Introducción

Hace dos décadas, Eduardo Posada Carbó, en una explicación sobre el regionalismo político en la costa caribe colombiana, sugirió que los acontecimientos de 1910 relacionados con las amenazas separatistas y las demandas para la descentralización administrativa y otros asuntos afines "(...) fueron, sin embargo, incidentes esporádicos. Nunca tuvieron serias dimensiones regionales. Más aún, históricamente el regionalismo costeño no se identifica por sus ambiciones autonómicas sino por sus demandas para tener mayor acceso a las esferas del Estado nacional" (^{Posada, 1999}, p. 341). Hoy sabemos que los acontecimientos ocurridos entre 1910 y 1914 tuvieron una trascendencia regional y nacional que produjo cambios profundos en las relaciones entre los sectores dominantes de la costa norte colombiana y el Gobierno central presidido por Carlos E. Restrepo (1910-1914) y que estos hechos antecedieron el movimiento político conocido como la Liga Costeña de 1919¹.

Los hechos de 1910, tal como se plantea, no se encuentran vinculados a las interpretaciones de lo ocurrido en 1919 cuando se da el movimiento político llamado Liga Costeña, por tanto, no se asocian las dos etapas (1910 y 1919) como parte de un mismo proceso de regionalización de la costa en las dos primeras décadas del siglo XX. En estos años no solo ocurren modificaciones en la formación estatal, sino que se presentan tensiones y acercamientos entre los grupos dominantes costeños y las élites que controlan el poder central desde Bogotá (^{Miranda y Román, 2014}).

La ausencia de una comprensión exhaustiva sobre la formación del Estado colombiano y los giros que da en los primeros veinte años del siglo XX inciden en la manera como se percibió el regionalismo costeño y los hechos ocurridos en 1910, que, a decir verdad, se prolongan hasta 1914, convirtiendo estos años en una coyuntura muy particular en el proceso de regionalización de la costa norte colombiana y de reorganización estatal después del giro político que da la Constitución de 1886 y transcurridos cien años de haberse iniciado el proceso de independencia y de gestarse el proyecto estatal de Cartagena (^{Román, 2018}; ^{Múnera, 1998}; ^{Bell, 1994}).

Es importante subrayar que la idea de un regionalismo en la costa norte de Colombia en el siglo XX está asociada a los variados procesos políticos y autonómicos que tuvieron lugar en el siglo XIX, en especial al primer proyecto estatal del hoy Caribe colombiano (^{Bell 1991}, formalizado en 1812 con la Constitución del Estado de Cartagena que, como se sabe, fue un intento importante de independencia política de la entonces capital virreinal, Santafé de Bogotá (^{Múnera, 1998}; ^{Conde, 2009}). Estas tendencias de autonomía siguieron manifestándose con el fracaso del proyecto estatal de Simón Bolívar en 1831 y la separación temporal de la provincia de Cartagena del nuevo proyecto de Estado, orientado por José Ignacio Márquez y Francisco de Paula Santander y, posteriormente, en los años de la Guerra de los Supremos, cuando confluyeron los efímeros intereses de las provincias de la costa y se disolvieron al calor de los beneficios particulares de sus localidades (^{Bell, 2006}).

La historiografía colombiana sobre la primera mitad del siglo XX orientó el análisis de la formación estatal casi que de manera exclusiva a los partidos políticos, la guerra entre liberales y conservadores, que terminó en 1902 (^{Villegas y Yunis, 1979}; Jaramillo, 1991; ^{Sánchez y Aguilera, 2001}), y a la separación de Panamá, ocurrida en 1903 (Palacio y ^{Lemaitre, 1980}, 1983; Bergquist, 1992; ^{Delpar, 1994}; ^{Díaz, 1997}). Estos análisis fueron complementados con trabajos importantes sobre los acontecimientos que se produjeron en la región andina como consecuencia de la consolidación de la economía del café y su inserción a la economía mundial; hecho que marginó los acontecimientos de las regiones que quedaban en los márgenes del desarrollo que impulsaba la comercialización cafetalera (Kalmanovitz, 1993; ^{Ocampo, 1984}). De esta manera, la historiografía que se desarrolló en la región Caribe, en especial la que revisó las dos primeras décadas del siglo XX, quedó en diálogo casi contestatario a los logros de otra que se pretendió nacional y que enfocaba su interés en la región andina y sus logros económicos para el desarrollo del país.

Esa razón explica el interés de la historia costeña por estudiar en el regionalismo político, el atraso en el desarrollo económico de la costa caribe y la falta de liderazgo económico y político que experimentó en el siglo XX, así como los aportes de la costa a la construcción de la República y la nación colombianas, interés que predominó desde fínales del siglo XX y se mantiene en el XXI (^{Solano y Conde 1993}; Posada, 1998; Meisel, 1998; ^{Múnera, 1998}). Sin embargo, los desarrollos de una historiografía sobre las regiones en América Latina, en estrecha relación con la formación de los Estados, ha arrojado nuevas luces para analizar el fenómeno de las relaciones entre regiones y el poder central, las formas como se acoplan, se tensionan y pactan tácitamente en coyunturas particulares.²

Por esta razón, en este artículo se argumenta que las amenazas separatistas y las tensiones que tuvieron lugar entre las élites de la costa caribe y el Gobierno central, después de la renuncia del presidente Rafael Reyes en 1909, son parte fundamental de los mecanismos de presión política de estos grupos sociales de la costa norte colombiana, y se convierten en parte del proceso de regionalización de esta zona del país. Estas presiones evidencian un ajuste del Estado en su estructura económica y burocrática, que afectó las relaciones de las élites costeñas con el Gobierno central cuando este vivía su propia coyuntura de reacomodación a propósito de la consolidación hegemónica de la región central andina sobre el resto de las regiones (Román, 2018). Es en ese momento en que se produce una reacción por parte de los sectores dominantes de la costa caribe, como consecuencia de la pérdida de influencia política, y en el que realizan algunas maniobras en defensa de sus intereses para lograr posicionamiento frente a unas élites andinas que urdían un entramado de relaciones políticas y sociales con las que intentaban tomar el control del Estado (^{Garavaglia, 2007}).

