Introducción

La violencia generada por el conflicto armado colombiano (en adelante CAC) se remonta a la década de los años 50 en el siglo XX (^{Hewitt et ál., 2016}). Se trata de un conflicto prolongado y degradado al interior de una nación sumergida en complejas problemáticas que evolucionaron con el tiempo (^{Arias, 2007}). Durante décadas, el enfrentamiento entre los actores armados ha dado lugar a reiteradas violaciones de los derechos humanos y a lo que, según algunas fuentes, es el mayor número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo (^{Sierra-Puentes y Correa-Chica, 2019}). Los efectos de la guerra se encuentran profundamente arraigados en la sociedad colombiana, pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año 2016 (^{García, Wilches, Guerrero y Hernández, 2018}).

Según ^{Arboleda, Herrera y Prada-Ramírez (2017)}, uno de los aspectos más destacables de la negociación previa y la firma de dicho acuerdo es el papel concedido a las llamadas “víctimas”, al concebir, por ejemplo, la reparación a dicha población y la reconstrucción de una memoria histórica como ejes fundamentales de la transición hacia la paz. No obstante, a nivel legal, las víctimas del CAC ya habían sido reconocidas, primero como “desplazados”, en el marco de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2006, y posteriormente con el nombre actual, desde la ley 1448 de 2011, en cuya elaboración, empero, no participaron (^{García-Acuña, 2012}). Hoy en día se discuten los efectos estigmatizantes del término “víctima” y se proponen otros como “sobrevivientes” (^{Moreno-Camacho y Díaz-Rico, 2016}); pese a esto, la primera sigue siendo la denominación oficial.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (^UARIV) fue creada en el año 2012 y con ella se reorganizó la respuesta estatal a las necesidades de este sector poblacional. De acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas (RUV), administrado por la UARIV, a 30 de junio de 2020, el total de víctimas del CAC ascendía a 9’031.048 y el 80.8 % eran sujetos de atención. En el Magdalena, donde residían 292.822 (4.01 %) de estas últimas, varias investigaciones han abordado la producción de subjetividades desde la categoría de desplazado (^{Ruiz-Romero y Castaño-Zapata, 2018}), los indicios de traumatismo psíquico en víctimas y victimarios (^{Aristizábal et ál., 2012}), la polivictimización y su impacto en la salud mental (^{Campo-Arias, Sanabria, Ospino, Guerra y Caamaño, 2017}). Sin desconocer la pertinencia de esto, algunos autores (^{García-Acuña, 2012}; ^{Gómez-Tabares, 2019}; ^{Munévar-Rojas y Castro-Sardi, 2018}) sostienen la necesidad de poner mayor atención a las fortalezas individuales y colectivas presentes en estos sobrevivientes de la violencia, factores en virtud de los cuales aún es posible escribir una nueva historia (^{Tabares-Ochoa, 2011}).

El CAC aún no puede considerarse concluido y la paz no debe ser entendida como un efecto súbito. Desde una perspectiva más amplia, la firma de los acuerdos en 2016 representa un logro notable hacia el desmantelamiento de la violencia organizada; por su parte, la paz es una construcción diaria e imperfecta (^{Araya, 2016}). El desafío para Colombia es consolidar una “cultura de paz”, es decir, cambiar la forma de vivir y entender las relaciones humanas (^{Pérez-Sauceda, 2015}). En esto juega un papel crucial la denominada “educación para la paz”, una apuesta pedagógica tendiente a resignificar los hechos, arraigar nuevos valores, fomentar la autorregulación emocional y promover mejores formas de resolver los conflictos (^{Cerdas-Agüero, 2013}).

Al hablar de “resolución de conflictos” se denota un proceso dinámico encausado a la disminución de las tensiones interpersonales mediante la toma de decisiones y la implementación de acciones que modifiquen el origen de las mismas (^{Bados y García-Grau, 2014}; ^{Maza-Bustamante y García-Urieta, 2015}). Se trata, por ende, de un procedimiento que requiere habilidades específicas susceptibles de formación (^{Arboleda et ál., 2017}), aunque se han discutido las connotaciones del término “resolución” proponiéndose el de “transformación de conflictos”, ya que enfatiza el componente positivo de los mismos (^{París-Albert, 2005}). Pese a esto, se empleará el término resolución de conflictos al ser la denominación más común en la literatura científica.

