Paros cívicos en Colombia en la década de los años 80: un abordaje contextual y teórico

Según ^{Giraldo y Camargo (1985)}, desde 1957 el paro cívico empieza a constituirse como una acción colectiva de protesta cada vez más frecuente de la lucha reivindicativa común a distintos sectores sociales en Colombia. La cifra asciende considerablemente entre 1971 y 1981 con un total de 138 paros cívicos, luego de que la cifra registrada entre 1958 y 1970 fuese de 16 (p. 9). A partir de 1982, de acuerdo con la investigación de ^{Archila Neira (2000)}, se presenta un aumento del número de paros cívicos hasta registrarse la cifra más alta de la década en 1987. Entre 1981 y 1990, se registró un total de 284 paros cívicos en el país, lo cual representó el 36 % de las acciones cívicas³ registradas en ese mismo período (p. 24). Específicamente en Barrancabermeja, entre 1982 y 1990, se registró un total de 21 paros y luchas cívicas, incluyendo un paro de carácter regional en junio de 1987: el paro cívico del nororiente colombiano (^{Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009b}, pp. 458-459).

En cuanto a las causas, distintos investigadores coinciden en que el auge de los paros cívicos, principalmente en la primera mitad de la década de los años 80, corresponde en gran medida a la inconformidad popular por el problema de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía), en relación con la cobertura y las tarifas. Se resalta la función que cumplió el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), creado en 1975, en la gestión financiera de empresas departamentales y municipales de acueducto y alcantarillado, a partir de la dependencia de los empréstitos internacionales que condicionaron las tarifas de los servicios, concretamente hacia el alza. Esto, en medio del aumento de la deuda externa y una crisis financiera que intentó subsidiarse con recursos del Estado. Asimismo, a partir de 1982, la Junta Nacional de Tarifas definió la "upaquización" de las tarifas de energía eléctrica, lo cual se tradujo en su incremento mensual de 3,25 %. Lo anterior, sumado al mal manejo de funcionarios locales o regionales (^{Giraldo y Camargo, 1985}, pp. 27 y 31; ^{González Posso, 1984}, p. 49; ^{Archila Neira, 2000}, p. 28).

El descenso de la cifra de paros cívicos a partir de 1988, de acuerdo con ^{Archila Neira (2000)}, está relacionado con la expectativa de participación político-electoral que significó la reforma política para la elección popular de alcaldes, aunque la capacidad movilizadora que tenían distintos movimientos cívicos no se reflejó en su alcance electoral. Igualmente, la agudización del conflicto armado y la violencia contra el movimiento social y político de oposición provocaron un duro golpe a las formas organizativas del movimiento cívico (p. 28). En el caso de Barrancaberme-ja, la violencia sociopolítica sesgó la vida, inicialmente, de dos destacados voceros de la Coordinadora Popular: Ricardo Lara Parada del Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM) en 1985 y Leonardo Posada de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC) en 1986. Desde 1987, a partir del atentado con una granada contra dirigentes de la UP, los paros cívicos en Barrancabermeja adquieren como principal reivindicación el derecho a la vida. Sin embargo, la expansión del proyecto paramilitar y su consolidación en Barrancabermeja durante la década de los años 90 e inicios de los 2000, obstaculizó el accionar del movimiento cívico (^{Delgado Gaona, 2021}, pp. 371-379).

De acuerdo con las investigaciones de los paros cívicos, especialmente en la década de los años 80, en este trabajo se define el paro cívico como una acción colectiva de protesta que conlleva la parálisis total o parcial de las actividades económicas y sociales a nivel local, regional o nacional, como una forma de resistencia a la disminución de garantías para una vida digna y de presión sobre las instituciones del Estado para la satisfacción de las reivindicaciones (^{Giraldo y Camargo, 1985}, p. 9; ^{González Posso, 1984}, p. 48). El paro cívico es considerado la acción colectiva de protesta de mayor alcance de un movimiento cívico (González Posso, 1984, p. 51), que puede presentar un desarrollo cualitativo cuando se van superando las reivindicaciones inmediatistas y se definen reivindicaciones "que comiencen a enfrentar mecanismos institucionales o permanentes que inciden en las condiciones de vida de las mayorías" (^{Giraldo y Camargo, 1985}, p. 13).

Como han planteado ^{Forero Hidalgo y Molano Camargo (2015)}, el paro cívico, además de lograr la parálisis total o parcial de un lugar, representa una ruptura de la cotidianidad y las calles son reconfiguradas como el "espacio privilegiado de la acción política colectiva" (p. 121). El paro cívico germina cuando distintos sectores poblacionales articulan sus demandas y logran convocar acciones colectivas de protesta que, a su vez, son generadoras de conciencia. El proceso de unificación alrededor de reivindicaciones comunes origina formas de organización "que desbordan los marcos organizativos gremiales y políticos", pero también, al darse al margen de las estructuras sociales vigentes, constituyen una experiencia coyuntural o transitoria de poder popular y modelos alternativos de organización social (^{Giraldo y Camargo, 1985}, pp. 17 y 32). Formas organizativas de participación popular y democracia directa como las asambleas populares, los comités cívicos o las coordinadoras constituyen, como señala ^{González Posso (1984)}, la base institucional de un contra-poder (pp. 75-76).

^{Jaramillo Marín, Parrado Pardo y Mosquera Camacho (2020)}, con base en los "comunes analíticos" de los paros cívicos en Colombia condensados por Archila Neira, destacan como características de estas acciones colectivas de protesta, además de la ruptura de la dinámica cotidiana y la unidad de acción a partir de reivindicaciones comunes, la respuesta militar o policiva "de control y de choque por parte del Estado" que, en ocasiones, la represión resulta en manifestantes detenidos, lesionados o muertos; y, la confluencia con otras acciones colectivas de protesta como tomas, bloqueos o marchas (p. 142).

Medófilo ^{Medina (1984)} resalta que las características más importantes de los paros cívicos locales y regionales "se asocian a la amplia gama social de sus participantes y a la capacidad para mover a la acción a las masas y para despertar en estas un gran espíritu de iniciativa" (pp. 144-145). Medina plantea que, desde mediados del siglo XX, la clase obrera urbana presenta un aumento de los sectores sociales que la componen: "a medida que se produce una mayor diversificación social del proletariado, aumenta el número de capas en el conjunto de la clase obrera" (p. 142). En ese sentido, el paro cívico surge, de alguna manera, como una "adecuación del movimiento popular a las condiciones de su diversificación social y de su fragmentación técnica y organizativa" (p. 143). También, como plantea ^{Archila (2003)}, precisamente fue la definición de objetivos comunes y los métodos de lucha lo que permitió a los movimientos cívicos entre 1958 y 1990 "abarcar muchas capas sociales y más dimensiones del conflicto" (p. 396).

Causas, debates y gestación del paro cívico

Durante la década de los años 50 e inicios de los años 60, la población de Barrancabermeja se duplicó pasando de 35 mil habitantes en 1951 a 71 mil en 1964 (^{Caicedo, 1993})⁴. El principal factor del crecimiento demográfico y espacial del municipio fue la afluencia de personas provenientes de distintas partes del país, motivadas por el enganche en la industria de hidrocarburos. Sin embargo, la economía del petróleo no absorbía a todas las personas que llegaban al municipio y, en consecuencia, fue aumentando la conformación de barrios populares que carecían de acceso a servicios públicos. En vista de que el descontento cada vez más permeaba a los sectores populares, organizaciones como el Partido Comunista Colombiano (PCC), el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Unión Sindical Obrera (USO), profundizaron su trabajo organizativo alrededor de la exigibilidad de los derechos fundamentales de la población (^{Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009b}, pp. 221-222).

