Referentes conceptuales y estrategia metodológica para el estudio de la dimensión cualitativa de los conflictos socio-ambientales

Los conflictos forestales en la Costa Rica liberal: concepciones, representaciones y acción de los sujetos

Tras haber explicitado nuestros referentes conceptuales y metodológicos básicos, en los apartados que siguen se buscará comprender la dinámica misma de las disputas generadas en torno a los bosques en la Costa Rica del "progreso" liberal. Como ya se mencionó, lo anterior se procurará a partir de un análisis detallado de algunos casos seleccionados, tanto en virtud de su tipicidad como por la singularidad de su dinámica interna, y en especial por la riqueza de la fuente al mostrar de manera explícita o mediante los significados latentes en los textos las motivaciones, las justificaciones, las relaciones clientelares, las aspiraciones y los intereses de todos aquellos actores sociales, institucionales y económicos que entraron en disputa por los bosques y sus producciones.

■ Reorganización productiva frente a conservación selectiva: las disputas por los "bosques ribereños" como conflictos ambientalistas

Corría el año de 1885 cuando José D. Garita, agente de la Policía rural de San Rafael de Heredia,³ hacía constar que el señor Mercedes Sánchez, habitante de dicho vecindario, había desmontado "una parte del manantial denominado 'Mata del plátano'" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a). También denunciaba que Miguel Contreras, Rafael Acuña, Soledad Chaverri y Romualdo Sánchez habían incumplido con la obligación legal de sembrar en sus propiedades la cantidad de árboles que se les había ordenado (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a). Al considerar que en ambos casos se violaba la legislación vigente, el oficial ponía en conocimiento de la Gobernación de la provincia las irregularidades que tenían lugar en San Rafael para que actuase en consecuencia (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).

Tras la revisión de los terrenos, los peritos concluyeron que todos los propietarios denunciados incumplían los artículos 43 y 44 del Decreto N° V de 1884, Reglamento de Terrenos Baldíos y Bosques. En este se prohibía la destrucción tanto en los bosques nacionales como en los de particulares de los árboles situados a menos de 75 varas de los manantiales nacidos en los cerros, o a menos de 50 varas de los nacidos en terrenos planos; al mismo tiempo, se obligaba a los propietarios de terrenos atravesados por ríos o fuentes de agua a sembrar árboles en sus márgenes, en una extensión no menor a los diez metros de distancia de las aguas, allí donde hubiesen sido talados. Esta obligación de los propietarios privados de proteger y, si era el caso, restablecer los bosques ribereños, quedó reafirmada en el Código Fiscal de 1885 (Archivo de la Asamblea Legislativa, 1884, p. 41; ^{Caballero, 1899}, pp. 34-35).

Ante las acusaciones, todos los demandados se declararon inocentes de los cargos que se les imputaban. En algunos casos alegaron el cumplimiento de la legislación relacionada con la protección de los bosques ribereños, y en otros su defensa se basó en la consideración de que la ubicación y las características de sus terrenos los eximían del acatamiento de las leyes forestales (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).

Si bien desconocemos el resultado del proceso, no cabe duda de que la riqueza de esta fuente nos permite acceder a las especificidades de uno de los tipos de conflictos presentados en Costa Rica en torno a los bosques en el periodo que nos ocupa. Además, la fuente dilucida con claridad tanto las intenciones explícitas de los actores en conflicto como los significados latentes que en sus actuaciones legales les asignaban a los bosques, de forma específica en lo que respecta a su explotación y conservación.

Lo primero que parece evidente y, además, es consecuente con el carácter judicial de la disputa, es que ninguno de los demandados haría explícita su discrepancia - en caso de que la hubiere- frente a las intenciones estatales de proteger de manera absoluta los bosques ribereños. Manifestar su desacuerdo con las políticas conservacionistas del Estado no tendría ningún sentido para los demandados, cuando estas políticas estaban plasmadas en leyes de cuyo incumplimiento precisamente se les acusaba. En otras palabras, independientemente de si compartían o no los preceptos de las "leyes conservacionistas" del Estado costarricense, los imputados debían, ante todo, demostrar que no las habían trasgredido, y hacia eso dirigieron sus esfuerzos, como queda claro en los argumentos de sus respectivas defensas.

