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Introducción
La R2P o Responsabilidad de Proteger parece haberse justificado como objeto referente de seguridad internacional de los estados, los cuales demandan un ordenamiento adecuado de reglas en el sistema internacional, sin embargo puede tornarse a su vez como un obstáculo para la realización de la misma. Por ello la presente investigación tiene como objeto el análisis de la R2P, de sus pilares, las diversas posturas y antecedentes más significativos con la finalidad de esclarecer sus fortalezas y debilidades a la luz de ser contrastadas con el caso específico de siria. La importancia del presente artículo de reflexión gira entorno a dicho análisis de la Responsabilidad de Proteger y su abocamiento como factor de inestabilidad y/o como factor ético internacional.
Tras la descolonización, Estados más pequeños y jóvenes continuaban en gran desventaja militar, económica y política ante las grandes potencias o Estados más poderosos que buscaban volver a la anexión de dichos territorios ya independizados. Estas amenazas a la seguridad de los Estados emergentes llevaron a la conformación de algunos de los principios orientadores de las Naciones Unidas en términos de operaciones multinacionales para el mantenimiento del orden evitando el resurgimiento de los conflictos, y de esta manera conseguir proveer un sistema internacional cuya piedra angular sea la seguridad. Uno de los casos más representativos se dio en la intervención de 1962 a 1963 en el occidente de Nueva Guinea por medio de la creación de la Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas (UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority) y se realizó el acompañamiento para el cambio de administración política y territorial holandesa, asegurando de esta manera el bienestar y el cumplimiento de los derechos de la población (Hatto, 2013). Esto respondió a la consolidación del objetivo que las Naciones Unidas tenían dentro de un sistema cambiante de orden de guerra y colonización a uno más democrático e independiente.
Partiendo de la idea de diversidad de conflictos de intereses que se generaban al interior de los órganos de las Naciones Unidas, específicamente dentro del Consejo de Seguridad, algunos miembros como Francia y Reino Unido fueron colonizadores en 1977 y 1997 respectivamente según la última independencia de los territorios conquistados. El proceso de descolonización evidenció diversas tensiones las cuales llevaron a la creación de estrategias que permitieron la garantía de derechos a poblaciones azotadas por el conflicto y de igual manera se buscaba la imparcialidad para la resolución de conflictos. Es así que, gracias a las operaciones multinacionales se lograron cambios en el sistema internacional brindando acompañamiento a aquellos Estados recién conformados para proveer un ambiente neutral que facilitara la creación de estos Estados emergentes y así pudieran gestarse organizaciones políticas y democráticas con instituciones y procesos sólidos.
Un notable ejemplo de las estrategias utilizadas para la intervención humanitaria fue en la crisis del Suez en 1956, caso que tuvo complejidades territoriales y político-económicas, dado que los intereses de dos grandes actores de las Naciones Unidas eran los protagonistas del conflicto en Egipto, vinculándose el Reino Unido junto a Francia e Israel. En el espectro territorial se vincula directamente Israel, puesto que al encontrar rechazo a su reconocimiento estatal se orquestan redadas terroristas en la Franja de Gaza contra Egipto, hecho que lleva al cierre del canal del Suez al uso israelí (Lahav, 2015). En cuanto al aspecto político-económico de la crisis, este responde principalmente a restaurar la presencia de las grandes potencias en la región, es decir que el control del Canal del Suez no sólo respondía a intereses económicos, sino también a posiciones de poder en la medida que Reino Unido tenía serias intenciones de restaurar el control sobre el Canal, el cual había sido nacionalizado por Egipto previamente al conflicto. Por otra parte, el rol de Francia se entiende al analizar que Argelia estaba en proceso de independencia del régimen francés y dichos movimientos estaban siendo apoyados por el gobierno de Egipto (Lahav, 2015).
Complejizando más el escenario, se evidencia que, en momentos de tensión por la toma de posturas en el contexto de la Guerra Fría, el presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser fomentaba el panarabismo y el socialismo árabe. Mostrando de esta manera que "Deseosos de mantener su estatus como potencias mundiales, Gran Bretaña y Francia se unieron para reafirmar su hegemonía colonial y europea en Oriente Medio" (Lahav, 2015, p. 1303). En este dilema era claro que el Consejo de Seguridad se encontraba paralizado por los vetos de Francia y Reino Unido, por lo que se planifica una estrategia en la Asamblea General a cargo de uno de los más reconocidos secretarios generales de las Naciones Unidas, Hammarskjöld, quien:
Rápidamente propuso utilizar a ciertos miembros de la UNTSO [Organización de Supervisión de la Tregua de las Naciones Unidas] para comandar la nueva fuerza, que, además, debía estar compuesta por soldados de estados que no eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Hatto, 2013, p. 502)
Esta medida claramente fue aprobada debido al contexto en el que se encontraban, en la medida en que dos de los miembros del Consejo de Seguridad eran aquellos perpetuadores del conflicto y de una u otra forma deseaban mantener el statu quo de la colonización en África, se vio de manera positiva dicha propuesta la cual buscaba el bienestar de la comunidad antes que los beneficios políticos de los Estados miembros Estados de las Naciones Unidas. Otro de los elementos a resaltar del manejo que se dio a la crisis del Suez fue el posicionamiento de la independencia de los Estados frente a la expansión y reconquista territorial, tanto así que según análisis de la caída del Imperio Británico se llega a la siguiente percepción:
La conducta de la invasión Anglo-Francesa a Egipto, y su comparación con la invasión contemporánea Soviética a Hungría, significaba que 'el Imperio Británico fue denunciado de ser tan inmoral y vicioso como el Imperio Soviético en Europa Oriental y en Asia Central. (Orford, 2011, p. 66)
Mostrando así que por medio de la postura que evidencia Hammarskjöld frente a la independencia de otros Estados, se prioriza la autonomía y la soberanía de los Estados en construcción, poniendo fin al antiguo sistema de colonización y dando augurio a un inicio de relacionamiento entre Estados pares.