Si bien las problemáticas sociales del municipio rodeaban distintas necesidades relacionadas con la energía eléctrica, la infraestructura vial, el alcantarillado, el sistema de transporte público, la atención médica, la vivienda y la educación, eran la deficiente cobertura del servicio de acueducto y la pésima calidad del agua para consumo humano de los aspectos esenciales para orientar la inconformidad popular hacia la protesta contra la administración municipal, sin desconocer la responsabilidad de los Gobiernos departamental y nacional. Es así como en mayo de 1963 se organiza el primer paro cívico del municipio (^{Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009b}, pp. 221-230). Para ese momento, el sistema de tratamiento y distribución de agua administrado por la empresa Acuasur⁵, que tenía como fuente de captación el caño Cardales, presentaba irregularidades en la red de suministro, insuficiente capacidad de almacenamiento y continuas interrupciones en la prestación del servicio (^{Caicedo, 1993}, p. 18).

Al pasar los años, la problemática del acceso al agua potable en el municipio no aminoraba, al contrario, se profundizaba con el aumento de las descargas de aguas residuales en el caño Cardales, que paulatinamente fueron afectando su calidad y la disponibilidad del caudal requerido. Para inicios de la década de los años 70, la población de Barrancabermeja se había triplicado en comparación con la cifra del año 1951, lo cual suponía una emergencia ante el desabastecimiento de agua potable y el aumento de brotes epidémicos de enfermedades gastrointestinales e infecciones cutáneas (^{Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009b}, pp. 316-317). Ezequiel Romero, concejal y militante del PCC, denunciaba a inicios del año 1975 la crítica situación que enfrentaba el municipio:

En Barrancabermeja nunca ha habido agua potable suministrada por el obsoleto acueducto municipal, cuya administración está a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Santander, Acuasur. Este problema hizo crisis en este último verano. La bocatoma se ha secado totalmente. Acuasur se ha conformado con tomar las aguas negras de los barrios altos de la ciudad para suministrársela a la población⁶. Consciente de la gravedad de la situación, la ciudadanía se ha levantado en lucha para que se arregle el problema del agua. (Ezequiel Romero, citado en ^{Arango, Semanario Voz Proletaria, 6 de febrero de 1975})

El 20 de enero de 1975, los sectores poblacionales más afectados por la problemática del agua se lanzaron a una manifestación en las calles de Barrancabermeja, que incluyó, además, otras demandas relacionadas con servicios públicos, salud y educación. El Gobierno del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) se limitó a estigmatizar el movimiento cívico que se gestaba en Barrancabermeja y negarse a cualquier negociación con la comisión de diálogo liderada por el sacerdote Eduardo Díaz. Como respuesta, en el mes de febrero se organizó un paro cívico de tres días (^{Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009b}, pp. 320-321). Ante la denuncia y movilización continua de la ciudadanía, y con base a los estudios previos elaborados por el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), en 1976 se inauguró la nueva planta de tratamiento de agua, adoptando a la ciénaga San Silvestre como fuente de captación. Meses más tarde, la empresa Acuasur sería reestructurada jurídicamente, constituyéndose la Empresa de Obras Sanitarias de Santander (Emposan) (^{Caicedo, 1993}, p. 20).

No obstante, el servicio de acueducto distaba de mejorar, pues la cobertura seguía siendo incipiente y la ciénaga San Silvestre enfrentaba problemas de contaminación a causa de la producción de hidrocarburos. Los sectores nororiental y suroriental presentaban los índices más bajos de cobertura del servicio, agudizando la crisis de desabastecimiento ya que allí se concentraba una gran parte de la población urbana del municipio. En mayo de 1980, luego del desequilibrio ecológico que representó el cierre definitivo de las compuertas ubicadas en la represa construida entre la ciénaga San Silvestre y el caño San Silvestre, con la cual se pretendía evitar la disminución del nivel del agua en los periodos de sequía, el municipio enfrentó una crisis a causa del elevado grado de contaminación del agua de la ciénaga. La irrupción en el flujo del agua aumentó las concentraciones de ácido sulfhídrico, como consecuencia del insuficiente tratamiento de los residuos de las actividades industriales de la producción de hidrocarburos (^{Caicedo, 1993}, p. 22).

A inicios de 1981, Vanguardia Liberal publicó una nota periodística titulada 'Agua-petróleo' beben los barranqueños, en la que se alertaba una vez más del aporte de contaminantes desde los campos de producción de Ecopetrol hasta la ciénaga San Silvestre, transportados por la quebrada El Zarzal.

Las aguas de San Silvestre reciben específicamente fenoles. La fábrica de derivados que contamina la ciénaga es propiedad de la Empresa Colombiana de Petróleos [...], que siendo una entidad estatal no se ha tomado la molestia de evitar, por su parte, que los habitantes de la ciudad, que representan su base económica, no ingieran sus desperdicios. (^{Ocaziónez, Vanguardia Liberal, 1 de abril de 1981})

A inicios de 1983, organizaciones sindicales y comités cívicos de Barranca-bermeja, especialmente de los barrios nororientales y surorientales, se reunieron para discutir las problemáticas del municipio y establecer un escenario de coordinación, tal como había ocurrido en anteriores jornadas de movilización, por ejemplo, durante el paro cívico de 1975 y el paro cívico nacional de 1977. Las protestas de enero y febrero de 1975, como respuesta a la emergencia sanitaria que enfrentaba la población a causa de la ausencia de agua potable, permitieron reactivar la movilización social tras varios años de letargo originado por la fuerte represión durante y después de la huelga petrolera de agosto de 1971⁷. Además, revitalizó la convergencia entre la Unión Sindical Obrera (USO) y la población en las calles; su estructura organizativa fue fundamental en las protestas de 1977. Al igual que el paro cívico de 1963, el paro cívico de febrero de 1975 enfrentó la represión militar y policial, que años después arreciaría contra el movimiento cívico. En 1977, entre el 25 de agosto y el 29 de octubre, se desarrolló una huelga petrolera contra las violaciones de Eco-petrol a la Convención Colectiva de Trabajo. Una de las características de la huelga fue la participación masiva de la población de Barrancabermeja, destacándose el paro cívico local en solidaridad con la huelga de la USO realizado el 3 y 4 de octubre de 1977 (Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009, pp. 329-333).

La constitución de la clase obrera en Barrancabermeja en torno a la industria de hidrocarburos representa un elemento especial en las luchas del movimiento cívico. Como afirma ^{Carrillo Bedoya (1981)}, por lo menos hasta finales de la década de los años 70, "una huelga de los petroleros no puede darse sin la participación de la población, y un paro cívico no puede realizarse sin tener en cuenta la participación de los obreros del petróleo" (p. 136). El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 tuvo en Barrancabermeja un entrelazamiento con la huelga de los trabajadores petroleros. Este fue recibido con voladores como las "ferias y fiestas", mientras manifestantes cubrían con tachuelas las calles, regaban aceite y levantaban las barricadas (^{Medina, 1984}, p. 166), logrando la parálisis de las actividades económicas en medio de persecución y detenciones. De alguna manera, el paro cívico nacional se sintió como una extensión de la huelga en Barrancabermeja, y tuvo como una de sus principales exigencias locales el cese de la represión dirigida por el alcalde militar del municipio. La represión durante y después de la huelga de 1977 significó nuevamente un fuerte golpe para el movimiento cívico y la USO.

Volviendo a inicios del año 1983, la reunión entre las organizaciones sindicales y los comités barriales concluyó que el descontento popular de la población del municipio provenía esencialmente de la problemática del agua, aunque existían otras problemáticas históricas relacionadas con la energía eléctrica, la vivienda, la salud, la educación y la infraestructura vial, reflejos del abandono estatal de la población de Barrancabermeja (Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, 1984, p. 52). Se planteó la elaboración de un pliego de exigencias dirigido al presidente Belisario Betancur (1982-1986), la realización de asambleas sindicales preparatorias para la definición de un posible paro cívico y el impulso de asambleas populares en los barrios nororientales y surorientales, donde desde el mes de enero de 1983 se alertaba de un paro cívico contra la administración del alcalde Jaime Barba Rincón, en caso de que no atendiera oportunamente las exigencias de la comunidad en relación a la cobertura del servicio de acueducto (Vanguardia Liberal, 3 de marzo de 1983; Vanguardia Liberal, 12 de enero de 1983).

