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Presentación
A primera vista la participación de los comerciantes en el Cabildo de Cartagena de Indias durante los años comprendidos entre 1750 y 1810 parece apenas obvia ya que mientras aquellos constituían el sector más representativo de las elites de las ciudades mercantiles y portuarias1, esa institución era el centro político y administrativo de la vida municipal hispanoamericana, y controlaba importantes aspectos de sus jurisdicciones territoriales (Langue, 1992, pp. 371-393; Saguier, 1992, pp. 89-124; Bertrand, 2000, pp. 61-80; 2011, pp. 11-34; Machuca, 2014)2. Casi todos los estudios realizados sobre las relaciones entre las elites y las formas de poder coloniales reconocen la existencia de esa relación. Sin embargo, en los últimos decenios las investigaciones que aplican los modelos de las redes sociales y la prosopografía (Martínez, 1993; González, 1994; Ponce, 1998, pp. 107-190; Bertrand, 2014, pp. 25-40; Birocco, 2015; 2017, pp. 311-340) han complejizado de mejor forma los análisis sobre las relaciones que nos ocupan, aminorando la explicación monocausal que asumía como un hecho natural que los conflictos entre distintos sectores de las elites solo eran expresiones de las continuas desavenencias entre criollos y españoles.
Desafortunadamente, la pérdida de los archivos locales de Cartagena (Alcaldía, Cabildo, escribanías, judiciales y eclesiásticos) no permite aplicar esos modelos, pero esta carencia se puede suplir analizando las relaciones entre las elites y el Cabildo mediante la reconstrucción y el cruce de los listados de comerciantes y de los regidores durante la segunda mitad del siglo XVIII, así como también se aprovechan los documentos que registran los conflictos referidos a privilegios (por ejemplo, las diputaciones que representaban a los consulados de Cádiz y Sevilla) y el desempeño de las regidurías. Es la misma dirección que ya había tomado por Peter Marzahl (2005, pp. 71-94; 2013, pp. 91-113) en sus estudios sobre el caso de Popayán de los siglos XVI y XVII, cuando periodizó la vida del Cabildo basándose en los distintos sectores que entonces hicieron presencia, la movilidad económica y social de la elite, y los relevos generacionales y de intereses que se escenificaron en esa institución.
Algo parecido ha hecho Julián Ruiz (2007b, pp. 199-221; 2009, pp. 407-424) al estudiar la composición del Cabildo de Cartagena de los siglos XVI y XVII mediante la reconstrucción de listados de los regidores, las formas como accedían a los cargos (elección, compra y designación), el tiempo de duración en el ejercicio de las funciones y la condición social de los elegidos. Ruiz ha mostrado que en las regidurías concurrieron individuos de procedencias geográfica tan diversa como en sus ocupaciones económicas, y que hasta un poco más allá de mediados del XVII esto corresponde al periodo del control ejercido por los encomenderos, los beneméritos de la tierra y algunos de sus descendientes. Según el historiador en mención, el establecimiento de la venta de las regidurías potencialmente abrió las puertas del cabildo a quienes cumplían con los requisitos establecidos y podían comprar los cargos, situación que estaba en relación, por una parte, con las necesidades pecuniarias de la Corona, y, por otro lado, con el ascenso de los comerciantes que se habían convertido en prestamistas y donantes de dineros a la monarquía. Al centrarse en las compras de las regidurías, Ruiz (2007b, pp. 199-221; 2009, pp. 407-424) establece dos periodos a lo largo de ese siglo. Durante la primera mitad un núcleo de cabildantes, criollos y extranjeros, controló todos los resortes del poder municipal y lograron resistir y algunas veces salir airosos en sus disputas con los gobernadores de la plaza y provincia. Pero en la segunda mitad de ese siglo, decayó el valor de la venta de los cargos de cabildantes, y la tendencia predominante fue la de los regidores "cadañeros" o "añales", es decir, escogidos para desempeñar el cargo solo por un año. La contraparte de esta constatación fue que una de las constantes más persistente en la vida administrativa de Cartagena era la renuencia de los notables a formar parte del cabildo, lo que creaba espacios que eran copados por algunas personas y familias interesadas en instrumentalizar de los cargos de la Administración municipal como palanca para conseguir prebendas y reconocimientos3.
Sin embargo, exceptuando algunos trabajos (Ripoll, 2006; Cuño, 2009 pp. 293310; 2017, pp. 186-203; O'Byrne, 2006; Ariza, 2015, pp. 97-122), es notoria la ausencia de estudios sobre esas relaciones referidos a la segunda mitad del siglo XVIII. Durante buena parte de ese siglo el Cabildo padeció la pérdida de atribuciones ante el poder de los gobernadores militares y de la alta oficialidad del Ejército y de la Marina, dada la creciente necesidad de defensa y fortalecimiento militar del puerto, que originó no solo la dependencia de la ciudad del gobernador, sino también de las decisiones de las autoridades de Madrid, todo en desmedro de la mencionada corporación (Ruiz, 2007a, pp. 1-19; 2007b, pp. 199-221). El estado de las investigaciones y de la documentación explorada aún no permite afirmar que esa pérdida de protagonismo del Cabildo en la administración de la ciudad haya influido de tal manera en sectores de notables que declinaban asumir un cargo en esa institución a participar en la compra de las regidurías, hasta el punto de provocar que virreyes y gobernadores asumieran atribuciones para designarlos provisionalmente en calidad de interinos (regidores "añales"). No obstante, es posible sostener que el constante proceso de renovación que vivió el sector de comerciantes gracias a la continua llegada de traficantes españoles, y las diferencias entre residentes y avecindados4, influyó en la resistencia a desempeñar cargos de cabildantes, pues los primeros, que estaban matriculados en los consulados de Cádiz y de Sevilla, gozaban de privilegios jurisdiccionales (por ejemplo, ser juzgados y dirimir sus conflictos de acuerdo a las normas de esos consulados y no por la justicia ordinaria local), de los que carecían los segundos, y esa misma condición les permitía negarse a desempeñar las regidurías en la medida en que no figuraban como vecinos de Cartagena.
