Los intentos de explicación

Una visión considera la institución militar como instrumento al servicio de otros actores, países, grupos sociales o grupos de poder. Diversas versiones marxistas asumen que los golpes militares se llevaron a cabo porque las fuerzas armadas estaban al servicio del imperialismo, eran instrumentos de aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, ejércitos programados por Washington que actuaban como "apéndices del Pentágono" y/o estaban a la orden de las clases dominantes y sectores de poder que recurrían a ellos ante cualquier indicio de crisis sociales, de protestas o de amenaza a sus intereses (tanto los de Estados Unidos como de las elites locales).

La participación militar en la actividad política se genera como defensa del statu quo vigente y los militares actúan como agentes del imperialismo norteamericano. En una de sus versiones se considera que los golpes abrieron una nueva época a partir de la cual hizo entrada una estrategia de integración militar de carácter internacional orientada a erradicar de la región cualquier expresión política insurgente y/o de izquierdas revolucionarias. Se argumenta que los golpes militares se dieron para frenar la revolución en ciernes (^{Victoriano, 2010}); o para detener el avance insurgente o revolucionario y para proteger a terceros, específicamente a las elites económicas o a fracciones de estas, no para el beneficio propio o para asumir por sí mismos ellos la conducción política; o fueron la expresión de la pugna Este-Oeste, de los dos grandes bloques ideológicos que se enfrentaban en el mundo.

También se asume que los golpes militares se dieron para relanzar en el respectivo país procesos de acumulación de capital trasnacional, las instauraciones de los regímenes autoritarios por los ejércitos corresponden a las necesidades del capitalismo mundial y a la nueva división internacional del trabajo montadas por este¹; o como una asociación entre Estados Unidos y las elites locales, o cuando estas se encuentran en disputa y surge la consecuente inestabilidad política que puede poner en riesgo su condición de sectores dominantes, pues los militares entran en juego para mitigar las tensiones (^{Horowitz, 1969}). Una versión más determinista asigna a la intervención militar un carácter clasista, según el cual las fuerzas armadas latinoamericanas actúan como una especie de "brazo armado de la burguesía" si se daba el caso en el que los aparatos de dominación del Estado no pudieran sostener la prevalencia de las clases dominantes a través de mecanismos normales y legales. Los militares asumían el poder como una forma de delegación temporal concedida por las elites civiles.

A esta perspectiva se le han formulado diversas críticas. Como lo expresa Ismael Crespo, la clara influencia de Estados Unidos en la política doméstica de la región y la difusión de la doctrina de la seguridad nacional y el apoyo de diversos sectores de las élites a las intervenciones militares, le dan cierto crédito a este tipo de explicaciones. No obstante, además de su reduccionismo, con cierto tono de "complot" imperialista-militar, este enfoque no puede explicar por qué en algunos países la intervención no tuvo lugar, aunque compartían similares condiciones objetivas, y si se presentó, no implementó las políticas que correspondían con la doctrina de la seguridad nacional ni satisfizo los intereses de los sectores sociales que la habían apoyado (^{Crespo y Filgueira, 1993}). Asimismo, se considera que el énfasis en factores contextuales o estructurales tiene importancia para explicar las condiciones de la injerencia política militar, pero no toma en cuenta la dimensión intra-institucional de los militares ni presta suficiente atención al proceso de preparación, a la manera de actuar y a las estrategias de salida negociada de las dictaduras en las décadas desde los años sesenta hasta los ochenta. Aunque fueron formados en Estados Unidos, los oficiales de los ejércitos latinoamericanos presentan conductas disímiles: no en todas partes asumieron el papel de contención de la subversión a través de golpes militares (^{Kruijt y Koonings, 2002}).

A partir de estas críticas, otra perspectiva señala que los golpes militares son el resultado de las características históricas de las fuerzas armadas, las cuales se consideran una herencia de la tradición ibérica, como su verticalidad, el autoritarismo, el paternalismo, la dependencia personal y el corporativismo. De aquí se deriva su orientación "natural" a intervenir y a tutelar a los poderes civiles y, por ello, sería connatural a los militares intervenir en la política y hacerlo de forma dictatorial. Kees Koonings critica este enfoque y lo considera contraevidente, por cuanto en el continente se han presentado distintas trayectorias nacionales y por ello la explicación del militarismo a partir de sus atributos heredados no es razonable: si así fuera habría habido dictaduras en todos los países y de forma continua (^{Koonings, 1991}).

