INTRODUCCIÓN

La ausencia de la mujer en la historiografía colonial colombiana (Rodríguez, 2004) fue resultado del particular desarrollo de esta última, en razón de su compromiso con la consolidación del Estado nacional y del territorio, como bien escribe Heraclio ^{Bonilla (2014)} en una obra de reflexión sobre la disciplina histórica. Según este autor: "la convicción de que las grandes teorías sociales no eran aptas para explicar nuevos retos" (p. 11), dio origen en las últimas décadas del siglo xx a "temas menudos" (p. 11) y el tema de la mujer fue uno de ellos. El surgimiento de nuevos conflictos basados en la orientación sexual, en el género y la etnicidad, escribe Bonilla, requirió de una explicación histórica, en la que también se incluye el tema de la mujer.

Sin embargo, aunque la historiografía sobre la historia de las mujeres durante el periodo colonial no es tan amplia, se han tratado aspectos importantes de la vida de entonces en relación con el género femenino, como el amor y su represión dogmática y social, representados en obras como la de Guiomar Dueñas (1996, 1997, 1998), particularmente, Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá (1998); la de Pablo ^{Rodríguez Jiménez (2008)}, centrada en el matrimonio en Medellín o en Bogotá, y la de Hermes ^{Tovar Pinzón (2012)}, La batalla de los sentidos. Hay otros trabajos, resultados de tesis de maestría, como son: la obra de Jorge Gamboa (2013) acerca de la dote en la Pamplona de los siglos XVI y XVII, El precio de un marido; la vida enclaustrada de las monjas en la obra de María Constanza ^{Toquica (2008)}, A falta de oro: linaje, crédito y salvación. Una historia del Real Convento de Santa Clara de Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII, y, por último, la obra de María Himelda ^{Ramírez (2000)} acerca de los niños expósitos de Santafé de Bogotá en el siglo XVIII.

Como se puede advertir, muchas de estas obras están fundamentadas en fuentes documentales de Santafé de Bogotá, Medellín o Pamplona y dejan de lado las antiguas provincias del Caribe, Cartagena de Indias, Santa Marta, Valledupar y Riohacha; aunque ahora está surgiendo una visión de la vida colonial y de la participación de las mujeres en la guerra de Independencia, que contempla otras regiones como la obra de Alonso ^{Valencia Llano (2001}) acerca de las mujeres caucanas; la de Yuly Andrea ^{Arias Barrera (2015)} acerca de las mujeres de Tunja, y el ensayo de Martha Isabel ^{Barrero Galindo (2012)}, Las mujeres en la sociedad colonial de Neiva.

Además, la historiografía sobre los periodos colonial y republicano, como en muchos campos, aún no cuenta con una amplia literatura histórica de género acerca de la participación de la mujer en la guerra de Independencia. Apenas en los últimos años se han publicado dos libros acerca de este asunto el excelente libro de Martha ^{Lux Martelo (2014)}, algunos sugestivos artículos de Ana María Serrano Galvis fundamentados en su tesis de maestría, la obra colectiva coordinada por Francisco ^{Martínez Hoyos (2012)}, además del artículo de Judith ^{González Erazo (2011)} acerca de las representaciones de las mujeres como "heroínas" (^{Quintero, 2011}) en la guerra de Independencia, donde se realiza una crítica acertada sobre cómo "la historiografía colombiana sobre las mujeres en la independencia estaba delineada desde la fantasía épica, heroica y racialmente única hacia la patria; sólo se reivindicó lo femenino si se habituaba a lo masculino" (p. 183).

Tal y como afirma Jaime Alberto ^{Camacho Pico (2010)}, "la historiografía patriótica representó la experiencia de la primera república de un modo bipolar: sólo patriotas contra españoles; se estaba con la Patria o se estaba contra ella" (p. 7). Es decir, cuando se escribe acerca de las mujeres en la Independencia se recurría a esta bipolaridad partiendo de la premisa de que, si los criollos son los protagonistas de la Independencia, por ende, sus mujeres también lo fueron¹.

En este artículo nos alejamos de esa perspectiva que ha marginado a las esposas de los militares y funcionarios reales y mujeres indígenas y nos proponemos, más bien, analizar la participación política de las mujeres, su transformación en sujetos políticos.

Para ello este artículo parte del análisis de las circunstancias de la primera república en la cual creció la participación de las mujeres en la vida pública, luego se examina su rol como abastecedoras del Ejército Expedicionario español en 1815 y el estudio culmina con el análisis de las aventuras de la cartagenera María Amador, ejemplo relevante de la participación política de las mujeres en esta época.

En el periodo colonial, como lo ha mostrado la historiografía, las mujeres tenían la obligación de procrear hijos, de cuidar del hogar y de proteger a sus esposos y a la familia. En fin, las mujeres eran reproductoras del orden social. Pero en una época de grandes conmociones como fue la primera república (^{Reyes, 2010}), la autoridad política se reduce o desaparece y el orden tiende a relajarse en medio de la radicalización política y del llamado de las autoridades reales durante la restauración monárquica de 1815 a dar cuenta del comportamiento político de los vasallos durante la primera república. Las mujeres empezaron a dar muestras de un comportamiento político durante la primera república rindiendo cuentas ante el Tribunal de la Purificación, padeciendo la crisis de la Real Hacienda en guerra mediante la entrega voluntaria o forzada de donativos, empréstitos, y contribuyendo con ganados para el Ejército Expedicionario. En esos momentos, las mujeres empezaron a verse como sujetos históricos autónomos (^{Serrano Galvis, 2014}), por lo general, reclamando las pensiones de sus esposos militares para poder sobrevivir durante la guerra, o pidiendo por sus hombres presos² difamados ante el Tribunal de la Purificación y por el restablecimiento de su honor.

Por otra parte, las mujeres expresaron sus opiniones, sus realidades como nunca antes; defendieron o desafiaron las autoridades políticas realistas o republicanas; unas consideraron su deber defender al rey abasteciendo a las tropas del Ejército Expedicionario con los ganados de sus haciendas, otras defendieron y protegieron a sus maridos militares contra los atropellos del poder de comandantes y gobernadores políticos militares. Aún es temprano para mostrar cómo el lenguaje político del liberalismo hispano desde 1808 influyó en las mujeres, pero sus acciones muestran un interés por el orden y lo que ellas creían era la libertad.

Desde la noción teórica de sujetos políticos (^{Serrano Galvis, 2016}), la cual considera que no existe una división abierta entre la esfera pública y la privada, "lo público y lo privado se hallan profundamente interconectados", por lo tanto, las mujeres participaron en un escenario cada vez más radicalizado por las armas, la opinión y los panfletos. Es en este sentido que nos proponemos analizar la participación política de las mujeres durante el periodo.

^{Serrano Galvis en su estudio de maestría (2014)} afirma que las mujeres en sus peticiones "para congraciarse con las autoridades se mostraron apegadas al ideal femenino y apelaron a argumentos como la debilidad e inferioridad mental y física". De hecho, los jueces estaban obligados a un comportamiento especial con las viudas ya que "la Escritura advierte que estas no deben sufrir malos tratos, y que, si llegan a sufrirlos, Dios oirá su clamor" (^{Torremocha, 2018}, p. 437). De allí que en los documentos de los tribunales y en las peticiones de las viudas "los términos piedad, clemencia, misericordia, gracia y perdón" (^{Torremocha, 2018}, p. 434). Se encuentran como sinónimos.

