Planteamientos iniciales

Las abdicaciones de Bayona en 1808 abrieron un periodo de crisis en la monarquía española. La convicción de que Carlos iv y su hijo Fernando habían sido obligados por Napoleón Bonaparte a abdicar la Corona se extendió por España y América. La respuesta ante el invasor francés fue el fidelismo hispánico a Fernando vii, que fue jurado como rey en ambos pilares de la monarquía, pese a que José Bonaparte ocupaba el trono. Ante la acefalía monárquica, se formaron juntas de gobierno entre 1808 y 1810 en las capitales de provincia y de los virreinatos y gobernaciones en nombre del rey Fernando vii, que ponían en peligro la continuidad de la monarquía española como entidad soberana. Las primeras juntas de 1808 tuvieron corta duración. Pero el contexto desencadenado por la autodisolución de la Junta Central, situada en Sevilla, en enero de 1810, una vez instalado el Consejo de Regencia y el llamado a Cortes Generales de la monarquía, cambió completamente el escenario político en España y América. La llegada paulatina de estas noticias a partir de abril de 1810 multiplicó la formación de juntas de gobierno en nombre de Fernando vii en las capitales de los virreinatos, gobernaciones y provincias (Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción, Montevideo) que iniciaron caminos disímiles de autogobierno.

Tanto en América como en la misma España la pregunta era: ¿cómo salir de la crisis de la monarquía iniciada y profundizada entre 1808-1810? Ante la fragmentación territorial que se vislumbraba: ¿qué alternativas de organización política se presentaban para los territorios americanos?, ¿qué posibilidades manejaban las elites dirigentes en sus discusiones? La independencia que sobrevino y el paulatino afianzamiento de los Estados nacionales a lo largo del siglo xix se ha centrado en ellos de manera casi exclusiva hasta olvidar las alternativas que se propusieron para salir de la crisis y evitar el desmembramiento. La teleológica historiografía decimonónica, influyente aún hoy en nuestra formación histórica (sobre todo escolar), así lo mostró al fechar en 1810 el origen de nuestras naciones. De hecho, las fallidas confederaciones que se formaron inmediatamente después o a fines de esa década han sido vistas como un paso previo al definitivo reconocimiento de la existencia del Estado-nación.

Como han señalado Alejandro Agüero, Andréa Slemian y Rafael Diego-Fernández Sotelo en la introducción al libro que coordinaron sobre la construcción de los Estados nacionales en iberoamérica, el mundo atlántico entró en crisis en un contexto de transformación global cuyo desenlace fue el Estado-nación. Por ello, proponen que las independencias no solamente formaron parte del establecimiento de un nuevo orden internacional, sino que estructuraron "nuevos espacios" al interior de las "viejas unidades políticas" (Agüero, Slemian, Diego Fernández Sotelo, 2018, p. 19). A diferencia de la obra mencionada, cuyo enfoque privilegia la transformación de los espacios interiores, en el presente artículo centramos la mirada en lo que ocurrió en el espacio americano a partir de la pérdida del centro que unificaba la soberanía, la persona del rey. Este hecho dio paso a la aparición de múltiples soberanías en un contexto en que emergió la disputa por un nuevo titular que las unificara. Entre este proceso y la emergencia del Estado-nación, salieron a la palestra una multiplicidad de posibilidades soberanas que fueron defendidas, discutidas, establecidas y disueltas. Sobre este proceso queremos poner la mirada en este artículo, en el que analizaremos algunos casos, conscientes de que el tratamiento total del tema requiere de un análisis más profundo.

En efecto, la crisis soberana desatada por las abdicaciones de Bayona en 1808 dio origen a una discusión sobre diferentes posibilidades de mantener unida la monarquía, dado que los contemporáneos que se enfrentaron a la situación se vieron en la necesidad de inventar e imaginar salidas posibles. Entre las respuestas nacidas del vacío de poder real hay que situar las federaciones y confederaciones que estuvieron en la agenda de los líderes políticos y de los congresos durante la crisis, y aún después de declaradas las independencias. Su aparición en ese contexto obedece sin duda a las preguntas sobre quién debía gobernar el imperio y cuál era la fuente de su legitimidad. La escasa atención que la historiografía le ha dado a estas federaciones contrasta, sin duda, con el interés que ha suscitado la novedad de las independencias, el surgimiento de los Estados nacionales y el nuevo orden republicano construido bajo las promesas de igualdad, libertad y ciudadanía. Estas novedades, además, han puesto un velo sobre las continuidades palpables entre el Antiguo Régimen y la modernidad política, como la importancia del corporativismo y, en especial, de los pueblos que asumieron la soberanía por la ausencia del rey. De hecho, para Catalina Reyes la ausencia del rey fragmentó la soberanía en la Nueva Granada hasta el punto que considera que entre 1810 y 1815 funcionó como una federación de ciudades villas y cabildos, pese a que en las capitales de provincias había juntas provinciales. La autora concluye que las "comunidades políticas antiguas (ciudades y villas y parroquias, sitios y pueblos) precedieron tanto al Estado como a la nación" (^{Reyes, 2006, p. 120}), y que la tarea después de las independencias fue la construcción del Estado a partir de esa fragmentación soberana y de sus rivalidades locales. Esta conclusión ilustra cómo las historias nacionales exageraron el papel rector de las juntas provinciales en el proceso de construcción y constitución de los Estados.

