Principios de la medición funcional

En sus aplicaciones a los problemas de la vida cotidiana, la medición funcional suele ser una metodología basada en escenarios realistas que representan una situación real (^{Anderson, 1982}, 1996). Por ejemplo, si los investigadores planean estudiar los puntos de vista de las personas respecto a la aceptabilidad del suicidio asistido por un médico, crean situaciones que representan a un paciente con enfermedad terminal que expresa o no el deseo de ser ayudado a morir. Estos escenarios, para que sean razonablemente realistas, deben contener varios informantes; es decir, las diferentes piezas de información que suelen formar parte de la situación. En el caso del suicidio asistido por un médico, estas informaciones pueden ser la edad del paciente, el nivel de incurabilidad de su enfermedad, la actitud de la familia, la petición del paciente, etc. En otras aplicaciones, se utilizan otros tipos de estímulos concretos como rostros humanos que varían en función de los rasgos faciales (^{Oliveira et al., 2008}), fragmentos de música que cambian en función del timbre, el ritmo, el contorno y el tono (^{Makris & Mullet, 2003}), o dispositivos complejos extraídos de un laboratorio de física (^{Masin, 2016}).

La mayoría de veces los escenarios se obtienen cruzando ortogonalmente los niveles de los informantes (factores) que han sido seleccionados por considerarse en cada escenario particular, como los más relevantes (^{Anderson, 1982}). En el caso del suicidio asistido, si se consideran tres niveles de edad (paciente joven, paciente adulto y paciente anciano) y dos niveles de petición del paciente, el cruce de estos dos conjuntos de informadores dará lugar a seis escenarios diferentes. A continuación, estos seis escenarios se cruzarán con los niveles de otros informantes, dando como resultado un conjunto que, a veces, puede comprender cerca de 50 escenarios (^{Frileux et al., 2003}). Al crear escenarios de esta manera, es esencial asegurarse de que todas las situaciones representadas en los escenarios sean realistas.

Para cada estudio se selecciona una pregunta y se crea una escala de respuesta, ambas correspondientes al objetivo del análisis. En el caso del suicidio asistido por un médico, la pregunta puede ser ¿Hasta qué punto cree usted que, en estas circunstancias, el suicidio asistido por un médico sería un procedimiento aceptable? La escala es continua, con anclas de nada aceptable y completamente aceptable. No es necesario que los participantes verbalizaran la respuesta: solo se limitaban a poner una marca en el lugar de la escala de respuesta que les parecía apropiado.

Al relacionar los niveles de informadores y las calificaciones de aceptabilidad, la medición funcional permite determinar la importancia de cada tipo de informante en el proceso de juicio de aceptabilidad del participante. En el caso del suicidio asistido por un médico, por ejemplo, la petición del paciente puede tener mucho más impacto en la aceptabilidad que en la edad del paciente.

La medición funcional también permite determinar si el proceso de integración de los informantes es simple -p. ej., sumando los efectos de los informadores- o más complejo -p. ej., cuando el impacto de un informante depende del nivel de otros informantes-. En el caso del suicidio asistido por un médico, la edad del paciente y el nivel de incurabilidad de la enfermedad pueden tener un fuerte impacto cuando el paciente solicita repetidamente asistencia para morir, pero pierden todo impacto en los demás casos.

Por último, la medición funcional permite determinar la distancia psicológica entre los informantes según como se haya procesado en la mente de los participantes. En el caso del suicidio asistido por un médico, las peticiones fuertes y repetidas del paciente pueden asociarse con valores de aceptabilidad altos, mientras que la petición leve del paciente y la ausencia de petición del mismo, se asociarían con valores de aceptabilidad bajos. Esta configuración de los valores significaría que, en esta situación, la petición leve y la ausencia de petición tienen un significado cercano, mientras que la petición repetida tiene un significado claramente diferente de ambas.

La medición funcional puede aplicarse a conjuntos de juicios expresados por un solo participante o a conjuntos de juicios medios obtenidos a nivel de grupo. Existen técnicas sencillas que permiten agrupar a los participantes con perfiles similares de juicios (^{Hofmans & Mullet, 2013}) y, de este modo, determinar las posiciones más frecuentes -mayoritarias y minoritarias- en una determinada cultura.

