Consideraciones preliminares

Dada la mayoría blanca del Parlamento que surgió en la postindepencia, se podría creer que la manumisión republicana que se insinuó en la coyuntura de la independencia y que adquirió su máxima expresión en las tres primeras décadas de la postindependencia tuvo su origen a partir de las iniciativas parlamentarias de la recién inaugurada república. En este sentido, existiría la posibilidad de percibir la abolición como un asunto de blancos, ya que fueron ellos quienes finalmente, desde su inserción en el Parlamento y el control del Estado, discutieron, aprobaron y reglamentaron las leyes que pusieron fin a la esclavización. Por el contrario, algunos historiadores, como Moreno Fraginals y Carlos Aguirre, niegan de manera soslayada los aportes significativos del Estado y las élites, atribuyéndole todo el papel protagónico a los propios esclavizados que, en últimas, desintegraron gradualmente el sistema esclavista, utilizando para ello un conjunto de mecanismos con los cuales lograron erosionar, en la larga duración, las bases estructurales de la dominación y el sometimiento esclavizante (^{Moreno, 1999, p. 47}).

En oposición a lo anterior, el análisis de las fuentes nos muestra la manumisión y abolición como un fenómeno pluricausado y complejo, con múltiples protagonistas y actores, tales como como las élites, los partidos políticos, las Sociedades Democráticas, la prensa, el Parlamento, los esclavizados y libres de todos los colores, quienes con sus ideas y acciones coadyuvaron a la consecución de tal propósito. Para una mejor comprensión del fenómeno de la manumisión hemos dividido esta en dos momentos: el primero, tipificado aquí como notarial, se inicia al unísono con la esclavitud misma desde el siglo XVI y culmina en 1851. El escenario donde se tramitaron estas libertades o manumisiones fue la Notaría. Por el contario, el segundo momento, manumisión republicana, se inicia con la Ley de vientres en 1821 y culmina, al igual que la notarial, en 1851, fecha en la que se elaboró la esclavitud. Aquí el escenario fueron las juntas de manumisión, surgidas con la ley citada anteriormente y apuntalada por la Constitución de Cúcuta.

Rebecca ^{Scott (1986)} ha planteado oportunamente que el proceso de abolición no se puede entender sin un examen pormenorizado de las relaciones, no solo entre esclavos y dueños, sino también con el mismo Estado y con otros elementos participantes en la vida económica y política (p. 217). Es decir, la abolición no se puede seguir percibiendo como el resultado mecánico de la acción parlamentaria o de las contradicciones internas de la lucha anticolonial, ni sólo como el producto de políticas direccionadas y promovidas desde la acción oficial del Estado. Paralelamente a esta abolición surgió otra de carácter marginal e individual que por diferentes vías, entendidas estas como actitudes de resistencia, condujeron también a la obtención de la libertad. Nos referimos concretamente a los múltiples caminos y mecanismos que durante todo el tiempo que duró la esclavización, pero esencialmente en el periodo republicano, utilizaron los y las esclavizadas para obtener la libertad.

Estos caminos y mecanismos implementados y manipulados por las personas esclavizadas, unidos a las acciones que se tomaron desde el Estado como la prohibición de la trata, la libertad de vientres y la creación de las Juntas de Manumisión, unido a las presiones de Inglaterra y a las contraindicaciones internas de los partidos políticos, fueron desmantelando pieza por pieza el sistema esclavista en un proceso escalonado, ambiguo, complejo y contradictorio que duró cuatro décadas. Para ello aprovecharon todas las oportunidades que el ambiente republicano les brindó para tales fines: la confrontación con el Estado a través de litigios para cambiar de amo o acceder a la libertad; su vinculación al Ejército y a la causa de la independencia para lograr la condición de liberto o mejorar su estatus.

El término "abolir" o "abolicionismo" se ha empleado principalmente para señalar a los partidarios de la abolición de la esclavitud. "Abolir" significa también derogar, dejar sin vigencia, suprimir una ley, precepto, costumbre, etc. Y si bien este posee unas connotaciones jurídicas que en apariencia solo fueron jalonadas por los blancos y que se expresan en las leyes, decretos y constituciones que para tal fin aparecieron entre 1812 y 1851, no queda duda, entonces, que los primeros que iniciaron y abolieron individual o colectiva la práctica y la costumbre de la esclavización fueron las propias personas negras esclavizadas. En este orden de ideas, en Colombia los primeros en ejercer la abolición fueron los cimarrones, aquellos que, orientados por Benkos Biohó, se convirtieron en libres y construyeron a finales del siglo XVI el primer palenque de Nueva Granada: el de la Matuna, en la provincia de Cartagena.

La negación e invisibilización de los aportes afrodescendientes ha sido una constante histórica en nuestro país. Esa negación fue reemplazada por denominaciones y calificativos peyorativos, prejuiciosos, bárbaros y criminales que determinaron la conversión del sujeto esclavizado en una cosa, en un objeto incapacitado para decidir (^{Díaz, 2011, p. 333}). Lo anterior es evidente en los actos de la escritura de los poderes colonial y republicano (^{Díaz, 2011, p. 337}). Esto es lo que Rafael Díaz ha tipificado como la "precariedad ontológica del sujeto esclavizado" en su dimensión humana. Por ello es preciso poner a prueba nuevos dispositivos de interpretación de las fuentes que intenten restituir la dimensión subjetiva del esclavizado (^{Díaz, 2011, p. 341}). La forma como fueron presentadas tales personas en la escritura colonial y republicana incide en el temor a considerar o asumir la abolición como un evento direccionado por el sujeto esclavizado y, por supuesto, a invisibilizar, silenciar y descalificar el papel jugado por este. Revelar al sujeto esclavizado como agente propiciador de libertad y abolición constituye una operación historiográfica que se sustenta sobre nuevos ejercicios de interpretación documental (^{Díaz, 2011, p. 341}).