Nuestra hipótesis sostiene que las formas de reproducción del federalismo y del confederalismo en América estuvieron relacionadas con el proceso de crisis de 1810 y su reproducción debe ser entendida en el contexto de las guerras de independencia. Más específicamente, la evolución de las ideas confederales como forma de organización política conecta las dinámicas históricas iniciadas a partir de la crisis monárquica hasta el proceso de independencia, puesto que su reproducción se inició como una alternativa política en apoyo a la Corona hasta convertirse en una de las principales bases para la institucionalización de los nuevos gobiernos americanos. En este sentido, este artículo propone una historia intelectual de conceptos clave donde aplicaremos el contextualismo metodológico mediante el análisis de ideas que nos permite establecer modelos de narrativa histórica.

Por medio de la puesta al día historiográfica de este tema a la luz de los bicentenarios, analizaremos la multiplicidad de formas que adquirieron los conceptos de federalismo y los momentos en que se adoptaron. En efecto, a raíz de los bicentenarios el tema ha reaparecido en la historiografía de manera dispersa y por tanto con poca incidencia. Dividiremos la exposición en las siguientes partes. La primera conecta las ideas de federalismo con la historiografía reflexionando sobre el impacto de los modelos de reproducción de la historiografía nacional, la de los bicentenarios de las independencias y de la Constitución gaditana. La segunda parte da cuenta de las reflexiones conceptuales que permiten comprender el federalismo y confederalismo en relación al contexto de la crisis soberana de la monarquía y la consecuente competencia entre los centros administrativos americanos. La tercera se detiene en la reproducción de los modelos de federación nacidos en torno a la decadencia de los imperios en el siglo xviii, cuyo desarrollo estableció una distinción en las ideas de federación hispana. La cuarta parte, finalmente, muestra una diversidad de estudios de caso sobre la institucionalización de las ideas federales en la década considerada, tales como liga de pueblos, liga federal, acta de federación, provincias unidas o confederaciones.

El impacto de la historiografía nacional y de los bicentenarios de las independencias en el análisis de las confederaciones

¿Por qué los recursos a la conformación de una confederación hispana o entre entidades provinciales han sido tan poco considerados por la historiografía? Sin duda, el paradigma de la historia nacional tendió a reducir los procesos históricos analizados en este artículo a una sola forma de narración para explicar la creación de los Estados-naciones forzando una selección arbitraria de tales procesos que proviene del siglo xix. Germán Colmenares hace ya varias décadas lo explicó al señalar que la historiografía decimonónica hispanoamericana se centró en el estudio de la independencia como el momento fundante de la nación, punto de partida de las historias nacionales (^{Colmenares, 2006}).

Si bien, por un lado, persisten aún las tendencias a estudiar los procesos anteriores y posteriores a la independencia desde la perspectiva de la historia nacional, por otro lado, hay esfuerzos por desarrollar una historiografía cuyo estudio deje de estar centrado en el desarrollo de los Estados-naciones y los actores que lo hicieron posible. En particular, gracias a la renovación historiográfica que en América Latina produjo las celebraciones del bicentenario de la independencia desde diferentes perspectivas, se dio un distanciamiento del principio de que la historia nacional es autoexplicativa. Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan los investigadores es la institucionalización de esta historia nacional.

Un aporte sustancial al tema en el entorno de los bicentenarios ha sido el de los historiadores que cultivan la historia conceptual. Especialmente el proyecto Iberconceptos que, por medio de sus monumentales diccionarios ha reunido trabajos que definieron conceptos claves de los procesos de independencia. De calidad desigual, los artículos han sido, sin embargo, un aporte al tema y un llamado de atención sobre la necesidad de definir el significado contextual de voces como república, pueblo, soberanía, etc. Los trabajos de esta red de investigación sobre federación y confederación han nutrido este artículo y aparecen oportunamente citados.

Otra tendencia que se ha desarrollado a partir de los estudios de las revoluciones independentistas en el entorno de los bicentenarios es la historiografía que ha promovido una serie de publicaciones colectivas que contienen una narración a través de comparaciones diferenciadas que, sin embargo, todavía suponen la preexistencia de los Estados-nacionales. La mayoría de estas publicaciones son compilaciones de diferentes autores (nacidas por lo general de congresos) que pretenden ser estudios de historia comparada, pero que pueden resumirse como una suma de artículos de historias nacionales. Por ello, no pasan de ser compilaciones sobre procesos singulares que no cruzan las fronteras nacionales actuales y que, por eso, no están unidos por un hilo de análisis que supere la obvia referencia al estudio de las independencias. Por último, estos artículos que se conciben como "estudios comparativos" insisten en exaltar las características particulares y localizadas de los diferentes procesos históricos confinados en estos espacios. La falta de un análisis común se expresa, incluso, en que el orden de los artículos en los libros es muchas veces geográfico, de norte a sur. Además, algunos artículos no tienen relación ni siquiera con la independencia, sino que se detienen en procesos políticos o sociales muy posteriores. Aunque los títulos de los libros prometen estudiar la independencia de toda América, por lo general dejan de lado América Central y Brasil. Muchas veces los mismos autores cuando participan en la publicación de todas estas compilaciones terminan intercambiando el rol de editor o coordinador a coautor, por lo que los trabajos carecen de originalidad (^{Frasquet y Slemian 2009}; ^{Hébrard y Verdo, 2013}; ^{Rosenblitt, 2013}; ^{González Bernaldo, 2015}). Estas obras han contribuido a analizar el periodo abierto a partir de 1808 en la monarquía hispánica desde su desenlace final, la independencia, alimentando un análisis teleológico del tema. Por ello, muchos investigadores que se centran en proyectos que cuestionan esa visión han tenido que encontrar alternativas de publicación. Un resultado paradójico de estos libros colectivos es que se originaron en el contexto de los bicentenarios que los países actuales fecharon mayoritariamente en 1810, con la formación de las juntas que no fueron independentistas (salvo en Venezuela). Por tanto, en la medida en que se titulan los libros como estudios de las independencias americanas tomando la fecha de 1810, están desdibujando los procesos de autonomía y confirmando la historia nacional decimonónica.

