El pensamiento político de Romero Barceló

El ascenso político de Romero dentro de las filas del PNP y luego en la población fue producto de un conjunto de circunstancias. Por una parte, convergió la crisis del PPD, expresada -entre otras cuestiones- por divisiones y rupturas en la década de 1960 junto con el avance de las ideas anexionistas en el terreno electoral (Arroyo, 2002). Sumado a esos hechos, su figura se acrecentó tras su paso por la alcaldía de San Juan (1969-1976) la cual le permitió incrementar su peso dentro de la maquinaria política estadista³.

En forma simultánea, también operó una fuerte renovación interna dentro del PNP la cual se logró a partir de la difusión de sus ideas con la edición de su libro La estadidad es para los pobres en 1973. Aunque la publicación de ese ensayo fue substancial en su vida política, estas propuestas fueron mutando durante la campaña electoral para gobernador en 1976 (^{Meléndez, 1993}). Si bien se mantenía el argumento de que la estadidad resultaba beneficiosa para los pobres por las transferencias federales otorgadas por Estados Unidos, esta aseveración no alcanzó para pedir el voto a su candidatura; era necesaria una consigna más amplia para interpelar al resto de la sociedad. De ese modo, Romero comenzó a esbozar un nuevo slogan cuya formulación se centró en que "la estadidad aparejaba la igualdad" para los puertorriqueños (Idem). Según este pensamiento, una vez obtenida la anexión, se equipararían los derechos de los isleños con los del pueblo norteamericano, sobre todo, en lo referente a la facultad de elegir al presidente, de votar representantes para el Congreso de Washington y la de recibir un trato semejante con el resto de la unión en la distribución de los fondos federales. Además, para el hombre del PNP, la incorporación no iba a implicar la pérdida de la identidad isleña ya que se seguiría manteniendo la lengua y la cultura boricua.

En ese sentido, las propuestas estuvieron en sintonía con la renovación política que se produjo en Norteamérica con el ingreso de James Carter como primer mandatario y con el apogeo que se vivía en torno al respeto por los derechos civiles de las minorías. Además, sus iniciativas empalmaron con su acercamiento al Partido Demócrata, dejando a un lado la tradicional sintonía del PNP con las banderas del Partido Republicano ⁴.

Si bien en la campaña electoral Romero se presentó como un "hombre de pueblo", preocupado por mantener los "programas federales de asistencia social", en su retórica no descuidó los intereses de los grandes grupos empresariales. Así, en su programa político se hizo una abierta defensa de la necesidad de "restaurar la seriedad fiscal" a partir de la venta de "la Telefónica y las Navieras a la empresa privada" (PNP, 1987). De ese modo, propició una política a favor del arribo de inversiones de Estados Unidos, argumentando que los salarios en Puerto Rico eran más bajos que en el continente. Con ese objetivo postuló un conjunto de medidas económicas cuyo eje cardinal radicó en la revisión de la ley de incentivos industriales. Sin embargo, el principal estímulo para los posibles inversores fue la exención contributiva ofrecida por la Sección 936 del Código de Rentas Internas para las industrias establecidas en el lugar (^{Scarano, 2004}). En otras palabras, todas estas medidas apuntaron a consolidar la virtual incorporación del archipiélago como estado (^{Ayala y Bernabe, 2011}).

En esa coyuntura, Romero y su partido ganaron no sólo la elección a gobernador en 1976 sino que también triunfaron en ambas cámaras legislativas, obtuvieron el cargo de Comisionado Residente y conquistaron las alcaldías más importantes, con la excepción del municipio de Mayagüez. De esa manera, el hombre del PNP, en su primer mandato tuvo un poder hegemónico para imponer sus designios políticos y económicos.

Algunas medidas de su primer gobierno

La llegada a la gobernación de Romero coincidió con el ingreso a la presidencia de Carter en Estados Unidos. Durante el mandato del líder Demócrata, se abandonó la defensa programática de los principios establecidos bajo la fórmula de la libre asociación de 1952 y se aceptó la posibilidad que los boricuas pudiesen optar por la autodeterminación. De ese modo, en 1978 Carter afirmó que Washington consentiría cualquier status político que decidiesen los puertorriqueños; a esta posición se la conoció como la "política de futuros alternos", diferenciándose de Gerald Ford quien se había pronunciado por la incorporación de la Isla como estado de la unión (^{Méndez, 1977}; ^{Meléndez, 1993}).

Dentro de esa coyuntura histórica, con el objetivo de poder llevar a cabo su política anexionista, Romero dispuso de un conjunto de medidas dirigidas tanto para solucionar la crisis económica como para incentivar el arribo de capitales norteamericanos que invirtieran en el territorio. A los fines de pavimentar el camino para lograr la estadidad, el mandatario tenía que probar que Puerto Rico como estado no iba a convertirse en una carga fiscal para Washington. En ese sentido, uno de sus principales objetivos fue el de tratar de salir de la recesión que experimentaba el archipiélago tras la crisis de 1973. A tal fin, al igual que lo que estaba ocurriendo en otros países de América Latina (Chile, Argentina, Bolivia), el poder ejecutivo local instrumentó una serie de medidas de contracción del gasto público a partir de las recomendaciones efectuadas por el economista James Tobin al gobierno de Rafael Hernández Colón⁵. Según este Informe (1976), se debía implementar tanto un serio programa de austeridad como, a la vez, realizar toda una batería de incentivos para que se radicaran empresas exentas de contribuciones.

