Introducción

La historiografía más tradicional de Puerto Rico ha entendido, en líneas generales, la gestión desarrollada en la isla por funcionarios militares durante el siglo XIX como castrense, ultraconservadora y, por ello, opuesta al progreso. Así lo hemos puesto de relieve recientemente, para el período de gobierno de Miguel de la Torre, desarrollado entre septiembre de 1822 y enero de 1837, en un artículo en el que analizamos el papel que este gobernador y capitán general desempeñó, junto al Cabildo de San Juan, en la gestión y transformación de los espacios urbanos de esa ciudad, concretamente en las obras de empedrado, alumbrado y alcantarillado (^{Luque Azcona, 2020}). En este sentido, mencionamos a autores como José Luis Vivas Maldonado, que calificaba a su gobierno como uno de los momentos "más negros" en la historia de la isla (Vivas Maldonado, 1974, pp. 193-197), y a Jesús Lalinde Abadía, que en su libro sobre La administración española en Puerto Rico durante el siglo XIX englobaba a este gobernante, uno de los máximos exponentes del absolutismo, entre los capitanes generales que han dejado un mal recuerdo, en su caso, por restablecer las "omnímodas" (facultades extraordinarias con las que fue asistido para su gobierno con consideración como comandante de plaza sitiada) y por haber establecido el conocido como gobierno de las tres B: baile, bebida y baraja (^{Lalinde Abadía, 1980}, p. 136).

En ese artículo hemos puesto de relieve también las investigaciones más recientes sobre De la Torre, que han centrado su interés en el estudio de los mecanismos utilizados durante su gestión para el control ideológico de los habitantes de la isla, con el objetivo de "alejarlos de la intención segregacionista", en el contexto de la Era de las Revoluciones independentistas en América Latina (^{Altagracia Espada, 2013}; ^{Navarro García, 1991}; Navarro García, 1999). Asimismo, mencionamos dos tesis doctorales que han planteado una revisión de su gestión desempeñada, analizándola en un contexto más amplio al de la isla. Nos referimos a la de Nelson Hernández sobre La política económica de Miguel de la Torre, 1823-1837, dirigida por el Dr. Gervasio García y defendida en la Universidad de Puerto Rico en 1987, y a la realizada por María Providencia Ortiz Malavé bajo la dirección del Dr. Marcial E. Ocasio, sobre El estado español y su proyecto de modernización del siglo XIX: infraestructura vial en la isla de Puerto Rico durante la gobernación de Miguel de la Torre (1822-1837), defendida en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en 2016. En esta última se plantea para ese período una nueva visión del Estado español en la isla, viéndolo como un propulsor de "reformas de modernización a pesar de lo conservadoras de sus instituciones", en su caso, a lo que se refiere a la mejora de las comunicaciones mediante la construcción de caminos (^{Ortiz Malavé, 2016}, pp. 3 y 8).

En la línea de lo apuntado por María Providencia para la infraestructura vial y de lo concluido en nuestra investigación sobre el importante aporte que durante el gobierno de De la Torre se hizo para el inicio de proyectos que contribuyeron a la transformación y mejora del empedrado, alumbrado y limpieza del espacio urbano de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en este artículo vamos a analizar las respuestas que durante ese período se dieron a las consecuencias derivadas de fenómenos climáticos adversos. ¿Por qué específicamente su mandato? Miguel de la Torre llegaba a Puerto Rico en 1822, tras su derrota un año antes en Carabobo por Simón Bolívar, asumiendo el cargo como gobernador y capitán general de la isla de 1823 a enero de 1837, con la facultad de gobernar la colonia como una plaza sitiada y contener en ella los afanes separatistas (^{Altagracia Espada, 2013}, pp. 1315). Con la creación por real decreto de la Real Audiencia de Puerto Rico en 1831 y su erección al año siguiente, De la Torre asumiría también la presidencia de este órgano (^{Lalinde Abadía, 1980}, pp. 138-147). No hay duda de que un gobierno anómalamente extenso como el suyo, unido a unas buenas relaciones mantenidas con el Cabildo de San Juan, del que era presidente, tuvieron que haber favorecido, en líneas generales, la puesta en práctica de planes de actuación de forma continuada y con resultados más evidentes. Al menos así lo pudimos comprobar para los aspectos que hemos trabajado relativos a su gestión para la mejora del espacio urbano de San Juan. Por otro lado, como comentaremos posteriormente, hay autores que han puesto de relieve cómo las ideas de la Ilustración alcanzaron en Puerto Rico su máximo exponente precisamente durante ese gobierno, hecho que podría haber tenido su influencia en el tipo de medidas adoptadas.

Para la realización de esta investigación hemos consultado fuentes documentales del Archivo General de Indias, principalmente correspondencia mantenida por Miguel de la Torre con las autoridades metropolitanas, así como las Actas de Cabildo de la ciudad de San Juan que se corresponden con su período de gobierno, estas últimas localizadas en el Archivo General de Puerto Rico. También, los aportes que desde el siglo XVIII han hecho diferentes autores sobre las características y el impacto de los fenómenos de clima adverso en la mencionada isla, algunos de los cuales incluyen también referencias a aspectos relacionados con la gestión institucional. Uno de los pioneros, en este sentido, fue el monje benedictino fray Íñigo Abbad y Lasierra, autor de la Historia geográfica, civil y natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Esta obra, resultado de un viaje pastoral por la Diócesis insular que fue entregada al conde de Floridablanca como informe del estado en que se encontraba la colonia, se concluyó en 1782 y fue publicada por primera vez en 1788. Entre los diferentes aspectos tratados por Abbad y Lasierra se encuentran precisamente los ciclones y huracanes que hasta esos momentos habían asolado la isla (^{Santa María García, 2004}, pp. 243-252). Con posterioridad se publicaron reediciones de esta obra, como la realizada por José Julián ^{Acosta y Calvo del año 1866}, en la que se incluyeron anotaciones, comentarios y añadidos (^{Acosta y Calvo, 1866}).

Otra fuente importante, en este sentido, por las informaciones que recoge sobre las respuestas institucionales dadas por Miguel de la Torre a los desastres generados por el huracán Santa Ana, son las Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la Isla de Puerto Rico. Se trata de una de las obras más importantes de las realizadas por Pedro Tomás de Córdova, fruto de su labor administrativa como secretario de varios gobernadores de la isla, incluido Miguel de la Torre. Consta de seis volúmenes, publicados entre 1831 y 1833, en los que se tratan temas con los que pretende "agradar a los que en ese momento ostentan el poder" y lograr así "el medro personal del autor", por lo que hay que ser cautos a la hora de su utilización como fuente de información (^{López Cantos, 1986}, pp. 361-384). Las referencias al tema que nos interesa se encuentran concretamente en el tomo IV del año 1832.