Otro fenómeno historiográfico, en cierto sentido, opuesto al anterior también ha desdibujado la originalidad del proceso. El bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 2012 promovió en los últimos años una historiografía centrada en el impacto de esta Constitución en América. Sin embargo, muchos de estos enfoques establecieron jerarquías que convirtieron la propuesta gaditana en un centro que "occidentalizó" América y fue el origen de las naciones americanas. Destacan asimismo que el liberalismo gaditano fue revolucionario y tuvo un fuerte impacto en América por la presencia de diputados americanos que participaron en las cortes (^{Frasquet y Slemian, 2009}), sin considerar que muchos de los diputados no fueron elegido en América sino que residían en España y suplieron la falta de representantes enviados desde América, por lo que sus opiniones no representaron a los gobiernos americanos. Esta producción historiográfica, en algunos casos, terminó por establecer una relación definitiva e invariable entre Cádiz como centro de irradiación y las provincias americanas como periferias. De esta manera, otros centros protagonistas del proceso han sido marginados en los estudios sin tener en cuenta los diferentes flujos más complejos dentro de las relaciones asimétricas.

Vale la pena aclarar que nuestro objetivo al referirnos a dichos trabajos no ha sido criticar a los autores, sino proponer la necesidad de revisar algunas tendencias historiográficas que han impactado en el estudio de la difícil coyuntura de 1810. Todas ellas han influido en el estudio del tema que proponemos en este artículo. La historia nacional al desdibujar las confederaciones para acentuar el Estado nacional soberano que se habría manifestado una vez caída la monarquía. La historia comparada que lejos de comparar, apenas recolecta artículos publicados en libros que compendian una sumatoria de historias nacionales. Los libros colectivos nacidos en los bicentenarios, por no proponer un diálogo entre los artículos. La historia conceptual, muy centrada en los conceptos del vocabulario político, pero sin una visión de conjunto.

La crisis soberana y las confederaciones

Las reformas borbónicas buscaban promover una forma única e indivisible de la soberanía. Sin embargo, la intensa politización de su uso en las diferentes unidades políticas americanas hizo que se preservara el sentido plural de las soberanías. De hecho, entre 1808 y 1810 la retroversión de la soberanía a los pueblos fue el argumento para la formación de las juntas en América. El principio de representación de las provincias fue legitimado por la incorporación de miembros que las representaran en las juntas, que respetaron las jerarquías territoriales (^{Annino, 1994}). Durante la redistribución de la soberanía producto de la crisis monárquica generada por la invasión francesa a España, no estaba claro si había un depositario exclusivo en América. Más bien, se encuentra la afirmación de agentes colectivos que reclaman el control territorial, provocando enfrentamientos entre ellos. Principalmente, los cabildos provinciales frente a las pretensiones centralistas de las juntas formadas en las capitales de los virreinatos y gobernaciones que se atribuían la representación de todo el territorio correspondiente a un virreinato o gobernación.

François-Xavier Guerra destacó la emergencia de la conciencia soberana de los pueblos de la monarquía ante la acefalía monárquica. Los pueblos eran "unidades políticas jurídicamente reconocidas" (ciudades, villas, pueblos) jerarquizadas. "Esta fue la estructura territorial de base de toda la América española: las ciudades principales con sus territorios y pueblos dependientes o vasallos", gobernados por un cabildo o municipio. "Se trata de comunidades tendencialmente completas, pequeñas "repúblicas", potencialmente ciudades estados, si viniesen a faltar el rey y sus representantes, vínculos de su integración en conjuntos políticos más vastos, como pronto se verá en la época de la independencia" (^{Guerra, 2012, p. 199}). Estas comunidades políticas se manifestaron en calidad de "actores autónomos de la vida social y política" (^{Guerra, 1992}, p. 71) a partir de 1810, como la historiografía americana ha destacado. incluso, en el caso chileno, la independencia en 1818 fue declarada por los pueblos (^{Enríquez, 2018}).

El protagonismo de las provincias y sus pueblos subordinados fue tal que después de la independencia estos territorios conservaron esta denominación y algunos pueblos soberanos fueron incluso instituidos como provincias. Este sentido plural de la soberanía fue la gran fuerza que promovió la construcción de los Estados inmediatamente después de la independencia. La ambivalencia de la soberanía fue una de las consecuencias del contexto posindependencias que afectó la gobernabilidad de las futuras repúblicas. La multiplicidad de Estados nacidos después de la independencia reveló el conflicto entre los actores, las entidades políticas que debían ejercer el poder y los territorios bajo su jurisdicción. De este modo, el federalismo asumió un importante rol dentro de las alternativas de organización política ante la fragmentación que presentaban los territorios americanos durante el siglo xix, pues era la alternativa que les permitiría mantener unida la soberanía de los pueblos, aunque las discusiones que se sostuvieron sobre la materia serán recurrentes.