En este orden, otra crisis que aportó variedad de herramientas para mejorar dentro de las estrategias de operaciones multinacionales fue la crisis del Congo en 1960, la cual se puede analizar como efecto colateral a la medida tomada en la crisis del Suez. Esto, se explica por medio del contexto, pues no sólo Francia y Reino Unido tenían sus reservas para otorgar independencia y apoyo a sus antiguas colonias, sino también lo tuvo Bélgica. Desde el momento en que el Congo se independiza (30 de junio de 1960) surge una crisis interna producida por la desigualdad que enfrentaba dicho Estado en ese momento, los ingresos entre europeos y congoleses eran bastante disímiles. Por otra parte, el control militar seguía en manos de oficiales belgas, es decir que los ciudadanos del Congo vivían en condiciones de inequidad frente a los residentes europeos. Dicha desigualdad se representaba en la acumulación económica ya que la minoría extranjera era aquella que controlaba las firmas, los ahorros privados y los activos; de igual manera:
Las políticas coloniales apoyaban la contratación de mano de obra para las minas, plantaciones y ejército, así como detener el éxodo rural y preservar la salud de la fuerza laboral a través de la inmunización pública y otros programas de salud. La administración limitó severamente la actividad sindical, la organización política, la educación y la libertad de expresión del congoleño hasta mediados de 1950. (Orford, 2011, p. 71)
Por ende, la promesa de la redistribución de riqueza y territorio fue lo que llevó a que los soldados congoleses generaran un motín contra los oficiales belgas que aún tenían fuerte presencia e influencia en el territorio (Melber, 2017). Este inicio del conflicto llevó a una solicitud de "reorganización y reentrenamiento del ejército" por parte del Gobierno del Congo a las Naciones Unidas. Tras sentir la amenaza a su posición político-económica, Bélgica invadió el 10 de julio excusándose bajo el mismo principio aplicado a la crisis del Suez a saber: 'intervención humanitaria'; con la diferencia en este aspecto que era hacia la protección de habitantes belgas y europeos (Orford, 2011, p. 71).
Bélgica mandó tropas a lo largo del territorio, entre ellas a la provincia de Katanga, la cual era "de gran importancia geoestratégica y fue explotada principalmente por la compañía minera belga Union Minière du Haut Katanga y otras compañías mineras occidentales" (Melber, 2017, p. 256), y es en el mismo día de la invasión belga que esta provincia declara su independencia del Congo. Situación que lleva a que el 12 de julio el presidente del Congo Joseph KasaVubu y el Primer Ministro Patrice Lumumba soliciten con urgencia a las Naciones Unidas de "Asistencia militar para proteger el territorio nacional del Congo contra la presente agresión externa, que es una amenaza para la paz internacional" (Doss, 2014, p. 705). La resolución 143 del 14 de julio de I960 fue aquella que dió respuesta a dicha petición, esta consideró tres puntos fundamentales: el primero es referente a la retirada de las tropas belgas, el segundo autoriza la asistencia militar con aprobación del Gobierno de la República del Congo para cumplir las tareas para el reordenamiento de la situación, y por último se solicita al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad (Naciones Unidas, 1960).
Este caso fue controversial en varios sentidos, en primer lugar las votaciones fueron de ocho probaciones y tres abstenciones, estas últimas estaban protagonizadas por Francia, Reino Unido y China y era claro que respondían a intereses colonialistas similares por los cuales actuaba Bélgica, tanto así que se recurrió a argumentos como "'la necesidad de proteger vidas y propiedades de ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Francia en el Congo' fueron simples intentos para encontrar "bases legales" para justificar agresiones contra la República del Congo'" (Orford, 2011, p. 74). De igual forma las controversias se veían reflejadas en las posibles interpretaciones de dicha resolución, llevando a que existiera disenso en las opiniones de Estados Unidos y la Unión Soviética, como se puede observar;
[...] El primero dijo que la resolución «supuso que la retirada belga estuviera supeditada a la creación y el despliegue de la Fuerza de las Naciones Unidas», mientras que el segundo dijo que «debería interpretarse como un llamado a Retiro belga inmediato e incondicional" (Melber 2017, p. 257).
Por otra parte, la posición de Hammarskjöld de imparcialidad ante el interés de la República del Congo por recuperar a Katanga llevó a que las relaciones diplomáticas y políticas se vieran afectadas tanto que el Primer Ministro del Congo, Lumumba, declarara Estado de Emergencia y volcara la atención y esfuerzos diplomáticos hacia la Unión Soviética para la preparación de una invasión a Katanga (Melber, 2017). Dicha situación llevó la Guerra Fría a un conflicto nacional, es decir que la polaridad en las posturas fue clara en cuanto al apoyo y rechazo de acciones militares por parte del gobierno central por la recuperación de la provincia independista. Llevando a la conclusión de que la intervención en asuntos nacionales por parte de una operación multinacional sólo conlleva al recrudecimiento del conflicto. Estos anteriores casos responden a contextos de cambio en el sistema internacional, como es bien sabido el proceso por el que pasan los Estados para su independencia suele requerir de un ambiente que permita la consolidación de procesos sociales, políticos y económicos, estos se suelen conformar identificando necesidades propias del territorio y en la medida en que exista un desequilibrio como lo es la creciente tensión de una gran potencia que busque la anexión o recuperación de poder, ésta podrá hacerlo llenando aquellas falencias o vacíos de poder que los nuevos Estados tengan. Sí se analiza con detenimiento las operaciones de mantenimiento de paz que realiza las Naciones Unidas buscan en un principio llenar esos vacíos ya sea por medio de acompañamiento militar, diplomático, veeduría y seguimiento a procesos.