Para fechas posteriores, han sido varios los autores que se han interesado por el estudio de los huracanes en Puerto Rico. Entre ellos se encuentran algunos como Rafael William Ramírez de Arellano, con su trabajo titulado "Los huracanes de Puerto Rico", publicado en el Boletín de la Universidad de Puerto Rico, serie 3, número 2 de diciembre de 1932, o Luis A. Salivia, con publicaciones como la titulada Historia de los temporales de Puerto Rico (1508-1949) (1950) e Historia de los temporales en Puerto Rico (1492-1970) (1972). También, el artículo de Ferdinand ^{Quiñones (1992}), titulado "Resumen histórico de los temporales en Puerto Rico", en el que establece una clasificación por tipos de los temporales que han afectado a la isla entre 1502 y 1989, o el libro de Edwin Miner Solá, titulado Historia de los Huracanes en Puerto Rico, publicado por First Book Publishing en 1995.

Entre los trabajos más recientes se encuentran publicaciones como la de Luis Caldera Ortiz, titulada Historia de los ciclones y huracanes tropicales en Puerto Rico, con una versión inicial publicada por Editorial Akelarre y el Centro de Estudios e Investigaciones del Sur Oeste de Puerto Rico en 2014, y otra ampliada y revisada por Editorial El Jaguey en 2017. Especial mención para nuestra investigación merece también el libro de Stuart B. Schwartz titulado Sea of Storms: A History of Hurricanes in the Greater Caribbean from Columbus to Katrina, editado por Princeton University Press en 2015 y publicada en español por ediciones Callejón en 2018, por constituir un referente fundamental para el estudio de la historia de los huracanes en el Caribe, con referencias a algunos de los fenómenos climáticos adversos que han azotado a la isla de Puerto Rico e, incluso, como comentaremos más adelante, a la gestión desempeñada en este terreno por el gobernador Miguel de la Torre.

Características y efectos de los fenómenos climatológicos adversos durante el gobierno de Miguel De La Torre

La isla de Puerto Rico, por su localización en el Caribe, se encuentra en el paso natural de ciclones, huracanes y temporales. Solo durante el gobierno de Miguel de la Torre se produjeron varios fenómenos climatológicos adversos, algunos de ellos incluso extremos, como ya se ha comentado, destacando en este sentido el huracán Santa Ana, que azotó la isla en julio de 1825. El año anterior, concretamente el 9 de septiembre del 1824, se había producido un temporal, que en la clasificación realizada por Ferdinand Quiñones en su "Resumen histórico de los temporales de Puerto Rico" aparece como el huracán San Pedro Claver, un temporal de tipo C, que según el sistema propuesto por Fassig en 1929, se corresponde con uno cuyo vórtice no cruza sobre su territorio, pero que ocasiona importantes daños por vientos con velocidad menor a 74 millas por hora y fuertes lluvias (Quiñones, 1992, pp. 165-166).

Apenas dieciséis días antes de que el mencionado temporal se produjera, Miguel de la Torre había informado al secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia sobre la visita que acababa de concluir por diferentes rincones de la isla. En el expediente remitido, con fecha 24 de septiembre de 1824, incluyó las actas de las reuniones mantenidas en las diferentes localidades por las que había pasado, un resumen de lo acontecido y una serie de propuestas para la mejora de la administración de justicia, la seguridad, la recaudación de impuestos, así como "algún arreglo en la policía interior de seguridad y salubridad", sobre cuyos puntos afirmaba estar "preparando algunos trabajos" (Archivo General de Indias - AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2332, n. 27). También, en otro documento relacionado con esta visita, realizada entre el 12 de mayo y el 19 de agosto, De la Torre indicó las providencias adoptadas para la pronta reedificación de iglesias, casas del rey, la mejora de los caminos, cementerios y defensa (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2332, s/n).

No obstante, pocos días después, el 22 de octubre, el mencionado gobernador tenía que dar cuenta al gobierno metropolitano de los "estragos causados en varios pueblos de dicha isla" por el "furioso temporal ocurrido el 9 de septiembre último". Según las relaciones de las pérdidas acaecidas por las informaciones que había recibido, los mayores destrozos se habían producido en varias localidades situadas al sudoeste de la isla. De la Torre destaca, en este sentido, cómo "la villa de San Germán y los partidos de Cabo Rojo y Sabana Grande" no habían "dejado de experimentar pérdidas", aunque también menciona a los de Ponce, Peñuelas, Yauco y Juana Díaz, al sur, y los de Mayagüez, Añasco, Rincón e Isabela, al oeste y norte. Dentro del expediente relativo a este asunto, De la Torre incluyó las relaciones recibidas de los daños ocasionados por el temporal en las zonas afectadas. En ellas aparecen aspectos relativos a los destrozos de caminos y edificios, como la iglesia de San Germán, que había "quedado bastante arruinada a pesar de la vigilancia y cuidado" (AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2332, n. 33).

En lo que al huracán Santa de Ana se refiere, Luis Salivia menciona que barrió la isla de sudeste a norte, al entrar su vórtice entre Humacao y Yabucoa y salir hacia el Atlántico por la región comprendida entre Arecibo y Vega Baja, con vientos muy violentos que causaron en ella daños sin precedentes. A pesar de que su diámetro no abarcó toda la isla, afirma que se le considera un temporal de tipo A (Salivia, 1950, pp. 152-153), tipología que según el sistema propuesto por Fassig se corresponde con aquellos temporales que afectan a Puerto Rico en su conjunto, con vórtice que cruza la isla y vientos que superan las 74 millas por hora (^{Quiñones, 1992}, pp. 165-166).

De la Torre daba cuenta al gobierno metropolitano de este "huracán espantoso que ha sufrido la isla de su mando" en un escrito con fecha de 2 de agosto, en el que manifestaba "los muchos destrozos que ha ocasionado, el número de personas que han perecido y pérdidas sufridas", según los partes que había recibido de varios pueblos del interior: "En la noche del 26 al 27 del próximo pasado julio ha sufrido esta plaza y según partes, casi toda la isla, el huracán más espantoso que hayan conocido sus naturales y que no aún por tradición tuviesen noticia. Empezó a las 11 de la noche y concluyó a las 4 í4 de la mañana, habiendo sido su mayor fuerza de 1V2 a 3, dejando al vecindario en la mayor consternación".

