http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2016v12n2.24225

Sujeto político, democracia y pueblo: Argentina y Bolivia frente al nuevo siglo^*

Political subject, democracy and people: Argentina and Bolivia facing a new century

Sujeito político, a democracia e as pessoas: Argentina e Bolívia contra o novo século

María Antonia Muñoz^**

^* Artículo de reflexión sobre la investigación realizada en el marco de mi actividad laboral - investigativa en CONICET - Argentina "Los postneoliberalismos latinoamercanos. Vínculos políticos entre gobiernos, sindicatos y empresarios en Argentina y Bolivia". La investigación se propuso reflexionar sobre los diferentes modos de vnculación política que se han establecido entre organizaciones corporativas y gobiernos durante diferentes momentos de la histora Argentina, centrándose en los gobiernos posteriores al 2004. No obstante se incorporaron al análisis las organizaciones populares para entender las lógicas de vnculación que exceden la dimensión de tratamiento de intereses y demandas de carácter corporativo.
^** Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de México, Maestra en Ciencias Sociales y Políticas por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales - México, Investigadora del área de Estudios Políticos Latinoamericanos - FAHCE - UNLP Investigadora Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de La Plata - La Plata - Argentina mariaantoniamunoz@gmail.com.

Este es un artículo Open Access bajo la licencia BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Cómo citar este artículo: MUÑOZ, María Antonia. Sujeto político, democracia y pueblo: Argentina y Bolivia frente al nuevo siglo. En: Entramado. Julio - Diciembre, 2016. vol. 12, no. 2, p. 96-110, http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2016v12n2.24225.

Recibido: 11/10/2015 Aceptado: 10/12/2015

Resumen

El retorno del sujeto político en América Latina durante los primeros años del siglo XXI ha sido acompañado por la rearticulación de lo popular con lo democrático. Mientras el imperio de la democracia liberal en la tercera ola de las democracias suponía el protagonismo de figuras individuales (como el votante y el ciudadano), esta cuarta se sostuvo también sobre otras lógicas colectivas (el derecho y la soberanía popular). En Argentina y Bolivia, los movimientos asociados a demandas laborales y acceso a recursos básicos (como alimentos, subsidios, agua y gas) lograron dislocar la escena pública. Además, tuvieron éxito en plantear un litigio en torno al rol de la soberanía popular cobrando identidad frente a un enemigo común. No obstante, mientras en un caso tuvieron capacidad de establecer un programa común en contra de un enemigo, en otro caso no pudieron hacerlo. Las estrategias de los sujetos políticos fueron diferentes. Para mostrar estas diferentes se recuperan, de manera crítica, autores ligados al posestructuralismo como Laclau, Ranciére y Zizek.

Palabras clave: Sujetos políticos, democracia, soberanía popular lógica del derecho, pueblo.

Abstract

The return of the political subject in Latin America in the beginning of the XXI century has been articulated with the popular and the democratic. While the liberal democracy on the third wave of democracies the principal roll was for two figures - the voter and citizenship -, this forth was laid in other collectives logics - the logic of right and popular sovereignty. - The Bolivian and Argentinian movements bring on the public scene demands related with the workers and access to resources as food, subsidies, water and gas. These claims were successful on dislocate the community and also to bring the problem of "popular sovereignty". These movements established their political identities as they named a public enemy. Despite of these similarities, they were different political subjects because theirs strategies and ways to found litigation. In order to show these differences, the paper will debate with poststructuralist authors as Laclau, Ranciere and Zizek.

Keywords: Political subjects, democracy, popular sovereignty, the right logic, people.

Resumo

O retorno do sujeito político na América Latina durante os primeiros anos deste século tem sido acompanhado pela rearticulação do popular com o democrático. Embora a regra da democracia liberal na terceira onda de democracia assumiu o papel de figuras individuais (como eleitores e cidadãos), o quarto também foi realizada em outra (lei e soberania popular) lógica coletiva. Na Argentina e na Bolívia, os movimentos associados com as demandas de trabalho e acesso aos recursos básicos (tais como subsídios alimentares, água e gás) conseguiu deslocar na arena pública. Além disso, eles conseguiram levantar uma disputa sobre o papel da soberania popular, cobrando identidade contra um inimigo comum. No entanto, enquanto em um caso foram capazes de estabelecer um programa comum contra um inimigo, caso contrário, eles não podiam. As estratégias de sujeitos políticos eram diferentes. Para mostrar esses diferentes recuperar, de forma crítica, os autores ligados ao pósestruturalismo como Laclau, Rancière, e Zizek.

Palavras-chave Sujeitos políticos, a democracia, a soberania popular, a lógica direita, pessoas.

Introducción

El principio del siglo XXI se sorprendió de encontrar a una América Latina renovada. Mientras el mundo vivía una fuerte hegemonía del neoliberalismo, la formación de alianzas entre gobiernos como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, entre otros, mostraba un cambio de época importante. El Estado se volvía agente de desarrollo y garante de la inclusión social. El pueblo y la ciudadanía se reivindicaron como sujeto soberano y los cambios de gobierno fueron respetando los requisitos institucionales democráticos. La novedad es que a pesar de las hondas crisis políticas y sociales (con un alto contenido violento), las transformaciones fueron profundas pero con colectivos fuertemente comprometidos con la democracia.

Haciendo un recuento dos décadas atrás, la transición democrática que vivió América Latina durante los ochenta y los noventa fue singular. Los partidos políticos no tuvieron una oferta electoral amplia y asumieron el desafío de mantener parámetros democráticos con reformas pro-mercado como horizonte de organización de la comunidad. La concentración del poder en el poder ejecutivo, propio de los presidencialismos latinoamericanos (en algunos casos llamados "neopopulistas" como los casos de Carlos Menem, Alberto Fujimori y Collor de Melo), dio paso a nuevas formas de democracias delegativas donde el valor de la participación ciudadana se redujo al momento del voto (Lanzaro, 2001; O'Donnell, 2001). Las crisis de representación fueron en aumento debido a la puesta en cuestión del rol de los partidos políticos y la "clase política" (Pérez Liñán, 2008). A la vez, la desocupación y la pobreza ponían en evidencia las contradicciones entre el principio de igualdad y libertad democráticas y los procesos de exclusión de los mercados.

Las sucesivas crisis económicas (la de la deuda externa a principios de los ochenta, el tequilazo a mediados de los noventa) pusieron principio y fin al mito del equilibro de los mercados sin intervención política. Las tensiones entre la democracia como método y como promesa se volvieron cada vez más insostenibles. Las protestas sociales en contra del neoliberalismo y la clase política se hicieron motivo de la renuncia de presidentes y la apertura de nuevos procesos en Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, entre otros (Natanson, 2008).

A principio del siglo XXI, muchos países evidenciaron un cambio en los estilos de los partidos en el poder (el llamado "giro a la izquierda") pero no de las formas en que los cargos son electos. Discursos asociados a la necesidad de garantizar la inclusión social, vía intervención del Estado, parecieron acortar la brecha entre la democracia como método de selección de los representantes de los cargos públicos claves en la estructura estatal y como promesa de bienestar, de igualdad y libertad, de universalidad. Si el principio de la legitimación democrática había residido en el ciudadano durante las transiciones, la soberanía popular -una dimensión colectiva- se sumó durante este nuevo período para justificar la toma de decisiones del Estado.

Ahora bien, ni la democracia ni la economía tienen un significado último y cerrado, aunque ambos tengan un contenido mínimo, sedimentado. El primero se presenta como una forma de acceso a los cargos públicos y el segundo implica una forma de distribución de los recursos limitados a una población. No obstante, en el espacio de disputa sobre su conformación concreta se le agregan principios como la igualdad y la libertad, propias del "espíritu occidental" (que ha sido motivo incluso de la disputa entre el mundo socialista y el mundo capitalista durante la guerra fría). En el caso de América Latina, la democracia y la economía han estado sujetas a interpretaciones múltiples, donde se les han anexado sentidos como la necesidad de garantizar la Justicia Social, el Buen Vivir y la Dignidad de los pueblos. Esta articulación ha sido producto de luchas históricas que se han dado en colectivos con capacidad de instalar en la agenda pública demandas novedosas, creando un "consenso crítico" y restando, muchas veces, obediencia al poder instituido.

Desde los procesos de independencia, pasando por la formación de los Estados Nación, hasta este nuevo período que se abre con la doble transición, el pueblo ha sido siempre un significante que habilitó juegos de argumentación singular para procesar las exclusiones a las comunidades políticas. El "pueblo" (a veces articulado a la democracia, otras no tanto) emergió como un exceso incontenible dentro de las coordenadas que organizaban la vida política frente a los que se presentaban como los verdaderos propietarios del poder de decisión vinculante.