¿Federación o confederación? Sin duda, a esta altura de la exposición es necesario definir cada una. Para ello, vale la pena preguntarse sobre el significado que tenían en la época que analizamos. La palabra federación, según el ^{Diccionario de Autoridades (1732)}, significaba lo mismo que confederación, pues esta última había sido presentada de la siguiente manera: "Alianza, liga, unión entre Príncipes o Repúblicas para algún efecto: lo que también se suele decir y extender a Pueblos y personas particulares. Es verbal del verbo Confederarse" ( ^{Diccionario de Autoridades, 1729}, p. 25). Es decir, que en el siglo xviii federación y confederación eran sinónimas. En el Diccionario de la Lengua Castellana confederación se define como: "Alianza, liga, unión entre algunas personas. Más comúnmente se dice de la que se hace entre príncipes o repúblicas" (1817, p. 225). Es decir, que el significado no varía entre el siglo xviii y principios del xix cuando estas categorías se convirtieron en referentes de las nuevas posibilidades soberanas para mantener unida la monarquía. Fue en América donde adquirieron protagonismo político en el contexto del establecimiento de las juntas de gobierno y nuevos significados.

¿Cómo han sido estudiadas por la historiografía las federaciones? La celebración del bicentenario de la independencia de Iberoamérica fue una oportunidad para desarrollar un nuevo enfoque historiográfico, esta vez marcado por un cuestiona-miento a las historias nacionales. Desde la década iniciada en 1970, la Historia Política comenzó a analizar las guerras de independencia y el desarrollo de las nuevas repúblicas latinoamericanas desde la perspectiva de la Historia Intelectual y la Historia Conceptual. Precisamente, el posicionamiento de esta última Historia que acompañó los bicentenarios ha estudiado estos conceptos en diferentes zonas de América. Carole ^{Leal Couriel (2009)} nos advierte que el concepto federal/ federalismo ingresa al vocabulario político en 1808 en España, Nueva Granada, el Río de la Plata, Chile y Venezuela; más tarde, en México, Perú, Brasil y Portugal en abierta confrontación con la idea de un poder central.

En su texto dedicado al federalismo latinoamericano, José Carlos Chiaramonte ofrece una interpretación sobre lo que hasta ese momento se había denominado federalismo, pero que el autor prefiere denominar confederacionismo, que define como una "...antigua forma de organización política, la confederación, mediante la cual Estados soberanos que por diversos motivos necesitan unirse a otros lo hacen sin perder su independencia soberana" (^{Chiaramonte, 2016, p. 9}). Según este autor, la historiografía habría confundido federalismo con confederacionismo como resultado de la herencia del uso del término desde el siglo xix, el que fue aplicado en los textos de historia sin otro cuestionamiento. Esta confusión en la interpretación puede tener un paralelo con la ambigüedad léxica entre confederación y federación establecida por ^{Leal Couriel (2009)} para la primera mitad del siglo xix, cuando ambos conceptos eran usados como equivalentes de manera simultánea e intercambiable, aunque, como acabamos de explicar, significaban lo mismo.

Dentro de un enfoque historiográfico que buscaba ser comparativo y transnacional, Carole Leal Couriel encuentra tres inflexiones en el concepto de federalismo: combatir el despotismo y el centralismo, preservar la autonomía frente al poder central y una forma de organización del Estado. El concepto discurre en América en antagonismo con el pensamiento centralista que se nutre del anhelo hispánico ilustrado de una monarquía unitaria: el ideal del gobierno único (^{Leal Couriel, 2009}; ^{Souto, 2009}). Debido a este antagonismo, el confederacionismo respondió principalmente al regionalismo posicionándose como una verdadera fuerza política, que se mantuvo después del proceso independentista (^{Carmagnani, 2016}), y que hizo necesario un cambio en las relaciones entre las élites regionales y el poder central (^{Hamnett, 1984}). Así por ejemplo, los diputados de cinco provincias del antiguo virreinato de la Nueva Granada firmaron en 1811 el Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, la que establecía que el Estado provincial estaba constituido por los pueblos, los cuales preservaban una independencia relativa frente a ese mismo Estado y se mantenían como un cuerpo político cuya anexión estaba regulada por el derecho internacional y la negociación de agentes diplomáticos (^{Thibaud, 2009}).

En el Río de la Plata el concepto de federación se asoció a las provincias desde la revolución de independencia, aun cuando la palabra provincia tenía un sentido ambiguo porque "podía referirse a las antiguas jurisdicciones monárquicas de América y a las divisiones aplicadas a esas jurisdicciones durante las reformas borbónicas como las 'intendencias'. Por otro, podía designar Estados que, a partir de las revoluciones, se asumirían independientes" (^{Entin, 2014}, p. 379). En un principio, la historiografía tradicional también asoció el federalismo con las provincias: es decir, el federalismo como una expresión de localismo, particularismo y regionalismo. Al analizar la sociedad argentina del siglo xix, esta se dividía entre porteños unitarios y provincianos federales (^{Barba, 1972}). No obstante, esta visión del espacio también respondía a un paradigma de historia nacional que buscaba explicar la construcción del Estado-nación. Según Valentina ^{Ayrolo (2013)}, tanto la historiografía liberal como la revisionista emplearon imágenes que asociaron lo político con lo espacial para construir explicaciones de los procesos históricos que retrasaron la conformación del Estado nacional. En este sentido, se generalizó la idea de que los federales pertenecían al mundo rural y los unitarios al de la ciudad. Según la historiografía liberal, los caudillos federales del interior fueron los responsables de la demora de la constitución del Estado, por su oposición sistemática a Buenos Aires y sus pretensiones autonomistas. Para los revisionistas, lo que interesaba era que el resultado "poco nacional" del Estado argentino se debió a que el proceso fue encarnado por los liberales (^{Ayrolo, 2013}). Los casos expuestos confirman que estaba disponible en 1810 la idea de federación como posibilidad de salida de la crisis monárquica y que pasó de ser una posibilidad a una forma constitutiva del sistema de gobierno de los Estados-naciones decimonónicos a la par que adquirió nuevos contenidos. Por ello, nos parece necesario analizar su origen en el espacio geográfico considerado.