Ambas situaciones empezaron a revertirse durante el último cuarto del siglo XVIII, cuando las mejores condiciones que empezó a ofrecer el crecimiento poblacional de la ciudad y la entrada en vigor del reglamento de libre comercio de 1778 llevaron a que un grupo de comerciantes se interesara en recobrar algunas de las atribuciones del Cabildo y frenar las competencias jurisdiccionales de los otros poderes (Gobernación civil y militar), e intentaron convertirlo en un espacio para la defensa de sus intereses. Para alcanzar esos fines, ese grupo que había crecido durante la segunda mitad de ese siglo tuvo que superar los conflictos en su interior entre los avecindados y los residentes. Ese dominio se reforzó gracias a que durante el último cuarto del XVIII y el primer decenio del XIX, hijos de comerciantes empezaron estudios de jurisprudencia en el Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de Cartagena (creado en 1778) (Vanegas, Solano y Flórez, 2020) para luego trasladarse a universidades de Santa Fe de Bogotá a culminarlos. Durante el tránsito entre esos siglos los comerciantes de Cartagena contaban con un grupo de jóvenes abogados en quienes delegaron las funciones de regidores (Ripoll, 2006, pp. 76-86,157-160), lo que les permitió concentrarse en crear el Consulado de Comercio en 1795.
Aunque es difícil realizar clasificaciones ocupacionales en las elites debido a la diversificación de las inversiones (comercio, tierras, esclavos, ganados, bienes inmuebles), así como por los vínculos matrimoniales y de parentesco y por las distintas funciones desempeñadas (Gómez, 1985, pp. 329-348; Ripoll, 2006, p. 19), dicho factor ocupacional es clave en el presente análisis para explicar conflictos al interior del sector de los comerciantes en razón de los privilegios ligados al lugar donde estaban matriculados (consulados de Cádiz y de Sevilla y en la Universidad de Cargadores), y sus implicaciones en la condición de residentes o de vecinos, y, por tanto, frente al desempeño de cargos en la administración de la ciudad.
Teniendo presente las perspectivas historiográficas señaladas, el presente artículo consta de tres partes. En la primera analizamos algunas características del Cabildo (condiciones para integrarlo e impedimentos), las resistencias a formar parte de esa institución y las soluciones ensayadas por las autoridades superiores. En la segunda parte examinamos la composición de la institución en distintas épocas de acuerdo con los sectores sociales y económicos que lo integraban. Y en la tercera estudiamos las relaciones de los comerciantes con el Cabildo, con énfasis en las razones que explican que durante mucho tiempo no hayan tenido un constante interés por formar parte de esta institución, y como a partir de 1780 esa presencia se hizo significativa. El método que hemos aplicado ha sido el de reconstruir los listados de comerciantes y de los regidores a partir de la información de diversos fondos del AGN de Colombia, para luego proceder a cruzarlos y determinar la cantidad de comerciantes que se desempeñaron como regidores, así como el número de años que dedicaron al ejercito de tal cargo. Con base en los estudios adelantados hasta ahora sobre de redes familiares del tránsito entre el XVIII y XIX, también resaltamos los vínculos que establecieron los comerciantes de la ciudad.
Algunas características del Cabildo y competencias jurisdiccionales
Como ciudad, plaza fuerte, capital provincial y sede del obispado, Cartagena tenía tres centros de poder: el Cabildo; la Gobernación, ejercida por un alto oficial del Ejército o de la Marina, y el obispado con el cabildo eclesiástico. Según las leyes de Indias la base del cabildo eran los regidores propietarios que compraban sus cargos en subastas públicas mediante el pago de una suma de dinero a la Corona, o por adquisición a quienes hacían dejación de sus plazas. Estas curules compradas pasaban a ser patrimonio familiar, y podían venderse o nuevamente se sacaban a remate público5. En principio los regidores propietarios debían controlar el Cabildo y buena parte de la Administración municipal (García, 2000, pp. 89-110; Ruiz, 2007b, pp. 199-221; 2013, pp. 101-123; Gómez, 1980, pp. 279-311; McFarlane, 2005, pp. 237-241).
El Cabildo de Cartagena debía estar integrado por doce regidores propietarios mediante compra de los cargos en subastas públicas o por medio de compras a quienes hacían dejación de ellos. Si los regidores propietarios no completaban el número, se designaban regidores interinos, también llamados "añales" por el tiempo que debían prestar el servicio a la república. El Cabildo designaba a dos alcaldes ordinarios (de la ciudad y provincial de acuerdo con sus jurisdicciones territoriales), un alguacil mayor, un depositario general, un mayordomo de propios, un síndico procurador general, un alférez real y cada dos meses se rotaban dos diputados de abastos por la ausencia del cargo de fiel contraste de abastos6. Entre los regidores propietarios se escogía a un regidor decano en función de la antigüedad con la misión de presidir las reuniones del cabildo.7
Durante los siglos XVI y XVII el Cabildo de Cartagena tuvo importantes atribuciones (distribuir solares urbanos y tierras realengas, el abasto de la plaza, aranceles y control de precios de artículos de primera necesidad, distribución de agua potable, designación de maestros mayores de algunos oficios artesanales, aseo público, recaudos de importantes impuestos, llamados "propios"), y fue un factor de empoderamiento de los beneméritos de la tierra descendientes de los primeros conquistadores, hacendados, encomenderos y comerciantes. Pero en una ciudad marítima con funciones importantes en la defensa militar del Imperio, y, por tanto, con grandes concentraciones militares y con atribuciones de primer orden de la alta oficialidad, como también epicentro del obispado, los conflictos jurisdiccionales entre esos poderes fueron continuos. Desde los inicios del siglo XVIII y debido al protagonismo alcanzado por los militares, luego de los estragos causados por la toma del barón Pointis (1697) y del asedio de la escuadra naval inglesa dirigida por el almirante Edward Vernon (1741), vio menguar sus atribuciones frente al aumento del poder de los gobernadores militares y de la oficialidad del Ejército y de la Marina. Las continuas crisis de abastecimientos dieron pie a prácticas venales por parte de los regidores del Cabildo (Navarro, 1981, pp. 173-214), lo que, a su vez, obligó a la intervención de las autoridades superiores. Por ejemplo, el abasto de la ciudad, aspecto que debía regular el Cabildo, al ser deficiente debido a las dificultades naturales del territorio de la provincia, y al ser una ciudad marítima, fue asumido por la gobernación civil y militar y en muchas ocasiones hasta por los virreyes, para garantizar el abastecimiento de las tropas y de los habitantes8. Y cuando la ciudad vivió continuas crisis de abastecimientos (entre la toma de 1697, el asedio inglés de 1741, y unos decenios más del XVIII), algunas veces se subsanaron mediante permisos para importar alimentos de colonias americanas de imperios y a través del contrabando (Grahn, 2005, pp. 19-53).