En los albores del siglo XXI muchas organizaciones sociales comenzaron a hacer uso de esta lógica, no contra la democracia sino contra la clase política y el neoliberalismo. Argentina y Bolivia fueron países donde las crisis económica y política interrumpieron la continuidad de los presidentes electos y fueron la antesala del "giro a la izquierda" de los gobiernos. El artículo se centrara en el análisis de los sujetos políticos durante ese período.

Si se observa el período que va de 2000 al 2005 en Bolivia, y del 1997 a 2002 en Argentina se puede concluir que existieron dos ciclos de protesta (Turrión y Espasandín López, 2007; Carrera y Cotarelo, 2001; Schuster et al., 2006)¹. En ambos se puede considerar que se generaron procesos de la identificación de daños/exclusión, des-clasificación y cuenta de aquellos quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes y la creación de la lógica de la "demanda/deseo/derechos". Pero solo en el caso de Bolivia la conformación de un "sujeto contra hegemónico" fue posible hacia fines del 2005.

En el presente artículo se desarrollaran: a. los procesos que dan las primeras pistas de cómo se fueron estructurando las posiciones antagónicas; b. la caracterización de la conformación de los colectivos como diferenciales a partir de los efectos destituyentes-instituyentes que provocaron; c. algunas distinciones y aportes de las categorías de lo democrático, lo popular y lo hegemónico en los sujetos políticos a partir de discutir a autores que han desarrollado estos conceptos. Los principales serán Ernesto Laclau (2000; 2005), Alberto Melucci (1994), Jacques Ranciére (1996; 2011), y Slavoj Zizek (2000).

1. De las demandas contra el neoliberalismo a la constitución de los sujetos

Bolivia está viviendo los momentos de mayor intensidad de la lucha sociopolítica que hayamos visto. A este escenario de lucha generalizada y ampliada por la reconfiguración del poder económico, del poder político y del poder cultural; a este escenario tan conflictivo se lo puede caracterizar como una época de crisis estatal general. (Alvaro García Li-nera, 2005)

Sería muy difícil hacer un análisis sobre la protesta y la movilización social, así como sobre trabajo comunitario y cambio social institucional en la Argentina desde los noventa, sin mencionar a los piqueteros. (Dinerstein, Ana Cecilia, Contartese, Daniel y Dele-dicque, Melina 2010, p. 13)

Un primer problema que sirve para analizar la formación de sujetos políticos es que estos no son directamente observables. Aquí se empieza por lo más obvio, mostrar cómo en Bolivia y en Argentina se generaron diferentes sujetos políticos a partir de las protestas, demandas y prácticas que designaron un enemigo común.

En Bolivia, desde el Decreto -Ley 21060 en 1985, los gobiernos comenzaron a producir una serie de políticas de cuño neoliberal. Además, se realizó un pacto de gobernabilidad entre los partidos Movimiento Nacional Reformista (MNR) y Acción Democrática (AD) donde se respetaría el bipartidismo (que les garantizaría el éxito electoral) y una agenda de gestión compartida respetando el Decreto Ley. Durante ese período hubo una serie de protestas (disparándose en número pero no en éxito) dirigidas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) que culminó a principios de los noventa. Pero además, otros sindicatos empezaron a tener protagonismo. La erradicación de la coca como cultivo fue implementada de manera sistemática desde 1985, por recomendación de la DEA, FMI, BID, ONU, etc. A aquellos trabajadores campesinos que se quedaban sin ese medio de subsistencia no se les daba ninguna alternativa laboral, dejándolos en el desempleo y la pobreza. Muchos migraron para las grandes ciudades (sobre todo La Paz y Cochabamba) los que luego se incorporarían a las protestas posteriores al año 2000 (Albó, 2007). Otros resistieron desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y formaron las Seis Federaciones de Productores de Coca de la Zona del Trópico de Cochabamba -Chapare, que sostendría luego la tesis del instrumento político de los pueblos, la participación de los líderes sindicales de las elecciones.

Aunque ya había habido algunas privatizaciones, en 1999 el gobierno electo del ex dictador Hugo Banzer (1997-2000) aprobó la Ley 2029 que concedió la gestión del agua a empresas privadas internacionales y nacionales reunidas en "Aguas del Tunari". Esto tuvo varios efectos sobre los pobladores y organizaciones de Cochabamba. En primer lugar, el desproporcionado aumento de las tarifas con un (ya existente) mal servicio y afectando a una población en proceso de empobrecimiento cada vez mayor (Suárez, 2005).² En segundo lugar, una heterogénea cantidad de organizaciones asociadas al mundo del trabajo y campesinos temieron que se viera afectada el agua para riego, elemento vital en una economía familiar de subsistencia. Incluso en la letra de la ley, la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia.

Las primeras intervenciones públicas fueron producidas por la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) liderada por Óscar Olivera. Ésta se había formado previamente al calor de otro conflicto por el agua menos conocido, pero que sintomáticamente también se llamó la "guerra de los pozos". La organización fue importante para interpelar al gobierno y organizar las protestas pero, sobre todo, fue la plataforma de la Coordinadora para la Defensa del Agua y de la Vida, la cual agrupaba a regantes, profesionales, ecologistas, campesinos organizados, algunos sectores de la COB, redes de ciudadanos y vecinos, etc. Como organización fue estratégica para impulsar alianzas con otras como, por ejemplo, las Seis Federaciones, a la sazón conducida por el dirigente sindical Evo Morales (Kruse, 2010).

Las manifestaciones contra esta ley comenzaron a ser cada vez mayores, no solamente en número, sino en extensión geográfica y en el tipo de demandas. En El Alto y La Paz se protestaba también por el incremento de salarios y mejores condiciones laborales para los maestros. La represión del ejército fue la respuesta constante ante las movilizaciones sociales (De la Fuente, 2002).

El contexto era singular; a pesar de que el gobierno era formalmente democrático, la negociación estaba mucho menos presente como elemento de resolución del conflicto que la coerción. El accionar gubernamental había resultado en asesinatos que quedaron impunes durante las protestas. No obstante, el 17 de septiembre del 2000 la muerte de un estudiante de 17 años y una cantidad de heridos devino en un símbolo de "injusticia". Un capitán del ejército vestido de civil decidió terminar con la vida del joven ante los ojos de las cámaras que trasmitieron las imágenes a todo el país. El enfrentamiento entre manifestantes y los cuerpos coercitivos del Estado se potenció y el proceso culminó con la renuncia del presidente Banzer, la huida de los ejecutivos de la empresa multinacional Bechtel (que conformaba parte importante de Aguas del Tunari) y la firma de un acuerdo entre el gobierno y la Coordinadora. El mismo consistía en rescindir el contrato privatizador y liberar a los manifestantes detenidos. La Ley 2029, finalmente, fue derogada.³El 7 de agosto del 2001 Jorge "Tuto" Quiroga asumió la presidencia, como líder del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) por renuncia de Banzer y completó el mandato hasta agosto del 2002. Previamente, Evo Morales y Felipe Quispe, dos líderes sindicales (de origen humilde y con perfiles campesinos, aymaras y quechuas) habían accedido al poder legislativo respetando los formatos de la democracia formal liberal. Los sindicatos que ellos lideraban comenzaron a provechar las oportunidades políticas como el debilitamiento de la elite en el poder y los cambios institucionales electorales y realizaron un desplazamiento de sus demandas corporativistas hacia otras más generales. A principios de los noventa crearon la estrategia del "instrumento político", participando en actos electorales de todos los niveles (municipal, departamental, legislativo). En el año 2002 el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales y el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) de Quispe participaron en las elecciones presidenciales y el primero sacó el 20.94% de los votos, mientras que el segundo el 6.09%. En esa contienda, Gonzalo Sánchez de Lozada ganó con un 22%, muy cerca de Morales. Mientras el MAS sostenía reivindicaciones de carácter étnico articuladas con lo económico y lo social, el MIP sustentaba un discurso "katarista" orientado a la autonomía de las comunidades indígenas campesinas con respecto al Estado denominado "colonial".

En este contexto, el gobierno recién electo se propuso construir un gasoducto hacia el territorio chileno para la exportación del hidrocarburo boliviano. La necesidad de ingreso de dólares a fin de equilibrar la balanza fiscal era clave para sostener la alianza con las organizaciones financieras internacionales. Esto tuvo como respuesta manifestaciones en contra de carácter nacionalista (en parte debido al histórico conflicto y reclamo de "salida al mar" de Bolivia hacia Chile). Las protestas aumentaron con el aumento de los impuestos y las intenciones privatizadores del gobierno para responder a las exigencias del FMI que condicionaba créditos futuros y renegociaciones de la deuda externa. En el año 2003, a la Ley de Hidrocarburos presentada por el ejecutivo se le enfrentó la demanda de "Nacionalización" de los mismos. Esta pudo ser instalada en el debate nacional por múltiples actores: sindicatos, los partidos de oposición, comunidades de los pueblos originarios, juntas vecinales, etc. Las reivindicaciones eran de carácter reactivo (en contra de), particulares (i.e. aumento de salarios, autonomía territorial) pero en el contexto de discursos que señalaban los daños provocados por el Estado colonial y neoliberal. Además, las protestas "en las calles" se combinaban con interpelaciones desde adentro del sistema político por parte del MAS y del MIP. En otras palabras, se combinaban múltiples formas de expresiones democráticas; asambleas, desobediencia civil, pliegos y debates en el Congreso y en el espacio público, etc.

