ARTÍCULOS/INVESTIGACIÓN

Una lectura política de Pablo Escobar^*

A political approach on Pablo Escobar

Gustavo Duncan** .

** Candidato a Doctor en Ciencia Política (Ph.D.c) Universidad de Northwestern-Estados Unidos. Profesor visitante de la Universidad EAFIT y profesor asistente de la Universidad de los Andes. gustavoduncan@yahoo.com

Recibido: septiembre 15 de 2013. Aprobado: noviembre 18 de 2013

Resumen

Este artículo es una aproximación al carácter político de las mafias que protegen el tráfico de drogas desde una perspectiva mencionada pero poco tratada dentro del concepto mismo de mafia: la articulación de intereses de amplios grupos sociales dentro de su oferta de protección. Tanto las mafias de la droga que gozan de dominación social como las que no tienen mayor interacción social toman decisiones dirigidas a la imposición de sus intereses. La gran diferencia está en que las decisiones de las primeras tienden a involucrar la estructura social que ha sido transformada por el narcotráfico. Cualquier intento por reprimir a las mafias involucra ahora un ataque a los intereses estructurales de amplios sectores sociales. Un caso concreto servirá para ilustrar esta lectura política del narcotráfico: la guerra de Pablo Escobar contra el estado.

Palabras clave: Mafia, construcción de estado, narcotráfico, violencia, Colombia.

Abstract

This paper deals with the political nature of mafias that protect drug trafficking from a broadly mentioned but poorly studied aspect in the same concept of mafia, namely, the articulation of interests of diverse social groups within their protection offer. Both types of mafias, the ones that enjoy social control and the ones that do not enjoy major social interaction, aims to impose decisions favorable to their interests. The big difference is that decisions of the former ones tend to consider the social structure transformed by drug trafficking. Any attempt to repress these mafias means now an attack to the structural interests of diverse social groups. A specific case is used to illustrate this political approach on mafia: the war of Pablo Escobar against the Colombian state.

Key words: Mafia, construction of States, drug trafficking, violence, Colombia.

Introducción

Si la mafia es solo el negocio de la protección privada como asegura Gambetta (2007) no deberíamos esperar mayor influencia en la vida política de una sociedad distinta a la corrupción de las autoridades. Políticos y policías reciben una tajada de las ganancias sin que nada cambie en las relaciones de poder. Sin embargo, las mafias también suelen tener profundos efectos en el orden social con sus consiguientes efectos en la estructura de poder político. En el caso emblemático de Sicilia las mafias han estado tan estrechamente relacionadas con la organización de la sociedad (Blok, 1988) que el poder local y su relación con el estado italiano se ha construido hasta tiempos recientes desde el crimen organizado (Arlacchi, 1986).

En Colombia los efectos políticos de la mafia saltan a la vista. El proceso 8000 y la parapolítica demostraron que era un factor decisivo en las elecciones. Igual de visibles han sido las transformaciones sociales. Desde asuntos triviales como la moda hasta cambios en las relaciones económicas han sido reiterativamente denunciados. Pero poco se ha reparado en cómo estas transformaciones se expresan en demandas políticas. Los candidatos elegidos con el respaldo de las mafias no llegaron al poder solo para garantizar la protección de organizaciones especializadas en el narcotráfico. Sin importar que tan corruptos fueran debían tramitar las demandas de los grupos sociales que los habían elegido. Estas demandas no trataban solamente de las típicas prebendas clientelistas sino que en ocasiones incluían la provisión de una serie de necesidades impuestas por el narcotráfico. Tan importante llegaban a ser que su provisión determinaba las relaciones de dominación en el orden local. Solo quienes dispusieran de los medios para garantizar la seguridad, la justicia y el sustento material en comunidades donde los recursos de la droga eran determinantes podían reclamar el ejercicio del poder.

Este artículo es una aproximación al carácter político de las mafias que protegen el tráfico de drogas desde una perspectiva mencionada pero poco tratada dentro del concepto mismo de mafia: la articulación de los intereses de amplios sectores sociales dentro de su oferta de protección. Tanto las mafias que gozan de dominación social como las que no tienen mayor interacción social toman deci- siones dirigidas a la imposición de sus intereses. La gran diferencia está en que las decisiones de las primeras tienden a involucrar la estructura social que ha sido transformada por el narcotráfico. Cualquier intento de represión institucional involucra ahora un ataque a intereses estructurales. Por esta razón cuando el estado toma la decisión de destruir una organización mafiosa es usual que realicen alianzas con otras organizaciones. En la organización mafiosa aliada delegan la preservación de un orden social que sería demasiado costoso de transformar y que ofrece demasiada resistencia a su intervención. Orozco (1992) y Rubio (1998) ya han tratado el tema del carácter político de los narcotraficantes colombianos. Sin embargo, la aproximación de este artículo es muy distinta. En vez de centrarse en la conceptualización política del delincuente por su eventual rebeldía se enfoca en identificar las prácticas de dominación social y de interacción con el estado de las mafias narcotraficantes.

Un caso concreto servirá para ilustrar esta lectura política del narcotráfico: la guerra de Pablo Escobar contra el estado. El caso es ilustrativo porque implica decisiones de poder sobre amplios sectores sociales. Cuando Escobar se enfrentó al estado involucró en su decisión a algunas comunidades de Medellín que se habían convertido en su base social y territorial. El estado se encontró con una guerra en la que era necesario enfrentarse a los adolescentes de los barrios populares y en la que en ocasiones era imposible acceder al territorio por el rechazo de la población. Tanta dificultad para combatir en los términos y en el territorio de Escobar llevaron al estado de realizar alianzas con su competencia mafiosa para eliminarlo. Al final del enfrentamiento más de quinientos policías fueron asesinados, miles de jóvenes murieron y decenas de miles de personas se volcaron a las calles cuando Escobar fue abatido. ¿Por qué una proporción tan significativa de los habitantes escogió tomar partido por un criminal en vez de respaldar al estado? ¿Por qué el estado se alió con otros criminales para eliminarlo? Las respuestas encierran muchas de las razones por la que las mafias pueden desarrollar un contenido político que va más allá del negocio de la protección privada.

Narcotráfico, mafia y producción de poder

La definición Weberiana de poder como 'la probabilidad que tiene A de que B haga algo que de otro modo no haría' se torna más compleja cuando A y B no son actores individuales. Una clase social, una comunidad o una coalición política es un entramado de actores que, aunque pueden coordinar sus esfuerzos para presionar a otro actor igual de complejo a actuar de determinada manera, mantiene en su interior una serie de relaciones de jerarquización que encarnan relaciones de poder. A y B son en sí mismos unidades de poder compuestas por dominadores y dominados. Por consiguiente, el poder de A sobre B en un entramado social se deriva de la capacidad de A de organizar a otros actores mediante los recursos disponibles para imponer decisiones sobre B. Sin organización, sin recursos y sin el soporte de otros actores el poder de A sobre B como actores sociales es inexistente.

En el caso del narcotráfico es claro que las transformaciones en la estructura de poder provienen de los nuevos recursos disponibles. Sin embargo, la redefinición de los medios económicos es una respuesta incompleta sobre los efectos en el poder. El capital por sí solo no produce siquiera el poder suficiente para garantizar su propiedad. Sin un ejército un narcotraficante es presa fácil de otros criminales. El verdadero poder está en otro aspecto: en cómo los nuevos recursos articulan la dominación de amplios sectores sociales con las demandas de protección del negocio. El narcotraficante A logra que la autoridad B no lo expropie o lo capture solo si el político c que tiene la influencia por los votos de la comunidad C influye sobre la capacidad represiva de B. De igual modo A puede pagar a un señor de la guerra d para refugiarse entre la población D porque d domina una región entera al margen del estado. En ambos casos es la dominación social, bien sea a través de las elecciones o de un ejército privado, lo que permite convertir el capital del narcotráfico en un medio de protección efectivo.

