre patrimonio cultural:

La Convención de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, aprobada y ratificada mediante Decreto Supremo 561, publicado en el Registro Oficial 581, de 25 de junio de 1974. La Convención de patrimonio cultural subacuático, ratificada mediante Decreto Ejecutivo 2077, publicado en el Registro Oficial 409 de 1 de diciembre de 2006; se encuentra publicada en el Registro Oficial 534, de 25 de febrero de 2009. La Convención de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas. Este convenio se adoptó en Santiago de Chile el 16 de junio de 1976 y el Ecuador la suscribió el 27 de julio de 1978. Se aprobó mediante Decreto Supremo 2789 (Registro Oficial 663 de 4 de septiembre de 1978) y se publicó en el Registro Oficial 709, de 13 de noviembre de 1978. Otros en particular como, la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado mediante Decreto Ejecutivo 1147, publicado en el Registro Oficial 231, de 12 de diciembre de 2003. Se han ratificado también dos protocolos de esta Convención: el primero fue aprobado mediante Resolución Legislativa publicada en el Registro Oficial 35, de 11 de octubre de 1960; el segundo se celebró el 26 de marzo de 1999 y se publicó en el Registro Oficial 490, de 27 de diciembre de 2004.También es parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, que se publicó en el Registro Oficial 38, de 11 de abril de 1972, y del Convenio del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) sobre bienes culturales robados de Roma, 24 de junio de 1996, y aprobado por Ecuador por la Resolución Legislativa publicada en el Registro Oficial 167 de 6 de octubre de 1997. Del mismo modo, ha firmado numerosos tratados bilaterales con países de la región para temas de patrimonio cultural. Destaca la Decisión 588 del Acuerdo de Cartagena, sobre la protección y recuperación de bienes del patrimonio cultural de los países andinos mediante Suplemento del Registro Oficial 5 de 27 de abril de 2005.

Parte del desarrollo alcanzado por Ecuador se expresa en los 8 bienes culturales integrantes del patrimonio cultural de la humanidad: Las Islas Galápagos, el Parque Nacional Sangay, la ciudad de Quito, el Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, Qhapaq Ñan, sistema vial andino que se comparte con Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Se suma además el primer patrimonio documental ecuatoriano registrado en el programa Memoria del Mundo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): "En la mirada del otro. Acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía ecuatoriana, 1890-1930".

Tres expresiones en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, inscritas en 2008, 2010 y 2012. La primera es el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara; la música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas; y el Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla.

En el nuevo contexto institucional, en el que la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 delimita el patrimonio cultural y donde se ha sedimentado una estructura institucional en la que el Instituto Nacional de Patrimonio ha desarrollado una gestión por 40 años, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y su subsecretaría, actúan como decisores de políticas y gestionan procesos en el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural, conjuntamente con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). Este Sistema gestiona la información de inventario de aproximadamente 170.000 bienes y manifestaciones culturales. Se encuentra en permanente proceso de depuración, homologación y actualización de los datos.

No son pocos los retos y desafíos que tiene por delante la protección y gestión del patrimonio cultural ecuatoriano. Entre las políticas públicas que se desarrollan acorde al Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran: La política de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que desarrolla el Comité Técnico de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales desde 2010 (y que ha posibilitado recuperar en el territorio nacional y repatriar del exterior más de 15.000 bienes culturales patrimoniales); el desarrollo del Inventario de bienes culturales que ofrece información actualizada para la gestión del patrimonio, en especial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) quienes tienen la competencia sobre el patrimonio en sus jurisdicciones y que también constituye política, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas.

Aún es insuficiente la protección y gestión del centro histórico de Quito pues continúa siendo sede de "segregación humana" al negar la posibilidad de generar un espacio inclusivo entre su núcleo central y sus zonas residenciales de carácter popular (^{Carrión, 2000}, p. 17), de indisciplina social que alcanza su máxima expresión en los grafitis vandálicos contra el patrimonio cultural; la existencia de basura, de un gobierno con mayor dirección por el mercado que por las políticas públicas; así como la desatención del área pericéntrica donde se asientan los barrios tradicionales y los emergentes (Instituto Ciudad de Quito, 2018, p.1).

Recientemente, se aprobó la Ley Orgánica de Cultura de 27 de diciembre de 2016 y un año después, su actual Reglamento de 23 de mayo de 2017. En esta se reconoce el carácter representativo del patrimonio cultural nacional cuando se establece en el artículo 29, la definición de patrimonio cultural nacional, como "el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales". Y donde se aprecia su composición en bienes culturales de disímil naturaleza jurídica, de considerable valor y significación para la cultura nacional, y que luego, en el artículo 50, precisa "Los bienes que conforman el patrimonio cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una función social derivada de su importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la interculturalidad". Respecto a los grados de valor o criterios de selección para su consideración como susceptibles de protección, se establecen en los subsiguientes artículos 51 y 52 de la referida Ley.