Siguiendo a Romana Falcón, esta se apoya en las peticiones realizadas por diferentes mujeres a las autoridades coloniales y republicanas donde "lo realmente importante sería identificar la manera en que les estaba permitido a las mujeres de esa época hablar sobre política, en su interacción con las autoridades, qué consideraron prudente o se atrevieron a decir, y qué forma tomó, al menos en un plano discursivo, su consciencia política" (^{Serrano Galvis, 2014})

La manera como las mujeres podían escribir sus peticiones estaba, en verdad, enmarcada en una tradición jurídica que Castillo de Bobadilla tituló Política para corregidores: "Los pobres, viudas y otras personas miserables, en qué pueden ser favorecidos" (^{Torremocha, 2018}, p. 437).

Así, la mujer hacía peticiones y representaciones³ a tribunales, gobernadores, militares y a otras figuras que detentaban el poder, para obtener el pago de la "deuda moral" que ella creía obligación del Estado con madres, viudas y otras mujeres "frágiles" dado el cumplimiento de tareas como tener hijos y protegerlos, deberes estos abrigados por la tradición jurídica y política.

Las mujeres empezaron a actuar en este juego del antiguo régimen con su cultura política y los atisbos de la modernidad política. Nos proponemos mostrar cómo las peticiones y representaciones ante las autoridades coloniales marcaron la apertura de su participación política en el contexto del proceso de la primera república, la restauración monárquica de 1815 y la radicalización de la sociedad en la guerra de Independencia y en medio de los cambios en el mundo de las sensibilidades⁴.

En términos de las fuentes documentales, en este artículo trataremos de hacer énfasis en las provincias del Caribe y, particularmente, en la provincia de Cartagena, cuya capital en 1777 era una "ciudad de mujeres" (^{Aguilera Díaz y Meisel Roca, 2009}, p. 47), pues ese año había 1128 mujeres más que hombres pertenecientes al grupo de libres. Es posible que tal tendencia continuase a inicios de la independencia cuando muchas mujeres abastecieron con ganado y arroz de sus haciendas al Ejército Expedicionario, reclamaron ante el montepío militar sus derechos a la pensión, enfrentaron ante el Tribunal de la Purificación las acusaciones de deslealtad al rey que pesaba sobre sus esposos.

GUERRA, AMOR Y POLÍTICA

Los vínculos afectivos construidos a través del matrimonio con mujeres locales de Cartagena y de Santa Marta fueron muy fuertes entre muchos militares (^{O'Byrne Hoyos, 2010}) del ejército colonial, particularmente entre los soldados; aunque como sostiene René de ^{Salinas Meza (1997)}, "los sentimientos experimentados por los esposos durante el periodo colonial constituyen todo un misterio", e igual debe decirse de los de las esposas. Empero, como sostiene en su nueva obra Del amor y otras pasiones la investigadora Guiomar Dueñas (2014), la época de la independencia vino acompañada de cambios en la vida emocional de las mujeres y de los hombres y los apegos que en este campo se empezaron a expresar en las nuevas circunstancias creadas por la guerra y la inestabilidad política en las provincias del Caribe que eran tan leales al rey.

Era claro que "las leyes del antiguo gobierno" habían sido dislocadas con la independencia, afectaban a la familia y bien es sabido que "los vínculos familiares, de amistad, clientelismo y paisanaje eran medulares para la acción política" (Suárez, 2017) Por ejemplo, Domingo Nieto, quien había marchado a la Expedición del Sur, según él "por amistad al S(eñ)or Antonio Nariño", escribe en Popayán el 4 de julio de 1814 acerca de los enormes sacrificios que hizo, entre ellos el desamparo de su única hija doncella que vivía sin el cuidado de su madre que había muerto un mes antes. Escribe Domingo Nieto que "aún las leyes del antiguo gobierno favorecen a esta hija" (AGN. Fondo Enrique Ortega y Ricaurte. Serie Generales y Civiles. 1813-1816. Caja 78, carpeta 9, f. 125r), en protesta por que le habían negado el pasaporte para marchar al encuentro de su hija y menos retirarse de una Comisaría de Guerra.

Incluso don Antonio de Amar, quien fuera virrey de la Nueva Granada, el 1 de septiembre de 1818 desde la villa de Sadaba en el Reino de Aragón, España, revelaba sus emociones acerca de su "llorada consorte", la fallecida doña María Francisca Villanova y mencionaba que salía de caza por las cercanías de la villa "para distracción de mis diversos sentimientos" y solicitaba a su apoderado en Santafé de Bogotá "noticias de su casa o palacio" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas y Órdenes. Tomo 42, f. 473r). Es decir, sentía nostalgia y añoranzas por el antiguo orden político del reino.

Las lealtades a la familia se ampliaron en el marco de la guerra y habían tocado las emociones de los soldados y de los individuos en general. En Santa Marta, el soldado Esteban Hernández de la Compañía de Granaderos de Panamá suplicó al capitán general Francisco de Montalvo que, en atención a hallarse casado en aquella ciudad, se le concediera licencia para pasar a reunirse con su familia (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 124, f. 213r). En noviembre de 1814, el cadete Vicente Moré solicitó que en vista de tener toda su familia prisionera en Cartagena, se le "mande abonar por completo su paga por no tener quien le pase las correspondientes" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 124, f. 212r); el soldado José del Carmen López manifestó que hacía dos años que no veía a sus padres que vivían en Panamá y "deseoso de reunirse con ellos se obliga a poner un hombre de conducta en su lugar" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 124, f. 215r) para que se le dé licencia⁵.

En una época de creciente inestabilidad política y rupturas, las mujeres también empezaron a expresar a través de sus representaciones sus afectos, lo que creían eran sus deberes y derechos, sus ideas acerca de los derechos y costumbres tradicionales como afirma Ana ^{Serrano Galvis (2017)}, como la protección de la familia, recordar las obligaciones del buen rey y la justicia.

Por ejemplo, en el sitio de Chiriguaná, en la provincia de Santa Marta, el 14 de abril de 1815, Francisca Xaviera Arzia, emigrada del Sitio del Banco, provincia de Santa Marta y viuda en primeras nupcias del ciudadano 1.° Voluntario de la 3.^a Compañía de la División Volante, el cabo Marcos Peña quien murió por "las balas de un cañón" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Legajo 4, f. 194r) en la defensa y pacificación del Reino cuando se tomó la ciudad de Ocaña y, por lo tanto, quedó "huérfana sola y desamparada" con tres niños menores. El comandante español Ignacio de la Ruz consideró que, en vista de que su esposo "derramó su sangre con honor en el campo de batalla" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Legajo 4, f.194r), ella era digna de las gracias de Su Majestad, es decir, de la pensión. Sin embargo, para tener derecho a la pensión de su esposo doña Francisca debía demostrar que no había pasado a segundas nupcias, mostrar la partida de casamiento y una certificación del jefe militar a cuyas órdenes se encontraba su esposo.

Por otra parte, Rita Llanos, viuda del subteniente del ejército real, Antonio del Valle, entró de lleno en el horror que la guerra le había atraído al manifestar que el día tres de enero de 1813:

me fue presiso emigrar huyendo de los vandidos atacaron esta Plaza después que habían asecinado a mi esposo en la Ciénega⁶, fue también saqueada mi casa, en donde tenía toda mi subsistencia como es público; por cuya rason me veo en el día en una total indigencia sin poder abonar al Erario público la cantidad de diez y ocho pesos cuatro reales diez y seis de contribución directa y dos pesos cuatro de la Estraordinaria⁷.

El 4 de mayo de 1816, doña Josefa Tomasa López, vecina de la ciudad de Cartagena, fue más expresiva en sus reclamos y aclara "que deseosa de reunirme con los de mi familia, suplico a V.S. se sirva franquearme su licencia para pasar a dicha Plaza con mis nietas menores" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 487r). El general Pedro Ruiz de Porras, gobernador político y militar de la provincia de Santa Marta, consideró justo concederle la licencia a quien era la "Madre política" de Ignacio Careno, presidente del "revolucionario gobierno de Cartagena".