Con los anteriores presupuestos, no dudamos en afirmar que existió un abolicionismo negro que los historiadores debemos identificar más en los hechos que en los documentos oficiales de los esclavistas (^{Carreras, 1989}, p. 18). El testimonio de su existencia lo encontramos a contraluz o en contravía en los expedientes e informes que se elaboraron no sólo contra los cimarrones y palenqueros, sino también en las sentencias que se dictaron contra estos en los periódicos en que se denunciaba e informaba de las huidas y resistencias de los afrodecendientes; en las cartas de los esclavistas; en los censos que se levantaron especialmente para obtener un diagnóstico de los cimarrones; en las escrituras de libertad y en los testamentos, entre otros. El abolicionismo blanco, es decir, agenciado por las elites, se inició en el siglo XIX en la coyuntura histórica e ideológica de la independencia. El de los afrodecendientes fue una acción conjunta o individual que estuvo siempre vigente mientras existió la esclavización, como resistencia y respuesta natural a la negación de libertad (^{Tovar, 1992, p. 18}).

Las reflexiones que aquí presentamos sobre el abolicionismo negro, amén de las consideraciones generales, están divididas en dos apartados, a saber: el cimarronaje decimonono y abolicionismo negro y los otros rostros del abolicionismo negro. Aunque en el primero se enfatiza en la persistencia del cimarronaje aun después de la independencia y en el segundo en las formas de acceder a la libertad distintas al cimarronaje, en ambas se muestra el papel y los aportes de las personas esclavizadas, quienes desde sus experiencias personales contribuyeron en el día a día con el debilitamiento y abolición final de la esclavitud en Colombia y en el Caribe colombiano. Metodológica y teóricamente partimos del criterio de considerar a las personas esclavizadas como sujetos activos y no como simples objetos incapaces de tener decisiones propias.

El cimarronaje decimonónico y el abolicionismo negro

La aparición del cimarronaje se convirtió en un factor disuasivo del poder y la estabilidad del sistema esclavista, pues con la huida, además de la pérdida económica que esto representaba para los esclavistas, también se afectaba seriamente su poder y honor, al perder repentinamente todos los derechos que se tenían sobre los esclavizados. Durante los siglos XVI y XVII, la práctica del cimarronaje trajo como consecuencia la aparición de muchos palenques en el Caribe colombiano, los cuales, además de convertirse en los primeros enclaves de libertad, se constituyeron en una forma sui géneris de poblamiento contestatario y subversivo que a toda costa había que extirpar por ser un mal ejemplo para el resto de los sectores subalternos y por haberse constituido en el principal problema de orden público del periodo colonial. De allí las múltiples expediciones militares que sin éxito se organizaron durante el siglo XVII para destruirlos.

Desde finales del siglo XVIII, y especialmente durante las primeras décadas del XIX, se publicaron una serie de directrices y leyes que presagiaban la crisis en la que se debatió la esclavitud después de la independencia. Estas leyes y decretos limitaban el poder de propiedad de los esclavistas y otorgaban a los esclavizados unos derechos que los posicionaba en mejores condiciones para obtener la libertad. A estos se les posibilitó la denuncia y el cambio de amo por el incumplimiento de la ley o por maltrato. Adicionalmente, apareció la opción de libertad a cambio de su vinculación al Ejército (véase ^{Pita, 2012, p. 227}) o a través de las juntas de manumisión. Todo lo anterior tuvo como telón de fondo la ideología de libertad y justicia social que defendieron los líderes de la independencia. Ello incidió de manera decisiva en el sentimiento de cambio que se operó en la vida material y espiritual de las personas esclavizadas, quienes lograron aplicar con relativo éxito las herramientas legales que el Estado les brindó. Entre 1821 y 1851, las personas esclavizadas transitaron por los mismos caminos por los cuales se habían movilizado anteriormente para conseguir la libertad; sólo que ahora desde el Estado, mal que bien, se protegían sus derechos a ser libres. Algunos de estos caminos fueron concebidos por las autoridades en el plano de la ilegalidad.

Para algunos historiadores, entre quienes se encuentra Hermes Tovar Pinzón, las vías jurídicas o legales fueron las más usadas por la mayoría de las personas esclavizadas para acceder a la libertad. Ese fue el recurso al cual apelaban quienes creyeron que la libertad también se podía conseguir actuando dentro de la esfera del derecho colonial y republicano en la perspectiva del largo plazo, resignándose y aceptando, de paso, el status y condición de esclavizados. Para este historiador, la convicción y, sobre todo, la práctica del cimarronaje y la construcción de los palenques, entraban en contradicción con una realidad en la cual predominaban formas más conciliadoras pero más eficaces y menos traumáticas. Según este planteamiento, para acceder a la libertad, los mismos esclavizados asumieron que los mejores caminos estaban en los instrumentos jurídicos más que en los instrumentos ilegales de fuerza y violencia, tales como el cimarronaje o los palenques.

Si bien fue una realidad la preeminencia de las vías legales en relación con las de facto, esto no justifica la descalificación de esta última. Para los esclavizados no hubo una vía más meritoria que la otra; simplemente utilizaron la que más posibilidades de éxito les brindara. El hecho de que los palenques hubieran perdido su atractivo y su funcionalidad, no disminuyó en lo más mínimo la vigencia del cimarronaje, opción que desapareció sólo cuando se dio la abolición.