En cierta manera, tras el importante triunfo electoral, Romero dispuso de un sólido respaldo político para desarrollar esas iniciativas. De ese modo, impulsó la ley de Incentivos Industriales beneficiando a las corporaciones por los magros salarios que se abonaban, la abundante disponibilidad de mano de obra calificada y la amplia red de infraestructura (^{Dietz, 1989}; ^{Meléndez, 1993}). Así, los grupos más favorecidos fueron las industrias farmacéuticas, electrónicas y de servicios. Además, estos sectores se beneficiaron con la aprobación en 1976 -por el Congreso de Estados Unidos- de la sección 936 del Código de Rentas Internas por medio del cual se especificaron los estatutos contributivos federales para las compañías norteamericanas que se instalaban en sus "posesiones territoriales" (^{Martínez, Máttar y Rivera, 2005}).

Esta última norma fue la que más impacto acarreó para la economía de la Isla, ya que a través de ella se permitió a las subsidiarias de las empresas que operaban -ya fuese en Puerto Rico o en otras posesiones- remitir sus ganancias a la casa matriz en cualquier período, sin pagar la contribución federal sobre el ingreso de las corporaciones. En ese sentido, esta disposición condujo a exenciones fiscales más abarcadoras y beneficiosas que los acuerdos impositivos anteriores. Por su parte, las autoridades puertorriqueñas impusieron un impuesto de repatriación de 10 % sobre dichas ganancias, que a su vez podía reducirse si las compañías invertían parte de esos dividendos en bonos del Estado o los depositaba en instituciones bancarias locales. De ese modo, se suponía que esta práctica incrementaría la inversión productiva en el archipiélago, ayudando a mitigar la caída de la actividad económica. Sin embargo, eso no sucedió (^{Meléndez, 1994}).

Los fondos se dirigieron al mercado financiero, lo que condujo a un incremento significativo de la banca, tanto local como foránea. Las exenciones impositivas logradas por la Sección 936 contribuyeron a que las enormes ganancias obtenidas por las empresas, antes de ser repatriadas, se depositen en los bancos puertorriqueños. En cuanto al ámbito productivo, se produjo una notable concentración de corporaciones en las industrias electrónica y farmacéutica. En ambos casos, sectores con gran intensidad de capital y alta productividad con poco efecto en la creación de empleo, por ende, la tasa de ocupación no mejoró como originalmente se esperaba (Santiago, ^{Dávila y Rodríguez, 1993}).

De acuerdo con ^{Ayala y Bernabe (2011, p. 377)} , la crisis recesiva que se abrió en 1974 impactó de manera severa en el desempleo, alcanzando al 17 % en 1980; años más tarde, el panorama se agravó: para 1983 la cifra se elevó al 23,5 %. Ante la posibilidad de que estos números incidiesen en la protesta social, el gobierno incrementó las transferencias de fondos federales, la ampliación del empleo en el sector estatal y el crecimiento de la deuda pública. En resumen, en términos generales existe un fuerte consenso en afirmar que la Sección 936 no contribuyó a paliar el problema de la ocupación laboral en el archipiélago (^{Baralt, 1998}). Asimismo, la medida favoreció de manera significativa para que los dividendos de las corporaciones se dirigieran al mercando financiero. Además, Washington, en numerosas ocasiones, protestó que esos fondos eran una enorme fuente de impuestos que no eran recaudadas por el fisco de Estados Unidos. Todas estas consideraciones condujeron a que las administraciones norteamericanas, en diversas oportunidades, hiciesen enmiendas a la misma. Sin embargo, estas rectificaciones no alcanzaron; lo cual condujo a que el presidente Bill Clinton impulsara su derogación a través del Congreso en 1996 (^{Bofill, 1996}).

Por otra parte, para que la política anexionista de Romero tuviese resultado, era necesario previamente disciplinar al movimiento obrero. El gobierno consideró que su encausamiento y derrota era una condición sine qua non para alcanzar la incorporación a los Estados Unidos. Asimismo, como lo han observado diversos investigadores (^{Anderson, 2003}; ^{Harvey, 2013}), con el objetivo de restaurar los niveles de acumulación de capital tras la crisis de 1973, algunos gobiernos comenzaron a instrumentar un conjunto de medidas que apuntaban a eliminar el poder de las asociaciones sindicales a la vez que buscaban desmantelar una serie de derechos laborales que habían sido adquiridos en las décadas anteriores⁶.

En función de estas decisiones a favor del empresariado, el gobernador instrumentó una serie de medidas para contener todo tipo de protesta social y política. En particular, esas iniciativas se concentraron en dos sectores. Por un lado, hacia las organizaciones gremiales para que se amolden a las nuevas medidas económicas impulsadas por la gestión del PNP; por el otro, se desarrolló una amplia estrategia represiva contra las agrupaciones independentistas, principalmente, sobre los grupos que abogaron por la lucha armada (^{Schneider, 2017}). En ese sentido, no sólo se buscó desarticular a las entidades sindicales sino que también se propuso destruir toda instancia de organización política contraria a las ideas del gobierno.

De ese modo, en octubre de 1977, a instancia del primer mandatario se instrumentó el Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad (CASG), el cual se abocó a crear un "Plan de Defensa Interna" en el que también intervinieron otras agencias dedicadas a la "mantención del orden": la policía de Puerto Rico, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Guardia Nacional, entre otras. Según Alejandro ^{Torres (2015)} en mayo de 1978, en un mitin del CASG se indicaron las amenazas que asechaban al archipiélago: a) toma de rehenes, b) secuestro con rescate, c) asesinato, d) terrorismo masivo, e) conflictos laborales, f) revueltas estudiantiles, g) motines en las prisiones, h) ataques a instalaciones militares, i) actividades guerrilleras. En sintonía con ello se aprobó un "Plan de Defensa Interna" en el que se esbozaron las tareas de "eliminación o neutralización de los insurgentes de la población" junto con la necesidad de "ganarse el apoyo de la gente", la búsqueda de "socavar la moral de los elementos disidentes y de las guerrillas urbanas", la tarea de "debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil" al igual que "ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo" de la misma; y finalmente, la necesidad de crear un "Consejo Interdepartamental de Seguridad". Por otro lado, en ese año se aprobó en Washington la Ley FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) por la que se estableció mecanismos especiales para realizar tareas de "inteligencia" sobre la ciudadanía (^{Bosque y Colón, 1997}). En otras palabras, gran parte de estas disposiciones se hicieron con el fin de vigilar e intervenir sobre la clase trabajadora y las organizaciones independentistas.