La independencia rompió el destino de muchas personas como el de José Antonio Catalino, hijo del teniente del Real Cuerpo de Artillería. Según la viuda, Manuela Fernández, ella venía dirigiéndolo por la carrera de las Letras en el Colegio Real y Seminario de San Carlos, pero con la muerte de su esposo quedó reducida a la escasez y la posibilidad de formar a su hijo en tan distinguido colegio se frustró. Así pues, por las "combulsiones acaesidas en esta Plaza" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 761r) de Cartagena de Indias, debió darle otra carrera. Doña Manuela deseaba que su hijo se ocupara entonces en el Real Cuerpo de Artillería en Clase de Distinguido y se le destinase a "escribir", como al principio lo logró. No obstante, por bando, se destinó como soldado y fue enviado al Castillo de Bo-cachica en la ciudad de Cartagena. De allí que doña Manuela implorara la gracia concedida por el rey "para que [a] los hijos únicos de viuda" no se les ocupara en el servicio de las armas y entregaba el 14 de mayo de 1814 su representación a las autoridades acompañada de "las partidas de viudedad y bautismo de mi hijo".

Caso similar era el de Juana Valentina Hernández quien tenía sus tres hijos en el Servicio del Rey y solicitaba que se le concediera licencia a uno de ellos, a Pedro de los Reyes, para que pudiera mantener a su madre (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 124, f. 210r). Lamentablemente, la documentación refleja la exclusión de las mujeres, así que este caso como los otros apenas son mencionados.

Poco o nada sabemos de las mujeres que citaremos, pero sí es clara su decisión de defender sus intereses conforme lo muestran los registros. Los casos de mujeres que reclaman la deuda moral a través de representaciones a las autoridades recalcando los servicios al rey contra los insurgentes se evidencian claramente en la época. Cerca de la ciudad de Santa Marta, algunos indígenas del pueblo de San Juan Bautista de La Ciénaga, quienes habían ofrecido voluntariamente defenderla, murieron en los combates contra los insurgentes de Cartagena. Según la "Lista de los individuos naturales" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 4, f. 162r) de La Ciénaga que murieron y que resultaron quemados en el bongo, la canoa San Pío, a cargo del comandante Tomás Miguel Vadel, el 28 de marzo de 1814 y cuya expedición mandaba el señor comandante principal de este cantón Ignacio La Ruz.

Según dictamen de enero de 1815, a la viuda Jacoba Obispo, que había perdido dos hijos que murieron quemados en el bongo, su caso estaba comprendido en el artículo 5 del Decreto de Cortes del 28 de octubre de 1811 y en la declaratoria del 10 de marzo de 1812. Aunque en Superior Providencia se reconoció que los indios Manuel Cayetano Bobea y Ciprian Cornelio no eran "ni soldados, ni Patriotas sino buenos servidores del Rey defensores de la Patria" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 4, f. 163r), por lo tanto, la Real Hacienda socorrió a María Jacoba con apenas un real y medio por cada hijo muerto.

Otras madres y esposas reclamaron ante las autoridades coloniales del Monte Pío militar las pensiones o cualquier ayuda prometida por el rey. Ejemplo de esto son los reclamos de Juana María Caguano y Bartola Ruiz; la primera quedó viuda al morir su esposo, Juan José Anchila, en los "combates" de agosto de 1813 en las sabanas de Toribío en las inmediaciones del pueblo Ciénaga, y la segunda perdió a su nieto el 15 de agosto del mismo año en el Fuerte de Barraca (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 666r) y "es hijo, dice, de Ygnacia Bustamante mi legítima hija ya difunta" y dejó tres hijos que cuida su abuela. Habían pasado tres años de sus muertes y no habían recibido ningún auxilio de lo que Su Majestad tenía declarado para "las viudas de La Ciénega". Lo triste para esta mujer como para muchas indígenas que debían presentar un escrito, es que "no se nos ha socorrido con cosa alguna a causa [de] no haber tenido quien nos hiciera un escrito" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 666r).

Otra indígena viuda, Manuela Felipe, en noviembre de 1813 reclamaba su casa, pues había sido ocupada por "la tropa de la guerrilla" (AGN. SAA-I. Fondo Gobierno. Tomo 23, f. 478r) del rey y se le debía el arriendo. De nada le valió su reclamación, pues el virrey se opuso a pagar, por cuanto las disposiciones reales obligaban que el pueblo defendido por las tropas reales debía facilitar alojamiento a las tropas.

Luego del terrible sitio de Cartagena en 1815 por parte de las tropas del Ejército Expedicionario español, la junta del Monte Pío Ministerial del virreinato reunida en Cartagena el 13 de agosto de 1816 reconoció las graves dificultades para el pago de las viudas y de los huérfanos: "por la revolución de este Reyno" (AGN. SC. Fondo Real Hacienda. Tomo 29, f. 403v), la institución había quedado en la miseria y era igual en todas partes, pues "nunca podrá verificarse la indemnización y reorganización del Monte Pío con la presteza que han menester las viudas y huérfanos" (AGN. SC. Fondo Real Hacienda. Tomo 29, f. 403r). Por tanto, a este piadoso establecimiento del Rey se "le imposibilitaba] no solo de pagar lo que en aquel tiempo se ha[bía] devengado sino [también] continuar sus socorros a los desgraciados acreedores" (AGN. SC. Fondo Real Hacienda. Tomo 29, f. 402v) y a las familias que se habían mantenido fieles con la monarquía "en las turbulencias pasadas" como escribió el capitán general Francisco de Montalvo en 1818.

En consecuencia, la viuda del contador de las Cajas Real de Cartagena, don Juan Josef de Ujueta, doña María Mercedes Bisais, no pudo cobrar la pensión "de dos años siete meses que se me restan desde el día siete de noviembre de 1812 en que falleció mi marido hasta el siete de julio de 1815" (AGN. SC. Fondo Real Hacienda. Tomo 29, f. 242r), equivalentes a la gruesa suma de 775 pesos.

Pero no solo esta viuda, sino también muchas otras redactaron múltiples peticiones acerca de los servicios militares de sus esposos contra los insurgentes, en las que queda clara su simpatía por la causa de la monarquía, pues las provincias del Caribe eran favorables al rey.

En Río de Hacha, el 28 de septiembre de 1816, doña Juana Felipa Duarte, viuda del subteniente de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Cazadores Juan Bauta Bermú-dez, había quedado con cinco hijas doncellas menores y más grave aún "ni hijo barón que la ayude", no había recibido "más sueldo que la mitad de una gratificación de caballo" "y con el dolor de no tener con que hacer algún sufragio por el alma de su esposo" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 133, f.735r). En vista de que pasó mucho tiempo antes que se le pagase su pensión, la viuda solicitó al virrey que por "falta de individuos contribuyentes en esta Plaza" con el Monte Pío "dar un libramiento contra el fondo de las cajas de Panamá" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 4, f. 242r).

Era tal la crisis de este establecimiento, cuyas funciones piadosas era de "rigurosa justicia", que Francisco de Montalvo decidió en febrero 19 de 1818 que la junta cesara en sus funciones hasta que pudiese volver "a su antiguo pie", es decir, orden. Pero se recargaría a la Junta Superior de la Real Hacienda las funciones propias del Monte Pío (AGN. SC. Fondo Real Hacienda. Tomo 29, f. 408r), como lo representaron el 22 de abril de 1822, las reales cajas matrices de Santa Fe, con tal decisión administrativa:

Resulta que para percibir las viudas y huérfanos la parte que en el prorrateo les correspondió en un año tendrán que aguardar lo menos diez y ocho meses y si los oficiales reales no son muy exactos en la remisión de las cuentas, el socorro de los interesados se retardará proporcionalmente.

