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Introducción
Las movilizaciones y protestas ciudadanas que han enfrentado las Universidades chilenas durante el último tiempo, como consecuencia de múltiples episodios de violencia de género y discriminación arbitraria, han develado la necesidad de implementar políticas institucionales trasparentes que promuevan la sensibilización y prevención en torno a esta problemática, constituyéndose en “espacios democráticos donde todos los que integran esa comunidad puedan desarrollarse en un ambiente de respeto, igualdad, dignidad y no discriminación” (Moraga-Contreras, 2018, 465).
Sin embargo, la ‘normalización’ de las conductas violentas en contra de la mujer y la minimización de sus consecuencias por parte de las autoridades de turno han tensionado las relaciones construidas entre los diferentes estamentos universitarios (académicos, profesionales de apoyo, estudiantes, etc.). Lo anterior, se explica en parte por la reproducción de un sistema escolar patriarcal que valida la distribución desigual del capital cultural (Gómez, 2017), la cosificación de lo femenino y la perpetuación de la violencia simbólica en contra de la mujer (Benería, 1981; Sandoval-Obando, 2018).
Las dinámicas descritas son el reflejo de una problemática global que trasciende fronteras, culturas y costumbres, repercutiendo en los diferentes ámbitos de la sociedad chilena (Ticho, 2015). Un ejemplo de lo anterior, es la oleada de manifestaciones lideradas por el movimiento estudiantil chileno durante el 2011, en la que algunas estudiantes manifestaron su descontento hacia la violencia desplegada por las policías en el desalojo de los centros educativos que se mantenían en ‘toma’ (Vera, 2011). Actualmente, han trascurrido más de 7 años desde lo ocurrido en ese momento, y paradójicamente se sigue observando una institución escolar que ‘cambia’ convenientemente a las necesidades y requerimientos del sistema económico imperante, relegando cualquier posibilidad de reforma estructural de los procesos educativos en lo relacionado a la perspectiva de género, así como la valoración y reconocimiento de la diversidad en términos de raza, etnia, nación, orientación sexual, entre otros (Añon, 2001).
En este contexto de tensión, surge la Política de Prevención y Denuncia de casos de Acoso Sexual, Laboral y Discriminación Arbitraria que implanta una Universidad Privada Chilena ubicada en la Región Metropolitana (Chile). Específicamente, se analizan los discursos aportados por los integrantes de esta institución, en torno a la violencia de género y la discriminación arbitraria. Asimismo, busca contribuir a la generación de espacios de discusión y reflexión respecto a nuevas formas de abordar y comprender este fenómeno, admitiendo la emergencia de prácticas pedagógicas innovadoras, no sexistas e inclusivas que promuevan una educación pública de calidad (Ministerio de Educación, 2017).
Desigualdad de género: Una problemática que trasciende fronteras
En la actualidad, se observan profundas trasformaciones en el mundo en las que se hace necesario repensar las dinámicas relacionales existentes en la sociedad, como un espacio armónico, desafiante e igualitario para sus miembros (Machinea y Hopenhayn, 2005). Específicamente, se perpetúan problemáticas comunes en el contexto latinoamericano, tales como la valoración desigual de los talentos y habilidades de la mujer en el sistema económico (Yañez, 2004; Unesco, 2012), en donde las mujeres continúan enfrentando altas tasas de desempleo y subempleo. De la misma manera y aunque es evidente la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral (Gómez, 2017), se mantiene la brecha salarial en perjuicio de estas (Parella, 2003). Prueba de ello, aún persisten bajas tasas de participación de la mujer en puestos directivos, a pesar de que en el contexto chileno se ha establecido la obligatoriedad de designar un porcentaje equitativo de mujeres en cargos políticos y directivos de alta responsabilidad, dicha representación no alcanza niveles satisfactorios (Zuñiga, Aguilera y Vásquez, 2007).