Activos de la medición funcional

Como la medición funcional se basa en escenarios, los participantes siempre se encuentran en situaciones potencialmente cercanas a las reales. Se les presenta una gran cantidad de información sobre un tema y reaccionan a esta de forma automática. Aunque cada escenario puede ser complejo y los conjuntos de información pueden ser numerosos, los participantes no tardan mucho en responder. Esto se debe a que, como sugieren ^{Haidt y Joseph (2004}, p. 56), "los seres humanos vienen equipados con una ética intuitiva, una preparación innata para sentir destellos de aprobación o desaprobación hacia ciertos patrones de eventos que involucran a otros seres humanos". Examinar las opiniones de las personas utilizando una metodología que les permita expresarlas de forma natural y automática es, por tanto, una ventaja fundamental frente a otros enfoques que utilizan ítems genéricos (p. ej., ¿está usted a favor o en contra de la inseminación artificial?) o conceptos abstractos. Sin embargo, no tiene sentido suponer a priori, que todos los seres humanos están dotados del mismo tipo de ética intuitiva.

Al no requerir verbalizaciones, está metodología sigue siendo aplicable con participantes que, por diversas razones, no pueden verbalizar (^{Morales Martínez et al., 2010}), son demasiado jóvenes para hacerlo (^{Cuneo, 1982}), no están entrenados para hacerlo (^{Makris & Mullet, 2003}) o incluso son reacios a hacerlo (^{Rogé & Mullet, 2011}). Además, como los escenarios pueden ser representados gráficamente o leídos por el investigador, la metodología sigue siendo aplicable con participantes analfabetas (Ouédraogo & Mullet, 2000). En algunos estudios, la escala de respuesta continua se ha ajustado a las características de los participantes, utilizando la longitud del camino recorrido por un animalito familiar (^{Morales et al., 2016}). Dado que las capacidades de integración de la información probablemente precedieron a la aparición del lenguaje en millones de años (^{Farley & Fantino, 1978}), examinar las opiniones de las personas utilizando una metodología que evite hacer el estudio de los procesos de juicio entre las personas demasiado dependientes de su dominio del lenguaje es, sin duda, otra ventaja importante.

Como los escenarios se organizan según un diseño ortogonal, la medición del impacto relativo de cada tipo de informante es técnicamente sencilla. Dado que las personas son capaces de reaccionar ante situaciones reales en pocos segundos (o menos), normalmente no pueden describir sus procesos de juicio. Los seres humanos -antes los mamíferos y otras especies- han evolucionado en situaciones siempre concretas, lo que implica que reaccionar ante patrones de acontecimientos es natural, mientras que la introspección y la descripción de la actividad intelectual lo es mucho menos -incluso para los filósofos-. Sin embargo, determinar con precisión el impacto relativo de cada tipo de informador es de gran importancia para los investigadores. En el caso del suicidio asistido por un médico, por ejemplo, determinar que la petición del paciente es el indicio más importante para un participante que tiene que juzgar la aceptabilidad significa que, en su opinión, el principio de autonomía del paciente, un principio muy querido por los bioéticos modernos, domina -en esta situación- todos los demás principios (^{Beauchamp & Childress, 2001}).

Por último, como en la metodología de la medición funcional cada participante se caracteriza por un perfil de (muchos) juicios, a los investigadores les resulta fácil evaluar las similitudes y las distancias (euclidianas) entre estos perfiles y agrupar a los participantes en función de ellas. En la vida cotidiana, saber si las opiniones de alguien sobre un tema son similares o diferentes a las propias no es fácil -aunque lo parezca-. Discutir con esa persona sobre el tema puede ser esclarecedor o engañoso; no hay forma de estar seguro. Tener un medio para hacerlo con precisión es de gran interés. Pues bien, en materia de ética y como se ha subrayado antes, las opiniones de los expertos suelen ser contradictorias y las de personas que no son expertas distan mucho de ser uniformes. El suicidio asistido por un médico es considerado como admisible por algunos expertos, y como nunca admisible por otros (^{Cohen et al., 2014}).