En este texto legal aparece el tratamiento dispensado al patrimonio cultural ecuatoriano a partir del tipo de bien cultural y su naturaleza, lo que se traduce en medidas de protección específicas en el orden técnico, financiero y educativo. En ese sentido, además de establecerse todo el proceso de declaración de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, se regula la titularidad, posesión y transferencia de dominio en el artículo 64; la prohibición de destrucción, la accesibilidad; la intervención, la conservación y restauración de los muebles, entre muchas otras medidas y se establece un régimen especial del patrimonio cultural nacional inmaterial en el Capítulo 8, que en comparación con las normas establecidas en la Convención para la protección del Patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO de 2003 y los compromisos asumidos por Ecuador en ese orden, se colige que queda acertadamente establecido en ley, el procedimiento para proteger ese tipo particular de patrimonio cultural.

"Desde el punto de vista internacional, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003, posee lo que algunos han llamado "cláusula de salvaguardia" (^{Kurin, 2004}, p.78), donde declara que no tendrá efecto sobre cualquiera derechos u obligaciones que guarden relación con los derechos de propiedad intelectual en su artículo 3: Relación con otros instrumentos internacionales, cuando establece "Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que (...)" y en su apartado b) continúa " (...) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes""(^{Pérez, 2011}, p.224).

"Las interrogantes: ¿A quién pertenecen o deberían pertenecer las expresiones de la creatividad inmaterial, si cómo propiedad privada, colectiva o comunal?, ¿alguien puede disfrutar del derecho exclusivo de su explotación comercial? ¿las normas jurídicas deben establecer reparaciones exigibles por el uso o derivaciones denigrantes u ofensivas de dichas expresiones?, no son respondidas por la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial" (^{Pérez, 2011}, p.224) pero, en el caso de la Ley Orgánica de Cultura ecuatoriana, al parecer, si son respondidas, aunque de forma incompleta en el texto, pues no hace remisión a la legislación de propiedad intelectual de forma expresa para completar el sistema de protección, en su relación con normas de distinta naturaleza, como las de propiedad intelectual, para aquellos casos en que una manifestación del patrimonio cultural inmaterial albergue derechos colectivos de una comuna, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano, pueblo montubio y otros.

La Ley Orgánica de Cultura en su artículo 80, Del reconocimiento de las manifestaciones culturales, establece que se reconocen "como pertenecientes al patrimonio cultural nacional intangible o inmaterial, entre otras manifestaciones culturales, y siempre que sean compatibles con los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones constitucionales, las siguientes.(...) c) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza: concepciones y manejo cultural de los ecosistemas, técnicas y tecnologías tradicionales para el manejo de recursos, producción artesanal, artística y gastronómica, todo elemento de la cultura que las comunidades, pueblos, nacionalidades y la sociedad en general reconocen como propias; d) Manifestaciones creativas que se sustentan en una fuerte interacción social y se transmiten, por igual de generación en generación; y, e) Técnicas artesanales tradicionales.(.)", en ese caso "Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano, pueblo montubio y otros que sean reconocidos en esa condición deberán ser informados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuando autorice la realización de investigaciones antropológicas sobre sus culturas a personas e instituciones nacionales o extranjeras.

Estos estudios o investigaciones no implican la posibilidad de apropiarse de los derechos de conocimientos tradicionales, conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, o recursos genéticos"

Por su parte, el también reciente Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 9 de diciembre de 2016 y su Reglamento de 2017 regulan el sistema de derechos colectivos de propiedad intelectual sobre este tipo específico de patrimonio cultural inmaterial entendido como conocimientos tradicionales, reconociendo como titulares de estos derechos a sus legítimos poseedores, que son las propias comunas, comunidades y grupos y que en virtud del artículo 525, y que es a quién se les reconoce el ejercicio del derecho de impedir el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no autorizados.

En ese orden, los derechos de propiedad intelectual de estos grupos portadores que sean utilizados por terceros, incluso en acciones de preservación, transmisión oral, comunicación o revitalización, típicas del sistema de patrimonio cultural como medidas de protección, merecen el tratamiento que recoge la legislación de propiedad intelectual ecuatoriana, en cuyo caso se debería establecer una política de relación entre las instituciones administrativas de patrimonio cultural, dígase, Instituto, y Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el ente administrativo de propiedad intelectual, en esta caso el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) adscrito a otro ente administrativo, como lo es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Esta relación la propia norma de patrimonio cultural lo permite cuando establece en la Ley Orgánica de Cultura en su artículo Art. 62.- De los criterios generales de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.- los siguientes: "(..) El Ministerio de Cultura y Patrimonio, establecerá las políticas para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y coordinará su aplicación con las entidades públicas, privadas, comunitarias y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial, en concordancia con lo establecido en la Ley"

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones, podemos afirmar que Ecuador ha ido desarrollando a través de los años un sistema de trabajo sólido en la protección jurídica y gestión del patrimonio nacional, lo que se evidencia en su legislación cultural y en el diseño de políticas y acciones concretas para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, en particular el derecho al acceso y disfrute del patrimonio cultural. En la actualidad, posee retos importantes asociados a la integración de los diversos sujetos responsables con dichos bienes, fundamentalmente en el contexto comunitario a través de la transferencia de competencias respecto a su protección. Destaca la necesidad de establecer políticas y estrategias de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el ente administrativo que se encarga de la atención a los derechos colectivos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales de las comunidades y grupos sociales en los casos que estos sean considerados patrimonio cultural inmaterial de la nación pues se aprecian no pocas interrogantes a resolver en la práctica de los procesos culturales.