Como se expuso anteriormente, las complejidades presentes en los conflictos pueden encaminarse bien sea a ser contenidos y darse solución o también pueden verse agravados por medio de la intervención humanitaria, puesto que esta responde a diversos intereses de los actores comprometidos. De igual manera la no toma de posición frente a un acto de crimen de lesa humanidad o genocidio también supone la exacerbación del conflicto (tal como lo ocurrido en Kosovo en I999). Es por eso que uno de los legados de Hammarskjöld son los principios de lo que las intervenciones humanitarias u operaciones de mantenimiento de paz deberían de cumplir, asintiendo:
Como organización universal neutral en las grandes luchas de poder sobre ideología y la influencia en el mundo, subordinada a la voluntad común de los gobiernos miembros y libre de cualquier aspiración propia de poder e influencia sobre cualquier grupo o nación, las Naciones Unidas pueden rendir servicio que puede ser recibido sin sospecha y que puede ser absorbido sin influenciar la libre elección de los pueblos (Hammarskjöld, 1960).
Siria y la R2P
Un aspecto fundamental para lograr crear normas y principios entre Estados para la conformación de alianzas y organizaciones que buscan un fin común es el consenso. Estos elementos acordados y creados entre los Estados miembros y la comunidad internacional, la cual legitima dichos procesos, es el compendio de ideas, creencias, valores y prioridades que se ponen en la mesa al momento de decidir cuál crisis merece ser tratada y cuál no, qué herramientas deben aplicarse y sus razones, en qué momento hacerlo, y poder prever todos los efectos inmediatos y los de largo plazo.
Desde 1960 el contexto internacional ha mutado constantemente, pero a pesar de ello hay algunos principios éticos y morales que siguen siendo el estandarte en las relaciones diplomáticas y más aún en el rol de las instituciones internacionales1. La bases teóricas que poco a poco se han ido reforzando en la práctica son el legado de Hammarskjöld, y es así que la neutralidad y la imparcialidad empiezan a jugar un rol fundamental.
Para Hammarskjöld, el compromiso a la imparcialidad significa que 'El personal de la ONU no puede ser autorizado en ningún sentido a ser parte en un conflicto internacional'. El compromiso a la neutralidad significaba más ampliamente 'que el funcionario público internacional, también en tareas ejecutivas con implicaciones políticas, debe permanecer totalmente libre de intereses nacionales o grupales o ideologías'" (Orford, 2011, p. 6)
Estos dos elementos, tanto la neutralidad como la imparcialidad, surgen como orden para respetar el principio de no interferencia en asuntos internos y de esta manera evitar menoscabar en la soberanía y autonomía de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Sin olvidar que, es gracias a estos límites de intervención y asistencia que se pueden crear regímenes, alianzas e instituciones que convocan no sólo mismos intereses sino también ciertas responsabilidades adquiridas como grupo y por las cuales deben velar. Uno de los regímenes que mejor encaja para explicar las dicotomías existentes entre un sistema internacional anárquico y la necesidad de operaciones en conjunto para preservar la vida es el de la Responsabilidad de Proteger, término acuñado por primera vez en el año 2001 en el reporte realizado por la Comisión internacional de intervención y soberanía estatal en donde se establece que
La soberanía no solo daba al Estado el derecho de "controlar" sus asuntos, sino que le confería la "responsabilidad" primordial de proteger a la población dentro de sus fronteras. También proponía que cuando un Estado no protegiese a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la comunidad internacional en general asumiera esa responsabilidad (Naciones Unidas, 2012).
Es desde ese momento donde se empezó a entender que la soberanía era un tema ligado e intrínseco a la defensa de su territorio y por consiguiente de su población. La idea de este concepto se articula perfectamente dentro de los objetivos de las Naciones Unidas, pues el establecimiento del orden y seguridad internacional se relaciona directamente con la prevención, contención y solución a conflictos y más aún cuando la defensa de las poblaciones tiene lugar. Esto último encuentra más sentido y fundamento cuando se oficializa el concepto en el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, en su apartado 138, en donde se va a entender la R2P como;
Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. (Naciones Unidas, 2005, p. 33).
Posteriormente en el apartado 139 de dicho documento se menciona la "responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados" (Naciones Unidas, 2005) por parte de la comunidad internacional para la prevención y respuesta temprana ante genocidios, crímenes de guerra, depuraciones étnicas y crímenes de lesa humanidad. De igual manera, un aspecto a analizar al final del mencionado apartado, es la intervención por medio de la asesoría, donde se agrega; "También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población [...]" (Naciones Unidas, 2005). Mostrando así la evolución y apertura de la concepción de construcción, mantenimiento de paz, entendiendo que actualmente se ha ido ampliando el espectro a tal punto de prestar,
Asistencia humanitaria, supervisión de elección, repatriación de refugiados, desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes, el restablecimiento de la capacidad del estado para mantener la seguridad por respeto al estado de derecho y los derechos humanos, o el apoyo a la fundación de instituciones de gobierno legítimas. (Hatto, 2013, p. 496).
Metodología
El presente artículo corresponde a una reflexión sobre la Responsabilidad de proteger: entre el realismo clásico y la ética internacional, una aproximación al caso de Siria. El artículo de reflexión es considerado como un texto que "presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o critica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales." (Colciencias, 2010, p.7) En sí para la reflexión se tuvo en cuenta la bibliografía relevante publicada y se sitúo en cierta perspectiva. De la búsqueda bibliográfica relacionada con el realismo clásico y la ética internacional, en pro de construir una reflexión sobre los postulados ya existentes sobre el caso de Siria, se substrajo los aportes más importantes, dando pauta a la construcción del presente artículo.
R2P y el realismo clásico
Teniendo el contexto y comprendiendo lo que significa la Responsabilidad de Proteger, se continuará con el análisis del contenido de este régimen en contraste con el realismo clasico. En primer lugar, se analizarán los pilares de la Responsabilidad de proteger, los cuales se encuentran en el informe al Secretario-General del 2009 llamado 'Implementando la Responsabilidad de Proteger', allí se inscriben a) las responsabilidades de protección del Estado, b) la asistencia internacional y creación de capacidad y por último c) la respuesta oportuna y decisiva. En cuanto al primer pilar referente a las responsabilidades de protección del Estado se ampara bajo la fuerte idea de que es el Estado el primer garante de cumplir a cabalidad sus obligaciones como Estado soberano.