Además, se definió la creación de un Comité Cívico Permanente para la coordinación de las acciones de movilización, incluyendo la dirección de las asambleas populares en el Parque del Pueblo (Parque Infantil) (Vanguardia Liberal, 3 de marzo de 1983). Desde el inicio de la configuración del escenario de coordinación "hubo consenso en caracterizar la organización que había de darse, como popular, y no estrictamente sindical como la experiencia inmediatamente anterior que había en la ciudad" (Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, 1984, p. 52). La propuesta de conformar un Comité Cívico Permanente fue el cimiento de la Coordinadora Popular, que presentaría su Plataforma de Lucha del Pueblo de Barrancabermeja el 7 de abril de 1983.

La nominación de Comité Cívico Permanente respondía a la experiencia de las formas organizativas del movimiento cívico en las protestas de los años 1975 y 1977. En 1981 se creó en los barrios nororientales de Barrancabermeja la Coordinadora Sectorial, cuyas reivindicaciones respondían a las necesidades más urgentes de la población. Estos fueron los antecedentes inmediatos de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja que agrupó a un mayor número de organizaciones sociales (Vega Cantor, Núñez Espinel y Pereira Fernández, 2009, pp. 356-357). Como se verá más adelante, la Coordinadora adquiere una forma organizativa casi similar a la estructura definida en el año 1975.

Una de las inconformidades expresadas en la reunión intersindical y barrial fue la visita del director de Insfopal, quien se rehusó a dialogar con los sectores populares del municipio más afectados por la crítica situación de los servicios públicos. El militante comunista César Martínez, en ese momento coordinador del comité cívico de los barrios nororientales, señaló al respecto:

La visita del director de Insfopal es una visita más, el funcionario no dialogó con los sectores que adelantan movilizaciones cívicas, se le hubiera planteado el problema y las soluciones a este caso; pero se reunió únicamente con los concejales y el jefe del Fila que son los responsables del problema y por lo tanto no podrá sacar ninguna conclusión objetiva. (César Martínez, citado en Vanguardia Liberal, 3 de marzo de 1983)

La responsabilidad que se le atribuía al Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila), dirigido por Horacio Serpa Uribe, se expondrá más adelante.

El 8 de marzo de 1983, nuevamente las organizaciones sindicales y comités cívicos deliberaron en un espacio asambleario acerca del impulso de un movimiento cívico organizado en Barrancabermeja. Además de convocar a una manifestación el 10 de marzo, se aprobó la difusión de un comunicado público titulado Servicios públicos o paro cívico, con el que se pretendía presionar y exigir a la alcaldía municipal una mayor atención y gestión de la crisis de servicios públicos que enfrentaba la población. El documento igualmente planteaba la necesidad de organizar un paro cívico en caso de encontrarse una vez más con la negligencia de la administración. "La crisis ha coincidido con otros conflictos sociales y laborales que hemos resuelto tratar colectivamente, acudiendo a elevados sentimientos de unidad y solidaridad que nos inspiran", señalaba el comunicado de la Coordinadora Popular (Coordinadora Popular de Barrancabermeja, citado en Vanguardia Liberal, 9 de marzo de 1983).

La base de la Coordinadora eran los comités barriales -conformados por dirigentes cívicos- y los comités populares -conformados por delegados de las organizaciones sindicales, gremiales y campesinas-. El máximo órgano de decisión lo conformaba la Asamblea Popular, que tenía como tribuna pública el Parque del Pueblo (Parque Infantil). Las decisiones de la Asamblea Popular eran procesadas por el Comité Central -conformado aproximadamente por 35 personas-. La asamblea de la Coordinadora era la reunión entre los comités barriales y los comités populares. La vocería de la Coordinadora se delegaba a una junta directiva -conformada por 10 personas- elegida democráticamente (^{Romero Medina, 1994}, pp. 75-76). En ese momento, se destacaban como voceros de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja: Leonardo Posada del PCC, Eduardo Díaz de la Pastoral Social, Ernesto Bulla del Nuevo Liberalismo y Fernando Acuña de la Federación de Trabajadores del Petróleo (Fedepetrol).

Fuente: elaborado a partir de ^{Romero Medina (1994}, pp. 74-75).

Figura.  Forma organizativa de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja 

El 10 de marzo de 1983, una movilización convocada por la Coordinadora Popular partió desde el Parque Santander hasta el Parque del Pueblo, donde se llevó a cabo una gran asamblea popular que aprobó un pliego de exigencias relacionado con los siguientes aspectos: (a) Dotación adecuada de equipos de mantenimiento del acueducto; (b) Revisión y adecuación inmediata de la planta de tratamiento; (c) Descontaminación de la ciénaga San Silvestre; (d) Revisión inmediata de las tarifas de los servicios públicos; (e) La constitución de una empresa de acueducto y alcantarillado de Barrancabermeja. La Coordinadora Popular consideró seguir convocando asambleas populares hasta la definición de la hora cero del paro cívico (Voz Proletaria, 24 de marzo de 1983; ^{Franco, Vanguardia Liberal, 11 de marzo de 1983}).

La respuesta inicial de la administración municipal fue desautorizar al movimiento cívico, por ello no reconoció sus reivindicaciones, aunque sí admitía la problemática del agua potable en el municipio. En una nueva asamblea realizada el 22 de marzo, la Coordinadora Popular discutió los mecanismos de financiación del movimiento cívico, y, ante la ausencia de acciones de la administración municipal para tratar la crisis, planteó definir la hora cero del paro el día 7 de abril en el Parque del Pueblo, para lo cual hicieron un llamado a las organizaciones sindicales y cívicas a incrementar el trabajo de propaganda (Vanguardia Liberal, 23 de marzo de 1983).

Para inicios del mes de abril de 1983, los pronunciamientos de la Coordinadora Popular confirmaban el desarrollo del paro cívico, tanto el movimiento cívico como la alcaldía y "voceros" de las fuerzas militares solicitaban la destitución del gerente de Emposan, Rudecindo Gómez Otero. Asimismo, el XII Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) emitió un comunicado público en el que expresaba su apoyo al paro cívico y el despliegue de su trabajo urbano en Barrancabermeja (El Espectador, 5 de abril de 1983). La situación mantenía en alerta a las autoridades civiles y militares, considerando que además la USO se encontraba en las negociaciones de su convención colectiva con Ecopetrol, y ante las reiteradas negativas de la empresa en ceder en aspectos esenciales del pliego de peticiones, los trabajadores petroleros se preparaban para la huelga (^{Delgado Gaona, 2023}, pp. 149-151).

El 7 de abril de 1983, en el Parque del Pueblo, la asamblea de la Coordinadora Popular definió la hora cero del paro cívico, siendo caracterizado como un "ultimátum al Gobierno". Más de cinco mil personas aprobaron con el puño en alto la hora cero de la jornada de movilización y protesta. Iniciaría a las cero horas del 13 de abril, extendiéndose durante todo el día, es decir, 24 horas de parálisis en las que el pueblo de Barrancabermeja alzaría una vez más las banderas de lucha y rebeldía ante las injusticias a las que históricamente era sometido (^{Acevedo, Semanario Voz, 14 de abril de 1983}; Vanguardia Liberal, 7 de abril de 1983; Vanguardia Liberal, 8 de abril de 1983).