El gobierno de Sánchez de Lozada implementó el mismo tipo de recursos para la gobernabilidad que los previos; el uso de la represión y la judicialización de la protesta. El "Plan República" sofisticó la estrategia coercitiva si se la compara con la "Ley marcial" que se realizó en el año 2000. Frente a determinadas protestas se declaró la "alerta roja" y en septiembre se comenzó a militarizar varias zonas tales como Warisata, Sorata, El Alto y La Paz. Pocos días después, los pobladores de las zonas se levantaron con sus precarias armas a defender el territorio. En octubre, el masivo "Paro Cívico" en El Alto, impulsado desde la Federación de las Juntas Vecinales - FEJUVE, también fue correspondido con la movilización de las fuerzas coercitivas del Estado.

"El gas para los bolivianos" fue la consigna más común frente a la Ley de Hidrocarburos que se interpretaba por las múltiples organizaciones como un saqueo más a los recursos naturales de la nación y como una recuperación del ejercicio de la soberanía de los pueblos. Una fracción de la elite empresarial (sobre todo la ubicada en lo que luego se dio a llamar la Media Luna), los aliados políticos del gobierno, incluso el vicepresidente, fueron quitándole apoyo al gobierno. Durante ese mes se creó lo que se dio en llamar la "Agenda de Octubre" que implicó un pliego de demandas que apuntaban al corazón del Estado y de la concepción de "Nación". El pliego sostenía la modificación de la ley para la transformación del gas en suelo boliviano (es decir, generar valor agregado nacional), un referéndum sobre el modelo de explotación del gas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La renuncia del presidente Sánchez Losada se provocó en el contexto de una alta represión estatal y una constante movilización popular anti neoliberal y contra los partidos tradicionales. Los presidentes que sucedieron a Sánchez Lozada (3) cambiaron sus tácticas de "represoras" a "negociadoras" con las organizaciones que elevaban las demandas de la Agenda de Octubre. No obstante, ninguno logró un consenso ni legitimidad entre aquellas (Cabezas, 2007).

El proceso destituyente boliviano contuvo a organizaciones sociales y políticas con cierta unidad estratégica lo que culminó con participación en el sistema político bajo reglas de la democracia liberal. Finalmente, Evo Morales ganó las elecciones en el 2005 y Bolivia reformó la Constitución. En el caso de los piqueteros, las organizaciones no lograron construir una alternativa política electoral exitosa.

Veamos el proceso por el que atravesaron los argentinos. A mediados de la década de los noventa, en las provincias de Argentina, comenzaron a registrarse cortes de ruta contra las políticas neoliberales. En Argentina, durante 1997 hubo 104 cortes de ruta, en 1998 uno por semana, en el 2000 hubo al menos un corte diario, y en el 2001 el promedio ascendió a cinco cortes por día.⁴ Este número de protestas estaba relacionado con la desocupación y en principio era impulsado por sindicatos y ciudadanía no organizado para luego ser coordinada por asociaciones denominadas "piqueteros". Ahora bien, en el año 1999, estas protestas se disparan con una progresión sostenida, hasta alcanzar en el año 2002 el 24 % del total de las protestas Más allá del predominio de las demandas por asistencia directa (48%) los piqueteros participaron de demandas típicamente sindicales en un 8% mientras que los sindicatos lo hicieron en un 1% en las típicas demandas piqueteras. Si se sigue explorando el tipo de demandas sostenidas por las organizaciones piqueteras, también se hallará una importante participación de los piqueteros en el cuestionamiento a la legitimidad del régimen social de acumulación y del régimen político de gobierno (25%) (Schuster et al., 2006).

La dimensión litigiosa de estas protestas fue correspondida con una fuerte represión policial y la persistencia de los manifestantes marcó al escenario político. Fueron las primeras escenas de denuncia a las consecuencias sociales negativas de la orientación económica tomada por el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1995/1995-1999). Durante esas protestas se inauguraba la figura del "piquete" como repertorio más común.

Aunque, por aquel entonces todavía no existía un movimiento "piquetero", estas fechas constituyeron el "mito de origen".⁵ Entre 1996 y 1997 diversas organizaciones de raigambres sindicales y/o dirigidas por partidos de izquierda comenzaron a re-significar la ruta como espacio público físico para presentar sus demandas, en tanto otros accesos institucionales eran ineficaces. Lo diferencial de estas protestas con las huelgas o los paros sindicales era que se cortaba la vía de circulación (no de producción) de las mercancías. Similar a los bloqueos en Bolivia. Más hacia fines de los noventa se creó un frente de "Movimientos de Trabajadores Desocupados" (MTD), de inspiración autonomista y horizontalista. Estos sostenían que la política debía hacerse a los márgenes del Estado, no constituyeron lazos con sindicatos ni partidos y se organizaron de manera asamblearia para la toma de decisiones vinculantes, y con líderes de carácter rotativo. Los MTD tuvieron su protagonismo durante las protestas en la zona sur de las cercanías de la capital federal hacia el año 2000-2002.

A pesar de que eran pequeños en número de afiliados, la presencia de los medios de comunicación en casi todos los cortes de ruta les otorgó un canal por el cual sus demandas y otros aspectos reivindicativos (como las asambleas por las cuales tomaban las decisiones) podían aparecer en la escena nacional (Zibechi, 2003).

Que las demandas fueran impulsadas ahora por organizaciones y se hicieran en la provincia de Buenos Aires, transformó los elementos del conflicto. Hasta el momento aquellas eran realizadas en pueblos del interior del país y se asociaban a la mala gestión de los gobiernos (sobre todo de las provincias) y, por tanto, eran presentadas y dominadas por el gobierno nacional como problemas administrativos. Es decir, no se cuestionaban las políticas delineadas por el centro del poder político. Las protestas realizadas luego del año 2000 representan nuevos elementos beligerantes: las asociaciones eran más y tenían más presencia pública, registraban mayores niveles de coordinación y, comenzaban a construir discursos en torno al enemigo cada vez más complejos. Los manifestantes enunciaban sus reclamos particulares (como por ejemplo, subsidios, planes de trabajo, pago de salarios atrasados, etc.) pero también denunciaban el crecimiento de la pobreza y la desocupación como problema nacional. A diferencia de otras organizaciones que también realizaban actos públicos contenciosos (sindicatos, partidos políticos, empresarios y otras agrupaciones civiles), las piqueteras ganaban legitimidad y eficacia como plataforma de denuncia a los gobiernos. Las demandas tenían otra naturaleza, al saltar de un plano individual y corporativo a otro de carácter más universal ("trabajo digno y cambio social").

Además, la percepción de que los cortes de ruta rodeaban la capital federal, contribuyó a que los medios de comunicación, la Iglesia católica, los partidos políticos y los sindicatos de oposición, entre otros, interpretaran las demandas como desbordes de la capacidad del gobierno nacional y asuntos ineludibles de la agenda política. Para 1999, el desempleo y la pobreza todavía no eran descriptos por los principales partidos políticos como exclusiones permanentes y daños irreparables del orden neoliberal, sino como una cuestión de la administración pública (Delamata, 2002). Para el año 2002 esto era indiscutible.