La responsabilidad de proteger, ante todo, es una cuestión de responsabilidad del Estado, porque la prevención comienza en el hogar y la protección de las poblaciones. Es un atributo definitorio de la soberanía y la estadidad en el siglo XXI. [...] Reconocieron [los jefes de Estado y de Gobierno] que la comunidad internacional puede, en el mejor de los casos, desempeñar un papel complementario. En esta área de la política, como en tantas otras, las Naciones Unidas dependen de la fuerza y la determinación de sus Estados Miembros soberanos. (Naciones Unidas, 2009, p. 10).
Antes de abordar las obligaciones, es esencial advertir que la prioridad de este debe ser sobrevivir en un sistema anárquico. Esto se entiende según el realismo por medio de la Raison d'état, la cual establece la posición del Estado como actor predominante y central. Este concepto se refiere a "Que cuando se considera que el bienestar del Estado está en juego, todas las demás consideraciones están subordinadas a su interés" (Evans & Newnham, 1998, p. 460). Partiendo de la priorización de la supervivencia a toda costa, el príncipe o el regente del Estado juega un rol fundamental, según Giovanni Botero, uno de los primeros precursores del término, la preocupación del gobernante debería ser entonces la conservación del poder por medio del sometimiento de los súbditos y del evitar las discordias. Lo anterior entendiéndolo bajo el marco del control interno (doméstico) se puede mitigar por medio de "la neutralización de las guerras civiles y de las rebeliones es aquello que permite la conservación del poder. Pero esto no se consigue por generación espontánea, es necesario cultivar la suprema estima de los gobernados por su príncipe" (Curzio, 2004, p. 46). En este punto se esclarece que para que el Estado sobreviva y lleve a cabo sus intereses debe evitar el conflicto interno a toda costa debido a que ello menoscabaría en su legitimidad y su estabilidad. De igual manera, para la conformación del Estado se conciben ciertos pactos entre los gobernados y los gobernantes, lo que lleva a la creación de obligaciones entre ambas partes. Esto según la perspectiva realista se inscribe dentro de lo que Hobbes denominaría el pacto social, es gracias a este que el ser humano busca superar su estado de naturaleza, de la guerra de todos contra todos, por medio de la razón y las pasiones para lograr llegar a un estado de bienestar y paz. En palabras de Hobbes,
Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que, por otra parte, se llaman leyes de naturaleza (Hobbes, 1989, p. 52).
Al seguir estas leyes de naturaleza en el trabajo de Hobbes, se es clara la evolución que adquiere; en un principio se habla de la obligación moral, pero al estar en un sistema anárquico se es necesaria la fuerza punitiva que castigue el no cumplimiento del pacto y se transforma en una obligación política (Fraga, 2016). Esto ahora entendiéndolo en el espectro internacional es clara la obligación por parte del Estado a asegurar y preservar su bienestar. En cuanto al segundo pilar de la Responsabilidad de Proteger, se refiere a la asistencia internacional y creación de capacidad, comprendiendo que a medida que los Estados actúen en pos de su propio beneficio sin consideraciones de afectación a los otros territorios circundantes, sería un espacio de guerra de todos contra todos. Sin embargo, es gracias a la motivación de un escenario seguro y de óptimo crecimiento económico, político, social y cultural que las alianzas y cooperaciones desempeñan un rol estratégico.
En esa misma línea, la anarquía es entendida como la ausencia de gobierno o regla, más sin embargo este estado de ausencia de poder regente lleva a que "Los individuos y los grupos sociales a menudo se ordenen y organicen en ausencia del gobierno. Así, la mayoría de los realistas admiten el hecho evidente de que las relaciones internacionales revelan elementos significativos de orden" (Donnelly, 2000, p. 81). De igual manera, según el informe de la Comisión internacional de intervención y soberanía estatal del 2000, se argumenta sobre la necesidad de la implementación de la Responsabilidad de Proteger, concibiendo la anarquía como un elemento intrínseco al sistema internacional, el cual se puede llegar a minimizar por medio de la cooperación y alianzas internacionales, para que de esta manera se puedan cumplir con los objetivos planteados en conjunto.
Y en términos de seguridad, es mucho más probable que se logre un sistema internacional cohesivo y pacífico a través de la cooperación de estados efectivos, confiados en su lugar en el mundo, que en un entorno de entidades estatales frágiles, colapsadas, fragmentadas o generalmente caóticas" (Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, 2001, p. 8).
Por otra parte, la asistencia que se le presta a los demás Estados puede ser de distintas naturalezas como persuasivas en donde la diplomacia y el despliegue preventivo de fuerzas de paz se contemplan, también entran en juego los incentivos positivos como lo son las asistencias para el desarrollo; por otro lado, pueden ser de carácter coercitivo en donde se incluyan medidas políticas, económicas, jurídicas e inclusive en el peor de los casos militares. En este punto resaltan similitud de asistencias que encajan dentro de la figura de la zanahoria y el garrote, en donde sí se comprometen los Estados a fortalecer y legitimar sus estructuras internas se les premia, pero si por el contrario los mandatarios son aquellos que impiden o incentivan la perpetuación de los crímenes contra su población será castigado. En el informe al Secretario-General se evidencia de forma clara y contundente en el punto 32 lo anteriormente expuesto:
Pueden incluir la pérdida de inversión extranjera, la fuga de capitales, las reducciones en la ayuda y el turismo y, para algunos, perder un lugar en la mesa como miembro de la comunidad internacional de buena reputación. Los esfuerzos de desarrollo pueden ser retrasados por décadas por tales eventos traumáticos y divisivos. Por otro lado, como se explica a continuación, se debe alentar a los donantes a apoyar a los países y programas que buscan mejorar la prevención y protección de las poblaciones contra los delitos y las violaciones relacionadas con la responsabilidad de proteger. La diferencia entre los dos caminos puede equivaler a la elección entre el potencial nacional preservado o destruido. (Naciones Unidas, 2009, p. 16).
