3.1. Garantías para el ejercicio de la oposición

En Colombia predomina una práctica anti-oposición que excluye y margina de la arena política las iniciativas que desde distintos movimientos sociales y fuerzas vivas del país buscan expresarse en procura de las transformaciones requeridas. Contrasta esta anti-oposición con experiencias de incorporación a la vida política, como las reportadas por

^{Fisas (2010}, p. 5) Todos los grupos de oposición que lucharon durante el conflicto acabaron ocupando puestos de responsabilidad en los nuevos gobiernos surgidos tras los Acuerdos de Paz, esto en los casos de El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur de Sudán, Burundi, Indonesia y Nepal.

Para comprender las dificultades que sigue teniendo la participación política de la oposición en Colombia luego del Acuerdo de Paz, pueden ser de interés los trabajos de ^{Manning (2004)}, quien ha estudiado los grupos armados de oposición en partidos políticos comparando los casos de Bosnia, Kosovo y Mozambique. ^{Manning (2004)} argumenta que todas las transiciones de la guerra a la paz, mediadas por procesos de democratización, presentan dos grandes tipos de desafíos organizacionales: los que implican ajustes en las relaciones entre las elites, y aquellos que requieren cambios en la forma en que las partes intentan atraer un seguimiento masivo, denominadas estrategias de incentivos colectivos. La mezcla específica de desafíos está influenciada por factores institucionales, intervención internacional, y contexto histórico, entre otras.

El gobierno colombiano actual ha utilizado un lenguaje bélico que dificulta la transición del conflicto a la paz. Debido a que la política electoral requiere un conjunto de habilidades diferente de aquellas exigidas en tiempos de conflicto, una transición de la confrontación puede cambiar las fuentes de poder organizacional y la autoridad. No sólo la configuración institucional del ámbito político, sino también el resultado sustantivo del acuerdo de paz influye en la probabilidad de que los partidos estén dispuestos y sean capaces de invertir en las nuevas reglas del juego (^{Manning, 2004}).

En Colombia el diseño institucional dificulta la participación en política de todos los grupos sociales que se encuentran alejados de los intereses del régimen político gobernante. Al respecto, ^{Blattman (2008)}, en sus análisis sobre la guerra y la participación política en Uganda, sustenta que las ciencias sociales todavía tienen que producir una teoría estándar y apoyada empíricamente en la participación política.

La violencia de la guerra crea quejas que aumentan el valor inherente que los individuos dan a la expresión política, motivándolos a aumentar el liderazgo comunitario. Esta interpretación puede explicar, al menos en parte, por qué las FARC siguen comprometidas con el Acuerdo de Paz en medio de la violencia del posconflicto. Y esta explicación no es algo menor en tanto que otras experiencias de procesos de paz en el mundo señalan que de los 38 acuerdos de paz firmados entre 1988 y 1998, 31 no duraron más de tres años (^{Pearlman, 2009}).

En el caso colombiano la revisión histórica ha demostrado que las dificultades para hacer oposición tienen que ver con las políticas de Estado (^{Guarín, 2006}). Los procesos de paz que culminaron con la desmovilización de algunos grupos insurgentes, y su participación a través de canales institucionales, marcaron la política colombiana durante la primera parte de los años noventa del siglo XX. Las guerrillas de los años setenta y ochenta lograron cuestionar las estructuras de poder y colocar en la agenda nacional temas fundamentales como los derechos humanos, la democracia, la justicia, la paz y la militarización (^{Flórez y Valenzuela, 1997}).

Esta dinámica colombiana de los años noventa del siglo XX, coincide con los análisis de ^{Welsh (1994)}, quien, al comparar los procesos de transición política en Europa Central y Oriental, halla que independientemente del modo de transición, el concepto de negociación es crucial para entender el proceso de paz. El argumento de Welsh se basa en la suposición de que los negociadores necesitan alcanzar algún acuerdo, pero, al mismo tiempo, desean establecerse en condiciones favorables ellos mismos (^{Welsh, 1994}).

Estos análisis contrastan con uno de los supuestos subyacentes de gran parte de la literatura sobre las transiciones, según el cual, el modo con el que se crean nuevos regímenes tiene implicaciones importantes para la estabilidad de la poliarquía emergente. Estos modos de transición se distinguen generalmente según el proceso a través del cual los titulares son reemplazados por la fuerza de oposición. Grosso modo, se encuentran transiciones desde arriba (transformación/transacción/reforma), transiciones desde abajo (sustitución/ruptura/ruptura), y transiciones donde el régimen y la oposición desempeñan un papel casi igual en el sistema de transformación (translocación/ eliminación). Tener en cuenta los diferentes patrones de negociación contribuye a una mejor comprensión del proceso de transición, permitiendo distinguir entre diferentes etapas del proceso de transición sin tener que depender únicamente de eventos concretos como las elecciones fundacionales. Para ^{Welsh (1994)}, diferentes etapas del proceso de transición se definen por diferentes modos de resolución de conflictos.