La política laboral del gobierno

En materia laboral, como se ha mencionado, el mandatario se abocó a cumplir las recomendaciones del Informe Tobin sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal; sobre todo, las concernientes al congelamiento de los haberes de los empleados públicos, la reducción del salario mínimo, la supresión de algunos días festivos y la disminución del bono de Navidad. En esa coyuntura, en los primeros meses de gobierno, Romero puso en marcha un Consejo Asesor sobre Política Laboral. El mismo se encargó de estudiar los niveles de sindicalización tanto en el ámbito privado como en el sector público; además, examinó "la composición de la fuerza de trabajo en las corporaciones públicas, en el gobierno central y en los municipios" y formuló cambios en torno a la "legislación protectora del trabajo", entre otras tareas (^{Torres, 2017}, p. 88).

En lo que respecta a la situación específica de la clase obrera se deben observar una serie de cuestiones. En primer lugar, sus condiciones materiales de vida se encontraban seriamente deterioradas por la existencia de altos índices de desempleo en el archipiélago, el cual se mantuvo en alza durante todo el período analizado. En segunda instancia, hubo un declive en el número de protestas gremiales en comparación con lo sucedido en los primeros años de la década de 1970, advirtiendo que las mismas habían comenzado a mermar durante el primer gobierno de Hernández. Un tercer aspecto a observar es el escaso grado de sindicalización en que se hallaba el movimiento obrero; asimismo, no existía una central única que abarcara la representación mayoritaria de los trabajadores. En cuarto lugar, en concomitancia con lo anterior, hubo una disminución de la matrícula de afiliados lo que incidió en su fuerza organizativa. A todo esto corresponde subrayar una característica que cruza la historia de la Isla como es la posibilidad de afiliarse a uniones, cuyas sedes centrales y dirigentes se encuentran en Estados Unidos; en ese marco, un sector de la clase obrera planteó la necesidad de una afiliación limitada al archipiélago.

Por otra parte, en Puerto Rico coexistían dos instancias regulatorias del movimiento obrero. En primer lugar, debido a su condición territorial, había normas que se insertaban dentro del ordenamiento laboral federal de la ley Taft-Hartley, que abarcaba sobre todo a empresas privadas y a las compañías vinculadas al comercio interestatal. Segundo, por fuera de esa legislación se encontraba la ley de Relaciones del Trabajo (número 130) aprobada por la legislatura local en mayo de 1945, la cual afectaba a los empleados de las corporaciones públicas (^{Rosado, 2007}).

Los principales reclamos de los trabajadores durante el primer mandato de Romero estuvieron circunscriptos en torno a dos grandes cuestiones: el elevado índice de desempleo y la renovación de los convenios colectivos. En conexión con estos temas, hubo también otras preocupaciones que estuvieron en la agenda de las demandas laborales, entre ellas, la renovación en el liderazgo de algunos sindicatos y las persecuciones del gobierno contra determinados dirigentes y uniones gremiales. Por fuera de esos asuntos, y de no menor importancia, también se debatió sobre el proceso de sindicalización de los trabajadores de la administración oficial ya que la gobernación buscaba cercenar los derechos de los empleados públicos a agremiarse y a participar en medidas de fuerza (Pensamiento Crítico, mayo de 1978).

En lo que respecta a la renovación de los convenios colectivos, cabe observar que en algunos casos las discusiones se concentraban alrededor de dos grandes asuntos; por un lado, se debatía sobre los eventuales cambios en las formas de organización laboral, los derechos y deberes que tendrían los afiliados, etcétera. En los hechos, el gobierno y los empresarios buscaban modificar o eliminar algunos derechos adquiridos con anterioridad, argumentando las dificultades en que se encontraba la Isla producto de la crisis económica de esos años. En ese sentido, el interés de estos sectores era el de anular algunos de los beneficios obtenidos por los trabajadores en el marco de la coyuntura de desempleo y de ofensiva gubernamental generalizada en todos los ámbitos de la sociedad. Por otra parte, la discusión de los convenios se centraba en torno al porcentaje de aumento salarial que se pensaba conceder. Por último, también se ponía en la mesa de negociación cuestiones inherentes al tiempo de vigencia de los mismos. Así, en numerosos casos, los conflictos se iniciaban cuando se trababan las conversaciones durante la discusión de los nuevos convenios.