Por otra parte, la violencia en sus diversas manifestaciones (física, psicológica, económica, sexual, etc.), siguen teniendo como víctimas a las mujeres (niñas y adolescentes). Más aún, la violencia sexual (incesto, abuso sexual y violación) muestra ritmos crecientes en el contexto latinoamericano (Tjaden y Thoennes, 1998; Jejeebhoy, Shah y Thapa, 2005; Contreras, Both; Guedes y Dartnall, 2010). Lo anterior da cuenta de que las nuevas formas de masculinidad no son suficientes para avanzar en una mayor igualdad de género, prevaleciendo implícitamente el machismo, descrito como la obsesión del hombre y posesividad respecto a la propia mujer, reflejada en diversos actos de agresión y/o estatus (Mingo, 2006; Sandoval-Obando, 2018). Por esta razón, el proceso homogeneización y desigualdad existente en materia de género (Tabak, 2005; Comunidad Mujer, 2016) invita a preguntarse respecto a los discursos construidos en torno a la violencia de género, por parte de los integrantes de una Universidad Chilena Privada, puesto que algunos estudios ya señalan que se trataría de un fenómeno presente, pero escasamente denunciado (Ekore, 2012; Nash, 2015).
Marco legal en torno a la equidad de género: la experiencia chilena
En lo internacional, existen diversas normativas internacionales que abordan y reconocen la equidad de género como una temática de alto interés para el desarrollo de las naciones (Bahamonde, 2015). Entre ellas, se encuentran: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (Organización de las Naciones Unidas, 1979), la Convención Contra las discriminaciones en la esfera de la Enseñanza (UNESCO, 1960), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Organización de Estados Americanos, 1994).
Adicionalmente están los Objetivos para el Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2012), donde se refuerza la necesidad de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
En la experiencia chilena existe una serie de dispositivos legales que orientan el funcionamiento de las instituciones públicas y de educación superior, tales como:
Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar (2005): busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas. Sin embargo, desestima otros aspectos y ámbitos en los que ocurre la violencia de género (ámbito educativo, por ejemplo).
Ley 20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual (2005): define el acoso sexual como aquella conducta en la que una persona realiza en forma indebida y por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos a otra persona, amenazando o perjudicando su situación laboral u oportunidades de empleo. Asimismo, define y orienta lo relacionado al acoso laboral.
Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo (2005), que rige al sector público, en su artículo 84 establece la prohibición de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, entre ellos, el acoso sexual. De igual manera, se pronuncia con claridad acerca de la no discriminación y la inclusión de personas en situación de discapacidad dentro del mundo laboral.
Ley General de Educación 20.370 (2009): explicita la no discriminación y resguarda el derecho a la educación de estudiantes embarazadas y madres en todo tipo de establecimientos educacionales. Asimismo, vela por un trato respetuoso entre los integrantes de una comunidad educativa, custodiando los derechos y libertades personales.
Ley 20.529 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (2011): A través del cual busca asegurar la calidad y equidad en la educación parvularia, básica y media. Para este fin, establece un marco regulatorio para el desempeño de las escuelas, sus sostenedores, docentes y directivos, prestando apoyo para el logro de las metas que se fijen y ordenando el cierre de aquellos centros educativos que no alcancen los estándares mínimos de funcionamiento en términos de resultados de aprendizaje.
Ley de Inclusión Escolar 20.845 (2015): establece un sistema basado en la gratuidad y la inclusión en los procesos de admisión a los centros educativos públicos, acabando con el financiamiento compartido y el lucro en el sistema escolar chileno.
Comisión de Género para la Educación Superior (MINEDUC, 2018): asume la labor de revisar las políticas existentes en materia de equidad de género, desde el currículum hasta la formación docente, con el objetivo de eliminar cualquier sesgo por sexo y asegurar igualdad de trato y oportunidades a todas las estudiantes de diferentes niveles académicos, desde párvulo hasta enseñanza superior.
La perspectiva de género en el ámbito universitario: una tarea incipiente
Las acciones de sensibilización y prevención en torno a la violencia de género, requiere la emergencia de propuestas investigativas que analicen críticamente la implementación de los protocolos de Acoso Sexual adoptados por las universidades chilenas, reconociendo al mismo tiempo, el importante rol de la mujer en la Academia. En este sentido, el PNUD (2004) reconoce su aporte, caracterizándolo como un mando inteligente, no autoritario y amigable. Por ello, la inclusión de la mujer en cargos directivos, favorecería la construcción de ambientes relacionales que valoran la diversidad y la flexibilidad, adoptando un estilo de liderazgo colaborativo en el que se considera la opinión y sugerencias de la comunidad educativa en la toma de decisiones (Rodríguez, 2006).
