Libertad negada, libertad de facto: los esclavizados de la mina de San Juan

Una de las vías por las cuales un esclavizado podía acceder a la libertad dentro de lo que aquí se considera el marco de lo legal, fue participando en los ejércitos en contienda en el contexto de las guerras por la independencia de la Nueva Granada (1810 - 1819)⁵. Tanto realistas como independentistas se vieron en la necesidad de reclutar a negros libres y esclavizados ante la imperiosa necesidad de ampliar las unidades de combatientes (^{Pita, 2012}). Una de las maneras de atraer y, en cierto modo, de garantizar la fidelidad de estos a uno u otro bando fue prometiendo el otorgamiento de las cartas de libertad a cambio de la adhesión a sus filas, o sirviendo desde diferentes ámbitos y medios en pro de la causa independentista o realista.

El reclutamiento se hizo por distintos medios, tales como las convocatorias en las que de manera voluntaria y en consenso con los amos se presentaban para hacer parte de un ejército, por demandas que se les hacía a los amos de prestar sus esclavizados para servicio del rey o de la patria, o en otros casos, cuando a causa del maltrato o abusos de los amos escapaban para unirse a una unidad militar. También prestaron sus servicios cumpliendo con labores de mensajería, espías, guías, entregando provisiones, así como sublevándose en sus lugares de trabajo, armándose a favor de una u otra facción⁶.

De acuerdo con lo anterior, el caso que se desarrollará en este apartado se centra en la participación de una cuadrilla de esclavizados a favor del ejército realista. Dicha participación se ejerció desde la mina de San Juan, lugar de residencia y trabajo para los esclavizados. Es decir, que no se adhirieron a las filas del ejército, sino que desde sus lugares habituales se armaron y brindaron apoyo al rey.

La mina de San Juan pertenecía al distrito de Micay, ubicado en la frontera minera del Pacífico, con dependencia a la denominada Gobernación de Popayán (Mapa 1). Desde la época colonial, esta gobernación se caracterizó por tener una economía sustentada en la extracción del oro, especialmente en las arenas de los ríos del Pacífico. Esta actividad económica se desarrolló con mano de obra esclavizada organizada en cuadrillas de entre cinco a veinte hombres dirigidos por un capitán, quien en la mayoría de los casos era un esclavizado, a quien se le encargaba organizar el trabajo en los entables mineros, recibir las mercancías enviadas para el mantenimiento de los hombres y mujeres de la cuadrilla y enviar las remesas de oro extraídas al propietario (^{Restrepo, 2011}; ^{Prado, 2014})⁷.

Fuente: Mapa modificado por la autora basado en ^{Herrera (2006)}.

Mapa 1 ubicación geográfica de Micay 

La participación de la cuadrilla de la mina de San Juan se produce en el contexto de la primera etapa de la independencia (1808-1811), coincidiendo con el momento en que la Gobernación de Popayán se encontraba fracturada en dos bandos opuestos, como causa del establecimiento de una Junta por parte del gobernador Miguel Tacón y Rosique. Por una parte, estaban los lealistas, que dominaban más o menos el sur de la jurisdicción hasta Pasto, y por otra, los juntistas, al norte, aliados en una liga de ciudades denominada las Ciudades Confederadas y Amigas del Valle. Así, cuando se desató la guerra entre estos dos grupos, siendo su punto culminante la batalla de Palacé (28 de marzo de 1811), los lealistas, a la cabeza del Cabildo de Popayán y de la gobernación, tomaron una medida radical al convocar a los esclavizados a defender su causa, prometiendo como recompensa la carta de libertad.

Las noticias sobre este ofrecimiento surtieron el efecto esperado, de tal manera que diferentes cuadrillas mineras, como la del río Telembí (^{Arboleda, 2006}) y la de San Juan de Micay, se sublevaron, desafiando la autoridad de los amos⁸. Sucesos en parte facilitados en el Pacífico a consecuencia de que muchos de los propietarios absentistas, por los avatares de la guerra desatada en el suroccidente a partir de 1811, inclusive antes, abandonaron la administración de las minas y cuadrillas, perdiendo así contacto con los capitanes de minas (^{Prado, 2014}). Así, muchas minas se encontraron con una autonomía de facto, y algunas de estas terminaron comprometiéndose políticamente, especialmente con las fuerzas realistas, por la promesa de libertad, atendiendo la orden del Cabildo de Popayán emitida en marzo de 1811, en la que declaró que si lo hacían

con el honor, la fidelidad y patriotismo de que son capaces presentándose al gobierno con sus armas y caballos, los que los tuvieren, se les recompensará este importantísimo servicio que harán a la religión y al Estado, con la libertad que se les otorgará en nombre del Rey, plena y segura para que en ningún tiempo se les pueda reducir a servidumbre, ni baldonar porque hayan sido esclavos⁹.