Del imperio a la idea de formar una federación hispana y una única nación

La discusión en torno a convertir la monarquía en una federación hispana fue previa a la crisis desencadenada por la invasión napoleónica en 1808. Su aparición en esa coyuntura muestra que estaba disponible como una de las formas de salida y salvataje ante la posibilidad del desmembramiento de la monarquía. En efecto, no eran ideas nuevas, sino que las propuestas de convertir la monarquía en una federación provinieron de América y de España. Jaime Rodríguez señala que el intendente de Venezuela José de Abalos, en 1781 propuso a Carlos III la idea de "instaurar monarquías autónomas en América" como medida de protección frente a los intereses británicos y estadounidenses (^{Rodríguez, 2016, p. 164}). Federica Morelli ha demostrado que, en realidad, la reflexión sobre convertir los imperios en federaciones tomó cuerpo a partir del final de la guerra de los Siete Años, y fue compartida por el imperio inglés y el español como vehículo para frenar la decadencia. En 1783 el conde de Aranda le propuso a Carlos III modificar el acuerdo político que sustentaba el Imperio, despojándose de los dominios americanos con la sola excepción de Puerto Rico y Cuba, que debían convertirse en bases del comercio español. Los otros territorios debían conformar tres reinos independientes, uno en cada virreinato, formando una federación que mantendría lazos políticos, económicos y militares con España. Estas secciones estarían gobernadas por reyes o virreyes de la Casa de Borbón subordinados a un emperador de las Españas y de las Indias (^{Morelli, 2017}). El conde de Aranda también habría propuesto "adquirir Portugal a cambio de Perú" con el fin de acabar con "la falta de continuidad territorial en las posesiones españolas en América" (^{Portillo Valdés, 2006}, 109). También el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, habría planteado en 1797 a Carlos IV convertir la Luisiana en un reino federado gobernado por un príncipe español y, en 1804, crear regencias en América. Ese mismo año Victorián de Villaba, fiscal de la Audiencia de Charcas, propuso convertir las reales audiencias americanas "en auténticos cuerpos representativos autónomos encargados del gobierno de sus respectivos territorios" (^{Portillo Valdés, 2006}, 110). Incluso, en 1806 Carlos IV contempló la posibilidad de establecer reinos en cada virreinato gobernados por príncipes españoles (^{Rodríguez, 2016}).

José María Portillo explica que las ideas de federación tomaron forma a partir de las abdicaciones de Bayona y de la formación de juntas supremas en las provincias de España, porque dirigieron la resistencia contra Napoleón coordinadas en la "confederación que conformaron las provincias peninsulares con su senado de la Junta Central" (^{Portillo Valdés, 2006}, p. 112) y, posteriormente, en la Regencia y en las Cortes. Para Morelli, estas ideas influyeron en el "discurso patriótico americano" que proponía la sobrevivencia del imperio transformado en una federación sustentada en el comercio. La autora afirma incluso que el fracaso gaditano de transformar el imperio en nación se debió a la subsistencia de la idea de federación hispana (^{Morelli, 2017}) que fue propuesta por el diputado mexicano José Beye de Cisneros a las Cortes en 1811, al plantear que se establecieran juntas en cada virreinato que reconocieran en las Cortes "un Parlamento superior y unificador" (^{Rodríguez, 2006}) para mantener en pie la monarquía, lo que nunca ocurrió.

Por ello, no es posible estudiar el proceso de desmembramiento de la monarquía en América sin considerar la tesis que se escuchó con fuerza con motivo de los 200 años de la Constitución de Cádiz, dado que vincula el origen de las naciones americanas con el liberalismo gaditano y con la adopción de la Constitución en América, aunque se sustenta bibliográficamente solo con el caso mexicano (^{Chust, 2013}). En este sentido cabe recordar que los historiadores siempre están atados a lugares e intereses, en razón de la perspectiva restringida y el propósito limitado que tienen. Por lo tanto, no siempre puede haber un lugar neutral en el espacio para los historiadores; así, es esta perspectiva específica de los historiadores la que centra su atención a la hora de narrar historias distintas para diferentes regiones o localidades (^{Epple, 2008}).

Efectivamente, esta tesis funciona, en parte, para el caso mexicano y para Centroamérica, dado que en 1812 se adoptó la Constitución de Cádiz y, en su nueva configuración territorial y al declararse la independencia en 1821, esta siguió vigente. Sin embargo, el Reglamento Provisional Político del imperio Mexicano de 1822 estableció el fin de la vigencia de la Constitución; en realidad esta Carta no fue difundida ni tampoco jurada, por lo que, en definitiva, no fue adoptada en ninguna de las otras zonas tales como: el Río de la Plata (^{Ternavasio, 2007}), Chile (^{Enríquez, 2012}), amplios territorios del virreinato del Perú (^{Hernández García, 2018}) y de Venezuela, ni en Paraguay, Quito o el Nuevo Reino de Granada (^{Botero Bernal, 2013}). El reformismo de Cádiz relacionado con la igualdad de derechos, abolición de la mita y del tributo, etc., fue fuertemente resistido en el Perú (^{Guerra Martiniére, 2018}). Pensamos que para evaluar el influjo real de la Pepa no basta con estudiar su influencia en las muchas constituciones del siglo xix. Hay que considerar si se aplicó o no a la configuración territorial y, si esto ocurrió, analizar su vigencia y las posteriores modificaciones de las circunscripciones administrativas a lo largo del siglo xix. Es más, en la mayor parte de los territorios no llegaron a instalarse los ayuntamientos constitucionales. De hecho, la historiografía americana no atribuye ninguna influencia directa de la Constitución de Cádiz en los procesos de independencia nacidos de la coyuntura de 1810 o en la conformación a largo plazo del Estado-nación. Además, todo el proceso de independencia americano fue contra España y contra las Cortes y su Constitución; esto no debe olvidarse, aunque hubiera en las cortes diputados que representaran a América. Algunos de ellos fueron enviados con los poderes del caso, como los peruanos o mexicanos, otros residían en la península y fueron elegidos por las mismas Cortes para representar a los territorios de los que eran naturales y actuaron, por ello, desvinculados de lo que ocurría en América.