Desde otro punto de vista, antes de entrar a explicar por qué se dieron golpes militares en el subcontinente hay que comprender la autopercepción de las fuerzas armadas, que se han presentado como salvadoras de las crisis o redentoras frente al peligro de la subversión. Su actuación se habría fundado en esta convicción: para salvar la democracia tenían primero que suspenderla, enfoque que combina un elemento propio del primero -la influencia externa- con la variable de las convicciones de los militares (^{Perelli, 1990}). En esta dirección hay quienes consideran que las fuerzas militares se autopercibían como actores políticos con capacidad para liderar los procesos de modernización socioeconómicos y políticos, tareas para las cuales no consideraban capacitadas a las élites, o porque juzgaban erradas sus políticas, por lo cual justificaban la toma del poder (^{Arriagada, 1981}). En tal sentido, se asume que el significado real de las fuerzas armadas en América Latina es su peso político, constituyen ejércitos políticos que se autoasignan roles y objetivos de fuerza estabilizadora, árbitro supra-social, institución protectora de la Constitución y vigilante del desarrollo nacional (^{Kruijt y Koonings, 2002}).

En esta visión ya no se asocia a las fuerzas militares con las burguesías, las elites civiles y políticas, ni se les considera el "brazo armado", tampoco un instrumento del imperialismo. Se le asigna peso específico, autonomía y convicción ideológica. Los golpes militares son la expresión de la voluntad e ideología de sus propias Fuerzas. Aunque se fueron profesionalizando, los militares no asumieron su condición de subordinadas al poder civil, por lo cual, cuando evaluaron que era necesario asumieron la conducción política. De forma adicional, ante la evidencia de la presencia de sectores civiles que los apoyaron, se tiene que esta función "salvadora" se asumió en conjunto con ciertos sectores de las elites civiles, sus facciones y partidos que "llaman" o claman por la intervención militar para "enderezar el camino" conformando así "coaliciones golpistas" que argumentaban ser las salvadoras de sus respectivas patrias.

Hay también quienes explican las intervenciones militares desde una perspectiva histórica de largo plazo. Asumen que los antecedentes históricos y las reiteradas intervenciones y conspiraciones entre las élites civiles y las fuerzas armadas influyen sobre la predisposición de la institución militar a intervenir: la presencia militar en la política en América Latina es vista como una constante desde los inicios de la vida republicana en el siglo xix. Así, se les han considerado como la única fuerza social capaz de ejercer autoridad en países sin elites civiles idóneas para cumplir las funciones de gobernar. El "vacío político" hace que los militares tengan que intervenir directamente en la esfera de la política y del gobierno (^{MCalister, 1964}). Se plantea que "con periodos variables según los países, los militares se hicieron presentes en la vida política nacional cumpliendo un papel moderador en el momento en que las pugnas políticas-ideológicas de los civiles amenazaban la integridad de los estados nacionales" (^{Cuéllar, 1971}:19). Esta visión llama la atención para que no se desconozca en el análisis las trayectorias y ciertas constantes históricas. No obstante, cae en otro determinismo, por el cual sería casi natural esperar que los militares asumieran el poder cuando hubiera el menor asomo de inestabilidad por ser ellos quienes estaban más organizados, han tenido un espíritu de cuerpo, y considerar que son aptos para dirigir las repúblicas que han ayudado a construir.

Preguntas, precauciones y un enfoque analítico

Frente a las diversas visiones sobre la intervención de los militares, Mario ^{Fernández Baeza (1985)} formula dos preguntas importantes: (a) ¿Son todos los sistemas políticos latinoamericanos susceptibles de ser interrumpidos o marcados por la intervención militar? y (b) ¿Son las fuerzas armadas de América Latina "intervinientes" per se, independientemente de los sistemas políticos en que actúan?

El autor plantea respuestas negativas a ambas cuestiones. Aunque hubo momentos en que la mayoría de los países latinoamericanos estuvieron regidos por militares (especialmente las décadas comprendidas entre 1960 y 1980), hubo sistemas políticos estables bajo mando civil y constitucional y en varios países del continente las fuerzas armadas no intervinieron en la política de manera directa, ni hubo golpes militares (como en Venezuela y Colombia, además de Costa Rica y México, en Centro y Norteamérica, respectivamente).

Según el autor en mención, las intervenciones y los golpes militares en el subcontinente tienden a producirse en el momento en que coinciden en los países un determinado estado del sistema político y una determinada disposición de las fuerzas armadas que son propicias para su intervención: el deterioro institucional y la inestabilidad sociopolítica de alta intensidad, y la disposición de los militares a intervenir en la esfera política. Se debe conjugar la inestabilidad o un alto nivel de conflictividad (protestas sociales, enfrentamientos, rupturas entre sectores de las elites, crisis económicas acentuadas e inconformidad creciente) y el deterioro sociopolítico (en el sentido de falta de capacidad para responder a las presiones y demandas a las que es sometido el Gobierno y la consecuente emergencia de inconformidad y contestación social) y, al mismo tiempo, los militares deben estar convencidos de su papel en la sociedad y de su capacidad para intervenir en momentos críticos.