En la mina de San Juan en Micay la sublevación de la cuadrilla de esclavizados tomó lugar dos meses antes de que el Cabildo hiciera el ofrecimiento mencionado, pues con anterioridad a ello se venían divulgando rumores acerca del llamado a participar en las armas a cambio de la libertad. En enero de 1811, don Gerónimo Torres, dueño de la mina de San Juan, le envió un escrito al gobernador don Miguel Tacón en el que le informaba sobre la llegada de dos soldados desertores de las tropas de la ciudad de Popayán, insurreccionando a sus esclavizados, "asegurándole que V.S había declarado ya la libertad de los negros"¹⁰. Frente a estos rumores, ^{Pita (2011)} plantea que esto fue un fenómeno que se presentó de manera reiterativa en distintas territorialidades del virreinato de la Nueva Granada desde finales de la época colonial. Por ejemplo, en la imaginación de los esclavizados existía una Real Cédula que ordenaba la libertad de todos ellos, pero creían que los amos se la estaban ocultando (^{Pita, 2011})¹¹. Así, en este nuevo contexto, cualquier rumor sobre la libertad reavivaba los anhelos de los esclavizados por conseguirla.

En 1816, cuando se restableció el virreinato de la Nueva Granada y la reconquista del territorio se encontraba en una de sus fases más cruentas (^{Díaz, 2007}), los esclavizados de la mina de San Juan vieron el momento propicio para legalizar su libertad ante las autoridades españolas de Popayán. El 27 de agosto, el negro Juan Camilo Torres, capitán de dicha mina, en nombre de veintitrés esclavizados más envió un escrito al teniente gobernador de Popayán solicitando se le admitiera una información en la que se expresaba los servicios que habían prestado y su comportamiento frente a los enemigos del rey en todo el tiempo de la insurgen-cia¹². Acompañaron la solicitud con un interrogatorio de cuatro preguntas, las cuales debían hacerse a personas que habían presenciado o escuchado sobre sus acciones. Con ello, además de dar a entender que comprendían la situación política y social del momento, demostraban la capacidad de agenciar su libertad por medios legales, legitimando sus acciones amparados en la orden dictada por el Cabildo en 1811. Hecho que es muestra de lo que ellos entendían con esta orden, llegando al punto de tergiversarla al usarla como medio de justificación de sus actuaciones iniciadas unos meses antes de emitirse la orden oficial.

Con el interrogatorio el capitán de la mina quería hacer constar cuestiones como 1) haber reprimido a los insurgentes en dos ocasiones cuando intentaban hacer expediciones por el camino de San Juan; 2) que cuando los amos mandaron tropas a reducirlos para que siguieran "su injusta causa", se retiraron sin hacer contribución o auxilio de víveres a los hombres de dichas tropas; 3) la obediencia que habían prestado a las órdenes y mandatos de los señores jueces y curas fieles al rey; y 4) los auxilios dados a las tropas realistas bajo las órdenes del teniente coronel don Francisco Delgado cuando iban para Micay y pernoctaron cuatro días en el real de San Juan. Finalmente, pidió que se certificara por parte del teniente gobernador la oferta que él y sus compañeros le habían hecho para componer el camino desde el lugar llamado Nahita hasta Playa Rica para la conducción del correo, bajo su propio coste, como una muestra de sus intenciones de servir al soberano rey¹³.

La solicitud de Juan Camilo Torres alcanzó un lugar ante las autoridades políticas, de tal manera que se recibió el testimonio de cuatro testigos, quienes respondieron las preguntas en su mayoría de manera afirmativa. Sin embargo, el caso se estancó por aproximadamente dos años, o por lo menos no hay registro de su continuidad en este tiempo hasta febrero de 1818, cuando el síndico procurador Manuel Antonio de Velasco envía un escrito al gobernador de Popayán en nombre del capitán Camilo Torres¹⁴. El hecho de que el caso haya vuelto a retomarse dos años después, indica que el capitán, quien representaba a sus demás compañeros, no había desistido de la idea de conseguir la libertad por vías legales, razón por la que acudió a un síndico procurador, quizá con la convicción de tener mejor suerte por medio de un representante.