La agonía de la ciénaga San Silvestre intensifica el descontento popular

En el momento en que se conformó la Coordinadora Popular de Barrancabermeja se estableció una comisión técnica permanente que estaría a cargo de las investigaciones del estado de la calidad del agua de la ciénaga San Silvestre (Vanguardia Liberal, 3 de marzo de 1983). Si bien en años anteriores se había alertado de las fuentes de contaminación y del impacto sobre la salud humana, a inicios de 1983 la problemática se agudizó con la temporada climática de sequía, por lo que era urgente obtener pruebas técnicas que evidenciaran la crítica situación del complejo cenagoso. El descontento popular fue intensificándose proporcionalmente al alza de las tarifas y el detrimento de la calidad del agua hasta que "[l]as cosas se agravaron en los meses de enero y febrero, cuando se produjeron racionamientos de cuatro y cinco días por fallas en el mantenimiento del acueducto, precisamente cuando Barrancabermeja soportaba temperaturas de hasta 44 grados centígrados", tal como señalaría Leonardo Posada, dirigente comunista de la Coordinadora Popular (Posada, Semanario Voz Proletaria, 7 de abril de 1983).

En los espacios asamblearios, la comisión técnica reiteraba en el alto grado de contaminación de la ciénaga San Silvestre y el deficiente tratamiento del agua captada (Vanguardia Liberal, 9 de marzo de 1983). Es por ello que, desde el inicio del proceso organizativo del movimiento cívico, una de las exigencias puntuales era la intervención de la ciénaga, a través de la limpieza de lodos contaminados, el impulso a la conservación de la fauna ictiológica, la reforestación de sus rondas hídricas, el análisis de la calidad del agua y el reconocimiento de la responsabilidad de Ecopetrol en la degradación ambiental del ecosistema (Vanguardia Liberal, 11 de marzo de 1983). Lo anterior quedaría luego estipulado en la Plataforma de Lucha del Pueblo de Barrancabermeja (Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, 1984, pp. 55-56).

Posteriormente, a inicios del mes de abril, un grupo de profesionales de la Universidad Industrial de Santander (UIS) expuso ante la asistencia de un foro organizado por la Coordinadora Popular en la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja (Cafaba), donde además participaron las autoridades civiles y militares, los resultados de una investigación en la que se evidenció la presencia de fenol, cloroformo y mercurio en el agua, cuyas concentraciones, según los profesionales, eran cancerígenas en todas las especies mamíferas (El Espectador, 7 de abril de 1983; ^{Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 14 de abril de 1983}). La preocupación aumentó tras conocerse los estudios realizados por Insfopal y el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), en los que afirmaban que la planta de tratamiento de agua no cumplía con las especificaciones técnicas para eliminar contaminantes identificados por los investigadores de la UIS, quienes señalaron como responsables de la crisis al Ministerio de Salud, a Insfopal y a Ecopetrol. "La última como principal fuente de contaminación con residuos de hidrocarburos en todo el complejo lacustre que encierra la zona y las primeras por haber permitido la construcción de la bocatoma en la ciénaga San Silvestre" (El Espectador, 7 de abril de 1983).

Frente a los resultados de la investigación, en especial por la presencia de fenol, el corresponsal especial del Semanario Voz Proletaria en esa época, Alberto Acevedo, señalaría: "Este elemento tóxico se encuentra en las fuentes de agua que consumen los 150 000 habitantes de Barrancabermeja, en una proporción 100 veces mayor a la permitida por la Organización Mundial de la Salud". Además, alertó del aumento de enfermedades gastrointestinales e infecciones cutáneas en el periodo comprendido entre enero y mayo de 1982 (Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 28 de abril de 1983). Así también, uno de los médicos del municipio que participó en el foro advirtió de la relación de la contaminación ambiental con el aumento del índice de mortalidad de cáncer y los casos de pacientes diagnosticados con rinitis, faringitis y conjuntivitis en los últimos años (Víctor Alvear, citado en Vanguardia Liberal, 7 de abril de 1983).

Sin embargo, el alcalde del municipio y el rector de la UIS en ese momento, Jaime Luis Gutiérrez, se pronunciaron en contra del grupo de investigación. El alcalde Jaime Barba afirmaría, de acuerdo a la información, según él, presentada por Insfopal, Inderena y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que los resultados presentados en el foro no correspondían a la realidad. Al contrario, señaló que el grado de contaminación de la ciénaga San Silvestre estaba disminuyendo. Incluso, en un análisis que el Insfopal dio a conocer sospechosamente un día antes del paro cívico, se afirmaba que el agua presente en los puntos residenciales de almacenamiento no representaba un riesgo para la salud humana (Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983a). Por otra parte, el rector de la UIS desautorizó al grupo de investigación afirmando que no hacían parte de la institución académica (El Espectador, 9 de abril de 1983; Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983b).

En este caso, el aspecto técnico hizo parte de la confrontación entre el movimiento cívico y las instituciones del Estado. Demostrar o contradecir la contaminación de la ciénaga San Silvestre y su impacto negativo en la salud humana era fundamental para favorecer la correlación de fuerzas de cada una de las partes alrededor del paro cívico. No obstante, la alcaldía municipal no se atrevió a negar la alteración de la calidad del agua y la deficiencia del servicio de acueducto, solo se limitó a aligerar la magnitud del problema.

A pesar de las condiciones objetivas de la inconformidad popular, la posición inicial de la administración municipal fue desautorizar al movimiento cívico, reduciendo su organización y acción a una simple táctica de la USO dentro de las negociaciones de su Convención Colectiva de Trabajo. En el momento en que ya era un hecho la realización del paro cívico, considerando que paulatinamente se adherían más sectores populares a su organización, las autoridades civiles y militares plantearon agotar el diálogo. Sin embargo, la organización del paro cívico no se detuvo.

Agotar el diálogo antes que paro cívico, plantea el alcalde municipal y el comandante militar

Durante el proceso de constitución de la Coordinadora Popular y la preparación del paro cívico, las asambleas populares cumplieron un papel fundamental en la definición del pliego de exigencias y de los aspectos propagandísticos y logísticos de la protesta. Era el resultado de las deliberaciones colectivas y multisectoriales, donde prevalecía, sobre las aristas militantes e ideológicas, la crítica situación de servicios públicos que enfrentaba la población del municipio. Asimismo, las asambleas fueron tribunas de denuncia en las que se resaltaba la responsabilidad de entidades o personalidades políticas en la agudización de la crisis. Emposan, Insfopal, Ecopetrol, el Fila y el alcalde municipal eran blancos de fuertes críticas, ya sea por responsabilidad directa, connivencia u omisión de funciones en la atención de la problemática.

Desde el inicio, al alcalde municipal se le exigían explicaciones acerca de la deficiente funcionalidad de Emposan, recordándole que él también hacia parte de la junta directiva de la empresa (Vanguardia Liberal, 9 de marzo de 1983). Ante la decisión de la Coordinadora Popular de organizar el paro cívico, el alcalde municipal "desautorizó" al movimiento, aseverando que su accionar no respondía al clamor de la población de Barrancabermeja, sino a la manipulación de la USO. Según el alcalde, a los trabajadores petroleros les favorecía extender la protesta popular en el marco de las negociaciones de la convención colectiva con Ecopetrol, pues el 23 de marzo el Ministerio del Trabajo había convocado el tribunal de arbitramento, fijando como fecha máxima del plazo el 13 de abril, día en que iniciaba el paro cívico (El Espectador, 9 de abril de 1983; ^{Delgado Gaona, 2023}, pp. 149-151).

Aunque el alcalde municipal "prohibió" cualquier accionar del movimiento cívico, días antes del inicio del paro solicitó a la Coordinadora Popular aplazar la protesta, hasta tanto el Gobierno local dialogara con los Gobiernos departamental y nacional. La solicitud fue rechazada por la Coordinadora Popular, cuyos dirigentes reafirmaron el carácter pacífico de la jornada y el compromiso de no generar daños materiales en el municipio. Un escenario opuesto dependía, según la Coordinadora Popular, "exclusivamente de la prudencia con que las autoridades manejen la situación" (Coordinadora Popular de Barrancabermeja, citado en Vanguardia Liberal, 10 de abril de 1983). Una parte de la preocupación de la alcaldía municipal y las autoridades militares se debía al anuncio de las FARCEP sobre su apoyo al paro cívico, al que luego se sumaría el del Ejército Popular de Liberación (EPL) (Vanguardia Liberal, 10 de abril de 1983).