Para el caso de las confrontaciones políticas que se manifestaron de diferentes maneras entre la costa caribe colombiana y el Gobierno central, resulta pertinente profundizar en las explicaciones sobre la reorganización de las fuerzas políticas y económicas que rivalizaban en el interior del Estado colombiano y que entraron en conflicto con el ingreso de un nuevo actor en el manejo del poder, representado en la figura del antioqueño Carlos E. Restrepo, quien en un esfuerzo administrativo para reestablecer el sistema republicano que consideró traicionado, intentó desplazar de las estructuras burocráticas a los grupos que ostentaban el control del poder político en los ámbitos central y regional (^{Corrales, 1982}). En esta lógica, los grupos amenazados en la costa caribe acuden a sus territorios y a sus entramados de poder local y regional para resistir y contrarrestar las acciones en su contra (^{Uribe Celis, 1985}, p. 29; ^{Garavaglia, 2007}, 104).

El enfrentamiento entre los poderes regionales y el poder central es el resultado de una coyuntura crítica y un replanteamiento del rumbo del Estado colombiano como consecuencia de la Guerra Civil (1899-1902), la desmembración de uno de sus territorios valiosos y la nueva etapa de inserción en la economía mundial (^{González, 2001}, pp. 147-170; ^{Delpar, 1994}), cuando donde la región antioqueña ocupó un papel clave tanto en el control del Estado como en su direccionamiento, generó contradicciones entre las formas de dominación política tradicional y las nuevas fuerzas políticas que surgían en la nueva fase de expansión económica con las exportaciones de café (Palacios, 2000, pp. 77-78; Bergquist, 1992).

Para mantener un enfoque conceptual ajustado a las necesidades de este artículo, entendemos por "región" una construcción socioespacial que se define a partir de elementos comunes que permiten una interacción de los humanos con el medio y se diferencian de otros espacios a partir de los intereses y parámetros que establecen quienes la habitan y controlan.³ Por su parte, el regionalismo se entiende como una confluencia de intereses por parte de varias elites locales para generar unos referentes simbólicos, económicos y geográficos que permitan definir un territorio como región. La dinámica regionalizante y del regionalismo promueven un proyecto político con características dominantes o subordinadas y, en algunos casos, inacabados y recurrentes en el devenir histórico (^{Viales, 2013}, pp.12-13; ^{Colmenares, 1998}; Hettne, 2002, 254, 255).

Para lograr una estructura coherente, este artículo ha sido dividido en tres partes: la primera revisa los antecedentes y trasformaciones políticas antes de 1910 y la influencia de los costeños en asuntos del Estado; seguidamente revisa las tensiones que se presentan entre las élites de la costa caribe y el Gobierno central durante la transición de las presidencias de Rafael Reyes a Carlos E. Restrepo. En la segunda parte analiza las reacciones de las élites económicas y políticas de la costa norte colombiana frente a las imposiciones arancelarias, los ajustes fiscales y los nombramientos de funcionarios de la región andina para desempeñar cargos en la costa, así como la propagación de los rumores separatistas como mecanismo para presionar que el Gobierno atendiera las demandas de autonomía administrativa. En la tercera y última parte se presentan las estrategias de algunos sectores de la élite económica bogotana para desacreditar a los grupos hegemónicos del Caribe, acusándolos de separatistas, y los mecanismos utilizados por los conservadores costeños para desmentir la propaganda sobre un proyecto separatista fraguado desde la costa

Desde el punto de vista metodológico, este artículo es analítico, descriptivo y cualitativo, aunque incluye en menor medida análisis de tipo cuantitativo para explicar aspectos puntuales del estudio. Otro aspecto metodológico importante que se utilizará es el análisis del discurso, especialmente el de la prensa, tanto de la Costa como de Bogotá, en el marco de la confrontación de la opinión pública por los actores implicados en este análisis. Las fuentes son variadas y se utiliza tanto información primaria como secundaria. La primaria es esencialmente de carácter histórico, se usan documentos oficiales como los informes de ministerios, secretarías departamentales, memoriales públicos y también de la prensa, tanto comercial como política durante estos años.

Antecedentes de 1910: la reacomodación del Estado y las reconfiguraciones del poder

La Constitución de 1886, liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que reemplazó el Gobierno federal instaurado por el liberalismo radical, impuso un Estado centralizado que reconfiguró el mapa del poder político en Colombia, así como la relevancia de los partidos Liberal y Conservador, que en esta oportunidad compartían tribuna con el recién fundado partido Nacional (^{Urrego, 1991}). Si bien los liberales fueron marginados de la burocracia estatal, también las regiones que apoyaban este Gobierno central variaron su relación con el Ejecutivo (Palacios, 1984). Para las élites costeñas, las presidencias consecutivas de Rafael Núñez viabilizaron un conjunto de inversiones en proyectos importantes para la región, así como la participación de muchos costeños en diferentes instancias del poder político nacional y regional (^{Solano y Conde, 1993}; Posada, 1998).

Aún después de la muerte de Núñez en septiembre 1894 esta influencia perduró hasta el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909); sin embargo, las circunstancias políticas, económicas y sociales que se desencadenaron tras la guerra entre liberales y conservadores, y la posterior separación del departamento de Panamá, obligaron a un replanteamiento en el direccionamiento del Estado colombiano, que en buena medida fue asumido por el gobierno de Rafael Reyes, quien en su discurso de posesión anotó:

En absoluta impotencia para defender la integridad de nuestro territorio y nuestros fueros como nación soberana hemos tenido que presenciar y sufrir la pérdida de uno de nuestros más importantes departamentos, arrebatado por una de las más fuertes naciones con el asentimiento, y, lo que es más doloroso aún, con el aplauso de los pueblos civilizados de la tierra. Voces de secesión llegaron a pronunciarse al mismo tiempo en otros puntos del país, y momentos hubo en que el patriotismo desalentado tuvo razón para desconfiar de que pudiera conservarse la unidad nacional. (^{Sanín, 1909}, p. 22)

Reyes tuvo la certeza de que un aspecto central de sus administración era el fortalecimiento de la unidad nacional (^{Vélez, 1989}, pp. 187-191), pero tuvo que enfrentar amenazas y rumores de separación de otros departamentos, que se propagaron por diferentes medios de información, entre ellos la prensa, donde se reproducían y emitían noticias poco alentadoras para el mantenimiento de la integridad territorial: "La República toda está contaminada de la epidemia separatista" (^{El Nuevo Tiempo, Bogotá, 4 de febrero de 1904}). El departamento del Cauca y el pronunciamiento de miembros de sus élites causaron gran preocupación en el Gobierno central; en la prensa capitalina se revelaban noticias alarmantes sobre los propósitos separatistas caucanos con la complicidad del nuevo Estado de Panamá: "panameños disponen de veinte mil fusiles y recursos, para proponer al Cauca que los secunden" (El ^{Nuevo Tiempo, Bogotá, 15 de enero de 1904}).