Para finalizar el análisis de los pilares, se encuentra la respuesta oportuna y decisiva; esta última es la más criticada. En teoría lo que se espera es que los Estados cumplan a cabalidad y en el menor tiempo posible los principios operacionales, los cuales están consignados en el informe de la Comisión internacional de intervención y soberanía estatal, y en donde se establece que el Consejo de Seguridad ha de tener en primer lugar los objetivos claros; de igual manera deberían tener un enfoque militar en conjunto y una clara comunicación; acompañados de limitaciones del uso de la fuerza, lo cual debe ser en pos de la protección de la población más allá que la derrota de un Estado. Así mismo deben proceder teniendo en cuenta compromisos que se ajusten a los casos en donde el principio del uso de la fuerza proporcional ha de ser fundamental, claramente adhiriéndose al derecho internacional humanitario; de igual manera, partiendo del hecho que el objetivo no es la fuerza de protección sino la protección de los civiles; y se esperaría tener completa y clara comunicación con las organizaciones humanitarias (Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, 2001).
La crítica que ha adquirido este pilar hace referencia principalmente a la poca capacidad de respuesta inmediata que puede tener una solicitud a la activación de la Responsabilidad de Proteger, el procedimiento es largo y puede haber disenso en el Consejo de Seguridad. Al ser este órgano el encargado de múltiples acciones prioritarias como lo son el recibir las solicitudes, realizar los estudios de pruebas, implementar medidas persuasivas, y finalmente tomar la decisión de realizar una intervención militar, se le suman los disensos y el tiempo de reunión de la "Asamblea General en Sesión Especial de Emergencia bajo el procedimiento "Unidos por la Paz"" (Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, 2001, p. XIII). Dichos procedimientos suelen tomar tiempo y aún más en el contexto en el que se dé, puesto que uno de los objetivos de las Naciones Unidas es lograr mantener la seguridad en el sistema internacional pero para ello se requiere de legitimidad, neutralidad e imparcialidad, y en algunos casos dichos elementos se ven en tela de juicio, conllevando a que se tome extra precaución en la toma de decisión2.
En este asunto un elemento de la teoría realista que surge es la balanza de poder "El propósito del balance es evitar que un poder creciente asuma la hegemonía, y si el esfuerzo de prevención tiene éxito, se espera que esté presente un equilibrio de poder" (Paul, 2004, p. 2), estas estrategias se componen de alianzas que según el carácter de las relaciones con los Estados pueden ser de carácter duro (a través de la coerción militar) o suave (por medio de la diplomacia y sanciones económicas). En el caso de los esfuerzos realizados con la aplicación de la Responsabilidad de Proteger se podría encasillar como balanza de poder suave puesto que "ocurre cuando los estados generalmente desarrollan [...] limitados entendimientos de seguridad entre sí para equilibrar un estado potencialmente amenazante o un poder creciente" (Paul, 2004, p. 3) es claro que en este caso no se hablaría de Estados que representen una amenaza, sino se refiere a la amenaza latente hacia los civiles. Otro elemento que cabe en el análisis de la Responsabilidad de Proteger es el hecho que esta herramienta no tiene la solides jurídica vinculante que compromete a los Estados a hacer parte, sino más bien como lo señala Orford,
El concepto de la responsabilidad de proteger no es una forma de ley que impone deberes sobre temas. Más bien, puede ser mejor entendido como una forma de ley que confiere poderes 'de un carácter público u oficial' y que asigna jurisdicción. [...] debería ser entendido como normativa en el sentido anterior al proveer legal autorización a ciertos tipos de actividades (2011, p. 25).
Es decir, que este tipo de llamados se hacen y se construyen a partir de la práctica, puesto que la teoría suele prescribir comportamientos, percepciones y posibles efectos secundarios, pero como bien se ha demostrado ya en la práctica tiende a mutar y transformarse al aumentar los efectos colaterales, minando legitimidad no sólo en la intervención sino en la institución, agravando las crisis internas de los Estados, entre otros. De igual manera, se debe tener presente que la Responsabilidad de Proteger se entiende bajo los principios que dieron origen a las intervenciones humanitarias, las cuales surgieron en 1958 gracias a los aportes de Hammarskjöld.
Los tres principios, o la <santa trinidad>, en los que se basa la política tradicional de mantenimiento de la paz son el consentimiento del Estado miembro parte en el conflicto, la imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en defensa propia (Hatto, 2013, p. 503).
Cada elemento de la 'santa trinidad' ha tenido sus excepciones las cuales han minado la confianza internacional en la aplicación del régimen. En cuanto al caso del no consentimiento del Estado miembro, se dio en el 2008 una crisis entre Rusia y Georgia puesto que según alegaciones previas ante el Consejo de Seguridad Georgia habría atentado contra fuerzas pro-rusas en Osetia del Sur, haciendo que la defensa de esta población fuera una prioridad tanto así que una intervención, esto sin olvidar que las tensiones en el ambiente entre dichos Estados aumentó con la invasión del espacio aéreo de Georgia por parte de unos aviones militares rusos. Este caso hizo que Rusia pasara sobre el conducto regular al invadir con tropas el territorio de Georgia pasando sobre el conducto regular, llevando de esta manera a serias críticas tanto por la comunidad internacional como por los mismos habitantes de Osetia y de Georgia (Nichol, 2009). Este caso es representativo en la medida en que demuestra los intereses particulares estatales de Rusia al querer demostrar su dominio sobre la zona, sino también fue una intervención en nombre de la Responsabilidad de Proteger que no estaba aprobada por el Estado en cuestión.