La mafia en el narcotráfico es un tipo particular de organización que se especializa en la producción de poder desde el ejercicio privado de la violencia¹. El poder producido tiene en principio un propósito específico, el de generar una renta a partir de la regulación del tráfico de drogas. Un grupo de individuos es una mafia del narcotráfico cuando cuenta con el poder suficiente para decidir qué narcotraficantes y a qué precio pueden utilizar los lugares de tráfico que están bajo su esfera de regulación. Si los narcotraficantes no pagan por sus servicios de regulación la misma organización los reprime. En su forma más elemental esta organización no necesita de mayor soporte en una dominación social para producir poder. Se trata solo de disponer de hombres y armas para disuadir a otros criminales de pagar una renta por mover a salvo su mercancía por determinado lugar. El tema de las instituciones estatales se resuelve mediante el soborno. La mafia paga una parte de sus ganancias a las autoridades a cambio de evitar que repriman las empresas criminales.

Pero el propósito de regular solo las transacciones de los narcotraficantes puede verse desbordado por las transformaciones sociales. Eventualmente estas transformaciones pueden derivar en la extensión de las funciones de regulación del crimen a la sociedad. Un narcotraficante en un pueblo pequeño que surte la mayor parte del capital del lugar se convierte en la práctica en el proveedor material de sus necesidades económicas. La redistribución de capital puede ser intencionada con el propósito de reclamar algún tipo de reconocimiento. Si el narcotraficante además cuenta con suficientes medios coercitivos puede utilizar la fuerza para legitimarse como autoridad. Puede convertirse por ejemplo en un juez que dirime los conflictos y diferencias entre los miembros de la comunidad. Las mafias en estos casos regulan toda una serie de transacciones sociales que nada tienen que ver directamente con el tráfico de drogas. Su espectro de regulación puede ampliarse hasta convertirse en una organización que garantiza la provisión de las necesidades de amplios sectores sociales. Aunque sus modalidades pueden variar de acuerdo al número mismo de sociedades, estas necesidades pueden sintetizarse en la provisión de protección, orden y sustento material (Moore, 1978). Es así que muchas mafias además de regular el tráfico de drogas ofrecen seguridad, administran justicia y surten la economía local.

La regulación de la mafia adquiere un fuerte soporte social cuando un sector significativo de la población encuentra en su dominación una fuente importante de provisión de sus necesidades sociales. En términos estrictamente militares las mafias no suelen ser competencia frente a la capacidad coercitiva del estado. Sin embargo, cuando el estado no es capaz de proveer ni la protección, ni el orden, ni el sustento material entre algunos sectores de la sociedad, estos sectores mediante sus comportamientos cotidianos sientan las bases del poder de la mafia. La resistencia cotidiana al estado se traduce en la menor capacidad de ejecutar tareas básicas como reclamar la obediencia a su autoridad, recolectar información sobre comportamientos desviados, extraer recursos y, en general, de hacer cumplir las leyes. Por el contrario, las mafias al manejar una relación pormenorizada con la población cuentan con los medios para vigilar el comportamiento de sus dominados, extraer recursos y asegurar su obediencia. La clave está en mantener una provisión de necesidades sociales por encima de la capacidad del estado, utilizando incluso los propios recursos del estado al apropiarse del control de sus instituciones². El verdadero alcance del poder de la mafia depende en gran medida de su capacidad de interactuar con aquellos actores que controlan las instituciones estatales.

Lo realmente importante del poder de las mafias es cómo por regular la provisión de necesidades sociales están en condiciones de imponer decisiones políticas. Es decir, cómo las relaciones con otros actores de poder pasan por la reacción potencial de los sectores dominados. En concreto por la reacción que pueda producir el cese de la provisión de necesidades sociales como consecuencia de la represión a la mafia. Si suponemos de manera simplista que en un estado existen dos tipos de sociedades, aquellos que deben su provisión de necesidades sociales al narcotráfico Sa y aquellos que no Sb, entonces los actores de poder deben considerar las reacciones de estos dos sectores en sus decisiones políticas y en su competencia por acumular poder. Simplificando aún más podría el poder dividirse entre actores A, la mafia y las autoridades corruptas, que consideran los intereses de Sa y actores B que consideran los intereses de Sb. Las transformaciones políticas del narcotráfico giran entonces en torno a la capacidad adquirida por los actores A de disputar poder e influencia social a los actores B. Esta capacidad depende tanto de los recursos disponibles como de los costos que plantea la resistencia social a la regulación por las instituciones estatales.

Los costos sociales de represión de las mafias pueden ser tan altos que eventualmente se convierten en un disuasivo a la potencial capacidad represiva de B. De hecho el logro político de las mafias consiste no solo en la toma de decisiones de poder favorables a sus intereses sino en la ausencia de decisiones en su contra como consecuencia de la resistencia social³. En el caso del narcotráfico su capacidad de financiar la provisión de necesidades sociales se convierte en un factor definitivo para evitar decisiones de poder que afecten tanto sus intereses como sus espacios de dominación social. Una colectividad política no corrupta puede promover una normatividad laxa con el trabajo informal ligado a las mafias para evitar mayores conflictos sociales. O el conglomerado empresarial que compone el grueso de la élite económica puede promover una relajación de la persecución contra los narcotraficantes para evitar que los costos de la provisión de necesidades sociales se traduzcan en mayores impuestos. La ausencia de decisiones políticas es un reconocimiento que el resto de actores poderosos en una sociedad hace a la mafia por su capacidad de dominación social.

El hecho que la dominación social involucre la provisión de necesidades sociales no quiere decir que exista una sintonización entre las aspiraciones de los sectores dominados con las aspiraciones políticas de las mafias. La realización de los intereses de los sectores dominados como clase social casi nunca es el propósito de las mafias, mucho menos la aceptación del dominio responde a las convicciones de los dominados. La dominación es en esencia una imposición y si las mafias proveen protección y orden es porque disponen de un aparato coercitivo lo suficientemente efectivo para evitar desafíos. Pero existen dos razones al margen de la fuerza por las cuales la población acepta el orden impuesto por la mafia. Por un lado están nuevas oportunidades para sectores tradicionalmente excluidos del ejercicio directo del poder y, por el otro lado, están las transformaciones en la naturaleza misma del sustento material necesario para garantizar la dominación social.

La inclusión en el poder y en el mercado

La mafia es en sí una oportunidad de hacer carrera en una organización que se especializa en la producción de poder. Cuando la mafia amplía su espectro de regulación hasta abarcar el orden de la sociedad los atributos necesarios para pertenecer a una organización mafiosa se convierten en atributos para alcanzar una posición social superior. Más aun, tener habilidades tempranas en el ejercicio de la violencia, hacer parte de subculturas criminales y estar dispuesto a arriesgar la vida llegan a ser en situaciones de dominio mafioso medios efectivos de poder. Toda la ostentación de los nuevos ricos del crimen que acompaña el proceso de surgimiento del narcotráfico no es nada distinto a la construcción de unos códigos simbólicos que legitimen este proceso⁴. La legitimación se expresa a su vez en la aparición desde las mismas sociedades dominadas de numerosos jóvenes dispuestos a seguir una carrera en la mafia. Las mismas sociedades que experimentan la dominación de las mafias suelen ser el origen de la mano de obra que reproduce la dominación.