Características de los conflictos obreros

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, uno de los principales motivos de enfrentamiento fue la numerosa cantidad de despidos tanto en el espacio público como en el privado. En el primer ámbito se produjeron cesantías en la administración central y en varios municipios como Juncos, San Lorenzo y Arroyo, siendo una de las expulsiones laborales más numerosas las que se produjeron en el Departamento de Vivienda⁷. Por su parte, en el mundo empresarial se efectuaron despidos en las plantas atuneras de Mayagüez y Ponce y en el complejo de la Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) en el área de Peñuelas y Guayanilla, entre otras zonas; en ese sentido, más de un millar de obreros petroquímicos y de industrias afines quedaron cesanteados sólo en el año 1978⁸. Otro tipo de conflicto fue originado por el incumplimiento patronal de lo previamente acordado en las negociaciones de los convenios colectivos; por ejemplo, la Caribbean Gulf Reffining Company de Cataño mantuvo una extensa medida de fuerza, durante más de dos semanas, al negarse a abonar el incremento salarial pautado. Frente a ello, los obreros (agremiados en la Unión de Trabajadores de la Industria del Petróleo) establecieron distintas líneas de piquetes los cuales forzaron a la negociación hasta su triunfo; logrando que se pagaran los costos del plan de servicios médicos y un monto adicional por el trabajo realizado en horas nocturnas⁹. En otro orden de reclamos, se produjeron huelgas y paros por incrementos salariales en la zona sur de la Isla, en las centrales azucareras, en una fábrica de medias de Orocovis, etcétera. Estas protestas estuvieron vinculadas a las discusiones de los convenios. También, en menor proporción, hubo medidas de fuerza contra determinadas prácticas burocráticas de la dirigencia sindical. Entre otros eventos, se puede mencionar la huelga de los obreros de las fábricas Saint Lawrence Garment Co., en San Lorenzo, y su subsidiaria Panty-Matic de Río Grande en rechazo al acuerdo firmado por sus líderes; en esa ocasión, el sindicato presionó a los trabajadores para que regresen a sus empleos bajo la amenaza de que iban a ser despedidos porque se hallaban participando de una huelga que había sido declarada como ilegal¹⁰.

Por otro lado, una de las características más significativas de estas protestas fue la importante presencia de trabajadores que militaban, o bien, simpatizaban con distintas organizaciones de izquierda y/o con partidos que abogaban por la independencia. Su intervención en estos procesos no sólo fue en razón de los propios conflictos, sino que centralmente buscaron captar simpatizantes y militantes para sus respectivas organizaciones. En forma clara, durante esos años hubo una notable recepción y aceptación de estas ideas dentro de la clase obrera, tal como se expresó en el crecimiento de diversas fuerzas políticas como el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños - Ejército Popular Boricua (PRTP-EPB) o la Liga Socialista Puertorriqueña (LSP) (^{Schneider, 2017}).

Teniendo presente el contexto político antes señalado, una característica que se encontró en la mayoría de los conflictos sociales fue el incumplimiento de las normas legales que protegían los derechos previamente pautados, tanto en el ámbito público como en el privado. Cabe observar que, en todas esas oportunidades, el gobierno de Romero avaló esas acciones ilícitas. Por ejemplo, en el Departamento de Hacienda se despidió a varios dirigentes sindicales por convocar a un paro que se hizo en demanda de mejoras en las condiciones de trabajo y por el incumplimiento en los ascensos y las reclasificaciones. Por su parte, en el ámbito empresarial, las compañías quebrantaron las normas establecidas, entre otras, el Laboratorio Abbot (Barceloneta) obligó a sus obreros a trabajar media hora más de labor a lo acordado en su convenio¹¹.

Como parte del hostigamiento empresarial, con el aval del gobierno, en numerosas medidas de fuerza se contrató a Security Associates como agencia especializada en proveer esquiroles para quebrar, junto con la policía local, la línea de piquetes. Cabe indicar que la Junta de Relaciones de Trabajo permitió su existencia y su accionar patronal desde los primeros en conflictos de la esfera privada como estatal. Así, ya se la había utilizado en el gobierno de Hernández durante los conflictos de la Puerto Rican Cement y de la CORCO, como también contra los miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Por su lado, bajo la gestión de Romero, la compañía fue empleada por la Esso Standard Oil Company (Carolina) frente a la protesta de sus operarios¹². Igualmente, en la lucha de la General Gases (Cataño) hubo rompehuelgas que condujeron varios camiones contra los manifestantes que se hallaban en la puerta del establecimiento; asimismo, dispararon armas de fuego contra los obreros que estaban en el lugar¹³. Por su parte, en la huelga de la Caribbean Gulf, los esquiroles ingresaron a la refinaría con el apoyo de la policía local¹⁴.

Otra característica que presentaron los enfrentamientos laborales fue su larga duración; en ese sentido, no pocos conflictos se desarrollaron durante varios meses en un marco signado tanto por una intensa represión como por la negativa de empresarios y/o del gobierno de mantener canales de diálogo con los representantes obreros. Hubo protestas que fueron prolongadas como las protagonizadas por los operarios de Crown Cork (Carolina) quienes estuvieron despedidos de sus empleos durante más de dos años en represalia por su actividad sindical¹⁵. En idéntico sentido, los obreros de la firma Superior Paint (Hato Rey), lograron aprobar en asamblea su convenio colectivo luego de tres meses de intensa lucha donde se enfrentaron a esquiroles y guardias de seguridad contratados por la compañía¹⁶. O bien, la medida de fuerza llevada a cabo por los trabajadores de la destilería de ron Bacardi (Cataño) donde, tras cuatro meses de huelga, la empresa se vio obligada a conceder varias de las demandas solicitadas tras la posible pérdida del mercado norteamericano, por no poder abastecer con el producto¹⁷.

