3.1. Punto de inflexión e indicadores estratégicos

La manera en la que se resuelven los conflictos no responde al simple patrón de perder o ganar como un juego de suma cero. Dada la importancia y consecuencias de las categorizaciones al respecto, los esfuerzos por establecer definiciones apropiadas han dado cabida, con los desarrollos del pensamiento estratégico en conjunción con la teoría de juegos, como el trabajo de Thomas ^{Schelling (1964)} a la posibilidad de entender los resultados de un conflicto como un juego de suma variable. Las aplicaciones de estos desarrollos sobre el conflicto estudiado han aplicado el criterio económico de costo/beneficio frente a la continuación del conflicto o la firma de acuerdos (^{Gorbaneff y Jacome, 2000}; ^{Zambrano y Zuleta, 2017}), pero han dejado de lado la interdependencia estratégica. En otra vía de avance de trabajos sobre conflictos asimétricos y contrainsurgencia, en la publicación How Insurgencys End de ^{Connable y Libicki (2010)}, quienes hacen parte de la corporación RAND (National Security Research Division), se realiza el análisis detallado de ochenta y nueve conflictos en todo el mundo, ofreciendo una perspectiva estratégica de los conflictos asimétricos modernos y sus patrones de desarrollo o maduración.

¿Que hace que un actor armado no estatal como las FARC, reconocido por sus argumentos extremistas, "como un actor que siempre se había negado a negociar" (^{Chinchilla, 2010}, p. 8), entregue las armas y participe de la vida política legal?, ¿qué aspectos están relacionados con estas decisiones de negociación y desarme?, ¿cuándo se producen? Desde una perspectiva estratégica, la respuesta a estas preguntas está relacionada con la noción de punto de inflexión, como afirma ^{Kaufman y Kaufman (2013)}, este es, un momento de masa crítica, un umbral o punto de ebullición que, cuando se alcanza, hace que el impulso para el cambio sea imparable. Es una definición más completa que la noción que se popularizo con el libro The tipping Point, que lo definió como ese momento dramático en una epidemia cuando todo puede cambiar de golpe (^{Gladwell, 2000}), pero que mostró muy útil al interpretar el fenómeno por el que un producto cruza el umbral y se hace viral entre otros ejemplos.

De ahí que el cambio desde un grupo que siempre se negó a negociar (^{Chinchilla, 2010}) a que el mismo grupo entregue las armas con un acuerdo de paz, pasa primero por un punto de inflexión determinado. Surge entonces la pregunta por ¿cómo se producen estos momentos?, existen dos interpretaciones de diferente enfoque, pero complementarias. En una los puntos de inflexión se producen cuando la proporción de "duros" y "suaves" al interior de una organización cambia drásticamente (^{Kaufman y Kaufman, 2013}) y ya ha sido empleada para responder preguntas en las negociaciones colombianas similares a las de este trabajo como en ^{Chinchilla (2010)}. En otra perspectiva, los puntos de inflexión pueden originarse por factores del entorno estratégico, como en el trabajo de la corporación RAND que también ha sido empleada para responder preguntas similares a las de este trabajo, pero desde un análisis cuantitativo en relación al debilitamiento de líneas estratégicas (^{Segura, 2020}).

La investigación llevada a cabo desde la corporación RAND, How Insurgences end, encabezada por ^{Connable y Libicki (2010)} obedece a dos planteamientos metodológicos. El primero busca evaluar la literatura tradicional en el campo de la contrainsurgencia y compararla con una base de datos pormenorizada de los conflictos armados recientes, que cumplen ciertas condiciones definidas por los autores. Segundo, establecer de entre los conflictos estudiados, cuáles son los cambios estratégicos comunes que derivan en sus respectivos resultados. Llama la atención que los elementos cualitativos de este proyecto se centran en gran parte en identificar y describir los puntos de inflexión en un conjunto seleccionado de campañas contrainsurgentes.

La investigación cataloga ochenta y nueve conflictos de la historia reciente en cuatro posibles resultados: Gobierno gana, insurgencia gana, resultado mixto y en curso o no concluyente. Luego, a través de la comparación entre casos del mismo resultado, establecen los elementos estratégicos comunes a ellos, que se denominan indicadores estratégicos clave y sirven para determinar el punto de inflexión en un conflicto. Para la fecha de publicación del estudio, el resultado del conflicto colombiano con las FARC aún no era concluyente o "en curso". Sin embargo, uno de los hallazgos de los investigadores suguiere que los casos en los que la insurgencia dura más de diez años, son más propensos a terminar con la victoria del Gobierno. Este estudio presenta diversos hallazgos que son herramientas importantes para interpretar y gestionar los conflictos actuales.

A la hora de definir las categorías para la resolución del conflicto como un juego de suma variable, los autores han determinado que, además de cubrir la totalidad de resultados en los conflictos analizados, estos deben ser excluyentes entre sí. En este sentido, se proponen cuatro tipos de resolución de un conflicto contrainsurgente, cada uno con indicadores clave ilustrados en la Tabla 1.