La situación caótica con que inició su gobierno le permitió al presidente Reyes justificar varias medidas para contrarrestar las amenazas independentistas y los reclamos de autonomía en el manejo de los asuntos públicos en diferentes zonas del país. Entre estas se puede mencionar el Acto Legislativo 3 de 1905, mediante el cual se redefinió la división político-administrativa de toda la República de acuerdo con las necesidades que demandaran los departamentos. De la misma manera, se posibilitaba la segregación de municipios según las leyes 17 y 46 expedidas el mismo año (Vélez, 1998).

Con esta decisión Reyes atendió el reclamo de sectores sociales y políticos emergentes dentro de los antiguos departamentos, que pedían autonomía de los viejos centros de poder. De esta forma, muchas secciones departamentales de gran tamaño terminaron divididas a su vez en nuevos departamentos, como Galán, Caldas, Atlántico, Tundamá, Quesada y Huila; el municipio de Bogotá fue erigido como Distrito Capital, bajo directa administración del Poder Ejecutivo (^{De La Vega, 1952}, p. 232). El departamento de Bolívar fue dividido por las presiones de las elites económicas de Barranquilla, que tenían sus intereses definido frente al centro administrativo de Cartagena. Hasta entonces ciudad de Barranquilla se convirtió en capital del nuevo departamento del Atlántico el 11 de noviembre de 1905, de acuerdo con la Ley 17 sobre división territorial. Aunque en abril de 1910 el presidente transitorio Ramón González Valencia echó atrás las medidas, unos meses más tarde se inauguró por segunda vez el departamento del Atlántico.

Suerte similar corrió la provincia de San Andrés y Providencia, parte integrante del departamento de Bolívar, que reclamó al Gobierno central su autonomía frente a la administración y se convirtió en Intendencia Nacional desde 1912 (^{Colpas, 1995}, pp. 37-43; Román y James 2010, pp.15-37)

En circunstancias similares se encontraban el sur del departamento del Cauca, que desde hacía algunos años reclamaba que se le constituyera en departamento independiente, y el departamento de Pasto, en el que muchas de sus secciones reclamaban autonomía (Meisel, 2019, p.12). Con estas medidas, Reyes quería evitar enfrentamientos que comprometieran la estabilidad del Gobierno y, de paso, debilitar los departamentos que históricamente habían sido protagonistas de conflictos armados, desafiando la autoridad estatal. Baldomero ^{Sanín Cano (1909}) contemporáneo de estos acontecimientos, aseveraba: "Lo que se temía, por lo tanto, no era la separación sino el incentivo de la revuelta. En estos temores se fundó la necesidad de subdividir el territorio de la República" (p. 312).

Con estas medidas, justificadas por la necesidad de mantener la integridad territorial colombiana, Reyes consiguió nuevas lealtades en las élites emergentes de los recién creados departamentos, al tiempo que urdía nuevos lazos políticos y formaba un entramado de poder con nuevas y viejas élites políticas. Este tejido político se fortaleció con su iniciativa de repartir los ministerios entre los tres partidos como una muestra de voluntad para lograr la concordia nacional, como rezaba su lema de gobierno (^{Vélez, 1989}; ^{Román, 2018}, pp. 40-43).

Aunque la estrategia de Reyes logró un consenso importante y fomentó la creación de una incipiente élite nacional que obedecía a intereses comunes, cabe señalar que medidas como la supresión del Congreso de la República no encontraron la misma aceptación; tampoco fue aplaudido por quitar atribuciones a las asambleas departamentales, al despojarlas del derecho de legislar sobre migración, importación de capitales extranjeros, construcción de vías férreas y canalización de ríos, aspectos de gran interés para sus finanzas. Lo que se ocultó detrás de esto fue un proceso de centralización más vigoroso que los experimentados años atrás. A propósito de ello, José De La Vega, como parte de la élite conservadora de Cartagena, exponía: "Se llegaba así a un grado de centralización política y administrativa de que no había ejemplo en nuestros anales de vida independiente, pero ni aún en el periodo colonial; y que parecía que no había nada que hacer en la tarea de debilitar los órganos locales en los años subsiguientes" (^{De La Vega, 1952}, pp. 233-234).

Paulatinamente, las restricciones a la democracia le dieron al presidente Reyes la fama de dictador. Este hecho y la crisis que vivió su gobierno en 1909 como consecuencia de las negociaciones con los Estados Unidos de América por el caso de la indemnización de Panamá, dio una oportunidad a sus opositores, quienes encontraron un momento propicio para enarbolar un proyecto político que proclamaba la restauración de la República, ya que esta había sido cercenada por el gobierno autoritario de Reyes. En este contexto, el partido conocido como Unión Republicana, formado por los sectores dirigentes y empresariales de Antioquia, realizó una actuación política audaz para lograr el poder. Fue liderado por Carlos Eugenio Restrepo, quien se convertiría en presidente de Colombia a mediados de 1910, luego de que Ramón González Valencia ocupara el cargo como presidente designado por escasamente un año (^{Correa, 1996}, pp.157-162; ^{Bergquist, 1999}, pp. 302-315).

La candidatura de Restrepo, con su lema de "restauración de la República", aunque bien vista por algunos sectores políticos que creían en la necesidad de una política renovadora, también encontró serias resistencias en algunos sectores, especialmente en las élites bogotanas, que visionaban rivalidades ideológicas y partidistas; pero lo más preocupante fue una posible toma del poder por parte de una clase en ascenso, "proveniente de las montañas". De esta manera, las disputas subregionales de los Andes encontraron un momento clave con la llegada al poder de Restrepo, quien representaba, visto desde Bogotá, una amenaza a los logros políticos de esta capital y sus élites (^{Melo, 1997}, pp. 12-18; ^{Correa, 1996}, p. 158).