Otro sector que encuentra una oportunidad de acumulación de poder con el narcotráfico es la clase política de la periferia. Desde los caciques tradicionales que dominan las elecciones regionales hasta cuadros de base que tramitan los votos de las comunidades encuentran en los recursos de la mafia un medio para ampliar su poder en el sistema político. Con el capital de las drogas y con el aparato coercitivo de las mafias los políticos de la periferia pueden competir ahora con la élite política del centro que dispone del soporte de los grandes empresarios de la economía legal, de los recursos del estado central y del acceso a los medios masivos de comunicación. Narcotraficantes y mafiosos respaldan a la clase política para que medie ante las instituciones estatales. La mediación tiene como propósito la preservación del orden social y de las relaciones de dominación en la periferia que han sido transformadas por el narcotráfico. Sin la preservación de estas transformaciones el poder de ambos actores, las mafias y la clase política, se vendría al suelo ante la ausencia de una base social desde donde realizar exigencias al estado central.

Si la oportunidad de poder ofrecida a criminales y políticos profesionales constituye un factor de reproducción de los mecanismos de dominación de la mafia, la inclusión en el consumo de masas de sectores excluidos de estos mercados constituye un mecanismo de obediencia social. El narcotráfico tiene una propiedad particular: permite a sociedades con baja acumulación de capital producir medios de cambio valiosos en el mercado internacional. Esta propiedad marca una diferencia sustancial con aquellas mafias dedicadas a la explotación de los excedentes de la economía local porque la presencia de medios de cambio valiosos en vez de empobrecer el mercado interno lo enriquece. El mayor efecto del narcotráfico en el mercado es la introducción de nuevos objetos de consumo como referentes simbólicos y materiales de las relaciones de dominación. La construcción social sobre aquello que materialmente debe garantizarse para obtener la obediencia se transforma radicalmente cuando la sociedad accede al mercado de masas.

Las razones por las que ciertos sectores sociales dependen del capital de las drogas para su inclusión en el consumo de masas responden a transformaciones en los mercados globales (Duffield, 1998). Dada la diversidad actual del consumo de masas del mundo globalizado es impensable la autoprovisión como estrategia económica. Bien sea productos tan simples como una peluca o una camiseta o tan sofisticados como un avión a reacción o una superproducción cinematográfica tienen su origen en distintos lugares del mundo que se han especializado en su producción. Es tanta la especialización y la competencia que ni siquiera las economías avanzadas pueden aspirar a producir toda la gama de mercancías que componen el consumo de masas actual. Mucho menos pueden pretender las sociedades con baja acumulación de capital hacer parte de formas globales de consumo a través de la autoprovisión. Es por esta razón que el efecto de la inclusión en el mercado sobre las relaciones de dominación es tan significativo. En el momento en que la provisión de este tipo de bienes se convierte en parte del sustento material que debe garantizarse para obtener la obediencia social, la mafia encuentra una oportunidad de dominación en el aislamiento del mercado local. Entre menor sea la acumulación de capital, la producción legal de medios de cambio y las transferencias del estado más importante es el narcotráfico para la provisión del consumo de masas y, en consecuencia, para la obtención de la obediencia de sectores sociales excluidos del mercado.

Las mafias del narcotráfico se convierten en actores de poder relevantes al interior de un estado al regular la inclusión de sectores excluidos de la estructura política, económica e incluso simbólica de la sociedad. Las actuales mafias que regulan el tráfico de drogas no son más que una forma de coerción privada que articula la faceta ilegal de producción de capital en la sociedad con las instituciones de dominación del estado. En el fondo son las mismas dos variables usadas por Tilly (2001) para interpretar el proceso de construcción de los modernos estados nación de occidente –capital y coerción–, pero con grandes diferencias en su interacción y en sus efectos sobre la trayectoria del estado. En vez del proceso de desarme de los ejércitos privados al interior del territorio para monopolizar los medios de coerción y de negociación con los poseedores del capital para financiar la capacidad de regulación social del estado, en el narcotráfico se trata de la delegación de la coerción para proteger una fuente de capital que no puede ser regulada directamente por el estado. Las mafias que controlan esta fuente de capital adquieren por consiguiente una impresionante capacidad de interacción con el estado, no solo como representantes de los intereses de quienes manejan una parte significativa de la riqueza material sino como organizaciones que controlan el acceso al mercado de amplios sectores de la sociedad.

La importancia política adquirida por las mafias al convertirse en proveedores de necesidades sociales obliga al estado a mediar su autoridad con organizaciones criminales. La corrupción sistemática es una expresión de la necesidad de interacción entre el estado y las mafias. Políticos y policías corruptos definen los límites del poder de las partes, es decir hasta donde la mafia regula transacciones y espacios sociales que desbordan la regulación de lo puramente criminal y hasta donde el estado reprime actividades ilícitas que son importantes para numerosos sectores sociales. También definen las alianzas que el estado realiza con las diferentes organizaciones mafiosas para reducir el desafío a su autoridad. Cada tanto surgen organizaciones que no respetan los límites trazados por el resto de poderes de la sociedad y se enfrentan al estado, el cual suele responder mediante alianzas con otras mafias. Luego de someter a las organizaciones insurrectas el estado concede a sus aliados la dominación de las transacciones y los espacios sociales que eran dominados por las mafias derrotadas. El manejo de la interacción entre el estado y las mafias es en sí una oportunidad para acumular poder. No es extraño que en estos escenarios los políticos profesionales y las autoridades que se han especializado en mediar entre el estado y las mafias se conviertan al final en actores de poder de primer orden. Disponen de la coerción y el capital de las mafias para acumular poder al interior del estado y de las instituciones del estado para negociar con las mafias.

Esta aproximación a las implicaciones políticas del narcotráfico y la mafia sugiere una historia más compleja que la de una simple disputa contra organizaciones criminales. Es en realidad la historia de cómo sectores subordinados en la sociedad aprovechan la disponibilidad de coerción y capital para, por un lado, organizar un proceso de acumulación de poder y riqueza y, por otro lado, ser incluidos dentro de la economía y la política nacional. Es también la historia de cómo el estado es forzado a compartir, y en ocasiones delegar, el ejercicio de la coerción para satisfacer demandas sociales. Y recurrentemente es la historia de los desencuentros entre el estado y las mafias por imponer sus instituciones de dominación, con las consiguientes explosiones de violencia. El caso de Pablo Escobar es fascinante porque ilustra todo lo anterior.

La política en la guerra de Pablo Escobar

La historia se inicia con las transformaciones sociales y económicas de Medellín durante la década de los setenta. Era un periodo particularmente difícil. El ideal antioqueño⁵ de una sociedad incluyente con alta movilidad social y con una economía capaz de absorber a la población dentro de una apuesta de progreso fundada en el desarrollo industrial estaba agotado (Franco, 2006). La consecuencia social más dramática fue que el aparato productivo tradicional se quedó corto para atender un rápido proceso de urbanización.