Por otro lado, algunos autores señalan que en los lugares donde se adoptó la Constitución, la vigencia fue "efímera e intermitente" y su influencia pudo haber estado dada sólo en la configuración territorial interna, en el espacio provincial, en la medida en que se establecieron las diputaciones provinciales o los ayuntamientos constitucionales (^{Agüero, Slemian, Diego Fernández-Sotelo, 2018}, p.22). José Luis Alcauter, en su estudio sobre las subdelegaciones y el régimen de intendencias en México, destaca que fueron los subdelegados los encargados de instalar los ayuntamientos constitucionales durante la vigencia de la Constitución de Cádiz y de organizar su jura y aplicación, mientras que el Gobierno virreinal estableció las diputaciones provinciales terminaron abarcando varias intendencias. Es decir, que el Gobierno interior de la Nueva España no prescindió del régimen de intendencias establecido en 1786, el que no fue sustituido por el nuevo orden gaditano sino incorporado. Por su parte, la Constitución mexicana de 1824 tampoco lo hizo, pese a haber establecido Estados libres e independientes para gobernarse, dado que dichos Estados se subdividieron en partidos y crearon autoridades supervisoras de los gobiernos locales según la tradición castellana (^{Alcauter, 2017}). En suma, no perdamos de vista que el Gobierno interior fue permanentemente modificado a lo largo del siglo xix, por lo que tampoco podemos considerar que en este punto la Constitución de Cádiz fue determinante. Por todo esto creemos que la tesis que vincula el origen de las naciones americanas a la Constitución de Cádiz deja de lado e infravalora los procesos políticos desencadenados en América a partir de 1810 y establece muy tempranamente el origen de las naciones americanas.

Federaciones y confederaciones a partir de 1810

Como ha afirmado Annick Lempériére, el escenario americano pos 1810 está lleno de una diversidad de entidades territoriales, las confederaciones y federaciones, nacidas de los pactos entre los pueblos. Por ello, en el contexto de la crisis de la monarquía, la idea de nación no afloró de inmediato, sino que era "nueva y minoritaria" (^{Lempériére, 2013, p. 23}). José María Portillo vincula el origen de estas federaciones americanas con el juntismo que, como en el caso español, acudió al concepto de depósito para explicar cómo se relacionaba con la soberanía, dado que se entendía como un medio para salvaguardar los derechos dinásticos de Fernando vii. El efecto de esta concepción, entendida como una respuesta fidelista, fue "una federación de hecho de la monarquía" (^{Portillo Valdés, 2001}, 603). De esta manera, los pueblos y las provincias se convirtieron en sujetos políticos. No hubo un federalismo como el de los Estados Unidos construido a partir del momento en que la soberanía regia fue reemplazada revolucionariamente por la soberanía del pueblo Por el contrario, los autores María Teresa Calderón y Clement Thibaud explican que el federalismo se impuso "como una especie de paradigma aglutinante" " (^{Calderón y Thibaud, 2010}, 69). en el que el pueblo se entendió "como un cuerpo político y no como un conjunto de individuos" " (^{Calderón y Thibaud, 2010}, 69). Por ello, el federalismo estableció una relación política entre las provincias basada en la interpretación criolla de la crisis monárquica, como asociación de cuerpos que no afecta su diversidad.

Contrariamente a lo que ocurrió en los Estados Unidos, los territorios americanos no aspiraban a "existir políticamente al margen de la monarquía, sino al derecho a la autonomía y a administrar autónomamente el depósito de la soberanía creado tras la defección de la familia real". La Constitución de Cundinamarca de 1811 fue una expresión de aquello al introducir la idea de una monarquía federal al reconocer a Fernando VII como "rey de los cundinamarqueses y, a la vez, de otros territorios y reinos españoles bajo la expresa condición de que adoptaran una forma representativa de gobierno para limitar los poderes del monarca" (Portillo Valdés, 2016, pp. 119-120).

Por tanto, paulatinamente, a partir de la coyuntura de 1810, y teniendo como base el juntismo, la federación de hecho se convirtió en una confederación posible de las posesiones americanas, como una vía de conservación de la monarquía, la que sería gobernada por un Congreso general. Uno de los sostenedores de la Confederación Sudamericana fue el peruano Juan Egaña, que incluso llegó a escribir una Constitución de la Confederación de Buenos Aires, Chile y Perú, gobernada por la Dieta Soberana de Sud América (^{Egaña, 1949}). Según Diego Barros Arana en Chile se llegó a confeccionar una bandera y un escudo que representaban a Chile en dicha confederación (^{Barros Arana, 1887}). El escudo habría sido diseñado en 1812 por el peruano Isidro Antonio de Castro; las siete columnas que representaban a los siete estados de la confederación sostenían un globo terráqueo y una estrella de ocho puntas, enmarcados por los lemas «Los tiempos suceden a los tiempos», en la parte superior, y «Virtud poderosa del Sur», en la inferior (^{Barros, 1996}). Sin embargo, como señala Gabriel Entin, estas confederaciones, propuestas también en México, parecían imposibles de concretarse (Entin, 2014).