En este enfoque, el exitoso proceso de transición hacia el gobierno democrático político involucra tres etapas. En primer lugar, la liberalización del régimen autoritario está acompañada de descensos en el uso del orden y la imposición como los modos prevalecientes de resolución de conflictos. En segundo lugar, a medida que la transición avanza a la eliminación del antiguo régimen y la institucionalización de un nuevo sistema político, la negociación y el compromiso surgen como las principales características de la toma de decisiones. Por último, la consolidación de la transición se distingue por el predominio de la competencia y la cooperación como el medio predominante de resolución de conflictos.

En Colombia, donde con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se evidenció la tercera etapa anotada, el gobierno actual se niega a realizar los cambios comprometidos. Adicionalmente, los esfuerzos de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional han sido insuficientes. En el caso de la sociedad, tanto por haberse presentado el silenciamiento de ésta por parte de diversos actores, como por la violencia ejercida contra las fuerzas de oposición. Y en el caso de la comunidad internacional, porque no se ha hecho la suficiente difusión y seguimiento a lo acordado.

^{Humphreys y Weinstein (2008)} señalan que entender las motivaciones de los combatientes puede arrojar luz sobre los orígenes y evolución de estos conflictos. Y, también ayuda en la evaluación de estrategias de resolución de conflictos y reconstrucción en el período del posconflicto. Si los ejércitos insurgentes han sido forjados a través de la promesa de rentas de recursos de la extracción de minerales, el establecimiento de la paz puede depender de la capacidad de los actores externos para comprar el apoyo de saboteadores potenciales. Si estos ejércitos han motivado la participación movilizando el descontento popular con las políticas gubernamentales, los acuerdos de posconflicto deben tomar más seriamente el establecimiento de arreglos institucionales enfocados en la discriminación, la opresión y la desigualdad.

A partir de los hallazgos de ^{Humphreys y Weinstein (2008)} es posible deducir que en el caso colombiano existe un mayor compromiso del ahora partido político FARC con el Acuerdo de Paz debido a su descontento con un régimen político que sustenta la desigualdad, la crisis ambiental y la pobreza. También insinúan que el descontento, cuando se presenta a través de individuos en una clase social determinada o grupo étnico, proporciona las bases para la movilización y el inicio de la violencia contra el Estado. La reticencia del gobierno colombiano a cumplir con el | Acuerdo de Paz contrasta con la posición firme de FARC.

^{Pearlman (2009)} afirma que donde los partidos mantuvieron a raya a los saboteadores, como en Guatemala y Sudáfrica, años sangrientos dieron paso a transiciones exitosas a la paz y a la democracia; en tanto donde los saboteadores resultaron triunfadores, como en Angola y Ruanda, la violencia que se produjo después del fracaso del acuerdo fue más horrible que aquella que lo había precedido. En Colombia, el partido del gobierno actual, Centro Democrático, intenta hacer fracasar el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Las estrategias retóricas utilizadas por el Centro Democrático han generado que en la opinión pública se entiendan los diálogos de paz en el marco de interpretación del belicismo, lo cual lleva a una negación radical del proyecto de finalización del conflicto por la vía del diálogo. Entender las negociaciones como una confrontación es alejarse del enfoque asumido por el proceso e introducir en la esfera pública una discusión que aparta el debate de temas fundamentales, como los contenidos de los acuerdos (^{Olave y Cediel, 2015}).

En el caso colombiano los actos de intolerancia contra el naciente partido FARC en las ciudades de Armenia, Yumbo y Cali, previo a las elecciones de primera vuelta presidencial del periodo 2018-2022, dejaron ver que el ejercicio de la violencia contra el opositor político no es únicamente en el terreno cotidiano ultimando líderes y lideresas sociales y excombatientes: también se ejerce en el ámbito de la política electoral (^{Casey, 2018}).

^{Pearlman (2009)} asevera que un proceso de paz es un esfuerzo sostenido para negociar una solución duradera a un prolongado conflicto entre Estados y/o grupos no estatales. Los actores no satisfechos con los términos de un acuerdo se involucran en el comportamiento de sabotear, a menos que terceras partes supriman, acomoden, o los coopten a ellos según corresponda para direccionar a estos actores hacia metas codiciosas, limitadas o totales. Los saboteadores utilizan la violencia porque es más eficaz que las negociaciones para obligar a las democracias a ceder el territorio. Los saboteadores diseñan ataques para socavar la confianza. En Colombia pese a la intensidad del sabotaje a lo acordado por parte del partido Centro Democrático, los excombatientes de las FARC se siguen afirmando en su compromiso con la consolidación de la paz sostenible y duradera, planteada en el Acuerdo de 2016.