Aprovechando la crisis económica y la debilidad del gobierno, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación Tierra y Vivienda (FTV) formaron una alianza de tipo táctica (más por razones de cálculo estratégico que por afinidad ideológica). Aun manteniendo diferencias programáticas ("revolución" o "reforma") generaron acciones de carácter masivo en el conurbano bonaerense en contra de la desocupación, de la pobreza y de las políticas sociales y económicas del gobierno. El 28 de junio del año 2000, en la ruta 3 (provincia de Buenos Aires) hubo un corte en contra de la reducción de los gastos públicos como forma de controlar el déficit. Además de esta demanda orientada a aumentar la función del Estado, se protestaba también en contra del modelo neoliberal. En este contexto, el gobierno prometió otorgar subsidios para solventar la situación de los manifestantes, pero durante los meses de octubre y noviembre, se realizó otro corte en protesta por el incumplimiento de los acuerdos. En diciembre del año 2000, el Ministerio del Interior comenzaba a generar informes sobre "los piqueteros". Los medios de comunicación empezaban a filtrar sus declaraciones y expresar la incertidumbre que generaba este actor en el espacio público; "ya no se trata de movilizaciones espontáneas de desocupados, sino de grupos políticos que quieren arrastrarlos".⁶

Se puede observar en ambos casos cómo el neoliberalismo se sustentó en un supuesto político: la comunidad debía organizarse a través del Estado Mínimo y la Democracia bajo el formato procedimental - legal. Esto provocó que el "postestas" (el ejercicio delegado e institucionalizado del poder) se atara más a la soberanía estatal que a la popular (Dussel, 2006). La soberanía es la máxima concentración de fuerzas en una sociedad. Según el caso, el sujeto soberano es aquel que tiene la capacidad de definir el "estado de excepción", es decir, ir más allá de las atribuciones legales para hacerlas extra - legales, ir más allá de la ley con legitimidad, para finalmente imponer una nueva ley ("potentia"). Por ello, en América Latina, como señala Calveiro (2008), frente a las formas de protesta de ocupación pública se enarboló de inmediato la defensa del Estado de Derecho, constantemente trasgrediendo el Estado mismo. Es decir, haciendo al Estado el sujeto soberano y sustrayéndolo del poder popular. Estos son los riesgos de sostener al Estado y las Instituciones dadas como únicos garantes de la ley. El resultado de ello fue el aumento de la fetichización del poder. Ahora bien, el relato previo da cuenta de procesos destituyentes de la soberanía estatal a partir de evocar de diferentes formas la soberanía popular. No obstante, como analizaremos en detalle a continuación los sujetos en cuestión tienen sus similitudes y sus notorias diferencias.

2. Discusión; estructura, sujeto político y pueblo

El verdadero nudo que tenemos que ser capaces de desatar es la demanda de la Asamblea Constituyente. La demanda es la de llevar el referéndum vinculante.⁷

De esa Agenda de Octubre los tres puntos fundamentales los hemos cumplido, no venta de gas por Chile, recuperación de los recursos naturales, hemos nacionalizado y hoy tenemos estabilidad económica, gracias a ese proceso de nacionalización de los recursos naturales y la tercera la Asamblea Constituyente. ⁸

Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura y más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona".⁹

Permitidme una licencia narrativa. Los sindicatos cocaleros y los campesinos propusieron la tesis del "instrumento político" a principio de 1990, desbordando su función corporativa; las luchas no solamente debían localizarse desde la sociedad civil sino también dentro del sistema político, con las reglas que éste imponía. En 1995, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), de reciente creación, participó efectivamente en las elecciones. En 1997 se presentó la coalición Izquierda Unida donde Evo Morales consiguió un escaño. Este luego se fundaría en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), para en el 2006 ganar las elecciones presidenciales con el Movimiento al Socialismo (MAS). Desde los ochenta, la demanda de Asamblea Constituyente era sostenida por varias organizaciones, desde los noventa las luchas contra las privatizaciones y otras políticas de carácter neoliberal también eran visibilizadas en el espacio público boliviano.¹⁰

En el caso de Argentina, desde 1993 en Santiago del Estero se produjo una gran movilización contra el gobierno de la provincia, con quema de gomas y cortes de ruta, luego hubo levantamientos en diferentes partes de país con el mismo repertorio de acción y por la defensa del trabajo (puebladas) para finalmente llegar a la crisis del 2001 y 2002 donde el "trabajo digno y el cambio social" terminó siendo resignificado como bandera del gobierno de Néstor Kirchner (2003 - 2006).

Un elemento que tienen en común estos procesos es que tuvieron un éxito importante en instalar las demandas en el espacio público, para luego ser tramitadas en forma de políticas estatales. En Bolivia y en Argentina el debilitamiento del consenso acerca de las políticas neoliberales y su abandono se fue dando previamente al giro producido por los gobiernos de Evo Morales y Néstor Kirchner.

Así narrado parece evolutivo y natural a la acumulación política. No obstante, como señala Melucci (1994), la identidad es un proceso complejo y contingente a través del cual los | "actores" producen estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente, calcular costes y adoptar compromiso emotivo.¹¹ Estos se vinculan en la producción de algo nuevo; una estructura discursiva que genera nuevos sentidos centrales para la constitución de la acción colectiva. Así, coinciden los autores citados que las identidades no están determinadas por la estructura social (cuanto mucho podría usarse la palabra "condicionadas"). Estas surgen designando la distancia entre las "posiciones sociales" estructuradas y los imaginarios que los colectivos proyectan. "El enemigo" es un elemento también clave para explicar la regularidad en la dispersión de un sujeto político. En los casos de Bolivia y Argentina las políticas neoliberales tuvieron un gran efecto "destitutivo" o "dislocador" en las identidades individuales (pérdida del trabajo, migraciones, empobrecimiento, etc.). No obstante, los procesos de anclajes en nuevas referencias simbólicas fueron en algunos casos individuales y en otros colectivos. Algunos transformaron sus vías de subsistencia por sí mismos y/o se culparon de la pérdida del lazo social, otros en cambio, crearon sindicatos, reforzaron sus lazos a las comunidades aymaras o quechuas y/o produjeron nuevas organizaciones políticas. Las diferencias demuestran que no hay necesidad entre los procesos de daño social y la creación de una acción política que intente procesarlos. Por ejemplo; en el caso de Bolivia, la cuestión colonial fue crucial, aunque en Argentina no. ¿Cuáles son las variables que permiten explicar la diferencia si ambos países fueron territorio de la corona de España? ¿Por qué no se culpó al capitalismo, en general, y sí a su forma neoliberal? La disponibilidad de los discursos y la credibilidad de los mismos que hace a la memoria de las organizaciones, la efectividad para hegemonizar y organizar un cierto espacio político, las interpelaciones y las condiciones de interpelación, son un conjunto de dimensiones a tener en cuenta. Pero todo esto permite coincidir con Laclau (2000):

No es la objetividad social, la relación de producción, por ejemplo, la que explica el antagonismo, sino la relación entre una objetividad social y otra objetividad social exterior a ella. El antagonismo realmente está representando los límites de la objetividad social, y sin embargo, no se cierra en, ni expresa a una subjetividad social como tal.¹² Los antagonismos presuponen la total exterioridad entre la fuerza antagónica y la fuerza antagonizada; si no hubiera relación de total exterioridad entre las dos, habría algo en la objetividad social que explicaría el antagonismo como tal, y en este caso, el antagonismo podría ser reducido a una relación objetiva.¹³

Es útil Ranciére (1996) para explicar qué tipo de relación se establece entre partes:

por desacuerdo se entenderá un tipo determinado de situación de habla: aquella en la que uno de los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. Es el que existe entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo y no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura. (1996, p. 8)

Así, en primer término diremos que las identidades de estos sujetos no son sociales sino políticas (aun cuando se dirijan desde la sociedad civil al sistema político, como en el caso de piqueteros) en tanto en su propia constitución ponen en cuestión relaciones sociales sedimentadas. Además, aunque no atenderemos en particular conceptos propuestos por Tarrow (1997), las redes de reclutamiento, los profesionales en la contienda, las oportunidades políticas, estos dan cuenta de la dimensión del poder presente en la misma formación de los colectivos, lo que supone una perspectiva relacional. Dicho en otras palabras, hay que destacar el contingente que supone el enfrentamiento de las estrategias de los antagonistas (Foucault, 1988). Los contendientes fueron cambiando según la relación con los otros (antagonistas y aliados). Por ejemplo, las reformas electorales abrieron paso a la posibilidad de la representación política de los pueblos originarios, es decir, a la participación de los canales y conflictos "insitucionalizados", pero también se radicalizaron las posiciones en tanto "descalificación-desconocimiento" de los antagonistas, como por ejemplo el mayor uso de la violencia física.¹⁴

Esta absoluta relación de exterioridad de los antagonistas fue impulsada por una de las partes a través de la lógica de lo popular. El "pueblo" no es propio de las teorías políticas liberales como sede de la legitimidad de la ley, en tanto es considerado como un concepto ambiguo que termina derivando fatalmente en autoritarismos y gobiernos demagógicos (Sartori, 203). No obstante, existe en los procesos históricos de acción colectiva en América Latina una tenaz persistencia a sostenerlo como el sujeto político por excelencia.