Tabla 1 Tipos de Resultado del conflicto y sus indicadores, según ^{Connable y Libicki (2010)}  

Fuente: Elaboración propia.

^{Connable y Libicki (2010)} dedican algunas páginas al conflicto colombiano y, aunque lo catalogan como "en curso", anticipan los posibles hechos basándose en la tendencia del conflicto a finales de primera década del siglo XXI. Según los autores, el posible punto de inflexión se sitúa en el año 2000, atendiendo a varios factores, principalmente el decidido apoyo directo de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, la disminución del 50 % de los combatientes de las FARC y el aumento del pie de fuerza gubernamental. Estos factores impulsaron la acción estatal y debilitaron la fuerza insurgente, lo que se profundizó durante la década siguiente, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Este planteamiento es compatible con los resultados del presente trabajo, que ubican el punto de inflexión del conflicto con las FARC en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002).

3.2. Desarrollo estratégico y punto de inflexión en el conflicto con las FARC

En su periodo inicial, las FARC era concebida por el PCC (Partido Comunista Colombiano) como una simple reserva estratégica en el caso de que se produjera en Colombia un golpe militar y se cerraran todas las vías para la acción política legal. Es por esto que la organización se limitó a un crecimiento casi nulo, reflejado en un reclutamiento lento de nuevos miembros y una escasa expansión geográfica (^{Arenas, 1986}; ^{Pizarro, 2006}). Durante casi toda la década de los setenta, más allá de una guerra móvil, el grupo fue una autodefensa campesina. En 1970, tras dos de sus conferencias, solo contarían con setecientos ochenta hombres, pues la estrategia del grupo antes de su VII Conferencia del año l982, si bien no podía enmarcarse aun en la de Guerra Popular Prolongada, sí se proponía preparar sus condiciones. La estrategia era defensiva y la táctica ofensiva, en aras de dispersar el enemigo y preparar regiones de retaguardia donde se pudiera asentar la guerrilla. Como afirma ^{Pizarro (2006)}, esta era una estrategia centrifuga. Es sus primeras décadas de existencia, el grupo logró extender el espacio de la lucha militar dispersando al ejército estatal colombiano y restando valor a su desventaja numérica. Además, logró salir de las apartadas zonas de colonización que controlaba, expandiéndose hacia regiones más cercanas a las ciudades principales y de mayor importancia económica.

La VII conferencia del grupo insurgente realizada en el año l982, representa un cambio sustancial en términos estratégicos. En esta conferencia, se formula un plan estratégico de largo aliento llamado "Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia", el cual combina elementos del modelo de guerra popular prolongada y del modelo de guerra insurreccional. Del modelo de guerra popular prolongada, las FARC tomó el uso de formas de lucha, tanto políticas como militares, ya que inicialmente así se aspiraba a la organización del Partido o del Frente Único. Del modelo de guerra insurreccional, en lo militar, la combinación de la guerra de guerrillas, la guerra de movimientos y eventualmente, sin ser fundamental la guerra de posiciones. El modelo de GPP implicaba también el reconocimiento de la inferioridad de los rebeldes frente a la fortaleza del enemigo, situación que debía de variar en el curso de la lucha. Del segundo, el modelo de guerra insurreccional, recogieron la idea de desarrollar una fuerte y planificada insurrección general que debía apoyarse en la organización de redes urbanas, en la aproximación de las fuerzas rurales a los centros urbanos y cuyo estallido sería simultáneo a una gran ofensiva guerrillera sobre la capital del país (^{Petras, 2000}; ^{Aguilera, 2013}).

Se toma como centro de despliegue la cordillera oriental, desde la cual debe producirse la preparación del cerco sobre la capital, mientras la actividad militar periférica busca impedir la concentración de las fuerzas estatales. Se le agrega las siglas EP (Ejército del Pueblo) a su nombre para denotar el cambio estratégico de resistencia defensiva a la ofensiva por la toma del poder.

Según ^{Aguilera (2013)}, tras este cambio estratégico las FARC comienzan un vertiginoso crecimientos económico y militar, lo que posibilita dos condiciones fundamentales: primero, el pacto de la tregua y cese al fuego bilateral, firmado con el Gobierno y que duraría tres años, permitió no solo la expansión y crecimiento militar, sino la incursión y legitimación en espacios amplios con la iniciativa de la UP (Unión Patriótica). Segundo, la creciente bonanza de la coca, el banano y la ganadería que, a través del secuestro o la extorsión, daría origen a la sólida "economía de guerra" que habrían de construir. En 1985 las FARC realizan un pleno con su conducción que definiría su estrategia en tres fases:

La primera entre 1985-1990, buscaba la creación de frentes en todo el país. La idea fue la de crear 48 frentes de seiscientos hombres cada uno, hasta alcanzar los treinta mil hombres en armas. La segunda fase buscaba la concentración de tropas en la cordillera oriental hasta alcanzar los quince mil guerrilleros y la organización de una fuerza de autodefensa campesina de cinco mil hombres. En la tercera fase se lanzaría una ofensiva para inmovilizar a las fuerzas militares, acompañada de una insurrección general, del control de las poblaciones del Oriente del país, y de la instalación de un gobierno provisional; en esta misma fase se elevaría el pie de fuerza a sesenta mil hombres, se desmantelarían las fuerzas contra-revolucionarias y se afianzaría el gobierno revolucionario inspirado en el marxismo leninismo (^{Aguilera, 2013}, p. 91).