Sin embargo, indicios presentes en sus actuaciones y sus discursos parecen dar cuenta de cómo las intenciones del Estado por proteger de manera absoluta los bosques situados en las márgenes de los ríos y fuentes de agua y repoblar en aquellos sitios donde estos hubiesen sido talados -independientemente de si se tratase de propiedad privada, municipal o estatal- no eran compartidas por algunos de los propietarios de terrenos, como, por ejemplo, los demandados en el proceso descrito.

Las descripciones de los peritos sobre el estado de los terrenos en lo que respecta a su cobertura forestal son particularmente reveladoras. Por mencionar un caso, el hecho de que en el mismo ojo de agua se encontraran troncos cortados y siembras de maíz a menos de dos varas de esta fuente hídrica (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a) -cuando la ley exigía un mínimo de 10 metros para la introducción de cultivos en aquellos terrenos que ya hubiesen sido deforestados-parece dar cuenta del escaso interés del administrador del ojo de agua por mantener la cobertura forestal. Por supuesto, no negamos la posibilidad de que el demandado pudo haber desconocido la existencia o los alcances de las leyes, algo que desde luego no se mencionaría en un proceso judicial.

Sin embargo, la alusión de los peritos a los "pocos palos sembrados de manera informal", o a los "pocos estacones secos colocados sobre la orilla" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a) genera, sin duda, una imagen de descuido, de escasa atención a la repoblación forestal o del cumplimiento forzoso de unos requerimientos legales que, inferimos, parecían no compartir precisamente por ese descuido y desatención destacados por los peritos.

Por otra parte, y a pesar de que la mayoría de los demandados basó su defensa en el cumplimiento de las "leyes forestales" del Estado costarricense, resulta por demás llamativo el argumento esgrimido por Mercedes Sánchez para justificar la tala de árboles en el terreno aledaño al ojo de agua que administraba. Este implicado señala que la "limpia" la había realizado para la siembra de plátanos, al juzgar que este cultivo sería de más utilidad (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885a).

En primera instancia, debemos decir que este es el único demandado que expresamente admitió su incumplimiento de la ley, pues como se ha visto las leyes destinadas a la protección de los bosques ribereños prohibían en su totalidad la plotación forestal en las márgenes de los ríos y los cursos de agua, y bajo ninguna circunstancia contemplaban la eliminación del bosque natural para la introducción de árboles "productivos". Lo más relevante del argumento de Sánchez para el caso que nos ocupa es el opuesto implícito en su discurso: si la limpia la efectuó con el fin de introducir especies productivas, no parece caber duda de que consideraba al bosque biodiverso "originario" -o escasamente simplificado- como un espacio ambiental yermo, ocioso y sin valor antes de su transformación en un espacio reordenado y productor de bienes, bien fuesen comercializables en el mercado interno o externo, o bien para el autoconsumo. Esta visión debemos decir que era preponderante a finales del siglo XIX entre los sectores dominantes (económicos, científicos, políticos) tanto en los centros capitalistas como en la periferia de la economía-mundo (Mires, como se cita en ^{Castro, 1996}, pp. 142-143).⁴

Es precisamente en este punto en el que se puede dilucidar una diferencia fundamental entre los actores del conflicto. Si bien el Estado compartía esta visión reduccionista y francamente utilitaria de los bosques como objetos de explotación mercantil, así como no se oponía al negocio maderero y más bien lo estimulaba -con la debida regulación que impidiera excesos en la explotación y pérdidas al fisco-, en el caso de los bosques ribereños manejaba un criterio de protección absoluta. En este caso se procuraba el resguardo de la cobertura natural necesaria para el mantenimiento de las fuentes hídricas que abastecían tanto a las poblaciones como a las actividades económicas de mayor dinamismo (café, banano y transportes), y que, por tanto, constituía la base de la modernización capitalista impulsada decididamente por los gobiernos liberales.