Dos alternativas existían para los sectores excluidos del mercado laboral que demandaban las grandes empresas de las élites industriales y el resto de la economía formal: la política clientelista y el sector informal. Desde mediados de siglo había surgido en la ciudad una clase política profesional que había despojado a los empresarios tradicionales del control del gobierno (Ocampo, 2006). Aunque no disponían de la riqueza de las elites empresariales, los políticos profesionales obtuvieron una enorme ventaja mediante los recursos del estado. Gran parte de las demandas sociales que surgían del proceso de urbanización de la población eran tramitadas por el clientelismo. La vivienda y los servicios públicos de los recién llegados del campo eran apropiados mediante invasiones y conexiones piratas tramitadas por políticos profesionales (Martin, 2012). Al crecer el tamaño y los recursos del estado no fue extraño que la clase política se convirtiera en un poder emergente en la ciudad y que alrededor del oficio de la política surgiera una oportunidad de inclusión.

Para los excluidos de la economía formal y de las redes clientelistas de los políticos profesionales existía un sector informal en constante crecimiento. Décadas atrás había surgido un mercado ambulante en la zona de Guayaquil (Ocampo, 2002; Hincapié – Correa, 2005). A pesar de su precariedad este mercado era importante para abastecer las necesidades materiales de un conjunto importante de la población. Así mismo era la alternativa obvia para los recién llegados a la ciudad que no encontraban ocupación. El mercado informal fue reforzado por un creciente auge de las ventas de contrabando de cigarrillos, licores, electrodomésticos y toda una serie de artículos de consumo masivo. Los contrabandistas que siempre fueron una parte del paisaje social antioqueño adquirieron un papel más relevante al atender una demanda en expansión y ofrecer trabajo a muchos que no contaban con oportunidades en los mercados formales.

Pese a las oportunidades ofrecidas por el clientelismo y por los mercados informales existía una creciente presión desde sectores ya establecidos en la ciudad que eran marginados del empleo formal y desde los migrantes de áreas rurales. Los primeros encontraban que su situación como obreros manufactureros con acceso a vivienda, servicios básicos y seguridad social se iba diluyendo. La crisis de la industria textil en los setenta agudizó su marginación. Los segundos, quienes apenas hacían tránsito a la vida urbana, tenían que ingeniárselas para acceder a un espacio donde construir una vivienda y para sobrevivir en medio de privaciones básicas. Los asentamientos de los recién llegados estaban localizados en invasiones en escarpadas laderas. A la ausencia de cualquier proceso de planeación estatal se sumaban las dramáticas condiciones de seguridad del entorno. Los relatos etnográficos han retratado la situación de estos migrantes:

El uso agresivo del machete, importado del campo a la ciudad; el lanzamiento reciproco de piedras era una modalidad de agresión bastante usual entre los muchachos de los barrios populares de la ciudad de Medellín; ''los insultos de una esquina a la otra, la revolcada de las muchachas por un tipo, los chismes por doquier'', nos dan la pauta de las modalidades de enfrentamiento que se producían entre los miembros de la comunidad antes del ingreso de los grupos armados y del combate por el dominio del territorio. Vivir en las zonas de invasión [...] era semejante a ''vivir en un pueblo'' hecho con ranchos de cartón, un pueblo ''del que se traen muchas cosas de otras partes y en donde la tolerancia era más bien reducida'' (Angarita et al., 2008: 67).

Pablo Escobar a pesar del origen rural de sus padres no era originario de un grupo social excluido. De hecho su adolescencia transcurrió en el barrio La Paz de Envigado, un vecindario de clase media que disponía de todos los servicios públicos y donde nadie en el sector padecía privaciones significativas. Recibió educación secundaria y varios de sus familiares pudieron asistir a la universidad. La rebeldía que luego haría de Escobar uno de los bandidos más famosos de la historia no tuvo su origen en una privación material apreciable. Las influencias en su formación criminal estuvieron más bien en el contacto con delincuentes de carrera (Baquero, 2012; Guarnizo, 2012). Pero fue su involucramiento con las organizaciones contrabandistas de Antioquia lo que lo formó y le abrió un espacio dentro de las grandes ligas de la delincuencia de Medellín. Con los contrabandistas Escobar se familiarizó con la organización de empresas ilegales de gran escala, estableció importantes contactos, adquirió habilidades en la corrupción de las autoridades y se fogueó en la guerra. Él mismo consideraba que se hizo en la guerra del Marlboro:

Es que en este país uno se hace es en la guerra. Yo me hice en la guerra, en una guerra muy violenta que fue la guerra del Marlboro. Le juro que ni los mismos paisas [apelativo popular para referirse a la gente Antioquia] –a menos que hayan sido bandidos en aquella época– saben que existió ese tropel. Digamos que fue lo que hubo antes de comenzar la coca y que fue de donde salieron los primeros capos y de donde salieron los primeros sicarios. Ahí nacieron los sicarios (Castro Caycedo, 1996: 283).

A mediados de los setenta la explosión del consumo de cocaína en Estados Unidos permitió a las organizaciones contrabandistas dar un salto en la escala de sus actividades. Del abastecimiento del mercado local de cigarrillos y licores extranjeros pasaron a controlar el abastecimiento de un mercado mundial de varios billones de dólares. Los contrabandistas y las bandas de delincuentes pasaron de ser personajes oscuros a ser el centro de la celebración social. Eran aceptados inclusos entre las clases medias y altas que gustaban de relacionarse con unos nuevos ricos dispuestos a gastar sin control en una fiesta para cautivar a sus invitados, en regalos para seducir amantes y en la compra de empresas quebradas para ser aceptados por la élite social⁶. Con la expansión empresarial que implicaba el tráfico de cocaína sucedieron también cambios en los requerimientos operativos del negocio que se constituyeron a su vez en oportunidades para muchos delincuentes. La jerarquía de las viejas organizaciones iba a volar por los aires con la posibilidad que tenían los traficantes de hacerse a fortunas inéditas abasteciendo un mercado que en un principio no presentaba barreras de entrada distintas a la decisión de asumir riesgos. Escobar estaba dentro de aquellos que explotaron las nuevas oportunidades, viajaría en carro hasta Perú en busca de base de coca y luego la transformaría en cocaína en Colombia. Sin los recursos de la droga Escobar nunca hubiera pasado de ser un famoso jefe de la delincuencia local a pesar de sus ambiciones de riqueza y reconocimiento.

Los grandes beneficiarios del auge del narcotráfico durante la bonanza inicial fueron el comercio, la construcción y los servicios. Los mercados informales y las ventas de contrabando florecieron con la abundancia de dólares y de mercancía que era utilizada para blanquear capitales. El comercio al detal, por ser un sector intensivo en empleo poco calificado, fue un alivio para gran parte de la población de bajos recursos que había quedado marginada del mercado laboral durante la crisis de finales de los setenta. La finca raíz fue otro sector de la economía en que los narcotraficantes se interesaron. Constructoras, almacenes de insumos, fabricantes de materiales, bancos y trabajadores rasos aprovecharon cuando el sector se reactivó. Para los sectores populares la bonanza del comercio y de la construcción significó la oportunidad de participar por primera vez en el mercado de masas. Una fiebre de consumo conspicuo se apoderó de la sociedad y como nunca antes las clases populares participaron de ella. El narcotráfico se había convertido sin proponérselo en un medio importante de la provisión de una parte del sustento material de la población durante una coyuntura crítica en la ciudad.