En el caso de Bolivia y Argentina su uso es disímil, aunque siempre asociado con las mayorías, pobres y explotadas, verdaderas detentoras de la legitimidad política. Hay que aclarar que en el caso de Bolivia, algunos autores sostienen que la existencia de muchas naciones indígenas que funcionan como comunidades políticas hace difícil creer en la existencia de un proceso de unidad.¹⁵ Pero si pensamos en la identidad del sujeto político, no como sustancial u homogénea, sino como un conjunto de prácticas heterológicas, entonces, la categoría pueblo adquiere otros sentidos. Para Ranciere, pueblo es el nombre de un sujeto político que constituye un suplemento con respecto a toda lógica del recuento de la población, de las partes y del todo. Para aquel pueblo:

[...] es un nombre genérico para el conjunto de procesos de subjetivación que buscan el efecto igualitario provocando un litigio en torno a las formas de visibilidad de lo común y a las identidades, las pertenencias, los repartos, [.] tales forman definen procesos que pueden poner en escena todo tipo de nombres singulares, consistentes o inconsistentes, serios o paródicos. (2011, p. 150)

Este nombre introduce la ambigüedad a la política, al señalar la masa indiferenciada de aquellos que no tienen ni riqueza, ni virtud, es decir, ninguna descripción precisa sociológica. El pueblo es parte de la comunidad puesto que se le reconoce la igualdad/libertad en principio, pero es lo único común que tienen con ella. La soberanía popular habilita al conjunto de acciones que demuestran la inconsistencia de la igualdad (con azarosa efectividad), apropiándose de ese principio común (igualdad/libertad), aportando a la comunidad el litigio. Por ello, el pueblo emerge en el encuentro entre la política y la policía. La primera hace referencia a la lógica de la emancipación, es decir, un conjunto de acciones que se guían por la presunción de la existencia de la igualdad y el intento de comprobarla. La segunda o gobernabilidad son los procesos de la gobernabilidad que se distinguen por definir jerárquicamente los lugares y las funciones de las partes de la comunidad. El encuentro entre estas dos lógicas interrumpe el normal funcionamiento de la comunidad, haciendo del pueblo una plataforma de acción para la puesta en marcha de un conjunto variable de subjetivaciones. Por subjetivación se entiende la producción mediante actos de una capacidad de enunciación que no eran identificables en el campo de la experiencia dado, creando una representación novedosa del campo de experiencia. La categoría pueblo entonces es un operador específico que habilita a la formación de sujetos políticos.

Entonces, en las sociedades democráticas, en el corazón de la estructura social (que fija lugares y funciones) se encuentra el motor que posibilita su transformación, su propio enemigo. Así, en primer lugar vimos cómo se formaron sujetos políticos que pusieron en cuestión el orden "neoliberal" y "racial", culminando con la transformación del mismo. En segundo lugar, aquellas acciones colectivas mencionadas lograron re- instalar el operador pueblo, con la consiguiente, rearticulación sobre la soberanía y la lógica del derecho como constitutivo de la democracia.

Pero como se logra deducir de esta reflexión, no se trata de dos posiciones antagónicas en igualdad de condiciones en la relación de poder. Se trata de una relación antagónica donde hay una desigualdad inicial sobre la que se sostiene la esquizofrenia del sistema ("somos todos iguales", "somos todos ciudadanos", "pero no todos tienen derecho a hablar, ni peticionar" = "algunos son más iguales - más blancos, más sabios, más trabajadores - que otros"). Además, este "pueblo" no se instituye necesariamente por un liderazgo, ni por un programa de gobierno, ni por la existencia de articulaciones hegemónicas. Como Ranciére (1996), este proceso denominado "pueblo" (como categoría analítica) "aporta a la comunidad el litigio" (p22). Me tomaré la licencia (a pesar de que Ranciére pueda tener reparos en esta operación conceptual) en llamar a ese pueblo "Destituyente".

Valga como ejemplo "la guerra del agua". Es indudable que durante este período se crearon múltiples identidades/ identificaciones:

Después de muchos años, el pueblo cochabambino ha dicho BASTA, se ha levantado y ha obtenido un primer triunfo. En esta ocasión, el movimiento no ha sido dirigido ni por politiqueros, ni por partidos, ni por irresponsables: la gente humilde y trabajadora, todos nosotros hemos discutido, hemos decidido y hemos ejecutado. Esta experiencia de Asambleas constantes, de reuniones permanentes y de confianza colectiva es nuestro principal recurso para defender lo que es nuestro. En este movimiento se ha mostrado que cuando el pueblo todo se levanta no existe lugar ni para tibios ni para irresponsables. Cochabamba unida, Cochabamba victoriosa. (Coordinadora del agua, 2000, p. 1)

Esta declaración realizada, y firmada durante la guerra del agua, muestra una operación compleja;

a. reconocerse como una parte (gente humilde, trabajadora), b. en relación antagónica con otra (con los politiqueros que dañan al pueblo por irresponsables), c. a los cuáles se les quitan sus funciones específicas (discutir, decidir, ejecutar es ahora ejecutada por la "parte"), d. y frente a los cuáles la parte (gente humilde, trabajadora) se identifica con el todo de la comunidad y sus características generales (el pueblo y la libertad y la igualdad, ahora siendo ejercidas en una especie de democracia permanente y directa).

Del lado de la lógica "policial" también se operaba no sólo con la coerción. El presidente Banzer (1997-2000) colocaba a la ciudadanía en el lugar de consumidor; "si la gente no paga, se corta el servicio", una agresión explícita a los modos de autogestión y propiedad comunitaria históricos (los regantes, los ayllus). Lo mismo sucedió con Fernando De La Rúa (1999-2001), quien sostenía que los que organizaban la acción colectiva eran "subversivos", "traficantes", "agentes externos que se aprovechan de la ciudadanía". Frente a esto, se cortaban rutas, se bloqueaban carreteras, se tomaban edificios públicos, se hacían consultas denominadas populares, se decía: "somos los pueblos originarios", "somos trabajadores desocupados". Es decir, se cancelaba la idea de que lo público era propiedad de un "otro" exclusivo. Se demandaba por trabajo digno, por la gestión del agua, por "cambio social", se apelaba a ser iguales porque no lo eran. En los dos casos puedo concluir que se trataba de múltiples organizaciones y redes de ciudadanos que actuaron desde la sociedad civil orientados al sistema político. En el caso de la guerra del agua, lo que se demandaba fue procesado institucionalmente (se canceló la ley). La Coordinadora no devino en "gestora" del agua y el liderazgo de Olivera se debilitó una vez eliminada la Ley y tras la renuncia de Banzer.¹⁶ Aunque esto no implicó la eliminación de las "subjetivaciones" que estaban en juego (el reconocimiento de la propiedad del agua como parte de las comunidades de los pueblos originarios, la conquista de la vida digna para los pobladores de Cochabamba y los desplazamientos hacia otras demandas).

En el caso de los piqueteros, los cortes de ruta, los bloqueos de puentes, la sangre de los manifestantes, los palos y las caras tapadas para defenderse de las fuerzas del Estado y de la judicialización de sus prácticas colectivas, pintaron un paisaje singular. El asesinato de dos piqueteros (Kosteki y Santillán) manifestándose en el año 2002 en manos de la Policía, fue a la luz de las cámaras. Esto demostraba una completa desproporcionalidad en las relaciones de fuerza de los contendientes en el marco de un sistema democrático aun con gobiernos de signos políticos opuestos. El Estado disponiendo incluso de los cuerpos, pero ya sin consenso sobre la legitimidad de su soberanía.

Finalmente, los piqueteros fueron debilitándose (en número y protagonismo) con el cambio de gobierno en 2003 y las nuevas políticas hacia estos sectores, en muchos casos, incluyendo sus demandas desde las políticas públicas. Pero lo importante, es que estas producciones colectivas no solamente enfrentaban a la posibilidad de muerte física (y obviamente la simbólica) para defender sus demandas. Eran también altamente creativas porque producían por momentos la emergencia de un pueblo para apropiarse de las decisiones vinculantes tomadas por "el tecnócrata liberal", "el blanco". En síntesis, para destituir la lógica por la cual sólo aquellos que tienen una propiedad o característica sociológica son los únicos destinatarios de la soberanía popular.

2.1. Más allá de las demandas... la lógica del derecho

Los autores analizados se centran en la lógica de la identidad constituida a través de la lógica descrita arriba. No obstante, hasta ahora no queda muy claro el lugar conceptual de la demanda y la lógica del derecho, fundamental para entender la constitución de los sujetos políticos. En Laclau esto es más claro (2005). La demanda (D) está dividida en dos, su parte positiva (lo que se pide en concreto) y la negatividad (la demostración que el orden está fallando, es incompleto o tiene un exceso traducido en D). Es gracias a ésta última dimensión que se puede empezar a generar la solidaridad frente a un enemigo común (cadena de equivalencias). La demanda por el uso público del agua en el año 2000 en Bolivia nace de una trama previa donde ese recurso devenía en crucial para la subsistencia de gran parte de la población y una gran cantidad de organizaciones (entre ellas FEDECOR).¹⁸ Lo mismo podría decirse de la demanda de trabajo en Argentina a fines de 1998, cuando empiezan a crecer las protestas organizadas alrededor de ella, aunque ya estaba presente en los discursos de los sindicatos desde fines de los ochenta y principios de los noventa.