El procurador buscó demostrar la participación de la cuadrilla de San Juan en apoyo al rey, pero más allá de eso, su fidelidad como vasallos, mencionando que al estar en un lugar tan remoto y cerca del mar, bien pudieron haber huido de la mina y escapar del control de las autoridades y tropas aprovechando el caos del momento. Pero, por el contrario, se quedaron en la mina protegiendo la zona de las tropas enemigas¹⁵. Con base en el acervo probatorio previamente recogido por el capitán por medio de testigos en el que constaban ser públicos y notorios sus servicios al monarca, un claro ejemplo del conocimiento de los procesos judiciales para la época, el procurador solicitó se les otorgase la libertad a los veintitrés esclavizados de la mina junto con el capitán, por dos razones:

Tanto en cumplimiento de la oferta hecha por el señor antecesor de vuesa señoría, don Miguel Tacón, que tácitamente prometió la libertad a los esclavos que en defensa de la santa causa hiciesen alguna acción heroica [...] tanto porque la mente del soberano en todo y según sus reales disposiciones, no menos que por los manifiestos premios que su liberal augusta mano ha impartido a los fieles vasallos que han sostenido de algún modo los derechos de la soberanía, ha sido distinguir y premiar el mérito y la virtud desde los primeros jefes hasta el último súbdito¹⁶.

Aunque como anteriormente se planteó, la cuadrilla de San Juan se sublevó dos meses antes de que el gobernador los convocara para derrotar a los enemigos que venían del Valle del Cauca, el argumento del procurador no se limitó al tiempo en que empezaron su accionar, sino al hecho de que el gobernador, como autoridad legítima, les ofreció la libertad a cambio de servicios y acciones heroicas que hicieran a favor del rey. Además, no por el hecho de ser sujetos pertenecientes a la más baja capa social eran menos merecedores de aquel derecho.

Sin embargo, los argumentos del procurador no fueron suficientes para sancionar la libertad de los esclavizados, pues no se emitió un auto definitivo sobre el caso, más bien, el proceso parece quedar inconcluso, no sin antes presentarse la oposición del apoderado de la familia Torres, dueños de la mina de San Juan. Este puso entredicho los servicios prestados por los esclavizados mencionando que cuando fue teniente de Micay en 1813 les hizo un llamado a presentarse ante él y estos nunca lo hicieron. Argumentó, además, que el acervo probatorio simplemente mostraba información de las obligaciones que como vasallos de la Corona debían prestar, pues de lo contrario habrían actuado en rebeldía, es decir, que no hicieron más que cumplir con sus deberes, lo que no ameritaba apremiarles con su libertad¹⁷.

Pese haber fallado los intentos por acceder a una libertad por vías legales, quedó demostrado que haciendo uso de sus conocimientos sobre las leyes y sobre la institucionalidad de la justicia, proyectaron sus anhelos de hacer parte de una sociedad en la que se les reconociera su libertad. Hasta este punto, la forma de resistir a su condición de servidumbre fue mediante un marco legal y utilizando como argumento de defensa la fidelidad hacia el rey, al reconocerla como única autoridad legítima, en contravía de las posiciones políticas de sus amos.

El no haber logrado lo anteriormente mencionado no significó el final de su proyecto, sino que lo continuaron adoptando un comportamiento insurgente. Es muy probable que su insistencia por la vía legal se viera obstaculizada por el hecho de que los españoles perdían cada vez más terreno hasta finalmente ser derrotados por los patriotas. De ahí que sus acciones pasadas solo podían ser reconocidas por las autoridades hispánicas por su fidelidad al rey y no al proyecto autonomista.

Para junio de 1820, Gerónimo Torres, uno de los dueños de la mina de San Juan, escribió al gobernador de Popayán informándole sobre el estado en que se encontraba la mina por el comportamiento sedicioso de "sus" esclavizados, quienes llevaban alrededor de nueve años actuando sin ninguna autoridad, apropiándose de las herramientas y los productos del trabajo de la mina, repartiéndose las tierras para sementeras y provecho de ellos mismos. Agregó que diferentes ofertas les hizo tratando de persuadirlos y restablecer el orden en la mina¹⁸. No obstante, de nada le sirvió porque ellos no reconocían ninguna autoridad, no respondieron a sus ofrecimientos porque desde 1811 ya se habían declarado libres, aun cuando su intento por legalizar la libertad hubiese sido rechazado.