A continuación, en el mismo escrito daba parte de los principales destrozos ocasionados en la capital, destacando, en este sentido, la caída de un lienzo de la muralla y del puente de San Antonio, "que ha dejado incomunicada la ciudad", el destrozo de los pararrayos de los almacenes de pólvora, así como las puertas y ventanas arrancadas de edificios públicos, "particularmente en la casa de gobierno, que ha sufrido bastante". Afirmaba que "en la población se han padecido porción de descalabros y en la bahía se han perdido absolutamente todos los buques", todo ello "con la felicidad de que no haya peligrado una sola vida". Después se refiere a los estragos ocasionados en los pueblos interiores que, según los partes recibidos hasta ese momento, habían sido extraordinarios en los de Naguabo, Humacao, Las Piedras, Caguas, Rio Piedras, Loíza, Guainabo, Bayamón, Toa Alta y Baja, Vega Alta y Baja y Manatí. Cifraba en más de 150 las personas fallecidas "bien a impulso del viento, o ahogados en las extraordinarias crecientes que han hecho los ríos, siendo infinitamente mayor el número de heridos y contusos, debajo de las ruinas de las casas y la caída de los árboles". Destaca que algo similar había sucedido con los animales y aves, "que han padecido en mucho número quedando yermos los terrenos por la total pérdida de siembra y destrucción de montes, presentando el cuadro más desolador y aflictivo".

Después pasa a centrarse en las consecuencias económicas que el desastre tendría para Puerto Rico, afirmando su temor de que "semejante catástrofe... haya sido general en la isla", poniendo de relieve cómo el paso del huracán había dejado "consternados a estos naturales, y puesto a su gobierno en una situación difícil, porque observa la pérdida total de la cosecha, la carencia absoluta de víveres, y la miseria que es probable suceda, particularmente entre la gente infeliz, en cuyo alivio me ocupo de la manera más exquisita para evitar unos males tan próximos y destructores". Cierra el escrito lo comprometiéndose a remitir más información, una vez que "reciba el total de avisos y formalice un estado de las pérdidas sufridas" (AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2333, n. 52).

En la correspondencia de los siguientes días, De la Torre incluiría también información sobre otro desastre que nada tenía que ver con los efectos del huracán. Nos referimos al "estado que manifiesta la pérdida total experimentada en el pueblo de Aguadilla en el incendio que sufrió la madrugada del 12 de junio último". En ese escrito, De la Torre se manifestaba preocupado por "esta clase de acontecimientos", que por más que se afanaba no podía evitar "por la distancia, descuido de las autoridades locales y sobre todo a causa de fabricarse de madera en esta isla, medio muy expuesto a incendios en casi todos los pueblos de ella" (AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2333, n. 55). El envío del "estado que demuestra las pérdidas sufridas de resultas del temporal de 26 y 27 de julio" tendría que esperar, en cambio, hasta abril del año siguiente, hecho que De la Torre justificaría "por haber estado reuniendo los precisos datos para formarlo" (AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2333, n. 76).

Otra descripción del huracán Santa Ana y sus efectos aparecen en las Memorias de Pedro Tomás de Córdova de 1832, en las que se les califica como el temporal más "furioso" que la isla había experimentado desde 1819. En ellas se menciona que en la noche del 26 al 27 de julio de 1825 "fue acometida la Isla por uno de aquellos terribles efectos de la naturaleza", tras dos días en los que "se habían experimentado copiosas lluvias" y fuertes ráfagas de viento. Al referirse a los estragos ocasionados en la capital, destaca algunos de los que De la Torre había descrito en su anterior escrito. En concreto, menciona el derrumbe del puente de San Antonio y de varios edificios públicos y particulares, junto con la desaparición de dos barrios "habitados por la gente más infeliz". También, que la ciudad quedó incomunicada con el resto de la isla, "un lienzo de la muralla sentido, los pararrayos de los almacenes de pólvora destrozados, y arrancadas muchas puertas y ventanas en las casas". Asimismo, pone de relieve que "en la bahía todos los buques fueron a la costa; la goleta española Puertorriqueña, el bergantín inglés Congreve y dos goletas más pequeñas fueron sumergidas completamente", al tiempo que otras sufrieron "varias averías" (De Córdova, 1832, tomo IV, pp. 382-385).

En relación con los destrozos causados en los pueblos de la isla, Pedro Tomás de Córdova los califica, al igual que De la Torre, como de "mayor consideración", al fallecer "muchas personas, a impulsos del viento, o ahogadas en las extraordinarias crecientes que hicieron los ríos, siendo mayor el número de heridos y contusos debajo de las ruinas de las casas y caída de los árboles". Al paisaje lo califica como "desolador y aflictivo", tanto por el elevado número de animales y aves fallecidos como por los terrenos que quedaron yermos, las sementeras que se perdieron y la destrucción que experimentaron los montes. Los resultados de los exhaustivos informes que hizo De la Torre de la catástrofe, que según ^{Schwartz superaban en precisión a los realizados a fines del siglo XVIII (Schwartz, 2018}, p. 145), fueron incluidos por Córdova en un resumen, en el que aparecen un total de 374 fallecidos, 479 heridos y 731 personas "contusas", siendo Humacao el pueblo en el que se produjo el mayor número de muertos con diferencia, concretamente 141, seguido por Yabucoa, con 52 (De Córdova, 1832, tomo IV, pp. 382-385, citado en ^{Salivia, 1950}, pp. 154-158). Las pérdidas económicas se calcularon en unos 500 000 pesos, tras el balance que cada municipio hizo de los daños y pérdidas, al tiempo que se cifraron en un total de 1078 los ejemplares de palmas de coco arrancados por el huracán, hecho este último considerado como índice de la fortaleza de este fenómeno atmosférico (^{Domínguez Cristóbal, 2000}, p. 162; Domínguez Cristóbal, 2007, p. 39). Entre los cultivos afectados, estuvieron algunos, como los de las naranjas en Aguadilla (Domínguez Cristóbal, 2000, p. 168) o el café, del que se arruinaron casi 6000 cuerdas (^{Schwartz, 2018}, p. 150).

Una tercera fuente en la que podemos encontrar referencias a algunos de los efectos del paso del huracán Santa Ana, en este caso en lo que se refiere a la capital, son las actas del cabildo de San Juan. Resulta llamativo que las referencias a este dramático suceso sean escasas y que se limiten casi exclusivamente a los destrozos ocasionados en el sistema de alumbrado. Sobre este asunto informó al Cabildo el arrendatario de ese ramo, Manuel Saviñon, en la sesión celebrada el primero de agosto de 1825, poniendo de relieve que la mayor parte de los faroles se habían roto o desaparecido y que tenía trabajando a todos "lo inteligentes en el arte" para subsanarlo. Como consecuencia de ello, solicitaba que se le dispensara cualquier falta leve que se notara "entretanto se concluyen los faroles" y que se dispusiera la composición de dos pilares que se habían caído (Archivo General de Puerto Rico -AGPR-, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 182).