Por otro lado, el comandante del Batallón Nueva Granada, Manuel José Bonnet, desde inicios del mes de marzo de 1983, consideraba necesario conformar una comisión de diálogo e instó a la población a no realizar un paro cívico al considerarlo "injusto" con el presidente Belisario Betancur, a quien distinguía por dirigir el "gobierno del diálogo". "[N]o vamos a pagarle a él con una ofensa de paro cívico", señaló Bonnet, quien además expresó su rechazo al paro reconociendo otros mecanismos de protesta como las marchas, haciendo una distinción descontextualizada y orientada a la deslegitimación de las definiciones del movimiento cívico:

[H]ay que analizar dos aspectos, primero el aspecto mecánico o sea las marchas, etc., es normal que los pueblos reclamen y se movilicen cuando quieran que se les resuelva un problema [...], lo que sí está mal es la finalidad de lo que se proponen, he estado leyendo algunos boletines donde incitan de una manera abierta a hacer un paro cívico, yo quiero informarle a la población civil que es una cosa que no tiene ninguna razón. (Manuel José Bonnet, citado en Vanguardia Liberal, 11 de marzo de 1983)

Para Bonnet, dos factores estaban incidiendo en el "comportamiento ciudadano": por un lado, la problemática del agua, y, por el otro, las negociaciones entre la USO y Ecopetrol. "No es del todo halagüeña la actual situación de Barrancabermeja", decía Bonnet, por lo que reiteraba en el diálogo previo y hacía un llamado a la "disciplina cívica" (Vanguardia Liberal, 15 de marzo de 1983). Sin embargo, la historia de las luchas del pueblo de Barrancabermeja demostraba que antes de lanzarse al paro cívico o a la huelga, se agotaban las instancias de diálogo. El carácter de las acciones colectivas de protesta estaba mediado por la voluntad de las partes responsables en garantizar los derechos fundamentales de la población.

Postura y responsabilidad de la dirección del Fila

El principal dirigente del Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila) e integrante de la dirección nacional del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, fue uno de los asiduos opositores del paro cívico y, en esa vía, buscó la forma de convencer a su militancia y seguidores del Fila para que compartieran su posición. Aunque públicamente expresó su preocupación por la crítica situación de servicios públicos, hospitalarios y educativos que enfrentaba el municipio, consideraba la labor de la Coordinadora Popular como "no representativa del pueblo". Por el contrario, su propuesta un tanto oportunista, consistía en la conformación de un "frente cívico único", donde participaran las distintas corrientes políticas y sectores sociales del municipio (Vanguardia Liberal, 11 de abril de 1983). Serpa afirmaba que su movimiento político había denunciado las problemáticas sociales de Barrancabermeja desde mediados de la década de los años 70, aunque nunca planteó la necesidad de su "frente cívico único", solo hasta después del nacimiento de la Coordinadora Popular. Por ello, su propuesta era una forma de contrarrestar a la Coordinadora, que tenía cada vez mayor aceptación de los sectores populares del municipio. Frente a esto, el Fila no podía quedarse atrás, y como habitualmente se movía en el escenario político, debía canalizar el descontento popular en función de su caudal electoral.

La posición del Fila, y en especial de Horacio Serpa, tenía un motivo político y económico. A causa de la influencia que tenía en Barrancabermeja, una parte de la "tajada burocrática" de la administración pertenecía al "serpismo", incluyendo la administración de Emposan. Como señaló Alberto Acevedo, "desnudar el problema del agua en Barranca era no solo mostrar claramente la responsabilidad de Ecopetrol, sino la complicidad [...] de la cúpula política de Horacio Serpa" (Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 28 de abril de 1983). Además, se denunciaba su traición a la comisión de diálogo que a inicios de los años 80 se conformó para plantearle al Gobierno central soluciones a la problemática del agua en el municipio (Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 21 de abril de 1983). Nada tenía que ver el liberalismo representado por Serpa, con la población liberal que se movilizaba exigiendo sus derechos fundamentales. Incluso, algunos integrantes del Fila no compartieron su posición y expresaron su apoyo al paro cívico (Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983c).

La USO igualmente denunció la responsabilidad de la "camarilla" de Horacio Serpa en la crítica situación del servicio de agua potable. Según el sindicato, la administración de Emposan, donde el Fila tenía su cuota, estaba desfalcando a la empresa debido a los compromisos adquiridos con Insfopal, "garante de los préstamos del Banco Mundial -máxima entidad crediticia del mundo- que, entre otras cosas, exige la elevación constante de las tarifas de los servicios públicos para amortizar y pagar los intereses usurarios de las deudas de esta hipotecada República" (USO, 5 de marzo de 1983). Las consignas de agitación de la USO, como integrante de la Coordinadora Popular, eran "¡Abajo el Gobierno belisarista!" y "¡Abajo la demagogia serpista!".

Un día antes de iniciar el paro cívico, los militantes comunistas Leonardo Posada, David Rabelo y Julio Alfonso Poveda, asistieron a la asamblea liberal que el Fila convocó en el Parque Santander, con el fin de reafirmar su posición frente a la jornada de protesta. Recuerda David Rabelo:

Nos ubicamos en la parada del bus a escuchar las diversas intervenciones. Cuando habló Horacio Serpa Uribe, Leonardo dijo: "No hay nada que hacer, mañana realizaremos el paro cívico". La posición de Serpa fue de reto a los organizadores del paro cívico a ver si eran capaces de mover a la gente. Al otro día 20 000 personas se movilizaban por las calles de Barrancabermeja. (^{Rabelo, Agencia Prensa Rural, 11 de septiembre de 2016})

Hasta aquí, se pueden destacar algunos elementos de la organización del paro cívico del 13 de abril de 1983. Inicialmente, las formas alternativas de organización social en medio de las estructuras sociales del sistema capitalista. La Asamblea Popular en el Parque del Pueblo fue el principal escenario de democracia directa del movimiento cívico; los Comités Barriales se constituyeron en los principales organismos de base decisorios en la organización del paro, suponiendo además un punto de inflexión frente a la hegemonía sindical en anteriores experiencias organizativas. Seguidamente, el nacimiento de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja como una forma organizativa más estable de participación pluralista y democrática con una amplia plataforma de lucha que trasciende las reivindicaciones inmediatistas. Finalmente, la respuesta de las élites políticas y las autoridades civiles y militares de deslegitimar la organización del paro cívico planteando incluso formas organizativas paralelas.

Desarrollo y desenlace del paro cívico

El día martes 12 de abril de 1983, patrullas del Ejército y la Policía fueron desplegadas en las calles de Barrancabermeja, según el alcalde municipal, como una medida preventiva y no represiva. El accionar de las fuerzas militares y policiales estaría sujeto al "comportamiento de la población" y en "defensa de las instituciones" (Vanguardia Liberal, 10 de abril de 1983). Además, se solicitó a la población manifestante evitar los "insultos personales" contra dirigentes políticos, como venía sucediendo contra Horacio Serpa Uribe (El Espectador, 12 de abril de 1983). Las fuerzas militares igualmente alertaron al movimiento cívico para que impidiera la infiltración de organizaciones guerrilleras (El Tiempo, 13 de abril de 1983), teniendo presente los pronunciamientos públicos de las FARC-ЕР y el EPL. Asimismo, hicieron un llamado a rechazar cualquier tipo de violencia bajo el "pretexto" del paro cívico (Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983a).