La racionalidad y la autonomía, que se creían un atributo de los hombres, fueron asumidas por las mujeres como afirma Ana ^{Serrano Galvis (2016}; 2017), y esto llevó a que su participación como sujetos políticos fuese más visible. Como ejemplo tal es el caso de la remoción del gobernador de la provincia de Santa Marta, don Pedro Ruiz de Porras en agosto de 1813.

Al respecto, dice el procurador-síndico de Santa Marta que "muchas mujeres, y algunos pocos hombres", al saber de la llegada al puerto de la ciudad del gobernador electo, teniente coronel don Gonzalo de Araméndiz se volcaron a la calle a las siete de la noche al frente de la casa del capitán general Francisco de Montalvo, solicitándole que no se removiese de su cargo al gobernador Pedro Ruiz de Porras "entretanto durase la desavenencia" entre las provincias de Cartagena y de Santa Marta, pues "no convenía se removiese al actual Sr Gobernador Don Pedro Ruiz de Porras" (AGN. SAA-I. Fondo Gobierno. Tomo 23, f. 593r).

Otro modo de expresión política de las mujeres se dio durante el sitio de Cartagena de 1815, cuando muchas de estas tomaron partido abiertamente por la causa del rey. Así lo hizo doña María del Rosario Valderrama, quien a petición del comerciante Marcos Bermin tuvo "la fineza de que alojase en su Casa ocultamente algunos prisioneros españoles" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas y Órdenes. Tomo 42, f. 243r), ya que pretendía ayudarlos a escapar. En cambio, doña Jacinta Calonge se dedicó a socorrer a los prisioneros (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas y Órdenes. Tomo 42, f. 262r) y dentro de dicha plaza se valió de su hija política, Josefa Galluzo (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas y Órdenes. Tomo 3.), pues sus criados habían sido presos, para auxiliar con pan, vino y dinero no solo a su hermano Antonio Galluzo, entonces sargento mayor del Real Cuerpo de Ingenieros, quien estaba hospitalizado y era uno de los prisioneros "españoles", sino que también atendió a otros que se encontraban en la cárcel de la Inquisición.

Doña Juana Nepomuceno de Armas reclamaba que su legítimo hermano don Juan Bautista en el año de 1812 fue recibido en el alistamiento de la partida de la guerrilla venida de Panamá a cargo de su capitán don Antonio Gamié, quien ignorando "la inbalides" de una pierna quebrada desde su niñez de su hermano, lo aceptó en su Compañía y lo condujo "a la Línea del Magdalena"; pero como aquellos puntos se perdieron, este muchacho regresó a la Plaza de Santa Marta a fines de ese año:[ahora está] "manteniéndose a mis pobres espensas de la misma forma que lo estaba antes de haver tomado aquel partido y desde que murieron mis padres, por no ser hombre para buscar por sí mismo el alimento" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes Tomo 5, f. 94r). Su hermano figuraba en una "Relación de los presos que en el día tiene este Cuerpo con expresión de sus delitos" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes Tomo 5, f. 97r) del 14 de febrero de 1815, donde figuran diez militares de los cuales cinco eran acusados como Juan Bautista de desertor.

Por otra parte, si bien no corresponde espacialmente al Caribe, el caso de Rosalía Ramos resulta interesante para mostrar cómo los acontecimientos envueltos en la venganza y el odio hicieron que se inmiscuyera en los conflictos revolucionarios y los reinterpretara al dar las explicaciones acerca de cómo había sido asesinado su esposo. En Santafé, el 28 de abril de 1815, la ciudadana Rosalía Ramos solicitaba pensión por el soldado Francisco Carrasco, quien había servido desde 1785 en Córdoba, España, y ya era subteniente de la Defensoría de la Patria retirado con 135 reales al mes por el Gobierno americano "y que los soldados de la Unión lo hicieron pedazos. Ella está muy pobre, embarazada y con los hijos pequeños" (AGN. A. A. Fondo Real Hacienda. Tomo 37, f. 196r). Un día, cuenta la viuda, "estando inerme y sin delito llegaron de repente unos soldados de la Unión y con la noticia de ser español lo arrastraron asia la calle, en donde sin darle lugar siquiera a confesarse, sin respeto a las leyes civiles ni a la religión que profesamos, lo hicieron pedazos, le quitaron la ropa que llevaba encima, y no contentos con semejante infamia entraron de nuevo y se apoderaron de quanto había" (AGN. SAA-I. Fondo Real Hacienda. Tomo 37, f. 196v).

Otro caso similar es la de doña María Juliana López, esposa de Matías Flórez, sargento 2." de Infantería de Panamá, quien envió una representación al capitán general de la Nueva Granada, Francisco de Montalvo en 1814, donde afirmó que su esposo fue víctima del "odio que le profesa" el comandante que lo despojó del "correr con la Compañía de Granaderos" y lo encarceló "con reos de delito" por ocho pesos rebajados en la distribución del mes, y "principalmente por la de hallarce mal avenidos con los Gefes" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 124, f. 202r), lo cual le había impedido su correspondiente ascenso.

En medio de las enfermedades que se desataron durante la guerra de independencia, se destaca el aporte de Rosa del Castillo, quien remitió cien pesos para los hospitales de Santafé para beneficio de los soldados enfermos del rey (AGN. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Hospitales. Caja 113, carpeta 1, f. 20r), y además había sido nombrada benefactora en la junta para establecer la Sociedad de Beneficencia. También era una mujer doña María Antonia González, la abastecedora de pan del hospital San Juan de Dios en Santafé de Bogotá, a quien se le adeudaba en septiembre de 1816 un total de 315 pesos por el pan suministrado a los militares del rey enfermos.

En otras esferas, como se mostrará más adelante, muchas mujeres comerciantes y hacendadas tomaron partido por las fuerzas del rey.

COMERCIANTES Y HACENDADAS

La participación de las mujeres en el comercio colonial y en la producción fue algo común. En el caso de Buenos Aires entre 1778 y 1810 había un total de 50 mujeres ocupadas en el comercio local y ultramarino (^{Aguirrezabala, 2011}), las cuales realizaron 105 transacciones en el periodo y quienes exportaban directamente un 84 % de los derivados de la ganadería y un 13 % a través de intermediarios⁸. En 1795, en la real fábrica de tabacos de ciudad de México, el 43 % de los trabajadores eran mujeres.

En la Nueva Granada hubo muchos casos de mujeres comerciantes que aún la historiografía no ha investigado. En el libro de contabilidad del marqués de Santa Coa, don Julián de Trespalacios, de la villa de Santa Cruz de Mompox de la provincia de Cartagena se registran treinta operaciones con mujeres a quienes el marqués les prestaba dinero como a doña María Liverata Gutiérrez, quien residía en el pueblo de Turbaco, provincia de Cartagena, y era madre de Cándido Guardería, quien fue apresado en el puerto de Pasacaballos por el "Comandante General de la Banguardia", Tomás José Morales, y alegó haber sido "mandado" por ella al sitio de Flamenco con "unos retazos de ropa" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo 2, f. 00269r) para vender y poder comer, pero cuando regresaba a Turbaco fue capturado. Son interesantes los argumentos que presenta María Liverata para obtener la libertad de su hijo. Dice que "guiado por mis consejos y su amor al Rey nunca quiso" escuchar "las máximas de quatro facciosos que se alimentaban con el sudor del pobre y de sangre ignosente". María Liverata, quien no sabía escribir ni firmar suplicaba "por el amor de Madre a hijo", la libertad de Cándido.