El hostigamiento contra el movimiento obrero no se detuvo en el empleo de esquiroles y/o en el aval otorgado a los empresarios para que estos pudiesen actuar en forma ilegal sino que también se expresó en la ofensiva laboral que arremetió contra los empleados estatales. Esta última, incluso, se difundió a través de un memorando interno y confidencial de la Oficina del Gobernador en la que se sostuvo la necesidad de intervenir de manera intransigente frente a las huelgas del sector público. El memo en cuestión, fechado el 17 de junio de 1977, especificó la misión política del PNP en torno a los "Asuntos Laborales, Agencias Ejecutivas y Corporaciones Públicas"; en él se enfatizó la obligación de "esbozar una estrategia uniforme" para bregar con los asuntos laborales en todas las áreas del gobierno. Uno de los puntos especificados fue el de buscar "reducir el diferencial en los salarios", lo cual se lograría si se mantenían los montos monetarios "dentro del máximo de $30.00 a $50.00 dólares concedido a los empleados del E.L.A." Asimismo se solicitó la necesidad de exigir una mayor productividad a los trabajadores estatales; además, Romero pidió que las negociaciones colectivas no debían coincidir con épocas electorales; por ende se instó a que los acuerdos tuviesen una duración de cuatro años. No menos importante, fue que incluso se consideraron algunas cuestiones concernientes a la "Seguridad y planes de contingencia"; de ese modo se subrayó que: "la participación de las agencias del orden público no deberán responder a una reacción de última hora", ya que ésta; "deberá ser el resultado de un plan cuidadosamente concebido"¹⁸. Cabe indicar que estas últimas medidas también sirvieron para acosar a todos aquellos que eran partidarios de la lucha por la independencia.

La ofensiva gubernamental fue acompañada por los estadistas en la legislatura local. A pocos meses de asumir, en marzo de 1977, tres representantes de ese sector presentaron una resolución buscando conocer sobre el funcionamiento de los sindicatos, argumentando en su propuesta que algunos de ellos poseían "ideales ajenos y extraños" a sus funciones. En forma clara, se estaba impulsando una medida de persecución ideológica al interior de las entidades; entre los aspectos a ser investigados se pensaba indagar sobre: "las asambleas de ratificación de convenios; cómo, cuándo y dónde se efectúan las mismas y cómo se lleva a cabo la ratificación". Por su parte, los senadores del partido Popular también propusieron una mayor intervención sobre los gremios. Así, buscaron que la ley de Relaciones del Trabajo sea más restrictiva que la norma federal Taft Hartley, abriendo las puertas a la injerencia del gobierno en la vida interna de los mismos, en particular sobre aquellas uniones que agrupaban a trabajadores del sector público¹⁹.

En forma simultánea a los distintos métodos coercitivos empleados por el gobierno, se sumó la fuerte embestida represiva de distintas bandas terroristas de derecha alentadas por Romero con la complicidad de exiliados cubanos²⁰. En particular, desde comienzos de los años setenta, venían operando diversos "escuadrones de la muerte" en los que actuaban miembros de la policía local, como el denominado "Los Duendes", comandado por Alejo Maldonado²¹. Si bien estos grupos intervenían desde antes contra el movimiento obrero y los sectores independentistas con total impunidad, durante la administración estadista incrementaron su accionar. En consonancia con el nacimiento del CASG y su "Plan de Defensa Interna", estas entidades paraestatales comenzaron a poseer un mayor vínculo, tanto en su conformación como en su entrenamiento, con miembros de las fuerzas de seguridad de Puerto Rico y con agentes del FBI, entre otras agencias gubernamentales.

Cabe subrayar que el accionar de estos grupos se intensificó tras la muerte del abogado empresarial norteamericano Allan Randall, acusado de ser agente de inteligencia por parte de los Comandos Obreros en septiembre de 1977 (^{Galvin, 1979}; ^{Churchill y Vander, 1990}). De ese modo, en esa coyuntura, la policía secuestró y amenazó a dos funcionarios de la Unión de Tronquistas; en forma paralela, desapareció el delegado de la naviera TMT, Juan Rafael Caballero. Pocos días más tarde, su cuerpo apareció sin vida con signos de tortura, asesinado por integrantes del escuadrón de la muerte dirigido por Maldonado. Posteriormente, la ofensiva gubernamental se concentró contra el dirigente de ese sindicato, Miguel Cabrera, acusado de dar muerte a Randall. En ese momento, le inventaron un caso a partir de un testimonio de un autodenominado asesino a sueldo. Sin embargo, el embate contra los tronquistas no finalizó con las falsas acusaciones; poco tiempo después, la sede de su gremio en Santurce fue alcanzada por una poderosa bomba, provocando daños por cerca de un millón de dólares²².

Asimismo, las agresiones continuaron hacia otros líderes gremiales como Arturo Grant y Radamés Acosta, dirigentes de la UNT. El caso de Acosta, que estuvo encarcelado acusado por violar la ley Taft-Hartley, fue utilizado como un ejemplo de intimidación hacia el resto del movimiento obrero ante los eventuales conflictos laborales. En forma paralela a estas acciones, durante el mandato de Romero las bandas de derecha siguieron empleando amenazas y ataques contra locales, oficinas y viviendas de trabajadores ligados al ideal del independentismo. Más aún, en algunas ocasiones, las acciones de hostigamiento terminaron en asesinatos como lo ocurrido con los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en el Cerro Maravilla en julio de 1978, donde el gobernador encubrió la participación de las fuerzas de seguridad y del FBI (^{Paralitici, 2011}).

En pocas palabras, algunas de las cuestiones antes mencionadas salieron a la luz durante el desarrollo de dos importantes conflictos: el protagonizado por los trabajadores de la UTIER y el efectuado por los conductores de la TUAMA, por lo que a continuación lo abordaremos en profundidad.

El conflicto de la UTIER

Es posible que la medida de fuerza desplegada por la UTIER contra la gerencia de la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF), entre diciembre de 1977 y marzo de 1978, haya sido una de las más trascendentes en la primera gestión de Romero²³.