Al ser la provisión del mercado parte importante de las demandas de regulación social quien controlara las rentas de la droga iba a tener la oportunidad de influir directa e indirectamente sobre las relaciones de poder. Directamente porque el narcotráfico como actividad criminal generaba toda una serie de empleos y subempleos, la mayoría de ellos compuestos por actividades legales, que dependían de la capacidad de financiación del patrón narcotraficante. Las redes de parentesco, amistad, solidaridad, pertenencia a alguna comunidad y en general cualquier forma de intercambio clientelista usualmente iba a condicionar el acceso a estos oficios. A cambio del trabajo había que reconocer la relación de poder que se derivaba de la oportunidad laboral. E indirectamente porque la clase política, los empresarios del lavado y demás actores sociales que acumulaban poder alrededor de los capitales del narcotráfico iban a utilizar el respaldo de la población que dependía materialmente de ellos para negociar mayores recursos de los narcotraficantes. Una parte significativa de la clientela de la clase política y de los empresarios de contrabando del centro de la ciudad se volvió dependiente de las rentas de la droga sin apenas saber de dónde venía su puesto de trabajo, su vivienda o simplemente su paga por votar por determinado candidato.

Las oportunidades de poder para la nueva clase delincuencial no solo estaban en el acceso a una fuente inagotable de capital. Otra variable se mostró decisiva para definir las jerarquías del narcotráfico: la organización de la coerción. Quienes tenían ventajas en el ejercicio de la violencia, bien fuera porque ya eran asesinos de oficio o porque estaban dispuestos a enfrentarse con quien se atravesara, no demoraron en imponer sus condiciones sobre otros narcotraficantes. Escobar desde un principio estuvo presto a utilizar la violencia para imponerse como un líder de las organizaciones traficantes de cocaína (Salazar, 2001). Se había granjeado tal reputación de peligrosidad que hacía que las autoridades pensaran dos veces antes de rechazar sus sobornos. Varios crímenes de funcionarios de la época que no trascendieron el ámbito de Medellín tienen como principal sospechoso a Escobar. Sin embargo, hasta ese momento el despliegue de poder de Pablo Escobar estaba sujeto a la capacidad directa del ala armada de su organización. Aun sus intereses como narcotraficante no estaban articulados con los de amplios sectores sociales.

Fue solo cuando Escobar involucró abiertamente a diversos sectores excluidos en Medellín que se convirtió en un actor de poder relevante. El primer paso hacia esa transformación estuvo en la construcción de una amplia red clientelista propia a través de una fuerte inversión entre la población marginada de la ciudad. En su búsqueda de reconocimiento construyó canchas de futbol, repartió mercados, abrió sitios de atención donde la gente venía en busca de ayuda material e incluso construyó un barrio para los habitantes de Moravia. Las inversiones entre la población local se materializaron en el corto plazo con la elección de Escobar en la Cámara de Representantes, lo cual tendría importantes repercusiones jurídicas porque gozaba de inmunidad parlamentaria. En el largo plazo las inversiones darían aún más rédito cuando llegó a ser una figura carismática en las barriadas populares de la ciudad, donde veían a 'Pablo' como un patrón que se acordaba de los pobres. Estos vecindarios se convertirían en su principal fuente de respaldo popular cuando estalló la guerra contra el estado. Mientras el estado no podía confiar en sus habitantes, Escobar encontraba información confiable, lugares de refugio y jóvenes dispuestos hacer parte de su ejército.

A principios de los ochenta era claro que Escobar ambicionaba mucho más que la pura riqueza. A pesar de estar dedicado de lleno en el crimen buscaba convertirse en un personaje público. Sin importar que al atraer la atención sus actividades fueran más susceptibles de investigación judicial Escobar pretendía convertir su riqueza en poder político. Esta pretensión podría parecer en principio una estrategia dirigida a obtener inmunidad ante la ley, sin embargo las actuaciones de Escobar también tenían un profundo sentido reivindicativo. El discurso antioligárquico, el sentimiento populista, el desprecio por la clase dirigente, las proclamas de representar un cambio en la estructura socioeconómica del país, el enfrentamiento abierto contra el estado a pesar de las bajas probabilidades de éxito y el hecho mismo de reconocerse como un bandido en medio de la guerra⁷, señalan que tras su apuesta política había un tema muy fuerte de revanchismo social. El propósito era la expresión del descontento de un amplio sector al asumir el papel de un criminal en rebeldía.

Tan importante como las relaciones clientelistas en el ascenso criminal de Escobar fue la aparición de nuevos intereses estructurales entre diversos sectores de la sociedad. Muchos de estos sectores no eran precisamente parte de la población excluida. Eran sectores ya establecidos que encontraron en el narcotráfico una oportunidad de reajustar su posición política y económica. El grueso de los políticos de la ciudad aceptó sin mayores miramientos las contribuciones de los narcotraficantes. Hasta antes del debate de los dineros calientes a finales de agosto de 1983 no existía un rechazo apreciable al tema de la financiación de la política por narcotraficantes. De todas maneras las cosas no cambiaron después. El escándalo público no sería suficiente para persuadir a la clase política de aceptar contribuciones. Se había instaurado una nueva forma de hacer campaña en la que era difícil competir en cualquier tipo de elección si no se contaba con recursos de la droga. Las clientelas exigían ahora mucho más en el intercambio de votos por favores y prebendas. En contraprestación la clase política tenía que garantizar que las decisiones institucionales no afectaran en la medida de lo posible la provisión de recursos del narcotráfico. También comenzaron a surgir nuevos millonarios quienes se convirtieron en un grupo de peso en la economía local no solo por los recursos que controlaban sino por la cantidad de empleo sin calificación que demandaban en sectores como la construcción y el comercio. Al financiar la capacidad de estos sectores el narcotráfico había creado unas bases sólidas entre la población. Si se necesitaba organizar una movilización en contra de la policía, incumplir cotidianamente la ley, respaldar votaciones para elegir políticos que influyeran en decisiones favorables al narcotráfico o si simplemente se necesitaba demostrar ante el resto de la sociedad la importancia social de los mercados informales había ahora un volumen importante de población dispuesta para la tarea.

En un principio la resistencia a la irrupción de Escobar en el escenario nacional fue más bien pobre. El grueso de actores de poder se ajustó a las transformaciones sociales del narcotráfico y asimiló la estructura de poder a los nuevos intereses. El único grupo social reacio a las aspiraciones de poder y ascenso social de los narcotraficantes con capacidad real de interponerse fue un sector de la sociedad civil y de las élites sociales. Una parte de la prensa, la clase política, los notables, los representantes de los gremios y en general de la gente con influencia social rechazó de entrada cualquier pretensión de legitimidad de los narcotraficantes. Los motivos del rechazo eran en parte morales (a veces moralistas) y en parte el resultado de prejuicios sociales contra individuos de origen popular. El diario El Espectador fue implacable con Escobar. Del mismo modo el Nuevo Liberalismo, el partido formado por Luis Carlos Galán, fue una fuerza política que basó su plataforma ideológica en el combate frontal a la relación entre narcotráfico y política. La reacción de estos sectores llevó a Escobar a liderar una organización que se autodenominaría como Los Extraditables. El punto central de disputa era el tratado de extradición con EE.UU. que bajo las nuevas directrices de la guerra contra las drogas se convertía en una amenaza real.

La respuesta de Escobar fue implacable. Para abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla e inicio de la guerra contra el estado, Escobar ya disponía de un poder más complejo que el del simple soborno y amenaza. Él representaba el liderazgo de una serie de organizaciones que, además de traficar drogas, se habían convertido en actores significativos del proceso de dominación social. Cualquier ataque a los intereses de estas organizaciones implicaba una reacción de otros sectores sociales, tanto dominadores como dominados, que veían afectados sus intereses. Ahora existía una clase política que necesitaba de los recursos del narcotráfico para competir por los puestos públicos, unas clientelas que demandaban nuevos servicios y recursos para ofrecer su respaldo en las elecciones, unos sectores de la economía que dependían de los flujos de capital de las drogas para mantenerse en el mercado y, sobre todo, un conjunto de comunidades en Medellín que encontraron directa mente en Escobar un mecanismo de inclusión material y simbólica.