En Río Hacha, el 5 de julio de 1816, doña Antonia María de Peralta vendió una botijuela de vinagre para consumo de la Compañía de Cazadores de la Unión en el "tránsito por la Goagira a Maracaybo", mientras que doña Rosa Pouca vendió por 59 pesos diez arrobas de carne, diez de fríjoles a tres pesos y nueve de bacalao a peso, para bastimento de la tropa de la Compañía de Cazadores, "en la marcha que hizo a principios de mayo p(o)r la Goagira a Maracaybo" (AGN. SAA-II. Fondo Real Hacienda. Reales Cajas. Cuentas de Cargo y Data. Rio Hacha y Santafé. 1816-1819, f. 152v.), y doña Josefa Pastora prestó por tres pesos una silla de montar para un soldado asistente del teniente coronel don José María de Arce "en su paso por la Goagira a Maracaybo".

Pero las mujeres no solo le vendieron al Ejército Expedicionario, sino que algunas hicieron donativos por la causa del rey como, por ejemplo, en el sitio de El Palmar, en septiembre de 1815, María Asendra, Micaela Longoria e Ignacia Ballestas donaron cada una un caballo (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 129, f. 1000r).

En la ciudad de Río Hacha, en julio de 1815, un grupo de hacendadas de ganados figuran en lista elaborada por el coronel Anselmo Daza como contribuyentes del Ejército Expedicionario del general Pablo Morillo.

María Andrea Canabal, quien era de avanzada edad y propietaria de la hacienda de "Campo e Ingenio" llamada San Pablo, en jurisdicción de María La Baja, en nombre de sí misma y de su hermano Manuel y el presbítero Josef María y Francisca⁹, dijo que había soportado "en la pasada época" de la primera república (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 92r), la ocupación por el Ejército Expedicionario de sus haciendas cuando este comenzó el Sitio de Cartagena (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, ff. 6or-ss) y pidió el 18 de abril de 1816 que "se me devuelvan los esclavos, bestias, bueyes y ganado que no se hayan consumido en el Servicio del Exercito" (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 91v).

A pesar de su lealtad a la causa del rey, a doña María Andrea Canabal no le faltó valor para acusar al subteniente del Regimiento de León, Antonio Balmaya, militar comisionado para devolverle sus bienes¹⁰ de los desmanes en sus haciendas. Además, de lo antes relacionado, le sustrajeron un esclavo de nombre Clemente Villamil, una silla de montar, una piragua, un bote con sus aperos, seis burros, cuatro candeleros, dos atriles, un sagrario, un par de vinagreras de plata, un misal, dos manteles de altar, las empolletas de los olios (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 76V) y escribe indignada que

el negro Clemente existe en esta Plaza abrigado en su casa y la piragua la exercita en traer frutos de Santa Rosa, careciendo yo de ella para traer los de mi Hacienda y de los servicios del esclavo que ambos me hacen notable falta (AGN. SAA-I. Fondo Solicitudes. Tomo 5, f. 6ov).

Por otra parte, también hubo mujeres comerciantes proveedoras de arroz para el Ejército Expedicionario.

Otro ejemplo de mujeres comerciantes como doña Nicolasa Chirinos el 31 de octubre de 1817, las Cajas Reales de Cartagena le pagaron "por quintas partes" 903 pesos por valor de las medicinas que su botica suministró para el Ejército Expedicionario (AGN. Reales Cajas. Cuentas Generales. Cartagena de Indias, 1817-1819. Carpeta 3, Caja 19, F. 142r).

Sin embargo, también se cometía abuso contra las propiedades de las mujeres cuya filiación política no era realista, como se muestra en los casos siguientes. La viuda Manuela Egea, vecina de Cartagena, reclamó que los militares realistas le habían ocupado un bongo, una canoa, donde conducía desde su hacienda de Toribío barriles de miel que debía entregar a la Fábrica de Aguardiente. Además, le dejaron tirados su valiosa mercancía en la playa (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 119, f. 00039r) y se llevaron el bongo hasta al puerto de Pueblo Viejo para armarlo colocándole un cañón (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina, Tomo 145).

Don Simón Guerrero, teniente del Regimiento de Infantería Fijo de Santa Marta cuenta que cuando él se encontraba de guarnición en el cantón en La Ciénaga en noviembre de 1812, se enteró por los maestros de carpintería que no solo recompusieron el bongo de la viuda, sino el de la hacienda de Papares de José Nicolás Ximeno para el servicio del río y de Ciénaga hasta que abandonaron el lugar por la llegada de los enemigos y la inutilizaron en la playa de Toribío donde se encontraba la Batería de San Pedro. Más aún, la viuda lo recogió y lo llevó al puerto de su hacienda en mayo de 1813, pero el comandante de La Ciénaga, capitán don Tomás Pacheco, por disposición de Guerrero, se volvió a llevar el bongo para hacerlo pedazos y solar la explanada de la batería de San Pedro. Lo peor del asunto es que ni se le pagó el bongo ni se le dio carta de pago.

El caos y el desorden que tanto se temía, el "libertinaje" y la fractura de las jerarquías sociales la vivió doña Violante Cabarcas, quien estaba avecindada con sus padres en el sitio de Ponedera, "se vio obligada a huir a Sabanalarga quando aquel sitio fue incendiado de resultas de las convulsiones pasadas" (AGN. SAA-I. Fondo Gobierno. Tomo 31, f. 266r) y gran parte de los ganados que tenía en sus tierras del sitio del Guáimaro fueron tomados por los vecinos de ese sitio, gracias al desorden imperante. Además, se robaron otros ganados que tenía en el poblado de Ponedera y critica doña Cabarcas que "el gobierno de Santa Marta estuvo distante de librar providencia de secuestro".

En Santa Marta, el 8 de julio de 1816, doña Nicolasa de Cuentas, vecina del sitio del Guáimaro (AGN. Fondo Enrique Ortega y Ricaurte. Serie Guerra y Marina. Caja 109, Carpeta 9, f. 4r), reclamaba la cancelación de una carta de pago por 25 reses de "a cuchillo" que había entregado para el abastecimiento del Ejército Expedicionario al comisionado, capitán Narciso Vicente Crespo. En estos casos se muestra cómo el torbellino de la guerra afectó los bienes de las mujeres, de sus haciendas y las obligó utilizar los medios de la época como escribir representaciones y cartas a las autoridades político-militares, a jueces y demás funcionarios para que obrasen de acuerdo a las leyes y la buena administración de justicia. Esto demuestra que su actitud no fue pasiva, sino, antes bien, de un profundo compromiso con la lucha por sus derechos.

EL TRIBUNAL DE LA PURIFICACIÓN Y LAS MUJERES

El Tribunal de la Purificación lo estableció el general Pablo Morillo para averiguar y castigar, si fuese necesario, la conducta política de los vasallos en tiempos de la revolución de la primera república. Sin embargo, muchas mujeres se vieron envueltas en tan delicados asuntos en defensa de sus maridos, y por lo que ellas creían no eran las prácticas del buen gobierno y la tranquilidad pública. El equilibrio colonial entre la moral y la política, entre el que merecía o no el castigo se estaba rompiendo. Doña María Francisca Munive, mujer legítima del teniente del Regimiento Fijo de Cartagena, Bernardo Bravo, resultó ser una luchadora por la "seguridad individual" de quienes disentían del gobernador militar y político, don Pedro Ruiz de Porras. Manifiesta la señora Munive, el 4 de enero de 1816, que "hace 5 años, por los acontecimientos políticos de este reyno y particularmente los de esta provincia y la de Cartagena se halla ausente en el día a justificar su conducta por celos de que el gobernador de esta Plaza, don Pedro Ruiz de Porras lo atropelle antes de ser oído". Doña María solicitaba que se le permitiese a su esposo regresar de Kingston "a indenizarse de los cargos", y se atrevía a agregar en su solicitud, "que en su Purificación no tenga que ver el señor Gobernador" (AGN. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Generales y Civiles. Fecha 1820-1830. Caja 80. Carpeta 16, f. 28r), puesto que son "serias, bien sabidas en esta Plaza desde que manda dicho Señor contra las leyes y seguridad individual acreditadas principalmente con don Sebastián Masanet, y Venancio Granados y Manuel Dávila y mismo padre de José Munive y otros muchos infelices a quienes es constante tuvo encerrados por espacio de un año en el Morro sin seguirles causa, ni tomarles una reclamación" (AGN. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Generales y Civiles. Fecha 1820-1830. Caja 80. Carpeta 16, f. 28v), hasta que se fugaron y se marcharon a países extranjeros. Porras accedió en febrero de 1816 concederle al militar pasaporte para que se presentase a las autoridades de Cartagena en los términos de tres meses.