Antes de explicar el conflicto es importante realizar las siguientes observaciones. Por un lado, la UTIER, un sindicato creado en la década de 1940, al momento de esos hechos, era uno de los más numerosos: contaba con una matrícula de 6300 afiliados. Además, poseía uno de los mejores convenios colectivos. Esto se debía, entre otros motivos, por la tradición combativa de sus miembros, porque era una corporación pública y sus relaciones obrero-patronales no se encontraban reglamentadas por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos, porque sus trabajadores poseían un alto nivel de capacitación y, sobre todo, por el lugar estratégico que ocupaban dentro de la economía del país²⁴. Por otra parte, el sindicato en febrero de 1977 había renovado sus autoridades eligiendo a un hombre (Luis Lausell Hernández), identificado por sus posturas afines con el socialismo y el independentismo; asimismo, si bien la mayoría de los obreros no comulgaban con esas ideas, tuvo en esos años un alto grado de unidad y confianza en dicha dirección gremial. Por último, otro elemento significativo para contextualizar la medida de fuerza, era que el director ejecutivo de la AFF (Pedro Vázquez), tenía como antecedente haber sido un antiguo oficial de la marina y ex abogado del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de las firmas CORCO y ESSO²⁵.

En el contexto político antes mencionado, durante la segunda mitad de agosto de 1977, la dirigencia de la UTIER comenzó con las negociaciones colectivas con la AFF. Estas se desarrollaron en dos instancias. En primer lugar, se dejaron a un lado las demandas patronales que buscaban cambiar el contrato de trabajo; además, se acordaron diversas mejoras en las condiciones laborales. Así, tras varias semanas de reuniones se concertó que los acuerdos tuviesen una vigencia de tres años, y no de cuatro como deseaba la empresa. Asimismo, se estableció el derecho de los cobros de dietas, la transportación y el millaje, conjuntamente con el pago de traslado cuando el adiestramiento era realizado fuera del municipio y se otorgó un aumento para los jubilados, entre otras peticiones. En segunda instancia, lograda estas mejoras, la dirigencia solicitó un incremento salarial de $1.69, $1.25 y $1.69 la hora por tres años de convenio frente a los 11, 12 y 13 centavos que ofrecía la compañía. A partir de ese momento, la negociación se hizo más tensa, donde la gerencia y el gobierno buscaron ganar la simpatía de la población contra los trabajadores afirmando que estos poseían los mejores salarios de Puerto Rico a costa del pueblo que abonaba costosas tarifas. Sin embargo, como denunciaron los operarios del sindicato, las autoridades no mencionaban el alto presupuesto que insumía la gerencia administrativa²⁶. Además, al calor del conflicto, emergieron otras cuestiones irresueltas, como las referidas a las pésimas condiciones de trabajo, lo cual provocaba anualmente numerosos accidentes laborares que, en algunas circunstancias, finalizaban en hechos luctuosos.

Ante el estancamiento de las negociaciones, el 27 de diciembre de 1977, la UTIER declaró la huelga. De manera inmediata, la gerencia continuó hostilizando a los obreros por distintos medios de prensa, entre ellos el periódico El Mundo, a través de su línea editorial; en particular, hubo una amplia campaña macartista acusando a Lausell como comunista. También, desde el inicio del conflicto, el gobierno radicó cargos contra varios trabajadores y su dirigencia, a la vez que buscó dilatar el proceso de la negociación, apostando al cansancio y al desgaste de la protesta. En forma paralela, buscó quebrar los cordones de piquetes a partir de la agencia especializada Security Associates junto con fuerzas de seguridad local, personal dependiente de Defensa Civil y "ex agentes policiales"; en todas esas ocasiones, además de atacarse a los huelguistas con piedras, hubo intimidación a los trabajadores con macanas y revólveres. En ese contexto, no faltaron heridos de bala por parte de la policía al intentar romper la línea de piquetes en algunas de las centrales eléctricas²⁷.

Además, la administración se respaldó en los empleados gerenciales para mantener la operación de la compañía, así reemplazaron a los obreros en base a turnos de doce horas diarias, manteniéndolos acuartelados en el estadio Hiram Bithorn, sin poder acudir a sus hogares y sin el cobro de las horas compensatorias; esto provocó, en reiteradas ocasiones, la protesta del líder de la Asociación de Empleados Gerenciales Luis Lezcano. Cabe indicar que ese personal, para el momento del conflicto, ascendía a unos dos mil individuos; o sea, había un gerente por cada tres afiliados, actuando como cuerpo de reserva frente a la huelga. También el gobierno utilizó a otros empleados de la AFF para boicotear la medida de fuerza; en ese sentido, contó con el apoyo de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y de Construcciones Eléctricas (UITICE), entidad que agrupaba a los operarios que edificaban las instalaciones de la agencia²⁸.

Pocos días después de iniciado el enfrentamiento, la administración de Romero designó una comisión liderada por el ex gobernador popular Roberto Sánchez Vilella, para encargarse de evaluar la situación económica de la AFF. Como producto de este examen, el comité formuló una declaración favorable para la gerencia; sin embargo, el antiguo mandatario expresó un informe disidente anunciando que la Autoridad podía pagar más de lo declarado pero, a su vez, la UTIER también tenía que reducir sus demandas salariales²⁹. Tras esa información, como forma de entablar negociaciones, la UTIER solicitó un aumento menor a lo que inicialmente había solicitado; sin embargo, la gerencia hizo caso omiso a cualquier diálogo, y por ende el conflicto tendió a incrementarse.