Esta opción, rechazada y castigada por las autoridades españolas y luego por las republicanas, es lo que ^{Cardoso (1987)} ha denominado como abolicionismo desde abajo (p. 24), dado que partió de los esclavos, de arrancarles por las vías de hecho al Estado y a los esclavistas su propia libertad, y hacer caso omiso de la abolición o libertad que desde arriba brindaban estas entidades.

A diferencia del abolicionismo o libertad desde arriba que se desarrolló y profundizó a partir de la coyuntura de la independencia y la postindependencia, el abolicionismo desde abajo, ejercido por los afrodescendientes esclavizados o libertos, atravesó de comienzo a fin el sistema esclavista en los casi 350 años de su existencia. Por ello, la inexistencia de los palenques durante la primera mitad del siglo XIX no afectó en lo más mínimo la opción del cimarronaje.

Los cambios que introdujo la independencia golpearon sensiblemente la institución esclavista en Nueva Granada, no sólo por las leyes y decretos que sobre manumisión se aprobaron entre 1821 y 1851, sino también por las ventajosas condiciones que aparecieron y que permitieron el incremento del cimarronaje. El caos y la dislocación social propias de la guerra de la Independencia propiciaron la incontrolabilidad de los habitantes; situación que en el Caribe colombiano aprovecharon las personas esclavizadas para huir, arrochelarse o tomar el control de las haciendas abandonadas por sus propietarios, bien porque trataran de salvar sus vidas o porque las dejaran solas para vincularse a alguno de los bandos en conflicto (^{Bell, 1991}).

Otro elemento que permitió la práctica del cimarronaje fue la oferta de libertad a cambio del alistamiento en el Ejército. También hubo factores menos tangibles pero que incidieron en la mentalidad de los esclavizados: nos referimos al ambiente y al contexto que se generó a partir de los presupuestos ideológicos que dominaban la primera mitad del siglo XIX y que estuvieron hondamente permeados por los conceptos libertarios y modernos de igualdad, fraternidad y libertad. Es decir, la esclavización en el siglo XIX estuvo articulada a fenómenos y procesos que posibilitaron y ampliaron el horizonte de la libertad. A diferencia de los siglos anteriores, los esclavizados de esta centuria contaron con un cuerpo jurídico que, por lo menos en teoría, garantizaba el acceso a la libertad. El incumplimiento de lo pactado en el plano jurídico a favor de la manumisión republicana hizo del periodo que siguió a la independencia uno de los más convulsionados en cuanto a cimarronaje se refiere (^{Romero, 2003, p. 33}).

Fue de tal magnitud la intensidad del cimarronaje en la etapa posterior a la independencia, que uno de los representantes de los sectores esclavistas del Caribe colombiano, Idelfonso Méndez (1850), llegó a los extremos de proponer la pena capital para los afrodecendientes que insistieran en estas prácticas. A pesar de la clara intención abolicionista a largo plazo, expresada en las leyes que para tal fin se aprobaron entre 1821 y 1851, es notoria también una legislación punitiva encaminada a detener, reprimir y castigar a los cimarrones (^{Restrepo, 1931, p. 298}). Además del cepo, latigazos, la muerte, el cercenamiento de orejas y genitales, en el Caribe colombiano durante la primera mitad del siglo XIX se utilizó sistemáticamente el destierro como una forma más de castigar a los cimarrones.

Aún en 1841, a menos de 10 años de aprobarse la Ley de abolición definitiva, se expedirían leyes como la del 18 de mayo de 1841, con la cual se le exigía y se facultaba a la policía para que persiguiera, aprehendiera y castigara a los criados y esclavos fugitivos (^{Restrepo, 1931, p. 301}). La legislación y las prácticas punitivas implementadas para reprimir el cimarronaje decimonónico evidencian la importancia y la vigencia que mantenía la fuerza de trabajo esclavizada, pero también los temores que generaba este problema en los esclavistas y el Estado.

Las huidas eran esencialmente individuales y motivadas por múltiples circunstancias y causas como escapar de un castigo, cambiar o denunciar al amo o buscar mejores condiciones de trabajo. Cada huida individual era única, ya que comprometía a personas diferentes cuyas motivaciones y causas de escape también eran diferentes. Dadas las circunstancias expuestas, este fue el tipo de cimarronaje que predominó durante el siglo XIX. En la Santa Marta de 1841, Valentín por circunstancias que las fuentes no mencionan, "aporreo e hizo trizas el vestido de una mujer blanca"¹. Este acto, además de valerle el llamado de atención de un vecino del lugar, determinó que al esclavizado se le sentenciara a prisión, grillo y cepo; sólo que esta no se llevó a cabo por que Valentín se convirtió en cimarrón².

Uno de los espacios predilectos en donde se practicaba el cimarronaje decimonónico fueron los contextos urbanos. Los esclavizados que allí desarrollaban sus actividades, aunque no fueron sometidos a los controles y los rigores del trabajo de las minas o de las grandes haciendas, no escapaban de los castigos y de las condiciones infrahumanas que acompañó la vida de estas personas. En consecuencia, con el propósito de evadir un castigo, o de acceder a la libertad, así fuera temporalmente, apelaban a la fuga y se refugiaban, no en los montes, sino en los caseríos, en otras ciudades o en los barrios periféricos de estas.

En 1823 se suscitó un pleito interesante entre Pedro Miguel y su esclavizada Josefa Antonia López, quien huyó de Riohacha y se escondió en Santa Marta, ciudad donde fue capturada. Josefa fue sindicada de cimarrona, despótica y altiva y, como castigo, su dueño la entregó al servicio del hospital samario durante dos años³. Al poco tiempo Josefa se fugó y denunció por malos tratos a su antiguo amo ante el protector de esclavos. Este funcionario, después de cotejar las pruebas correspondientes, tomó la decisión de dejar sin potestad sobre la esclavizada a Pedro Miguel⁴.