En consecuencia, el suicidio asistido se permite en algunos países, se tolera en otros y se condena severamente en los demás (^{Mullet et al., 2016}). Por lo tanto, al combinar la medición funcional y el análisis de clústeres (^{Hofmans & Mullet, 2013}), es posible delinear con precisión las diversas posiciones de las personas con respecto a un tema que existe en una cultura determinada y sus frecuencias relativas en esta cultura.

Durante los últimos veinte años se han realizado una serie de estudios empíricos utilizando el marco metodológico de la medición funcional. Estas investigaciones han analizado las posiciones de expertos o no-expertos en relación con cuestiones acuciantes como (a) la comunicación de malas noticias a los pacientes enfermos (^{Igier et al., 2015}); (b) la aceptabilidad de la ruptura de la confidencialidad (^{Olivari et al., 2011}); (c) el racionamiento de tratamientos caros o escasos (^{Nann et al., 2012}); (d) la aceptabilidad del tratamiento involuntario (^{Lhermite et al., 2015}) o de la hospitalización involuntaria (^{Guedj et al., 2012}); (e) la aceptabilidad de las técnicas de reproducción asistida (^{Muñoz Sastre et al., 2016}); (f) la donación de órganos y la trasplantación (^{Fraux et al., 2020}); (g) la cuestión del aborto (Muñoz Sastre et al., 2015), y (g) la aceptabilidad de la experimentación con animales no humanos (^{Muñoz Sastre et al., 2020}). La mayoría de estos estudios se han realizado con muestras de occidentales (Muñoz Sastre & Mullet, 2019), pero algunos de ellos se han llevado a cabo en África Occidental (^{Kpanake & Mullet, 2020}), en América Central (^{Morales et al., 2010}), en América del Sur (Pineda Marín & Mullet, 2020), en la India (^{Kamble et al., 2012}), en Oriente Medio (^{Ahmed et al., 2010}) y en el Sudeste Asiático (^{Nann et al., 2012}).

En este artículo se presentarán y analizarán las principales conclusiones de tres de estos estudios, los cuales tratan de cuestiones muy diferentes -el deber de asistencia (duty to care) de los profesionales sanitarios en caso de epidemia, el recurso a la reproducción póstuma y la aceptabilidad del suicidio asistido por un médico- en entornos muy diferentes: Guinea, Francia y Colombia.

Perspectivas de los ciudadanos guineanos sobre el deber de prestar atención a los pacientes con Ébola

La figura 1 muestra algunos de los principales resultados de un estudio que se llevó a cabo en Guinea (^{Kpanake et al., 2018}), en el que se examinó cómo los ciudadanos (n = 252) y los proveedores de atención sanitaria (n = 220) juzgan la aceptabilidad de la negativa de los proveedores de atención sanitaria a prestar atención a los pacientes con Ébola. Es importante resaltar que Guinea fue uno de los países más afectados por el brote de Ébola del 2014 al 2016, con 3811 casos, de los cuales el 67 % murieron. El estudio se realizó en el 2015. A los participantes se les presentó 54 escenarios, cada uno de los cuales comprendía una descripción textual de un conjunto de condiciones de trabajo y circunstancias externas, y se les pidió que calificaran hasta qué punto estaría justificado que el profesional de salud no acudiera al centro de salud.

Nota. En cada panel la aceptabilidad juzgada de la negativa a prestar atención, está en el eje vertical; los tres niveles de riesgo de infectarse están en el eje horizontal, y las tres curvas corresponden a los tres niveles de condiciones de trabajo.

Figura 1 Patrones de resultados correspondientes a los cinco clústeres 

Los escenarios comprendían cuatro informantes organizados en un diseño de cuatro factores intra-sujetos: (a) el nivel de riesgo de infectarse -p. ej., cuatro casos de transmisión de Ébola en ese lugar de trabajo en los últimos 12 meses-, (b) las condiciones de trabajo -p. ej., remuneración retrasada e imprevisible, equipo de protección personal insuficiente y ausencia de complementos para tareas peligrosas-, (c) las responsabilidades familiares del profesional sanitario -p. ej., hombre soltero sin hijos- y (d) si el profesional era médico o enfermero. Un ejemplo de estas descripciones se presenta en la figura 2.