De ese modo, los trabajadores efectuaron más de ciento cincuenta actos de sabotaje en respuesta a la represión gubernamental; además, se hicieron masivas asambleas para respaldar la medida de fuerza y las negociaciones. En una de esas reuniones, los afiliados aprobaron: "una resolución para declarar traidor a todo individuo que se preste para ser utilizado por el patrono con miras a intentar dividir la matrícula"³⁰. Cabe indicar que en esas acciones, a los pocos días, un obrero, simpatizante del PNP (Samuel Rodríguez Estrella), murió en una torre en pleno acto de sabotaje³¹. En ese sentido, la casi totalidad de los afiliados intervinieron activamente en el conflicto. Si bien la mayoría de ellos no respondían a un pensamiento socialista y/o independentista, su participación se debió a su propia identidad de clase; en otras palabras, el interés de clase prevaleció por encima de las discrepancias partidarias.

En otro orden de temas, cabe subrayar que desde el comienzo del enfrentamiento, los operarios de la UTIER contaron con un amplio apoyo de diversos gremios, de estudiantes universitarios y de distintos agrupamientos independentistas. A nivel laboral, se conformó un Comité Sindical de Apoyo integrado por dirigentes de veintiséis entidades lideradas por Pedro Grant. Las mismas se encargaron de efectuar tanto acciones de propaganda y de solidaridad como la de recolectar un fondo de ayuda económica para la huelga. Además, organizaron diferentes manifestaciones hacia la Fortaleza en el viejo San Juan; dentro de estas actividades, una de las más trascendentes fue la movilización que realizaron en forma conjunta con la TUAMA y otras asociaciones laborales, desde la parada 18 de Santurce hasta el Capitolio³².

En el caso de las organizaciones independentistas su apoyo se hizo en forma abierta (recolectando dinero, publicitando el mismo, buscando la solidaridad entre los gremios y los estudiantes) y con actividades clandestinas (desde desperfectos a torres de tensión hasta un atentado dinamitero contra la sucursal del Chase Manhattan Bank en Puerto Nuevo)³³. Por su parte, el Partido Socialista Puertorriqueño, donde Lausell era miembro de la dirección nacional, dispuso que todos sus militantes estuviesen al servicio del conflicto.

Al mismo tiempo, cabe subrayar las masivas asambleas que se desarrollaron durante la protesta; en ellas no sólo se dio un permanente respaldo a la dirigencia para encabezar la lucha sino que también incidieron en todas las negociaciones. Así, el domingo 19 de marzo, tras ochenta y cinco días de huelga, la matrícula de la UTIER acordó, en una Asamblea General en la que participaron más de 5500 afiliados, rechazar la oferta empresarial mientras se aceptaba dar por finalizada la medida de fuerza, reingresando al trabajo sin que se firme el convenio colectivo correspondiente. Sin embargo, esto no se pudo concretar; la gerencia de la AFF dispuso un lock-out, lo que hizo que el conflicto se extendiese por cerca de un mes³⁴.

Ante este panorama, en un clima de presiones gubernamentales y de cansancio en las filas obreras, se efectuó una nueva asamblea en el mes de abril a la que asistieron 5745 afiliados en donde se aceptó el convenio colectivo con la última oferta salarial propuesta por las autoridades de la AFF. Los aumentos de haberes ratificados, efectivos a partir de la firma del acuerdo, fueron de 50, 45, 50 y 55 dólares mensuales para el primero, segundo, tercero y cuarto año respectivamente. Además, los trabajadores recibieron un bono de 375 dólares por el tiempo en que se llevaron a cabo las negociaciones y que había expirado la cláusula salarial³⁵.

Fue un hecho evidente que, tras varias semanas de enfrentamiento, no se podía obtener el aumento originalmente solicitado. Si bien este no se logró, tampoco el gobierno pudo desmantelar el sindicato y anular diversas conquistas laborales tal como se lo había propuesto en un principio. En ese sentido, diversos factores intervinieron para imposibilitar un triunfo por parte de los trabajadores; entre otros, corresponde indicar que nunca se pudo anular totalmente el servicio eléctrico en la Isla debido a que el mismo fue mantenido por el personal gerencial y por los operarios enrolados en la UITICE quienes colaboraron con las autoridades de AFF. A esto se sumaba la amplia capacidad de producción que poseía la agencia para generar energía eléctrica, lo que permitía satisfacer la demanda a pesar de las líneas de piquete y los sabotajes. Por otro lado, el apoyo inicial que contó de diversos gremios, a lo largo del conflicto se fue diluyendo, quedando relativamente aislado.

En resumen, durante todo el enfrentamiento, el gobierno buscó imponer su postura, desconociendo, incluso, a la propia comisión negociadora encabezada por Sánchez Vilella. De ese modo, quiso dar una lección de intransigencia hacia el conjunto de la clase obrera conduciendo el conflicto con el gremio a una guerra de desgaste. Para eso utilizó distintos instrumentos, a saber: desplegó una amplia campaña anticomunista contra la dirección del sindicato a través de los medios de comunicación, intentó ganar a la sociedad acusando a los huelguistas como los responsables de las altas tarifas eléctricas, declaró ilegal la medida de fuerza, empleó a rompehuelgas y a policías locales para quebrar las líneas de piquete, entre otras acciones. Frente a esos hechos, Lausell consideró que el conflicto logró "que no destruyeran la UTIER"; en otras palabras, no se consideró que la protesta se haya perdido frente a la amplia embestida impulsada por la administración de Romero³⁶.

Asimismo, el mandatario no sólo pensaba derrotar a los trabajadores de AFF sino que también buscaba cercenar los derechos de los empleados públicos para agremiarse y participar en medidas de fuerza, tal como se venía debatiendo públicamente durante esos meses. En ese sentido, también, la medida de fuerza protagonizada por los conductores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) debe ser entendida en ese contexto.