Cabe destacar que, además de las "leyes forestales", tuvieron lugar otras iniciativas conservacionistas con un marcado cariz regional, no todas ellas concretadas o llevadas, en el que se declaraban inalienables a perpetuidad las dos riberas del río Banano (en el Caribe costarricense), 10 kilómetros aguas arriba en una extensión de 300 metros de cada lado, donándose a la municipalidad de Limón 200 hectáreas de terrenos baldíos que incluían aquellos donde se situaban los tanques de la cañería de la ciudad. Este decreto que, como se observa, estaba con claridad imbuido del conservacionismo progresista de raigambre decimonónica, señalaba además que dichos terrenos debían aprovecharse de manera exclusiva para la protección de las fuentes de agua que surtían o surtiesen en un futuro la cañería de Limón, por lo que debían mantenerse a perpetuidad como bosques (Archivo Nacional de Costa Rica, 1908).

Términos e intereses similares los encontramos en el Decreto N.° 93 de 1921, en el que se autorizaba a la municipalidad de Barva a vender total o parcialmente varias fincas a las demás municipalidades de la provincia de Heredia interesadas en la conservación de las aguas potables. Estas entidades debían mantener dichas propiedades pobladas de bosques y prohibir su venta, hipoteca o arrendamiento a particulares (Archivo Nacional de Costa Rica, 1921). Asimismo, en 1924 se propuso en el Congreso la creación de un Fondo Nacional de Cañerías. Uno de los objetivos del proyecto era declarar de utilidad pública, entre otros aspectos, la formación de "bosques protectores" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1924). El abastecimiento hídrico se constituía, de esta manera, en uno de los elementos centrales del sustrato ecológico sobre el que se asentaba la ruta liberal hacia el "progreso".

A partir de esta diferencia entre los actores en conflicto, podríamos afirmar que este tipo de disputas que enfrentó a propietarios particulares con el Estado, en las que este último velaba por la conservación de los bosques ribereños a toda costa y los primeros parecían considerar más que necesaria la reorganización productiva de las tierras ociosas que se encontraban en sus propiedades, podría conceptualizarse como un conflicto ambientalista, de carácter reproductivo e intermodal, con base en la conceptualización de González de Molina de la que dimos cuenta líneas atrás. No se trataba simplemente de una disputa por un recurso, sino más bien de un conflicto generado por dos organizaciones metabólicas distintas. Una de ellas, en este caso el Estado, tenía una intención explícita de conservar los recursos, específicamente los bosques ribereños, como una forma de garantizar la reproducción del sistema económico y social que llevaba adelante.

La otra organización metabólica en conflicto serían los propietarios particulares -aunque no manifestaban de manera explícita su oposición a las intenciones conservacionistas del Estado-, quienes no parecían compartir del todo la visión estatal de la protección absoluta de los bosques ribereños y centraban su preocupación en la inmediatez de tornar productiva la totalidad de sus tierras. En su afán, los propietarios privados ignoraban las restricciones estatales a la explotación y el mandato de conservación de los bosques aledaños a las fuentes de agua, según inferimos del caso analizado.

Hemos dicho que se trata de organizaciones metabólicas distintas, pero no consideramos que sean opuestas o al menos no parecen haberlo sido en todos los sentidos. Parece quedar claro que este tipo de conflictos se generaron dentro de un marco legal-institucional moderno de uso y explotación de los bienes y servicios ambientales, como, por ejemplo, la dimensión ecológica del capitalismo agrario que observaba su culminación, y en la cual la creencia en el mercado, el individualismo y la propiedad privada parece común a ambos actores (^{Boyer y Wakild, 2011}, pp. 447-478; Wakild, 2011).⁵ El conflicto se centró en el papel regulador del Estado en la reorganización productiva de la naturaleza y su inserción mercantil, sin que conceptos premodernos de justicia ambiental (^{Martínez Alier, 2004}, pp. 28, 31; Wakild, 2013, pp. 163 y 176)⁶ o economía moral (^{Thompson, 1971}, pp. 76, 136) -asentados en la tradición y la costumbre en el acceso a los recursos naturales necesarios para la subsistencia de grupos sociales o poblaciones- afloraran en los discursos de los querellantes, como sí había sucedido en los ayuntamientos heredianos -y presumiblemente en otras partes del país- en las décadas que siguieron a la independencia política ante la agresiva privatización de baldíos que llevaba adelante el naciente Estado costarricense (^{Morera, 2011}, pp. 43 y 81).