Las decisiones de poder que Escobar como un actor A pretendía imponer al estado como un actor B, básicamente la inmunidad a un negocio ilegal y la aceptación de sus pretensiones de reconocimiento, pasaban ahora por las consideraciones que el estado tenía que hacer para no afectar el soporte social de Escobar. Si las autoridades policivas pretendían reprimir los centros de lavado de los narcotraficantes se iba a tropezar con la resistencia de los políticos, los empresarios, los trabajadores y quienes vivían del empleo que generaban estas empresas. Y si las autoridades judiciales pretendían encarcelar a los políticos que recibían financiación del narcotráfico se iban a encontrar con la perdida de soporte electoral de sus clientelas. Un caso diciente de los efectos del rechazo del narcotráfico sobre la definición del poder político fue la elección presidencial de 1982. De acuerdo a distintas fuentes y testimonios las campañas de los dos principales candidatos, Betancourt y López, recibieron aportes del Cartel de Medellín⁸. Pero en la parte final de la contienda la campaña de López por alguna razón declinó de las contribuciones del narcotráfico. El resultado fue que los caciques liberales de la región Caribe no se movilizaron con suficiente vigor para inclinar las votaciones a favor de López⁹.

La guerra con el estado no estuvo exenta de intentos de negociación. Las reuniones en Panamá entre el expresidente López, el Procurador Jiménez Gómez y los 'extraditables' no dieron resultado por la presión de los medios. Luego que El Espectador publicara en primera página una feroz crítica a las negociaciones el presidente Betancur desconoció el aval que les había dado a López y a Jiménez. El resultado fue la agudización de la guerra. Magnicidios de cualquier funcionario o personalidad que amenazara con perseguir a los narcotraficantes, atentados terroristas, secuestros de miembros de las élites bogotanas y el asesinato indiscriminado de policías constituyeron el repertorio militar de Escobar. El estado, pobremente preparado para afrontar el desafío terrorista, planteó su respuesta en base al tratado de extradición con EE.UU. y al fortalecimiento lento pero constante de su aparato policivo. El sentido de la guerra era un pulso de fuerza entre criminales por obtener inmunidad y legitimación de su ascenso social y el estado por mantener a raya sus aspiraciones. La salida del pulso de fuerzas dependía en gran medida del respaldo y del ánimo de confrontación de la población civil. Por un lado, los ataques terroristas minaban el respaldo popular a una posición dura del gobierno. El propósito de Escobar con el terrorismo era doblegar la voluntad de la sociedad para llevar al gobierno a pactar unas condiciones favorables para su sometimiento a la justicia.

Por otro lado, Escobar iba a extender su base de respaldo popular mediante la organización de un ejército de jóvenes sicarios. Si antes la articulación de los intereses de Escobar con amplios sectores sociales se fundaba en la provisión de necesidades materiales, ahora la guerra iba a profundizar la organización de grupos armados en los barrios populares de Medellín como medio de provisión de seguridad y orden local. La dominación social en ciertas comunidades se organizaba no desde la fuerza del estado sino de bandas y pandillas que asumían las funciones de protección y de justicia¹⁰. Si bien Escobar desde muy temprano en su carrera criminal demostró habilidades para la violencia, el ejercicio de la coerción estaba limitado por la sencillez misma de las guerras entre delincuentes. Eran enfrentamientos por el control de rentas criminales, incumplimientos de acuerdos, robos de mercancía e incluso por asuntos triviales. En un principio el sentido mafioso del narcotráfico estaba limitado a los asesinos a sueldo con que contara cada organización. Escobar cambiaría el ejercicio de la violencia al reclutar a los asesinos de las barriadas de la ciudad dentro de su estructura organizacional y al convertirlos en una extensión de su propósito de reconocimiento social.

En los barrios populares y en los vecindarios recién formados por invasiones en las laderas había emergido una subcultura delincuencial desde antes del narcotráfico. Las pobres expectativas de realización social de los jóvenes de estas comunidades propiciaron el surgimiento de un sistema normativo y de jerarquización alterno en que el crimen jugaba un papel central. Quien quisiera alcanzar estatus, respeto y poder debía pertenecer a alguna pandilla o banda que además de cometer diversos delitos imponía su autoridad territorial (Martin, 2012; Angarita, et al., 2008). Estos jóvenes delincuentes se convirtieron en el ejército de Escobar contra el estado. Pasaron de ser simples asesinos a sueldo de las disputas intestinas de los narcotraficantes a ser el músculo de la guerra contra el estado. La gran transformación de Escobar estuvo en que articuló un fenómeno común de subcultura delincuencial en una posibilidad real de poder. Un entrevistado quien hizo parte del ejército de bandidos de Escobar lo resumió así: ''Nosotros nos íbamos a morir robando un banco. Pablo nos dio la oportunidad de morir declarándole la guerra al estado''. La estrategia de Escobar cuando necesitó escalar la guerra fue convertir a estos delincuentes en los proveedores de las necesidades materiales de sus comunidades como mecanismo de legitimación de su poder. Los miembros de la guardia pretoriana de Escobar eran en la práctica una reproducción local de su carácter de 'Robin Hood'. Él repartía recursos del narcotráfico entre los bandidos que trabajaban a su lado y ellos redistribuían estos recursos en sus comunidades.

Desde estas comunidades surgieron los sicarios que por pocos años de 'gloria y opulencia' se ofrecieron a matar ministros, candidatos presidenciales, magistrados y demás enemigos del Cartel, y a volar aviones, centros comerciales y edificios del estado para imponer decisiones de poder. No importaba que la muerte en un horizonte cercano fuera casi segura. Era mejor vivir poco tiempo en medio de la euforia y la abundancia que una vida larga de privaciones y humillaciones. Además de la reserva de jóvenes dispuestos a morir en una guerra liderada por criminales, la ventaja de la dominación social de estas comunidades estaba en que había territorios vedados para el estado. La policía no podía vigilar las calles de los barrios dominados por los bandidos porque eran asesinados. Si alguien cruzaba las fronteras de un barrio dominado por las bandas y los combos de Escobar y era sospechosos de ser policía inmediatamente era ejecutado sin que mediara pregunta alguna. Más de 500 policías murieron cuando Escobar dio la orden de pagar una recompensa de varios miles de dólares de acuerdo al rango de cada agente.

Cuando Escobar optó por la guerra total contra el estado la clase política que había recibido sus sobornos quedó en medio de un fuego cruzado. Una cosa era la indulgencia con la corrupción política tradicional, recibir sobornos de narcotraficantes era visto por la sociedad como parte natural del sistema¹¹, pero otra cosa era recibir recursos y proteger desde el estado a unos delincuentes que mataban indiscriminadamente y que tenían como objetivo la destrucción de las instituciones. Tampoco las élites nacionales iban a perdonar que estuvieran aliados con quienes secuestraban a sus familiares. Las circunstancias eran muy distintas en comparación cuando recién comenzaron a recibir recursos de los narcotraficantes. Las decisiones de poder que estaban bajo su resorte cambiaron dramáticamente con el advenimiento de la guerra. Persuadir a un oficial de la policía a aceptar sobornos del cartel o influenciar a un miembro del gobierno nacional para que nombrara un funcionario corrupto en la oficina de impuestos era una tarea sencilla si no existía un control decidido por el estado y la sociedad. Con la guerra las instituciones del estado, la prensa y la sociedad civil se volvieron vigilantes. La razón tras el asesinato y las amenazas de varios políticos que habían tenido vínculos con Escobar fue que en el nuevo escenario no podían cumplir con los pactos establecidos. El caso de Federico Estrada Vélez, un importante político de Antioquia, es diciente. Pese a aparecer en fotos en 19821¹² cuando era senador de la república con Gustavo Gaviria, primo y principal socio de Escobar, fue asesinado en 1990 por su negativa a mediar ante el gobierno nacional (Bahamón, 1991).