Adicionalmente, la perspectiva de género en la educación ha permitido que en las últimas décadas se genere una creciente visibilización de la desigualdad que, en distintos ámbitos de la vida, vivencian las mujeres en su relación con los hombres (Ugalde, 2008; Contreras y Trujillo, 2014). Más aún, se ha llegado al consenso de que estas desigualdades tienen una base histórica y cultural que es necesario repensar particularmente desde el ámbito académico y los procesos de socialización que allí se construyen (Butler, 2005; 2011).
Tal como se ha mencionado previamente existe una preocupación creciente por impulsar la ‘transversalización de género’, legitimando la discusión en la sociedad y en el Estado (Guzmán, 2001). Investigaciones como las que sustentan este trabajo, permiten avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la educación superior chilena (Servicio Nacional de la Mujer, 2010), impactando positivamente en la calidad formativa y organizacional de las Universidades, así como la necesaria generación de perspectivas y saberes locales que analicen integralmente estos fenómenos (Saracostti, 2006) para su erradicación al corto, mediano y largo plazo.
Prevalencia y factores de riesgo para la victimización sexual en mujeres universitarias Chilenas
El trabajo desarrollado por Lehrer, Lehrer, Lehrer y Oyarzún (2007) mencionan la escasa presencia de estudios cuantitativos que hayan abordado la prevalencia o correlatos de la violencia sexual en mujeres universitarias chilenas. Ante esta realidad, procedieron a la aplicación de una Encuesta anónima con preguntas sobre violencia de género, características demográficas y socioeconómicas, experiencias de la niñez con violencia, etc. Dicho instrumento fue administrado a estudiantes pertenecientes a una universidad pública en Santiago. Se generaron estadísticas descriptivas para determinar la prevalencia y el contexto de la victimización sexual experimentada por mujeres universitarias. Los resultados muestran que el 9 % de las mujeres señalaron que la forma más grave de contacto sexual no deseado experimentado desde los 14 años fue una violación; 6 % indicó intento de violación y 16 % otra forma de victimización sexual. Asimismo, el 17 % de las participantes informaron haber experimentado alguna forma de contacto sexual no deseado solo en los últimos 12 meses. El alcohol u otras drogas se han utilizado en la mayoría de los casos de violación o intento de violación, por la víctima (6 %), el perpetrador (9 %) o ambos (56 %).
Violencia psicológica en el noviazgo de estudiantes universitarios chilenos
Guzmán-González, García, Sandoval, Vásquez y Villagrán (2014) desarrollaron un estudio centrado en evaluar las diferencias existentes en el apego romántico y la empatía diádica, en función de la presencia o ausencia de violencia psicológica perpetrada en relaciones de noviazgo entre jóvenes universitarios. La muestra estuvo conformada por 470 estudiantes cuyo rango etario se ubicó entre los 18 y 28 años respectivamente, residentes en la ciudad de Antofagasta - Chile. Los participantes completaron el Cuestionario de Experiencias en Relaciones Cercanas (Brennan, Clark y Shaver, 1998), el Índice de Reactividad Interpersonal para Parejas (Péloquin y Lafontaine, 2010) y la Escala de Tácticas de Conflicto (CTS2) (Straus; Hamby; Boney-McCoy y Sugarman, 1996). Los datos recopilados a partir de esta investigación, permiten concluir que las personas que ejercieron violencia psicológica en el último año presentan niveles elevados de ansiedad y baja preocupación empática.
Además, muestra que el rango etario ubicado entre los 20 - 24 años es el que tiene las tasas de riesgo más alto de recibir violencia, coincidiendo con la etapa universitaria (Lewis y Fremouw, 2001; Tolan, Gorman-Smith y Henry, 2006). Por otra parte, los niveles de violencia psicológica son altos, fluctuando entre un 51 % (Corral, 2009) y un 83 % (Rey-Anacona, 2013), existiendo variaciones en función de la conceptualización de la misma, del tipo de prevalencia evaluado (anual o a lo largo de todo la vida) y de los instrumentos empleados para medirla. De esta manera, continúa siendo la forma de agresión más percibida por la juventud, especialmente por las mujeres (Vizcarra y Póo, 2011; Saldivia y Vizcarra, 2012; Fernández-González, O´Leary y Muñoz-Rivas, 2013; Moura et al., 2013).