Se considera que las motivaciones que expresan una mayor sensibilidad de las fuerzas armadas a intervenir son las que están relacionadas con amenazas reales o potenciales a su estatus dentro del sistema político. Como lo señala Fernando Elche, "por muchas oportunidades que haya para un golpe de Estado este sólo será posible si los actores con oportunidad para actuar cuentan con un sistema de evaluación que los lleve a reconocer dicha situación como una oportunidad, tienen un sistema de preferencias donde dicha opción es asumible, y cuentan con repertorios de acción y recursos movilizables. Por ello en la base de la decisión golpista hay un cálculo medios-fines" (^{Elche Díaz, 2008}, p. 14).

También Alain ^{Touraine (1989)} hizo un esbozo de una formulación teórica similar. Planteó que las rupturas en los regímenes democráticos se produjeron cuando se acentuaron las tendencias a la disociación entre crecimiento económico y demandas sociales. Cuando esto sucedió hubo presiones desde abajo, las fuerzas populares se radicalizaron, aumentó la contestación social, las clases medias acomodadas vieron amenazadas sus conquistas y la oligarquía, sus privilegios. Rechazando las demandas populares y/o revolucionarias en los países en donde había más organización de las izquierdas y dirigentes, elites civiles y militares asumieron la conducción política. La voluntad y la organización de los militares entraron en juego en los golpes militares solo cuando no había fuerzas civiles suficientes para movilizarse y ejercer control político. De nuevo: deterioro institucional e inestabilidad sociopolítica y la disposición y motivación de las fuerzas militares para asumir el poder se conjugan en la explicación.

Este esquema analítico incluye dos variables: por una parte, el deterioro institucional, situaciones de inestabilidad política y de conflicto social de alta intensidad, real o potencial (D), y las características específicas de las fuerzas militares, sus orientaciones, sus autopercepciones y sus motivaciones (M). Una de las preguntas centrales de ^{Rouquie (1984)} es: ¿militares y civiles se enfrentan en la vida política como dos campos separados y hostiles, el segundo de los cuales defiende el progreso y las libertades que el primero tiene por única y perversa vocación pisotear?

La respuesta es no. Puede ocurrir en algunos casos, pero en otros no, incluso puede resultar que se establezca una especie de acuerdo y complementariedad entre civiles y militares y estos últimos no constituyen un instrumento de los primeros, sino que actúan de forma conjunta con las elites civiles en una especie de división del trabajo para mantener un orden establecido. Incluso en situaciones críticas y de inestabilidad las relaciones civiles-militares pueden ser complementarias y de no contradicción. Civiles y militares interactúan y mantienen una interdependencia táctica.

Desde esta línea de pensamiento se puede plantear un esquema analítico de los quiebres democráticos que incluye dos variables:

Estas dos condiciones no se dieron en todos los casos en América Latina al mismo tiempo y en iguales circunstancias, pero su presencia conjunta está ligada a los golpes militares y al surgimiento de las "coaliciones golpistas". Esta perspectiva evita caer en la absoluta casuística y en la renuncia a buscar ciertas regularidades contextualizadas. Aunque cabe la precaución epistemológica opuesta: es necesario lograr la mayor diferenciación posible en la relación entre las variables que se privilegian y los países tomados como referencia, para no suponer que todos los casos se pueden explicar obviando ciertas especificidades sociopolíticas e históricas (^{Fernández Baeza, 1985}). Debe evitarse cualquier tentación globalizante de las generalizaciones absolutas y diferenciar subgrupos de países en los que se combinan ciertas condiciones específicas a partir de las cuales se pueden hacer afirmaciones generales pero contextualizadas.

Asumiendo estas advertencias, la variable A, el deterioro institucional y la inestabilidad sociopolítica de alta intensidad, se asocia con las tensiones y con las contradicciones importantes entre actores sociales y políticos dueños de intereses y visiones diferentes sobre la sociedad, el gobierno, las políticas, la economía y el orden institucionalizado. Se trata de circunstancias en la que hay perturbaciones, alteraciones y protestas sociales y/o conflicto armado real o potencial que hacen que algunos actores sociales contestatarios, que demandan respuestas, políticas y cambios de parte de los gobernantes y de las elites, sean concebidos como "enemigos de la nación" y del orden social. En ciertos casos se trata de un evento extraordinario en el funcionamiento normal del sistema político que requiere respuestas rápidas para reinstitucionalizar el orden o producir otro orden.