Con respecto a los beneméritos de la tierra, los comerciantes tuvieron de su parte dos hechos favorables: la abolición en 1737 del sistema de flota de galeones que hasta entonces era el único medio que garantizaba el tráfico comercial al interior del Imperio, y, por tanto, esta novedad ofrecía la anhelada libertad para el intercambio mercantil que fortaleció y los agentes del sector. Y años más tarde, a partir de la expedición en 1778 del reglamento de libre comercio que entró en vigor luego de la guerra con Inglaterra (1778-1783), se renovó el grupo de comerciantes, hecho que se reflejó en la composición de los miembros del Cabildo.
La crisis del Cabildo se expresó en la precaria presencia de postores en los remates de esos cargos, en las continuas renuncias de quienes los ocupaban, y en las renuencias de otros a aceptar los nombramientos en interinidad. En 1744 el virrey Sebastián de Eslava se arrogó la designación de los regidores interinos en Cartagena, los que estuvieron en el cabildo hasta 1749 cuando nuevamente fueron reemplazados por otros "añales", siguiendo un procedimiento que se convirtió en costumbre para así completar el número de cabildantes. Esta práctica fue refrendada en 1753, cuando el virrey de la Nueva Granada elevó una consulta ante las autoridades de Madrid sobre qué hacer frente a la ocupación temporal de las regidurías y las oposiciones de los notables de ciudad de Panamá, Portobelo, Veraguas, Santos, Chiriquí a ocuparlas, lo que llevó a emitir una real cédula que estableció que las designaciones provisorias eran obligatorias y que no se aceptaban negativas ni renuncias.9 Esta disposición se convirtió en una especie de doctrina argüida por algunos virreyes y gobernadores de Cartagena para asumir la atribución de designar a regidores "añales". En 1755, luego de un pleito del año anterior en el que el Cabildo de Cartagena enjuició a dos de sus integrantes,10 el virrey José Solís ordenó que fuese la misma corporación la que se encargase de designar a dichos miembros11.
Entre 1771 y 1773 renunciaron cuatro cabildantes, y como pese a los continuos pregones que se hicieron no se presentaron postores, a los virreyes Pedro Messía de la Zerda y Manuel de Guirior se obligaron a nombrar regidores "añales".12 En el primer año no se había logrado que los doce cabildantes de la ciudad tuvieran sus cargos en propiedad mediante remates públicos. Y en 1773 el síndico procurador se lamentó ante el gobernador por las mencionadas renuncias de los regidores en propiedad y la declaración desierta de los cargos ofrecidos en remate o sacados a subastas públicas, por lo que el virrey Pedro Messía de la Zerda reasumió el nombramiento de esos regidores. La real cédula de 1758 se adujo en 1777 por parte de las autoridades de Cartagena para intentar subsanar la situación de interinidad existente desde mediados de la década de los cincuenta del siglo XVIII. En aquel año 5 regidurías estaban vacantes y el resto eran ocupadas en provisionalidad.13 En otras ocasiones se veían obligados a renunciar por considerar que el desempeño de esa dignidad menoscababa la atención de sus negocios particulares, como hizo en 1801 Juan de Francisco Martín, quien dimitió del cargo de regidor perpetuo y solicitó atenderlo solo en condición de regidor de número14.
La resistencia al ejercicio de esos cargos se debía a diversas razones. La primera, más no la más importante, era que para muchos no era llamativo ejercer cargos honoríficos que no representaban ingresos y sustraían tiempo a otras actividades personales, y esto llevaba a las autoridades superiores a hacer frecuentes llamados de atención a quienes detentaban esas funciones para que cumplieran con sus labores.
Esa renuencia para ocupar las regidurías y la consiguiente interinidad se observa en los listados de cabildantes que hemos elaborado para 43 años del tiempo comprendido entre 1749 y 1810. Los listados corresponden al 70,5 % del total de aquel periodo durante el cual 147 nombres (ver cuadro 1), entre nuevos y los que se repiten, aparecen en los listados de regidores que hemos reconstruido. De esa cifra, el 82 % ocupó regidurías entre 1 y 5 años (el 40% del total corresponde a quienes ejercieron el cargo solo por 1 año); el 11,8 % entre 6 y 10 años, y el 6,2 % entre 11 y 17 años. El predominio de quienes solo estuvieron en las regidurías entre 1 y 5 años indica que en su mayoría fueron regidores "añales", y expresa cierto nivel de dificultades para una institución cuyo funcionamiento fue rediseñado de manera que funcionara con base en los regidores perpetuos que compraban sus cargos.
Cuadro 1: Cantidades de cabildantes y años de ejercicio en las regidurías, 1749-1810
| Años en el cargo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regidores | 62 | 26 | 16 | 12 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| Años en el cargo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
| Regidores | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Fuentes: Elaboración de los autores con base en: AGN, Sección Colecciones Especiales, Colección Enrique Ortega Ricaurte, fondo Cabildos, Caja 8, carpeta 1, doc.2, ff.2r.-v.; AGN, SC, EP-B, leg.10, ff.42v., 136v.-137v.; leg.27, f.156r.; leg.17, ff.761r.764v.; leg.26, ff.371r.-372r.; leg.27, ff.845r.-v.; leg.26, ff.394r.-395r.; leg.12, f.54r.; leg.21, ff.965r.-v.; leg.4, ff.347r.-433r.; leg.12, ff.802r.-v.; AGN, SC, fondo Cabildos, leg.4, ff.931r.-v.; leg.6, doc.2, f.40v.; leg.4, doc.3, ff.25r.-v.; leg.7, doc.3, f.73v.; leg.4, doc.2, ff.11r.-v.; leg.7, doc.3, ff.139v.-140r.; leg.4, doc.46, ff.959v.-960r.; leg.5, doc.19, ff.612r.-v.; leg.5, doc.19, ff.612r.-v.; leg.5, doc.2, ff.106v.-107r.; leg.2, doc.18, ff.661r.-v.; leg.11, doc.88, ff.1077r.-v.; AGN, SC, fondo Policía, leg.3, doc.3, ff.130v.-y4r.; leg.3, doc.3, ff.131r.-134v.; leg.7, doc.3, ff.47r.-v.; leg.3, doc.5, ff.1778r.-v.; leg.2, doc.12, f.265v.;AGN, SC, fondo Abastos, leg.14, doc.9, f.112r.; leg.10, doc.15, ff.598r.-634r.; leg.2, doc.4, ff.57r.-v.; AGN, SC, fondo Miscelánea, leg.143, doc.25, ff.138r.-139r.; leg.143, doc.5, ff.135r.-v.; leg.76, doc.26, ff.169r.-176r.; AGN, SC, fondo Alcabalas, leg.14, doc.20, ff.629-640; AGN, SC, fondo Milicias y Marina (MM), leg.56, doc.135, f.1029r.; AGN, SC, fondo Temporalidades, leg.1, doc.84, ff.767r.-v.; AGN, SC, fondo Curas y Obispos, leg.3, doc.9, f.881v.; AGN, SC, fondo Impuestos Varios, leg.7, doc.2, f.26r.; leg.7, doc.2, ff.39r.-v; Archivo General de Simancas-España, Secretaría de Estado y Despacho de Guerra (AGS, SEDG), leg.7085, exp.8, ff.nr., 42r.; AGN, SC, fondo Negocios Exteriores, leg.2, doc.8, f.235v.; AGN, Sección Archivos Anexos (SAA) I-17, fondo Historias, leg.5, doc.36, ff.426r.-427r.; Durán y Díaz, 2012, p. 267; Corrales, 1883, pp. 57-58; Quien es quien en Colombia, 2010, pp. 109-114.