Figura 2 Ejemplo de escenario utilizado en el estudio de ^{Kpanake et al. (2018)}  

De ese modo, se realizó un análisis de clústeres con los datos brutos. Surgieron cinco posiciones diferentes sobre el deber de asistencia de los profesionales sanitarios. Como se muestra en la figura 1, la primera posición (18 % de la muestra) era la de los participantes para quienes la negativa a prestar atención a los pacientes con Ébola nunca era aceptable. Los juicios de aceptabilidad fueron siempre bajos. De forma interesante, los cristianos, animistas o musulmanes eran más propensos a expresar esta posición que los ateos. La segunda posición (38 %) se denominó condiciones de trabajo porque el impacto de este factor era, con diferencia, el más importante. Los no-expertos eran más propensos a expresar esta posición que el personal de enfermería. Los ateos también eran más propensos a respaldar esta posición que los cristianos o los musulmanes.

La tercera posición (9 %) se denominó riesgo para uno mismo y la familia porque el nivel de riesgo y las responsabilidades familiares fueron los factores que más influyeron en los juicios de los participantes. Los juicios de aceptabilidad también fueron ligeramente más altos cuando las condiciones de trabajo eran más malas que buenas. Los no-expertos eran más propensos a expresar esta posición que los médicos o el personal de enfermería. Los ateos nunca formaron parte de este grupo. La cuarta posición (23 %) era la de los participantes para quienes la negativa a prestar atención a los pacientes con Ébola era siempre bastante aceptable. El personal de enfermería, especialmente los que habían tenido experiencia de primera mano con pacientes infectados por el Ébola, eran más propensos a expresar esta posición que los no-expertos. Por último, un pequeño grupo de participantes (12 %) no expresó ninguna posición firme. Sus juicios se situaron siempre cerca del centro de la escala de respuesta.

Por tanto, para el grupo más numeroso de participantes, el deber de asistencia no es absoluto, depende de las circunstancias, ya sea principalmente de las condiciones de trabajo -salario y disponibilidad de equipos de protección- o de las responsabilidades familiares. Sin embargo, grupos más pequeños pero sustanciales apoyaron las posiciones absolutistas o voluntaristas; es decir, o bien un deber ilimitado de cuidar, independientemente de las circunstancias, o bien una ausencia de deber, que permite a los profesionales negarse a prestar cuidados. Estos resultados fueron coherentes con los hallazgos de ^{Bensimon et al. (2012}, p. 2568) en el contexto de una pandemia de gripe en Canadá, de "un amplio espectro de puntos de vista que van desde los que postulan un deber ilimitado absoluto de cuidar hasta los que sostienen que debe haber límites claramente definidos".

Mapeo de las perspectivas de los franceses sobre la reproducción póstuma

La figura 3 muestra algunos de los principales resultados de un estudio realizado en Francia sobre un tema voluntariamente muy diferente (^{Pajot et al., 2017}), en el que se examinó la forma en que los no-expertos (n = 104), los profesionales sanitarios (n = 47) y los juristas (n = 15) juzgan la aceptabilidad de la reproducción póstuma. La reproducción póstuma implica que los gametos de una persona fallecida se utilicen con fines pro-creativos. Implica una serie de cuestiones éticas relacionadas con (a) los derechos de la persona superviviente a tener descendencia, (b) la violación de la integridad física de la persona fallecida, (c) los sentimientos, creencias y puntos de vista de los familiares cercanos, (d) sus intereses económicos, (e) el bienestar de la posible descendencia y (e) el interés del Estado en mantener las leyes de herencia legales (^{Collins, 2005}). En Francia, la reproducción póstuma está prohibida (Artículo L2141-2 del ^{Code Français de Santé Publique, 2011}).

Nota. En cada panel los niveles medios de aceptabilidad juzgados están en el eje vertical, los cuatro niveles del factor de los deseos del fallecido considerados en el estudio están en el eje horizontal, y las dos curvas corresponden a los dos niveles de la actitud de los suegros.