Algunos detalles más aparecen en el acta del cabildo extraordinario celebrado a petición de Miguel de la Torre, el día 5 de agosto. En esa sesión se leyó la carta que el mencionado gobernador y capitán general había dirigido al Ayuntamiento, en la que se refería a los repetidos partes que estaba recibiendo de los alcaldes de la isla manifestando los "destrozos inauditos" que había ocasionado "el furioso huracán". Entre ellos se destacan las pérdidas de cosechas, la destrucción de plantaciones y fábricas, se hace referencia a los "asolados campos" y los "yermos montes", las personas fallecidas y los animales arrastrados por las "extraordinarias crecientes". En respuesta a esta situación, solicitaba al Cabildo que adoptase medidas para hacer frente a la escasez de alimentos que "pueden sobrevenir" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 184-185), que comentaremos en el siguiente apartado.

El siguiente huracán que afectó a Puerto Rico, conocido con el nombre de San Jacinto, se produjo dos años después, concretamente el 17 de agosto de 1827. En la clasificación de Ferdinand ^{Quiñones aparece, igual que el de Santa Ana, como tipo A (Quiñones, 1992}, pp. 165-166) y, según expone Luis ^{Salivia (1950}), aunque sus efectos no tuvieron la magnitud del anterior, se sintieron en todo Puerto Rico (p. 161). En esta ocasión, De la Torre tardaría bastante menos tiempo en informar a las autoridades metropolitanas sobre los daños sufridos que con el de Santa Ana. Lo hizo justo un mes después, en un escrito en el que se refería a este temporal como un "casi declarado huracán" que había causado muchos males en las siembras menores, y no poco perjuicio en las haciendas de café y caña". En la descripción incluye otras referencias a los destrozos ocasionados en la agricultura, tanto a las plantas de plátano, de las "que no había quedado ninguna", siendo un "fruto de primera necesidad en la isla", calculando las pérdidas sufridas en general por los labradores en una cuarta parte de sus cosechas. También se refiere a los destrozos ocasionados en edificios, mencionando a las casas cuarteles de milicias de Juana Díaz y Guayama, que se habían "absolutamente arruinado", y "a la obra de Iglesia que se emprendía en este último". Asimismo, destaca la pérdida de cinco buques en Ponce, tres en Guayama, dos en Humacao, uno en Mayagüez, uno en la capital y otro en Naguabo. A pesar de lo expuesto, consideraba que este temporal "no es sombra de lo que sufrió esta isla en el terrible huracán de 1825, que la dejó asolada" (AGI - Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2334, n. 110)¹.

El siguiente huracán, conocido con el nombre de San Hipólito, tuvo lugar el 13 de agosto de 1835. Tras iniciarse por la zona de Yabucoa, afectó sobre todo a la zona Este y Norte de la isla y salió al Atlántico por la zona de Vega Baja, una de las más perjudicadas frente a otras, como la de Guayama, que pudo recuperarse antes, al propiciar en ella las abundantes lluvias "la cosecha más grande que hasta entonces se había visto, endiéndose los frutos a precios casi fabulosos, con los de ahora" (^{Salivia, 1950}, pp. 165-168; ^{Navarro García, 2013}, p. 49). Según la Gaceta de Puerto Rico del martes 18 de agosto de ese año, los daños en la capital fueron escasos, destacando en este sentido "algunas techumbres de casas, o almacenes, persianas de galerías o balcones, el muelle del almacén de depósito socavado por las olas", al tiempo que para otros puntos de la isla se destaca la pérdida de platanales y frutos menores, "las ruinas de chozas o bojíos viejos, y a las demás desgracias que suelen originar en las haciendas la creciente de los ríos" (Salivia, 1950, pp. 166-167).

Sobre los efectos que este huracán tuvo en la zona de Vega Baja, contamos con una relación detallada gracias a la "Memoria formada de orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó a fines del año próximo pasado en el pueblo de Vega Baja y sus inmediaciones, realizada por el licenciado D. Miguel de Cotto". En ella se describe cómo el mencionado temporal causó "la desolación de casi toda especia de agricultura", razón por la que sobrevinieron "escaseces de los principales alimentos, con que se han nutrido desde su infancia los naturales, y son de su uso diario", aspecto que contribuyó, "junto a otras causas unidas en el aire", a la "insalubridad en sus habitantes". Otro aspecto que destaca, en este sentido, son los efectos de las crecientes de los ríos, que causaron "estragos considerables", como el de "quedar cubiertas las más hermosas y ricas plantaciones de una espesa basa, como asimismo, las más frondosas y amenas vegas", o la conducción en "sus impetuosas corrientes" de "multitud de peces, cuadrúpedos, aves, reptiles e insectos ahogados, que la mayor parte de estos quedan depositados dentro de la espesura de los bosques, plantaciones, praderas, remansos de los mismos ríos, ciénagas de aguas permanentes y de otras de esta clase que ocasionalmente se forman, y pantanos estables". Para Cotto, la formación de "miasmas pútridos" y "efluvios perniciosos" como consecuencia de los efectos del calor sobre los animales muertos y los vegetales de los pantanos y los que habían sido arrastrados, influían "mortíferamente sobre todo los seres vivientes que tienen la desgracia de inspirarlos". Esto es, según expresa, lo que había sucedido con el vecindario del pueblo de Vega Baja, de cuya Junta de Sanidad había recibido un escrito en el que se le informaba que estaban siendo atacados por una "enfermedad para nosotros desconocida" y requerían su presencia para que realizara una inspección. Finalmente, Cotto propondría al gobernador Miguel de la Torre la rápida "desecación de las aguas de la ciénaga y demás lugares pantanosos, de los cuales ya dejo apuntación, por conceptuar ser la causa y el origen de la epidemia" (Coll y Toste, 1934, tomo VII, pp. 121-130).