El enfoque Mixto como paradigma de investigación
Este trabajo adopta un enfoque mixto (Denzin y Lincoln, 2002; Teddlie y Tashakkori, 2009; Pereira, 2011), permitiendo acceder con profundidad en temáticas y campos complejos del saber, amplificando las posibilidades de triangulación y saturación de la información recopilada, así como la combinación de diversas técnicas de investigación, métodos y conceptos propios del ámbito cuantitativo o cualitativo (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). Asimismo, otorga mayor flexibilidad en lo relacionado a las técnicas de recolección y análisis de datos, empleando diversas instancias epistemológicas, lo que permite alcanzar una mirada holística acerca de los fenómenos en estudio (Gill y Johnson, 2010).
Adicionalmente, el enfoque mixto facilita la generación y verificación de teorías en un mismo estudio, compensando en parte, las desventajas observadas en las metodologías cualitativas o cuantitativas cuando se utilizan por separado (Molina, 2010; Flick, 2009). De esta manera, los hallazgos que emergen de este enfoque son sometidos a una mayor validación y entendimiento de sus resultados, en términos de transferibilidad y aplicabilidad (Boeije, 2010).
Diseño del estudio
Esta problemática ha sido incipientemente investigada por las ciencias sociales y de la educación, razón por la cual, la investigación asume un carácter exploratorio al observar tal y cómo se da en su contexto real y cotidiano, reflejando su carácter no experimental, propio de las investigaciones bajo el enfoque mixto. Asimismo, corresponde a una exploración transversal, ya que los datos son recolectados durante el segundo semestre del 2018, manteniendo un diseño flexible durante el transcurso en que se desarrolla el estudio.
Procedimiento de recolección de datos
La Encuesta semiestructurada, confidencial y en línea (Casas, Repullo y Donado, 2003; Hernández y Cantín, 2009), fue diseñada por el autor y validada por 7 académicos adscritos a Universidades de Chile, Argentina y Colombia respectivamente, quienes apoyaron el proceso de validación, en su función de Jueces Expertos (Robles y Rojas, 2015). Tras el proceso de mejora, en términos de validez, capacidad autoexplicativa y claridad del formato, el instrumento queda conformado por 12 ítems tipo Likert, que indagan cuantitativamente en torno a las características personales de los participantes (edad, sexo, función y lugar en donde se desempeña en la Universidad, tipos de violencia reportados; niveles de conocimiento sobre Política Institucional en materia de género, etc.) y 4 ítems con preguntas abiertas, en donde se analiza cualitativamente los discursos construidos en torno a la violencia de género, la discriminación arbitraria y las necesidades de mejora en torno a la sensibilización y prevención de esta problemática en el contexto universitario local.
Así, el instrumento es enviado a un total de 6.785 personas registradas en las bases de datos actualizadas al 1 de agosto de 2018, según lo declarado por la Institución Universitaria. Tras su aplicación durante 1 mes (entre el 14 de septiembre al 14 de octubre 2018), es respondido satisfactoriamente por un total de 635 participantes, correspondiente al 9,35 % del total de integrantes de la comunidad universitaria.
Técnicas de muestreo
Se recurre a un muestreo no probabilístico o por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017), puesto que los sujetos son seleccionados a medida que, voluntaria y confidencialmente, participan respondiendo el instrumento diseñado en esta investigación. Además, está fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador, desconociendo la probabilidad que tiene cada participante de ser elegido para la muestra.
Estrategia de análisis e interpretación de los datos
Para el análisis e interpretación de los datos, se recurre a la estadística descriptiva y al análisis de contenido (Strauss y Corbin, 2002), con el apoyo de las herramientas informáticas SPSS Statistics 23.0 y Atlas Ti 6.2 respectivamente.