Para avanzar en la construcción de paz es necesario comprender las múltiples aristas del problema. Se ha identificado que algunas víctimas desarrollan comportamientos agresivos debido a una escasa elaboración del trauma, como síntomas de trastornos psiquiátricos o en respuesta a situaciones de estrés posteriores (^{Aristizábal et ál., 2012}; ^{Hewitt et ál., 2016}; ^{Morales-Cardona, Tamayo-Lopera y Klimenko, 2018}). Por lo tanto, es relevante abordar la posible interacción entre la exteriorización de la agresividad, las competencias para la resolución pacífica de conflictos interpersonales y variables como el género o el nivel educativo. Con base en esto podrán diseñarse mejores estrategias para garantizar la reparación de más de siete millones de individuos y cimentar desde el nivel individual la cultura de paz que Colombia ha visto mermada por varias décadas.

En este sentido, el objetivo central de este estudio fue determinar las asociaciones entre las habilidades para la resolución de conflictos, la agresividad y algunos factores sociodemográficos en víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena.

Método

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, tipo de estudio observacional y diseño transversal.

La población objetivo fueron las personas reconocidas con RUV que asistieron al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de la ciudad de Santa Marta, Colombia, durante el segundo cuatrimestre del año 2019. La técnica de muestreo empleada fue no probabilística por conveniencia, realizando convocatoria abierta de manera presencial y por medio telefónico. Finalmente, la muestra estuvo conformada por 51 participantes, 9 hombres y 42 mujeres con un rango etario de 19 a 75 años y una edad promedio de 44.6 años (DE = 13.08).

Como instrumentos se emplearon los siguientes:

Para la recolección de datos los interesados fueron convocados en fechas específicas a las instalaciones del CRAV Santa Marta, donde se les explicó el procedimiento a seguir antes de obtener de ellos el consentimiento informado y dar paso al diligenciamiento de los cuestionarios. Algunas personas tenían dificultades en lectura o escritura; por lo que ellas aceptaron recibir una asistencia individual con carácter neutral para evitar sesgos en sus respuestas.

Los investigadores respetaron en todo momento la voluntad de participación o de retiro de los sujetos por medio del consentimiento informado y protegieron cabalmente su integridad, seguridad y privacidad, en cumplimiento de la Declaración de Helsinki, la Resolución No. 008430 de 1993 (Ministerio de Salud de la República de Colombia) y el Código Deontológico y Ético del Psicólogo Colombiano (Ley 1090 de 2006). Los aspectos éticos del estudio fueron aprobados en el marco de la participación institucional de la Universidad del Magdalena en la convocatoria 812 de 2018, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

El análisis estadístico se realizó en el software SPSS Statistics (IBM, Versión 25.0). A fin de lograr los objetivos del estudio, se calcularon los estadísticos como el alfa de Cronbach, frecuencias, medidas de tendencia central, pruebas de normalidad (Kolmogórov-Smirnov para una muestra), coeficiente de correlación (Spearman) y otras pruebas de hipótesis no paramétricas (U de Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis).

Resultados

La tabla 1 presenta la caracterización sociodemográfica de la muestra. El 41.17 % de los participantes llevaba una vida en pareja (casado(a) o unión libre) y se observa la misma proporción de solteros. El promedio de hijos fue de 3; no obstante, el 50.98 % tenía un número de hijos superior. En términos generales, el nivel educativo fue bajo, considerando que más de la mitad de sujetos (50.98 %) no alcanzó el último grado de educación media y sólo el 13.72 % ingresó a la educación superior. Las personas laboralmente activas representaban la tercera parte de la muestra (33.33 %). Además, el 84.31 % se ubicó en el estrato socioeconómico 1, siendo 3 el más alto registrado.

Tabla 1 Datos sociodemográficos de la muestra 

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los baremos del ESOC, los promedios de tolerancia (20.84), adaptabilidad (13.57), control de la impulsividad (26.92), control emocional (85.74), evaluación de resultados (22.67) y habilidad para la solución de conflictos (126.55) indicaron capacidades que requieren ser mejoradas (categoría III), toda vez que la empatía (24.41) está poco desarrollada (categoría IV) y la competencia comunicativa (18.14) en cambio, desarrollada (categoría II). El 56.86 % de la muestra obtuvo una puntuación global baja (categorías III y IV).