Escobar pudo inicialmente someter al estado en sus pretensiones fundamentales. Los atentados terroristas crearon un clima de opinión favorable a la negociación que sumado al secuestro de familiares de las elites bogotanas¹³ condujeron al gobierno de Gaviria a ofrecer una salida jurídica a los extraditables. Los términos de la negociación de paz con los narcotraficantes se sellaron en la Constitución de 1991 con la abolición de la extradición (Lemaitre, 2011). Las demás concesiones jurídicas de la política de sometimiento a la justicia como las condiciones y la duración de la reclusión, el tipo de delaciones necesarias para ser acogidos en un proceso de sometimiento y la posibilidad de legalización de su riqueza solo eran creíbles para Escobar si existía una prohibición constitucional de la extradición. A los pocos días de firmada la nueva constitución se entregó a la justicia para ser recluido en La Catedral. En realidad era una cárcel construida por Escobar mismo, vigilada por policías que estaban en su nómina y sin mayores controles. El cartel continuó funcionando como siempre, los narcotraficantes en la ciudad tenían que pagar su respectiva cuota y las organizaciones de sicarios en los barrios reconocían su autoridad.

Sin embargo, varios acontecimientos iban a conducir a rupturas en su organización con consecuencias fatales. Si durante la década anterior los narcotraficantes estaban agradecidos por la lucha contra la extradición, en el momento de ingresar a la Catedral ya había descontento entre muchos de ellos por los costos y los sacrificios que imponía la guerra. ¿Qué sentido había en ser multimillonario en dólares, en algunos casos billonario, si no se podía vivir en paz? Los narcotraficantes comenzaban a extrañar los viejos tiempos en que bastaba con pagar los respectivos sobornos para disfrutar libremente el dinero. Los extremos de brutalidad a los que había llegado el enfrentamiento hicieron que cualquier funcionario del estado o miembro de las fuerzas de seguridad fuera reacio a proteger al Cartel de Medellín. Mientras tanto el Cartel de Cali, enemigo acérrimo de Escobar, podía comprar a la clase política con la misma facilidad con que compraban víveres en el supermercado (Rempel, 2012). Y no solo los narcotraficantes se resentían de los costos y sacrificios que implicaba la guerra. La ciudad vivía aterrorizada. La poca base social que permanecía leal a Escobar era la población de los barrios populares y los vecindarios marginales. Las retaliaciones violentas e indiscriminadas de la policía contra los jóvenes de estos lugares no habían hecho más que ahondar su natural desconfianza contra el estado.

Muy pronto tras el arribo a la Catedral el resquebrajamiento del respaldo social a Escobar se iba materializar en una tensión entre el ala militar del cartel, compuesta por los bandidos de los barrios populares, y el ala empresarial, compuesta por traficantes multimillonarios. Cualquier chispa estaba presta para hacer estallar un conflicto interno. La chispa llegaría con el robo de veinte millones de dólares a los hermanos Moncada por uno de los sicarios de Escobar. En ese punto a Escobar le toco elegir entre los bandidos quienes eran los que hacían la guerra y los narcotraficantes quienes eran los que financiaban la guerra. El resto de la historia es ampliamente conocida: Escobar ordenó asesinar a Moncada y a Galeano pero como resultado el ala empresarial del Cartel entró en disidencia, crearon los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar) y luego de la fuga de la Catedral no volvería a disponer del soporte económico ni de los contactos del resto de narcotraficantes de la ciudad.

En realidad el error de Escobar vino de mucho antes cuando agotó las posibilidades de mediación con el resto de actores de poder. Su ambición por doblegar al estado y por obtener un reconocimiento social fuera de toda proporción tensó los equilibrios de fuerza hasta un punto en que la mayoría de los actores de poder se convirtieron en enemigos. No fue una respuesta en general contra el narcotráfico sino en particular contra Escobar. Pese a la resistencia desde el inicio de algunos sectores la mayor parte de los actores con poder en la sociedad colombiana no tuvieron mayores desencuentros con los narcotraficantes. Además de beneficiarse de sus flujos de capital no querían asumir los costos y los riesgos asociados a su represión. La unión de diversos sectores de poder contra Escobar no fue motivada por asuntos morales. Los motivos estuvieron por el lado de la amenaza que significaba Escobar contra sectores que aunque no tenían reparos morales a pactar tacita y explícitamente con narcotraficantes tampoco estaban dispuestos a ceder sus márgenes de poder. Escobar no fue abatido por El Espectador ni por el Nuevo Liberalismo sino por los mismos políticos, policías y demás autoridades que antes poco hacían contra el narcotráfico, cuando comprendieron que si no exterminaban a su enemigo su poder estaba en juego.

La principal prueba de que no se trataba de una guerra contra el narcotráfico sino contra Escobar fueron las numerosas alianzas que se realizaron con narcotraficantes y paramilitares para abatirlo¹⁴.

Algunos de estos mismos narcotraficantes y paramilitares asumieron la dominación de las comunidades en que Escobar previamente proveía protección, orden y sustento material. Los paramilitares de los hermanos Castaño, que no eran nada distinto a una disidencia al interior del Cartel de Medellín, además de quedarse con lo que antes era de Escobar comenzaron un proceso de expansión territorial a lo largo del país bajo la lógica de absorción de los pequeños ejércitos privados y mafias locales dentro de ejércitos de señores de la guerra (Duncan, 2006).

El narcotráfico como lucha política

Si algo demuestra la historia de Escobar es que no hay comparación entre el poder puramente económico del narcotráfico con el poder cuando está de por medio la provisión de demandas sociales y la dominación de la población. Antes de la explosión del narcotráfico a mediados de los setenta la inclusión de sectores marginados en Colombia quedaba en manos de la clase política profesional, la izquierda y la guerrilla. Las demandas de la mayor parte de esta población eran tramitadas mediante relaciones clientelistas. Los políticos profesionales canalizaban hacia sus clientelas los recursos del estado. Las comunidades resolvían sus necesidades de abastecimiento material y a cambio debían respaldar en las elecciones a la clase política. En el fondo el estado garantizaba con las relaciones clientelistas la obediencia social de sectores potencialmente disconformes (González, 2003). Para la izquierda la competencia por la obediencia social estaba sujeta a la promesa de transformaciones radicales en el futuro. Era una promesa cifrada en la probabilidad de lograr cambios en la estructura misma del estado y la sociedad. Si bien la situación para muchas comunidades era crítica, el establecimiento de una relación de dominación con organizaciones disidentes no llevaba a una mejora apreciable de sus condiciones de vida. En el caso de las guerrillas la violencia era un elemento central en el ejercicio de la dominación social. Más que alivio material la guerrilla ofrecía orden y protección a las comunidades que estaban bajo su control en las zonas periféricas del país.