Resultados
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta en línea entre los integrantes de la Universidad Privada Chilena que origina este trabajo. Con respecto a la variable sexo, se destaca el alto porcentaje de respuesta que mostraron las mujeres (76,5 %) en comparación con el grupo de los hombres (23,5 %), confirmando la importancia y valoración que le otorgan las mujeres al abordaje de la violencia de género experimentada en el ámbito universitario, siendo coherente con lo observado en el contexto universitario chileno (Moraga-Contreras, 2018).
En conexión con lo anterior, la Tabla 1 muestra que el grupo de participantes en el cual hubo una mayor tasa de respuesta corresponde al rango etario ubicado entre los 25 a 29 años (23,6 %); seguido por el rango etario ubicado entre los 30 a 34 años (22,4 %) y 35 a 39 años (13,7 %) respectivamente. Esta información es relevante y valiosa a la hora del diseño, planificación y ejecución de las acciones construidas en torno a la Política Institucional de Prevención y Sensibilización de la violencia de género, dirigiendo pertinentemente los recursos y acciones necesarios para impactar positivamente en la comunidad universitaria. Además, evidencia que las mujeres son quienes muestran un mayor protagonismo en el proceso diagnóstico, atribuido probablemente a que son ellas quienes mayoritariamente vivencian diferentes formas y manifestaciones de violencia en la Universidad.
En lo relacionado a las manifestaciones de violencia que los integrantes de la Comunidad Universitaria han presenciado o experimentado en el espacio universitario (sala de clases, hall, casino, baños, oficinas, etc.), es posible observar en la Figura 1, que un 70 % de los encuestados declara no haber presenciado o experimentado alguna forma de violencia en la institución universitaria. No obstante, los participantes declaran haber presenciado o experimentado episodios de violencia psicológica (18 %), violencia de género (6 %) y violencia sexual (1 %) respectivamente, aspectos que adquieren especial interés en la implementación de estrategias efectivas de abordaje y comprensión de esta problemática. Asimismo, en lo referido a otras formas de violencia (3 %), los participantes declaran haber presenciado o experimentado episodios de alta tensión y malestar emocional, como consecuencia de conflictos generados en el ámbito universitario en donde se despliegan actitudes marcadas por la agresión verbal (garabatos), la discriminación étnica, negación en el acceso a la información y los prejuicios sociales anclados en ciertos estereotipos de género.
Con respecto al rol o función que cumple la persona identificada por los participantes como un eventual agente causal de violencia en el ámbito universitario, se observa que un 7 % pertenece al segmento de estudiantes, un 6 % corresponde al estamento de académicos (contratados y a honorarios) y un 2 % se desempeña en algún cargo directivo. Sin embargo, resulta significativamente estadístico el hecho de que un 83 % de los participantes no quisieron responder este ítem, declarándose como valores perdidos, ya sea porque omitieron intencionalmente la respuesta o en algunos casos, pudieron haberse referido a personas que desempeñaban más de una función o rol en la Institución Universitaria.
Otro punto relevante que identifica el estudio, gira en torno al nivel de conocimiento, comprensión o difusión que ha alcanzado en la comunidad Universitaria, la Política y Procedimiento de Denuncia de Casos de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria, observándose que un 78 % de los participantes señala no conocer pormenorizadamente dicha política, impactando negativamente en la identificación, conceptualización u abordaje de estos episodios, según la normativa institucional vigente.
Por otra parte, cuando a los participantes se les pregunta si hipotéticamente, estarían dispuestos o no, a realizar la respectiva denuncia frente a un eventual episodio de violencia (sexual, laboral, psicológica) y/o discriminación arbitraria al interior de la Institución, estos reportan que un 80 % activaría el protocolo diseñado para el abordaje institucional de esta problemática, un 18 % se declara ambivalente frente al evento y solo un 2 % no haría nada frente a la situación de violencia percibida, demostrando un alto nivel de interés por construir un espacio universitario libre de cualquier forma de violencia.
Adicionalmente, resulta necesario analizar exhaustivamente el comportamiento mostrado por los participantes durante un eventual episodio de violencia o discriminación al interior de la comunidad universitaria, observándose que son las mujeres quienes optarían mayoritariamente por activar los dispositivos de prevención y denuncia (protocolos) institucional (60 %) en comparación con los hombres (19,8 %), mostrándose más receptivas e interesadas por transformar las dinámicas relacionales existentes, colaborando en la búsqueda y promoción de una educación no sexista, que reconozca y proteja la diversidad, el respeto y la tolerancia entre los diferentes estamentos que conforman el centro educativo.