Al lado de quienes desdeñaban estos cargos hubo personas y familias que se interesaron por pertenecer y mantenerse en el Cabildo comprando las regidurías (Ponce, 2011, pp. 145-167). Esto tenía que ver con un aspecto de la sociedad colonial que apenas empieza a estudiarse para otras latitudes: las familias de los notables constituían el principal centro de conservación del poder en esa época, y se esmeraban en mantener la limpieza de sangre, la prestancia, la estimación social y el prestigio de la fama pública. Las unidades familiares de las elites constituían redes sociales ampliadas que integraban tanto a los parientes consanguíneos como también a personas extrañas que se iban involucrando a ella por distintos medios como matrimonios, redes clientelares sociales, políticas y de servidumbre15. Al respecto se puede leer entre líneas en la historiografía referida a cómo los cambios de preeminencias entre distintas franjas de las elites se expresaron en sus relaciones institucionales (Cabildo, Ejército e Iglesia) y sobre cómo extendieron sus redes para dominar esos organismos de poder (Meisel, 2005, pp. 311-330; Borrego, 1997, pp. 303-316; 2005, pp. 1049-1070; Cuño, 2017, pp. 186-203; 2009, pp. 293-310; Ripoll, 2006, pp. 40-62, 103-125). Análisis a nivel micro y a partir de la unidad familiar, muestran que la familia del vecino notable era el nudo que permitía constituir redes de poder a través de matrimonios y alianzas y de vínculos de patronazgo con relación a franjas de sectores de subordinados.
La información resumida en el cuadro 1 y haciendo falta información para 18 de los años comprendidos en ella, permite observar que algunas familias y personas ejercieron los cargos de regidores durante varios años. Los García del Fierro (padre e hijo) por 23 años (entre 1764 y 1810); los Escobar (padre e hijo) durante 21 años (entre 1751 y 1810); Juan Fernández de Moure por 17 años (entre 1770 y 1802); Nicolás Antonio de Luiz durante 15 años (entre 1764 y 1794); Juan Nicolás Rodríguez Aguilar fue regidor 14 años (entre 1758 y 1784); José Izquierdo 13 años (entre 1784 y 1804); Isidro José Blanco Treive durante 12 años (entre 1782 y 1797); José de la Barzena y Respuela por 14 años (entre 1761 y 1784); Gregorio Gómez de Humarán por 10 años (entre 1786 y 1797); Tomás Ambrosio Durán 9 años (entre 1751 y 1770); Nicolás del Villar y Coronado 9 años (entre 1774 y 1794); Manuel José de la Vega durante 8 años (entre 1787 y 1795).16
Beneméritos, Cabildo y renovación de comerciantes
Al estudiar los entronques entre la elite (incluyendo a los extranjeros) y el poder en Cartagena durante los siglos XVI y XVII, Julián Ruiz analizó la composición del Cabildo mediante la reconstrucción de listados de sus integrantes, las formas como accedían a los cargos (elección, compra y designación), el tiempo de duración en el ejercicio, mostrando la presencia de individuos de diversas procedencias geografías y con distintas ocupaciones económicas. Durante esos siglos tuvieron mayor protagonismo en la vida política la alta oficialidad militar y los propietarios de la tierra, viejos funcionarios servidores del rey, o recién llegados que se habían avecindados en poblaciones de la provincia distintas a Cartagena, y que llegaron a ser propietarios de las haciendas, del ganado y de los esclavos (Ruiz, 1996, pp. 104-123; 1995, pp. 91-116; 2007c, pp. 366-367; 2013, pp. 101-123; Borrego, 2010, pp. 86-148, 262-277, 304, 354-357; 1992, pp. 301-334; Tovar, 1980; García, 2000, pp. 89-110). Al centrar su estudio en la compra de las regidurías, Julián Ruiz establece dos periodos a lo largo del siglo XVII. Durante la primera mitad de esta centuria cabildantes criollos y portugueses controlaron todos los resortes del poder municipal. Pero en la segunda mitad de ese siglo, decayó el valor de la venta de los cargos de cabildantes, y la tendencia predominante fue la de los regidores "añales", es decir, escogidos para desempeñar el cargo solo por un año. Durante varios decenios de ese siglo una de las constantes más persistente en la vida administrativa de la ciudad era la renuencia de los notables a formar parte del Cabildo. Esa resistencia creaba espacios que eran copados por algunas personas y familias interesadas en hacer de los cargos de la Administración municipal una palanca para conseguir prebendas y reconocimientos (Ruiz, 2007b, 199-221; 2009, pp. 407-424).
Para el siglo XVIII Carmen Gómez ha indicado que las expediciones militares y comerciales que llegaron a la ciudad en 1699 y un año después al Darién, luego del asalto del barón Pointis (1697), renovaron la sociedad local, pues se le confirió un gran protagonismo a los militares y comerciantes, y en la medida en que se entroncaron con las familias de la elite local alcanzaron a dominar durante la primera mitad del siglo XVIII. Según la interpretación de esta historiadora, desde comienzos de esa centuria se vivió un proceso de confluencia, no exento de conflictos, entre el sector de comerciantes y la alta oficialidad de españoles recién llegados y los beneméritos criollos, con el cual surgió a un sector que dominaría la ciudad durante ese siglo. A su entender se trata de un sector difícil de clasificar por sus ocupaciones debido a desempeñaba distintas funciones económicas y administrativas, y sus integrantes establecieron una intrincada red de parentesco (Gómez, 1985, 329-348).