Se considera que la intensidad es extrema o muy intensa cuando la confrontación entre actores sociales y políticos, o entre facciones partidistas y/o sectores de las elites políticas y económicas son susceptibles de expresiones violentas y requieren decisiones perentorias para intentar solucionarlas, a riesgo de que se escale un conflicto que conduzca a la desintegración de las instituciones de la democracia. En ciertas situaciones se asume que está en riesgo la integración social y/o está en duda la capacidad de los gobernantes para manejar las tensiones sociales con los instrumentos jurídicos y coercitivos normales. Esto se puede expresar en contradicciones y confrontaciones entre sectores de las elites que, en el extremo, conduce a que algunos sectores, incluso, consideren la opción de "suspensión" de la democracia para delegar en las fuerzas militares la conducción política o para apoyarlas si por iniciativa propia deciden hacerlo.

Se trata de condiciones que producen debilidad o déficits de las democracias, problemas o limitaciones en sus componentes procedimentales, como son: la limpieza de las elecciones, la neutralidad de la organización electoral, o en su incapacidad de respuesta a demandas y exigencias de la sociedad por bienes y servicios en condiciones de amplia desigualdad social y de pobreza, lo que se traduce en altos niveles de ingobernabilidad. Estas situaciones crean condiciones para que las fuerzas militares vean factible y/o consideren pertinente y hasta necesario un golpe militar. En algunos casos los quiebres democráticos se dieron en medio de crisis agudas, crisis de alta intensidad, pero en otros los factores desencadenantes fueron relativamente menores, pero magnificados por quienes querían justificar las decisiones extrainstitucionales.

Se presentaron diversas situaciones derivadas de los déficits democráticos y de las democracias precarias, del clientelismo y de la corrupción, de la poca capacidad de respuesta a las demandas sociales y de los conflictos sociales, así como la dificultad de lograr consensos entre las elites en situaciones de alta polarización. Estas condiciones devinieron en la intervención de los militares que argumentando querer "salvar la democracia", la interrumpieron. Las situaciones fueron diversas e incluyeron la falta de consenso en la aceptación de las reglas de juego y de los resultados de las elecciones, lo que condujo a que se dieran alianzas entre sectores de las elites civiles y las fuerzas militares². También hubo casos de conflictos inter-elites por manejo del Estado, por sus concepciones y orientaciones ideológicas en situaciones de ascenso de las movilizaciones y protestas sociales que condujeron a una alta polarización política sin espacios de búsqueda de acuerdos. En tales casos algunos sectores de las elites invitaron, incitaron o se unieron a las fuerzas militares para dar un golpe, para "evitar el ascenso comunista³".

En otros casos las elites civiles recurrieron a los militares o estos por iniciativa propia asumieron el poder en situaciones de movilizaciones y protestas sociales contendientes y recurrentes consideradas como desestabilizadoras (fuerzas populares organizadas radicalizadas que pueden ser percibidas como susceptibles de asumir el poder político o amenazar el orden establecido por el tipo de reivindicaciones que plantean), o los militares asumieron que los gobiernos no contaban con la capacidad para solucionar los problemas de orden público y las "amenazas" al statu quo por políticos nacionalistas o progresistas. Tanto en estos casos como en el anterior, al momento de los golpes militares no existían movimientos guerrilleros o estaban en una fase embrionaria, aunque la izquierda política y social era fuerte y mantenía un proyecto antiimperialista bajo la convicción de que, con el apoyo de la URSS, o de otros países socialistas, podían convertirse en fuerzas políticas y militares encaminadas hacia la toma del poder del Estado⁴ . También hubo situaciones de precariedad en la provisión de bienes y servicios por parte de las elites civiles divididas y/o con prácticas fraudulentas y de inmoralidad que crearon un entorno de potencial conflicto. Se dieron golpes militares autodenominados progresistas y reformadores ⁵. En unos y otros casos, se puso en evidencia la debilidad y precariedad de la democracia en Sudamérica como sistema político y su incapacidad para darle salida y resolver las distancias y eventual polarización ideológica, y/o para responder a los conflictos sociales y políticos y/o de responder a las expectativas y demandas de la mayoría de la población. Sin soluciones viables, no todos los actores políticos actúan de forma leal con la democracia, o la menosprecian, o la rechazan o argumentan la necesidad de "suspenderla" para reconstruirla o para "salvarla".