Ni el temporal de 1827 ni el de 1835 aparecen mencionados en las actas del Cabildo de San Juan ni en la "relación de huracanes que ha sufrido la isla", con la que José Julián de Acosta y Calvo completaba la realizada anteriormente por Íñigo Abad. En esta última sí aparece recogido el que tuvo lugar el 2 de agosto de 1837, el de Nuestra Señora de Los Ángeles, una vez finalizado ya el gobierno de Miguel de la Torre. De este huracán se especifica que "fue general en la isla, causando graves pérdidas en vidas y haciendas", al tiempo que se destaca la destrucción de "todos los buques surtos en la bahía de la Capital" (^{Acosta y Calvo, 1866}, p. 434). Y es que el mencionado huracán, considerado como uno de los mayores ocurridos en Puerto Rico, afectó de forma especial a su parte septentrional, al tiempo que amplias zonas quedaron sin alimentos básicos y con importantes daños en sus productos de exportación (^{Salivia, 1950}, p. 169; ^{Navarro García, 1999}, p. 84). Fue el primero en medírsele la presión barométrica en Puerto Rico (^{Miner Solá, 1995}, p. 34).

La gestión de los desastres

Para Stuart B. Schwartz, Miguel de la Torre fue "un administrador inteligente y astuto, que entendía la utilidad política de mostrarse eficaz ante un desastre". Según este autor, lo último formaba parte, para los casos de Cuba y Puerto Rico, del plan para exaltar las ventajas de la lealtad a la Corona española, en el contexto de las revueltas revolucionarias que tuvieron lugar en Hispanoamérica entre 1807 y 1825 (^{Schwartz, 2018}, pp. 145-146). Esta apreciación podría cobrar sentido, desde el momento en el que ambas islas constituyeron las últimas posesiones españolas en América, hecho que propiciaría un interés por protegerlas, mantenerlas y desarrollarlas como baluartes de la monarquía, en el marco de un imperio en decadencia (^{Carlo Altieri, 2007}, p. 34).

No obstante, sin descartar del todo lo afirmado por Schwartz, pensamos que un factor fundamental que nos permite entender la gestión desarrollada por De la Torre en este y en otros aspectos en Puerto Rico radica en el hecho de que las ideas de la Ilustración alcanzaran su máximo exponente en la isla durante su gobierno (^{Castro Arroyo, 1984}, p. 22). Como consecuencia de ello y tras algunos precedentes, llegaban con cierto retraso a Puerto Rico algunas medidas que respondían al proyecto de reforma global de la sociedad bajo el reinado de los Borbones, con las que se pretendía un mayor control sobre el espacio y sus habitantes, así como el fomento de la riqueza mediante una explotación intensiva de recursos naturales y el aumento del comercio interior y exterior. Con estos objetivos se habían puesto en marcha durante el siglo XVIII, tanto en la España peninsular como en algunas regiones de los territorios ultramarinos, medidas para la identificación de las características de la población, concretamente de los principales males que le aquejaban y su disponibilidad económica, y la ejecución de planes de obras públicas para la mejora de las comunicaciones y la colonización de espacios estratégicos (Solano, 1997, p. 37; ^{Anguita Cantero, 1997}, pp. 112-114).

Como consecuencia de todo ello, la ciencia de la Policía había experimentado un importante desarrollo durante el siglo XVIII, produciéndose un conjunto de normas y experiencias que incluyeron aspectos muy diversos, relacionados tanto con la seguridad como con las buenas costumbres o la higiene, con las que se buscaba el establecimiento de normas y formas de gobierno aplicables al conjunto de los habitantes, promoviendo en nombre del rey el bien público (^{Gortari Rabiela, 2002}, pp. 117-120). La preocupación por la higiene, concretamente, se tradujo en medidas orientadas tanto a la erradicación de núcleos focales de enfermedades como al control de los procesos de circulación del agua y del aire, el traslado de cementerios a las periferias urbanas y la construcción de hospitales, hospicios y cárceles (^{Jori, 2013}).

Sin duda, gran parte de las medidas adoptadas como respuesta a los desastres por De la Torre y otros mandatarios que tuvo Puerto Rico no podemos descontextualizarlas de todas estas iniciativas y preocupaciones que ya venían desarrollándose desde el siglo anterior, de la misma forma que tampoco podemos hacerlo en su caso concreto con las relativas a la protección de la salud (^{Cortés Zavala, 2017}, pp. 38-42) o la construcción de caminos interiores como mecanismo de control social y militar y en función del estímulo agrícola y del crecimiento demográfico (Ortiz Malave, 2014, p. 4).

En relación al temporal que azotó la isla en septiembre de 1824, ya mencionamos como De la Torre informó a las autoridades metropolitanas del estado miserable en que se encontraban varias ciudades y pueblos de la isla. En su escrito, el gobernador centraba su preocupación en el hecho de que "esta ocurrencia no dejará de paralizar en mucha parte el cobro de las contribuciones y detener el progreso de la industria". En respuesta a esta situación, afirmaba haber "providenciado prontamente que los jueces activen la reparación de los daños animando al vecindario", no perdiendo de vista cuanto "sea conforme y favorable a los vecinos" (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2332, n. 33). Desde el gobierno metropolitano se respondería a De la Torre indicando que el monarca esperaba "de su celo que enjugara las lágrimas de aquellos infelices vasallos que han padecido y son tan predilectos del Rey, nuestro Señor" (^{Schwartz, 2018}, p. 145).

Otra autoridad que también informó al gobierno metropolitano sobre los efectos de este temporal fue el intendente de Puerto Rico, José Domínguez Díaz, mediante un informe dirigido al secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, en el que, entre otros aspectos, contraponía la falta de solidaridad de los municipios menos afectados a la hora de incrementar la cuota del subsidio del año siguiente "para el socorro de los más perjudicados", con la ayuda prestada por el gobierno central, al conceder a las localidades más afectadas "una baja proporcionada a su calamidad". En relación con la falta de solidaridad mencionada, se lamentaba tanto por la "indiferencia en pueblos de un mismo territorio, y a quienes en otra ocasión puede acontecer lo mismo", y de la venta de productos de primera necesidad a precios escandalosos "a vecinos afligidos y arruinados", contraviniendo las órdenes de Gobierno (^{Salivia, 1950}, pp. 149-151). De este testimonio podría desprenderse que las medidas aplicadas por las autoridades, a pesar de lo expresado por el monarca en su respuesta a De la Torre, no estuvieron a la altura de las circunstancias, al no concretarse en una respuesta eficaz a la situación por la que atravesaban en esos momentos las localidades más perjudicadas.

Como mencionamos en el anterior apartado, apenas un año después, a fines de julio de 1825, Puerto Rico tuvo que hacer frente a los estragos ocasionados por el huracán Santa Ana. En la ya mencionada información que Miguel de la Torre remitió al gobierno metropolitano en abril de 1826, sobre el estado de las pérdidas sufridas por el mencionado temporal, destacaba que "habían sido de mucha consideración las pérdidas que van valorizadas". También afirmaba tener la satisfacción de asegurar que "a beneficio de medidas prontas y enérgicas se alejó el hambre, se hicieron siembras de frutos menores y casi se hallan reparados todos los edificios, sin que se note apenas aquel destrozo" (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2333, n. 76).