La reconstrucción de los listados de regidores nos indica que hasta mitad del siglo XVIII los propietarios de tierras y militares componían la mayoría en el Cabildo. Del decenio de los cincuenta contamos con los listados de 8 años, en los que hacendados y militares tuvieron la mayoría en esta corporación. Por ejemplo: en 1751 el 57,1 %; 1753 el 63,6 %; 1754 el 55,6 %.17 El abastecimiento de carnes y de harinas de la ciudad y los empréstitos concedidos y los auxilios prestados a las autoridades cuando el asedio de 1741, y posteriores préstamos para cubrir déficit de gastos en tropas, les dio preeminencia a estas familias en la vida de la ciudad.18 Luego de la guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1741) las provisiones de carnes habían tenido en Melchor Navarrete, Fernando de Mier y Guerra y Andrés Madariaga (conde de Pestagua), a sus principales protagonistas por privilegios concedidos por las autoridades virreinales, provinciales y el Cabildo (Tovar, 1980, pp. 93-117; Navarro, 1981, pp. 173-214). En 1762 el mencionado conde, por medio de Antonio Villalba, su abogado y regidor, logró que esta entidad le aprobara el privilegio de prelación en el abasto y pesa de ganado para la carnicería de la ciudad, prerrogativa que mantuvo gracias a que su yerno, Francisco Simón Miranda, fue regidor19. Y así mismo consiguió la provisión de harina en los marqueses de Valdehoyos20 y del Premio Real.
Sin embargo, a lo largo de la década de los setenta del mismo siglo las autoridades centrales del virreinato empezaron a atacar algunos privilegios de estas familias21. El punto de quiebre de ese dominio, y, a su vez, del comienzo de un mayor protagonismo por parte de los comerciantes, fue el tema del desabastecimiento de carnes y de harinas de la ciudad, lo que ocasionó conflictos cuyos desenlaces favorecieron a aquellos en detrimento de los beneméritos. Los argumentos varían entre los historiadores al explicar el por qué solo después de la promulgación del estatuto de libre comercio de 1778 fue que los comerciantes empezaron a mostrar un creciente interés por controlar la administración de la ciudad. Según María T. Ripoll para la segunda mitad de ese siglo el sector de hacendados, algunos con títulos de nobleza, fue perdiendo la preeminencia social en la ciudad debido al ascenso del sector de comerciantes, quienes disfrutaban de las prerrogativas por ser los intermediarios del monopolio comercial de España con sus colonias. teniendo una mayor movilidad social que aquellos, los comerciantes se renovaban con cierta frecuencia, mientras que los primeros eran más estables en la provincia y algunos habían creado vínculos de mayorazgo que les permitía tener títulos nobiliarios (Ripoll, 2006, pp. 40-60).
Aunque carecemos de información sobre las cantidades de comerciantes que había en Cartagena durante la primera mitad del siglo XVIII, lo que permitiría realizar un ejercicio comparativo más detallado, con base en los documentos consultados podemos afirmar que durante el resto de ese siglo el sector dedicado al tráfico mercantil con España vivió una continua renovación. Con el propósito de mostrar esa constante renovación, hemos elaborado el cuadro 2 basándose en algunos listados de las personas vinculadas al tráfico mercantil, que nos permiten hacer un seguimiento a la permanencia de sus nombres en distintos años. Los hemos clasificados en comerciantes y mercaderes siguiendo lo que la documentación de archivos nos indica. Los últimos arriba mencionados se encontraban por debajo y con fortunas menores con relación a los grandes comerciantes, pero, a su vez, con negocios de mayores dimensiones que los pulperos que se ubicaban en el último peldaño del tráfico mercantil formal. La mayoría de los mercaderes tenía "tienda pública abierta"22. Los grandes comerciantes los reconocían como sus "abonados del comercio", expresión que indicaba que gozaban de los créditos que les otorgaban. El acceso al crédito y las ventas a una escala intermedia entre las de al por mayor que realizaban los grandes comerciantes (se decía que vendían "al tercio en sus casas") y las ventas al detal de los pulperos, eran unas de las principales características del comercio realizado por los mercaderes. Estos vendían "por varas en sus tiendas públicas"23. Estaban por encima de los pulperos, dueños de pequeñas tiendas en las que ejercían el comercio al por menor. Un alegato de 1803 adujo las diferencias entre mercaderes y aquellos: "En la acepción común se distinguen unos de otros entendiendo por mercaderes los que negocian y comercian con ropas y otros efectos mercantiles, y por pulperos a los que proveen de abastos y mantenimientos a los pueblos comprando por junto para vender por menudo"24.
Cuadro 2 Comerciantes y mercaderes en Cartagena, 1742-1805
Fuentes: Elaboración de los autores a partir de: AGN, SC, fondo Consulados, leg.4, doc.8, ff.475v., 490r., 564r.-v.; AGN, SC, Miscelánea, leg.81, doc.10, ff.115r.-127v.; AGN, SC, Aduanas, leg.20, doc.15, f.809v.; leg.12, doc.17, ff.733r.-354r.; leg.2, doc.10, ff.323r.-v.; leg.13, doc.16, ff,102r.-211r.; leg.6, doc.23, ff.188r.-197v.; AGN, SC, fondo Caciques e Indios, leg.32, doc.48, ff.437v.-438r.; AGN, SC, MM, leg.68, doc.158, ff.788r.-791v.; leg.8, doc.37, ff.703r.-704v.; leg.118, doc.57, ff.353r.-354r.; leg.42, ff.159v.; leg.70, f.1012r.; leg.57, f.1050r.; leg.13, ff.1016r.-1054v; leg.86, ff.1072r.-v.; leg.88, ff.30r.-31r.; leg.8, ff.703r.-709r.; AGN, SAA I-6, fondo Comercio, leg.1, carpeta 2, ff.31r.-43v.; AGN, SC, Abastos, leg.10, doc.12, f.567r.; AGN, SC, CVD, leg.6, doc.19, ff.77r.-81v.; AGN, SC, Miscelánea, leg.44, ff.945r.-958v.; AGN, SAA III-3, Real Hacienda, subfondo 77, Alcabalas; AGN, SC, CVD, leg.6, ff.70r.-74r.; Gallard, 1797, pp. 510-514; 1800, pp. 498-500; Pedraja, 1976, p. 124.
Los comerciantes, en su mayoría españoles, están señalados en el periodo 1742/1805, y los años 1757/1797 figuran los mercaderes, y de estos solo 4 fueron regidores. Advertimos que en la medida en que los intervalos de tiempos registrados (por ejemplo, 1792/1795 y 1796/1797 son años continuos) no son uniformes las cantidades de nuevos comerciantes se reducen.
