DOI: http://dx.doi.org/10.14482/memor.28.8095

Milagros Denis Rosario

Profesora asociada en el Departamento de estudios Africanos, puertorriqueños y Latinos en Hunter College del sistema universitario de la ciudad de Nueva York (CUNY). Tiene un doctorado en historia de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Howard. Su trabajo ha sido publicado en las revistas Journal of Pan-African Studies, The Delaware Review of Latin American Studies, Centro: Revista del Centro de Estudios Puertorriqueños y en Memorias. Se especializa en Afro-Latinos, raza, proyecto de nación, género, Puerto Rico y representaciones culturales. Mail: mdenis@hunter.cuny.edu

Edward Paulino

El Profesor Paulino enseña un número amplio de cursos interdisciplinarios intensivos. Es profesor en el Departamento de Historia en John Jay College de Justicia Criminal del sistema universitario de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Sus líneas de investigación incluyen: raza; genocidio; fronteras; proyecto de nación; América Latina y el Caribe; la diáspora africana; y la historia del estado de Nueva York. Su investigación ha sido financiada por la Fundación Fulbright, la Fundación Nacional para las Humanidades, la Fundación PSC-CUNY, y los Archivos del Estado de Nueva York. Acaba de publicar libro titulado Dividing Hispaniola the Dominican Republic's Border Campaign against Haiti, 7930-1961 lk

(Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press, 2016). Email: edpaulino@jjay.cuny.edu

En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento al Dr. Antonino Vidal, Editor de la Revista Memorias, y a su equipo editorial por ofrecernos el espacio de la revista para la reflexión de un tema tan delicado como este. También agradecer a los autores de los artículos-Dra. Sophie Mariñez, Dra. Yadira Pérez-Hazel, y el Dr. Nassef Perdomo-Cordero-por trabajar este debate temático con un enfoque transdisciplinario. El dossier presenta a su vez una bibliografía elaborada por Jessy Pérez y Amaury Rodríguez, bajo la supervisión de la profesora Sarah Aponte, jefa de la biblioteca del Instituto de Estudios Dominicanos del City College del sistema universitario de la ciudad de Nueva York. En nuestra opinión, este dossier podría estimular a una mayor investigación sobre el tema. Por lo tanto, como co-editores invitados, tratamos de facilitar un diálogo bidireccional sobre la situación de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la isla de La Española. Con el fin de proporcionar un entorno intelectual en un marco adecuado, también invitamos las contribuciones de la comunidad intelectual y activista de Haití, ya que sus puntos de vista garantizan una discusión más amplia.

Tomamos como un punto de partida el fallo del 23 de septiembre del 2013, cuando el Tribunal Constitucional República Dominicana (TC), el más alto tribunal del país, que emitió una sentencia irrevocable que indujo a un alboroto internacional. El fallo fue la culminación de un proceso judicial iniciado dos años antes en la Corte por el dominicano de ascendencia haitiana Julianna Deguis Pierre.

De acuerdo a la Constitución Dominicana, todas las personas nacidas en la República Dominicana se consideran ciudadanos dominicanos, con la excepción de los hijos de diplomáticos y los que están en tránsito. El concepto en tránsito originalmente había sido limitado (en papel) a una estancia en República Dominicana no mayor a diez días. Sin embargo, en la práctica, muchos de segunda y tercera generación de dominicanos de ascendencia haitiana han sido ubicados en una situación en tránsito. Por ello, el fallo del 2013 solidificó la exclusión, la definición de los extranjeros indocumentados en tránsito por ser en realidad los extranjeros no inmigrantes; y para sorpresa de muchos, se aplicó la norma con carácter retroactivo al 1929.

Ver Figura 1

Bajo una fuerte crítica internacional el presidente dominicano, Danilo Medina, del Partido Liberal Dominicano (PLD), presentó en el Congreso un proyecto que se convirtió en la Ley 169-14 ó Plan de Regularización, que por primera vez en la historia dominicana estableció, irónicanente un precedente, en la reformas de inmigración. La ley clasifica a los individuos indocumentados en dos grupos: (1) las personas sin papeles con documentos anteriores a la sentencia del 2013, y (2) las personas sin papeles que por otras razones nunca registraron su situación con las autoridades. El Plan 2014 no cumplió las expectativas y muchos dominicanos de ascendencia haitiana todavía esperan ser registrados y salir de las sombras.

Es importante destacar que la decisión del 2013 fue la culminación legal de una serie de desafíos interpuesto a los tribunales por Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre ellas de los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes en la década del 1990 en respuesta a la interpretación cada vez más restrictiva del Estado dominicano en relación a la nacionalidad dominicana. Estas restricciones dieron lugar a negar sistemáticamente a dominicanos negros de descendencia haitiana certificados o cédulas (documento de identidad nacional). La década del 1990 también marcó el comienzo de un aumento de la xenofobia anti-haitiana por motivos políticos, lo que generó una ola de deportaciones que continúan efectuándose hasta el día de hoy.

En el 2004, la Ley de Inmigración 285.04 el artículo 11 de la Constitución Dominicana declaró que se consideran no residentes a personas en tránsito. Para el año 2005 un caso monumental interpuesto por varias ONG, entre los dominicanos de ascendencia haitiana, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica. Ese año, el tribunal emitió un veredicto unánime contra el Gobierno Dominicano a favor de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana. El tribunal dictaminó que el Gobierno Dominicano debió emitir certificados de nacimiento a las dos niñas. El caso tenía el potencial para establecer un precedente que debería haber obligado al Gobierno de garantizar la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en RD, pero por el contrario el gobierno definió como indocumentados a las personas oriundas nacidas que han vivido toda su vida en la República Dominicana como en tránsito.