Entre las medidas adoptadas por De la Torre, Schwartz menciona, además de la realización del ya mencionado informe, la formación en una treintena de pueblos de comités compuestos por el comandante militar, el alcalde y cuatro ciudadanos "prominentes", para determinar si los impuestos debían suspenderse por un año. También, la autorización del comercio de alimentos con islas no españolas y la emisión de una orden para evitar la especulación y la manipulación de los precios, así como el envío de una circular con fecha de 5 de agosto a cada municipio, en la que se ordenaba la construcción de albergues para las personas sin hogar, la reparación de edificios gubernamentales y cuarteles, la limpieza y renovación de las iglesias. Asimismo, la orden que dio a cada vecino para que sembrara al menos una cuerda de frutos menores o tubérculos para el alimento de familiares y trabajadores (^{Schwartz, 2018}, pp. 145-146).

Pedro Tomás de Córdova incluyó en sus memorias el escrito de 5 de agosto de 1825 de Miguel de la Torre, en el que se especificaban estas medidas junto con otras destinadas a la limpieza y arreglo de caminos (De Córdova, 1833, pp. 386-388). También el acuerdo del 8 de agosto siguiente de De la Torre y el intendente José Domingo Díaz, en el que se indicaba que los pueblos comprendidos en las medidas descritas eran los de Patillas, Maunabo, Yabucoa, Naguabo, Humacao, Las Piedras, Juncos, Gurabo, Hato-grande, Caguas, Río-piedras, Guainabo, Bayamón, Toa-Alta y Baja, Vega-Alta y Baja, Morovis, Ciales, Manaty, Arecibo, Hatillo, Camuy, Ouebradillas , Cayey, Cidra y los Trujillos (De Córdova, 1833, pp. 389-390).

En relación con este conjunto de acciones, Schwartz menciona también la solicitud de ayuda que De la Torre hizo a la vecina Cuba y la respuesta eficaz que demostró a través de estas medidas, al "convertir un desastre en un ejemplo positivo de la competencia del gobierno". También, el uso por parte de las autoridades en la documentación generada tras la tormenta de palabras como "honor", "lealtad" y "patriotismo" con el fin de "mover a la población a la acción" (^{Schwartz, 2018}, pp. 145-146). Entre las ayudas recibidas por De la Torre estuvo la remitida por el gobernador de Terranova, el capitán Sir Thomas Cochrane, arribado a las Antillas apenas seis semanas antes del desastre, consistente en 100 pesos para "los pobres de varias comunidades" (^{Schwartz, 2018}, p. 150).

Junto a las acciones dispuestas por los representantes del gobierno metropolitano en Puerto Rico con el objetivo de paliar los efectos derivados de fenómenos climatológicos adversos, no podemos dejar de mencionar algunas de las que se aprobaron o discutieron a nivel local. En este sentido, en el apartado anterior vimos cómo Miguel de la Torre solicitó al Cabildo de San Juan que adoptara algunas medidas en relación con los destrozos provocados por el huracán Santa Ana. Las actuaciones se centraron principalmente en garantizar el abastecimiento de alimentos. Así, en respuesta al escrito del 2 de agosto de 1825 de De la Torre, los presentes en la sesión del cabildo extraordinario del 5 de agosto siguiente acordaron que "por el diputado de abastos y síndico procurador general se procure saber en el día la harina de trigo que tienen los panaderos y existe en almacenes particulares, tomando noticia de lo que cada uno amasa diariamente a fin de ver el tiempo que puede durar para tomar providencia de conducción y acopio si fuese preciso, o para que se surta a los que vinieren a comprarla de los pueblos de la isla". Desde el cabildo también se dispuso que mientras durasen las harinas introducidas no se permitiese la alteración en el precio del pan. Otras medidas fueron la prohibición por el gobierno e intendencia de la extracción de la isla de ganado, frutos o granos del abasto público, con el objetivo de evitar "la escasez, necesidad y carestía del precio"; que se librasen circulares a los jueces de la isla, invitando a los labradores a la siembra de granos y legumbres y obligando a los que tuvieran terrenos incultos a que los sembraran con los mencionados frutos, "apercibidos de que si no lo cumplen se les quitará y darán a otros que los beneficien en utilidad (...) y que apliquen a las mismas labores a los vagos y limosneros cuyo motivo de solicitar la caridad de los vecinos es solo la vagancia" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 185-186).

En el caso de que continuara "la penuria" y la falta de comestibles en la ciudad, se autorizaba el traslado de granos de Añasco, zona "que abunda en granos y no ha padecido con el huracán, o de cualquier otro pueblo de la isla que se halle en igual caso", con cargo al fondo de propios, debiéndose expedir diariamente en la plaza o Mercado al público "por el corte y costo que hayan causado". También se dispuso que a los vendedores o regatones que salían de la ciudad a comprar por su cuenta o para introducir comestibles "como caza, aves, viandas, menestra, leña y carbón, que los dueños conducen a la plaza para su venta, y deben estos hacer por menor al público hasta las diez del día", fueran puestos "a la vergüenza además de perder el género y ser multados proporcionalmente para obras públicas y denunciados. Para cumplir esta última medida, se debían destacar alguaciles fuera de las puertas de la ciudad y desde el momento de su apertura, especialmente en las de Santiago y San Justo (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 186). Con el objetivo de facilitar la conducción de frutos a la capital, se dispusieron, a petición de vecinos de la zona de Toa Alta, una serie de piraguas en Boca Vieja para el tráfico diario (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 188).

En la sesión de cabildo celebrada el 22 de agosto siguiente, junto al oficio del gobernador y capitán general del día 9, con lo decretado sobre el acuerdo extraordinario del 5 de agosto ya mencionado, se recibió también una circular del Gobierno del día 12, en la que se prohibía la extracción por todas las aduanas y receptorías de la isla, de plátanos, maíz, arroz "y demás menores que son necesarios al abasto público" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 191). Pocos días después, en la sesión del día 29 de agosto, se informaba de la existencia de 887 barriles de harinas en las panaderías y almacenes particulares, considerándose que había para un par de meses. El síndico expuso también las quejas de los labradores de la isla que llevaban sus frutos a la capital, "por lo dilatado y penoso" que se encontraba el puente de San Antonio y lo perjuicios que se experimentaban al tener que realizar los traslados en canoas (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 192).