Según los baremos del ISCA, entre los participantes la agresividad (en términos globales: situaciones y comportamientos) está dispersa hacia los extremos, pues el 43.1 % se encuentra en centiles bajos (1 a 40), el 15.7 % en centiles medianos (41 a 60) y el 41.2 % en centiles altos (61 a 100). Sin embargo, la frecuencia con que reportaron nunca o casi nunca realizar cada comportamiento agresivo osciló entre el 74.5 % y el 98 %, mientras la frecuencia con que reportaron nunca o casi nunca reaccionar agresivamente a cada situación planteada por el instrumento osciló entre el 54.9 % y el 94.1 %.

El coeficiente alfa de Cronbach (α) general obtenido en la ESOC fue de 0.84 para los 35 ítems que la componen. Al calcular el alfa de Cronbach (α) por dimensiones y sub-dimensiones, fue necesario eliminar algunos reactivos a fin de elevar el índice α a un nivel aceptable, como se observa en la tabla 2. Así pues, las puntuaciones directas empleadas en los cálculos posteriores excluyeron los ítems eliminados. La misma operación se realizó con el ISCA, cuyo alfa de Cronbach para los 22 reactivos iniciales fue de 0.79.

Tabla 2 Coeficiente alfa de Cronbach α por instrumento y subdivisión e ítems eliminados 

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, a través de la prueba de Kolmogórov-Smirnov se estableció que no todas las variables demostraban una distribución normal, por esto, en lo sucesivo se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas.

Las Tablas 3 y 4 presentan los coeficientes de correlación de Spearman con sus respectivos índices de significancia (bilateral) cruzando las variables de estudio. Se observa, entre los datos estadísticamente significativos, que la edad correlacionó inversamente con el nivel educativo, mientras este último correlacionó directamente con el estrato socioeconómico, la empatía, el control emocional, la evaluación de resultados y la habilidad para la solución de conflictos, pero inversamente con el número de hijos. También fueron significativas la correlación directa entre número de hijos y adaptabilidad, y número de hijos y edad, así como las correlaciones inversas entre estrato socioeconómico y competencia comunicativa, y número de hijos y comportamientos agresivos.

Tabla 3 Coeficientes de correlación y significancias (Parte 1) 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4 Coeficientes de correlación y significancias (Parte 2) 

^*.La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

^**.La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Los únicos coeficientes estadísticamente significativos entre las variables derivadas de la ESOC y el ISCA, señalan una correlación inversa entre la Tolerancia y las tres mediciones de la agresividad. Por otro lado, para identificar diferencias significativas en las mediciones de agresividad y de habilidades para la solución de conflictos con base en factores sociodemográficos, se aplicaron pruebas de hipótesis cuyos resultados estadísticamente significativos presenta la tabla 5.

Tabla 5 Pruebas de hipótesis para muestras no relacionadas 

Fuente: elaboración propia.

El tamaño del efecto (d) y la potencia estadística (1-β) de estas asociaciones fue moderada. Así pues, de acuerdo con el estado civil, la comparación de medias arrojó que la medición global de la agresividad y de las situaciones que provocan comportamientos agresivos se organizan en orden decreciente de la siguiente forma: casados (ISCA-G:28.4 , ISCA-S:20.6), solteros (ISCA-G:26.3 , ISCA-S:17.9), en unión libre (ISCA-G:25.7 , ISCA-S:17.6), separados (ISCA-G:22.2 , ISCA-S:14.2) y viudos (ISCA-G:20.3 , ISCA-S:13.3). Quienes no habían alcanzado un nivel educativo superior al bachillerato incompleto obtuvieron puntuaciones más bajas de Empatía (M=19.11) y Evaluación de Resultados (M=20.81), frente a quienes poseían un nivel mayor de estudios (E-M=22.72 , ER-M=24.6).