Según el informe de Gerónimo Torres, el comportamiento de esta cuadrilla puede interpretarse como el acceso a una libertad de facto y, por tanto, una forma de resistencia abierta y directa hacia la esclavitud. Abierta porque, siguiendo la tipología propuesta por ^{Hollander y Einwohner (2004)}, la existencia de esta debe ser entendida en la medida en que la intención de generar un cambio es reconocida tanto por los sujetos implicados, es decir, los esclavizados, como por los sujetos a quien se dirige: sus amos, y en este caso, a los mecanismos judiciales. A pesar de que las autoridades españolas no les otorgaron la libertad cuando la solicitaron, o por lo menos no agilizaron el procedimiento hasta darle una resolución, años después, el gobernador don Antonio Carvajal buscó una transacción ofreciéndoles cambiar de amo o solicitar comprador para la mina, quizá con el ánimo de cambiar sus condiciones si había inconformismo con los dueños¹⁹. Pero los "negros" no aceptaron esta oferta, ya que se consideraban libres desde el primer momento en que habían decidido sublevarse, razón por la cual no era su interés buscar un nuevo amo cuando desde hacía mucho tiempo no lo tenían. Lo único que deseaban era que se les reconociera legalmente su libertad, y el no haberlo conseguido tampoco significaba reducir sus expectativas a un ofrecimiento como el que les hizo el gobernador.

Para finalizar este apartado, vale la pena detenerse brevemente en el ofrecimiento del gobernador Carvajal, por cuanto da cuenta de que en las relaciones de dominación se abría el espacio para la negociación, ya que, si bien los esclavizados de esta mina trasgredieron la norma por medio de su insubordinación, la respuesta inmediata no fue la represalia. En este sentido, cobra importancia el accionar que ellos ejercieron en el marco de la institucionalidad, negociando la libertad para no quedar inmersos dentro de la ilegalidad. Esto puede tomarse como un antecedente para que el gobernador entendiera que estos eran sujetos con conocimientos sobre los mecanismos judiciales y, por ende, se podía negociar con ellos sin necesidad de recurrir anticipadamente a la fuerza.

Litigando la libertad: María Antonia Serna por su hijo Juan

La legitimidad del sistema esclavista empezó a ser cuestionada desde los primeros años en que empezó a gestarse el proyecto autonomista en la Nueva Granada. En la provincia de Antioquia desde muy temprano se puso en discusión la posibilidad de la emancipación de los esclavizados de manera gradual, sin que se perjudicara el derecho de propiedad de los amos. Bajo el argumento de ser una contradicción moral para la República seguir manteniendo hombres y mujeres en esclavitud, Juan del Corral y Félix de Restrepo propusieron la ley de manumisión del 20 de abril de 1814, con el cual se liberó el vientre de las mujeres esclavizadas, lo cual significaba que los hijos que nacieran a partir de la fecha serían libres a la edad de dieciséis años si cumplían ciertas condiciones (^{Restrepo, 2012})²⁰.

Aunque esta ley se suspendió en 1816 con el retorno de las autoridades españolas y la reconquista de los territorios americanos, sirvió como preámbulo para el proyecto de ley de 21 de julio de 1821 sobre la libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos, sancionada en Cúcuta para todo el territorio que componía la República de Colombia de aquella época. Las condiciones para gozar del derecho a la libertad no variaron mucho, salvo la edad, que pasó a ser de 18 años para poder acceder legalmente a ella. Adicional, se crearon los fondos de manumisión con el propósito de reunir dineros de las mortuorias de cada cantón para liberar anualmente a los esclavizados que no estuvieran cobijados por esta ley, favoreciendo a los enfermos y a los de mayor edad (^{González, 1974}).