Otro ámbito de interés que explora este trabajo, está centrado en los procesos de mejora de la institución en torno a la perspectiva de género en el ámbito universitario. La investigación muestra que un 33 % de los participantes estaría interesado en que se potenciara el eje de Prevención y Sensibilización, a través de diferentes instancias y procesos: inducción del personal, promoción de la perspectiva género en el cuerpo de académicos y la generación de charlas y seminarios abiertos en donde se aborden temáticas afines a esta problemática. En segundo lugar, un 26 % de los participantes manifiesta su interés en que se potencie el área de Educación y Capacitación, incorporando trasversalmente la perspectiva de género en los procesos docentes y académicos que desarrolla la institución (cursos de formación general, electivos enfocados en temáticas afines, cursos de capacitación para académicos o funcionarios, formación de monitores en prevención de la violencia de género, etc.). Adicionalmente, un 22 % de los participantes plantea la necesidad de ampliar las estrategias de protección y acompañamiento para las víctimas, y un 19 % reporta la necesidad de mejorar los procedimientos de denuncia institucional.
En lo relacionado al análisis cualitativo de los datos recopilados, es posible describir en la Tabla 2, las principales categorías (con sus respectivas definiciones creadas por el autor a partir de la interpretación de los discursos aportados por los participantes), los que surgieron tras el proceso de codificación y reducción de los datos, siguiendo la lógica de Strauss y Corbin (2002):
Discusión
A continuación se discuten parte de los resultados que se desprenden del trabajo de campo realizado. En primer lugar, nos parece relevante mencionar que las mujeres manifiestan una alta tasa de respuesta frente al instrumento (76,5 %) en comparación con los hombres (23,5 %), siendo coherente con los datos reportado por el MINEDUC (2018) 1 en donde se observa que si bien las mujeres tienen mayor presencia en materia de matrícula (53 %) y de titulación a nivel general del sistema (56,6 %), continúan enfrentándose mayoritariamente a estereotipos de género perpetuados cotidianamente al interior del espacio y tiempo universitario “…las mujeres tenemos mucho de que defendernos y demostrar, cosa que no hacen los hombres, a nosotras las mujeres se nos exigen más aunque hayamos pasado los mismos años en la universidad...” (Participante24). Más aún, la fuerte presencia femenina en la enseñanza superior representa un interesante contraste con el índice de paridad entre los sexos (IPG)3 observado en educación primaria y secundaria, mostrando una situación mundial marcada globalmente por la paridad en el extremo inferior del intervalo 0,97-1,03 en la enseñanza tanto primaria como secundaria y por una sobrerrepresentación femenina en la enseñanza superior (UNESCO, 2012).
Además, las tasas de respuesta por rangos etarios son superiores en todos los subgrupos, confirmando el hecho de que son las mujeres quienes vivencian diversos procesos de discriminación “…hacer diferencias en sueldos, responsabilidades y carga de trabajo entre Hombres y mujeres…” (Participante 87), segregación y violencia al interior en la sociedad, pero particularmente en la educación superior “…Cuando una persona con mayor responsabilidad en la universidad abusa de poder, tomando decisiones que puedan perjudicar el bien de la comunidad Universitaria…” (Participante 544), siendo coherente con lo expuesto por Figuereido, Jiménez-Moya, Paredes y González (2017), quienes señalan que las chilenas siguen enfrentando condiciones inferiores a las de los hombres en el ámbito político y profesional, develando que su trabajo fuera del hogar, podría afectar las relaciones y vínculos que establecen con sus hijos/as, así como la dinámica al interior del aula universitaria “…Cuando un profesor por ejemplo toma decisiones sin considerar la opinión de las alumnas, por el solo hecho de su posición de profe…” (Participante 452), entre otros factores.