La documentación consultada muestra fehacientemente cómo en Santa Marta, al igual que los otros núcleos poblacionales del Caribe colombiano, se refugiaron muchas personas esclavizadas que se habían escapado de otros lugares, no sólo de la región Caribe sino también del extranjero. Claro está que los centros urbanos importantes no sólo jugaban el papel de recipientes que acogían a los y las cimarronas de otros lugares. Estos también se convirtieron en epicentros desde donde salían las personas que lograban escapar para esconderse en sitios alejados de estos, como lo fue el sur de las provincias samaria y cartagenera. Josefa Quiroz, desde Valledupar en 1824, planeó a través de un comando de la Santa Hermandad la captura de María Dolores y Rafael Trespalacios, quienes según su información se encontraban en Norosí. A los dos meses de haber salido en su búsqueda, el comando informaba de la captura de los dos cimarrones, pero no en Norosí, sino en Arenal. Además, prevenían a la propietaria sobre los gastos causados en tal tarea: pasaportes, salarios e impuestos de traslados de los cimarrones. De Rafael Quiroz decían no poder llevarlo a Valledupar "por estar inútil de servicio, incapaz de poder seguir la ruta de Valledupar, pues está tullido y anda de culo"⁵.

Uno de los ejemplos más representativo de cimarronaje urbano individual fue el de Nicolás Fester, hombre esclavizado de la Barranquilla de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nicolás huyó hacia Cartagena después de haber recibido un duro castigo. Allí fue capturado y reducido a prisión, y el castigo fue devolvérselo al amo. A partir de ese momento se inició un interesante proceso que duró casi dos años, durante el cual Nicolás, ante la lentitud y lo sesgado del proceso en su contra, asumió su propia defensa, que concluyó con la decisión en tercera instancia de declarar a Nicolás como "esclavo del rey", y con esto evitó que se materializara la primera sentencia (^{Romero, 2009, p. 26}).

En 1850 capturaron en Barranquilla a los cimarrones Manuel Lloret y Juan Nepomuceno Cañisares, quienes habían huido en esta misma ciudad hacía 5 años. Lo curioso de esta situación es que su dueño, el Sr. Aquilino Álvarez, negoció la venta de los cimarrones antes de su captura a través de Pedro Martín Consuegra, quien inmediatamente después de capturar a los cimarrones los vendió a Esteban Márquez⁶.

Además de los contextos urbanos, las haciendas también se convirtieron en espacios para el ejercicio del cimarronaje decimonónico; bien porque se utilizaran como sitios de refugio o bien porque desde allí se produjeran las huidas. En 1831 se llevó a cabo un proceso jurídico en contra de Hilario Martínez, a quien se le condenó bajo la acusación de ser encubridor de la fuga de esclavos. Este estaba casado con una esclavizada de José Ximeno, propietario de la hacienda de Papare, la más importante de la provincia samaria a finales del siglo XVIII, lugar donde vivía el acusado y tenía un platanal. De acuerdo con la versión de las autoridades, Hilario, en contraprestación de los favores amorosos, ayudaba a escapar a las esclavas de la citada hacienda, llevándolas a Valledupar, lugar en el cual finalmente se refugiaban. Durante el proceso se le sindicó de hacerlo en tres ocasiones. En el momento de su captura en Ciénaga, se le encontró una esclava escondida y lista, según sus captores, para trasladarla a Valledupar⁷. Aun en 1849, las autoridades de la provincia de Cartagena se quejaban del peligro que representaban los esclavos que se habían apoderado de las haciendas de San Pablo, Lobo y Gaceta, abandonadas estas por sus propietarios en el transcurso del proceso de independencia. Según la versión del informe del gobernador, estas haciendas se habían convertido no solo en refugio de cimarrones, sino también de esclavos, desertores, criminales y reos de toda índole⁸.

Otros casos de cimarronaje que tuvieron como escenarios las haciendas fueron registrados por la prensa. Por ejemplo, en agosto de 1842, en uno de los periódicos de Cartagena publicó cuatro ocasiones el aviso de la fuga, desde hacía más de tres años, de siete esclavizados de la hacienda de Pua, de propiedad del difunto Sr. Argumedo⁹. Además, este medio informativo publicó, en igual número de ocasiones, la oferta de "recompensa de 25 pesos al que capturara a los referidos esclavos y los presentara a los albaceas. También se le abonarán los gastos de conducción a esta plaza"¹⁰. La recompensa por las capturas de los cimarrones estaba relacionada con la importancia que tenían los esclavizados. En muchos casos, estos representaban el único patrimonio y medio de subsistencia de sus propietarios.

Hubo muchas experiencias de cimarronaje individual de los que desconocemos sus detalles, pero aunque casi anónimos para nosotros, sus evidencias quedaron plasmadas en algunas de las cartas testamentarias de la primera mitad del siglo XIX. En los testamentos se precisó la existencia de las y los cimarrones como bienes susceptibles de ser recuperados por los albaceas y herederos¹¹.

A diferencia de otros lugares de América Latina, en los cuales las fuentes privilegiadas para el análisis de los rasgos o tipología social de los cimarrones del período que siguió a la independencia fue la prensa, en el Caribe colombiano, además de la prensa, se cuenta con la información que sobre este aspecto quedó consignada en algunos testamentos, poderes para la captura de los huidos y juicios de destierro. Pero, sin lugar a dudas, la que nos brinda mayor información sobre el tejido social del mundo del cimarronaje es el censo especial de esclavos que se ordenó realizar en 1842. De él obtuvimos una muestra de 201 cimarrones, con los cuales logramos analizar algunas de los rasgos sociales que caracterizaron el cimarronaje caribeño del siglo XIX¹². Sin lugar a equívocos, el cimarronaje se constituyó en uno de los mecanismos más importante para acceder a la libertad, y con ello contribuir durante toda la primera mitad del siglo XIX con el debilitamiento y extinción final de esclavización.