Los sectores sociales dominantes que incentivan o apoyan a las fuerzas militares varían según las circunstancias y los países. En algunos casos son terratenientes o hacendados, en otros se trata de empresarios industriales o del transporte, quienes consideran que los militares son los redentores o salvadores del orden establecido, por lo cual amerita "suspender" la democracia (^{O'Donnell, 1982}). En contra de partidos, facciones y sectores sociales con proyectos de sociedad contrapuestos, los golpes militares se proponían terminar con los comportamientos colectivos que cuestionaban la naturalidad de las relaciones sociales capitalistas, o al menos, suponían un obstáculo para su "normal funcionamiento": huelgas generales, indisciplina laboral, desobediencia a la autoridad en los lugares de trabajo; con Gobiernos reformistas y tibios con los transgresores del orden social (Chile y Brasil), impotentes e ineficaces en el Gobierno (Argentina) o insuficientemente militarizados para contener las amenazas sociales (Uruguay) (^{Tcach Abad, 2006}).

Como se mencionó antes, las fuerzas militares, o sectores importantes dentro de estas, ven la oportunidad para actuar en ciertas coyunturas que consideran propicias, tienen un sistema de preferencias en el que dicha opción es ineludible y por su formación tienen la convicción de que están obligados a "salvar" la democracia interrumpiéndola (en este caso imbuidos en la formación de la doctrina de la seguridad nacional y una concepción que los orientaba a actuar en función de evitar el supuesto avance insurgente comunista) y, además, cuentan con la organización, la logística, la coordinación y la cohesión interna que hace viable su irrupción y la toma del poder.

Esto último tiene que ver con la otra variable, M. Se requiere que exista la disposición de los militares a intervenir en la esfera política y a asumir la conducción política desplazando a los gobernantes legítimos. Esta disposición incluye sus actitudes e ideología, su formación profesional y sus motivaciones, pues los induce a intervenir para "salvar a la patria" del caos, del desorden, de las "amenazas del comunismo": se trata de los ejércitos políticos que se convierten en dictadores militares, según la expresión de Dirk Kruitjt (2012). Estas intervenciones transfieren, entonces, la lógica interna de la organización militar, el planeamiento estratégico y el control y comando jerárquico, a la política y la Administración pública. En este periodo el primer paso hacia la toma del poder surge de las evaluaciones tácticas de la situación en la coyuntura que llevan a sopesar el riesgo en que está la permanencia del orden social y del statu quo y la factibilidad de poder asumir el poder. Para que se dé esta ruptura con el Gobierno civil constitucional los militares deben estar motivados, orientados y convencidos de su rol político para intervenir y considerar que constituyen la única salida viable para evitar un conflicto, o el ascenso de fuerzas que consideran subversivas, antisociales, destructoras. Las motivaciones que expresan una mayor sensibilidad de las fuerzas armadas a intervenir son las que surgen de la autopercepción de amenaza a su estatus dentro del sistema político y social y a la sociedad en su conjunto, la amenaza al orden instituido.

Durante esta época (desde la Guerra Fría hasta la década de los ochenta) fue muy similar la formación que recibieron los altos oficiales de los países latinoamericanos en centros militares extranjeros (especialmente en Estados Unidos, en la Army Caribbean School, rebautizada en 1962 como United States Army School of Americas) y en misiones militares extranjeras invitadas. En el contexto de la Guerra Fría el propósito formativo para los oficiales y jefes de los ejércitos latinoamericanos se orientaba a cumplir funciones de política interna, especialmente antiinsurgente; por ello, los militares no fueron neutrales en política. Debido a sus responsabilidades cívicas y nacionales, así como a la independencia de que gozaban sus oficiales, los nuevos ejércitos no fueron pasivos ni mantuvieron silencio en lo que se refería a la política. Aunque se había adelantado un proceso de profe-sionalización en las fuerzas militares, esto no garantizaría que fueran apolíticas ni se mantuvieran al margen de las decisiones gubernamentales o asumieran su subordinación ante las elites civiles (^{Rouquie, 1984}). En este contexto se dio una rápida acción política de Estados Unidos sobre todos los países de América Latina con asistencia militar, apoyo logístico, armamento, formación de militares con base en la doctrina de la seguridad nacional (entre 1950 y 1975 se formaron 71.651 militares latinoamericanos). Las fuerzas militares incrementaron su tamaño y su capacidad técnica y desarrollo organizacional, a la vez que consideraron, y así se dio en la mayoría de los países, que también podían asumir la conducción política si lo consideraban necesario (^{Fitch, 1989}).