Por otra parte, las mujeres ubicadas en el rango etario entre 20-34 años (correspondiente al 45 % del total de participantes) manifiesta un interés abierto en reflexionar críticamente sobre la violencia de género “…responde a una relación desigual en la que la mujer sufre las consecuencias de una sociedad altamente machista, patriarcal y androcéntrica…” (Participante 290), reflejado en la alta participación mostrada frente al estudio. Lo anteriormente expuesto, reviste interés dado que se vincula con lo reportado por el Observatorio contra el Acoso Callejero en Chile (OCAC) en donde se muestra que el 76 % de las mujeres encuestadas reportan haber sufrido algún tipo de acoso sexual el último año, cifra que aumenta hasta el 97 % en el caso de las mujeres entre 18 y 34 años (OCAC Chile, 2015). Por ende, la discriminación hacia la mujer aún está muy presente en la sociedad y se muestra de forma transversal en distintos contextos y a través de diversas prácticas “…el machismo es la principal causa de violencia de género en las universidades…” (Participante 490). Esto contrasta fuertemente con la proporción de hombres respecto a mujeres con empleos en investigación, alcanzando un 71 % a 29 % respectivamente. En la mayoría (54) de los 90 países para los que existen datos, la presencia de las mujeres en la investigación va de 25 % al 45 % (Unesco, 2012).
Con respecto a las diversas manifestaciones de violencia percibidas por los participantes en el ámbito universitario, el estudio permite señalar que un 70 % de los encuestados declara no haber presenciado o experimentado alguna forma de violencia. Específicamente, el 30 % de los participantes reporta alguna manifestación de violencia al interior de la institución universitaria “…la agresión tanto verbal, psicológica o física en mujeres u hombres dentro del periodo universitario...” (Participante 424). Más aún, se señala que un 18 % de los participantes declara haber presenciado o experimentado episodios de violencia psicológica “…Es un tipo de violencia psicológica ejercida contra cualquier persona o grupos de personas… esto impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social… se puede llevar a cabo entre profesores, entre estudiantes, estudiantes y profesores, etc. esto significa no aceptar al otro y vulnerar su derecho a la libertad…” (Participante 130), aspecto que adquiere relevancia en la implementación de estrategias efectivas de abordaje y comprensión crítica de esta problemática. Con relación a lo anterior, resulta paradójico el hecho de que este tipo de violencia es justamente el menos investigado (Moura et al. 2013), aumentando el valor social y científico de esta investigación, aportando conocimiento actualizado respecto a la identificación de dinámicas relacionales, pautas de comportamiento y factores relacionados con esta problemática en el ámbito universitario local.
Por otra parte, cuando se indaga acerca del rol o función que cumple la persona identificada por los participantes como un eventual agente causal de violencia en el ámbito universitario, se observa que un 7 % pertenecería al segmento de estudiantes “…Maltrato físico y verbal entre pares y estudiantes…” (Participante 319), un 6 % correspondería al estamento de académicos “…Cuando un docente usa su poder como tal con el fin de conseguir algo de una o uno de sus estudiantes…” (Participante 86) y un 2 % se desempeñaría en algún cargo directivo “…Abuso realizado por parte de las directivos de la institución…” (Participante 344), respectivamente. Sin embargo, un 83 % de los participantes no quisieron responder este ítem, declarándose como valores perdidos, ya sea porque omitieron intencionalmente la respuesta o en algunos casos, pudieron haberse referido a personas que desempeñan más de una función o rol en la Institución. Este dato resulta de difícil comparación con la realidad vivida por otras Universidades Chilenas, al abordar una temática actual y en permanente transformación, sumado a que existen estudios (aún en diseño o desarrollo) que podrían enriquecer o aportar cifras actualizadas sobre quiénes o cómo se manifiesta la violencia al interior del ámbito universitario “…la violencia de género es ejercida contra cualquier persona o grupos de personas, sobre la base de su sexo o género, esto impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social.. .Si esto lo llevamos al ámbito universitario, se puede llevar a cabo entre profesores, entre estudiantes… significa no aceptar al otro y vulnerar su derecho a la libertad…” (Participante 130).