Figura 3 Patrón de resultados para cada uno de los cuatro clústeres 

A los participantes se les presentaron 48 escenarios realistas que incluían cuatro tipos de informantes: (a) el estado civil de la mujer -p. ej., convivía con el fallecido desde hacía tres años y no tenían hijos-, (b) la actitud de los padres del fallecido -p. ej., eran favorables al procedimiento-, (c) el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la pareja, y (d) los deseos del fallecido -p. ej., había dejado por escrito su consentimiento a la procreación póstuma-. Un ejemplo de escenario se presenta en la figura 4.

Figura 4 Ejemplo de escenario utilizado en el estudio de ^{Pajot et al. (2017)}  

Se realizó un análisis de clústeres con los datos brutos. Surgieron cuatro posiciones diferentes sobre la aceptabilidad de la reproducción póstuma. Como se muestra en la figura 3, la primera posición (35 % de la muestra) fue la de los participantes que expresaron su total desacuerdo. Todos los juicios de aceptabilidad fueron bajos. Los practicantes -asistentes habituales a la iglesia- y los profesionales de la salud se encontraban mayo-ritariamente en este grupo. La segunda posición (28 %) se denominó tolerable en algunos casos porque los juicios de aceptabilidad eran superiores al centro de la escala de aceptabilidad cuando se disponía del consentimiento escrito del fallecido.

La tercera posición (22 %) se denominó consentistas porque la aceptabilidad variaba drásticamente en función del factor de los deseos del fallecido. Las puntuaciones también eran más altas cuando la familia política era favorable, que cuando no lo era, y el factor de la familia política tenía un efecto ligeramente más fuerte en los niveles intermedios del factor deseos que en sus niveles extremos. La cuarta posición (16 %) era la de los participantes que expresaban opiniones libertarias. Todos los juicios fueron bastante altos. Los no-expertos pertenecían con más frecuencia a estos dos últimos grupos que los juristas y los profesionales de la salud.

Las cuatro posiciones encontradas en esta muestra francesa eran similares a las posiciones sugeridas por ^{Hans (2008}, véase también ^{Hans & Dooley, 2014}). En su estudio sobre una muestra estadounidense, también encontró un grupo de disidentes que se oponía sistemáticamente a la extracción póstuma por razones morales, un grupo de libertarios que tendía a centrarse en el derecho de la pareja superviviente a procrear, independientemente de las demás circunstancias, y un pequeño grupo que tendía a tener muy en cuenta los deseos de la pareja fallecida en sus juicios.

Los profesionales sanitarios franceses parecen expresar mayoritariamente una posición conforme a las leyes prohibitivas actuales. Los no-expertos, sin embargo, estaban más divididos. La mitad de ellos expresaron, en efecto, posiciones similares a las de los profesionales de la salud. Las respuestas de la otra mitad, sin embargo, sugieren que pueden considerar que las leyes actuales relativas a la reproducción asistida póstuma en un país como el Reino Unido (Human Fertilisation and Embryology [Deceased Fathers], 2003) se acercan más a sus opiniones que las leyes francesas.

Mapeo de las posiciones de los colombianos sobre la aceptabilidad del suicidio asistido

La figura 5 muestra los principales resultados de un estudio preliminar realizado en Colombia (^{Pineda Marín et al., 2021}), en el que se examinaron las opiniones de los adultos (n = 134) sobre la aceptabilidad del suicidio asistido por un médico en diversas circunstancias. La cuestión de si los profesionales de la salud deben ayudar activamente a los pacientes a morir y recurrir a la eutanasia o al suicidio asistido por un médico, siempre se ha considerado muy controvertida. En la eutanasia activa, los profesionales intervienen directa y deliberadamente para acabar con la vida de los pacientes. En la eutanasia pasiva, retiran el tratamiento necesario para mantener la vida. En el suicidio asistido por el médico, proporcionan a los pacientes los medios para acabar con su vida.

Nota. En cada panel la media de los juicios de aceptabilidad está en el eje vertical, los tres niveles de edad de los pacientes están en el eje horizontal, y las tres curvas corresponden a los tres niveles del factor petición.