Los otros rostros del abolicionismo negro

Es innegable que, a pesar de las condiciones degradantes en que se vieron envueltas las personas esclavizadas, nunca se convirtieron en víctimas pasivas de un sistema que les negó las oportunidades asignadas a los blancos o libres de nacimiento. Los y las esclavizadas se convirtieron en agentes históricos capaces no sólo de impactar y transformar los roles y el destino que se les había diseñado, sino que también fueron capaces de desarrollar aptitudes, tomar iniciativas, negociar e imponer en algunos casos límites al poder de los esclavistas (^{Díaz, 2002, p. 68}).

Pero las resistencias y las estrategias para oponerse y desestabilizar la esclavización asumieron varios matices e intensidades: no todas se inscribieron en el contexto del cimarronaje, motines y rebeliones que, entre otras cosas, fueron escasas y esporádicas durante el periodo colonial e inexistentes durante la primera mitad del siglo XIX. En Nueva Granada, sobre todo en el Caribe colombiano, los y las esclavizadas implementaron otras formas de resistir y acceder a la libertad; quizás menos llamativas y espectaculares que las vías de hecho. Nos referimos al litigio y la presión jurídica; a la denuncia del amo para conseguir mejor trato o libertad, a la autocompra de la libertad propia o de familiares; al mestizaje; a oficios que posibilitaban a largo plazo la obtención de la libertad, tales como ama de leche o ama de llaves; a la procreación de hijos con los esclavistas; al "buen" comportamiento, la vinculación al Ejército y el ahorro a través de las cajas para comprar la libertad. Estos mecanismos y formas de lucha de resistencia cotidiana no solo fueron de larga duración, sino el escenario más duradero del conflicto y las tensiones propias de la esclavización. Es en él donde con mejor claridad podemos percibir la manera como los y las esclavizadas se convirtieron en agentes de su propia historia (^{Aguirre, 1991}, p. 42).

En el amplio espectro de las resistencias y de las formas no violentas de buscar y acceder a la libertad, nos encontramos con que algunas de ellas aparecen en el contexto de la independencia y se prolongaron hasta 1851. Otras, por el contrario, aunque fueron utilizadas durante todo el periodo colonial, se fortalecieron con las condiciones creadas por el nuevo ambiente que introdujo la república, y no obstante no haber obtenido el respaldo jurídico del Estado, su práctica consuetudinaria las convirtió en normas ocultas a las cuales acudieron recurrentemente las personas esclavizadas. Tal es el caso del mestizaje y de los favores sexuales.

Como se mostró anteriormente, otra de las actividades manipuladas por las afrodescendientes libres y esclavizadas, violentadas o no, fue la de las relaciones o "favores sexuales" para conquistar, a veces a través del pleito jurídico, un mejor estatus, la libertad personal o la de los hijos procreados en estas relaciones. Relaciones que con el transcurrir del tiempo dieron como resultado la presencia de un alto porcentaje de mestizos.

A los anteriores ejemplos se unen otras formas de huir de la esclavización o mejorar las condiciones de vida, como fue la denuncia ante las autoridades. En algunos casos, estas denuncias se entablaron para reclamar la libertad prometida por buen comportamiento, por haberlas pagado de antemano o por el incumplimiento de los esclavistas después de haber sostenido relaciones amorosas, entre otros.

Con el proceso de independencia, y especialmente después de la Constitución de Cúcuta, las personas esclavizadas conquistaron nuevos espacios a partir de los cuales le disputaron al sistema en general y a los esclavistas en particular su libertad. Además de la estructura que se diseñó para darle cuerpo a la Ley de partos, con la cual se fortaleció el proceso de manumisión republicana, surgieron otras opciones con las que el conjunto de posibilidades para escapar de la esclavitud se amplió.

A diferencia de los criollos blancos, quienes se vincularon al proceso de independencia y al ejército libertador en atención a contradicciones y proyectos políticos e ideológicos que desafiaban y se contraponían al poder español los esclavizados, por el contrario, lo hicieron esencialmente con el propósito inmediato de convertirse en libres, de acuerdo con el ofrecimiento hecho por Bolívar desde 1816 a cambio de engrosar las filas de su ejército. En consecuencia, su preocupación fundamental no se centró en convertirse en héroes sino en libres. Por ello, en muchos casos no se esperó la culminación de la guerra o de la prestación del servicio militar para satisfacer sus pretensiones, ya que aprovechaban su vinculación a la vida militar para convertirse en cimarrón. Sin lugar a dudas, fue la consecución de la libertad la que, en últimas, empujó a los esclavizados a vincularse a estas contiendas militares, uniéndose al bando que mejor le garantizara la libertad. Esto explica la deserción de los esclavizados durante este periodo (^{Bell, 1991, p. 78}).