Esto último puede verse desde diferentes puntos de vista, en algunos casos los mismos Estados son aquellos que perpetúan el conflicto, impidiendo así que la respuesta de la comunidad internacional sea efectiva y oportuna. En otras ocasiones, hay gobiernos que enfrentan los conflictos con instituciones poco fortalecidas y cohesionadas llevando así al recrudecimiento y prolongación de la guerra. Ejemplo de esto anterior son numerosas intervenciones humanitarias en el continente africano en donde "la ONU intervino en dieciocho países con 29 Misiones de Paz entre 1960 y 2012. De dieciocho, seis aún se encuentran en estado crítico de inestabilidad, diez se mantienen en estado peligroso y sólo dos aparecen relativamente estables" (Cortés, 2014, p. 867). Según el análisis, en Estados fallidos dichas operaciones han conllevado a que múltiples actores bajo el argumento de acciones por emergencia debiliten los procesos de construcción de paz. Es por ello que la activación de la Responsabilidad de Proteger depende principalmente de la voluntad de los Estados en cuestión;
Durante las grandes crisis, Estados con problemas enfrentaron una elección: podrían trabajar con organizaciones internacionales y otros forasteros interesados a realizar sus responsabilidades soberanas; podría obstaculizar esos esfuerzos y, por lo tanto, sacrificar su buena reputación y su legitimidad soberana (Bellamy, 2008, p. 619). Esto anterior genera variedad de críticas, pues si los Estados no están de acuerdo con la aplicación del régimen se podría ver como una excusa de justificación institucional para la intervención militar no consensuada. Lo que menoscabaría no sólo la soberanía estatal, sino también la credibilidad y legitimidad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad.
Finalizando el análisis teórico, se incorporará uno de los principales conceptos dentro del realismo, la autoayuda, que responde a un sentido de supervivencia estatal por medio de la garantía de su propia seguridad en un mundo anárquico. Es por medio de alianzas y regímenes que "La noción de «sociedad internacional» es menos pesimista al insistir en el papel de las instituciones internacionales como un medio para mitigar los efectos de la anarquía internacional" (Durch, 1993). Gracias al concepto de las operaciones multinacionales de mantenimiento de la paz se ha visto disminuido la necesidad en el escenario internacional de acudir exclusivamente al concepto de autoayuda, donde los Estados construyan percepciones de seguridad colectiva a partir de sus intereses en común. Dentro de las operaciones de mantenimiento de la paz se destacan las siguientes características:
A nivel táctico, el mantenimiento de la paz consiste en operaciones establecidas por la ONU, por los estados, por grupos de estados (coaliciones de los que lo desean) o por organizaciones regionales o subregionales (solo o en cooperación con la ONU) y que son basado en el despliegue de personal uniformado (soldados y / o policías), generalmente con el consentimiento de las partes involucradas, con el objetivo de lograr una interposición imparcial entre estos últimos para prevenir contener mitigar o poner fin a los conflictos y posiblemente para restablecer la paz entre las partes (Hatto, 2013, p. 498).
De esta manera se muestra el crecimiento que ha tenido la iniciativa de asistir a las poblaciones en estado crítico de amenaza desde Hammarskjöld hasta hoy en día, no sólo centrada en la intervención militar per se en defensa, sino también en la preservación y construcción de paz en conjunto con la comunidad internacional. Ahora bien, teniendo el marco previo a la creación de la Responsabilidad de Proteger junto con su significado, adicionando el análisis de su contenido con la teoría realista, se proseguirá al análisis del caso de Rusia con Siria. Para ello es necesario tener en cuenta las críticas resaltadas a lo largo de este escrito, puesto que sí se parte de las condiciones que debe tener un caso para ser considerado necesaria la aplicación de la Responsabilidad de Proteger, en el caso de Siria se han cumplido a cabalidad la mayoría de ellas más sin embargo no se ha actuó ni en la prevención ni en la respuesta pronta y efectiva.
La situación de Siria se comprende por medio de la historia política que ha tenido, los regímenes autoritarios, las represiones, desapariciones, aumento de desigualdad económica y el control militar han protagonizado el escenario nacional e internacional. Los presos políticos y las respuestas altamente violentas contra las protestas civiles por la libertad de expresión y posturas antigubernamentales han llevado a un constante miedo y dominación por parte del régimen de Bashar al-Asad, a tal punto que en la esfera internacional ha sido fuertemente rechazado. Las tensiones 1841 internas aumentaron dramáticamente desde el 2011 con la aparición de la primavera árabe, llevando al incremento en ataques y asesinato por parte del gobierno a las fuerzas de oposición, ataques contra civiles por parte de fuerzas terroristas como lo son el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL), ataques a civiles por parte de intervenciones militares por parte de Rusia y Estados Unidos, ataques a escuelas y hospitales irrespetando las normas del derecho internacional humanitario, ataques químicos a la población, entre otros. Las víctimas que ha cobrado el conflicto en Siria giran alrededor de 500.000 asesinatos y "En octubre [del 2018], había 5,6 millones de refugiados sirios y al menos 6,6 millones de personas desplazadas internamente, el mayor número de personas desplazadas por cualquier conflicto en el mundo. Más de 131 millones de sirios necesitan ayuda humanitaria" (Global Center for the Responsability to Protect, 2018).
La situación de Siria y su relación con otros estados y potencias.
El contexto de la crisis que lleva Siria desde hace 7 años se da como consecuencia de la primavera árabe; desde el 2011 los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad fueron contenidos por el uso de la fuerza y violencia, tal grado de control civil fue registrado que se hallaron 27 centros de tortura administrados por las agencias de inteligencia sirias (Human Rights Watch, 2012). La fuerza opositora fue emergiendo de forma alarmante a lo largo del 2011 al 2013 con la creación de grupos rebeldes armados hasta el punto de llegar alrededor de 1.000 grupos (BBC, 2013). Sumándole a esto que para el 2012 "En julio, el partido de la Unión Demócrata (PYD), el mayor grupo político kurdo, tomó el control de muchos pueblos y enclaves kurdos" (The Guardian, 2012). Llegando a uno de los puntos álgidos con la presencia del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) quienes teniendo en cuenta la debilitada situación política y de orden civil en Siria lograron controlar para el 2014-2015 parte del este y del norte de Siria. A lo largo del conflicto se ha denunciado desde diferentes frentes los crímenes perpetuados tanto por el gobierno, como por las fuerzas opositoras, por grupos yihadistas, e inclusive por la ayuda internacional (Rusia). Desde el 2011 tanto Human Rights Watch como la misma Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria han fallado contra el gobierno sirio; en el mes de diciembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido con carácter especial tras su decimoséptima sesión especial:
Condena enérgicamente las continuas y graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las autoridades sirias, como las ejecuciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y el asesinato y persecución de manifestantes y defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos a detenidos, incluso de niños (El País, 2011).