En los dos casos esas demandas se convirtieron en símbolos de enemistad con el gobierno, empresas e instituciones financieras internacionales. El enmarcado, en ambos casos, estuvo asociado a la dignidad, la vida y a la soberanía de los pueblos, el cual devino en una plataforma de expresión de otro conjunto de demandas. En Argentina por mejores jubilaciones, más subsidios, contra los despidos, por industrialización, por transformación de la matriz productiva, etc. En el caso de Bolivia por el uso de la tierra, por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios, por mejora en los servicios de distribución del agua, entre otros.

Quiero resaltar que los efectos políticos se transformaron hasta que "Trabajo digno y cambio social" y "Por el agua y la vida digna" se convirtieron en expresiones de ese común en la heterogeneidad,¹⁸ contra un enemigo que amenazaba existencialmente ese común. Esa función de dar unidad donde no hay homogeneidad literal es justamente lo que Laclau (2005) denomina "significante vacío". Este se entiende como la expresión de lo comunalidad, no como representación de cada una de las demandas, para poder seguir sumando "diferencias".

Ahora bien, esa demanda existe siempre contextualmente y en un conjunto de relaciones complejas. Melucci (1994) agrega algo que es fundamental, el compromiso "emotivo", la dimensión de los afectos vinculantes que son imposibles de ser reducidos a una dimensión racional o conceptual. Allí es donde se hace carne la solidaridad a pesar de las heterogeneidades. Por esto me parece útil agregar que la demanda actúa como el "deseo" (Zizek; 2000). En primer lugar, siempre está dirigida hacia algo o alguien. Lo que implica que su futuro (desarrollo, tramitación, ampliación, etcétera) está atado a la respuesta del otro. En segundo lugar, supone una forma de "subjetivación". Se pone en "palabras" o en "significados precisos" algo que no es del orden de la significación; la falta colectiva, un daño social. A la vez, supone la aspiración de algo que no existe, que no está "estructurado por la estructura". Esto es interesante porque abre la idea de que en espacios públicos donde se inscribió la lógica de la demanda/deseo, existirán más oportunidades de generar más derechos. La lógica del derecho a tener derechos está asociada profundamente con esto. La conquista de un derecho nunca va a agotar el mismo, ya sea porque no se cumple efectivamente o (y sobre todo) porque siempre hay exclusiones, restos, emergencias, que ese derecho no cubre. Aquí es crucial que esta lógica esté presente en el imaginario colectivo como "ética del deseo" (algo que el neoliberalismo no logró erradicar pero sí se basa en la intención de aniquilación del mismo).

Lo interesante de pensar la demanda como deseo es que su completa satisfacción siempre es imposible y eso permite dejar un resto del particular (persistencia de la demanda-positiva en el espacio público), generar formas de articulación diversas y quedar como un remanente para el desplazamiento hacia otras demandas. (Laclau, 2005; Biglieri y Perelló, 2012).

En la guerra del gas se instituyen las demandas de Asamblea Constituyente y de Nacionalización de Hidrocarburos. Podría decirse que si tomamos en cuenta la guerra del agua es una continuación lógica de aquellos conflictos. No obstante, solo lo son si construimos una narrativa desde la observación que desplaza sentidos una vez consumado el proceso histórico; los referéndums ejercidos, la cuestión de los recursos naturales, la continuidad de ciertos personajes en la escena.

La "guerra del agua" impuso ciertas demandas en el escenario público que abrieron las puertas al desplazamiento¹⁹. Aquí la demanda/deseo se enlaza con el proceso de la destitución subjetiva y construcción de una identificación imposible. Creo que, sobre todo en este caso, el éxito destituyente no sólo fue sobre la reversión de la privatización del agua y la parálisis de ciertos mecanismos de funcionamiento gubernamental sino que se produjo una situación de deslegitimación del demandado. En este sentido, permitió potenciar "la ética del deseo" que no se puede reducir al ciclo de protesta, a la organización, a sus líderes, a las redes de reclutamiento, a la identidad: "Nosotros (los dirigentes de la coordinadora) no creíamos que íbamos a ganar la Guerra del Agua, pero la gente si, o sea que teníamos que seguir y decirles que nosotros también creíamos."²⁰

En el caso de Argentina, el movimiento piquetero también instituyó la misma lógica. Junto con la gran crisis del 20012002 donde actuaron un conjunto de narraciones y se crearon organizaciones ("que se vayan todos, que no quede ni uno solo", "por los ahorros y contra la corrupción", las asambleas vecinales y populares, los sindicatos y hasta algunos partidos políticos nuevos pero sin inserción social). Todas estas afirmaciones de identidades se sostenían frente a la negación de otras que actuaban/gobernaban sobre una forma de padecer.

Pero los piqueteros no lograron construir un programa común, un liderazgo compartido y una articulación con otras organizaciones ni demandas. Por poner un ejemplo, en el año 2001 se intentaron hacer asambleas para llegar a acuerdos comunes entre todas las organizaciones piqueteras (las asociadas con los partidos de izquierda marxistas y troskis-tas, las que recuperaban una tradición nacional y popular marcada por el peronismo y las autonomistas). Ambas no lograron constituir una organización más amplia, ni un pliego programático que se extendiera al resto de la sociedad. En el año 2002 se divulgó la consigna: "piqueteros y cacerolas, la lucha es una sola" pero no se registran más que reuniones, asambleas y actos compartidos que no continuaron después del 2002, ni aun las demandas parecían fundirse para producir algo nuevo. Pero sí, constituyeron una subjetividad que estableció la lógica de lo popular, la lógica del derecho y demandas claves que luego serían elementos centrales de los gobiernos posteriores a la crisis del 2001 y 2002.

2.2. El pueblo y la voluntad hegemónica

Entre 2000 y 2001 en Cochabamba se vivió un interesante experimento de control social de la empresa de agua potable, SEMAPA, recuperada por la población movilizada contra la trasnacional Betchel [.] Ahora bien, durante los siguientes años la exigencia de la Asamblea Constituyente se fue generalizando en todo el país, tanto así que a partir de octubre del 2003, durante la Guerra del Gas, cuando cae el entonces presidente Sánchez de Lozada, las dos demandas principales del movimiento social boliviano, quedaron sintetizadas en reapropiación social de los hidrocarburos y asamblea constituyente (Gutiérrez y Mokrani, 2009, p. 266-267).

Lo más relevante del ciclo de protestas 2000 - 2005 en Bolivia, como en Argentina durante el período 2000- 2002, fue que pareció haberse reinstituido las condiciones de posibilidad para imprimir en la escena nacional la lógica "demanda/ deseo/derechos" que es consustancial con la soberanía popular. Los gobiernos de Morales y Kirchner sostuvieron ese fantasma incluso a través de sus alocuciones, consignas y políticas asociadas con la igualdad articulada con la libertad. El desplazamiento de las demandas desde la guerra del agua hasta la guerra del gas ejemplifica cómo la emergencia de un pueblo destituyente abrió el canal de la lógica demanda/ deseo/derechos que se extendería más allá de los conflictos acá descritos. Esto permitió deslegitimar no solamente los partidos en el poder sino el mismo funcionamiento del gobierno, poniendo en cuestión la Nación, la división misma de sociedad política/sociedad civil, remplazándola por Pueblo / Neoliberalismo-Colonialismo. Remarco la palabra "posibilidad" porque ni los piqueteros, ni las asambleas barriales o vecinales, ni "el que se vayan todos", "ni piquetes cacerolas, la lucha es una sola" (consignas que fueron emblemáticas en la Argentina durante 2002), lograron constituir un proyecto hegemónico.

De lo que podría haber sido una fugaz intervención destituyente "por el agua y la vida" se continuó con otros "significantes vacíos", dando lugar a mayores articulaciones. Finalmente, la Asamblea Constituyente no fue una demostración desde la sociedad civil de que era necesario romper con ciertos funcionamientos del y hacia el sistema político. Era modificar la relación misma entre estos dos, supuso un punto de convergencia "contra - hegemónica" que fracturó al Estado mismo para poder luego generar un proceso constituyente. La promesa de una "Asamblea" que constituyera otro "Estado de Naciones" nominaba a la unidad que permitía seguir existiendo a sus múltiples significados; replantear la territorialidad rural, la autonomía política de los pueblos, el reconocimiento identitario-étnico a través de políticas sociales y culturales, generar un pacto social que mejorara las condiciones de vida digna en las ciudades, industrializar, generar más desarrollo, más empleo, más bienestar, etc. El horizonte de la nacionalización (otro punto de sobredeterminación de las luchas) tampoco poseía un único sentido. Por ejemplo, podía expresar la transformación del modelo económico por la distribución de las riquezas, potenciar su dimensión extractivista, o la autogestión de las comunidades y organizaciones en su territorialidad. También hay que aclarar que durante la producción de las "dos Bolivias", el pueblo contra hegemónico contra el neoliberalismo y el colonialismo, las demandas más corporativas (como aumento de salarios, planes sociales subsidios, etcétera) no desaparecieron. No obstante, ciertas corporaciones sí desbordaron sus sentidos.