La lectura de las fuentes en que se soporta este cuadro permite señalar que hubo varios ciclos de renovación de ese sector. En términos generales, entre 1756 y finales de ese siglo se duplicó la cantidad de comerciantes, pero la cita empieza a decaer en el primer decenio del siglo XIX. Algo parecido aconteció con los mercaderes, cuyo número se triplicó en número entre 1757 y 1777, y luego disminuye de forma pronunciada para finales de ese siglo. Ese crecimiento y caída al parecer guarda relación con el incremento del número de los grandes comerciantes, que posiblemente desplazó a los medianos traficantes. Durante los años reportados, el promedio porcentual de renovación de ambos sectores fue del 62 % respectivamente, aunque en el tiempo que comprende el cuadro se pueden distinguir algunas fases. El grupo de comerciantes de 1742 prácticamente desapareció por los efectos de la guerra con Inglaterra (1739-1742), y con la previa abolición, en 1737, del sistema de flota de galeones. Los inscritos en el periodo1756-1760 eran nuevos con relación a la anterior columna, y su presencia se extendió hasta unos años antes de la expedición del reglamento de libre comercio (1778) y de la guerra con Inglaterra (1778/1783) (Pedraja, 1976, pp. 107-128). En la columna 1773/1774 los nuevos comerciantes, con relación a la columna (1756/1760) representaron el 89 %. Otro crecimiento significativo se operó luego de culminada la guerra con Inglaterra (1778/1783), y, por tanto, la entrada en vigor del aludido reglamento de libre comercio. En la columna correspondiente a 1784/1787 el sector de comerciantes se renovó en un 76 % con relación a los años de las anteriores columnas. Los cinco años de duración de la mencionada guerra marcó una inflexión, pues se detuvo el tráfico mercantil trasatlántico y muchos comerciantes se vieron abocados al cierre de sus negocios, a recoger sus inversiones y a retornar a España. De los años anteriores a la paz, la que vino en 1783, solo pervivieron 5 comerciantes en la siguiente fase. Pero para los años de 1785/1787 en adelante, el crecimiento del número de comerciantes, como lo ha señalado Anthony McFarlane, fue producto del reglamento de libre comercio y luego de la normalización del tráfico mercantil que siguió a la mencionada guerra, y se renovó con el arribo de nuevos los comerciantes. El primer decenio del siglo XIX fue difícil para este sector y nuevamente se observa una caída, explicada por el Consulado como producto de la crisis que había producido los 16 años de guerra (1792/1809), pese a unos cortos intervalos de paz, y por el contrabando.25 Esos ciclos fueron explicados en 1805 por Manuel de Anguiano, acucioso testigo de la época, como resultado del reglamento de libre comercio que había dividido entre muchos los gruesos caudales del comercio que antes pertenecían a unos pocos:
Se ha dicho que desde el comercio libre desaparecieron aquellos caudales que se reunían en pocas casas, y que con el clandestino han disminuido los que empezaron después a fomentarse, y así en el día solo se cuentan con 6 a 8 casas que pueden girar por sí solas; de 12 a 16 que giran en compañía; y de 10 a 12 por comisiones. Por consecuencia, el número de comerciantes de algún caudal se han reducido a unos 30 o 32 en esta forma: doce desde la cantidad de 100.000 a 200.000 pesos; y sobre veinte desde 30.000 a 50.000; quedando otros individuos que giran de 20.000 pesos abajo (Anguiano, 1805, f. IIv.).
Esa movilidad se debió a la continua renovación de este sector por la partida de algunos buscando mejores oportunidades o por quiebra debido a los ciclos del tráfico mercantil y a las guerras interimperiales, la llegada de otros, el ascenso de dependientes a la condición de comerciantes (ver cuadro 1). Y también se debió a la resistencia de muchos comerciantes españoles para avecindarse en Cartagena debido a los privilegios que sacaban de permanecer matriculados en los consulados de Cádiz y Sevilla, y de no ser vecinos sino solo residentes en aquella ciudad (Herzog, 2006, pp. 47-106; Juan y Ulloa, 1748, p. 40). Esta situación cambió durante el último tercio de ese siglo cuando se desmontaron esos privilegios y se creó el Tribunal de Comercio (dos diputados de los comerciantes residentes y matriculados en el comercio de España, y dos diputados de los avecindados en Cartagena), antecedentes del Consulado de Comercio fundado en 1795.
Comerciantes y Cabildo
La diferencia entre ser residente o vecino se reflejaba en las condiciones exigidas y argüidas para ejercer cargos en la Administración local. Los comerciantes que desempeñaron cargos de servidores de la Corona durante buena parte del siglo XVIII lo hicieron al avecindarse, pero esto les implicó la pérdida de la jurisdicción española. En otros términos, la participación o no en cargos de la Administración de la ciudad por parte de aquellos, dependió de una jerarquía de privilegios, que cuando empezaron a ser desmontados e igualados (a nivel interno por el Tribunal de Comercio creado por el virrey Pedro Messia de la Zerda, y a nivel del Imperio por el estatuto de libre comercio), llevó a un cambio de actitud frente al avecinda-miento y ante la función pública.
Una clave que explica el interés de los comerciantes en el Cabildo se revela cuando cruzamos los listados de comerciantes y de los cabildantes con el crecimiento demográfico de Cartagena de la segunda mitad del XVIII. Como ya se anotó, esa institución regulaba el abasto de la ciudad, y, por tanto, un mercado en expansión obligaba a interesarse en controlar el organismo que lo regulaba. Según un censo eclesiástico del primer año, entre 1751 y 1772 se duplicó la población de la ciudad pasó de 7.856 almas de confesión, sin incluir al batallón de Pie Fijo26, a 14.299 personas Precisó el informe del obispo Diego de Peredo (1972, p. 132). El resumen del padrón de 1778 presentado da la cifra de 16.361 habitantes entre el recinto amurallado, y las parroquias ubicadas en la bahía interior27. Cuando recorrió la costa Caribe neogranadina (1792-1804), el geógrafo Joaquín Francisco Fidalgo (2012, p. 118) indicó que Cartagena tenía una población de 15.887 personas. Y para 1805 el ingeniero Manuel de Anguiano decía que "[...] la población no pasa de 17.000 almas, incluso el vecindario extramuros [...]", pero sin incluir al ejército que para ese entonces estaba compuesto por 1.300 militares (Anguiano, 1805, f. IIV.). En total, en un lapso de 55 años la población de la ciudad creció en un 117 %. A esto hay que sumarle el crecimiento de la tropa debido a la creación del regimiento Fijo con dos batallones, el funcionamiento del Apostadero de la Marina con la matrícula de la mar28, que hicieron del aprovisionamiento de estas fuerzas de defensa un pingüe negocio.