La huelga de los trabajadores de la AMA

Al igual que en otros sindicatos, en los primeros meses de 1977, emergió una nueva camada de dirigentes en la TUAMA. En ese caso, se eligió como presidente a Jorge Pazol, un simpatizante del PNP que había participado en la campaña para designar a Romero como gobernador. Además, como en la UTIER, al comienzo de su mandato comenzaron las negociaciones colectivas para conseguir un aumento salarial y mantener el convenio que afectaba a 1300 trabajadores.

En esa coyuntura de ofensiva gubernamental, la empresa deseaba eliminar algunos de los derechos logrados en anteriores acuerdos, así como también buscaba cercenar las licencias por enfermedad, denegar la posibilidad de realizar huelgas y, sobre todo, prescindir del denominado "taller cerrado". Al respecto, sobre esta última cuestión, la cláusula de taller cerrado era una conquista alcanzada por el gremio desde hace varios años, por la cual el sindicato era el que tenía el poder de aceptar nuevo personal dentro de la unidad contratante. Romero buscaba eliminarlo para adaptar al movimiento obrero a las características que poseía en los Estados Unidos, donde las operaciones estaban sujetas a la ley Taft-Hartley. Por su parte, la entidad laboral solicitaba un incremento en los salarios de 75 centavos por hora, mientras que la patronal solo ofrecía otorgar 17, 20 y 20 centavos, respectivamente, para los próximos tres años. Asimismo, la gerencia postulaba que el aumento sería efectivo una vez firmado el convenio y sin retroactividad, lo que hizo que el sindicato rechazase esa cláusula exigiendo que éste sea retroactivo al 31 de julio de 1977 cuando se iniciaron las negociaciones por el nuevo convenio. De ese modo, en un contexto signado por las conversaciones infructuosas, en enero de 1978 comenzó la medida de fuerza de la TUAMA³⁷.

La medida, desde un inicio, contó con un fuerte apoyo por parte de sus miembros; esto se hizo presente en el acatamiento masivo de la protesta, con la participación en las líneas de piquetes en las oficinas de Hato Rey, en las movilizaciones hacia el viejo San Juan y, sobre todo, en el respaldo que tuvo la dirigencia encabezada por Pazol. Entre otros hechos, durante esos meses, los afiliados de la TUAMA se movilizaron junto con los afiliados de la UTIER a la Fortaleza para reclamar por sus derechos; también, al igual que los trabajadores de la electricidad tuvieron que hacer frente a una extensa campaña de desprestigio impulsada desde el gobierno a través de la prensa comercial. Pese a que Pazol había impulsado la campaña electoral de Romero, y era considerado un activista del PNP, las autoridades de la Isla desarrollaron un feroz ataque contra su persona, intentando debilitar su liderazgo en el gremio. En ese sentido, se intentó dividir al sindicato cuando, en pleno conflicto, emergió un grupo denominado "Movimiento Pro Rescate de los Derechos de la TUAMA", impulsado por la gerencia con la intención de debilitar la unidad obrera, solicitando una nueva votación sobre la dirigencia gremial. Este hecho condujo a que se convoque a elecciones internas, las cuales reafirmaron la vigencia del mandato de Pazol. Paradójicamente a lo esperado por la gerencia de la AMA, el triunfo le dio un enorme prestigio entre la base del gremio para continuar con la medida de fuerza³⁸.

Tras quince semanas de conflicto, los empleados del transporte lograron una sólida victoria obteniendo cuatro aumentos de cincuenta dólares para los siguientes tres años hasta el vencimiento del convenio en mayo de 1981. También, impidieron que se modificasen las cláusulas referidas a la anulación de las huelgas y las de taller cerrado y acordaron extender un bono retroactivo de más de $300 dólares³⁹.

Algunas conclusiones

Desde el inicio de su actividad política pero, por sobre todo, a partir de su primer gobierno en 1977, Romero se propuso afianzar los vínculos con los Estados Unidos con el objetivo de lograr la incorporación de Puerto Rico. De ese modo, su propósito central fue el de facilitar un conjunto de condiciones económicas y sociales con el fin de posibilitar dicha anexión. En cierta medida necesitaba superar la crisis económica en que se encontraba el archipiélago, implementando todo un conjunto de medidas de contracción del gasto público y de reforma laboral, tal como se estaba desarrollando en los restantes países de América Latina.

En esa coyuntura, y dentro ese contexto ideológico, la prioridad pasaba por disciplinar al movimiento obrero y liquidar cualquier atisbo de independentismo. En ese marco se debe observar la dureza y extensión de las medidas de fuerza, el empleo de policías y de rompehuelgas para frenar los conflictos laborales, la intransigencia y el rechazo tanto del gobierno como de los empresarios para acordar una salida negociada en las protestas, entre otras cuestiones. A modo de ejemplo, en este artículo, se quiso ilustrar esta situación a través del análisis de los reclamos protagonizados por los trabajadores de la UTIER y de la TUAMA en los primeros años de su gobierno.

Asimismo, cabe observar que en función de estas decisiones a favor del empresariado y de la búsqueda de la anexión a los Estados Unidos, el primer mandatario instrumentó una amplia estrategia coercitiva contra los agrupaciones independentistas en distintas esferas; testimonio de ello fueron los asesinatos en Cerro Maravilla, la permisividad con las bandas armadas de derecha, el rechazo a la excarcelación de los presos nacionalistas, la persecución contra los pobladores de Vieques que se movilizaban contra la presencia de las bases militares norteamericanas, la represión a las comunidades como en Villa Sin Miedo, entre otros hechos.

Por último, muchas de estas problemáticas continuarán (y se agravarán) durante su segundo mandato (1981-1985), en un contexto histórico signado por el recrudecimiento de las tensiones internacionales en el Caribe en el marco de la primera presidencia de Ronald Reagan.