De esta situación se desprendió el temor que siempre observaron los líderes de la independencia de armarlos y su preocupación por poner en peligro el derecho de propiedad de los amos (^{Golberg, 2003}, p. 44). De acuerdo con lo que ofrecen las fuentes, no es posible calcular un porcentaje de los esclavizados fugados o desertores en el Ejército patriota o español. Aunque se supone que en este último también se presentaron deserciones, el estado de la investigación hasta ahora, además de mostrar las causas y los castigos impuestos a los desertores, sólo evidencia casos y episodios alusivos a las huestes patriotas, sobre todo entre 1820 y 1821 (^{Pita, 2012, p. 227}). Manuel Valdés, general insurgente, declaró en agosto de 1820 que muchos de los esclavos reclutados eran "inútiles para el servicio del ejército" y preferían a menudo huir en masa a las montañas y no luchar para los ejércitos republicanos (^{Russell, 2003}, p.12). Por ello, la resolución del 28 de agosto de 1821 trató de regular la entrada indiscriminada al Ejército por parte de los esclavizados. Esta decretó que "los esclavos no se computen en la población para formar el alistamiento, ni éstos se alisten sino en extrema necesidad y bajo la condición de una justa indemnización" (^{Restrepo, 1931, p. 308}).

Durante la primera república de Cartagena (1811-1815) muchos esclavizados en esta provincia obtuvieron su libertad al convertirse en piratas y corsarios que surcaron el Caribe insular. A través de ellos se vehiculó buena parte de la información de la Revolución haitiana, que tantos miedos generó en el imaginario colectivo en las élites de la época (^{Pérez, 2012, p. 57}). En términos generales, el proceso de independencia le abrió espacios a los esclavizados para alcanzar la libertad, debido a la necesidad de fortalecer los bandos con nuevas incorporaciones y reclutamientos. De allí que, por ejemplo, en 1810 el alcalde de Mompox, con otros adeptos a la causa independentista, liberaran a varios de sus esclavizados para que engrosaran el batallón de pardos (^{Pita, 2013, p. 51}).

En las nuevas condiciones que surgieron con la guerra de la Independencia, la vinculación al servicio militar no sólo fue atractiva para los esclavizados por el puente que este propiciaba para acceder a la libertad, sino también por la posibilidad de ascender socialmente a través de una institución que había adquirido mucho prestigio y poder en el nuevo Estado que comenzó a construirse para reemplazar al español.

En efecto, la guerra de la Independencia y la vinculación al servicio militar de la población negra libre y esclavizada permitieron el ascenso social de algunos afrodescendientes que lograron convertirse en oficiales del Ejército neogranadino. Entre ellos es oportuno mencionar al coronel Juan José Rondón, al teniente coronel Leonardo Infante, al general Carlos Manuel Piar y al almirante y fundador de la Armada Nacional José Prudencio Padilla.

A excepción de Rondón, los restantes oficiales negros fueron fusilados por el Ejército republicano al cual habían servido, al aplicárseles por diversas causas la pena capital (^{Conde, 2009, p. 27}). Piar y Padilla fueron ejecutados con el beneplácito de Bolívar. Al primero lo hizo fusilar en 1817 para castigarle el supuesto delito de rebelión. Al parecer, la muerte de Piar creó cierto malestar en las bases de la tropa, que en su mayoría eran de ascendencia negra. Estos consideraban que, en el fondo, lo que subyacía era discriminación racial y no rebelión13 (^{Ortega, 2002}, p. 186). Para otros historiadores, el fusilamiento fue la solución de Bolívar para detener la amenaza contra su supremacía, disputada en algunos momentos por Piar (^{Helg, 2002}, p. 4). Ante el descontento por la ejecución de Piar, Bolívar utilizó a otro oficial negro para que sosegara e introdujera de nuevo el orden entre la tropa, sin saber este que 17 años más adelante correría la misma suerte de su corracial venezolano; nos referimos al almirante José Prudencio Padilla.

Al iniciarse el segundo semestre de 1844, comenzó a funcionar en Cartagena la Caja de Ahorros de dicha provincia, concebida según sus directivos como una institución que en términos económicos debía producir los mismos beneficios de un banco, pero con la diferencia de estar llamada a ofrecer préstamos con intereses muy bajos para "frenar las desmesuradas exigencias de los usureros". Desde el momento en que la Caja de Ahorros inició sus funciones hasta la fecha en que se abolió la esclavitud, esta institución fue utilizada por las personas esclavizadas como un mecanismo para ahorrar y generar algunas ganancias con las cuales compraron o pagaron el valor de sus libertades. Así se hizo saber en el informe semestral de la caja cuando sus directivos entre las bondades de dicha institución aseguraban que "merced a sus juiciosas economías, lealmente y fructuosamente guardadas en la Caja, un jornalero ha llegado a ser maestro y un esclavo hombre libre"¹³. Los ahorradores durante los primeros seis de funcionamiento de la Caja, diversificados por oficios o profesiones y número de participantes, fueron: 10 abogados, 5 agricultores, 13 artesanos, 33 casadas, 31 costureras, 5 eclesiásticos, 13 empleados y militares, 20 esclavos y sirvientes, 5 hacendados y propietarios, 4 lavanderas, 5 médicos y farmaceutas, 216 menores, 14 negociantes y pulperos, 16 viudas y ancianas, 3 varios¹⁴. En 1845 los esclavos ahorradores fueron 51, y en el segundo semestre de 1849 fueron 6¹⁵. En el informe que presentó la directiva de la Caja y el balance correspondiente de dicha entidad a finales de 1850 se volvió a insistir en la importancia de la Caja como instrumento que permitía el ahorro de dinero por parte de las personas esclavizadas para comprar su libertad. El otro caso que conocemos diferente al de Cartagena y que muestra el ahorro de los esclavizados es el de la Caja de Riohacha en 1848¹⁶.