Hablamos de conflictos reproductivos entre dos actores con visiones contrapuestas sobre lo que representaban los bosques para la reproducción del grupo social al que pertenecían. En este tipo de disputas, el Estado centraba sus esfuerzos en la verificación de las consecuencias desde una perspectiva racional y científica, como dictaban los preceptos del conservacionismo y la silvicultura científica en boga (^{Martínez Alier, 2004}, pp. 15, 32; ^{Hays, 1999}; ^{Scott, 1998}, pp. 11 y 52),⁷ sin mostrar mayor consternación por las implicaciones sociales de la destrucción de los bosques ribereños. En algunos casos, por mencionar un ejemplo, las autoridades indicaban a los testigos que señalaran en cuánto calculaban se reduciría el caudal de un río a partir de la corta de árboles que habían presenciado.

Ahora bien, de los conflictos generados en torno a los bosques en nuestro periodo de estudio, aquellos en que se enfrentaron dos formas distintas de concebir y relacionarse con el mundo natural parecen haber sido más la excepción que la regla. La mayor parte de las causas judiciales llevadas adelante tanto por particulares como por el Estado estaban guiadas por la distribución de los recursos forestales en su apropiación y explotación, sin intenciones explícitas de conservación o sustentabilidad por parte de ninguno de los actores en conflicto.

En seguida procuraremos acceder a las especificidades más destacables de estos tipos de conflictos.

■ Entre negocio y subsistencia: las disputas por la explotación comercial de productos forestales y el abastecimiento de leña como conflictos ambientales

Como se mencionó con anterioridad y a partir de nuestro intento de construcción tipológica de los conflictos en torno a los bosques costarricenses, desde la perspectiva de sus actores el tipo dominante en los conflictos por su explotación económica es aquel que enfrenta a particulares y al Estado con intereses contrapuestos, pero con la misma concepción utilitaria y económica de los bosques. Las disputas, vale señalar, tuvieron lugar, sobre todo, en las provincias costeras: Guanacaste, Puntarenas y Limón, en las que se ubicaban la mayor parte de los bosques de los que se extraían productos forestales de alto valor comercial, tales como el hule y las "maderas preciosas" (véase la figura 1).

Figura 1 Costa Rica: conflictos por los bosques entre particulares y el Estado según provincia (1882-1955) 

Para los interesados en hacer de la explotación forestal un negocio, la vastedad de bosques bajo dominio estatal representaba una oportunidad indisputable de obtener ganancias rápidas a través de la explotación extractiva de unos bosques escasamente controlados, vagamente definidos y sobre los cuales las acusaciones por explotación ilegal rara vez terminaban en condenas que les impidieran continuar con su negocio.

En esta clase de querellas, la cobertura forestal la representaban ambos actores como un recurso claramente explotable y un negocio del que se podían obtener réditos considerables. Desde luego, en lo que diferían era en la forma. Para el Estado, una forma regulada de explotar los bosques nacionales bajo su dominio - excluyendo los cobijados bajo las leyes "conservacionistas"- representaba una vía para obtener ganancias directas a través del pago de impuestos, o indirectas por medio de la obligatoriedad contractual de desarrollar algún tipo de infraestructura por parte de los madereros.

Así, tenemos que en 1927 se entabló una demanda formal contra Ignacio Abruzzo Sanson, con el fin de determinar su responsabilidad en un caso de explotación de maderas "en perjuicio del fisco" que tuvo lugar en Santa Cruz, Guanacaste (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).

La denuncia fue presentada por Ramón Arias, subinspector de Hacienda de Santa Cruz, quien acompañado de los guardas Pilar Bustos y Daniel Alvarado, habían decomisado, en marzo de 1925, 121 matas de cedro, pochote, guanacaste y cenízaro. Según el decir de los oficiales, los árboles habían sido cortados en "baldíos nacionales", al lado sur de un denuncio de Alberto Fait, en la costa de zapotal (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).

El indiciado no negó haber cortado los árboles, dada la contundencia de la prueba. Sin embargo, basó su defensa en la consideración de que la tala la había efectuado en los terrenos denunciados precisamente por Alberto Fait y no en los bosques nacionales, en virtud de un contrato celebrado con dicho propietario (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 80).