La participación de las Seis Federaciones dirigida por Evo Morales, la Confederación de Sindicatos Unidos Trabajadores Campesinos Bolivianos dirigido por Quispe, así como la (tardía) incorporación de la Central Obrera Boliviana en la guerra del agua generó un desplazamiento del lugar que ocupaban los mismos en un orden "normal" de las cosas; la defensa de sus intereses corporativos. Los sindicatos fueron cruciales para la organización (incluso para "los guerreros del agua" que se enfrentaron a la policía con gran eficacia. Lo mismo sucedió con los vecinos que ocupan las calles resistiéndose al tarifazo, la Coordinadora tomando "Aguas del Tunari" y proponiendo soluciones de autogestión que no eran consideradas legítimas ni por el gobierno ni por el conjunto de políticas públicas "neoliberales" desplegadas con fuerza desde 1985. Estos producían desplazamientos continuos de las identidades asignadas (destituciones subjetivas). Los trabajadores se convertían en pueblo que reclamaba una nueva constitución, participar en la formulación de la misma y ser propietarios de los recursos naturales hidrocarburíferos.²¹

Ahora bien, ¿qué otros elementos hacen a la constitución de este tipo de sujeto singular? Como vengo sosteniendo, la subjetivación es para Ranciére un estar entre aquello que no se quiere ser y algo que todavía no se es (por eso Ranciére dice que el sujeto político es el "topos" de una argumentación singular, lo que implica una narración, tiempo y espacio). Pero si complemento con otros elementos de la teoría de la hegemonía creo que se podrá entender la identidad diferencial de un pueblo contra - hegemónico. Luego de una larga formulación en torno al antagonismo, Laclau (2000) sostiene que el "sujeto político" es la distancia entre la estructura y la decisión. Esto, que parece ser poco útil para un análisis histórico concreto, se torna interesante si se complementa con otros conceptos y textos. Este requiere de la construcción de un mito que devenga en plataforma de inscripción de un conjunto amplio de demandas. En "La razón populista" (2005), el sujeto político adquiere por excelencia la forma pueblo. Este implica un conjunto de dimensiones interactuando, la constitución de una "identidad como identificación" que supone un proceso contingente, una construcción equivalencial de las demandas frente a un antagonista y un significante vacío, la emergencia de procesos afectivos que sostienen lazos libidinales (de amor y de odio) frente a un líder y/o "proyecto" que hace florecer la unidad identitaria que permite mantener las diferencias entre posiciones internas. Laclau (2000) sostiene sobre esto que

(...) las formas de identificación del sujeto funcionan como superficies de inscripción [...] como representación misma de la plenitud ausente [.] el momento de representación de la forma misma de la plenitud domina a un punto tal, que se constituye en el horizonte ilimitado de inscripción de toda reivindicación y de toda dislocación posibles. Cuando esto ocurre el mito se transforma en imaginario (p. 79)

La función del mito, del líder y/o el nombre son esenciales porque abren la posibilidad de ampliar la articulación entre demandas y sedimentar ciertos sentidos para devenir en imaginario. Hay que aclarar que tanto para Laclau, como para Chantal Mouffe, la plenitud ausente actúa sobre un campo político que no necesariamente es el Estado-Nación (puede ser el género, las etnias, las religiones, etc.). Pero en este caso, la guerra del gas produjo un mito, un líder y un nombre que ponía en cuestión el campo nacional. Es importante repetir que ninguno está compuesto por su literalidad. "Las agendas" de octubre y de enero, Evo Morales y el MAS tenían un programa y una dimensión prometeica que se impuso como la fuerza divisoria de kratos, la sociedad que está amenazada frente a la ausencia de la sociedad que "todavía" no se era.

Aquí me valdré del concepto de "contra hegemónico" en el sentido de la constitución de una forma pueblo que quiebra el funcionamiento del Estado para recomponer la soberanía popular e instituir la lógica de la democracia por la cual cualquiera puede ocuparlo. Aunque sin lograr todavía devenir en otro, produce un "proceso instituyente" que impulsa la lógica del deseo/demanda/derecho (y que luego logra también cristalizarse en instituciones). En Bolivia, a partir del 2003 se observa el aumento de las protestas en gran parte del territorio nacional, la creación de alianzas entre sindicatos, comunidades indígenas, juntas vecinales y partidos (sobre todo el MAS), así como el aumento de la adhesión a las etnias, etcétera. Así se construyó un escenario donde aparecía un colectivo más amplio en extensión geográfica, pero sobre todo en la capacidad de marcar las acciones de los "enemigos". La creación de la "Agenda de Octubre" es una demostración de acumulación de fuerzas y unidad; un pueblo contra -hegemónico que se afirmaba entre "las balas". Más aún, la existencia de ese pueblo puede señalarse por efectos desestructuradores; el gobierno no reconocía como parte legítima a los manifestantes, eran "subversivos" y, por tanto, enemigos internos (con el consiguiente despliegue de coerción), luego la renuncia de Sánchez de Lozada y el brusco cambio negociador aunque fracasado de Mesa. Otro elemento interesante es que dirigentes empresariales y políticos que se sentían más identificados con la forma de "gobierno colonial" crearon la "Agenda de Enero"²² y se aliaron a Morales para adelantar elecciones.

Ya no eran sectores de la población que actuaban desde la sociedad civil o rincones aislados de la legislatura, era la presencia de un pueblo con capacidades de hegemonizar y devenir en Estado, sin dejar de ser pueblo. Incluso cuando renunció Sánchez de Lozada y el vicepresidente convertido en jefe del ejecutivo, accedió a partes de la denominada Agenda de Octubre, las protestas continuaron desconociéndolo como presidente legítimo. Representó el despliegue de múltiples subjetivaciones que se salieron del dominio de la identificación simbólica asignada, con la convicción de que "no se es eso que se me dice que soy" para arroparse con una identidad deseada, casi amorosamente, casi religiosamente puesto que solo esto puede explicar el enfrentamiento violento y arriesgar la vida. Este conjunto, a pesar de las diferentes "nacionalidades" tuvo la capacidad de fracturar los mecanismos por los cuales funcionaba el campo político sobre el que se estaba actuando (el colonialismo donde sólo los "blancos" pueden gobernar y el neoliberalismo donde sólo los tecnócratas pueden ocupar lugares públicos).

Evo Morales fue elegido presidente en el año 2006, creando lo que actualmente se da a llamar el "masismo". En el caso de los piqueteros, fue Néstor Kirchner el que les otorgó reconocimiento. Ahora bien, una cosa es constituirse como pueblo contra - hegemónico, y otra cosa muy diferente es gobernar intentando a la vez constituir una hegemonía. Esto último quedará en un silencio a ser llenado en otras páginas.

3. Conclusiones

Independientemente de los nombres puestos a los diferentes sujetos, (tal vez haya más apropiados), quise mostrar las diferencias que resultan del análisis de los procesos históricos a la luz de las teorías de las identidades colectivas. En el caso de Bolivia, la guerra del agua permitió ir constituyendo antagonismos que se fueron sobredeterminando (sobre todo en la guerra del gas) para lograr ese pueblo contra -hegemónico. En el caso de Argentina, la sobredeterminación para constituir un imaginario que reflejara la plenitud de una sociedad (todavía) ausente no se provocó. Los piqueteros, también atravesaron "guerras" en diversos lugares del país (General Mosconi, Tartagal, Puente Pueyrredón, la masacre de Avellaneda) en defensa del "trabajo digno". Esta demanda, en principio, era imposible de ser integrada al esquema neoliberal. La reivindicación que luego se agregó ("trabajo digno y cambio social") generó un consenso crítico versus un consenso hegemónico (el neoliberal). Pero no lograron constituir un mito, un líder, un proyecto, lazos afectivos más allá de las vinculaciones estratégicas que pudieran sellar la unidad entre las organizaciones. Menos aún un imaginario para sostener actos de identificación. Lo interesante de este caso es que se cuestionó el sentido de la democracia reducida a los procedimientos institucionales. ¿Dónde reside el poder institucional? ¿Cuáles deben ser los contenidos democráticos más allá de la neutralidad de las instituciones? ¿Existen realmente instituciones neutrales?