El escenario anterior, que muestra esclavizados ahorradores comprando su libertad, sigue desvirtuando la posición que los reduce a simples artículos u objetos de producción sometidos a los designios que le marcaban sus amos. Además, demuestra que estas personas en medio de la adversidad de la esclavización lograron cierta autonomía económica que, en muchos casos, utilizaron para adquirir el bien más preciado: la libertad (^{Meyer, 1989}, p. 116). A partir de 1823, el Gobierno inglés adoptó nuevas políticas para sus colonias en las Indias Occidentales tendentes a mejorar la suerte de sus esclavos, como: suprimir los latigazos del mercado dominical de esclavos, prohibición de pegarle a las mujeres, derecho a atestiguar ante los tribunales y creación de cajas de ahorro reservada a los esclavos (^{Meyer,1989, p. 116}).

Hasta hace poco, la historiografía había develado que los esclavizados produjeron inmensas riquezas para el beneficio de sus amos; pero lo que no sabíamos era que también lo habían hecho para ellos mismos, para comprar su libertad. Un reciente estudio para Río de Janeiro entre 1840-1871 muestra cómo los esclavos de esta ciudad generaron recursos en una escala impresionante que invirtieron en la compra de su libertad (^{Valencia, 2011, p. 24}). De acuerdo con este estudio, los esclavos lograron forjar riquezas para ellos mismos que se hicieron evidentes cuando se autopagaron su manumisión. En consecuencia, se propone pensar la libertad como un valor económico que, en muchos casos, era generado como producto de una estrategia desplegada por la familia esclava (^{Valencia, 2011, p. 25}).

Los casos anteriores sugieren dos aspectos interesantes referentes a la dinámica que le imprimieron las personas esclavizadas a la lucha por acceder a la libertad y al debilitamiento paulatino de la institución de la esclavitud. Por un lado, se reafirma la posición que hemos venido sosteniendo, en el sentido de la exploración y manipulación por parte de los y las esclavizadas de diferentes caminos y estrategias para superar y romper la condición de sujeción en la cual los sumieron las relaciones sociales, económicas y culturales propias de la esclavitud. Por otro lado, el solo hecho de convertirse en ahorradores, al igual que otras personas que constituían en esa época el conjunto del tejido social, evidencia los niveles de permeabilidad social que habían logrado los esclavizados y, con ello, su contribución silenciosa en la erosión y debilitamiento de la esclavitud hasta su extinción definitiva.

Otra de las maneras de enfrentar la esclavización y de acceder a la libertad en el contexto del incierto y débil fenómeno abolicionista fue la presión que a través de cartas hicieron a las autoridades las propias personas esclavizadas, solicitando con fundamento jurídico su libertad. Estas cartas también son una evidencia del conocimiento que por diferentes canales llegaban a tener estas personas de las leyes y las decisiones, propias del ambiente supuestamente liberal y modernizante generado por la república a partir de 1821. Una de estas se redactó en Santa Marta, cinco meses antes de abolirse definitivamente la esclavitud:

Yo María Josefa Rodríguez, esclava de José Antonio Cataño, agobiada de males que ya no hacen llevadera la vida y la tarea de cocina que me tiene encargada mi señor y el deseo por otra parte de salir de la dura condición de esclava, me ponen en el caso de acogerme al beneficio de la filantrópica ley de manumisión que se sirvan de dar la libertad de una infeliz como yo para tranquilizar los días que me restan de existencia. Mi amo estima en valor de 150 pesos. Pero yo estoy casi inútil, pero tengo en mi poder 70 pesos, y así pido que se me mande a reconocer y a valorar por menos para que los fondos de manumisión tengan que desembolsar menos¹⁷.

Además de la solicitud y la presión ejercida por intermedio de estos documentos epistolares, las personas esclavizadas lograron negociar y pactar directamente con las juntas de manumisión el pago parcial o total del valor en que habían avaluado el precio de sus libertades. Sólo a través de este mecanismo impuesto por los directamente afectados pudieron las juntas de manumisión cumplir con los propósitos para los cuales fueron establecidas. En algunas de las fuentes que nos revelan estas negociaciones aparecen los aportes hechos por los y las esclavizadas. En otras, por el contrario, esta información se generaliza, señalando que los y las esclavizadas pagaron "con su propio caudal" el valor de sus manumisiones. Inferimos que en estos casos fue el total del valor de la libertad, pues a renglón seguido se especificaba también cuántas eran liberadas con los fondos de manumisión y cuántos por la "gracia" de los amos. De las 11 personas que se manumitieron a través de las juntas de manumisión en toda la provincia de Cartagena durante 1838, dos de ellas, mujeres, compraron su libertad¹⁸. En la misma provincia, durante 1842, de los 9 esclavizados que obtuvieron la libertad, uno fue porque se autocompró su libertad¹⁹.

En 1832 hubo 26 manumitidos en la provincia de Santa Marta, y en las observaciones que se hicieron de este informe al final del mismo se resalta lo siguiente: "De los esclavos manumitidos algunos han contribuido voluntariamente con cantidades que han podido, para ayuda de su libertad, por los escasos fondos de las juntas, o porque sus amos les han hecho gracia rebajándoles su valor y otros han sido liberados con los aportes de los fondos de las juntas de manumisión"²⁰. Uno de los casos que más puso a prueba la capacidad de los esclavizados para jalonar y activar el papel jugado por estas personas para convertirse en libres se presentó en algunos cantones de la provincia de Santa Marta a solo un año de producirse la abolición de la esclavización y en pleno apogeo del Partido Liberal en el poder. En efecto, en 1850, de los 36 esclavizados y esclavizadas liberadas por los cantones Santa Marta, Tenerife, Ciénaga y Remolino, 33 de ellos obtuvieron su libertad "por su propio caudal". Los restantes lo fueron: uno con los fondos de la junta, el segundo por una suscripción pública y el tercero por la gracia del amo²¹. Igual situación ocurrió en la provincia de Riohacha durante 1847: el total de las personas liberadas por las juntas de manumisión de Riohacha y San Juan del Cesar fueron manumitidas con los dineros aportados por los propios esclavizados²².