Ahora bien, la idea de liberar gradualmente a los esclavizados fue menos aceptada en unas regiones que en otras. Por ejemplo, en el Cauca las ideas abolicionistas no calaron con agrado, particularmente por ser un territorio donde la economía se sostenía con mano de obra esclavizada, lo que significaba un atentado contra el patrimonio de las familias dueñas de minas y haciendas. En consecuencia, ciertos grupos notables se aferraron de una manera obstinada a este derecho de propie-dad²¹. También influyó el factor moral al existir un temor injustificado a reconocerles la libertad al verlos como una amenaza al orden social, bajo el estigma de la conducta desmesurada que estos poseían (^{Pita, 2015})²². Todo esto se reflejó en la poca efectividad de las leyes promulgadas en los primeros años de la República respecto a la administración de los fondos de manumisión o en las artimañas de los amos para ocultar los registros bautismales de los hijos de esclavizadas favorecidos por la libertad de vientres²³.

Teniendo en cuenta lo anterior, este segundo apartado se desarrollará a partir de un expediente judicial de 104 folios en el que se litigó por la libertad de Juan Román, hijo de María Antonia Serna, primer nacido libre por la ley de vientres de 1821 en la parroquia de Lloró, Quibdó, capital de la provincia del Chocó (mapa 2). El proceso es significativo por cuanto es un expediente iniciado por una mujer negra, libre, quien de manera autónoma se desenvuelve dentro de los procedimientos judiciales que se requerían para hacer valer los derechos de los esclavizados, en este caso el que otorgaba la ley de vientres de 1821. El litis entre esta mujer y su oponente, Doroteo Prado, duró alrededor de tres años (1843-1845), empezó en Lloró y culminó en el Tribunal Superior de Popayán.

Fuente: Mapa modificado por la autora basado en ^{Herrera (2006)}.

Mapa 2 ubicación geográfica de la parroquia de Lloró 

Encadenando los sucesos presentes en el expediente, en 1821, María Antonia Serna era una mujer esclava perteneciente al señor Juan Román. La documentación sugiere que para ese mismo año tuvo un hijo, el cual se nombró igual que a su amo, Juan, quien dieciocho años después tendría que gozar de la libertad por haber nacido bajo el amparo de la ley de manumisión de 1821. Antes del 22 de diciembre de 1827, fecha en que se hace el testamento de Juan Román, María Antonia ya había tenido otro hijo, Casimiro, también manumiso, y ella ya era libre. En 1828, cuando se hace la distribución de los bienes del finado Juan Román, el hijo de María Antonia, avaluado en 60 pesos, pasó a ser propiedad de Segunda Román, nieta del difunto y esposa de Doroteo Prado, quien manejaba sus bienes. Este último se lo vende al señor Juan Ramírez, quien fallece años después y su esposa y albacea Margarita lo remata a favor de Nicolás Bonoli²⁴.

Juan debió acceder legalmente a su libertad en 1839, año en que tendría la edad estipulada por la ley de manumisión para gozar de este derecho. Sin embargo, en 1843, con 22 años de edad, había pasado por cuatro amos y aún permanecía bajo el yugo de la esclavitud. Ante tal situación, el 24 de marzo del mismo año, María Antonia se dirigió al juzgado parroquial de Lloró solicitando se recolectara la información pertinente para probar la edad de su hijo y, con ello, exigir la libertad que por derecho tenía otorgada.

Al iniciar el proceso, María Antonia reconoció que el nacimiento de Juan se había producido tres días antes de publicada la ley de manumisión de 1821 en Lloró, pero afirmó que fue bautizado bajo el carácter de manumiso. Para probarlo era necesario presentar la partida de bautismo, documento imposible de obtener, pues la misma documentación menciona que en 1834 la parroquia de Lloró había sufrido un incendio en el que se había perdido parte de la documentación de distintas oficinas, incluyendo los registros parroquiales. Sin embargo, esto no se convirtió en un obstáculo, pues a falta de la fe de bautismo, presentó tres testigos, de los cuales dos eran los padrinos de Juan. Con el testimonio de ellos buscó probar tres cosas: 1) que el día en que se bautizó a su hijo, el presbítero Manuel Guerrero había dicho que aquel era el primer libertino que se bautizaba en aquella parroquia; 2) que este mismo le había dicho a Pascual Lemus, padrino de Juan, que cuando este cumpliese los dieciocho años lo reclamase como su padrino que le pertenecía²⁵, se asume aquí, que el reclamo al que se refería el presbítero era el de la libertad; y 3) que el motivo por el cual Doroteo Prado había vendido a Juan era porque su esposa no lo quería por ser manumiso.