Mientras las FARC ha mostrado su compromiso con las transformaciones que necesita el país para superar su crisis humanitaria (^{Zonacero.com, 2019}), los estudios de ^{Mora (2017)} y ^{Olave y Cediel (2015)} muestran cómo los partidos políticos que históricamente han gobernado, generado y promovido los conflictos armados, en distintas experiencias a nivel mundial, se oponen a los acuerdos de paz y los sabotean, evidente en el caso del partido Centro Democrático en Colombia.

3.2. Garantías para la libertad de expresión

El asesinato es una de las formas más comunes de violar la libertad de expresión en Colombia, consagrada como uno de los derechos fundamentales en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991, en la cual, de manera formal "se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".

Aunque se reconoce que la libertad de expresión es pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática -según Corte Constitucional, 2013, sentencia T- 256, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (^{Arboleda, 2014}); en Colombia, la libertad de expresión es violentada mediante amenazas, secuestros, asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales (^{Londoño, 2016}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH, 2015}, ^{Fundación Para la Libertad de Prensa -FLIP, 2019}). Históricamente, el Estado colombiano ha sido un instrumento que concentra la violencia y la encauza a eliminar la oposición (^{Revollo, 2018}; ^{Giraldo, 1994}; ^{Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH, 2013}). El Acuerdo de Paz firmado en 2016, significó el reconocimiento, por parte del Gobierno colombiano de la necesidad de realizar profundas transformaciones en el Estado para generar condiciones para la libertad de expresión y la puesta en marcha de emprendimientos de distinta índole (^{Botello-Peñaloza y Guerrero-Rincón, 2017}; ^{García-Macías, Zerón-Felix y Sánchez-Tovar, 2018}; ^{Díaz-Fernández y Echevarría-León, 2016}). Empero, los asesinatos selectivos de líderes sociales, líderes sindicales y comunicadores, perpetrados por el Estado o con su complicidad, en todas las regiones del país (^{El Tiempo, 2019}), han tenido como objetivo no sólo a opositores políticos pertenecientes al partido FARC sino a las expresiones sociales que disienten de la política económica del país (^{Indepaz, 2019}) (Figura 1).

Fuente: Instituto de estudios para el desarrollo y la paz ^{Indepaz (2019)}

Figura 1 Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en 2018  

^{Ávila (2017)}, en columna del periódico El País, afirma que en el país la connivencia entre partidos políticos, altas cortes, fiscalía y órgano electoral es tan grande que la opinión se puede censurar. La Fundación Para la Libertad de Prensa -FLIP, en el "Informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2019. Callar y fingir, la censura de siempre" evidencia que pese a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no se han realizado las transformaciones para generar condiciones para la libertad de expresión. FLIP (2019) documentó:

3.3. Garantías para la asociación y los movimientos sociales

En Colombia, el gobierno promueve un contexto de violación sistemática y generalizada de las garantías para la asociación sindical y los movimientos sociales, lo cual evidencia un desinterés por la democracia y la paz (^{Castrillón-Torres y Cadavid-Ramírez, 2018}, p. 151). Los estudios de ^{Murillo (2019)} sobre las perspectivas del Acuerdo de Paz concluyen que es preocupante la forma como el gobierno crea un clima de incertidumbre que se extiende a otros temas urgentes de la agenda oficial: no considera los recursos -institucionales, económicos y humanos- disponibles y tampoco opera bajo una lógica democrática.

El "Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas en Colombia, 2016-2018. La paz se construye con garantías para la libertad sindical", publicado en mayo de 2019 por la Escuela Nacional Sindical, muestra que, luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la violencia antisindical no es un fenómeno superado y sigue siendo una violación a los derechos humanos de los sindicalistas, un grave obstáculo para la libertad sindical y un modo de tratamiento basado en la exclusión y la estigmatización (^{Colorado, Trujillo, Ortiz y Amado, 2019}). Según esto, el Acuerdo de Paz de 2016 no ha significado la superación de la persecución y violencia contra sindicatos y sindicalistas, por el contrario, han aumentado los homicidios (Tabla 1).

Tabla 1 Violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, 2016-2018. 

Fuente: ^{Colorado et al. (2019}, p. 22), basados en Sistema de Información en Derechos Humanos, Sinderh, ENS.

El Acuerdo de Paz de 2016 no ha significado que las organizaciones y los movimientos sociales puedan disentir del régimen político, y, por tanto, ayudar a sentar las bases para la democracia y la construcción de paz. Desde esta perspectiva, cobra validez considerar que, para la construcción democrática, la oposición es necesaria puesto que permite una búsqueda reflexionada del progreso social, con el aporte de la expresión de un verdadero pluralismo social y político que conduce los anhelos sociales en políticas públicas (^{De la Cruz y Ariza, 2017}).