Otro caso relacionado lo padeció la señora Juana Peñalosa, a quien el Ayudante realista Joaquín Valdez le exigió una multa de setenta pesos por ser la madre del insurgente Patricio Peñalosa (AGN. Empréstitos: Deuda interior. Carpeta 2. Caja 20, f. 76v), aunque ella se negó a pagar tal suma por considerarla arbitraria.

Suerte similar tuvo la viuda del contador Andrés Pardo, doña Josefa Otálora, a quien se le debían seis meses vencidos de su pensión; pero las autoridades no indemnizaron, entre otras razones, porque ella no tenía ninguna documentación que demostrase cual fue su conducta política en la revolución (AGN. Virreyes (Francisco Montalvo). Correspondencia: Comunicaciones. Cartagena, Mompós, Portobelo, Riohacha, Santa Marta.1815 - 1816. Folios 1 - 90. Carpeta 2. Caja 1, f. 60).

En otro caso se pedía negociar la pena de un pariente. Doña Concepción Quezada, vecina de Santafé, el 11 de diciembre de 1816, quien defendió a su sobrino Bruno Espinosa, el cual se encontraba preso desde hacía nueve meses en la Real cárcel de Corte, por no haber podido reunir los 200 pesos de multa exigidos por el Consejo de Purificación, ya que, según la tía: "él es mui pobre, está distante de su casa y familia" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina. Tomo 135, f. 166r) y apenas ha podido recoger la cuarta parte. Doña Concepción solicitó que debido a su pobreza, y a los nueve meses de cárcel que había sufrido su sobrino, se le condonase los 150 pesos restantes.

Por su parte, el caso de María Riveros, en Santafé, fue el más ilustrativo acerca de la represión del Tribunal de la Purificación contra las mujeres. María Riveros, quien ejercía de revendedora en el "pueblo de Bogotá" fue desterrada luego de la entrada de Bolívar a esa ciudad; ella solicitaba se le suspendiera "para volver a recidir en esa ciudad, como lugar de [(...) su] vecindario [(...) y aseguraba] de que jamás se arrepentirá" de la conveniencia de atender favorablemente su petición. (AGN. SAA-I. Fondo Purificaciones. Tomo 3 f. 29r).

Tales decisiones fueron percibidas por las mujeres afectadas como atropellos de las autoridades reales y, en consecuencia, actuaron de manera activa para escribir representaciones, hacer peticiones para cambiar las decisiones que las afectaban

La penosa situación vivida por las mujeres no solo se vinculaba con personajes desconocidos. Mención especial merece doña Rafaela Isasi, mujer del marqués de San Jorge, don José María Lozano Maldonado y Mendoza, quien residía en la Corte de Madrid. Esta mujer se vio obligada a acreditar y defender la conducta leal de su marido: [...] quien por comisión del virrey Antonio Amar hizo la Expedición a Río Hacha contra los ingleses a las órdenes del teniente general Antonio de Narváez, manteniéndose de su peculio y sin el menor gravamen a la Real Hacienda [...] También destacó que su esposo había cumplido la delicada comisión de viajar a Quito a pacificar ese reino a satisfacción del virrey y del presidente de Quito, Conde Ruiz de Castilla; [...] además, añadió que de Guayaquil viajó a Cartagena a tratar con el diputado para las cortes, Narváez, asuntos importantes del reino [...] y que tales servicios, le merecieron el grado de coronel [...] Agregó que, justamente estando en Cartagena, se produjeron los trastornos en la Capital [...] adonde marchó temiendo por su familia ser expuesta "a las tropelías, y al hambre" (AGN. SAA- I. Fondo Purificaciones. Tomo 3, f. 257r), y cuando las tropas pacificadoras del rey entraron a Santafé, [...] con placer y obsequios alojó al comandante Sebastián de la Calzada [...] y fue tal su alegría que colocó en su balcón el retrato del rey. Es decir, se había cometido un atropello contra un vasallo leal al rey y a la monarquía.

La guerra permitió que muchas facetas de las mujeres se asomaran a la vida pública, y no justamente como "oprimidas", lo cual quedó registrado en los documentos como veremos. Una señora viuda de Santa Marta prestó 200 pesos a las Cajas del Tesoro público real con la expresa condición "de servir para la construcción de cureñas y no para otro objeto" (AGN. SAA. Fondo Gobierno. Tomo 23, f. 566r) los cuales se les pagaría "de los caudales que vengan de Panamá" (AGN. SAA-II. Fondo Real Hacienda. Correspondencia. Caja 5, carpeta 1, f. 22).

EL PREMIO A LA FIDELIDAD

En el periodo fue claro el interés de exaltar el papel de la mujer en estos años de guerra. Como no había duda de la participación política de las mujeres a favor de la causa del rey, de sus contribuciones pecuniarias para sostener la guerra, se consideró apropiado resaltar con un premio. En Lima, hubo un cambio favorable en el ritual político durante la transición de la colonia a la república donde las fiestas cívicas resaltaron a la mujer (^{Ortemberg, 2011}).

En Caracas, donde la violencia revolucionaria y la restauración monárquica fue cruenta, doña María Josefa Matos, mujer de don Domingo Manterola había solicitado al rey, en 1815, que le concediera "la gracia de poder llevar al cuello mi Real busto con el lema de Fiel Venezolana, en premio de sus servicios y adhesión a [(.) su] Real Persona en las dos revoluciones de aquellas provincias" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas, Tomo 42, f. 462r); pero por dicha causa fue perseguida por el gobierno hasta el extremo de haber sentenciado a su marido a ser pasado por las armas.

En consecuencia, el rey ordenó al Consejo de Indias, en 1818, le propusiera "una distinción para todas las mujeres" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 462v). Así pues, dio orden a todos los virreyes para que distinguiesen la fidelidad activa de las mujeres que habían padecido con las revoluciones, como doña María Josefa Matos, y les diesen la distinción de una medalla de oro orleada y coronada con su busto y que en el reverso dijera... "El premio de la fidelidad de las americanas"; por este hecho, tal real orden debió ser conocida en el virreinato de la Nueva Granada, por lo que puede decirse que la participación política de las mujeres en la guerra no fue un asunto aislado.

Justamente, en la ciudad de Santa Marta, al año siguiente de la solicitud de doña María Josefa, el 3 de mayo de 1816, el reverendo obispo fray Manuel Redondo y Gómez erigió una Casa de Niñas Huérfanas y Desvalidas (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 125v), pues estaban expuestas a las corrosivas consecuencias morales y políticas que se vivía y en donde "se harán felizes las niñas" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 125r). Además, se reconocía que las mujeres "se han distinguido hasta coger muchas las Armas en defensa de los derechos de la Corona" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 125v).

Esa Casa de Educandas, era "un premio a su fidelidad" (AGN. I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 125v) y daría preferencia a "las huérfanas de españoles" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 123v) que pudiesen dar ochenta pesos anuales para ayudar con sus gastos. Además, no podían ser menores de siete años y se dividirían en tres clases (la primera desde 7 años a 12, la segunda desde 12 a 15 y la tercera hasta los 20 años. Otro motivo para la construcción de la institución era la evidente "multitud de niñas huérfanas de Padres honrados que no tienen más amparo" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 125v).