Durante su mandato (1982-1986), el presidente Belisario Betancur abogó por una salida negociada al conflicto armado. Por ello, inició una dinámica de diálogo con diversos sectores de la sociedad, incluyendo a los grupos armados. Ello, a pesar de contar con muy poco respaldo social e institucional. Con esto, se logró una tregua parcial que comprometió grupos guerrilleros que aprovecharon las condiciones de la tregua para ampliar el número de miembros y de frentes y proyectar así más claramente su ideal de pasar a una "guerra de posiciones". Las FARC estaban apostando a la paz, pero solo por la posibilidad de acceder a un espacio público que les permitiera disminuir el marginamiento político en que permanecían (^{García, 2009}; ^{Gutiérrez, 2012}).

La aventurera iniciativa de paz del presidente Betancur, en cuanto su poca legitimidad y poder de convocatoria, influyó en la creación de un bloque conformado por elites regionales y sectores del ejército nacional que se oponían directamente al diálogo con los insurgentes. Las medidas que tomaría este bloque dieron paso a la conformación de los grupos paramilitares, cuyos comandantes comenzaron sus operaciones justamente contra el partido electoral de las FARC, la Unión Patriótica, que irónicamente era exterminada mientras la tregua entre el grupo insurgente y el gobierno se desarrollaba (Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, 2022). Esto dio lugar a una línea militarista duradera en el grupo, la cual tendría consecuencias en sus espectaculares victorias militares de años posteriores como las tomas de poblaciones como el Billar, Mitú o Patascoy.

Según ^{García (2009)}, más adelante la administración de Virgilio Barco (1986-1990) se caracterizó por dos momentos: el primero trataba, mediante el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), de desarrollar una serie de políticas asistencialistas con población de la periferia administrativa y sectores marginados, con el fin de aumentar su legitimidad y disputar la base social de la guerrilla; el segundo, impulsado por los secuestros de personajes de la política, constó de la Iniciativa para la paz, que contenía propuestas de negociación para los grupos guerrilleros y cuya única realización se dio con el Pacto Político que el Gobierno firmó con el M-19 el 2 de noviembre de 1989.

Con esto, la política del país comenzaba a mostrar actores nuevos, por un lado, en relación con la creciente movilización social y, por otro lado, en relación con el bloque de extrema derecha que contaba ya con poder suficiente para truncar los planes de las FARC y su partido Unión Patriótica.

El año 1988 fue un año tope en cuanto guerra sucia y asesinatos de dirigentes relacionados con la izquierda y las organizaciones amplias como su partido político. La política del Gobierno Barco profundizó aún más la línea militarista y sus argumentos en las FARC, mermando importancia a la acción de masas y a la vía electoral para ampliar recursos en fortalecimiento militar y expansión territorial. El motor detrás de esta estrategia no pudo ser otro que las rentas provenientes del narcotráfico, las cuales llegaron a representar hasta el 70 % de los ingresos de la organización.

Estos traspiés no impidieron que los años posteriores fueran de rápido crecimiento y expansión para el grupo insurgente. En 1995 ya tenían rodeada la capital colombiana con un número considerable de sus frentes sin que se diera paso a la siguiente fase estratégica, pues los desarrollos urbanos eran todavía incipientes. Ante el mundo, las FARC se figuraron como un grupo incontenible cuyo éxito solo sería cuestión de tiempo.

3.2.1. El punto de inflexión del conflicto armado colombiano

Después de un crecimiento vertiginoso de las FARC en todos los aspectos, están listas para según plan estratégico, realizar los preparativos para avanzar a las ciudades. Realizan su pleno de 1997, llamado Abriendo Caminos para la Nueva Colombia, donde crean el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3) y se proponen la creación del Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia, como un espacio de encuentro de sus milicias rurales y urbanas alrededor también de una red de canales como emisoras de radio alrededor de todo el país. Al terminar la administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998), su poderío fue tan sólido que pudieron brindar un subrepticio pero efectivo apoyo a la candidatura del que sería presidente, Andrés Pastrana. En palabras de Marulanda: "este daba mayor garantía al sistema y a los Estados Unidos y, por tanto, el tiempo necesario para fortalecer nuestro trabajo no sólo en lo militar sino también en lo político, sobre todo en las grandes ciudades" (^{Castro, 2008}, p. 120). Al salir vencedor, su mandato tuvo tres componentes principales: Dialogo I y negociación con actores armados, el plan Colombia, y la diplomacia para la paz (^{García, 2009}).