En Bolivia, la creación de la "Agenda de Octubre" dio una oportunidad para que se crearan identificaciones con la misma, también operando el mismo cuestionamiento. No obstante, se logró construir un imaginario alrededor de la figura de Morales y del conjunto de demandas que apuntaban a devolver el poder al soberano "pueblo" (el referéndum del gas, nacionalización de los hidrocarburos, eliminación del decreto 21060, juicio a represores de febrero y octubre de 2003, convocatoria a una Asamblea Constituyente). El proceso fue más efectivo en desnudar el poder fetichiza-do, desanudado de la soberanía popular. Y si se extiende el análisis después del 2006, continuó con la suficiente fuerza instituyente para reformar la Carta Magna del Estado y la constitución de una identidad asociada al presidente y al MAS. Habría que preguntarse si en la actualidad el "proceso de cambio" en Bolivia y la actual hegemonía de esta identidad, sigue teniendo la potencia de instalar la igualdad y la soberanía popular asociada a esta como operador de la política. Esta reflexión no tiene una conclusión, sino una pregunta de apertura para futuras investigaciones.

Un problema de la democracia reducida a su formato institucional, como sucede en muchos países del mundo, es que no tiene en cuenta que esta se sostiene sobre la existencia de un imaginario que asegure la igualdad y la libertad. Las instituciones son sedimentaciones de decisiones en torno a cómo organizar el poder de la comunidad, y con el tiempo pueden perder la efectividad por las cuales inicialmente se habían creado. Por ejemplo, la globalización financiera y rentística que domina la forma capitalista del siglo XXI (Pi-tketty, 2014) concentra el poder de decisión en materia de distribución de los recursos económicos en pocas manos, extrayendo la posibilidad a las comunidades organizadas alrededor del Estado-Nación de dirigir su propio rumbo en materia de salud, educación y acceso a una vida digna. Como señala Therborn (2015) la tendencia a la desigualdad ha sido aumentada, sobre todo después del 2005 en todo el mundo. Tres instituciones que fortalecen la misma han sido la familia, el capitalismo y la nación. No obstante, la forma de resolver este problema no es la eliminación de las mismas, sino el cambio de su funcionamiento asociado a una lógica, la extensión del operador de la igualdad a estas instituciones.

En sintonía con ello, lo interesante que muestra el proceso descrito en estos dos países es la formación de sujetos políticos que tuvieron éxito en poner en suspenso la soberanía estatal, y (de)mostrando que el poder de la comunidad había sido sustraído por ciertos sectores de la población (nacional e internacional). Pero solo en el caso de Bolivia se formaron sujetos políticos con capacidad para instituir órdenes nuevos. Incluso después de la guerra del agua, hubo competencia en torno a cómo hacerlo. La"agenda de enero" sostenía un proyecto que reenviaba a la institución de nuevos detentores privilegiados del poder, la que antagonizaba con la otra agenda (la de "octubre"), que simbolizaba una forma de recuperación de la soberanía ordenada alrededor de un principio que no podía atar el poder a una figura sociológica concreta (los pueblos por sobre el rico, el blanco, etc.). En el caso argentino también sucedió lo mismo, es decir, se constituyó un enemigo común, se estableció la lógica del derecho, tal como está descrito en la sección 2.1, pero una voluntad hegemónica no pareció ser efectiva.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener ningún conflicto de intereses.

Notas

¹ "Los ciclos de protesta se producen cuando la estructura de oportunidades políticas se amplía al mismo tiempo para una serie de grupos, en presencia de profundas reivindicaciones y creciente solidaridad." (Tarrow, 1991, p. 64).

² La ley consideraba permitir la venta de los recursos de agua que nunca habían sido realmente parte de SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con SE-MAPA, serían expropiados por la nueva concesión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.

³ En el entierro de uno de los manifestantes, el dirigente Óscar Olivera proclamó la victoria del movimiento social frente a muchos manifestantes presentes. Los manifestantes declararon que no se contentarían hasta que la Ley 2029 fuese anulada. Para conseguir esto y tener el quórum necesario en el Parlamento, el Gobierno incluso alquiló aeroplanos para llevar a los legisladores de nuevo a la capital. En una sesión especial, el 11 de abril de 2000, la Ley fue anulada. Esto da muestra de que a pesar de los recursos del gobierno, el consenso en torno a la ilegitimidad de la medida ya existía.

⁴ Diario La Nación 19, de diciembre de 2001.

⁵ Entendido como una referencia simbólica creada retrospectivamente una vez formado el movimiento. Para ampliar ver; Massetti, Astor (2004), Piqueteros, protestas sociales e identidad colectiva, Buenos Aires, Editorial de las Ciencias, 180 p.

⁶ Declaraciones de un funcionario del Ministerio del Interior al diario Clarín, 26 de diciembre 2000. La nota se titula "Reunión de piqueteros en todo el país. El gobierno en estado de alerta."

⁷ Mesa, presidente de Bolivia (2003-2006), Discurso de asunción. 17-102003.

⁸ García Linera, Vicepresidente de Bolivia (2006-2012/2012-2018), Conferencia de prensa, 19 de octubre de 2015; http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-cumplio-fundamentales-Agenda-Octubre_0_2365563489.html

⁹ Kirchner, presidente de Argentina (2003-2008), Discurso de asunción 05-2003.

¹⁰ Por ejemplo, Felipe Quispe, otro referente indígena campesino y trabajador y que fundó el partido Movimiento Indígena Pachakuti, participó también de las elecciones perono tuvo la misma suerte que Morales como referente hacia fines del 2005. La escena se complica más si agregamos las descripciones de todos los conflictos. Más aún, las guerras del agua y del gas, donde por ese entonces ninguno de los referentes fueron los principales protagonistas, aunque sí éstas fueron fundamentales para establecer el liderazgo de Morales. Es decir, la historia se constituye en una trama difícil de narrar como una continuidad (por eso Ranciére elige nombrar al sujeto político como una narrativa que emerge y siempre está a punto de caer en el orden de lo policial).

¹¹ En el texto se abandonará la palabra actor por la de sujeto político, en tanto actor suele referir más a una posición en la estructura/escena fijada, mientras que sujeto político se define por la distancia que establece con la estructura.

¹² Conferencia de Laclau transcrita en Villalobos, Sergio (Ed.), Hegemonía y antagonismo; el imposible fin de lo político, Conferencia de Ernesto Laclau, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1997, p. 130.

¹³ Conferencia de Laclau transcrita en Villalobos, Sergio (Ed.), Hegemonía y antagonismo; el imposible fin de lo político, Conferencia de Ernesto Laclau, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1997, p.130.

¹⁴ El 12 y 13 de febrero de 2003 hubo 32 muertos, 214 heridos de gravedad, en septiembre se murieron en Warisata 5 personas y en La Paz 67 personas más 400 heridos Es una pregunta difícil de responder en este paper porqué mientras en países la represión estatal es altísima y evidente frente a la acción colectiva disruptiva, en algunos se produce un encadenamiento de solidaridad de la población que se suma a las protestas mientras que en otros no. Esto puede depender de las organizaciones, de las relaciones de fuerza y de los sentidos en torno a la solidaridad. Comparemos México con Argentina y Bolivia y esta pregunta se hace más pertinente.

¹⁵ "Bolivia es una serie de nacionales indígenas que nunca se han de incluir y que manejan un repertorio de demandas prácticas políticas múltiples" decía Raquel Gutiérrez Aguilar en el 2005. Para esta intelectual y guerrillera del ejército Tupac Katari (1990) Bolivia nunca pudo constituir una entidad histórica homogénea (nación).

¹⁶ Olivera siguió siendo un referente social, pero la decisión de seguir construyendo poder anti - estatal y la enemistad con Morales lo desplazó de la escena.

¹⁷ Ya era impulsada desde la guerra de los pozos en 1998.

¹⁸ No es lo mismo demandar por el uso público del agua para los campesinos que para los sectores urbanos.

¹⁹ Hay que agregar que ésta lógica se basa en los contextos históricos concretos, en enunciados singulares y en los estilos de enunciación de cada situación.

²⁰ Oscar Olivera, líder de la FEDECOR. Extraído de: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20090405/cochabamba-gano-la-guerra-y-perdio-el-agua.

²¹ Aquí, por tanto, es importante distinguir entre organizaciones y el rol político que pueden ocupar. Mientras la primera implica la sedimentación de reglas, la dimensión política implica un desborde que no puede reducirse al concepto de corporación y distribución exacta de funciones. Por ejemplo, la función de la Coordinadora del Agua no solo era organizativa, se había convertido en símbolo de unidad contra el gobierno, las organizaciones internacionales y las empresas (en este sentido es que muchos trabajos consideran a la coordinadora como un movimiento y no como una organización). La alianza de estos últimos era denunciada como una amenaza a la existencia "física" (no solo simbólica) No era para menos, impulsaban las privatizaciones, querían erradicar el cultivo de coca, autorizaban la represión y las bases norteamericanas en territorio nacional, negaban el acceso libre al agua; no reconocían ninguna de las posiciones de los otros ni accedían a la negociación.

²² Esta consistió en un referéndum sobre la autonomía departamental, apoyo a la Bolivia productiva y "concluir con los conflictos sociales que amenazan la productividad y las exportaciones bolivianas".

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