El aumento de la población y de las tropas para la defensa corrieron concomitantes con algunas situaciones que hicieron posible el interés de los comerciantes por controlar los mecanismos que regulaban el abasto de la ciudad. El incremento de los trabajos en los sistemas defensivos inyectó gruesas sumas de dineros a la economía de la ciudad. Los situados destinados para las defensas (Serrano, 2004; Meisel, 2012, pp. 193-211) y otros mecanismos que se utilizaban (empréstitos de comerciantes y de las cajas reales de la ciudad) cuando aquellos tardaban, se irradiaban de forma asimétrica entre todos los sectores sociales de la ciudad (Solano, 2019, pp. 195-232), estimulando el comercio. Además, también influyeron la expedición del Reglamento de libre comercio (1778) al interior del Imperio, y las crecientes coyunturas de escasez de alimentos (Solano, 2018, pp. 549-588) que llevaban a conceder permiso para traficar desde colonias extranjeras.
A esto se sumó el interés en contrarrestar el poder de la Gobernación29. Y luego de la creación del Consulado de Comercio (1795), esa inclinación disminuyó teniendo en cuenta la disponibilidad de este vigoroso instrumento que les permitía intervenir en el diseño de políticas económicas, tener privilegios y enfrentar de mejor manera a los demás poderes que existían en la ciudad.
Durante el último tercio del siglo XVIII se asiste a un creciente empoderamiento del sector de los comerciantes. Un primer nivel lo lograron mediante a los entronques matrimoniales con mujeres de las familias beneméritas de la ciudad. Y los otros niveles fueron la ascendente presencia en el Cabildo, y la creación del Consulado de Comercio en 1795. En efecto, los comerciantes que llegaron durante el último tercio del siglo XVIII se insertaron en redes familiares notables establecidas desde tiempo atrás, con lo cual se originó un provecho en doble dirección. Estas familias renovaron el protagonismo que tenían en la vida económica, social y política de la ciudad, y, a la vez, en esas redes sociales ya construidas los comerciantes hallaron un medio para diversificar sus actividades hacia otras esferas. De esta manera, encontraron una vía expedita para concentrar poder político y sumar, a sus redes económicas, representadas en traficantes menores a los que daban mercancías a créditos, las nuevas redes sociales y políticas en que participaban (Lohmann, 1990; Meisel, 2005; Ripoll, 2006, pp. 19-60, 161-174; Pedraja, 1976, pp. 120-125).
Los casos de varias redes familiares ilustran esa retroalimentación y beneficios mutuos. La familia Martínez de Aparicio, comerciantes y propietarios de tierras y funcionarios de la Corona, fue el centro de entronque de los comerciantes Gregorio Gómez de Humarán y de Juan Francisco Martín, dos de los comerciantes con más poder en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX. Y la familia Navarro de Azevedo lo fue de Prudencio Gómez de Humarán y de los Paniza, y estos estaban relacionados con Lázaro María Herrera30. Algunas de estas familias, como los Navarro de Azevedo, habían concentrado un poder político a través de cargos en el clero, la burocracia, en el Ejército y en la Tribunal de la Inquisición31. Otra familia poderosa con la que también emparentaron algunos comerciantes, fue la de los López Tagle, cuyos miembros se habían enriquecido agenciando la adquisición de bienes inmuebles y en cargos en el Tribunal de la Inquisición. Con esta entroncó el comerciante Martín Leguina32. Y otros casos son matrimonios con viudas de comerciantes que venían a ofrecer parecidos beneficios como fueron los casos de la viuda del comerciante Francisco Simón Miranda y de Luisa Llerena Polo de Águila, quienes contrajeron segundas nupcias con Juan Fernández de Moure y José Antonio Bossio respectivamente.
Ya para finales del XVIII los comerciantes del tráfico con España constituían un grupo endógeno en sus uniones maritales. Ocupaban las principales dignidades públicas de la ciudad, y lograban ubicarse en cargos de la Inquisición33; además, concentraban puestos en la oficialidad de dirección del batallón de milicias blancas. Se esforzaron por conseguir que sus hijos fueran beneficiados con becas de estudios en las universidades de Santa Fe de Bogotá, que los llevan a convertirse en abogados y sacerdotes (Ripoll, 2006, pp. 157-160). Y de igual forma, se empeñaron en que sus hijos se consagraran al sacerdocio y en que obtuvieran elevados empleos de dirección de la Iglesia. Además, la creación del Consulado de Comercio en 1795, si bien las iniciativas para su fundación data desde mediados del decenio de los ochenta, les permitió contar con órgano de poder y de salvaguarda de sus intereses, y que tuvo una jurisdicción especial en toda la Nueva Granada (McFarlane, 1983, 43-69; Sourdís, 1990; Ripoll, 2006, pp. 63-76; Múnera, 1998; Cuño, 2009, pp. 311-348; 2017, pp. 186-203).
Paralelamente a con esos esfuerzos, también se dio una creciente presencia en el Cabildo. De los 146 nombres que hemos registrado durante los 43 años con los que contamos información para el tiempo transcurrido entre 1749 y 1810 (ver cuadro 1), logramos averiguar las principales ocupaciones del 75,5 %, y con esta información elaboramos el cuadro 3. De los 147 cabildantes, a 65 (el 44,2 %) los identificamos como comerciantes sobresalientes. Como es de suponer, en una ciudad cuya principal actividad económica era el comercio, la elite en buena medida se dedicaba a él y ello se reflejaba en la integración del Cabildo. La presencia de estos en esos cargos venía desde tiempo atrás, aunque con alguna resistencia por el tiempo que demandaba, como también porque muchos de los comerciantes estaban matriculados en el comercio de España y para mantener los privilegios que les otorgaba esa condición, no se avecindaban en la ciudad.
Cuadro 3: Principales ocupaciones regidores 1749-1810
| Principales ocupaciones | Cantidades | % |
|---|---|---|
| Comerciantes | 65 | 44,2 |
| Abogados | 16 | 10,9 |
| Militares | 10 | 6,8 |
| Comerciantes-abogados | 4 | 2,7 |
| Comerciantes-hacendados | 3 | 2,0 |
| Otros | 15 | 10,2 |
| Sin información | 33 | 22,4 |
| Total | 147 | 100,0 |
Fuentes: elaboración de los autores con base en la información del cuadro 1.