El gobierno de Carlos E. Restrepo y las tensiones con las élites del Caribe colombiano

La Constituyente, reunida el 15 de mayo, eligió presidente de Colombia al antioqueño Carlos E. Restrepo para el periodo constitucional de 1910-1914, en remplazo del provisional Ramón González Valencia. La elección de Restrepo fue en parte fruto de su férrea oposición al gobierno de Reyes y a su iniciativa de tomar distancia de unos partidos en crisis con la creación del Partido Unión Republicana. Este priorizó, como parte de su política, defender el republicanismo, según él, fuertemente abandonado en la política colombiana por los gobiernos autoritarios del liberalismo radical y los de la Regeneración. De esta manera, su principal motivación en el Gobierno fue restablecer una República verdadera mediante una modernización de la política y el sistema electoral (^{Restrepo, 1984}, pp. 170-185).

Dentro de las reformas orientadas a fortalecer las garantías republicanas, Restrepo eliminó la vicepresidencia, la reemplazó por la figura de primero y segundo designado, y le otorgó al Ejecutivo el poder de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, impidió la inmediata reelección del presidente y recortó su periodo a cuatro años; le devolvió al Congreso de la República la facultad de aprobar las decisiones presidenciales en relación con los convenios internacionales; intentó ampliar la ciudadanía con la votación directa para elección de presidente, aunque solo para quienes supieran leer y escribir o tuvieran renta de $300 pesos al año o propiedad de $1000 pesos; asimismo, restituyó las asambleas departamentales con cierta autonomía administrativa (^{Correa, 1996}, pp. 123-128).

En temas de justicia, suprimió la pena de muerte, y en materia económica eliminó la emisión de papel moneda de curso forzoso. Estas reformas, finalmente, expresaban la concepción política de su partido Unión Republicana, lo que, sin duda, fue una manera de reacomodar el Estado colombiano a las nuevas necesidades económicas del país y a la fortaleza que tomaban las exportaciones de café, apuntaladas en la productividad creciente que experimentaba el grano en la región antioqueña (Bergquist, 1992, p. 316; ^{Miranda y Román 2014}, pp. 178-185).

Restrepo encontró una fuerte crisis económica y un frágil sistema fiscal; razón por la cual realizó cambios importantes a la política económica y monetaria, aumentó la recaudación de impuestos, redujo el gasto público, y en poco más de un año logró un superávit. El aumento de los impuestos lo apartaron de la tolerancia que en esta materia había tenido el gobierno de Reyes (1904-1909), sobre todo con las medidas que lesionaban los intereses de las élites económicas de la costa caribe colombiana, y lo acercaron con el gobierno de transición del presidente Ramón González Valencia (1909-1910), quien aumentó los aranceles a la importación de trigo y harina, hecho que trajo el rechazo de los sectores empresariales y molineros de la costa, cuya actividad estaba vinculada con estos renglones de la economía (El Comercio, Barranquilla, 31 de julio de 1911; ^{Miranda y Román, 2014}, p. 187).

Estas medidas, que afectaban a los molineros y comerciantes de trigo y harinas importadas en la costa caribe, fueron puestas en discusión desde marzo de 1910, como consecuencia de la solicitud de los agricultores de Cundinamarca y sus alrededores para que se reestableciera el derecho al pago suplementario sobre la harina y el trigo extranjero creado por el presidente Reyes desde 1906, pero cuyo cobro había sido prorrogado por este mismo presidente en negociación con los empresarios costeños (^{Miranda y Román, 2014}, pp. 188-189). Los solicitantes de la Sabana de Bogotá acusaron al mandatario de favorecer a los comerciantes de harina de la costa caribe, quienes rechazaron el impuesto y alegaron que vulneraba los "derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes, por personas naturales o jurídicas [que] no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores" (^{La Civilización, Bogotá, 17 de marzo de 1910}).

Otro aspecto que generó conflictos y tensión con el Gobierno central fue que Carlos E. Restrepo siguió la política de su antecesor González Valencia nombrando personas de la región andina en cargos estatales de la costa, que tradicionalmente desempeñaban costeños; esto generó mucha desconfianza e insatisfacción con el nuevo Gobierno. El caso más importante y de mayor trascendencia fue el nombramiento del antioqueño José Manuel Arango como administrador de Aduana en el puerto de Cartagena, decisión que desató gran polémica en la prensa y mostró el descontento entre los políticos costeños.

Dígasenos si no es una ofensa para nosotros el que a cada momento nos envíen de la Capital empleados fiscalizadores para cuidar que no mermen los caudales que les remesamos; empleados que cada día se van haciendo más odiosos por la marcada desconfianza que ellos envuelven. Dígasenos si no es falta de justicia el que se hagan nombramientos de Administradores de Aduanas ó jefes deesguardos, que son empleos de importancia, en personas extrañas, desechando un personal competente y meritorio.

Todas estas cosas son las que determinan la voz del resentimiento que va echando raíces en los corazones; porque aceptar pasivamente la imposición sería demostrar que merecemos ese bochornoso trato.

Toca por estas consideraciones á los que están encargados de oír las quejas de los pueblos, prestar atención a las nuestras y satisfacer nuestras exigencias. (^{El Penitente, Cartagena, 13 de abril de 1910})

Este nombramiento generó en las élites de la región Caribe una profunda antipatía con el Gobierno central y provocó manifestaciones que revivieron los rumores sobre un plan separatista de la costa caribe colombiana, que se suponía se lideraba desde Cartagena en 1910 (^{Román, 2018}, pp. 80-83). Los nombramientos recibieron un rechazo que se acentuó con la justificación que dio el ministro de Hacienda, Francisco Restrepo Plata, quien arguyó que los empleos nacionales en esta región tenían que ser desempeñados por individuos del interior debido a que en la costa "[...] no había hombres honrados en los que se pueda confiar" (El Porvenir, Cartagena, 8 de diciembre de 1910).

En la ciudad de Santa Marta, sus sectores dirigentes llamaron la atención sobre este particular y anotaron su descontento en la prensa local. En una publicación del periódico La Voz, de Santa Marta, se rechazó la actitud del Gobierno central, pues el escrito tuvo resonancia en el interior del país cuando a los pocos días de su publicación fue replicado en la prensa bogotana. En el periódico La Mañana, de Bogotá, se llamaba la atención del Gobierno para que prestara atención a las solicitudes que se hacían desde la costa:

El personal inteligente y meritorio de la costa atlántica tiene derecho á ejercer la hegemonía que les corresponde en el ejercicio en los altos empleos nacionales que vienen hace mucho discerniéndose a gentes del interior, que no aventajan en luces, honradez, competencia y patriotismo a los costeños, que han estado desempeñándolos [...]. (La Voz de Santa Marta, citado en La Mañana, Bogotá, 31 de diciembre de 1910)

Los nombramientos hechos por Carlos E. Restrepo hacían parte de la estrategia para fortalecer los recaudos fiscales y para monopolizar las fuentes de financiación estatal; esto explica el interés del Gobierno en las aduanas de la costa, pues los derechos de las aduanas tienen la participación más alta en el presupuesto nacional, equivalente casi al 65 % del total, seguido por las salinas terrestres y marinas, que sumadas alcanzaban un poco más del 12 %. Es evidente el peso de las aduanas en la financiación del Estado frente a otros derechos, como correos, consulares y demás. En la siguiente gráfica se ve la participación porcentual de los diferentes derechos que constituían el presupuesto nacional.