El sutil apoyo que las FARC dio al gobierno de Pastrana se convirtió en un factor determinante para su posterior declive, aunque en aquel momento no lo supieran. Este acontecimiento se considera el punto de inflexión, tal y como lo describen ^{Connable y Libicki (2010)}, en la guerra entre las FARC y el Estado colombiano. Es interesante examinar los tres componentes principales del gobierno de Pastrana, porque, según ^{Santos (2011)}, fue en ese momento cuando se inició el proceso que culminaría con la firma del Acuerdo de Paz que llevó al desarme del grupo insurgente y al inicio de un proceso de paz en curso.

3.2.2. Diplomacia para la paz

El hecho determinante de este componente del gobierno Pastrana fue lograr que la Unión Europea catalogara a las FARC como terroristas y, en el mismo periodo, lograr que desde Washington se denominara al grupo insurgente como el Cartel de las FARC. De esta manera, se dejaba por sentado ante la comunidad internacional su recién proclamado carácter narco-terrorista.

Después del fin de la zona de despeje en 2002 y del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, "el terrorismo" se convierte en uno de los principales temas en la opinión pública. Como resultado, se inicia una campaña global contra el terrorismo, lo que lleva a que las FARC sean catalogadas como terroristas por treinta y tres países (^{Torres, 2012}).

Lo que el expresidente Pastrana logró fue el aislamiento político y diplomático del grupo guerrillero al darle vía a un mecanismo de criba (^{Milgrom y Roberts, 1993}), cuyo objetivo fue clasificar las partes informadas en: Pro terroristas, neutrales, o aliados. La información, antes privada, de las relaciones de países, empresas o diplomáticos con las FARC se convirtió en interés de seguridad nacional para Norteamérica, Colombia e instituciones judiciales de influencia internacional, las cuales se alinearon con esta matriz y clasificación, condenando y castigando tales relaciones.

Tras este fenómeno, está la negación del estatus político a las organizaciones figurantes en las listas de terroristas. Sin este estatus, el tratamiento al enemigo en armas es el que se le daría al violento patológico, al caso crónico, al loco o al niño, pues no se da el diálogo en la negociación so pretexto de que su único objetivo es el poder por la vía del terror, además de que el otro es incapaz de dialogar debido a la incoherencia de sus acciones. El aislamiento se hace efectivo, pues ninguna organización o país querría señalizarse como enemiga contando con la débil oposición militar a los ejércitos aliados de occidente, es decir, la penosa correlación de fuerzas para quien se relacione con organizaciones tildadas como terroristas pondría a cualquier país en la palestra internacional.

Esto puso a las FARC en una nueva tarea que desgastó su estrategia diplomática, pues, contando por lo expuesto por ^{Clausewitz (1984)}, buscan entablar negociaciones como objetivo de la acción militar, lo que se imposibilita ante la negación de su estatus político, que implica su aislamiento de potenciales aliados y de la política internacional, en general, su alejamiento de réditos políticos o acuerdos beneficiosos. Es así como el grupo rebelde, al ser incluidos dentro de la lista de organizaciones terroristas, buscó por todos los medios señalizarse como organización política con un componente militar, no terrorista, con el fin de integrar miembros de la comunidad internacional a posibles negociaciones con el gobierno nacional.

Con una matriz de opinión y un status quo contrario, la afirmación expresa y literal de su carácter político no conlleva a un cambio en sus relaciones con la comunidad internacional, pues no es creíble, y sin credibilidad el poder de negociación se ve socavado (^{Palacio, Cortés y Muñoz, 2015}). La única manera en la que tal organización podría dejar de ser considerada terrorista es mediante el uso de "señales". Estas señales son la información marginal producida por sus acciones, la cual es procesada por un interlocutor. Como resultado, se logra la reducción de costos en caso de que se deba realizar una transacción (^{Milgrom y Roberts, 1993}).

En este contexto, debe aclararse que por transacción se entiende cualquier tipo de intercambio, sea diplomático, comercial o, inclusive, comunicativo. Una transacción sin señales efectivas en este contexto, que eleven el estatus del grupo, se vuelve inviable dados sus costos sobre todo para la parte informada y legítima (Gobiernos, diplomáticos, socios comerciales, etc.), pues conllevaría tensiones con la comunidad y organismos internacionales (la parte desinformada que ha ejecutado la criba). La señal efectiva, y necesaria en este caso, extrae su fuerza de la relación negativa entre sus costos y el carácter político del grupo, es decir, debe ser más barata cuanto más marcado sea el carácter político del grupo en cuestión, de tal manera que para un grupo netamente terrorista sería demasiado costosa.