Se configuró una clara politización de los militares. En condiciones de inestabilidad política la incondicional obediencia a los civiles y a las autoridades del Estado cedió, y pasó de la subordinación a la actuación autónoma e insubordinada: sustituyeron el principio de defensa de la institucionalidad, por las aparentes defensa de los intereses nacionales y/o lealtad a la patria y defensa de los intereses de la nación, de tal forma que las bases del clásico profesionalismo militar fueron subvertidas y se convirtieron en actores políticos, incursionaron en esferas que antes no estaban en su radio de acción, se convirtieron en cuerpos politizados. En estas condiciones, muchos sectores de las elites y/o de las emergentes clases medias recurrieron a las alianzas con militares en sus confrontaciones con otros sectores sociales o con emergentes organizaciones insurgentes en algunos países y fueron aliados en los quiebres de la democracia. Así, en la mayoría de los países del subcontinente dada la percepción que las fuerzas armadas poseían, la unidad, la devoción a los intereses de la nación, y la capacidad de estadistas que los políticos civiles carecían, el gobierno militar directo se convirtió en una obligación profesional para garantizar la seguridad nacional (^{Fitch, 1989}). Se legitimó la intervención de las fuerzas armadas en todas las esferas públicas, de forma directa mediante el gobierno, o a través de una influencia extendida y mediante virtuales cogobiernos.

La variable Estados Unidos

En esta línea de análisis estas dos variables (D y M) aparecen asociadas a todos los casos en que hubo golpes militares, con las respectivas acotaciones y advertencias sobre las tentaciones demasiados globalizantes que terminan desconociendo los matices y las especificidades. No obstante, y evitando cualquier tentación determinista, un enfoque analítico sobre las dinámicas políticas de América Latina, y en particular sobre los golpes militares, queda incompleto si no se incluye la variable externa referida al contexto internacional y la influencia de Estados Unidos en el subcontinente. América Latina siempre ha estado influenciada por este país y su política exterior y durante este periodo, hasta muy entrada la década de los ochenta, apoyó, impulsó e, incluso, financió, golpes militares en el continente. Tanto por intereses geoestratégicos como por beneficios económicos.

En esta línea de pensamiento, Alan Rouquie amplía el esquema analítico anterior al incorporar la variable externa de la doctrina de la seguridad nacional que en las décadas comprendidas entre 1960 y 1980 fue utilizada como un medio para producir un consenso al interior de las fuerzas militares. La supuesta amenaza interna (la insurgencia de inspiración marxista influenciada por la Revolución cubana) se convirtió en un pretexto para darle una base a su intervención política del ejército. Ambos, militares y EE. UU., intentaban justificar que el propósito de las intervenciones militares no era sustituir la democracia, sino garantizarla hacia el futuro, pues se asumía que estaba en peligro y había que intervenirla para preservarla.

La orientación de la política de Estados Unidos hacia Sudamérica desde la segunda posguerra hasta la década de los noventa ha pasado por dos grandes momentos. Primero, hasta finales de la década de los ochenta, pasó por una etapa basada en la pretensión hegemónica de este país sobre el hemisferio occidental en medio de la rivalidad y de la confrontación con la Unión Soviética y el bloque de países comunistas; fue frecuente el combate a Gobiernos que no se alineaban con sus intereses y concepciones y el apoyo y patrocinio a los gobiernos militares, sustentado todo en la doctrina de la seguridad nacional ⁶. Segundo, desde mediados de los años ochenta, se dio un giro que orientó su política hacia la reivindicación de la democracia, manteniendo su influencia mediante la diplomacia coercitiva, sin espacio para incursiones militares ni intervenciones militaristas. La política antidroga pasó a ocupar un lugar central respecto a muchos países de la región ⁷.

En el primer momento, desde la segunda posguerra, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina se orientó a combatir gobiernos reticentes a su hegemonía y orientados ideológicamente en contravía a sus pretensiones de "defensor hemisférico de la civilización" frente a un modelo de sociedad diferente, especialmente el socialismo bajo el liderazgo de la Unión Soviética⁸. Asimismo, se redefinió e incidió para que se replantearan las orientaciones de la mayoría de las fuerzas armadas del continente respecto a su papel en el manejo del orden interno con una orientación contra insurgente, la cual se amplió tras el triunfo de la Revolución cubana y la potencial influencia comunista en el resto del continente. A partir de aquel momento se dio la máxima prioridad a la lucha contra el "enemigo interno", que no solo eran los movimientos insurgentes sino cualquier otra movilización popular que asumiera acciones de contestación y de reivindicación frente a las políticas y decisiones de los Gobiernos⁹. Ante este eventual peligro las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria, hubiera o no hubiera revolucionarios. Estados Unidos asumía que las fuerzas militares eran el único actor con poder, cohesión y organización capaz de restaurar las posibles alteraciones del orden político y sus socios naturales por lo que considera los enemigos de la civilización occidental (^{Varas, 1988}). La seguridad nacional (interna) sustituyó a la defensa nacional (externa) y la vigilancia alarmista de los militares, alentada por Washington, les hacía ver comunismo en todas partes. Cualquier intento de cambio social, en especial si lo apoyaban los partidos izquierdistas del país, era tachado indiscriminadamente de revolucionario. Como una forma de acción "preventiva", las fuerzas armadas derrocaron a todo Gobierno al que juzgaba "blando" con el comunismo o tibio en su solidaridad con los Estados Unidos (^{Rouquie, 1994})