Ese mismo día, distintas movilizaciones anunciaban la jornada de protesta, incluyendo un desfile de estudiantes de secundaria de colegios públicos y privados. Varias despensas del comercio local fueron agotadas por la población, favoreciendo una especulación alrededor de los precios de los alimentos que no pudo ser controlada por las autoridades del municipio. La Coordinadora Popular informó de la conformación de más de cincuenta comités cívicos en los barrios de Barrancabermeja y la creación de una "guardia cívica" identificada con brazaletes rojos, que estaría distribuida estratégicamente por sectores, con el objetivo de evitar la infiltración de "elementos extraños" y las acciones de sabotaje. Finalizando la tarde, una movilización de aproximadamente cinco mil personas partió desde el sector de El Muelle hasta la sede administrativa de Emposan, reafirmando su rechazo al deficiente servicio prestado por la empresa. En la noche, cuando el transporte público estaba semiparalizado, integrantes de la Coordinadora Popular se reunieron con el alcalde antes de dar inicio al paro cívico, mientras en las calles se realizaban mítines, se levantaban las barricadas y se quemaba pólvora para alertar a la población (El Tiempo, 13 de abril de 1983; Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983a; ^{Rico García, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}).

La USO ratificó el apoyo al paro cívico en su asamblea de afiliados realizada el 11 de abril en el Club Infantas (El Tiempo, 13 de abril de 1983). Pese a la decisión del sindicato, el gerente del Complejo Industrial de la Refinería de Barrancabermeja, Marco Tulio Restrepo, quien además afirmaba que el agua del municipio era apta para consumo humano y la planta de tratamiento de Emposan óptima "bajo condiciones normales de operación", instó a los trabajadores de Ecopetrol a considerar la "inutilidad" de participar en el paro cívico, y amenazó con aplicar medidas disciplinarias a quienes no se presentaran en su lugar de trabajo el día 13 de abril (Vanguardia Liberal, 13 de abril de 1983c).

¡Se levantan las barricadas!

A la hora cero definida por la Coordinadora Popular en el Parque del Pueblo, en distintos barrios del municipio, doblaron las campanas de las iglesias, lanzaron voladores, repicaron los pitos, se incendiaron llantas en las calles, se extendieron las barricadas y horas antes en las instalaciones de la USO se entonó La Internacional (^{Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 14 de abril de 1983}). Las principales concentraciones se realizaron en puntos neurálgicos del municipio como los sectores de El Muelle y el As de Copas, desde donde se bloqueó la salida hacia Bucaramanga y el aeropuerto Yariguíes (Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 21 de abril de 1983). En cada barricada, la toma de decisiones era colectiva y los dirigentes de la Coordinadora Popular expedían "salvoconductos" para el tránsito de determinadas personas. Ese día, se obedecía a otras autoridades. En la vía férrea igualmente se presentaron bloqueos con llantas y el levantamiento de los rieles (^{Franco, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}). Fue así como durante las 24 horas del paro cívico, Barrancabermeja quedó incomunicada con el resto del país, pues el bloqueo terrestre, férreo, aéreo y fluvial fue total (^{Rico García, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}).

El comercio local quedó paralizado por completo. Aproximadamente 600 establecimientos fueron cerrados, según las declaraciones del presidente de la seccional de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Luis Fernando Merchán, quien además señaló que el paro cívico era justo. El sector comercial que apoyó la jornada se concentró en el Parque del Pueblo durante todo el día, donde se jugaron partidos de microfútbol y se ubicó una olla con las palabras: "Con el agua de Emposan estamos en la olla" (^{Rico García, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}; ^{Franco, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}; Vanguardia Liberal, 15 de abril de 1983). Las principales consignas del paro estuvieron dirigidas contra Emposan, pero también contra la dirigencia del Fila y su responsabilidad en la crisis de servicios públicos que se vivía en Barrancabermeja.

La producción de Ecopetrol no solo se vio afectada en el Complejo Industrial de Refinería y en el campo de la Cira-Infantas (corregimiento El Centro), sino también en los campos de Casabe (Yondó) y Cantagallo. Tropas del Batallón Antiaéreo Nueva Granada fueron situadas alrededor del Complejo Industrial previniendo algún atentado contra la infraestructura petrolera. Ante las declaraciones del gerente de Refinería, el presidente de la USO resaltó que estaría alerta ante cualquier sanción interpuesta por la empresa a los trabajadores que no asistieron a sus puestos de trabajo en apoyo al paro cívico (^{Rico García, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}).

En las barricadas, el principal líquido que mantenía a la población hidratada era la "limonada colectiva". En algunos sectores, el paro se desarrolló como una fiesta cívica al son de la música y el compartir de las botellas de aguardiente (^{Franco, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}). La cultura ribereña que en anteriores ocasiones acompañó las jornadas de protesta del pueblo de Barrancabermeja con bailes, cantos y desfiles, nuevamente se imponía allí donde se requería avivar a la población que se encontraba en las calles. Como relató Alberto Acevedo:

En el resto del día el paro se desarrolló con entusiasmo y a la postre en medio de canciones. Las gentes sacaron equipos de sonido a las puertas de sus casas y en no pocos lugares hubo baile y canciones. A partir de las tres de la tarde más de 10.000 personas marcharon desde el 'As de Copas', recorriendo los principales barrios populares, pasando por la zona comercial hasta llegar al Parque Infantil [Parque del Pueblo]. (^{Acevedo, Semanario Voz Proletaria, 21 de abril de 1983})

A propósito de los aspectos culturales del paro cívico, ^{Archila Neira (2021)} analizó la gestación de una cultura popular radical en Barrancabermeja en la primera mitad del siglo XX, en la que destacaban el nacionalismo proletario, el antiimperialismo, el anticentralismo y la solidaridad como prácticas de "resistencia a dimensiones de la dominación" (p. 125). Además, esa cultura popular radical tenía un estrecho contacto con la cultura afrorribereña como resultado de la integración regional que significó el enclave petrolero, de tal forma que la música y el baile eran elementos centrales de las acciones colectivas de protesta. A pesar de los cambios culturales que originó, entre otros motivos, la creación de Ecopetrol en 1951 y la diversificación social de la clase obrera, esta cultura no dejó de manifestarse en las protestas, como sucedió durante el paro cívico del 13 de abril de 1983, cuando la fiesta cívica se erigió entre las barricadas acompañada de símbolos de resistencia y solidaridad como la olla comunitaria, ya sea el sancocho o la "limonada colectiva".

"Todo nos funcionó en orden", fue una de las frases que expresó un obrero de Barrancabermeja en el Encuentro Obrero, Campesino y Popular del año 1985, con relación al desarrollo del Paro Cívico de 1983. Nicolás Buenaventura transcribe parte de su intervención:

Compañeros, todo nos funcionó en orden, decía. Se propuso un lugar para la atención de la Cruz Roja y allí estaba. La ubicación del transporte mínimo indispensable, en otro sitio [...]. En su puesto de trabajo, de todos conocido, estaba el Centro de Operaciones del Comité Cívico. También los sindicatos, nosotros los sindicalistas, ocupamos una base, un lugar. Incluso el comandante de la fuerza pública discutió y acogió, en acuerdo con el Comité, la posición o el sitio para su tropa. Así compañeros, remataba, todo funcionó así, al pelo, en orden.