La señal en este ámbito deviene en la prueba de que el grupo sería coherente, poseía un cuerpo de decisión y, contrario a lo que haría un terrorista, se regía por las normas y hábitos consagrados, ya fuera en el DDHH o los protocolos de Ginebra, elevaría entonces su estatus ahora capacitado para el dialogo. Con todo esto dicho, la variedad de señales con las que puede contar un grupo llamado terrorista, por su aislamiento, estará definida por la capacidad de ejecutar y cumplir promesas que satisfagan los protocolos, normas y hábitos aceptados. Concretamente será ceder activos adquiridos sin aparente compensación para la otra parte, la desinformada.

En cuanto a los activos susceptibles de ser cedidos, en primera medida, se encuentran aquellos que constituyen una transgresión a las normas y hábitos consagrados. En el caso de las FARC, estos activos podrían incluir armas prohibidas por el DDHH, civiles retenidos y hasta prisioneros de guerra. Durante el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, los rebeldes identificaron la importancia de entregar unilateralmente retenidos intentando demostrar la voluntad política de integrarse a la comunidad internacional. No obstante, estos intentos fueron torpeados, tanto por el Gobierno nacional como por el organismo de inteligencia que buscan mantener al grupo insurgente aislado.

Asimismo, ciertos errores dramáticos cometidos, como el asesinato de los diputados del Valle del Cauca o el falso positivo del hijo de Clara Rojas, comprometieron aún más la legitimidad del grupo insurgente frente a sus potenciales aliados más cercanos, como el entonces presidente Venezolano Hugo Chávez, que había accedido a mediar en esa entrega. A pesar de ello, durante el periodo presidido por Juan Manuel Santos, se lograron señalizaciones positivas, como la liberación de secuestrados y el compromiso de abandonar esta práctica. Estas señalizaciones permitieron al grupo insurgente relacionarse con aliados que facilitaron los acercamientos para las negociaciones de paz.

3.2.3. Diálogo y negociación con actores armados

Este componente, equiparable a lo sucedido en el Salvador (^{Ribera, 1994}), funcionó para los dos bandos como parte de una política de masas y de propaganda. Por ello, lo que predominó fueron los planteamientos de reafirmación de los proyectos. De ahí que, por ejemplo, las FARC se dirigieran al país y al Gobierno en voz del Comandante Joaquín Gómez (en ausencia De Marulanda Vélez) con un discurso cuyo argumento central fue el ataque a Marquetalia y la justeza de su lucha en clave de su mito fundacional (^{Pizarro, 2006}).

Por otro lado, los diálogos parecían ser la excusa para la zona de despeje del Caguán. Una zona a modo de oasis en medio de la guerra que ya se tornaba guerra de posiciones. Los diálogos dieron tiempo a las FARC para reformular su operatividad militar, sabiendo que vendría un recrudecimiento del conflicto conforme el panorama internacional y, por otro lado, brindó a Pastrana un margen de maniobra que le permitió cerrar tratos en un ambiente de tensa paz. Por su parte, el espacio para el fortalecimiento militar fue aprovechado por ambos bandos, pero más por el Gobierno que indujo un des aceleramiento en la aproximación de las FARC a la capital. Según ^{Aguilera (2013)}, el grupo llegó a tener capacidades tácticas para asaltar la capital en el año l996, por lo que esta estrategia resultó crucial.

En definitiva, la zona desmilitarizada en el Caguán no contó con ningún tipo de veeduría, se dio una agenda de negociación excesivamente amplia, un manejo torpe de las relaciones con los militares y el desinterés del Gobierno para convocar un mayor respaldo social y político a favor del proceso de paz. No obstante, la opinión pública fue favorable luego del Mandato por la Paz (^{García, 2009}). En síntesis, el poder continuar la guerra dependía de una adecuada posición respecto al tema dialogo-negociación.

3.2.4. El plan Colombia

En el 2000, el congreso en Washington autorizó 1319,1 millones de dólares para responder a una guerra interna "compleja y degradada". Plan diseñado en 1999 en la Casa de Nariño por sugerencia de la casa Blanca y que, a diferencia de las ayudas norteamericanas anteriores -de 1989 a 1999 Colombia había recibido mil cien millones de dólares en asistencia antidrogas y de seguridad-, pretendía inyectar más de mil millones de dólares en recursos al ejército, principalmente en un lapso de tan solo dos años (^{Tokatlian, 2001}). El 75 % de estos montos se destinaron a inversión bélica directamente, el resto tuvo como destino programas de asistencia.

Las fuerzas armadas contaron con un aumento de soldados profesionales, brigadas móviles con tropas aero-transportadas, unidades militares de gran volumen e invulnerabilidad, fortalecimiento de la infantería de Marina y la aviación, aumento de la capacidad para el combate nocturno y el asalto, y, por último, la modernización de las comunicaciones, espionaje e inteligencia (^{Pizarro, 2006}).