Para el juez de lo contencioso no quedaron dudas de la responsabilidad del demandado en la explotación de bosques nacionales, y en un fallo que resulta relativamente atípico declaró culpable a Abruzzo del delito de usurpación de bienes del Estado, condenándolo a seis meses de prisión en el penal de San Lucas, e inhabilitándolo, además, de manera absoluta y perpetua para el ejercicio de derechos políticos; asimismo, mientras durara la condena, al ejercicio de cargos u oficios públicos (Archivo Nacional de Costa Rica, 1927, fol. 81 v.).

Este caso resulta atípico en muchos sentidos. Primero, como ya se ha insistido, declarar culpable a un individuo por la explotación de bosques nacionales era ya de por sí inusual. También era poco frecuente que en estas disputas los encargados de los dueños de terrenos o empleados de concesionarios madereros fuesen declarados culpables en un juicio. En efecto, desde nuestra perspectiva, si bien hubo muchos tipos de procesos en los que individuos se enfrentaron con el Estado por la apropiación y explotación comercial de los bosques, lo cierto es que buena parte del frecuente sobreseimiento de los imputados parece relacionarse con el "padrinazgo" de empresarios o propietarios, más que con la capacidad probatoria de la evidencia ofrecida.

Ahora bien, el carácter eminentemente fiscalista y mercantil de la disputa muestra otro elemento claramente diferenciador de estos conflictos en relación con las disputas expresadas en causas judiciales por la explotación de los bosques ribereños: la valoración del bosque.

Como vimos y analizamos en el apartado anterior, en las disputas por la destrucción de los bosques aledaños a las fuentes de agua, estos se concebían como un elemento indispensable para el abastecimiento hídrico de las poblaciones y los terrenos productivos. En el caso de las demandas por explotación ilegal de los bosques nacionales alejados de ríos y arroyos, estos eran reducidos a un bien mercantil del que el Estado esperaba obtener ganancias.

En este contexto, no cabe duda de que la corrupción, las relaciones clientelares o el capital material y simbólico de los madereros influyeron en el sobreseimiento, absolución, suspensión de las causas y otras formas de impunidad por la explotación ilegal del bosque público, amén de los casos en los que verdaderamente dicha explotación no tuvo lugar.

Uno de los casos en los que el peso del poder político y económico es explícito y manifiesto, lo constituye el proceso llevado adelante contra Roberto Hernández, Ricardo Barahona y Manuel de Jesús Méndez, a quienes como peones de Juan Unfried se les encontró explotando hule de manera ilegal en los bosques nacionales de San Carlos -en el norte del país- en 1899 (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899). En este caso la prueba fue abrumadora.

Así, cuando todo parecía apuntar hacia una inevitable condena, tanto para los huleros como para su patrón, una misiva enviada por la Secretaría de Hacienda y Comercio, fechada el 28 de julio de 1899, alteró por completo el rumbo del proceso.

La Secretaría aceptaba haber otorgado un permiso a Unfried para sembrar hule en los terrenos nacionales en la milla marítima del río San Carlos, así como para extraer "alguna cantidad de hule de los árboles ya en sazón, obligándose á no destruir estos últimos y á resembrarlos debidamente conforme á la ley" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 18).

El único problema con la autorización gubernamental era que había quedado sin efecto, dado que recientemente se había promulgado una ley que prohibía la explotación de hule en los bosques nacionales, algo explicitado en la propia misiva.

En seguida y en una clara trasgresión a la independencia de poderes, la misiva señala que dicha Secretaría abrigaba la "convicción moral" de que "el señor Unfried y sus compañeros ignoraban la promulgación de tal ley cuando efectuaban sus trabajos á la sombra de la autorización del gobierno" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 18 v.).