Las dificultades para establecer federaciones fueron expuestas por Daniel ^{Gutiérrez Ardila (2008)} en su análisis de los proyectos de unión entre Venezuela y el Nuevo Reino de Granada que se barajaron a partir de 1810 para una defensa en común de posibles invasiones europeas, según tres posibilidades: "federaciones parciales, la pugna por la preeminencia entre Caracas y Santa Fe y la confederación general" (^{Gutiérrez Ardila, 2008}, 10,. Concluye el autor que el fracaso de este proyecto se debió a "la dificultad insuperable de edificar una noción abstracta de soberanía completamente desligada de los territorios administrativos creados por el imperio" (^{Gutiérrez Ardila, 2008}, 49), conclusión que sin duda puede extenderse a otros territorios. Para Catalina Reyes, el origen ideológico de esta propuesta de organización estatal de la Nueva Granada fue Puffendorf quien sostenía que era conveniente la "fragmentación de grandes unidades para un mejor gobierno" (^{Reyes, 2006, pp. 104-105}).

Pero el debate sobre las confederaciones condujo también a situaciones políticas independentistas o de autonomía en la monarquía. En Venezuela, por ejemplo, la independencia proclamada en 1811 se nutrió del debate por cómo convertir la confederación en una "nueva comunidad política" (^{Leal Couriel, 2013}, p. 199) teniendo como referente y estrategia retórica el modelo federal de los Estados Unidos (^{Leal Couriel, 2016}).

Para Portillo Valdés también el "Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado de Quito", que reconoció como rey a Fernando VII, al igual que el Reglamento Constitucional Provisorio de Chile, ambos del año 1812, expresan la visión de "recomponer el cuerpo político hispano desde una perspectiva federal de la monarquía y la nación española" (^{Portillo Valdés, 2006}, pp. 119-120). Sin embargo, pensamos que estas deben ser analizadas en el contexto político local. El Reglamento Constitucional chileno, por ejemplo, aunque reconocía a Fernando VII como rey, establecía que debía aceptar esa Constitución "en el modo mismo que la de la Península" (^{Enríquez, 2018}, pp. 62-63), por lo que fue un expreso desconocimiento de la Constitución de Cádiz y de la autoridad de las Cortes en el territorio chileno, que sentaba las bases de la autonomía chilena en la monarquía. Sin embargo, hay que considerar la fragilidad de estos intentos de estabilizar los gobiernos en medio de las disputas políticas, la llegada de noticias más o menos inquietantes desde Europa y la diversidad social.

Dentro de las grandes confederaciones florecieron otras formaciones federales en la década considerada, tales como liga de pueblos, liga federal, acta de federación o provincias unidas. Veamos algunas de ellas.

La liga federal o liga de los pueblos libres que encabezó Artigas en 1813, por ejemplo, se originó en pactos sellados por él mismo y reunió a los pueblos de la Banda Oriental, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Entre Ríos para ser representados en la Asamblea del año 13 a reunirse en Buenos Aires. Los unía el ideal de formar una confederación, una república con separación de poderes y una capital que no fuera la ciudad de Buenos Aires, como medio de organización política del extinto virreinato rioplatense (^{Ribeiro, 2009}). Otro tipo de federación fue el de Provincias Unidas. Esta denominación se usó en la Nueva Granada y en el Río de la Plata a partir de 1811, como expresión de una unión federativa. El Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, suscrita entre Antioquia, Tunja, Cartagena, Pamplona y Neiva, consistió en "la anexión de simples pueblos a un Estado provincial" (^{Calderón y Thibaud, 2010}, p. 53), en la que cada pueblo permanecía libre preservándose su independencia, mientras que en el Río de la Plata la denominación aparece por primera vez en un estatuto provisional de 1811 escrito por el triunvirato que las gobernaba (^{Ternavasio, 2007}). A diferencia de la Nueva Granada, se trataba de una denominación aglutinante de las provincias bajo el gobierno del triunvirato que expresaba la preservación de la integridad territorial del antiguo virreinato. Estos ejemplos muestran que, en el contexto de crisis soberana, las federaciones y confederaciones no solo fueron intentos de mantener unida la monarquía, sino que como representaron opciones políticas territoriales, se convirtieron en propuestas de organización política.

Por otro lado, las confederaciones convivieron con la opción de establecer una monarquía constitucional como sistema de gobierno. Cuando ya se había producido la restauración monárquica en 1814, los diputados en Europa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Belgrano y Rivadavia, pidieron a Carlos iv que su hijo el infante Francisco de Paula y Borbón asumiera como rey de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Perú y Chile, por considerar que la monarquía era la única posibilidad de gobierno adaptable a las circunstancias (^{Entin, 2014}). En el Congreso de Tucumán de 1816 se barajó la opción monárquica como sistema de gobierno, de la que era partidario el general José de San Martín. Entre los posibles príncipes a coronar se discutió la posibilidad de que fuera algún Borbón, un miembro de otra familia real (como el duque de Luca) e incluso restaurar a un inca en el trono, propuesta que fue desechada por impracticable. Por otro lado, ningún príncipe europeo aceptó la propuesta (^{Pérez Guilhou, 1966}). Incluso San Martín, una vez llegado a Lima en 1821, declaró la independencia y gobernó como Protector, pero se mostró partidario de no convocar un Congreso por la subsistencia de enemigos. Es más, estableció las bases de una futura monarquía (la Orden del Sol y la Sociedad Patriótica de Lima) en la que creía ante la anarquía que se había generado en otros territorios que habían optado por una república (^{Lynch, 2009}).