Hasta ahí los tres componentes oficiales del gobierno Pastrana que sugieren ser componentes importantes en el revés estratégico de las FARC. Existió, por demás, un componente fundamental que también jugó en contra de esta guerrilla desde este periodo, esto es, el aumento de las estructuras paramilitares en términos de control territorial, control de rentas, desplazamiento, capacidad militar y relacionamiento político (^{Estrada, 2009}). Este hecho es subvalorado en aras de aportarle réditos a la labor institucional y del expresidente Santos. Sin embargo, es posible que el poderío de las FARC difícilmente hubiera mermado como lo hizo en ciertas regiones, con implicaciones en su estrategia, solo con la acción de las fuerzas armadas oficiales. Un factor clave para entender la escalada del conflicto colombiano será relacionarla con una mayor disipación de recursos producto del aumento de los actos violentos, de lo que da cuenta la Figura 1, que es del informe del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2016)}.

Fuente: ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2016)}.

Figura 1 Evolución de Modalidades de violencia en Colombia  

La Figura 1 muestra un aumento significativo del desplazamiento forzado y los crímenes relacionados con el conflicto en los periodos posteriores al año l998. Este aumento se inició a mediados de la década de los noventa, y se aceleró hasta llegar al punto de inflexión en el conflicto, tras el cual se produjo un revés, tanto político como militar para las FARC.

Dicho revés es sostenido y profundizado por el mandato de Álvaro Uribe Vélez desde el 2002, en cuyo periodo expuso una "línea dura" que pretendía la derrota militar de las FARC o la negociación con el grupo en términos de capitulación. Durante su primer periodo también hizo gala del equilibrio guerra-negociación con otros actores armados, se produjo la desmovilización de treinta y dos mil paramilitares; sin embargo, esto no significó el desmonte de sus estructuras, sino, más bien, un cambio de su "razón social", pues retornaron a los territorios que controlaban para continuar con las jugosas rentas del narcotráfico y representar los intereses de las élites regionales y proyectos multinacionales a modo de agencias de protección. Según ^{Estrada (2009)}, esto se debió a que sus patrocinadores aun veían en la insurgencia una amenaza para su propiedad, dado que las guerrillas operaban con tácticas como sabotaje, toma de recursos o destrucción de la propiedad cuando no se contaba con su respaldo o con el pago de su impuesto de guerra.

La política de seguridad democrática del presidente Uribe se inauguró con las fuerzas militares. Esta tenía como prioridad la expulsión definitiva de la guerrilla y sus operaciones de las cercanías de Bogotá y todo Cundinamarca (^{Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, 2022}). En el 2004, tras dos años de intensa actividad militar en la Operación Libertad I, las FARC fueron erradicadas del departamento que consideraban su principal objetivo estratégico (^{Santos, 2011}), cuya aproximación habían comenzado en la década de los ochenta. En dos años vieron eliminados sus avances estratégicos en la región a causa de la operatividad del que sería ahora uno de los mayores ejércitos del mundo. Además del accionar de fuerzas paramilitares, financiadas por distintos capitales que mantuvieron la estrategia de minar el apoyo de la población civil a la insurgencia con dos resultados principales: cambio de preferencias con control total de la población o su desplazamiento o desaparición (^{Salazar y Castillo, 1998}).

El segundo periodo del presidente Álvaro Uribe fue el más fructífero para el Gobierno en términos estratégicos, en este contó ya con Juan Manuel Santos como ministro de defensa. Desde el 2002 al 2009 unos trece mil guerrilleros abandonaron las filas de las FARC, pero es entre 2006 y 2008 que esta organización subversiva recibió los más duros golpes de su historia. Se produjo en este periodo el rescate continuo de secuestrados en iniciativas como la famosa operación Jaque. Además, lo que hubiera parecido imposible solo cinco años atrás, siete de sus diez hombres principales pertenecientes al histórico Secretariado de las FARC desde los ochentas, exceptuando a Jacobo Arenas, habían quedado muertos o capturados: Tirofijo (Su nombre real es Manuel Marulanda Vélez y fue el fundador y máximo comandante de las FARC), Raúl Reyes (segundo hombre en importancia de las FARC y su portavoz internacional), Iván Ríos (Miembro más joven del secretariado del grupo), Martin Caballero (líder del Bloque Caribe), Alias Cesar (Comandante del Frente Primero), El negro Acacio (Líder en producción y tráfico) y alias Martín Sombra (El carcelero del grupo).

De entre estos golpes se resalta la baja del segundo hombre en la estructura de mando de las FARC después de Marulanda -que moriría poco menos de un mes después-, Raúl Reyes, que fue dado de baja en la operación Fénix, junto con la captura de sus computadores (^Santos,2011). Este fue el golpe más duro que recibieron en términos estratégicos, como consta en la última carta que Manuel Marulanda escribiría con destino al Mono Jojoy y su círculo: "los secretos de las FARC se han perdido totalmente en la incautación de los computadores del camarada Raúl" (^{El Nuevo Herald, 2009}). Y es que en dichos computadores se albergaba no solo la información de las redes internacionales y diplomáticas a cargo de Reyes, sino información pormenorizada sobre sus finanzas, armas y su distribución, y acerca de negocios dentro y fuera del país. La información de los computadores fue un tesoro de más de seiscientas gigas de datos que terminarían de dar forma a la nueva operatividad de las fuerzas militares (^{Santos, 2011}).