Y en ese momento el hombre se detuvo unos segundos ante la asamblea, como para darle campo a alguna idea que lo estuviera acosando y dijo: yo creo compañeros, que ese paro era legal. Porque. cómo no va a ser legal algo en lo cual todo mundo, toda la gente está de acuerdo. (^{Buenaventura, Semanario Voz, 28 de marzo de 1985})

Finalizada la jornada de protesta, la Coordinadora Popular calificó de exitoso el paro cívico:

Le demostramos al gobierno municipal, departamental y nacional que la población está en condiciones de seguir luchando hasta conseguir su objetivo básico, como es el agua potable y mejores servicios públicos, este movimiento no termina con el paro cívico de hoy. (Coordinadora Popular de Barrancabermeja, en ^{Franco, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983})

Paralelismo cívico

Posterior al paro cívico, la posición de los dirigentes del Fila seguía siendo la misma. El presidente del concejo municipal y militante del Fila, Carlos Ortega, manifestó que la jornada de protesta fue apresurada, pues ya existía una comisión trabajando a nivel local, departamental y nacional por la solución de la problemática del agua. Rechazó además el inicio precipitado de manifestaciones desde el día martes 12 de abril en horas de la noche. Sin embargo, también agregó: "Esperamos que con este paro cívico el Gobierno nacional nos resuelva a corto tiempo estas necesidades del barranqueño, ya que Barrancabermeja es el corazón de la patria" (Carlos Ortega, citado en Vanguardia Liberal, 15 de abril de 1983). Se oponían a la Coordinadora Popular y a su trabajo organizativo, pero utilizaban el paro cívico como trampolín para seguir intentando posicionarse como los redentores del pueblo de Barrancabermeja.

Nuevamente, Horacio Serpa condenó la jornada de protesta y calificó de "injusto" el trato que recibió durante el paro, pues parte de las consignas estuvieron dirigidas contra él y el Fila. "[E]l día del paro cívico se me injurió en una forma notable, se me lanzó improperios", mencionó Serpa, quien además señaló que el paro tenía un objetivo únicamente político: "[F]ue una confederación de mis enemigos políticos, propiciaron la bullaranga, que terminó en la manifestación en la que dizque se me enterró, se me quemó de manera folclórica" (Horacio Serpa, citado en Vanguardia Liberal, 17 de abril de 1983). Para Serpa, el paro no fue cívico y la parálisis del municipio se debió a la "coacción, la amenaza, la grosería, el amedrentamiento y la agresión" (Horacio Serpa, citado en Vanguardia Liberal, 21 de abril de 1983).

Ante los pronunciamientos del dirigente del Fila, Leonardo Posada respondió públicamente considerando las afirmaciones de Serpa como una "nueva provocación a las masas". "[C]onsideramos que ese enfrentamiento no le conviene al prestigio político del parlamentario, un poco en decadencia", añadió Posada, afirmando además que la Coordinadora Popular no tenía afán en polemizar con alguien en particular (Leonardo Posada, citado en Vanguardia Liberal, 23 de abril de 1983). Igualmente, el dirigente del partido político Nuevo Liberalismo, José de Jesús Zapata, se pronunció rechazando las declaraciones del congresista liberal: "[C]onsideramos que esas afirmaciones están fuera de tono y no corresponden a la voluntad general de la ciudadanía que llevó a cabo la protesta pública" (José de Jesús Zapata, citado en Vanguardia Liberal, 23 de abril de 1983).

Otra de las reacciones de la dirigencia del Fila, deslegitimando a la Coordinadora Popular, fue la del exalcalde municipal, Alberto Murcia Severiche, quien posterior al paro cívico acusó ante el primer Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, Bernardo Arango Henao, a los sacerdotes Eduardo Díaz y Eduardo Vega de "agitadores profesionales" y por "instigar la subversión", al hacer parte del movimiento cívico que se encontraba organizando una nueva jornada de protesta como presión a los Gobiernos municipal, departamental y nacional; además de señalarlos como responsables de acciones de propaganda contra el Fila (El Tiempo, 10 de mayo de 1983). Ante el hecho, más de veinte sacerdotes del municipio se pronunciaron en contra de los señalamientos del dirigente del Fila (Vanguardia Liberal, 13 de mayo de 1983). Otro de los dirigentes del partido político Nuevo Liberalismo e integrante de la Coordinadora Popular escribiría al respecto:

El doctor Alberto Murcia Severiche trata de subversivos a los padres que participaron en el paro cívico pero que cree este amigo, que los curas no toman agua contaminada, ellos son seres como nosotros, ellos son los que representan al pueblo por tal manera son los [...] más llamados a esta lucha, si Dios estuviera en la tierra seguro que haría lo mismo. (Garibaldy López, citado en Vanguardia Liberal, 27 de mayo de 1983)

De acuerdo con las reiteradas solicitudes de Horacio Serpa, el 11 de mayo de 1983 se conformó el Comité Cívico de Acción Inmediata, con la participación de gremios económicos y algunas fuerzas políticas, incluyendo el Fila y el movimiento conservador de orientación belisarista, Unidad y Doctrina. Al momento, la Coordinadora Popular se pronunció en contra del nuevo movimiento autodenominado "cívico", considerándolo "elitista y desenfocado de las verdaderas reivindicaciones del pueblo barranqueño", que además omitía cualquier responsabilidad del Gobierno municipal. Para el Fila, el Comité Cívico de Acción Inmediata era una "organización suprapartidista cuyo objetivo único es la obtención de soluciones para las apremiantes necesidades ciudadanas", ante lo cual su primera acción fue conformar una comisión para establecer el diálogo con el presidente Belisario Betancur, y, a partir del avance de estos, evaluar la necesidad de continuar preparando un paro cívico. Por ello, hacían un llamado a detener cualquier acción colectiva de protesta por parte de las demás organizaciones, en especial, por parte de la Coordinadora Popular (^{Franco, Vanguardia Liberal, 14 de mayo de 1983}).

Por intermedio de Horacio Serpa, el Comité Cívico de Acción Inmediata inició "diálogos" a mediados del mes de mayo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Minas y Energía, dándoles a dichas entidades un plazo no mayor de 30 días para solucionar la problemática de la contaminación del agua del municipio (Vanguardia Liberal, 20 de mayo de 1983). Para finales del mes de mayo, una comisión del Comité Cívico de Acción Inmediata, presidida por el alcalde municipal, viajó a Bogotá en un intento de diálogo directo con el presidente Belisario Betancur. El principal "logro" de su gestión fue la aprobación, por medio de Insfopal, de una inversión de 30 millones de pesos para el acueducto del municipio, la cual sería administrada por la Junta Asesora de Emposan, donde se encontraba el antes mencionado dirigente del Fila, Alberto Murcia. La Coordinadora Popular rechazó el oportunismo del Comité Cívico, señalando que este estaba "formado por personas que cuando se realizaban las luchas populares y el paro cívico, se escondían y denigraban de la organización" (Coordinadora Popular de Barrancabermeja, citado en Vanguardia Liberal, 28 de mayo de 1983).

Efectos inmediatos del paro cívico

Culminado el paro cívico, la Coordinadora Popular definió una delegación inicial de diez personas que participarían en los diálogos a nivel local, departamental y nacional. En sus primeros pronunciamientos, el alcalde municipal resaltó el inicio de las gestiones ante el Gobierno nacional y la preparación de un informe que sería socializado el primero de mayo en un acto público en el Parque del Pueblo, convocado por la Coordinadora Popular a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora (^{Rico García, Vanguardia Liberal, 14 de abril de 1983}; Vanguardia Liberal, 22 de abril de 1983). Asimismo, el Secretario de Planeación, José Domingo Piña, afirmó que la creación de la Empresa de Obras Sanitarias de Barrancabermeja (Empobarrancabermeja) había sido aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Vanguardia Liberal, 15 de abril de 1983). Cabe mencionar que, en la Plataforma de Lucha del Pueblo de Barrancabermeja, se incluía dentro de las primeras exigencias la constitución de una empresa municipal de acueducto y alcantarillado. Por otra parte, la Coordinadora Popular señaló que por "principios" no participarían en diálogos con el Gobierno nacional en los que participara el Gobierno local, puesto que este último se opuso al paro cívico. Además, advirtió que el desenlace de las conversaciones determinaría la organización de nuevas jornadas de movilización en el municipio. Lejos de disminuir su trabajo organizativo, la Coordinadora Popular resaltó la necesidad de seguir conformando comités cívicos en los barrios donde no tenían presencia y continuar fortaleciendo la Plataforma de Lucha, que luego incluiría exigencias del campesinado de la región del Magdalena Medio (Vanguardia Liberal, 22 de abril de 1983).