Los Estados Unidos y sus aliados en el subcontinente asumían que había que movilizar todos los recursos necesarios para detener las fuerzas que "amenazaban a la sociedad" y al orden establecido. El subcontinente hacía parte del juego de estrategias, de influencias y de confrontaciones Este-Oeste. EE. UU. recurrió a su poder militar; a la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); a la asesoría y tutoría de sus agregados militares ante las fuerzas armadas de estos países; a la asistencia para el desarrollo y a veces imposición por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID); a las cuotas, preferencias arancelarias y otras formas de influencia económica. Se trataba de una diplomacia activista por parte del Departamento de Estado, de financiación y asesoría a los partidos políticos; defensoría pública e información por parte de la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA). Hubo un gran flujo de capitales y de inversiones de Estados Unidos en estos países y cuando fue necesario ayudaron a derrocar regímenes con presidentes elegidos popularmente para respaldar a los militares que se tomaron el poder¹⁰. Así, mientras el presidente John F. Kennedy (1961-1963) anunciaba la Alianza para el Progreso a comienzos de la década de los sesenta eran derrocados gobiernos civiles en los países del Cono Sur y de otros países de Sudamérica; iguales posiciones asumieron Lyndon B. Johnson (1963-69), Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1973-1974, 1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (primer mandato, 1981-1985).

Las fuerzas armadas fueron el actor central de estas relaciones. Se asumía que mientras las sociedades latinoamericanas se caracterizaran por la fragmentación y la ausencia de consenso entre sus elites, ante las amenazas y el posible ascenso de la insurgencia o de sectores revolucionarios influenciados por "el comunismo internacional", el rol principal de las fuerzas armadas era proteger la soberanía de sus naciones y preservar el orden interno. Como eran los actores políticos centrales, había que remover a los líderes gubernamentales de sus puestos en cualquier momento en que el ejército considerara su conducta perjudicial para el bienestar de la nación. Estados Unidos apoyó golpes militares en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador. Las políticas de los EE. UU. con respecto a las fuerzas militares latinoamericanas fueron efectivas en la obtención de las metas impuestas: (a) establecer una influencia predominante del ejército norteamericano, (b) promover la defensa colectiva, (c) mejorar la seguridad interna contrainsurgente y antipopular y (d) impulsar un mayor uso de las fuerzas armadas en proyectos de acción cívica intentando remover algunos obstáculos del desarrollo (^{State Department, 1965}).

Pero, es claro que, como lo subraya el propio Alan Rouquié, la doctrina de la seguridad nacional y su tesis sobre la guerra interior, al ampliar el espectro de "amenazas" al orden establecido y situarlas dentro de la sociedad nacional, brindó una base institucional para la intervención del ejército, pero no la explica en un sentido determinista. Esta política se mantuvo hasta la segunda mitad de la década de los ochenta y en algunos casos tuvo un sentido más ideológico que operativo ¹¹. Durante la campaña de su primera presidencia Ronald Reagan tuvo como uno de sus ejes centrales el apoyo al combate de la penetración del comunismo en América Latina y su Gobierno expresó de forma abierta el respaldo a las dictaduras del Cono Sur, sin poner atención a los reclamos por los derechos humanos. Lo importante de los Gobiernos es que fueran amistosos y aliados de Estados Unidos, sin importar que fuesen democráticos o autocráticos.

Fuente: Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Fotografía 1 Entrevista de Augusto Pinochet y Henry Kissinger en 1976 

Con las advertencias señaladas, el enfoque para analizar los golpes militares (GM) considera estas tres condiciones contribuyentes D, M y EU y su conjugación en el análisis de su presencia y ausencia. De esta forma se puede esquematizar:

Fuente: Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Grafico 1 Reiterados golpes militares periodo 1960-1980 

A partir de un esquema de análisis comparativo cualitativo (ACC), la descripción sistemática y la relación entre variables se plantea mediante una tabla de presencia y ausencia de estas condiciones relacionadas con los golpes militares en las décadas de los sesenta y ochenta. Los países de Sudamérica presentan rasgos similares en sus estructuras institucionales, sociopolíticas y socioeconómicas y comparten las condiciones clave (D, M y EU) de igual forma que el resultado (GM). El resultado se presenta en 8 casos, mientras que en 2 países (casos negativos) no hubo golpes militares¹²:

a. Los países en los cuales se combinaron estas tres condiciones y hubo golpes militares reiterados fueron los que se incluyen en la tabla 1.