En relación con los destrozos ocasionados por el huracán en el alumbrado de la ciudad de San Juan, la situación seguía sin resolverse casi dos meses después. En el cabildo celebrado el 19 de septiembre siguiente, uno de los puntos tratados fue precisamente el del abandono en el que se encontraba el alumbrado, tras el "prolijo reconocimiento de todos los útiles del ramo con presencia e intervención de peritos". Según expuso el Sr. Santiago de Córdova, el motivo de ello radicaba en la falta de faroles y candilejos, pues "el aceite y mecha los había encontrado en la mejor condición". También se leyó una representación del arrendatario del ramo, don Manuel Saviñon, en la que se disculpaba "con varias razones de las faltas que se le acusan", al tiempo que presentaba la cuenta de "la obra de los pilarotes para los pescantes de los faroles que tumbó la tormenta" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, f. 196). Un mes después seguían sin restituirse los faroles destruidos por el huracán Santa Ana, motivo por el cual el cabildo acordaba la comparecencia del arrendatario del ramo y que el Sr. alcalde "le intime que si desde el primer del mes entrante no está compuesto el alumbrado se hará acreedor a la pena que el ayuntamiento tenga a bien imponerle con arreglo a las condiciones del remate" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1825-1828, C. 11, 54B, f. 1).

Sobre las medidas adoptadas por De la Torre en el temporal del 17 de agosto de 1827, no contamos con tanta información, más allá de que el gobernador realizó una visita por los pueblos de la isla entre el 21 del mismo mes y el 13 de septiembre siguiente, en la que tomó nota de los destrozos originados, descritos en el anterior apartado, y pasó revista a los Cuerpos provinciales (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2334, n. 110). Por la "relación de las obras públicas hechas en los pueblos de la isla de Puerto Rico en 1827 y continuadas en la capital", sabemos que en esos momentos se estaban llevando a cabo reparaciones de edificios dañados en los temporales de 1825 y en el de ese mismo año. En concreto, el inicio de las obras de algunos de ellos, por ejemplo, las iglesias de Caguas y Morovis, destruidas por el temporal de 1825, o las casas del Rey de Guayama y de Juana Díaz, dañadas por el temporal de 1827 (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2334, n. 137, f. 6, 11, 17 y 24; n. 173, f. 14). Asimismo, en la relación de las obras públicas realizadas en 1829 se menciona, para el caso de Fajardo, que gracias a la contribución voluntaria de los vecinos se hizo volver a su antiguo cauce al río, que lo "había abandonado desde el año 1825" (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2334, n. 222, f. 9 y 10).

El panorama sobre Puerto Rico presentado por De la Torre en mayo de 1830, tras haber realizado una visita en toda la costa, con el objetivo de cerciorarse "del estado de la opinión, disciplina de los cuerpos provinciales, adelanto en las obras públicas, aumento de la agricultura y comercio y demás relativo a formar un juicío exacto del estado de la isla en sus diversos ramos", transmite una imagen muy optimista, que difiere de la presentada en los informes tras los desastres de 1825 y 1827. Según mencionaba, "el país marcha a su crecimiento en todos sentidos, pues su población aumenta rápidamente y se han establecido muchas y buenas haciendas de caña en términos que no dudo haya este año un tercio más de rendimientos en la cosecha de azúcar". Afirmaba que se habían "planteado molinos de agua, y se nota mucha decisión en los hacendados pudientes por subrogar este elemento a los bueyes con que generalmente se hace la molienda". Exponía que "encontró los puertos frecuentados de buques para la saca de frutos, y todo animado y en actividad conociéndose el deseo de adelantarse los capitales y la mayor confianza en el Gobierno". También se refería al buen estado en el que se encontraban los cuerpos provinciales, al avance en la mejora de los caminos, iglesias, casas del rey, baterías y poblaciones, siendo, según su parecer, "indecible lo que esta isla avanza en riqueza, ornato y buen gusto" (AGI, Gobierno, Audiencia de Santo Domingo 2335, n. 212).

Esta imagen de prosperidad contrasta con el malestar que generaba en sectores de la población de la isla la falta de mecanismos de respuestas de la metrópoli con los que paliar los daños que los huracanes y los fuertes temporales causaban en la agricultura, sobre todo en los cultivos de exportación. Jesús Raúl Navarro García destaca, en este sentido, junto a la falta de ayudas a los damnificados, la ausencia de iniciativas de exención fiscal y de créditos a bajo interés con los que "financiar el desarrollo agrícola, especialmente el azucarero, e indirectamente para hacer frente a estas contingencias climatológicas". Todo ello en unos momentos en los que tanto la marginación política como una mayor presión fiscal generaban un descontento, que en el caso de Puerto Rico se plasmaría en un incremento de las tensiones durante los últimos años del gobierno de Miguel de la Torre en la isla, con "un nuevo intento desestabilizador" en 1838 (^{García Ochoa, 1982}, pp. 256-261; Navarro García, 2013, p. 50; 1999, pp. 82 y 85).

Al margen de los huracanes mencionados, los efectos ocasionados por las periódicas lluvias torrenciales en los campos y los núcleos de población fueron también motivo de actuación por parte de diferentes autoridades de la isla. En lo que a la capital se refiere, con el fin de evitar el estado en el que se quedaban las calles y plazas, en cabildos como el celebrado el 1° de julio de 1822 se destacó como de primera necesidad y utilidad "la obra de empedrar todas las calles a beneficio de la salud pública y de que el Puerto no se ciegue con las tierras que arrastran a él las continuas lluvias" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1822-1823, C. 10, 54B, o. 30). También, como se expuso en el cabildo celebrado el 4 de noviembre de 1823, eran motivo de preocupación las aguas estancadas, que con el sol y las altas temperaturas originaban malos olores y resultaban perjudiciales para la salud (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1823-1825, C. 11, 54B, o. 15).

A pesar de ello, y por diferentes razones, hubo que esperar al plan de arreglo de las calles de 1832 para que se produjeran importantes avances en las obras de empedrado de la ciudad, con las que se hubieran podido evitar gran parte de los inconvenientes expresados. Miguel de la Torre tuvo un papel destacado en la gestión de esta iniciativa, cuyas obras se encontraban al término de su mandato en un estado avanzado de ejecución (^{Luque Azcona, 2020}). No obstante, estas situaciones continuaron produciéndose durante los últimos años de su gestión, afectando, entre otras, a calles como las de San Justo o la que subía de la plaza de Santiago a la de San Sebastián, como se puso de relieve en la sesión del cabildo celebrada el 17 de noviembre de 1834, al referirse a "los detrimentos de consideración en el empedrado" causados por "las muchas y copiosas lluvias que en estos días pasados" se habían experimentado (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1834-1835, C. 12, 54B, f. 107).