Dando por un hecho la culpabilidad de los indiciados aun antes de producirse el fallo judicial, Hacienda confirmó la existencia de razones legales para el decomiso del hule incautado. Al tiempo, empero, señaló:

Militan también consideraciones de un carácter severamente moral y justiciero para llevar el rigor de la ley hasta el punto de conducir á presidio á los acusados, pues además de tratarse de hombres de trabajo, verdaderamente útiles al desenvolvimiento y riqueza del país, media la circunstancia del desconocimiento por parte de ellos, de una ley dada muy lejos del centro de sus labores. (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 19)

La injerencia del Ejecutivo en la emisión de un fallo favorable a los acusados llegó al extremo de recomendar el sobreseimiento de la causa seguida contra "Juan Unfried y compañeros" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1899, fol. 19), recomendación que seguió sin contemplaciones el juez del caso.

No parecen quedar dudas, a la luz de este caso y otros no expuestos con detalle (Archivo Nacional de Costa Rica, 1910),⁸ de que los conflictos por los bosques entre particulares y el Estado estaban dotados de un marcaje social, en el que empresarios madereros, nacionales y extranjeros, quienes además se dedicaban en no pocas ocasiones a otras actividades económicas, rara vez eran declarados responsables de los delitos relacionados con la explotación ilegal de maderas u otros productos forestales como el hule (Archivo Nacional de Costa Rica, 1905), y lo mismo sucedía con sus afortunados subalternos.

No obstante, no todos corrían con la suerte del "padrinazgo", como fue el caso de Demetrio Rojas y Francisco Rodríguez, aprehendidos en el río Reventazón con 75 libras de hule en 1898 (Archivo Nacional de Costa Rica, 1900), quienes tras admitir haberlos obtenido de los bosques del Estado, se les declaró responsables del delito de extracción ilegal de hule en los bosques nacionales, sentenciándolos al pago de 100 pesos o tres meses de obras públicas en caso de no contar con bienes en la República (Archivo Nacional de Costa Rica, 1900, fol. 19, 19 v.).

A pesar de tratarse del mismo delito que el cometido por los peones de Unfried, en este caso no hubo carta ministerial alegando "consideraciones morales ni justicieras" que atenuaran o evitaran una sentencia desfavorable para los imputados, mucho menos recomendación alguna de sobreseimiento por parte del Ejecutivo. Peor suerte corrieron otros huleros independientes como Eduardo Alemán Flores, un jornalero nicaragüense -al igual que buena parte de los imputados por extraer hule- residente en San Rafael de Guatuso, quien tras ser declarado responsable del delito de extracción de hule en los bosques nacionales se le condenó a dos años, ocho meses y 21 días de prisión descontables en el presidio de San Lucas (Archivo Nacional de Costa Rica, 1897a).

Las formas en que se estructuraron las redes sociales en torno a la explotación forestal, aspecto que merece una mayor profundización en investigaciones futuras, parecen coincidir, en buena medida, con lo conceptualizado por Larissa ^{Adler (2001)}, en razón a la evidente presencia tanto de relaciones verticales como horizontales en los casos aquí expuestos.

Por una parte, los huleros y los madereros que se internaban de forma irregular en los bosques del Estado costarricense, además de estar inmersos en una relación mercantil con su empleador y esperar el correspondiente pago de sus servicios, confiaban en que su lealtad fuese recompensada con la protección -por parte de sus jefes- en caso de una detención, un juicio u otro proceso judicial que se les entablase, partiendo del superior capital relacional y simbólico de estos como sus superiores sociales. Se trataba, en suma, como lo menciona Adler, de relaciones patrón-cliente como relaciones de poder, en las que se intercambiaba lealtad por acceso a recursos y protección (Adler, 2001, p. 263).

En el mismo sentido, y a partir de un análisis de las redefiniciones recientes del clientelismo moderno, John ^{Durston (2009)} nos recuerda que, según las definiciones clásicas del clientelismo desarrolladas por autores como Foster, la relación patrón-cliente es de carácter exclusivo, de modo que es posible que el patrón muestre "visos de benevolencia, pero una benevolencia paternalista y autoritaria" que inspira servilismo y, de forma simultánea, una mezcla de adulación y miedo (^{Cerdas, 2014}, pp. 311-338; Durston, 2009, p. 3).