Las penurias de un Estado en proceso de modernización, la necesidad de centralizar los recursos de los departamentos y la importancia que tenían los recaudos de la aduana para financiar los costos de esa transformación, permiten entender no solo las acciones del Gobierno central, sino también el porqué de las molestias y las reacciones airadas de los costeños, que frente a esto y a las justificaciones que pronunció el ministro Retrepo desataron una fuerte polémica entre los medios de información de Cartagena y Santa Marta. Estos respondieron con denuncias públicas de actos corruptos en que habían incurrido los empleados del interior del país, atribuyendo a altos funcionarios del Gobierno central prácticas de evasión de gravámenes aduaneros en los puertos de la costa norte colombiana y la introducción de mercancías que se negaban a registrar en las oficinas de la aduana para no cancelar impuestos. Estas denuncias terminaron impugnando los comentarios del ministro, diciendo: "Absolutamente a un ministro puede ocurrírsele la inaudita vulgaridad de calificar de ladrones a los hijos de esta región que ocupa la tercera parte del país" (El Porvenir, Cartagena, 8 diciembre de 1910).

Fuente: Informe del Ministerio del Tesoro a la Asamblea Nacional de 1910, Bogotá: Imprenta Nacional, pp.8-9.

Figura 1 Proyección de las rentas nacionales en Colombia, 1910-1911 

En la costa caribe, el desacuerdo tomó mayor dimensión en el debate público y tensionó más las relaciones con el Gobierno central. En esa discusión se mezclaron varios tópicos, de modo que se hablaba de separatismo, autonomía municipal y federación, tres temas que generaban preocupación para el Ejecutivo por su resonancia en algunas regiones del territorio colombiano y por fuera de este. En efecto, desde el informativo antioqueño Joven Antioquía, publicado en Medellín, se reproducía un cable de Francia donde se anotaba lo siguiente:

Están en vísperas de separarse de la confederación tres de los departamentos de la República de Colombia: el Cauca, Bolívar y Magdalena. La causa del movimiento separatista obedece a las disensiones entre los departamentos costeños y Bogotá y los departamentos del interior. (Joven Antioquia, Medellín, 13 de julio de 1910)

Desde antes de la posesión de Restrepo como presidente, varios hechos en el gobierno de transición de González Valencia habían resentido las relaciones entre las élites de la costa norte colombiana y el Gobierno central, además de los nombramientos y los aranceles a las industrias exóticas que lesionaban a los empresarios de la costa. En lo político patriótico también se había generado un altercado por la imposición simbólica de la celebración de los acontecimientos del 20 de julio como la fecha de la independencia de Colombia, desconociendo, según los cartageneros, los acontecimientos ocurridos en su ciudad en 1810, con los cuales se logró la expulsión del gobernador español en junio de ese año (^{Román, 2018}, pp. 100-110).

Como es posible observar, la reacción hacia las acusaciones del ministro de Hacienda Restrepo Plata también tenían antecedentes en las amenazas separatistas esbozadas desde la prensa cartagenera en vísperas de la celebración del centenario del 20 de julio como fecha de la independencia nacional (13 de julio de 1910), donde curiosamente se había planteado un debate político en torno al poder y la autonomía que, guardando las proporciones, recreaba una memoria centenaria marcada por los conflictos entre Cartagena y Santafé de Bogotá cien años antes, cuando el comercio de la harina fue un factor clave en esas tensiones políticas que terminaron en la creación del Estado de Cartagena en 1812 (^{Múnera, 1998}, pp. 54-58).

El año 1910 fue fundamental para entender las confrontaciones y negociaciones que se tejieron entre el Gobierno central y las élites costeñas. Los reclamos a las afirmaciones del ministro Restrepo Plata, publicadas en la prensa el 8 de diciembre de 1910, coincidieron con hechos trascendentales en la historia de la costa y la ciudad de Cartagena en particular, que les darían la oportunidad a las élites conservadoras de esta ciudad de redefinir las relaciones con el Gobierno central de Carlos E. Restrepo.

El 10, 11 y 12 de diciembre de 1910 en la ciudad de Cartagena se presentaron revueltas de gran alcance social que llegaron a cobrar algunas vidas. Estas, aunque se han simplificado interpretativamente, reduciéndolas a una reacción anticlerical contra la venta de algunas propiedades de la Iglesia católica a una compañía de Estados Unidos (^{Lemaitre, 1983}, pp. 506-507; Lorduy, 2010, pp. 97-98) tuvieron repercusiones en la confianza y las relaciones políticas del gobierno hacia las autoridades de Cartagena, causando tensiones políticas.

Si bien los móviles de la protesta tienen como telón de fondo la venta de propiedades de la Iglesia, también existen móviles asociados a un sentimiento antinorteamericano existente en varios sectores del país, y específicamente en la costa norte colombiana (^{Malkun, 2009}, pp. 69-90). Además, es transcendental señalar que las protestas y motines contra el arzobispo Pedro Adan Briosqui ofrecieron una oportunidad política para redimensionar en la prensa el descontento de la ciudad y la región, consolidando las manifestaciones de rechazo que se habían iniciado semanas antes con la expulsión del general Vásquez Cobo de la ciudad de Barranquilla, quien fue ministro de Guerra durante el gobierno del presidente Marroquín, y acusado como responsable de la pérdida de Panamá (El Caribe, Cartagena, 2 de diciembre de 1910; Malkun, 2009, p. 73).

Todos estos hechos de protesta popular en la región, sin mencionar los reclamos obreros en 1910, en los cuales se involucraba a la masonería, las manifestaciones antiimperiales y los oportunismos políticos de algunos liberales, generaron una profunda preocupación en el Gobierno nacional y en las élites de Cartagena. La situación permitió que la élite conservadora de esta ciudad capitalizara los rumores separatistas que tanto temor generaban, para convertirse en intermediarios políticos y, al mismo tiempo, estrechaba lazos con el Gobierno central, que mantenía en reserva los informes que se enviaban desde la Gobernación del departamento de Bolívar.