A diferencia de los informes anteriores, hubo otro conjunto de estos en los cuales se especificó el monto de los aportes económicos hechos por las personas esclavizadas. Por ejemplo, en marzo de 1851, en Riohacha, se le otorgó la libertad a María del Rosario Mejía por el valor de 100 pesos. "La sierva contribuyó en su auxilio con cuarenta y cinco pesos, de los fondos destinados al efecto de auxilio treinta y cinco pesos. Su dueño, el Sr. Juan de Dios Palacios, tuvo la generosidad de rebajarle la suma de veinte"²³. En el mismo informe se presenta también la de la esclava Andrea. "Cuyo valor ascendió a la cantidad de 70 pesos. La esclava presentó para facilitar su manumisión 62 pesos, el Sr. Nicolás de Barro, miembro de la junta le regaló 3 pesos y la gobernación el resto que eran 5"²⁴. En Barranquilla, en 1844, la esclavizada Inocente Guzmán obtuvo la libertad de la siguiente manera: "120 pesos que tenía adquiridos con su industria, 30 que recogió por una suscripción y 50 que abonaron los fondos del ramo, cuyas partidas hacen la suma de 200 pesos en que está justificada"²⁵.

No obstante, como se ha demostrado con los casos expuestos, que eran las propias personas esclavizadas las que aportaban la mayor cantidad de dinero para pagar sus manumisiones, eran las autoridades y los sectores políticos los que aparecían como benefactores y protectores del derecho de libertad de las personas que accedían a ella en los actos públicos solemnes y en las fiestas que se organizaban alrededor del ritual de la manumisión. Tal es el caso del acto solemne que se organizó en Sabanalarga, en 1844, para darle la libertad a la esclavizada Dolores Pertúz, quien aportó 80 pesos de los 150 que se pagaron por su libertad. El resto se distribuyó de la siguiente manera: 25 que dio la Junta de Manumisión, 25 que rebajó el amo y 20 que se pagarían a rédito²⁶. En la fiesta que organizó la Sociedad Democrática de Riohacha, en marzo de 1851, para celebrar el triunfo del Partido Liberal se liberaron 4 personas esclavizadas, 2 de ellas con dineros de estos²⁷.

Asumir la abolición desde la perspectiva de las personas esclavizadas implica redefinir la percepción tradicional con que se les ha mirado. Ya no como objetos sino como sujetos de los procesos históricos en que se vieron involucrados. Desde esta nueva perspectiva, los caracterizamos como actores y no como simples espectadores, y con esto desbordamos la mirada que los ha visto como objetos o cosas susceptibles de vender, comprar o cambiar.

Si bien no dudamos que la abolición fue un escenario en el cual actuaron múltiples actores, también es cierto que en él participaron las propias personas esclavizadas, quienes con su visión muy particular de la abolición lograron también erosionar con sus acciones y resistencias la institución de la esclavitud. Explicar el proceso abolicionista sólo desde el nivel parlamentario y jurídico de la postindependencia, además de resultar incompleto, fortalece la posición excluyente de mostrar una sola cara del fenómeno, la cual niega tácitamente la abolición desde abajo, la de los directos implicados, la de las personas esclavizadas.

Nuevos estudios y tendencias historiográficas y teóricas permiten apuntalar lo expresado en este trabajo. Por ejemplo, en un reciente trabajo, María Cristina ^{Navarrete (Navarrete, 2011}, p. 259) expresa que en dicha investigación se partirá de la concepción teórica que posiciona a los esclavizados como agentes históricos y activos constructores culturales, a pesar de haber sido reducidos al trabajo forzado. Algunos nunca aceptaron su status y escaparon de sus propietarios. De acuerdo con Aline Helg, durante mucho tiempo los análisis históricos en Occidente partieron del supuesto de que los pueblos sin escritura eran pueblos sin historia. Esta dicotomía se observa en la historiografía tradicional sobre los afrodescendientes, en la que, por ser el amo quien escribía, era el que dejaba huellas sobre su visión. En cambio, a los esclavos, por considerárseles instrumentos de producción, se les negó la voz, la escritura y, en consecuencia, su historia propia. Por ello, abordar la abolición sólo desde la acción parlamentaria y desde una lectura plana de los documentos oficiales y sin escuchar la voz de los esclavizados sería una nueva forma de "interpretación no conflictiva de la historia" (^{Helg, 2011, p. 86}).

Finalmente queremos plantear que el concepto de Abolición desde Abajo o Abolicionismo Negro se fundamenta en toda la discusión abierta por los Estudios Subalternos y los Estudios Postcoloniales realizados para interpretar la realidad de la India postcolonial. Estudios que han propiciado y articulado tanto las perspectivas postcoloniales como la historia desde abajo. De acuerdo con ^{Dube (2001)}, desde los años sesenta hemos presenciado el desarrollo de una tendencia mundial de la historiografía conocida como "historia del pueblo", "historia desde abajo" e "historia desde abajo hacia arriba". Es decir, frente a la tendencia de muchos historiadores de ver a los grupos subordinados -mujeres, grupos étnicos, trabajadores- como objetos privados de conciencia y como víctimas pasivas de la historia, surge el enfoque que tiene como premisa reconocer que la cultura y la conciencia de los grupos subordinados, como se expresan en sus manifestaciones y prácticas, poseen una lógica y una racionalidad distintivas que es posible definir en términos de su universo conceptual y de la validez de sus experiencias (^{Dube, 2001, p. 42}).