Por su parte, el ayuntamiento cedió cien varas de terreno para la construcción de la Casa de Huérfanas, que se llamaría San José, la cual acogería entre treinta y cuarenta niñas (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 122v). En la Casa, las niñas "vestirán igualmente con peynado modesto y decente y sin adornos que sirven a la vanidad mundana" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 123r), se prohibían "los bailes, novelas y comedias y papeles provocativos" y solo podrían salir de la casa "en comunidad" a las fiestas de la iglesia. Según deseo del obispo debía estar situada "arriba en la Plaza de la parroquia de San Miguel" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 128r) y con la costura, la labor de manos, el beneficio del algodón, la elaboración de encajes y otras manufacturas peculiares del país se podría sufragar la alimentación y vestuarios "decente y proporcionado a su clase" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 126r). Además, solo se admitirían las niñas "de regular limpieza en su linage" (AGN. SAA-I.

Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 123v) y la construcción de la casa se haría con limosnas y "lo que sobrare del medio real de Aguardiente", es decir, con "el residuo o sobrante del medio real que sobre cada frasco de Aguardiente del que se destila en todo el obispado" y "para la dotación de Cátedras del colegio Seminario", que ascendería a mil pesos. El documento proponía que mientras se construía el establecimiento, se alquilara una casa "donde se recoj[ier]an las niñas con sus maestras" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 126v). Sin embargo, era un alivio la educación a las huérfanas y sin herencia en la medida en que se salvarían "de entregarse por necesidad a la torpeza y prostitución" (AGN. SAA-I. Fondo Reales Cédulas. Tomo 42, f. 127v). No obstante, tal solicitud resultaba extraordinaria debido a la "decadencia en que se hallan los habitantes de Santa Marta por haver sostenido a toda costa por espacio de cinco años, una guerra continuada contra insurgentes", y no la podría financiar como afirmaban los miembros de la sala capitular como Ignacio Díaz Granados, Mateo Mozo, Miguel de Bustillo y otros.

Mientras la actitud leal con el rey era premiada, se consideró una conducta política altamente condenable, la de aquellas mujeres que tuvieran una relación con los insurgentes. Por ejemplo, el 55 % de las 114 mujeres recogidas, es decir, recluidas en el contexto de la guerra de Independencia, en la Nueva España fueron encarceladas por una relación de parentesco (^{Robinson, 2010}) con los insurgentes. Además, sus comportamientos fueron duramente calificados y, en particular, los de aquellas relacionadas con la insurrección, es decir, la Independencia. Por ejemplo, "en una noche oscura" de Popayán, el 17 de agosto de 1817, el alcalde ordinario de Popayán, Felipe Gruesso afirma que entró a la casa "que habitan varias Mugercillas desconseptuadas en el lugar por sus costumbres y por su conducta en el Partido de la Ynsurrección, habiendo encontrado en ella obreros, sargentos de la tropa que guarnecen esta ciudad y un Caballerito de Familia" (AGN. SAA-I. Fondo Historia. Tomo 26, f. 738r).

El mayor castigo por lo que se juzgaba como inmoralidad sucedió en la ciudad de Honda, según recordó¹¹ en 1819 el ciudadano Manuel Rivadeneira, los hechos más notables del primer gobernador realista, don Donato Ruiz de Santacruz después de la entrada de las tropas "españolas" fue que además de capturar "a todos los que habían servido a la Patria de sargento para arriba" (AGN. SAA-I. Fondo Historia. Tomo 26, f. 738r), mandó a "pacear en un Burro" a don Blas Caicedo y obligó al maestro de platero Mariano Pérez le diera setenta azotes y "mandó asotar montado en un Burro a un mulato esclavo del ciudadano alcalde ordinario Pedro Diago por haver tosido y escupido en la Yglecia" (AGN. SAA-I. Fondo Historia. Tomo 26, f. 738v). De igual manera, obligó a "pacear en una Burra por toda la ciudad a unas Mugeres" (AGN. SAA-I. Fondo Historia. Tomo 26, f. 738r), aunque desconocía cual fue el delito de estas "para que sufriesen ese castigo" (AGN. SAA-I. Fondo Historia. Tomo 26, f. 738v).

A pesar de lo anteriormente señalado, la situación no era de blanco y negro. Según las declaraciones de los hermanos Pedro y Antonio Araujo de la ciudad de Valledupar, en julio de 1822, dos esclavos de la señora Joaquina Bolaños que nacieron en abril "no los ha querido bautizar dicha [mujer] esperando el regreso de los españoles para que no sean libres" (AGN. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Comandancia Militar. Caja 17, Carpeta 23, f. 68r). También hubo casos violentos como el que protagonizaron María Encarnación de Salas y su consorte José María Rodríguez, quienes fueron acusados en el 29 de marzo de 1824 de asesinar a su esclava Teresa Rodríguez (AGN. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Comandancia Militar. Caja 29, Carpeta 3, f. 155r).

LA CRIOLLA PRINCIPAL DE CARTAGENA

La historia de la cartagenera María Amador¹² de Pombo, la viuda de José Ignacio de Pombo constituye otro ejemplo de las mujeres que asumieron su condición de sujetos políticos como ciudadanas de la república en medio de los avatares de la guerra de Independencia en el Caribe. Su tragedia tiene cierto parecido a la de otra "criolla principal" (^{Quintero, 2008}), la caraqueña María Antonia Bolívar quien debió marcharse de Caracas a La Habana. María Amador debió huir de Cartagena de Indias a Panamá por el miedo que les produjo los caraqueños y los franceses revolucionarios.

Doña María Amador de Pombo huyó de Cartagena el 5 de diciembre de 1815, en vísperas de la entrada de las tropas del Ejército Expedicionario que "forzaron y burlaron la vigilancia y pasaron por entre las balas de los Castillos". Era la primera vez que esta criolla encumbrada salía de los muros de la ciudad y con rumbo a otro país, junto con un grupo de señoras de la sociedad cartagenera que también huyeron con algunos hombres, al parecer ingleses y criollos, en la goleta La Armiñona, cuyo capitán era Mr. Sifren. Los prófugos afrontaron tan mala suerte que, por torpeza del capitán o por desconocimiento de la ruta, fueron a parar a sotavento de las costas del río Chagre, donde fueron apresados, en enero de 1816, por la goleta Nuestra Señora del Carmen, llamada La Flecha. Esta nave había salido en corso del puerto de Portovelo, el 26 de diciembre de 1815, armada por las costas de ese puerto hasta el río Toro con un cañón de 8, 25 fusiles con sus municiones y pertrechos, y 25 machetes y 25 lanzas.

El segundo capitán de La Flecha, José Gallardo, de 48 años, declaró que encontró a los 40 pasajeros de la goleta insurgente, quienes le solicitaron que los condujesen a los cayos de San Luis o a Jamaica, donde tenían sus fortunas, propuesta a la que accedió "y les abrió confianza", por lo cual algunos le dieron "prendecitas". El pardo Antonio Siprian declaró que en la goleta iban como 200 pasajeros, pero que en lo que fue una terrible navegación, muchos habían muerto de hambre en la playa, y otros, habían desembarcado en las costas de Veraguas y de Coclé. La carga de la goleta insurgente la componían 144 fusiles con sus bayonetas, dieciocho barriles de pólvora, una caja con cartuchos de cañón, tres cañones y una de bronce de grueso calibre metralla y balas.