Por otra parte, no dudamos de que la interacción entre actores como, por ejemplo, los jueces, los ministros y los empresarios madereros (p. ej. en el caso recién expuesto de la clara interferencia de poderes en procura de evitar a toda costa la condena de Unfried y sus trabajadores), forma parte de todo un entramado de relaciones horizontales de reciprocidad, entendidas como aquellas "que gobiernan las relaciones sociales entre iguales", regidas por la confianza o la cercanía social (^{Adler, 2001}, p. 263).

Ahora bien, no todos los conflictos generados entre actores que compartían una misma concepción y valoración de los bosques y sus productos tuvieron lugar a partir de la consideración, común y compartida, de la cobertura forestal como un bien comercializable. Tal fue el caso de las diversas querellas que se presentaron por los derechos de apropiación y uso de la leña, base energética de la Costa Rica del siglo XIX y las primeras décadas del XX, tanto en el ámbito doméstico como en el "industrial" (Archivo Nacional de Costa Rica, 1910-1912).⁹ Estas disputas, más otras que enfrentaban a individuos entre sí, tuvieron lugar, sobre todo, en el Valle Central costarricense, donde se concentraba -y se concentra aún hoy en día- el grueso de la población y las principales actividades productivas del país (véase la figura 2).

Figura 2 Costa Rica: conflictos por los bosques entre particulares según provincia (1880-1955) 

Buena parte de estos conflictos presentaron un marcado cariz comunal y tenían lugar entre vecinos de diversos poblados del país. De hecho, en algunos casos las denuncias por robo, destrucción o apropiación indebida de leña parecían ser, más bien, parte de añejas diferencias o disputas vecinales que los actores utilizaban como una forma de exacerbar la disputa o perjudicar a su rival. Tal parece ser el caso del proceso seguido, en 1885, contra Pilar Calvo por quemar nueve carretadas de leña propiedad de Rosa Quesada sin su consentimiento (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885b, s. f.). Tras la exposición de los denunciantes, la mayor parte de los testigos coincidieron en que fueron llamados explícitamente por Agustín Días para que presenciaran la forma en que este ordenaba a Pilar Calvo que, de la leña de Rosa Quesada, tomara toda la que necesitara (Archivo Nacional de Costa Rica, 1885b, s. f.).

Desde luego que la declaración de los testigos, contraria al argumento central de la demanda, dio como resultado la anulación del proceso seguido contra Calvo.

Lo cierto es que la mayor parte de las disputas que tuvieron lugar entre particula res presentaron rasgos similares al caso recién expuesto: conflictos entre vecinos por los derechos de propiedad de un bien indispensable para su sustento diario, en los que ninguno de los actores en conflicto manifestaba de manera explícita una preocupación específica por el agotamiento del recurso que tan arduamente disputaban. De hecho, la mayor parte de estas querellas, al igual que las analizadas, tienen lugar en un marco moderno de relaciones sociales y económicas, dado que la defensa de la tradición, la costumbre o el abastecimiento energético de las comunidades encontraban escasa presencia en los procesos judiciales analizados.

De igual forma, el frecuente sobreseimiento de buena parte de los demandados parece explicarse en alguna medida por la dificultad para probar que la leña era hurtada y no obtenida de la propiedad del demandado o algún familiar cercano (Archivo Nacional de Costa Rica, 1897b, fol. 1, 3).

La leña era un bien altamente disputado y, a diferencia de las maderas comerciales y el hule, los conflictos estaban más centrados en el valor de uso que en el valor de cambio de este producto forestal. Está claro que la leña era vital para la cocción de alimentos, la construcción de viviendas, la iluminación y el suministro de calor y energía, en especial en el mundo rural costarricense. Su abastecimiento, por tanto, trascendía cualquier consideración económica, por lo que garantizarse el acceso a este bien final de los bosques por excelencia resultaba imprescindible.

Los casos hasta aquí reseñados no parecen dejar duda -en razón a la elevada conflictividad generada en torno a la leña- de la creciente presión que sobre la cobertura forestal del país se ejercía desde finales del siglo XIX. Esta provenía tanto del consumo doméstico y tradicional de leña como del proceso de modernización capitalista que observaba el país cuando este subproducto del bosque era aún la base energética de la economía y la sociedad en su conjunto, rasgos que al parecer Costa Rica compartía con otros países latinoamericanos (Lobato, 2012, pp. 29 y 54).