Tabla 1 Países con golpes militares reiterados 

Fuente: elaboración del autor con base en bibliografía citada.

Como se aclaró anteriormente, se trata de casos diferentes, con especificidades en sus estructuras económicas y sociales, pero todos tienen en común el mismo resultado (golpes militares) y en todos los casos están presentes las mismas condiciones: D, M y EU. Pero, estas tres variables siguen siendo muy "gruesas" y hay que entrar a contextualizar y a especificar las circunstancias y diferencias en las tensiones sociopolíticas y/o enfrentamientos entre facciones de las elites civiles, así como la diversidad de la experiencia militar, su formación profesional y sus tradiciones, su composición social y de creencias.

Fuente: Agencia de prensa Reuters.

Fotografía 2 Los dictadores Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet en 1974 

b. Los países que aun en el mismo contexto internacional de apoyo de Estados Unidos a golpes militares no tuvieron gobiernos de facto, por cuanto en ellos el posible deterioro institucional e inestabilidad sociopolítica y/o enfrentamientos entre partidos, facciones o sectores de las elites civiles nunca alcanzó una alta intensidad, ni tampoco hubo enfrentamientos en las cúpulas de las elites que coadyuvaran a animar a las fuerzas militares a tomarse el poder; en general estas tuvieron un bajo perfil y se mantuvieron al margen de los asuntos políticos o fueron incorporadas en instancias de decisión dentro del Estado. Aquí cabe el caso de Venezuela (en donde hubo mayor consenso entre las elites y reintegración social de sectores de izquierda radicalizados que se moderaron, y asimismo los militares se caracterizaron por la fuerte influencia que la Acción Democrática ejercía en su oficialidad; además, se integró a los militares en el mundo de los encargados de tomar decisiones, lo cual incrementó su autoridad y los oficiales cumplían numerosas funciones extramilitares en el sector nacionalizado de la economía y en la gestión de los programas de desarrollo) (^{Rouquie, 1994}).

El caso de Colombia, en el cual hubo una situación especial en la que se dio un largo periodo de deterioro institucional e inestabilidad sociopolítica de alta intensidad con un contexto de una política intervencionista y de apoyo a los golpes militares de parte de Estados Unidos, pero la disposición de los militares a intervenir en la esfera política y en el ejercicio directo del poder no se dio porque se estableció un acuerdo estratégico implícito entre elites políticas y fuerzas militares que implicó una militarización extendida de la sociedad, pero sin golpes militares. (i) Las fuerzas militares tenían amplias potestades, "vía libre y autonomía" en el manejo del orden público concedidas por las elites políticas a través de un cuasi permanente estado de sitio, y el ministro de Defensa era un militar, que participaba en las decisiones políticas en el gabinete ministerial; (ii) existía el juzgamiento de civiles por militares en Consejos de Guerra¹³; (iii) contaban con importantes incentivos de estatus y de posición, así como autonomía en materia financiera y organizativa; (iv) en la lógica de los pactos implícitos, los militares respetaban la forma civil de Gobierno y aceptaban que otras esferas del Estado quedaran por fuera de su control en tanto el Gobierno respetara las modalidades militares del régimen y sus privilegios; (v) ambos actores sociales reivindicaban los términos del acuerdo implícito: cuando los militares irrumpen en la esfera de la política o pretenden ser deliberativos, los civiles reaccionan y los interpelan, y cuando los poderes civiles deben afrontan decisiones que conciernen al control militar concedido, las fuerzas militares reaccionan y actúan, toman el mando cuando hay que tomarlo pues "gozan de todo el poder que desean".

De esta forma: (a) el bipartidismo mantiene una lógica de condominio del poder como prolongación del Frente Nacional y ninguno de los dos partidos o de sus facciones internas tienen que recurrir a eventuales alianzas con las fuerzas militares para acceder o mantenerse en el poder político, además, comparten proyectos políticos y sus diferencias son solo de matices, y (b) no hay golpes militares por cuanto los militares tienen el poder que requieren y los dos partidos comparten el poder y se alternan en la presidencia o compiten con ellas sin riesgo de terceras fuerzas políticas. Aunque hay actores armados ilegales en expansión, y hay múltiples problemas sociales y económicos, no hay riesgo o actores con capacidad para retar y poner en riesgo los poderes establecidos al extremo de requerirse una solución extrema de militarización del poder político¹⁴.