Discusión

Se registran pocas investigaciones con metodología cuantitativa que hayan abordado las variables del presente estudio en la población víctima del CAC. Como se expresó anteriormente, esto obedece a que el enfoque predominante apunta a dimensionar el impacto de los eventos traumáticos en la salud mental de los sobrevivientes. Por esto, los resultados de esta investigación deben ser analizados cuidadosamente y confrontados con los hallazgos de futuros estudios.

El nivel educativo fue la variable con el mayor número de correlaciones significativas. Dicho resultado es acorde a los planteamientos que resaltan el papel de la educación en la transformación de sociedades y realidades humanas (^{Aristizábal et ál., 2012}; ^{Cerdas-Agüero, 2013}). El menor número de hijos a mayor nivel educativo y a menor edad son dos caras de un fenómeno presente, de acuerdo con ^{Medina-Hernández (2012)}, en gran parte del territorio nacional, abarcando la región Caribe y obedeciendo a transformaciones demográficas en curso, de modo que las víctimas del conflicto armado no serían ajenas a las mismas en tanto cuenten con acceso a la educación formal. Asimismo, la relación inversa entre la edad y el nivel educativo puede deberse a que las generaciones más jóvenes tienen acceso a mejores condiciones de educación en un contexto de mayores pero no suficientes garantías (^{Said, Valencia, Turbay y Justo, 2014}) o a que los procesos migratorios desencadenados por la violencia les han aproximado a los hábitos y oportunidades de estudio de los centros urbanos luego de abandonar las zonas rurales. Además, mejores condiciones materiales de vida, traducidas en un mayor estrato socioeconómico, se acompañarían de mayores niveles educativos en una relación bidireccional donde la satisfacción de necesidades básicas facilita el acceso a la educación formal y esta última amplia las posibilidades de generar ingresos para el sostenimiento familiar. Estos resultados contribuyen a una perspectiva más amplia del problema en comparación con estudios que no asocian variables sociodemográficas (por ejemplo, ^{Sandoval, Botón y Botero, 2010}; ^{Viloria-Marulanda, 2014}), aunque la principal limitante en este caso es el bajo tamaño muestral.

Por otro lado, el nivel de estudios correlacionó directamente con la empatía, el control emocional, la evaluación de resultados y la habilidad para la solución de conflictos, encontrándose la empatía y la evaluación de resultados significativamente más altas en quienes eran bachilleres o alcanzaron la educación superior. Tal hallazgo sugiere entonces, que la medición global del constructo y algunas dimensiones puntuales son las más estrechamente ligadas al nivel educativo de la población víctima. Esto es anticipado teóricamente por autores como ^{Arboleda et ál. (2017)}, ^{Caprara, Gerbino, Luengo-Kanacri y Vecchio (2014)} y ^{Maza-Bustamante y García-Urieta (2015)}, quienes exponen el papel central de la educación en la generación de una cultura de paz donde los individuos sepan regular sus emociones, analizar situaciones e implementar alternativas pacíficas para la resolución de conflictos. Aunque dicha perspectiva refiere a un programa de educación diferente al tradicional, existe consenso sobre el impacto positivo de la educación estándar en las competencias de los individuos para convivir con otros (^{Araya, 2016}). Sin embargo, se puede hipotetizar que los promedios de las mediciones aludidas fueron bajos (niveles III y IV) ya que probablemente los participantes no se habían involucrado antes de acciones educativas para la paz.

Otras variables sociodemográficas correlacionaron con algunas dimensiones del ESOC y el ISCA. Mayores niveles de adaptabilidades se acompañaron de mayor número de hijos. La capacidad individual de adaptación podría ser determinante en la generación de una descendencia numerosa, o bien, las labores de crianza fortalecerían dicha capacidad. Esta última hipótesis explicaría también la relación inversa obtenida entre el número de hijos y la frecuencia de los comportamientos agresivos, teniendo en cuenta que las relaciones con miembros de la familia y la economía familiar son motivo habitual de tales comportamientos, como observaron ^{Juárez y Montejo (2008)}; en el presente estudio la economía familiar fue la situación que más a menudo los motivó (25.5 %) y el promedio de hijos fue 3. Empero, no es posible establecer relaciones de causalidad con sustento estadístico.