De igual manera en el punto 4 hace un llamado referente a la responsabilidad que tienen de la protección de su población.
Exhorta a las autoridades sirias a que pongan fin de inmediato a todas las violaciones de los derechos humanos, de proteger a la población y cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y pide que se ponga fin de inmediato a toda la violencia en la República Árabe Siria (Consejo de Derechos Humanos, 2011).
Mostrando de esta manera que desde el 2011 se conocía la gravedad del asunto, dándole peso a la argumentación de que en este caso la comunidad internacional no cumplió con el principio de prevención. Según investigaciones se han encontrado evidencias de actos de represión y violencia orquestados por parte del mismo gobierno contra la población Siria, mostrando así la importancia de la activación de la Responsabilidad de Proteger en territorio Sirio.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) -Joint Investigative Mechanism (JIM) también determinó que las fuerzas del gobierno sirio usaron gas cloro entre 2014 y 2015. Numerosos grupos armados de oposición también cometieron crímenes de guerra, y la OPCW-JIM descubrió que evidencia de que ISIL utilizó azufre y mostaza en ataques durante 20I5 y 20I6. El 15 de octubre, la British Broadcasting Corporation publicó un informe de investigación en el que se afirma que al menos 106 ataques con armas químicas han tenido lugar en Siria desde que el gobierno se adhirió a la Convención sobre armas químicas en septiembre de 2013. (Global Center for the Responsability to Protect, 2018).
Sin embargo, hay contexto para determinar por qué no se ha llevado a cabo una acción contundente por parte de la comunidad internacional y responde a intereses particulares de ciertos Estados que por medio del uso del veto han limitado el consenso y por ende el accionar del Consejo de Seguridad. Este último ha sido fuertemente criticado por su ineficacia pues el uso del veto ha sido aquel que ha impedido acciones contundentes y de una u otra forma permite que la crisis continúe. El principal aliado del gobierno sirio es Rusia, y es gracias a esto que en total ha vetado alrededor de 12 resoluciones las cuales buscan "restablecer el cese de las hostilidades, establecer una zona de exclusión aérea sobre Alepo, proporcionar acceso humanitario sin trabas y responsabilizar a los autores de atrocidades" (Global Center for the Responsability to Protect, 2016).
Lo que se subraya en estos vetos es el hecho que en las resoluciones que no aprueba Rusia se incrimina directamente al Estado Sirio de los crímenes cometidos contra la población civil. Otro asunto a agregar, es el hecho que Rusia ha sido partidario de ataques aéreos que lo han llevado a investigaciones por parte de las Naciones Unidas para determinar si ha cometido crímenes de guerra en dicha crisis (Cumming-Bruce, 2018). Según el Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria entregada ante la Asamblea General del 2018 se establece que el día 13 de noviembre del 2017, se realizaron una serie de ataques aéreos en un mercado concurrido que terminó con la vida de alrededor de 84 personas, dejando 150 víctimas heridas, dentro de la investigación se llegó a la conclusión de que;
La información disponible indica que los ataques fueron realizados por un avión ruso de ala fija que usaba armas no guiadas, incluidas armas explosivas. El uso de tales armas en un área densamente poblada por civiles seguramente impactaría a los civiles [...] No hay evidencia que indique que el ataque mencionado apuntó deliberadamente a civiles o al mercado de Atarib. Sin embargo, el uso de bombas no guiadas, incluidas las armas explosivas, en un área densamente poblada por civiles puede constituir el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que resulten en la muerte y lesiones a civiles. (Human Rights Council, 2018),
Dejando de lado las evidencias que demuestran el rol que presentó Rusia en la crisis de Siria, esta tuvo gran impacto en las votaciones por la aprobación de resoluciones "la declaración, que hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno sirio de prevenir la violencia contra su propia gente, no se pudo emitir porque no hubo acuerdo entre los Estados miembros". A pesar de ello también se opusieron a la medida alternativa:
Mientras que China y la India expresaron su preocupación por los incidentes ocurridos en Siria, Rusia declaró que la situación actual en Siria no representaba una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los Estados miembros del Consejo de Seguridad («Estados miembros») consideraron emitir un comunicado de prensa tal como lo propuso la Unión Europea (UE). Sin embargo, la declaración, que hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno sirio de prevenir la violencia contra su propia gente, no se pudo emitir porque no hubo acuerdo entre los Estados miembros. En particular, Rusia y el Líbano se opusieron, afirmando que tal declaración de prensa sería una interferencia en los asuntos internos de Siria (Halliyade, 2016, p. 217).
Esta es una muestra más de los intentos que ha tenido Rusia de impedir que la intervención humanitaria a Siria sea llevada a cabo, puesto que esta se ve condicionada por la aceptación del gobierno sirio como uno de los grandes causantes de la crisis. Es claro que las relaciones y los intereses de Rusia se ven claros en su accionar dentro del Consejo de Seguridad. Partiendo de las denuncias internacionales que han surgido por parte del Estado de Siria hacia su población civil se han de tener en cuenta variedad de aspectos claves para el entendimiento del rechazo por parte de Rusia a una intervención humanitaria en territorio sirio. Un elemento a analizar es la posición geoestratégica que ha significado para Rusia tener un aliado en el mundo árabe, pues desde 1970 gracias a los esfuerzos realizados por Háfez al-Assad hasta el fin de la Unión Soviética en 1991 Siria fue un gran aliado (Sánchez, 2012). La afiliación diplomática y militar ha logrado continuar a causa del régimen al-Assad hasta hoy en día, prueba de esto es la presencia de la base naval de Tartús inagurada en 1971. Cabe aclarar que las relaciones entre Siria y Rusia responden principalmente a intereses estratégicos más que ideológicos, prueba de esto es el apoyo militar que se ha desarrollado puesto que;
[...] se estima que para 2006, unos 10.000 oficiales sirios habían recibido capacitación en las academias militares tanto soviéticas como rusas, y que hasta ese año 2.000 asesores militares rusos prestaban servicio en el ejército sirio. [...] para diciembre de 2012, los asesores militares rusos aún manejan algunas de las defensas aéreas más sofisticadas de Siria (como lo hicieron durante la Guerra Fría), un factor que complica cualquier intervención militar externa (Roy, 2013, p. 802).