El 25 de abril de 1983 iniciaron las conversaciones con la alcaldía municipal; inicialmente se determinó realizar una investigación de la calidad del agua de la ciénaga San Silvestre por parte de una entidad independiente. Además, el alcalde informó de la aprobación de un crédito de 400 millones para la optimización de la planta de tratamiento de agua (Vanguardia Liberal, 26 de abril de 1983). Sin embargo, en el acto público que se realizó en el Parque del Pueblo el primero de mayo, la Coordinadora Popular comunicó de las primeras actuaciones de la alcaldía municipal, considerándolas poco satisfactorias. Cabe resaltar que, en medio del acto público, Ricardo Lara Parada, cofundador y excomandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresó su apoyo al movimiento cívico de Barrancabermeja (Vanguardia Liberal, 3 de mayo de 1983). Más adelante, el Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM) fundado por Lara Parada ingresaría a la Coordinadora Popular.

Paralelamente a los diálogos con la alcaldía municipal, la Coordinadora Popular orientaba la continuidad de las asambleas populares y las manifestaciones, con el propósito de fortalecer la organización del movimiento cívico y presionar a las instituciones del Estado. Para inicios del mes de mayo, se registraron mítines de los trabajadores petroleros y bloqueos intermitentes de vías (El Tiempo, 3 de mayo de 1983; ^{Franco, Vanguardia Liberal, 4 de mayo de 1983}). Fue así como el 5 de mayo, en el Concejo Municipal de Barrancabermeja, se llevó a cabo un diálogo entre la Coordinadora Popular y representantes de la Gobernación de Santander, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora), Inderena, Emposan y Ecopetrol. La Gobernación de Santander reconoció las problemáticas del municipio y el derecho a la protesta de su población. Emposan señaló que en un plazo no mayor a seis meses la planta de tratamiento sería optimizada, a partir de un nuevo estudio de ingeniería. Ecopetrol afirmó que se encontraba diseñando programas para el tratamiento de sus vertimientos y otros residuos de las actividades industriales en refinería y los campos de producción. Finalizado el diálogo, la Coordinadora Popular, a través de uno de sus voceros, Leonardo Posada, planteó la necesidad de organizar un nuevo paro cívico como forma de presión al Gobierno nacional para que también se pronunciara y definiera soluciones estructurales a la crisis (Vanguardia Liberal, 6 de mayo de 1983).

Días después, la Coordinadora Popular robusteció su Plataforma de Lucha, profundizando en los aspectos de protección y conservación ambiental. Se exigió el tratamiento de las aguas residuales vertidas en la quebrada El Zarzal desde el campo de producción de Ecopetrol en el corregimiento El Centro; la intervención a la represa de la ciénaga San Silvestre para evitar la acumulación de lodos y facilitar la movilidad de la fauna íctica; la construcción de una estación piscícola para promover la protección de la riqueza pesquera en el complejo conformado por las ciénagas San Silvestre, Brava, Zapatero y El Sábalo; y la reforestación de las rondas hídricas del complejo cenagoso (Vanguardia Liberal, 17 de mayo de 1983).

La Coordinadora Popular, a través de sus asambleas en el Parque del Pueblo, fue definiendo fechas para la realización de un segundo paro cívico. El aplazamiento del mismo estaba condicionado por el avance de los diálogos. Inicialmente, estaba previsto para el 25 de mayo (Voz Proletaria, 19 de mayo de 1983). Luego, se definió el 14 de junio. En ese momento, la preparación de un segundo paro cívico dependía esencialmente de la ausencia de diálogo con el Gobierno nacional, ya que con los Gobiernos local y departamental existían acuerdos considerados positivos. "Si la coordinadora no tiene diálogo directo con el alto gobierno, este será el responsable del segundo paro cívico", fueron las palabras de Leonardo ^{Posada (Leonardo Posada, citado en Vanguardia Liberal, 19 de mayo de 1983}).

El 20 de mayo, una comisión de la Coordinadora Popular se reunió en Bu-caramanga con el gobernador de Santander, el gerente de Emposan y funcionarios del Incora y el Inderena. En resumen, las conclusiones del diálogo fueron: (a) La conformación de un comité entre Ecopetrol, Inderena, Insfopal, Emposan y el Ministerio de Salud para la intervención de la problemática de insalubridad del agua para consumo humano, que incluía el compromiso de Ecopetrol de iniciar la implementación de programas de tratamiento de sus residuos; (b) Un estudio de la calidad del agua de la ciénaga San Silvestre financiado por Emposan; (c) La intervención de la represa construida entre la ciénaga y el caño San Silvestre; (d) La construcción de una piscícola financiada por Ecopetrol; (e) El compromiso del Inderena de implementar un programa de reforestación en la ciénaga San Silvestre; (f) La adecuación técnica de la planta de tratamiento de agua de Emposan; (g) La reducción del 50 % del servicio de alcantarillado (Vanguardia Liberal, 25 de mayo de 1983).

Posteriormente, el sacerdote Eduardo Díaz, en representación de la Coordinadora Popular, se reuniría en el Palacio de Nariño con el ministro de Minas y Energía, el ministro de Educación, el presidente de Ecopetrol, el director de Insfopal y el gobernador de Santander. El mismo día de la reunión, 30 de mayo de 1983, se emitió un comunicado público donde se reiteraron las definiciones que anteriormente se habían discutido en la Gobernación de Santander, incluyendo otros aspectos en materia de salud y educación (Vanguardia Liberal, 1 de junio de 1983). Debido al avance de los diálogos, la Coordinara Popular tomó la decisión de aplazar una manifestación que estaba convocada para el 8 de junio de 1983, y en carta enviada al presidente Belisario Betancur, planteó aplazar el desarrollo del segundo paro cívico, según el cumplimiento de los compromisos establecidos. En la carta firmada por Leonardo Posada y Ernesto Bulla, los dirigentes de la Coordinadora Popular expresan:

[S]e ha comenzado a ganar una antigua batalla de la ciudadanía para que Ecopetrol asuma la responsabilidad como principal contaminante de las aguas que abastecen la ciudad. [...] Especial atención debemos colocar a los trabajos concretos para eliminar de una manera definitiva la contaminación de la Ciénaga y del medio ambiente y para rediseñar la represa. [...] Si hay la intención real de resolver a fondo algunos de los problemas más graves de la primera ciudad petrolera de Colombia, habrá que asegurar la realización efectiva del plan de reforestación de la Ciénaga y zonas aledañas para recuperar el equilibrio ecológico, evitar calamidades de salud pública y agentes adicionales de contaminación. (Leonardo ^{Posada y Ernesto Bulla, citado en Vanguardia Liberal, 8 de junio de 1983})

Durante la jornada del paro cívico se subvirtió el orden establecido en Barrancabermeja y se impuso la autoridad del consenso popular. Aspectos de una sociedad alternativa se manifestaron en la colectividad de las barricadas y las ollas comunitarias. Las calles fueron apropiadas para erigir la fiesta cívica, donde la rebeldía popular hizo tambalear la hegemonía de las élites políticas locales que rápidamente intentaron consolidar un movimiento cívico paralelo a la Coordinadora Popular de Barrancabermeja. A diferencia de los posteriores paros cívicos que se organizaron en la década de los años 80, durante el paro cívico del 13 de abril de 1983 no se registraron enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Sin embargo, en los meses siguientes dirigentes de la Coordinadora serían amenazados y perseguidos, como ocurrió contra los sacerdotes de la Pastoral Social, Eduardo Díaz y Floresmiro López, y los militantes comunistas Leonardo Posada y César Martínez (^{Delgado Gaona, 2023}, pp. 157-158).