En marzo de 1816, María Amador reclamaba en Portovelo sus alhajas al capitán y las de doña Ana de Pombo, y cantidad de dinero que, seguramente, ellas llevaban para negociar y sobrevivir con sus familias. Bedoya respondió que si bien recibió de Esteban Pombo alhajas y dinero, este no se contó y fue embarcado en un arca sin llaves y llamó a los escritos de María Amador como "calumniosos" y en tono soberbio afirmó que: "Yo no me mezclaré en ser de acusador de D.^a María Amador, pues a las autoridades toca juzgarlas si ha delinquido". Pero la acusó de haber emigrado de la ciudad de Cartagena "cargada con porción de insurgentes y cargada de pertrechos de guerra para los Cayos de San Luis" (AGN. SAA-I. Fondo Guerra y Marina, Tomo 145, f. 00253v).

De regreso a Cartagena, el 19 de junio de 1816, doña María Amador afirmó "que llevada del temor que le infundieron los caraqueños y franceses en el gobierno revolucionario quando fue citiada" la ciudad por las tropas del Ejército Expedicionario deliberó emigrar con toda su familia y llegó al puerto de la ciudad de Portovelo "después de pasar mil travajos y extravíos en la navegación" donde fue despojada de todo su caudal, representado en esclavas, dinero y alhajas, y del cual una parte de la relación era:

primeramente dos Rosarios de perlas engarsados en oro, Uno de colmillo de Caimán también en oro, Otro de Granates también en oro, Otro id. Granates chico lo mismo, Otro de carey también en oro, Dos de corales uno engarsado de feligrana, Uno cordena de China, Otro de eslavon con relicario guarnecido de perlas, Otro de media Naranja con relicario de oro, Otro de Bejuquillo con su Relicario, Una grande de Argollitas de Perlas puestas en oro, Dos pares de Panderetas de oro unas largas y otras Redondas, Dos pares de Argollas de oro, Unos aretitos de tumbaga, Otros grandes de huevitos de tumbaga, Unos aritos de oro con aguantes negros, Dos pares de aretes Yngleses, Dos sortijas de diamantes, Una de Diamantes con una esmeralda en medio, Una de topacio rodeada de piedras.

Además de las alhajas, en la goleta insurgente habían diecisiete esclavos, de los cuales la mayoría pertenecían a la "S.^a D.^a " Ana Amador y Pombo: le correspondían Felipa Pombo, Manuela Santur, Nicolasa de Álamo, Manuela Narváez, Juana Matías Gaviria; a "Madama Are", yerna de la Amador, le correspondía María Florentina Escobar; a María del Carmen Córdova se adjudicaba la propiedad de la esclava Cristina Esquina, y, finalmente, a Doña Joaquina García le pertenecían Juana María Renmer y Dominga Clemencia. Otra mujer, doña Mariquita Pombo, reclamaba como su esclavo al hombre Santiago Pombo.

Según la versión patriótica, contra los emigrados como doña María Amador, la Junta de Secuestros actuaba con "más encono" contra sus bienes, es decir, le confiscaban todo. En efecto, a María Amador le embargaron en la ciudad el "aguar de las casas, sus bagillas, carruajes y otras cosas se repartieron entre los jefes" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00229v) españoles. Muchos bienes suplieron las necesidades del virrey Montalvo, del gobernador Torres, del coronel de León Cano, del subinspector de artillería Pardo, del secretario del Gobierno Garnier. No era poco lo que había adquirido la Real Hacienda con la venta de los bienes de la Señora Amador, unos 5707 pesos (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00235r) y sobre ese valor mil pesos de empréstito forzoso.

Aunque fue indultada en abril de 1816, comenzó a expresar su opinión y a luchar por la devolución de sus alhajas y esclavos para lo cual le dio un poder a Pedro de Ayarza. La criolla cartagenera dijo por ejemplo, "que por su sexo no debía concide-rársela criminal por sólo haber emigrado".

Seis años después, ya en la República, la señora Amador continuaba querellando por sus bienes. El 22 de enero de 1822, la viuda de Pombo se presentó ante el intendente general Mariano Montilla y le explicó que al entrar las tropas del Ejército

Expedicionario a la plaza de Cartagena le embargaron sus bienes y si bien fue indultada, y se ordenó la devolución de sus propiedades, "jamás lo consiguió sino en mui pequeña parte" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00238v).

De aquellas propiedades perdidas, María Amador se propuso recuperar una esclava de nombre María Bautista de la Torre con su hijo llamado Francisco Pombo, quienes habían sido rematados "por el gobierno español" y adquiridos por el regidor Lázaro María Herrera y Paniza como parte de pago de lo que había este había suplido a la Real Hacienda en un empréstito de 1816.

A pesar de que Herrera sabía que ella había sido indultada y se había ordenado devolverles los bienes y esclavos, y aunque ella le advirtió sobre el asunto, este "se atrevió a tomarlos, y por tanto se hiso responsable". La Amador "no se atrevió hacer reclamación alguna porque bien sabida era la opresión en que todos yacían, y por tanto lo dejó para mejor tiempo." El mejor tiempo era la República.

Lo interesante de la demanda interpuesta ante el intendente del Magdalena¹³ por la señora Amador, fundamentada en una providencia del "Libertador-presidente" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00238r), es que nos permite conocer su opinión política. Por ejemplo, ella pedía que los "Yndependientes sean indemnizados de los daños que recibieron del gobierno opresor de españoles" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00218v). Comentario muy político en la Cartagena de comienzos de la República, que debía tener presente el sitio de la ciudad, apenas siete años atrás por el Ejército Expedicionario y las presiones fiscales de la Real Hacienda sobre la población en forma de donativos y empréstitos obligatorios. Al parecer resultó favorable para la viuda, pues el intendente resolvió el 22 de marzo de 1822 que Lázaro María de Herrera debía devolver los esclavos o el importe de su valor (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00226v).

La disputa colonial por la propiedad de dos esclavos se revistió del lenguaje republicano de llamar, por ejemplos a los contrincantes con el título de ciudadanos. Don Lázaro María de Herrera y Paniza no se quedó atrás y sus primeras palabras en el poder que otorgó "a qualquiera de los procuradores del Número de la Alta Corte de Justicia de Bogotá" para apelar la decisión a favor de la viuda, comienza recordando que es comerciante de "Cartagena de Colombia" y termina el escrito de fecha 8 de mayo de 1822 en la "ciudad de Cartagena de América" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00223v).

Saturnino Araújo, procurador apoderado de la señora Amador, afirmó que su defendida no fue indemnizada por la Real Hacienda y les correspondía a "los poseedores o compradores de los bienes sequestrados a responder" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00235r). Más aún, Saturnino Araújo afirmó: "Presindo de la legalidad o ilegalidad con que el Gobierno español confiscó los bienes de mi parte" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00235v); también consideró que la compra de las propiedades como la realizada por Lázaro Herrera "cooperaba a la ruina y exterminio de los Patriotas: es degradante" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00236v); por tal razón su terca defendida quedaba "gravísimamente perjudicada" por el regidor Lázaro María de Herrera y Paniza, quien había sido demandado por la compra "en remate público al gobierno español" (AGN. SAA-I. Fondo Particulares. Tomo II, f. 00217r) de unos esclavos que pertenecían a la señora María Amador de Pombo.

CONCLUSIONES

La historiografía sobre el periodo colonial en el Caribe solo había dado a conocer el nombre y las actividades comerciales de mujeres destacadas como la marquesa de Valdehoyos o la marquesa de Torrehoyos, pero la guerra de Independencia evidencia el protagonismo político de muchas mujeres de todas las calidades en los acontecimientos de este agitado periodo en el Caribe y en otras partes del virreinato. La guerra de Independencia trastocó las jerarquías sociales y dio la posibilidad a mujeres indígenas, criollas comerciantes del Sinú, ganaderas de la ciudad de Riohacha, cultivadoras de maíz y simples viudas de entrar con voz propia en el convulsionado escenario político local en medio de la disolución de la Hacienda Real y la construcción de nuevas identidades políticas. Nuevas investigaciones deberán ampliar estas primeras conclusiones.