Para evitar inundaciones y el estancamiento de aguas dentro del recinto, era importante también, junto al empedrado de calles y plazas, el mantenimiento y la limpieza de los desagües. En lo que al recinto y los acueductos que salían al mar se refiere, el cuerpo de ingenieros era el órgano responsable de llevarlo a cabo, como se puso de relieve en la sesión del cabildo celebrada el 9 de septiembre de 1834, al tratarse los perjuicios que sufría el edificio de la aduana "por las aguas pluviales" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1834-1835, C. 12, 54B, f. 88). En este sentido, el comandante de ingenieros informaba poco después al gobernador y capitán general de la plaza mediante oficio, de lo perjudicial que resultaba para el desagüe de las aguas por el flanco oeste que el contratista arrojara las basuras de la ciudad en las inmediaciones del fuerte de la Perla (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1834-1835, C.12, 54B, f. 93).

Otro de los efectos derivados de las fuertes lluvias y vientos eran los daños ocasionados en el sistema de alumbrado; situación que pudimos constatar cuando nos referimos al huracán Santa Ana. Algo similar aparece recogido en el acta de la sesión del cabildo celebrada el 21 de mayo de 1830, al informar el rematador del ramo sobre esta situación que "había motivado la oscuridad" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1828-1830, C. 11, 54B, f. 137). También, el peligro de derrumbes de edifficios, al verse afectados los cimientos; lo que llevó a los dueños de las fincas del callejón que bajaba de la calle de San Sebastián a la plaza de Santiago a "sentir perjuicio" y temer que se pudiera llegar "al extremo de acarrear desgracias desagradables" (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1830-1831, C. 12, 54B, f. 66-67).

Entre las medidas articuladas por el Cabildo de San Juan para la gestión de desastres, debemos mencionar también las dispuestas para el socorro de otras regiones que los experimentaron. Así sucedió, por ejemplo, en la sesión del 13 de julio de 1829, en la que tras leerse el oficio del gobernador y capitán general junto con la real cédula remitida por el Sr. secretario del Consejo Supremo de Indias del 14 de abril, en la que se pedía socorro a las autoridades de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para las víctimas del terremoto ocurrido "en varios pueblos de la gobernación de Orihuela y parte de Murcia", por unanimidad acordaron suscribirse individualmente cada uno con la cantidad que estimaron conveniente (AGPR, Fondos documentales municipales, Serie San Juan, Subserie Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 1828-1830, C. 11, 54B, f. 69-70).

Pocos meses después del fin del mandato de Miguel de la Torre, su sucesor en el cargo, el gobernador Francisco Moreda y Prieto, tuvo que hacer frente a un nuevo huracán, el Nuestra Señora de Los Ángeles. Según ^{Schwartz (2018)}, de manera parecida a su antecesor, este gobernador tuvo una respuesta admirable a los daños causados por el mencionado huracán (p. 178). En ese sentido, autores como Rafael William Ramírez de Arellano pusieron de relieve, casi cien años después, la vigencia que para entonces continuaban teniendo las medidas previsoras propuestas por Moreda y Prieto, para evitar las "desgracias personales, pérdidas materiales, hambre y epidemias" que fenómenos de clima adverso provocan, cada cierto tiempo, en la isla de Puerto Rico (^{Ramírez de Arellano, 1932}, pp. 28-34).

Reflexiones finales

Los fenómenos climatológicos adversos referidos en este artículo, todos ellos producidos durante el gobierno de Miguel de la Torre en la isla de Puerto Rico (los huracanes San Pedro Claver, de septiembre de 1824, Santa Ana, de septiembre de 1825, San Jacinto, de agosto de 1827, y San Hipólito, de agosto de 1835), provocaron, con mayor o menor intensidad, según el caso, muertes, enfermedades y daños de importante magnitud en infraestructuras y cosechas. Gracias a los exhaustivos informes realizados por De la Torre contamos con una información detallada de los efectos que tuvieron en los distintos municipios de la isla y también con estimaciones sobre las pérdidas económicas producidas. En el caso de la capital, los mayores daños reportados se produjeron como consecuencia del huracán Santa Ana, consistentes tanto en el derrumbe del puente de San Antonio como en los destrozos en edificios y alumbrado de calles y plazas, el hundimiento y rotura de embarcaciones en el puerto e, incluso, según algún testimonio, la desaparición de dos barrios "habitados por la gente más infeliz".

Junto a la remisión de exhaustivos informes a la metrópoli sobre lo acontecido como consecuencia de estos temporales y la solicitud de ayuda externa, De la Torre dispuso, en colaboración con otras autoridades de la isla, medidas para paliar la falta de alimentos y reparación de daños materiales, la limpieza y el arreglo de caminos, determinar la posible suspensión temporal de impuestos en las zonas más afectadas, evitar la especulación y manipulación de precios o la construcción de albergues para personas sin hogar.

El tipo de respuesta institucional dada por De la Torre a estos desastres responde, por una parte, al hecho de que fuera durante su mandato cuando las ideas de la Ilustración alcanzaron en la isla su mayor exponente, lo que se tradujo en un mayor interés por el control sobre el espacio y sus habitantes, el fomento de la riqueza mediante la explotación intensiva de recursos naturales y el aumento de comercio interior y exterior, así como por la existencia de una mayor preocupación por la salubridad y la erradicación de núcleos focales de enfermedades. También, al uso político que hizo de la gestión de desastres, mostrándose a las autoridades metropolitanas como el buen gobernante preocupado por el cobro de contribuciones y el progreso económico. Una respuesta eficaz era un mecanismo más para enseñar a su pueblo las supuestas ventajas de mantenerse leales a la Corona española, y el patriotismo, una herramienta con la cual movilizar a la población en los momentos más difíciles para la reconstrucción.

No obstante, como hemos comprobado, las medidas adoptadas por la metrópoli y su gobierno para Puerto Rico tras el paso de huracanes no contemplaron un plan de ayudas económicas a damnificados ni de apoyo a los productores de cultivos de exportación, ya fueran de exención fiscal o de créditos a bajo interés, con el cual poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por estos desastres. Esta situación generaría un descontento y malestar en los sectores directamente afectados de la población, que se vería incrementado como consecuencia de la marginalización política y una mayor presión fiscal. Todo ello contribuiría a un aumento de las tensiones en la isla durante los últimos años del gobierno de Miguel de la Torre.