Frente a una posible alianza de intereses políticos y económicos entre el Gobierno antioqueño y las élites de la costa, especialmente las cartageneras, los sectores dominantes bogotanos aprovecharon el momento para desacreditar a la dirigencia de Cartagena y se dedicaron a fabricar una opinión pública negativa de la ciudad y costa en general, culpándola de antipatriota y cómplice del despropósito panameño. Para lograr este objetivo, utilizaron el arma esgrimida por los costeños: esta vez presionaron al Gobierno en contra de los sectores dirigentes de la costa, especialmente con los mismos pronunciamientos de la prensa costeña que contenían la palabra "separatismo" y, lo más importante, manifestaciones políticas que utilizaban la palabra "federación".

La prensa bogotana no perdió la oportunidad que le bridó la persistencia que habían tenido las revueltas contra el arzobispo en Cartagena, iniciadas desde el 10 de diciembre de 1910 y que se prolongaron con otro tipo de reclamos de autonomía administrativa hasta 1911. En vista de que el 1° de enero aparecieron pasquines en las paredes de la ciudad de Cartagena con la palabra "federación, federación", la prensa bogotana utilizó este hecho para magnificar las dimensiones de unos rumores separatistas que, desde ese momento, se dieron por cierto en los círculos políticos de Bogotá y con lo cual también se cuestionaba al gobierno de Carlos E. Restrepo por sus indulgencia con los costeños. En el periódico bogotano La Capital se destacaba: "Esta palabra, que encierra un gran sistema, apareció en grandes cartelones el día 1 de enero en todas las paredes de calles y plazas de la ciudad heroica" (12 de enero de 1911, p. 3).

Vale la pena señalar que este informativo liberal (La Capital), propiedad de José María Pérez Sarmiento, quien trabajó con varios gobiernos conservadores como funcionario consular durante muchos años, cuestionó la política fiscal del presidente Restrepo y puso resistencia al nombramiento de Francisco Restrepo y Plata como ministro de Hacienda, señalando que la persona idónea para desempeñar este cargo era el bogotano Ernesto Michelsen, indicando su importante labor en el Banco Colombia (La Capital, , 12 de enero de 1911, p. 3). Pérez Sarmiento estaba vinculado con el sector empresarial y político más importante de Bogotá, quienes para aquellos años además de ocupar cargos públicos, también eran parte de juntas y comisiones importantes, que buscaban influenciar en el gobierno, entre estas la Junta del Centenario de la Independencia y la Comisión para la Exposición Industrial y Agrícola para los festejos del Centenario de Bogotá⁴.

Aproximaciones entre el Gobierno central y las élites conservadoras de la costa

Si bien los esfuerzos de la prensa bogotana para indisponer a los habitantes de la costa causaron controversia, lo cierto fue que los acontecimientos de 1910 y las amenazas separatistas causaron el efecto contrario al esperado en las elites bogotanas, pues el panorama político de tensión llevó a que el presidente Restrepo buscara apoyo de algunos políticos de la costa norte, en especial de la ciudad de Cartagena, donde surgían las amenazas, lo cual produjo un nuevo nombramiento en cargos ministeriales.

Además del conservador Jerónimo Martínez Aycardi, hijo del connotado comerciante Bartolomé Martínez Bossio y muy cercano a Henrique Luis Román, quien ocupó el cargo de ministro del Tesoro entre 1910 a 1911, también se designó, en plena agudización de los rumores separatistas, a Simón Araujo como ministro de Obras Públicas de 1911 a 1914. Araujo pertenecía a una de las familias conservadoras más acaudaladas y respetadas de la región, que además era dueña del periódico El Porvenir, de Cartagena, de gran influencia en la opinión pública nacional.

La familia De La Vega hizo parte de estos acercamientos, ya que el presidente Restrepo mantuvo como gobernador de Bolívar a José María De La Vega hasta 1911, padre de José De La Vega, quien dejó retratados estos años en su libro La federación, derivado de su tesis para graduarse como doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Para el joven De La Vega, el concepto de federación se usaba de manera inadecuada por los dirigentes de Colombia y por la opinión pública nacional. La palabra era instrumentalizada para presionar al Gobierno central en favor de las demandas de la descentralización administrativa; por ello, despojó de importancia política los rumores separatistas difundidos en la costa y en la prensa bogotana para desacreditar a los costeños con el Gobierno central⁵. En la introducción de su libro indica que las manifestaciones de autonomía tenían origen en los nombramientos: "Más tarde en virtud de observación directa, pude persuadirme de que el indicado nombramiento había de manera decisiva influido en el auge que adquirió por entonces la idea federativa en nuestro litoral Atlántico" (^{De La Vega, 1952}, pp. 15-16).

De La Vega, siguiendo la postura política familiar, intentó, como otros miembros de la élite conservadora cartagenera, afianzar lazos con el Gobierno central y desestimar las intenciones de la élite bogotana para indisponer a los sectores hege-mónicos costeños, en especial a los de Cartagena. Alegó en su escrito que sobre su ciudad natal pesaba la fama histórica de federalista, pero sus habitantes eran defensores de la integridad territorial: "[...] se ha considerado siempre a Cartagena como ciudad federalista por excelencia y no hay duda de que ciertos acontecimientos históricos conspiran a corroborar este acierto", pero invitaba a recordar que esta ciudad mantuvo en su seno a los defensores de la integridad territorial "con más fe y decisión" (^{De La Vega, 1952}, p. 18).