El vínculo que poseen estos Estados va mucho más allá de un aspecto diplomático y legal sobre el rechazo a una intervención humanitaria que pueda llegar a desencadenar mayor desestabilidad a la región. Sin embargo, continuando con el planteamiento diplomático, Rusia rechazó la intervención bajo el argumento del caso de Libia en el 2011 con el derrocamiento de Gadafi; según el Ministro ruso de Asuntos Exteriores Lavrov podría el intervencionismo el ser peligroso para la estabilidad interna de los Estados ocasionando múltiples guerras civiles (Roy, 2013). Por otra parte, el apoyo político y estratégico que ambos Estados representan se ha evidenciado en la ONU, el rechazo que promulgan frente a cambios de régimen por entidades externas ha sido en conjunto, ejemplo de esto ha sido la oposición ante el Consejo de Seguridad por la intervención en Irak en 2002 y 2003 (CNN, 2002). En cuanto a la complicidad que se es clara en las situaciones que les competen directamente, Siria fue el segundo Estado en apoyar la intervención de Rusia en Georgia ofreciendo la localización de sistemas misiles rusos para el control de la situación; y Moscú ha sido uno de los principales objetores a los procesos de intervención en Siria, abogando por la seguridad del pueblo en cuestión ante la amenaza latente de una mayor inestabilidad política y el desencadenamiento de fuertes guerras civiles (Roy, 2013).
El análisis de este caso es relevante para identificar las falencias que ha presentado la poca inmediatez en la utilización de la Responsabilidad de Proteger. Demostrando de esta manera que la complejidad de las crisis y conflictos son determinantes en la resolución de estas, puesto que como ya se mencionó anteriormente, la decisión de cooperación o la resistencia es decisiva para saber cómo actuar, puesto que hay que tener en cuenta unos mecanismos dentro del régimen los cuales se encargan del aspecto preventivo, de pronta reacción y de reconstrucción. Y como lo es en el caso de Siria, se vio la precaria intensión política en la etapa de prevención, como Silva lo asevera:
En Siria no se pusieron en marcha los mecanismos preventivos al inicio de la crisis, cuando había claros signos de que crímenes atroces podían llegar a producirse. Solamente cuando este hecho fue claro (el ataque químico de 2013) el Consejo rompió su impasse y en pocos días Siria ratificaba la Convención para la prohibición de las armas químicas y destruía su arsenal (Roy, 2013).
De igual manera se es claro el problema que enfrenta la activación oportuna del régimen de Responsabilidad de proteger gracias a la poca articulación entre los Estados para dar respuesta, se ven limitados por el uso del veto y por las estrategias diplomáticas que conllevan a la defensa de ciertos intereses particulares -como lo es el caso de Rusia y Siria. Y en cuanto a la poca capacidad de reconstrucción de la estructura social, esta se ve limitada por que "dado que el conflicto no ha terminado, y en vista de cómo se ha desarrollado el conflicto, se han planteado serias dudas sobre la probabilidad de que se realicen esfuerzos de reconstrucción efectivos en Siria" (Halliyade, 2016, p. 243).
Conclusiones
Partiendo que las reglas y condiciones de las intervenciones humanitarias han sido construidas a lo largo del trasegar empírico, se han visto minadas de variedad de críticas y aprendizajes que han sido adoptados a partir del ensayo-error, ejemplo de esto se ve desde I960 en el caso del Congo con la invasión de Bélgica la cual alegaba la 'intervención' en pro de la salvaguarda de los ciudadanos extranjeros. De igual manera se evidencia la falta de claridad en cuanto al alcance e impactos que puede llegar a tener la Responsabilidad de Proteger, partiendo del hecho que "La mayoría de los Estados no participó en su elaboración, viéndose confrontados así con el borrador de un concepto difuso, complejo y, además, controvertido, que a la vez era promovido por países occidentales y países amigos y afines" (Meza, 2010). Esto demuestra que aún hay aspectos por mejorar, aclarar e inclusive por legitimar dentro de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Otros elementos que deben ser tomados en cuenta para clarificación en la aplicación y operatividad de la Responsabilidad de Proteger son los identificados por Bellamy "[...] R2P ya no propuso criterios para guiar la toma de decisiones sobre cuándo intervenir; no existe un código de conducta para el uso del veto; y no hay ninguna apertura para medidas coercitivas no autorizadas por el Consejo de Seguridad" (2008, p. 623). Esto último relacionado directamente con el caso de Siria dado que por la poca claridad de estas normas y sus implicaciones los procesos se han alargado y complejizado.
Analizando el contexto en que surgen los conflictos y sus complejidades correspondientes, es claro la variedad de debilidades que encuentra la aplicación de la Responsabilidad de Proteger en el sistema jurídico internacional y en el aspecto societal, como bien se argumentó hay variedad de restricciones que evitan que las respuestas sean oportunas y los intereses de los Estados en ciertos casos no se dejan de lado como lo es en ciertas utilizaciones del veto en especial cuando " Estados Unidos veta cualquier resolución destinada a cumplir con la R2P a la población palestina de los abusos de la ocupación" (Silva, 2017). Pero a pesar de las falencias que se han encontrado en la aplicación de este régimen, se es claro que los intereses de los Estados se hacen claros en un ambiente anárquico y que al no existir ninguna autoridad superior que geste mecanismos de coerción hacia los Estados en pos de la defensa de la vida y seguridad de las poblaciones, el principal objetivo sería entonces buscar mecanismos que sean útiles en casos de vetos para que de esta manera el Consejo de Seguridad pueda ser desbloqueado y de esta manera evitar la continuidad de crímenes de guerra, genocidios, limpiezas étnicas.