Las mafias del narcotráfico, por el contrario, disponían de recursos más que suficientes para ofrecer una mejora concreta de sus condiciones materiales. La conexión de los mercados de la periferia colombiana con los mercados nacionales e internacionales fue en gran parte el resultado de los flujos de capital de las drogas. De igual modo la oferta de protección se convirtió en un factor fundamental de dominación porque los enfrentamientos entre mafias y guerrillas se dirimían con el asesinato, la expropiación y el destierro de la base social del enemigo¹⁵. Y había otra oportunidad latente para los sectores más subordinados del orden social. A diferencia de la guerrilla que seleccionaba sus mandos de sectores provenientes de capas medias con suficiente preparación para manejar la retórica revolucionaria, la mafia permitía a jóvenes humildes sin mayor educación hacer una carrera criminal hasta poseer ejércitos privados capaces de controlar extensas regiones.

Fue así que el narcotráfico supuso en Colombia una alternativa a las luchas políticas existentes. Su novedad consistió en la capacidad de transformar previamente el orden social para después reclamar ante el estado la legitimidad de estas transformaciones. La secuencia era todo lo opuesta a las luchas tradicionales del clientelismo político, de la izquierda y de las guerrillas que dependían de las instituciones del estado para reclamar ante las élites transformaciones en el orden social.

Notas al pie

* Este artículo presenta algunos resultados de la investigación doctoral del autor sobre Narcotráfico y producción de poder dirigida por Edward Gibson en la facultad de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern-Estados Unidos. A su vez, constituye una versión académica de una consultoría realizada para la Corporación Región como parte del Proyecto: ''Diálogos de ciudad por la vida, convivencia y los derechos humanos''

1 Esta definición de mafia está basada en la conceptualización de Krauthausen (1998), la que es en esencia una crítica a la reducción conceptual de Gambetta de la mafia como el 'negocio de la protección privada'. Los mafiosos ciertamente ofrecen protección pero esta es solo una de tantas funciones. Por ejemplo, las mafias del narcotráfico además de proteger producen y trafican drogas. Es más exacto afirmar que su propósito es controlar el negocio de las drogas en un territorio dado a partir de la acumulación de ciertos medios de poder como la violencia privada y la influencia sobre las autoridades.

2 En Colombia la captura de las instituciones locales del estado ha sido ampliamente documentada en los trabajos de Claudia López (2007 y 2010).

3 Holland (2013) en su trabajo de disertación doctoral viene trabajando en el concepto de forbearance (condescendencia) para referirse a la actitud del estado de relajar su represión de prácticas ilegales que son vitales para la redistribución económica a pesar de tener los medios para reprimirlas. En el caso del narcotráfico hay mucho de forbearance.

4 Ver por ejemplo los textos de Astorga (1995) y Edberg (2004).

5 Medellín es la capital de Antioquia, una región colombiana donde la forma de explotación minera durante la colonia y posteriormente el cultivo minifundista de café propiciaron la aparición de una relaciones sociales distintas a las del resto de Colombia. La estructura asociativa de hacienda con sus patrones jerarquizados no tuvieron lugar (Guillén 1996). Existía por el contrario cierta movilidad social, monetización de las relaciones clientelistas y un mercado interno. Estas condiciones a su vez crearon una imagen idealizada de unas elites comprometidas con los valores de la modernización capitalista en el contexto de una relación armónica entre obreros y patrones (Uribe de Hincapié 2001).

6 Si bien sucedió un alto grado de aceptación social las élites empresariales de Medellín también plantearon límites muy concretos en temas esenciales. Por ejemplo a Escobar no le permitieron la afiliación al Club Campestre, el más representativo de la ciudad. Más significativo fue que nunca cedieron su propiedad accionaria a los narcotraficantes así muchos empresarios hayan contribuido a lavar activos. Nicanor Restrepo, uno de los miembros distinguidos de estas élites, en su tesis doctoral (2009) se preciaría de la distancia que marcaron con el Cartel.

7 Escobar dijo en una entrevista con Castro Caycedo (1996: 238): ''Yo soy todo lo que quise ser: ¡un bandido!''

8 El ex tesorero regional de la campaña presidencial de Betancur era Diego Londoño White, una persona muy cercana a Escobar. La amante de Escobar Virginia Vallejo, su biógrafo Alonso Salazar y su sicario Popeye han recalcado las relaciones con Alfonso López Michelsen. Salazar sostiene: ''está el tema de la financiación de la campaña de Alfonso López y las informaciones de que Gustavo Gaviria financiaba la campaña de Belisario Betancur.'' El Tiempo, 7 de Julio de 2012, Alonso Salazar habla sobre el mito de Pablo Escobar. Ver también la entrevista a Popeye (min. 19:24): ''El hombre que siempre protegió al Cartel de Medellín, que nunca lo he dicho y solo lo voy a decir en esta entrevista, es el expresidente Alfonso López Michelsen, siempre le enviaba las razones con Alberto Santofimio.'' En: http://www.youtube.com/watch?v=cpbrwy8ubsQ.

9 Revista Semana Vuelven los 80 (29 de julio de 2006): ''Las preguntas sin respuesta sobre la infiltración mafiosa en la política de estos años comienzan con la elección presidencial de 1982 entre Belisario Betancur y Alfonso López. Hasta ahora se había hablado de un encuentro entre Escobar, acompañado de sus principales aliados, y la cúpula de la campaña de López, encabezada por Ernesto Samper, en el Hotel Intercontinental de Medellín. Allí se coronó un aporte en forma de compra de unas boletas para una rifa organizada por la campaña en Antioquia. También hubo mucho ruido en el sentido de que la campaña victoriosa, la de Betancur, había recibido 'dineros calientes'. Vallejo afirma que dentro del clan de mafiosos del cartel de Medellín había conservadores como Rodríguez Gacha, que querían ayudar a su candidato.'' Por su parte, en Los jinetes de la cocaína Fabio Castillo (1988) menciona que Belisario Betancur recibió personalmente $110 millones en una finca en Melgar enviados por la cúpula del Cartel de Medellín.

10 La provisión de orden y seguridad era en realidad un fenómeno anterior a los narcotraficantes. La presencia de pandillas, de hecho, generaba como reacción la conformación dentro de los mismos barrios de grupos de vigilantes para defenderse de la criminalidad (Martin, 2012; Angarita et al., 2008).

11 Un ejemplo de esta permisividad fue la famosa ventanilla siniestra instaurada por el presidente López que permitía lavar sin mayores problemas los dólares de la bonanza de la marihuana declarándolos como producto de otras exportaciones. De acuerdo a Castillo (1987): ''La 'Ventanilla Siniestra' generó [...] tal volumen de divisas, que en 1981 los ingresos por servicios fueron de US$1.734.3 millones.''

12 Ver Semana El lio de las fotos, 15 de noviembre de 1993.

13 Un asunto poco analizado por académicos y periodistas es acerca del peso relativo del terrorismo y del secuestro de familiares de la elite nacional en la decisión del gobierno de ceder en el tema de la extradición. Los testimonios, e incluso una serie televisiva sobre Escobar 'El patrón del mal', hablan abiertamente de la expedición y la aprobación del Decreto 3030 de 1990 como condición de Escobar para liberar a Francisco Santos, entre otros secuestrados.

14 Bodwen (2001) en sus entrevistas con agentes de la CIA no le queda ninguna dudad de estos pactos. Y en documentos desclasificados de EE.UU. queda claro que las alianzas involucraron las agencias de seguridad de ese país: ''contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en EE.UU., queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país ''para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño''.'' Semana, 16 de febrero 2008, Pacto con el diablo.

15 Es la misma lógica expuesta por Kalyvas (2006) en su trabajo sobre guerras civiles.

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