Conclusiones

El recorrido histórico e historiográfico que hemos realizado nos ha permitido establecer una relación entre federalismo y la crisis monárquica que promovió una reproducción y reconfiguración de las ideas federales en América en el contexto del proceso de independencia. De esta manera, hemos propuesto una visión del proceso abierto por las abdicaciones de Bayona que considere los planes federales o confederados como posibilidad soberana vigente, como medio para mantener la monarquía como sistema de gobierno y como expresión de una nueva organización política que también influyó en el proceso que derivó en las independencias americanas y en las primeras formas de regionalismo.

Hemos establecido que el estudio de las confederaciones durante y después de la independencia se ha hecho de manera dispersa en América Latina. Además, en el balance historiográfico que hemos desarrollado, pusimos de manifiesto los problemas que promueven dicha dispersión en el estudio de este tema. Problemas que, en esta conclusión, queremos plantear como desafíos a superar por la historiografía latinoamericana al estudiar las confederaciones. Se trata de las siguientes tendencias: el paradigma de la historia nacional, una historia comparativa simplificada y una visión sesgada de una perspectiva clásica centro-periferia.

El paradigma de historia nacional, cuya tendencia ha sido reducir procesos históricos heterogéneos conforme a una sola forma de narrativa para explicar la creación de los Estados-nación forzando una selección arbitraria de dichos procesos, viene siendo superado en los últimos años. Aun cuando persisten tendencias de estudiar los procesos pre y pos independencias desde una perspectiva de historia nacional que fecha en la crisis de 1808-1810 el origen de la nación, se está desarrollando una historiografía que apunta a dejar de centrar su estudio en el desarrollo de los Estados-nación y los actores que la hicieron posible; ejemplo de ello son los textos de Catalina Reyes, José Carlos Chiaramonte y el coordinado por Alejandro Agüero, Andrea Slemian, y Rafael Diego-Fernández Sotelo. Pensamos que en la medida en que las perspectivas de análisis se amplíen permitiendo así superar la historia nacional decimonónica, será posible aplicar a las independencias la historia comparada y dejar atrás la proyección política de centro-periferia aplicada también al pasado. Los libros colectivos nacidos a la luz de los bicentenarios se hicieron deudores en esta línea, pues no pasaron de ser un conjunto de artículos de historias desconectadas.

Parte del propósito de este artículo también fue buscar una unidad en la diversidad de perspectivas en lugar de un monólogo centrado en una sola área geográfica (^{Epple, 2008}). Por tal motivo, quisimos evitar una sola descripción de diferentes narrativas al hacer hincapié en los contextos que las produjeron. Dicha unidad se expresó en la hipótesis de trabajo que recalcó la necesidad de estudiar las federaciones y confederaciones en sí mismas y analizar su origen, para entender la crisis de la monarquía de 1808-1810, su emergencia en ese contexto, su devenir, los momentos en los que aparecieron y las formas que adquirieron. Para ello fue fundamental relevar la discusión conceptual en torno a las federaciones y las confederaciones (considerando su significado en el momento de su aparición), su resemantización a partir de 1810 en América y las formas que adoptaron como medio de organización política en el contexto de constituir los Estados.

El tema así estudiado se enlaza con los análisis sobre los problemas soberanos que se desencadenaron por la acefalía monárquica y la formación de juntas de gobierno fieles a Fernando Vii en toda América. Fue precisamente la falta de un titular que unificara la soberanía retrovertida a los pueblos, lo que llevó a que las elites rectoras del proceso inicialmente recurrieran a desempolvar las viejas ideas de federación hispana, las de convertir los virreinatos en reinos y las de conformar una confederación sudamericana como medio de mantener la monarquía.

Estudiar la emergencia de federaciones y confederaciones neutraliza la inmediata aparición de la idea de las naciones americanas en 1810, propia de las historias nacionales. Pero también cuestiona la afirmación de que las naciones americanas se originaron en la Constitución de Cádiz de 1812. La idea de afirmar la existencia de una nación española en ambos hemisferios fracasó en gran parte de América en 1812 y no logró contener sino por pocos años la permanencia de Perú y México en la monarquía. Esta tesis ignora que el movimiento juntista americano, aunque se inició en nombre de Fernando Vii, en pocos años mutó hacia la oposición de la permanencia dentro de la monarquía. Las múltiples Constituciones locales en América no son sino la expresión del rechazo a la aplicación de la Pepa, lo que, además, desencadenó la guerra en contra de los ejércitos españoles. En los lugares donde fue aplicada, su huella ha sido efímera. Por todo ello, por el rechazo que provocaba la continuidad de la Corona española, y de las monarquías como forma de gobierno, no prosperó la posibilidad de establecer monarquías constitucionales, dado que ningún príncipe europeo estaba dispuesto a aceptar un reino en América. Tampoco las confederaciones americanas lograron edificarse. Las disputas al interior de las jurisdicciones territoriales de las juntas entre provincias y pueblos lo impidieron. Pero las federaciones no desaparecieron totalmente. Se reconfiguraron como alianzas de pueblos y provincias opuestas a las tendencias centralistas juntistas, que las convirtieron en opciones de organización política. Finalmente, el federalismo perduró como una forma de gobierno al interior de las repúblicas, pero esa ya es otra historia.