El 7 de mayo de 2018, 108 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del sur occidente colombiano y del orden nacional elevaron por medio de un comunicado su solicitud a la comunidad internacional de realizar los esfuerzos necesarios para frenar la persecución y ataque a los defensores de derechos humanos y a líderes y lideresas del movimiento social colombiano (^{Coordinador Nacional Agrario - CNA 2018}). El comunicado pone de manifiesto "el terrorismo estatal contra el movimiento social y su práctica genocida histórica, contra los líderes y lideresas sociales" (^{CNA, 2018}, p. 1).

No es dable esperar que el Estado colombiano reconozca que no hay garantías para las expresiones de los movimientos sociales del país. En Colombia, las organizaciones y movimientos sociales rurales del país, que han sido los más afectados por el conflicto político, social y armado, encuentran en el Estado el principal obstáculo para la consecución de la paz (^{ONIC, 2018}; ^{CRIC, 2019}). Esta consideración halla asidero en los estudios de CEPAL (2018) y FAO (2018), según estos organismos multilaterales la pobreza estructural en los sectores rurales sigue siendo alarmantemente elevada. Estimaciones de la CEPAL (2018), señalan que en el 2016 los porcentajes de población en situación de pobreza rural y de pobreza extrema rural en Latinoamérica alcanzaron el 48,6% y 22,5%, respectivamente. Dichos niveles, se consideran muy elevados (FAO, 2018) y dificultan los desafíos que implica para el país el creciente auge de la economía digital en el mundo (^{Calle-Álvarez y Sánchez-Castro, 2017}).

En Colombia, la reducción de la pobreza rural se puede obtener mediante un enfoque de Desarrollo Territorial Rural (FAO, 2018), tal como lo estipula el Acuerdo de Paz, que permita lograr menor inseguridad alimentaria, disminuir la presión migratoria sobre zonas urbanas, reducir la conflictividad social y evitar la degradación de los ecosistemas; además, que impulse la capacidad productiva y la contribución económica de los pobres rurales (^{Sánchez-Jiménez, Nieto Gómez y Giraldo-Díaz, 2018}). A pesar de haberse firmado el Acuerdo de Paz en 2016, que vislumbra este enfoque de desarrollo, el Estado orienta políticas que agudizan los problemas políticos, sociales y ambientales de las poblaciones rurales (^{Alzate, 2018}).

Pareciera que el gobierno colombiano asumió dos formas de actuar en el marco de las negociaciones, pues en la Habana hilaba un discurso retórico que le daba forma a una difícil interlocución entre dos partes históricamente enfrentadas sin permitir la emergencia de los acuerdos creadores para la reconciliación; de otro lado, en Colombia el mismo gobierno y en el ejercicio pleno de la gubernamentalidad, deshila y desconoce lo acordado. Con el Acuerdo de Paz emergieron las esperanzas de las poblaciones rurales, sumidas en la pobreza rural multidimensional (FAO, 2018). Aunque las FARC se han comprometido con lo acordado, a lo largo y ancho del país estas esperanzas se ven interrumpidas por la violencia estatal (^{Indepaz, 2019}; ^{ONIC, 2019}). El Estado colombiano no coadyuva a superar la pobreza y la crisis humanitaria de las sociedades rurales, al contrario, sus políticas las agudizan.

Las organizaciones y movimientos sociales rurales colombianos promueven y desarrollan acciones tendientes a la superación real del conflicto social y armado del país. Estas acciones comprenden iniciativas de organización social y política que se ven perseguidas por el Estado colombiano (^{Indepaz, 2019}; ^{ONIC, 2019}). Es así como algunas organizaciones políticas nacidas como producto de la agrupación, en su mayoría de sindicatos, organizaciones estudiantiles y organizaciones sociales de base, han servido para la generación de partidos y movimientos políticos recientes que han intentado distanciarse del Gobierno a través del ejercicio de la oposición, viéndose muchas veces desdibujado dicho ejercicio básicamente por dos circunstancias fundamentales: la incapacidad de generar gobernabilidad para los gobiernos de izquierda, ya sea por su propio sectarismo, o por el sectarismo de quienes se le oponen y por la falta de definición ideológica (^{De la Cruz y Ariza, 2017})

Jorge Eliecer Gaitán reivindicaba la oposición para construir nuevas estructuras sociales, con un repensar en los derechos de propiedad, de trabajo, políticos, y de proyección social, en especial de aquellas clases desfavorecidas en el país. Es la inclusión de las diferentes maneras de vivir que coexisten en el interior de la sociedad y que deben interactuar entre sí para poder generar el equilibrio del progreso social (^{De la Cruz y Ariza, 2017}).