Sin embargo, cuando se presta atención a los detalles y los posibles ciclos de esa participación, se manifiestan peculiaridades dignas de tenerse en cuenta. Haciendo un corte a finales de los setenta del siglo XVII del decenio de 1770, cuando entró en vigor en estatuto de libre comercio, se distinguen dos fases en las relaciones de los comerciantes con el Cabildo. En 24 listados correspondientes a los años corridos entre 1749 y 1777 (el 56 % del total), hemos identificado a 28 comerciantes que desempeñaban las funciones de regidores (incluyendo los que combinaban esa actividad con la de abogados y hacendados), el 19,8 % del total de los 147 regidores del periodo comprendido en los cuadros 1 y 3. Pero cuando analizamos los 19 listados restantes del cuadro 3, correspondientes a los años de 1782 a 1810 (constituyen el 44 % del total de los listados anuales hasta ahora conocidos), 48 comerciantes desempeñaron esas funciones, cifra que representa un 71,4 % más que del periodo anterior. Además, desde finales de los 1770 varios comerciantes compraron sus regidurías y estuvieron en el Cabildo durante varios años. Y cuando las negociaron lo hicieron con otros comerciantes. Para el primer decenio del siglo XIX algunos hijos de estos, graduados de abogados en las universidades de Santa Fe de Bogotá, ocuparon las regidurías.
El protagonismo de los comerciantes en el Cabildo se debió a: 1) el crecimiento del número de traficantes con España; 2) la expedición y entrada en vigor del reglamento de libre comercio de 1778; 3) la superación de los conflictos entre comerciantes españoles avecindados y los residentes; 4) cierta estabilización en el desarrollo del Cabildo, reflejada en el protagonismo que empezó a lograr en la vida de la ciudad, y en la seguridad de un núcleo de regidores propietarios; y 5) la desaparición de la diferencia entre hacendados y comerciantes gracias a que algunas familias de estos también empezaron a invertir en tierras y ganadería (Tovar, 1980, pp. 93-117; Meisel, 1988, pp. 69-138; Daza, 2009, pp. 159-223), ya fuese gracias a los enlaces matrimoniales entre miembros de estos grupos, y/o por la compra (composición) de tierras (McFarlane, 1997, p. 273; Borrego, 2010, pp. 401-462)34.
Los estudios (Ripoll, 2006, pp. 40-60; Ruiz, 2005b; Borrego, 2010, pp. 86-113; Meisel, 2005, pp. 311-330; Daza, 2009, pp. 75-158; McFarlane, 1997, pp. 250-280) sobre las redes económicas y sociales de la elite de Cartagena señalan que esta se comportaba como un grupo endógeno en lo relacionado con los matrimonios y con los apoyos financieros y de créditos. Desde el ayuntamiento podían acceder a otros factores de enriquecimiento (remates de recaudo de impuestos; subastas de bienes inmuebles, esclavos y semovientes expropiados a los jesuitas en 1767; proveedores para las necesidades de las instituciones militares; control político sobre los servidores reales de menor rango), y podían defender sus intereses contra algunas iniciativas de los gobernadores de la provincia, con los que a menudo chocaban (Navarro, 1981, pp. 173-214). La vía empleada para controlar el Cabildo fue la compra de las regidurías situación que estaba en relación, por una parte, con las necesidades pecuniarias de la corona, y, por otro lado, con el ascenso de los comerciantes que se habían convertido en prestamistas y donantes de dineros a la Monarquía (Ruiz, 2007b, pp. 199-221; 2009, pp. 407-424). En varias ocasiones los grandes comerciantes accedían a los cargos de regidores y luego renunciaban, pero asegurándose de colocar a sus segundones en el puesto para que les garantizaran la salvaguarda de sus intereses.
La información utilizada para construir los cuadros 1 y 3 permite constatar que luego del estatuto de libre comercio fue que los comerciantes, algunos de ellos doblados en poseedores de tierras, comenzaron a ejercer el control del Cabildo (McFarlane, 1997, p. 273; Borrego, 2010, pp. 401-462). También lo hicieron por medio de sus hijos abogados35. Esa actitud empezó a modificarse durante el último tercio del siglo XVIII cuando distintas medidas reformistas, como la creación del Tribunal de Comercio, iniciativa llamada a resolver los continuos conflictos entre los comerciantes matriculados en España y los avecindados en Cartagena, o para contrarrestar los poderes de los gobernadores de la plaza fuerte y provincia que se abrogaron la intervención en diversas esferas de la vida de la ciudad, incluido el abasto entre otros aspectos fundamentales, y que de alguna forma lesionaba a los comerciantes. Desde comienzos 1770 se nota una presencia creciente de los comerciantes en el Cabildo, hasta el punto de que entre los años de 1790 y 1810 lo dominaban de forma absoluta.
Conclusiones
Al igual que lo sucedido en otras ciudades hispanoamericanas, durante el periodo colonial el Cabildo de Cartagena atravesó por varios periodos críticos debido a la renuencia de los notables de la ciudad a formar parte de esa institución. Aún a mediados del siglo XVIII y hasta promediado la década de los setenta, fueron muy bajas las compras de regidurías, y la renovación de los miembros de esta institución se dio más por la vía de la designación de regidores "añales". Durante largos años la institución estuvo controlada por familias beneméritas, altos oficiales militares y por servidores del rey en otras instituciones (Inquisición) y miembros de la Iglesia, y aunque algunos de estos ejercían el comercio, el conflicto que existió entre la mayoría de los comerciantes matriculados en el comercio de España pero residenciados en Cartagena, y los avecindados en esta ciudad, limitó la demanda de compra de regidurías y estableció restricciones al ejercicio de cargos en la Administración municipal.
Para finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el incremento de la presencia de los grandes comerciantes en el Cabildo obedeció tanto a la superación de conflictos al interior del grupo, a las oportunidades que empezó a brindar el estatuto de libre comercio de 1778, a la creciente demanda de abasto para la ciudad, como también a que sus choques con otros poderes (gobernador, alta oficialidad del Ejército y Marina, obispo, Aduana y aún virreyes), los obligó a buscar espacios institucionales para defender sus intereses, dándose a la tarea de recuperar y fortalecer algunas de las atribuciones jurisdiccionales del mismo Cabildo. De esta manera, esa presencia de los comerciantes y sus descendientes, entre ellos un grupo de jóvenes abogados, les permitió convertir al Cabildo en un instrumento para defender sus intereses con relación a otras jurisdicciones que afectaban sus beneficios. Esta presencia revigorizó el Cabildo el que empezó a tener un mayor protagonismo en la vida de la ciudad, y para la vuelta de siglo, en el contexto de la crisis de la monarquía (1808), fue esencial su papel en los acontecimientos que desembocaron en la declaración de la independencia.