Así como los De La Vega existían varias familias conservadoras en la ciudad que se habían educado en universidades bogotanas y habían asimilado la visión andina sobre otras regiones, así que preferían mantenerse como parte de una élite que defendía principalmente los "intereses nacionales" supeditando a estos los regionales. De igual manera, optaban por las ventajas ofrecidas en la esfera política departamental y nacional antes que hacer parte de un experimento separatista (^{Román, 2018}). La idea de mantener lazos estrechos con el poder central era ampliamente compartida por las élites conservadoras costeñas dentro y fuera de la ciudad; de esta manera, la confluencia de unos intereses de clase propició múltiples opiniones en la prensa para contrarrestar el ruido que causaban los rumores de una posible separación. Desde Colón (Panamá), un distinguido e influyente conservador envió una carta al periódico El Porvenir desaprobando una posible separación de la costa:

[...] he sido informado con honda pena para mí que se crítica y se resiste abiertamente que el señor presidente de la República sustituya a empleados nacionales costeños, con hijos del interior, ó más propiamente antioqueños; y esto ha dado lugar á que comience á germinar la descabellada idea, y que con solo pensar de su posible realización es para mí, falta imperdonable de la conveniencia absurda y suicida para la costa de erigirse en República Soberana e Independiente. (^{El Porvenir, Cartagena, 8 de diciembre de 1910})

La intención de las élites conservadoras cartageneras era ganar indulgencias del Gobierno, así que muchos de sus más distinguidos miembros no perdieron la ocasión para condenar los rumores separatistas. Jerónimo Martínez Aycardi, conservador y parte activa del gobierno de Restrepo, no dudó un instante en intervenir en las polémicas en torno al tema y censuró de forma cortés a los directivos del periódico El Porvenir por la difusión que le habían dado a esta idea. En una carta publicada por este medio señaló:

Circulan aquí noticias que revisten alguna gravedad, pero a las que en verdad no he dado crédito justamente por el conocimiento que tengo de la índole de esa tierra en que nací. Se habla con alguna insistencia en corrillos y en la prensa de la tendencia de los pueblos de la costa encaminada a un movimiento de secesión, con cuya especie, en que, como digo no quiero creer, se está perjudicando notablemente a la costa y en especial a Cartagena, porque la insistencia en tal propaganda al fin y al cabo tendrá que inspirar desconfianza al Gobierno.

Yo creo que á los hombres salientes de allá, mejor dicho, a ustedes, corresponde desmentir la especie de que se trata y espero que en ella no tendrán inconveniente, desde luego que así evitaran á Cartagena los males que dejo apuntado y la colocarían en su condición de siempre frente al Gobierno y el pueblo de Colombia. ("Los enemigos de la República. La obra de los propagadores de noticias falsas", El Porvenir, Cartagena, 30 de diciembre de 1910)⁶

El mensaje de Martínez Aycardi era certero contra las intrigas públicas que circulaban en la prensa bogotana y que llegaban a los oídos del Gobierno. Casi dos años más tarde, y por fuera de la administración nacional, los temores del exministro se habían hecho realidad, pues para ese entonces un sector de la elite económica bogotana seguía influyendo para que algunos diarios instrumentalizaran los rumores de separación y, con ello, se acrecentaba una profunda desconfianza contra la dirigencia política de la costa. Jerónimo Martínez señaló lo perjudicial de la propagación de los rumores en Bogotá:

Mucha alharaca se siente en el interior del país y principalmente en Bogotá, con motivo del supuesto separatismo de los departamentos de la costa -y desde el Poder Ejecutivo para abajo, dudan, á juzgar por lo que vemos, de nuestra fidelidad, pero esa alharaca que han levantado maliciosamente órganos de la prensa capitalina, mal querientes de los costeños y esa duda que hacia nosotros han hecho germinar en el Ejecutivo carecen en absoluto de fundamento justificativo alguno- y conceptuamos que solo es una calumnia forjada al calor de la emulación con el fin de ahogar en el Gobierno el derecho que tienen los departamentos estos de la costa como grandes factores en los altos problemas nacionales. (El Porvenir, Cartagena, 8 de febrero de 1912)

La carta finaliza señalando que se estaba maximizando la idea separatista desde Bogotá y reprochaba la desconfianza del Gobierno central solicitando que "crean sinceramente los bogotanos y principalmente el Gobierno, que no pensamos jamás seguir el ejemplo de Panamá". Al parecer las confrontaciones en torno a la comercialización de la harina de trigo en el interior impulsó a los productores de trigo y harina cundiboyasenses vinculados con la Sociedad de Fomento Agrícola, como su secretario, Juan Antonio Montoya, y demás miembros, Evaristo Herrera, Enrique Umaña S., Benjamín Gaitán, Julio Z. Torres, Jesús Rozo Ospina y Eustasio Santamaría, ha influir en algunos periódicos para generar la desconfianza del gobierno central hacia las elites económicas de la costa articulada con el comercio harinero y conseguir leyes que definieran los derechos de aduana y protegieran la industria harinera, gravemente amenazada por la competencia extranjera. (^{Miranda y Román, 2014})

La alerta dada por Martínez obligó a varios miembros de las élites conservadoras de la región a pronunciarse frente a la situación que había tomado una magnitud inesperada. A los esfuerzos de José De la Vega y Martínez Aycardi para desestimar la propaganda separatista instrumentalizada en la prensa de Bogotá se sumaron otros esfuerzos desde la prensa costeña; el más destacado es el del periódico El Porvenir, de Cartagena, que se dio a la tarea de contrarrestar la propagación de los rumores separatistas de la costa difundidos por la prensa bogotana con una estrategia que consistió en realizar entrevistas a miembros de la élite política de la costa, publicarlas regionalmente y difundirlas en la capital mediante el periódico El Nuevo Tiempo. Con ello se logró una amplia reproducción en la prensa nacional de las posturas antiseparatistas de los costeños en las páginas de opinión de algunos informativos:

Temor infundado é injurioso para nosotros los costeños, es ese de los bogotanos que nos creen capaces de querer la ruina de la Patria. Y por amor a ésta y por respeto á ella, debemos esforzarnos por arrancar del cerebro de nuestros compatriotas de la altiplanicie, esa sospecha y esa desconfianza que nos afrenta y nos hiere en nuestra dignidad de ciudadanos y de hombres de honor. (El Porvenir, Cartagena, sábado 20 de enero de 1912, p. 2)

Las preguntas para las entrevistas que los editores elaboraban eran directas y buscaban trasmitir la posición de varios sectores de la costa frente a lo que consideraban la invención de un "espíritu separatista". Algunos de estos interrogantes fueron: "¿Cree usted que existe realmente el espíritu separatista en la Costa Atlántica?". "¿Qué remedio debería poner el Gobierno para calmar el descontento que se nota en esas secciones?".