María Antonia sabía que las palabras del presbítero eran valiosas para su probanza, puesto que el clérigo era una figura de poder y de autoridad moral, las cuales no podrían pasar desapercibidas al momento de dictarse la sentencia. Esto cobra sentido dentro de una sociedad estamental, donde las calidades de las personas las hacían tener mayor o menor relevancia en el entramado social, y donde la Iglesia Católica tenía un lugar central tanto en la vida cotidiana como pública. Así entonces, aunque no pudiese tener la prueba fáctica por pérdida de la partida de bautismo, ni tampoco contar con el testimonio del presbítero por ya haber fallecido, la estrategia de María Antonia fue litigar la libertad de su hijo apoyándose en los testimonios de testigos presentes en el sacramento, como medio para probar las palabras pronunciadas por aquel presbítero.

Pese a los testimonios de los testigos presentados por María Antonia, el alcalde parroquial de Lloró, actuando como juez, declaró sin lugar la demanda, de tal modo que Juan no resultaba ser merecedor del derecho que le concedía la ley de 1821. La decisión la tomó bajo el argumento de haber cinco testigos presentados por Doroteo Prado, quienes aseguraban que Juan había nacido antes de publicada la ley y cuando se bautizó tendría alrededor de ocho meses de nacido. Además, que la misma María Antonia le había dicho a una de las testigos que su hijo Juan no era libre porque en la mortuoria del difunto Juan Román había quedado avaluado como esclavizado.

Sin embargo, María Antonia no había agotado todos los recursos judiciales a su favor y procedió a solicitar apelación dirigiéndose a una instancia superior, presentándose el 26 de octubre de 1844 ante el juez letrado del circuito de Quibdó. Entregó un escrito redactado por un tercero a su nombre, en el que, entre otras cosas, expresó que su hijo continuaba bajo el yugo de la esclavitud: "a despecho de la ley filantrópica que le ampara y con la violación más patente de los derechos individuales que nos ha garantizado la constitución de la República"²⁶.

Recibida la apelación y ordenando el traslado de la sumaria a Quibdó, María Antonia regresó a Lloró para pedir la declaración de cinco personas más. Si la primera sentencia no falló a su favor por haberse afirmado que su hijo había nacido antes de publicada la ley de libertad de vientres, esta vez cambia su primera versión al asegurar que su nacimiento había ocurrido después de su publicación. Convierte esto en una de las principales preguntas que los testigos debían responder, sin dejar de lado su intención de probar que había sido bautizado como manumiso, para lo cual añadió el testimonio de dos personas más, entre ellas un negro liberto, exesclavizado del difunto presbítero Manuel Guerrero. Al cambiar la versión inicial de los hechos, María Antonia intentó manipular la ley, tratando de ajustar los hechos a lo que esta establecía, entendiendo que no bastaba con probar que había sido bautizado bajo el carácter de manumiso, sino también que hubiese nacido después de publicada la mencionada ley.

Ante este juzgado, ambas partes debieron recurrir a apoderados para continuar con el litis. María Antonia le otorgó su poder a Vicente Ferrer, quien además ya figuraba como redactor de uno de sus escritos, lo cual indica que previamente había tenido contacto y asesoramiento por parte de él y en parte puede ser un explicativo de su conocimiento sobre cómo tenía que proceder. ^{González (2011}) afirma que tanto procuradores como apoderados sirvieron como puente entre los demandantes y los juzgados o tribunales, y en este ir y venir, los demandantes se nutrieron de conocimientos acerca de cómo actuar frente a la justicia.

En esta instancia María Antonia corre con mejor suerte. El 8 de mayo de 1845, el juez dicta sentencia a su favor, tomando como argumento el haber mayor número de testigos que aseguraron que Juan nació después de publicada la ley, que había sido bautizado como manumiso, como también la resistencia que había puesto Segunda Román a recibir a Juan bajo la sospecha de ser este un libre por la ley. En consecuencia, Doroteo Prado no debió venderlo sin aclarar la situación del esclavizado, por el cual se le condenó a devolver el precio recibido por Juan, más los daños y menoscabos causados a los compradores²⁷.