Por desgracia, en diciembre del 2005, el Tribunal Supremo Dominicano ignoró el (la inejecutable) fallo unánime CIDH que pidió la aplicación del jus solis (ciudadanía por derecho de nacimiento) y confirmó la definición de en tránsito para aplicar a los niños nacidos de padres inmigrantes indocumentados. De este modo, el Tribunal Supremo Dominicano fundamentalmente dictaminó, que los niños heredan la situación de sus padres.

En la Convención Constituyente del 2010, el artículo 11 pasó a ser el 18 y una vez más confirmó que el haber nacido en la República Dominicana no confiere la ciudadanía. Extranjeros indocumentados fueron vistos nuevamente como en tránsito. Si bien las leyes y constituciones nunca mencionaron a los haitianos, como el grupo étnico y racial más grande, es claro que el fallo les ha afectados de manera negativa. Desde entonces, la adquisición de la ciudadanía Dominicana se ha convertido cada vez más difícil para la minoría haitiana. Esta exclusión legal se da en un momento (y continúa) en que la Republica Dominicana necesita y depende de la mano de obra barata haitiana. Por lo tanto, el gobierno enfrenta actualmente críticas generalizadas que desde hace años académicos y grupos ONG denuncian sobre las condiciones brutales de trabajo y explotación de los trabajadores haitianos y sus descendientes, critica que describe la situación de las plantaciones de azúcar como neo-esclavitud.

Ver Figura 2

Además, las élites políticas dominicanas, incluyendo al presidente Joaquín Balaguer, continuaron propagando el temor a una invasión Haitiana silenciosa. Esta retórica se mantuvo como una estrategia viable desde el genocidio haitiano del 1937. La reactivación de este hostigamiento racial se hizo evidente en la década de 1990 cuando el candidato presidencial de ascendencia haitiana, el Dr. Francisco Peña Gómez, fue objeto de una campaña racista.

Hoy en día, de los casi un millón de haitianos que residen en la República Dominicana alrededor de 200,000 son dominicanos de ascendencia haitiana y muchos viven una experiencia de estar desnacionalizados y de permanecer invisibles legalmente. La situación actual después del fallo es bastante inquietante ya que a estos dominicanos todavía se les niega el derecho a una nacionalidad, a la par que muchos dominicanos se encuentran a la defensiva nacionalista en respuesta a la percepción prevalente en la comunidad internacional de que los dominicanos son racistas.

El objetivo de este trabajo en colaboración es proporcionar una plataforma para los estudiosos en sus propias disciplinas y activistas aborden la situación que muchos ya han denunciado como una violación de los derechos humanos. Este proyecto interdisciplinario tiene como objetivo contribuir al análisis de las posibles soluciones a la discriminación y la violación de los derechos humanos de los haitianos y personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. El diálogo debe abarcar aspectos de la resistencia y la contestación a la resolución de todas las comunidades que participan en sus diferentes espacios geográficos, es decir, en la Española y en la diáspora. Además esta publicación tiene como meta contribuir a la literatura de estos temas desde la perspectiva de los pueblos involucrados.

El título del dossier Desmantelando la nación dominicana fue elegido por motivo de vincular la problemática actual con el proceso de construcción de la nación en la República Dominicana. Además, con este título, metafóricamente el dossier evalúa críticamente la forma en que el discurso de la construcción de la nación o el proyecto nacional ha sido invocado a través de la historia del país. A su vez el dossier destaca el hecho de que se excluye a las personas de ascendencia haitiana mientras se celebra lo hispánico, y a otros grupos étnicos, como dominicanos de ascendencia árabe, judíos sefarditas y japoneses, entre otros.

Ver Figura 3

Los autores de este volumen editado-Sophie Mariñez, Yadira Pérez Hazel, y Nassef Perdomo- traen una nueva perspectiva y análisis de la Sentencia del 2013. Sophie Mariñez examina la literatura y la poesía dominicana que influye en la decisión y apunta al sentimiento tradicional anti haitiano que, como paradigma de la imaginación popular dominicana, debe ser desmantelado. Como antropóloga, Yadira Pérez Hazel subraya el papel del espectáculo producido por la Sentencia donde el gobierno dominicano se presenta como una víctima de una conspiración internacional por parte de la comunidad occidental con el fin de desviar la atención de su responsabilidad sobre una población vulnerable dentro de sus fronteras nacionales. Nassef Perdomo, un conocido jurista dominicano, ofrece lo que puede llamarse la primera interpretación legal detallada de la Sentencia en una revista académica y examina críticamente las secciones más importantes de la sentencia y sus inconsistencias.

Vamos a seguir los próximos acontecimientos relacionados con esta situación y esperamos un resultado positivo para las personas afectadas por el fallo. Los editores esperan que este volumen sea el comienzo de una conversación destinada a aumentar el entendimiento del problema de la desnacionalización en la República Dominicana. Sin embargo, el objetivo es también abrir un espacio para el diálogo sobre las posibilidades de una ciudadanía más inclusiva que respeta los derechos humanos; y esperamos que en un futuro cercano, la gente de la Española puedan disfrutar y respirar el aire fresco de la inclusión, la paz y la solidaridad.

Ver Figura 4