Investigaciones recientes como la de Schuster, Krahé, Ilabaca y Muñoz-Reyes (2016) han analizado la prevalencia del comportamiento sexualmente agresivo en estudiantes universitarios, encontrando que el 30 % de los estudiantes habrían desplegado este tipo de conductas (Swartout; Swartout; Brennan y White, 2015; Dardis; Murphy; Bill y Gidycz, 2016). Igualmente, en Alemania la prevalencia general de la perpetración de un comportamiento sexualmente agresivo en población masculina fue menor, pero todavía sustancial, con un 13,2 % (Krahé y Berger, 2013). Así, las tasas de perpetración son generalmente más bajas para las mujeres que para los hombres (D'Abreu, Krahé y Bazón, 2013; Tomaszewska y Krahé, 2018), pero es evidente que el comportamiento sexual agresivo no se limita únicamente a los hombres.
Otro tópico que aborda este estudio, gira en torno al nivel de conocimiento, comprensión y difusión que ha alcanzado en la comunidad Universitaria, la Política y Procedimiento de Denuncia de Casos vinculados a episodios de Acoso Sexual, Acoso Laboral “…Que se refiere cuando hay daño psicológico como acoso sexual, improperios, insultos, comentarios denigrantes, etc. y daño físico como golpes, empujones, que afecten la integridad del/la violentad@...” (Participante 589) y Discriminación Arbitraria “…Un tipo de discriminación que no tiene fundamentos, que es realizada de forma infundada y que vulnera los derechos de una persona en cualquiera de los Ámbitos por su género, condición social, sexual, religioso, etc...” (Participante 152), observándose que un 78 % de los participantes señala no conocer con detenimiento dicha política, impactando negativamente en la identificación, conceptualización o abordaje de estos episodios, según la normativa institucional vigente. Al respecto, esta situación estaría relacionada con lo reportado por la Universidad de Chile (2018), señalando que las víctimas mayoritariamente no denuncian, debido al desconocimiento de los procedimientos, el temor a sufrir represalias o a que se vea afectada su carrera, y la desconfianza en la institucionalidad universitaria y sus mecanismos de investigación.
En suma, el análisis cualitativo de los discursos aportados por los participantes da cuenta de una perspectiva de género pendiente en la comunidad universitaria. Es decir, a pesar de que el acceso de las mujeres a la educación superior y la participación femenina en la fuerza de trabajo han aumentado gradualmente, la sociedad no está siendo capaz de disminuir la segregación ocupacional, las brechas salariales entre hombres y mujeres y el reparto desigual del trabajo doméstico y familiar (Parella, 2003; Sandoval-Obando, 2018). Al contrario, las mujeres concurren a los empleos menos cualificados, peor pagados y menos valorados, mostrando una escasa presencia en puestos directivos y de responsabilidad (Maruani, Rogerat y Torns, 2000).
Conclusiones
A modo de conclusión, los hallazgos reflejan que la violencia de género, además de ser independiente de la edad, clase social, cultura y nivel académico, también existe en los contextos universitarios (Larena y Molina, 2010), repercutiendo negativamente en la vida personal y profesional de las víctimas, y también en quienes solidarizan con ellas (Puigvert, 2008). Por estas razones, esta investigación responde a las demandas actuales existentes en la educación superior chilena (Ticho, 2015; Sánchez, 2017), siendo coherente con los protocolos puestos en marcha por el MINEDUC en lo referido a la equidad de género. Además, caracteriza el androcentrismo universitario, como aquel conjunto de mecanismos y dinámicas relacionales socialmente aprendidas en las que se privilegia lo masculino como pilar fundamental de la sociedad. Esta construcción histórica y social perpetúa la invisibilización de las mujeres y de su mundo, validando el abuso de poder, las asimetrías jerárquicas, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, al interior del espacio y tiempo universitario.
Finalmente, y en sintonía con lo expuesto por Saracostti (2006), la incorporación de la perspectiva de género en la educación superior, instala una serie de nuevas y complejas interrogantes para futuras investigaciones que impacten positivamente en la calidad formativa y organizacional de las universidades chilenas, esperando que los ejes de mejora que se instalen, permitan abordar integralmente las relaciones de género, corrigiendo las desigualdades existentes en la actualidad, impulsando procesos democratizadores y de justicia en la sociedad (Buquet, Cooper, Rodríguez, 2010).