Ante tal resolución, el apoderado de Prado pidió que se revocara la sentencia definitiva, pero le fue negada, respondiendo el juez, entre otras cosas, que

[...] siendo que el derecho de la libertad [es] inviolable e imprescriptible y habiendo probabilidad de que un hombre esté en el goce de él, privarlo por un momento de su goce no solo sería injusto sino un proceder tiránico y del todo contrario a un sistema liberal y republicano [...]²⁸.

La negativa a aceptar tal resolución llevó a que Doroteo presentara su apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca.

El apoderado utilizó la primera versión de María Antonia cuando dijo que su hijo había nacido tres días antes de publicada la ley para poner en evidencia la contradicción y falsedad de su testimonio y el de sus testigos, motivo para rechazar que Juan era libre y que su podatario tuviera que correr con los gastos estipulados por la sentencia del juez de Quibdó. Cuando el tribunal hace el estudio del expediente, los argumentos del apoderado pierden credibilidad, puesto que el fiscal menciona que no por haber nacido Juan antes de publicada la ley de manumisión en la parroquia, como bien lo dijo María Antonia en su primera versión, era causa para negarle el derecho a la libertad, ya que una ley toma vigencia en el momento en que es publicada en las capitales de las provincias o cuando se pasan comunicaciones oficiales en noticia a los ciudadanos²⁹. Esto indicaba que a pesar de no haberse publicado la ley en la parroquia el día en que nació Juan, ya se había hecho en Quibdó y tanto María Antonia como aquellos que presentaron testimonio a su favor estaban enterados de aquel suceso.

Finalmente, el Tribunal del Distrito Judicial del Cauca dictó la sentencia declarando la libertad de Juan, y dejó en claro que cuando hay dudas sobre el estado de libertad o esclavitud de un sujeto, los jueces deben inclinarse en favor de esta más bien que por la esclavitud. Esto deja en evidencia dos cuestiones: primero, que la justicia local, en este caso la de Lloró, actuaba de manera imparcial en los procesos judiciales sobre la libertad de un esclavizado, pues se debe recordar que el juez de Lloró falló a favor de Doroteo sin tener en cuenta que la ley ya había sido publicada en Quibdó, o dos, que la justicia local desconocía la manera como se debía proceder ante un caso como este, razón por la que no se consideró la fecha de publicación de la ley de vientres en la capital de la provincia.

De esta manera concluye este caso en el que cobró relevancia el actuar de María Antonia, madre del manumiso esclavizado, que de no haber tomado la iniciativa de emprender juicio contra Doroteo Prado, su hijo hubiese continuado en condición servil. Dentro del marco de lo institucional, ella logró desenvolverse, presentándose en distintos juzgados, contratando a un apoderado y movilizando a terceros para con sus testimonios llenar de contenido su solicitud. Esto último puede ser entendido como un recurso ligado a sentimientos de empatía y solidaridad, al haber contado con un considerable número de testigos que, quizá bajo un mismo pensamiento abolicionista o al menos de rechazo a la esclavitud, la apoyaron declarando a su favor.

Así mismo, se pone de presente que María Antonia interpretó la ley de acuerdo con lo que ella consideró justo, pues hubiese o no nacido Juan antes de publicada la ley de manumisión en la parroquia, proyectó la libertad de su hijo aferrándose al cumplimiento de esta. En su proceder interpretó la ley a su manera, consiguiendo remplazar la prueba fáctica por testimonios y acomodando la versión de los hechos de acuerdo a su conveniencia cuando cambió su versión sobre la fecha de nacimiento de Juan. Todo esto como una muestra de la cultura jurídica de la que ella era portadora.

Para finalizar este apartado, vale la pena resaltar que en el caso de Juan, la situación fue diferente respecto a otros casos presentados en la misma zona de estudio, pues la pelea judicial fue encabezada por la madre en condición de liberta y no por el esclavizado, lo que ciertamente le permitía ir por sí misma a los juzgados y reclamar justicia. No obstante, no todos los esclavizados que quisieron alcanzar la libertad por medio de esta ley vivieron esta misma experiencia, pues debieron reclamarla acudiendo a la figura del personero municipal (^{Pérez, 2019})³⁰. Esto no quiere decir que tuvieran menos o mayor suerte, pues obtener o no la libertad dependía igualmente del acervo probatorio que se lograra recoger. Sin embargo, casos como estos no fueron abordados en este estudio, puesto que no permiten detallar en los conocimientos de la cultura jurídica que los esclavizados pudieran tener para alcanzar su estatus de libres.³¹