Figura 5 Patrones de resultados correspondientes a los tres clústeres 

La Corte Constitucional de Colombia adoptó en 1997 el artículo 326 del Código Penal, que permite la eutanasia de enfermos terminales a condición de que estos pacientes hayan solicitado públicamente que se ponga fin a su vida. Sin embargo, hasta hace poco los médicos colombianos se abstenían de ayudar a morir a sus pacientes por miedo a las acciones legales, a la opinión pública, a la pérdida de pacientes o por oposición a la ley (^{Mendoza-Villa & Herrera-Morales, 2016}). El primer caso de eutanasia del que se tiene constancia se llevó a cabo en el 2015, a petición de un hombre de 79 años que padecía un cáncer oral que le causaba un sufrimiento intolerable (^{López Benavides, 2018}). Además, en marzo del 2018, el Gobierno emitió una normativa que permite la eutanasia en niños de hasta siete años (^{Cook, 2019}).

Actualmente no se dispone de datos sobre la opinión de los colombianos respecto a estas cuestiones. Aunque la legislación actual se ocupa específicamente de la eutanasia, el estudio se centró en el suicidio asistido, un procedimiento más específico, menos controvertido para el final de la vida, porque implica la acción directa del paciente.

A los participantes se les presentaron 48 escenarios que representaban la situación de un paciente con enfermedad terminal y que incluían cuatro informantes: (a) la edad del paciente -p. ej., 85 años-, (b) el nivel de incurabilidad -p. ej., completamente incurable-, (c) el tipo de sufrimiento -p. ej., dolor físico extremo-, y (d) el grado en que el paciente solicitaba un procedimiento para poner fin a su vida -p. ej., repetidas solicitudes formales-. Un ejemplo de este escenario se presenta en la figura 6.

Figura 6 Ejemplo de escenario utilizado en el estudio de Pineda Marín et al. (2020) 

Se realizó un análisis de clústeres con los datos brutos. Surgieron tres posiciones diferentes sobre la aceptabilidad del suicidio asistido. Como se muestra en la figura 5, la primera posición (13 % de la muestra) fue la de los participantes que expresaron la opinión de que este procedimiento nunca era aceptable. Los juicios fueron uniformemente bajos. Los participantes de más edad, los casados y los viudos, los de derecha, los que asisten regularmente a la iglesia o al templo y los mormones o evangélicos expresaron esta postura con más frecuencia que los demás.

La segunda posición (76 %) se denominó depende de las circunstancias porque los juicios de aceptabilidad dependían esencialmente de la solicitud del paciente y de otros aspectos. Los participantes más jóvenes, los solteros y los de izquierda expresaron esta postura con más frecuencia que los demás. La tercera posición (9 %) se denominó siempre aceptable. Los juicios fueron casi siempre altos.

Como lo muestra la figura 5, el hecho de que las posiciones de los participantes no se vieran afectadas por la corta edad de algunos pacientes es importante a la luz de la reciente ampliación de la eutanasia en los niños y es coherente con estudios anteriores que muestran que la edad del paciente tiene poco efecto en las posiciones de los europeos, en contraste, por ejemplo, con el enorme efecto que este factor puede tener en las posiciones de los hindúes.

La figura 7 se ha elaborado combinando los datos de varios otros estudios que han utilizado el mismo material. Estos estudios se han realizado en Francia (Teysseire et al., 2005), en Kuwait (^{Ahmed et al., 2010}), en la India (Kamble et al., 2011), en Togo (^{Kpanake et al., 2014}), en Turquía (^{Bugay et al., 2014}), y en Rumanía (Teodorescu et al., 2018). Las valoraciones medias observadas en la muestra colombiana son muy similares a las observadas en Francia y se alejan mucho de las observadas en Kuwait o en Turquía.

Figura 7 Dendograma que muestra las distancias euclidianas entre los siete países 

Conclusión

La mayoría de los participantes en los tres estudios empíricos de los que se ha informado en este artículo, no mostraron posiciones extremas del tipo todo o nada. Los participantes se mostraron sensibles a los factores circunstanciales a la hora de juzgar la aceptabilidad de ciertas conductas. Por lo tanto, se comportaron de la manera que ^{Aristóteles (2004)} consideraba como prudente. Además, en los tres estudios de los que se extrajeron los principales resultados se han evidenciado reglas de juicio claras: los juicios de aceptabilidad, por tanto, obedecían a reglas estables y no se expresaban de forma casual.