Después de las respuestas de José Manuel Goenaga, oriundo del Magdalena, y Francisco Manotas, liberal de Barranquilla, las preguntas tenían el propósito de demostrar la inexistente disposición de los costeños a una separación del país:

"¿Cree usted que entre los hombres dirigentes y pensadores de la Costa germina el deseo de dividir la República para constituir una nueva nacionalidad con los Departamentos del litoral?; "¿Cree usted siquiera, que en el pueblo costeño no germina el amor á la Patria colombiana con el mismo ardor que en otras regiones?"; "¿Cree usted que aun en el caso remotísimo de que algunos ambiciosos intentaren un movimiento separatista, éste llegaría á tener secuaces y auxiliadores?".

La segunda parte de las preguntas intentaba poner en discusión las justificaciones que tenía la costa caribe para estar inconforme frente a las acciones de los habitantes de Bogotá: "¿Considera usted que hay motivos para suponer disgusto ó desagrado de los costeños para con los hombres de la capital de la República?". Las preguntas también fueron focalizadas para encontrar solución a las tensiones entre las partes: ¿Cómo cree usted que ese sentimiento de desagrado podría hacerse desaparecer?". "¿Qué pudiera hacerse para destruir por completo el temor de separatismo de la Costa, que tan frecuentemente vemos florecer en estos últimos tiempos entre los hombres pensadores de Bogotá?".

Uno de los miembros del conservatismo costeño que participó en la primera etapa de estas entrevistas fue el samario exgobernador del departamento de Bolívar José Manuel Goenaga, quien, al responder sobre la existencia de un espíritu separatista, dijo:

No se ha cruzado por mi imaginación pensar un momento en que en la costa Atlántica existan gérmenes de separatismo. Si yo creyera en la idea separatista que le atribuyen a la costa, me habría acercado a las autoridades de mi patria para que estuviesen prevenidas. Creo tan absurdo el hecho, que considero ofensivo para los hijos de la costa que se enuncie siquiera. (El Porvenir, Cartagena, 16 de enero de 1912)⁷

Goenaga respondió las preguntas sin hacer ningún tipo de cuestionamiento al Gobierno. De igual manera, expresó que "El Federalismo como existía antes, está fuera de discusión". En la misma dirección contestó Francisco de P. Manotas, quien también fue entrevistado, y no disimuló su simpatía por la causa de los liberales del siglo XIX y su modelo federalista, pero igual rechazó la existencia de un movimiento separatista en la costa. Para él, lo que existía era un descontento natural: "No lo creo. En la Costa no hay en el fondo sino el natural desagrado que produce una administración pública inconsulta" (^{El Porvenir, Cartagena, 17 de enero de 1912}).

Alegaba Manotas que sí se necesitaba una descentralización administrativa más amplia; y frente a la pregunta sobre si Simón Araujo, el cartagenero ministro del actual gobierno, representaba los intereses de la costa, respondió que este, por ser funcionario del Estado, por "estudio y convicciones debe representar á la nación". Al final, su respuesta señalaba la ausencia de un espíritu regionalista: "Que en la costa no hay espíritu regionalista y lo prueba la circunstancia de que a los congresos vienen frecuentemente personajes políticos del interior, en representación de aquellas secciones" (^{El Porvenir, Cartagena, 17 de enero de 1912}).

Como se puede notar en estos ejemplos, las respuestas emitidas por distintos miembros de las élites locales de la costa terminaron despojando de cualquier validez los rumores de un separatismo, pero anotaban la importancia de la descentralización administrativa. En el conjunto de las respuestas mostraron la existencia de un discurso que se articulaba más con las lógicas políticas del Gobierno nacional que con unos intereses regionales que se habían defendido años anteriores. En sus respuestas a estas entrevistas se aprecia la desconfianza que existía entre costeños y bogotanos, y la antipatía que causaba la actitud de superioridad que pretendían imponer en la administración de lo público, cuando bogotanos y andinos en general venían a ejercer cargos en estas tierras "donde se les trataba con respeto".

Conclusiones

Este artículo demuestra que después de la separación de Panamá y los cambios económicos y administrativos que se registraron como consecuencia del aumento de las exportaciones de café y de la modernización administrativa del Estado durante el gobierno de Reyes y posteriormente el de Carlos E. Restrepo, se produjo el ascenso de nuevos y dinámicos sectores económicos y políticos que intentaron renovar la visión sobre el funcionamiento y financiamiento estatal, apelando a ajustes en la política económica y fiscal; lo cual afectó a la élite económica de la costa caribe colombiana en dos sentidos: primero, con la imposición de nuevos aranceles nocivos para la actividad comercial de la costa y, segundo, con el desplazamiento de costeños de los cargos de la administración pública, lo que generó la reacción de varios sectores políticos costeños.

Para impedir su desplazamiento, los grupos hegemónicos de la costa caribe y las élites del Caribe colombiano, con poca incidencia en el contexto nacional, utilizaron como mecanismo de presión las amenazas separatistas y los reclamos de autonomía y descentralización administrativa a partir de 1910; advertencias que radicalizaron en la medida que el gobierno de Restrepo generaba acciones que lesionaban los intereses de la élite costeña. Naturalmente, en una primera etapa se crearon tensiones con el Gobierno central, sin embargo, el Gobierno intentó un acercamiento de los costeños, especialmente cartageneros, con el Gobierno, mediante el nombramiento de dos de ellos en los ministerios.

Esta alianza provocó la desconfianza de la élite bogotana, que retomó las amenazas separatistas de la costa para ponerlas en contra de los grupos dominantes del Caribe, dimensionándolas en la prensa bogotana como una amenaza real para desacreditar a los costeños y distanciarlos del Gobierno central. Esto desencadenó un fuerte debate en la opinión pública, ya que los grupos hegemónicos de la región reaccionaron para neutralizar la estrategia organizada desde Bogotá, utilizando la prensa controlada por la élite conservadora para desestimar los rumores de separatismo que se propagaron desde Bogotá.

La publicación de un buen número de entrevistas realizadas a los sectores conservadores y liberales más influyentes de la costa, con el único fin de demostrar que los costeños no pensaban para nada en una separación y que eran simpatizantes del Gobierno y defensores de la integridad territorial, hizo evidente una articulación discursiva y de intereses que sobreponía los intereses nacionales a los regionales.

Con lo anterior se evidencia que los acontecimientos de 1910 tuvieron una dimensión regional y una profunda trascendencia en el proceso de regionalización de la costa caribe colombiana, así como en la redefinición de los intereses de las élites costeñas y su relacionamiento con el Gobierno central, y que para esta coyuntura estos grupos de poder de la costa descartaron la guerra y acudieron a otros mecanismos de presión para mantener la influencia política en la esfera nacional.