La tolerancia fue la única habilidad del ESOC que correlacionó (inversamente) con las mediciones del ISCA, de modo que los niveles más altos de la primera se acompañan de menor frecuencia en comportamientos agresivos y en situaciones que los ocasionan. En los parámetros del ESOC, la tolerancia es definida como “(…) la capacidad (…) de resistir a las circunstancias adversas y a las situaciones llenas de tensión sin demoronarse[sic], enfrentando activa y positivamente la tensión” (^{Vera-La Torre, 2006, p. 585}). El concepto enfatiza la eficacia en el manejo del estrés, cualidad que el sujeto debe inferir de sus respuestas conductuales habituales. De acuerdo con ^{Juárez y Montejo (2008)}, la violencia y la agresión, principalmente aquella de carácter no premeditado, emergen a menudo como respuestas poco adaptativas cuando las demandas del contexto exceden las capacidades de gestión del individuo.

Estudios previos han encontrado que en sobrevivientes del conflicto armado las conductas agresivas están asociadas al padecimiento de ansiedad-depresión y al consumo de alcohol (^{Hewitt et ál., 2016}) y que puede adquirir el sentido de un cambio de la posición pasiva a la activa con respecto a la violencia (^{Aristizábal et ál., 2012}) en un contexto que la ha normalizado y se ha desensibilizado frente a ella (^{Galán-Jiménez, 2018}). Así pues, los coeficientes Rho de Spearman corroboran que la externalización de agresividad tanto en determinadas situaciones como mediante conductas puntuales varía en una proporción inversa a lo que puede ser entendido como la capacidad de afrontamiento positivo. La teoría sugiere, por lo tanto, una causalidad específica mientras la evidencia recabada destaca la tolerancia como un factor más estrechamente ligado a la agresividad en comparación con otros como la empatía, la adaptabilidad y la competencia comunicativa.

Simultáneamente, la vida en pareja (casados o en unión libre) se mostró asociada a mayores niveles de agresividad, en general, y mayor número de situaciones que desencadenan comportamientos agresivos, hallazgo cuya explicación podría encontrarse en las situaciones de conflicto que acompañan las relaciones de pareja en experiencias como el desplazamiento forzado (^{Sierra-Puentes y Correa-Chica, 2019}), considerando además que, conforme sostienen ^{Garavito et ál. (2018)}, la problemática generalizada de la violencia intrafamiliar está ligada al conflicto armado interno como expresiones de un fenómeno global.

Conclusiones

Los niveles de agresividad y habilidades para la solución de conflictos en los sobrevivientes del conflicto armado colombiano del Magdalena demuestran que esta población, generalmente estigmatizada por sus experiencias victimizantes del pasado (^{García-Acuña, 2012}), tiene que ser involucrada activamente en los procesos de construcción de paz, donde todos los habitantes del territorio deben consolidar nuevas formas de interacción pacífica y manejo de sus diferencias, bajo el presupuesto de un impacto masivo y profundo de la guerra en el tejido social. A este respecto, es pertinente priorizar la comprensión y el fortalecimiento de la tolerancia, entendida como capacidad de afrontamiento positivo de las tensiones, dada su relación con menores niveles de agresividad. Eso implica someter a revisión los programas de intervención psicológica clínica o psicosocial, como el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), para afianzar sus fortalezas, superar sus puntos débiles y mantener activo el vínculo entre la academia y las necesidades sociales.

Factores sociodemográficos como la edad se asocian a variables que atañen a condiciones de vida, habilidades para la solución de conflicto y agresividad en la población estudiada. Tales resultados aportan elementos para conocer mejor a las víctimas o “sobrevivientes” del departamento del Magdalena, pero es imperativo realizar investigaciones que los complementen, comprueben o refuten con la perspectiva de responder profesionalmente a los desafíos de su atención y reparación integral en el marco del posacuerdo-posconflicto. Particularmente, las múltiples relaciones del nivel educativo con otras variables reafirman que la educación es clave para la transformación social.

Más aún, los aportes de este estudio deben ser analizados con prudencia para no contribuir a la estigmatización sino enriquecer los puntos de vista con los cuales profesionales de diversos campos se aproximan a sujetos de derechos que no pueden ser reducidos a cifras ni encerrados en categorías diagnósticas