Los factores situacionales que se han tenido en cuenta en estos estudios, y a los que la mayoría de los participantes han sido sistemáticamente sensibles, pueden clasificarse utilizando el esquema de los cuatro principios de la bioética sugeridos por Beauchamp y Childress (2004). El primer principio -respeto a la autonomía de las personas-, ha adoptado en los tres estudios analizados diferentes formas, por ejemplo: (a) los deseos del fallecido en el estudio de ^{Pajot et al. (2017)}, y (b) la petición del paciente terminal en el estudio piloto de Pineda Marín et al. (2020). La autonomía también fue el principio investigado en el estudio de ^{Kpanake et al. (2018)}: ¿En qué medida los profesionales sanitarios tienen derecho a decidir no ir a atender a los pacientes? El impacto de los factores de tipo de autonomía, claramente varió en función del contexto y de los participantes. El 75 % de los adultos colombianos participantes en el estudio de Pineda Marín et al. (2020), y el 50 % de los participantes franceses en el estudio de Pajot et al. (2017), atribuyeron gran importancia a este principio. Asimismo, el 70 % de los participantes en el estudio de Kpanake et al. (2018) consideraron que el deber de proporcionar cuidados estaba asociado al deber recíproco de los gobiernos de proporcionar las condiciones mínimas necesarias para cumplir con su deber.

El segundo principio -la benevolencia, es decir, la exigencia de actuar en interés de la persona- fue también en cierto modo el principio investigado en el estudio de ^{Kpanake et al. (2018)}: ¿Hasta qué punto los pacientes tienen derecho a ser atendidos, incluso cuando las condiciones de trabajo son tales que los profesionales sanitarios corren un alto riesgo de ser contaminados, y en consecuencia, de morir por la misma enfermedad? Solo una pequeña minoría de los participantes guineanos (18 %) considera que el principio de benevolencia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

El tercer principio -la no maleficencia, es decir, la exigencia de no actuar en contra de los intereses de las personas- se ha expresado en los tres estudios analizados anteriormente mediante: (a) el factor de riesgo para la familia en el estudio de ^{Kpanake et al. (2018)}, y (b) la actitud de los padres del fallecido en el estudio de ^{Pajot et al. (2017)}. La no maleficencia también fue el principio investigado en el estudio de Pineda Marín et al. (2020): ¿En qué medida los profesionales sanitarios tienen derecho a ayudar a los pacientes a poner fin a su vida? El impacto de los factores de no maleficencia varió en función del contexto y de los participantes. El 9 % de los participantes guineanos en el estudio de Kpanake et al. (2018) y el 10 % de los participantes colombianos en el estudio de Pineda Marín et al. (2020) atribuyeron gran importancia a este principio. En el estudio de Pajot et al. (2017), se atribuyó a este principio una importancia secundaria.

El efecto del cuarto factor -la justicia- se ha estudiado a través de los efectos de: (a) el factor del estatus profesional en el estudio de ^{Kpanake et al. (2018)}, (b) el factor del estado civil en el estudio de ^{Pajot et al. (2017)}, y (c) el factor de la edad del paciente en el estudio de Pineda Marín et al. (2020). Según el principio de justicia, los pacientes independientemente de su sexo, edad o etnia deben ser tratados de forma no discriminatoria. En los tres estudios sobre participantes guineanos, franceses y colombianos, estos factores no tuvieron mucho efecto.

En muchas cuestiones sociales, las personas tienen opiniones estructuradas (^{Anderson, 2008}). Al hacer que los participantes consideren las cuestiones del deber de asistencia, la reproducción póstuma o el suicidio asistido por un médico desde diferentes perspectivas y en distintas circunstancias, la técnica presentada en el presente artículo -la medición funcional- permite mapear estas posiciones. Aunque se centra principalmente en las estructuras -es decir, las posiciones personales-, esta técnica, como se ha demostrado anteriormente, no es ciega al efecto de las características demográficas. En consecuencia puede considerarse un complemento útil de las encuestas cuantitativas que utilizan ítems genéricos, por un lado, ^{Cohen et al. (2014)}, y por otro lado, los métodos cualitativos aplicados en el trabajo antropológico de ^{Bensimon et al. (2012)}.