Esta nueva operatividad tuvo su piedra angular en las operaciones conjuntas, su centro de mando en la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas o JOEC (^{Santos, 2011}). Producto de la asesoría minuciosa y comprometida del Gobierno israelí, que, si bien no aportó de manera económica, sí lo hizo con adiestramiento y asesoría en términos estratégicos.

Las FARC cambiaron su plan estratégico a partir de la movilización de un grueso de sus cabecillas que vieron impensable seguir en el sur del Tolima en el auge de la seguridad democrática (^{Villamarin, 2012}). En este momento realizan un repliegue estratégico de su conducción hacia el sur-occidente de Colombia y ponen en acción el Plan Renacer, a todas luces un plan defensivo en el marco de su estrategia general que ponía a jugar sus elementos orgánicos y relaciones más políticas en función de la construcción de un movimiento de masas pro paz-democrática y militarmente daba relevancia a lo que ellos llamaban "milicias bolivarianas". A pesar de esta jugada, el Gobierno no cesó la firme intención de combatir y dar de baja a los objetivos de alto valor como cabecillas históricos, y lo consiguió.

Casi diez años después de la entrada en vigor del Plan Colombia, en el marco de la mayor ofensiva contrainsurgente de Colombia a cargo de los Gobiernos de Uribe Vélez, no se veía próxima la derrota militar de las FARC. Santos, ya como presidente de Colombia, continúo el fuego nutrido y, además, su Gobierno pudo darle a las FARC en donde dolía más, sus finanzas. Los objetivos de alto valor ahora dieron cabida a los cabecillas y mandos medios con importancia financiera en minería, narcotráfico, entre otros. Los estaban poniendo contra la pared, más cuando fuerzas paramilitares contrarias hacían caer sistemáticamente líderes de su movimiento de masas y a quienes se relacionaban con ellos (^{Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, 2022}). El grupo insurgente hizo valer sus milicias bolivarianas y continúo con una actividad militar considerable, pero cada vez más dramáticamente limitada a sus zonas de base históricas mientras perdía dolorosamente su conducción.

La premura por el cambio del estatus quo forzó a las FARC a tratar de garantizar y hacer creíble un "estancamiento" de la guerra que fijaba derroteros hacia la salida negociada. Al mismo tiempo, en agosto de 2010 se comenzaría a configurar en la Quinta de San Pedro Alejandrino y en reunión con el Mandatorio Venezolano Hugo Chávez, en secreto y como una de las primeras medidas del presidente Santos, la salida negociada al conflicto armado colombiano. Así como en el Salvador, uno de los conflictos más similares al colombiano, la salida negociada tomó forma en términos verdaderos solo después del mayor derramamiento de sangre que se había visto en tales conflictos (^{Ribera, 1994}).

Comenzaron los diálogos con las FARC, sin que esto significara abandonar el preciado equilibrio guerra-negociación que ilustra cómo los acuerdos no se oponen al conflicto, sino que son una continuación del mismo (^{Hirshleifer, 1995}), pues, como afirmaría Santos, "les dije a las FARC la famosa frase de Isaac Rabin (ex primer ministro israelí): 'Vamos a negociar la paz como si no hubiese terrorismo y vamos a combatir el terrorismo como si no hubiese negociación de paz'. Esas eran las reglas, y me dijeron: 'Listo'" (citado por ^{Gómez, 2016}, p. 26). Las FARC y el presidente Santos se disponían a intercambiar mensajes y comisiones por dos largos años.

Un estilo especifico de negociación seria el único que serviría al grupo insurgente contando con su baja legitimidad en las ciudades. Sería el estilo buscador del compromiso y estos en una situación de apuro, son más partidarios de aceptar una solución que preserva la relación a otra que les dé una ventaja a ellos (^{Shell, 2005}). De ahí que, a pesar de los sucesos posteriores, ellos se mantuvieran en firme con las negociaciones. El 4 de noviembre de 2011, el presidente ordena ejecutar la operación en donde Alfonso Cano moriría. Así se refiere Santos (citado por ^{Gómez, 2016}) a dicho episodio:

Si decía que no hicieran la operación habría sido una señal terrible a las FARC y dentro de nuestras fuerzas. Yo había sido muy claro desde el principio y había dicho: estamos en guerra hasta que firmemos la paz. Me habían dicho que Cano era el más difícil para negociar. Yo soñaba con que lo capturaran, pero si había que darlo de baja, también. Fue un riesgo alto para el proceso de paz, pero pensé 'esto lo va a fortalecer'. (p. 28)

Santos era consciente de que un acto de intimidación de semejante calibre fortalecería el proceso, no solo al demostrar su firmeza y habilidad negociadora, sino también al poner a prueba su relación con las FARC. En este momento histórico, los negociadores del Gobierno colombiano suman poder de negociación. Esto porque, según ^{Gómez (2016)}:

En lo personal, a Timochenko, quien asumió la jefatura de esa guerrilla tras el ataque contra Alfonso Cano, le costó mucho decidir si mantenía los acercamientos con el presidente que dio luz verde al operativo militar en el que había muerto el comandante en jefe de la organización guerrillera. -Es que yo iba a ser el delegado de Alfonso cano en los diálogos! - Dice Timochenko. (p. 29)

Tras los fuerte golpes que habían debilitado la estructura de mando de las FARC, el orden de batalla estaba ahora en manos del Gobierno Nacional y sus Comandos de Despliegue Rápido, quienes esperaban ansiosamente las coordenadas de la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas (JOEC). En el pasado, el orden de batalla era el secreto mejor guardado de la organización rebelde, pero ahora, gracias a la acción militar efectiva del gobierno de Juan Manuel Santos, podía ser la lista de tareas del arsenal en manos del Estado colombiano.

Este hecho resulta crucial, ya que el Gobierno estaba realizando una acción efectiva con el objetivo de intimidar a las cabezas de la organización, que eran quienes tomarían las decisiones en la mesa de negociación en La Habana. De hecho, podemos entender esta acción como una amenaza en sí misma, siguiendo el concepto de "negociación tácita" de ^{Schelling (1964)}. La victoria militar general había demostrado ser imposible tras diez años de conflicto, por lo que la amenaza ahora estaba dirigida específicamente a las cabezas de las FARC.

Para los negociadores de las FARC, era necesario contar con compromisos creíbles y la garantía de que las promesas serían cumplidas antes de empeñar su palabra en los diálogos exploratorios. Por su parte, el gobierno de Juan Manuel Santos sabía que un componente clave en la estrategia de negociación era la intimidación, pero entendía que no podía arriesgarse a que las FARC abandonaran la mesa de diálogo tras la muerte de Alfonso Cano. Por ello, Santos solicitó la intervención del entonces presidente venezolano Hugo Chávez para que se entrevistara con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, y lo persuadiera de mantenerse en la mesa de negociaciones. Finalmente, Chávez logró convencer a Timochenko, aunque se desconocen los detalles de los argumentos que utilizaron en dicha conversación. ¿Qué convenció a Timochenko?

Varias cosas, afirma el comandante insurgente, la principal era la seguridad de que tendríamos el apoyo del presidente Chávez. Que no nos iban a hacer una jugada que pusiera en riesgo nuestras vidas, por lo menos las vidas de la gente que se iba a involucrar en el proceso de paz. (Timochenko, citado por ^{Gómez, 2016}, p. 31)

La presencia de un mediador o garante en una negociación puede brindar poder de negociación adicional al gobierno nacional, tal como se evidencia en el caso de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. En el caso específico de la solicitud del presidente Santos al entonces mandatario venezolano Hugo Chávez para persuadir a Timochenko de mantenerse en la mesa de negociaciones, la presencia de Chávez como mediador no solo implicaba la reputación del presidente colombiano, sino que también ponía en juego las relaciones diplomáticas entre ambos países. En consecuencia, la intervención de Chávez no solo permitió asegurar la continuidad de las conversaciones de paz, sino que también otorgó al gobierno nacional colombiano un mayor poder de negociación en la mesa de diálogo. Al interior del grupo subversivo, afirma Timochenko (citado por ^{Gómez, 2016}):

Muchos opinaron que había que dialogar pero no en ese momento, 'como vamos a hacerlo sobre la sangre caliente del camarada Alfonso' decían algunos. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el fruto de un análisis que nos llevó a decir: 'bueno, se nos abrió esta ventana, vámonos por ahí'. Llegamos a la conclusión de que la clase dirigente representada en Santos estaba necesitando también el proceso por el desgaste militar que tuvo durante diez años sin ser capaz de derrotarnos. (p. 33)

Las FARC, antaño un grupo incontenible que amenazaba con tomar el poder político por la vía armada en l996 desde las "goteras" de la capital colombiana, se encontraba en el 20l2 tratando de salvar sus cuadros y acumulados políticos de la acción gubernamental. En menos de diez años de entrado en vigor el Plan Colombia, y gracias a una estrategia diplomática coordinada, el grupo guerrillero perdió todo avance estratégico y debía replantear profundamente su política, objetivos y razón de ser. La salida negociada a su levantamiento armado se convirtió en la mejor alternativa, siempre y cuando se garantizara la eficacia de las garantías que el Gobierno y la comunidad internacional pudieran brindar, y dadas las amenazas que implicaba no negociar.

Para sintetizar la información de este apartado, es necesario enumerar las condiciones estratégicas nombradas que llevaron a los actores involucrados a buscar una solución negociada, ya que redefinieron sus incentivos. Las condiciones estratégicas se presentan a continuación en orden cronológico:

Después de validar estas condiciones estratégicas, se puede afirmar que las FARC declinaron su objetivo estratégico y buscaron por todos los medios la posibilidad de negociar.