1. Introducción

En este artículo se aborda el devenir de una forma particular de violencia conocida comúnmente como "limpieza social" en el departamento de Caldas, entre 1980 y 2006; esta forma de violencia ha sido recurrente en el mencionado departamento, ya que entre 1988 y 2013, dos de sus municipios, Chinchiná y La Dorada, ocuparon los puestos uno y diez respectivamente entre las poblaciones con menos de 100 mil habitantes en casos de exterminio social (^{Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, 2015}). Los casos fueron abordados en el marco del conflicto armado colombiano, en particular relacionados con la presencia paramilitar en Caldas. Para ello se hizo una revisión documental de diversidad de artículos académicos y periódicos, específicamente del diario local La Patria, y se hizo un análisis discursivo a partir de los postulados de ^{Van Dijk (1990}; ¹⁹⁹⁶) y ^{Fairclough (2003)}, conocido como Análisis Crítico del Discurso (ACD).

La forma de violencia que aquí se analiza posee varias particularidades. Una de ellas es su carácter esporádico, disperso, su emergencia y crecimiento en momentos particulares y sobre la base de situaciones muy específicas, lo que lleva a una aparición irregular en el tiempo, a una dialéctica de picos y valles en su manifestación estadística, y por consiguiente a asumir una forma coyuntural. Otra de sus características es el fuerte énfasis en los aspectos simbólicos (Van Dijk, 1996; ^{Fairclough, 2003}), que aparece como complemento de la violencia meramente física e incluso muchas veces como sustituto, como cuando se distribuyen panfletos en los que se amenaza a la población con acciones de "limpieza" y se señala a determinados actores sociales, sin que aquella se haga efectiva. Una tercera característica es el arraigo social de esta forma de violencia. Sea como rechazo o como anuencia, la "limpieza" social es un fenómeno recurrente entre la población y de periódica aparición, y cuando ocurre suele no dejar a nadie indiferente; de alguna manera, los actores sociales han asimilado esta práctica y de ninguna manera les parece extraña, ajena a nuestro entramado de relaciones.

El recorrido que este artículo muestra, centrado en un territorio y en un periodo temporal específicos, da cuenta de tales características, pero sobre todo señala una particularidad: por las dinámicas propias del conflicto armado interno que vivió Colombia desde la década del 60, y principalmente con la emergencia del paramilitarismo, la "limpieza" social pasó de la dispersión a la sistematicidad, se integró a las prácticas recurrentes de los actores armados, y su aprobación social también creció. A continuación se abordará en detalle esta particularidad y se ofrecerán aproximaciones teóricas para su explicación.

2. Marco teórico

Con el nombre de "limpieza social" se ha reconocido una práctica mayoritariamente urbana (^{Rojas, 1996}; ^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}; ^{CNMH, 2015}) que consiste en asesinar grupos poblacionales que, según el criterio de los perpetradores, constituyen una presencia indeseable para el orden establecido y los valores dominantes: "una identidad juzgada como peligrosa la torna en depositaria del mal condenándola a la proscripción y al homicidio" (^{CNMH, 2015}, p. 17), una forma de violencia contra personas socialmente estigmatizadas (^{Camacho y Guzmán, 1990}; ^{Goffman, 2006}) por sus condiciones de pobreza o indigencia, y que asumen comportamientos rechazados por sus victimarios (^{Rojas, 1996}). ^{Sarria (2002)} divide el fenómeno en cuatro categorías a saber: limpieza política; limpieza contra homosexuales y prostitutas, o sexual; contra delincuentes; y contra dementes, mendigos, recicladores y viciosos. El CNMH prefiere adoptar el nombre de exterminio social, toda vez que considera el de "limpieza social" eufemístico y ofensivo para las víctimas; en este trabajo se comparte esta mirada y se apela igualmente al apelativo de exterminio social, salvo en casos excepcionales debidamente indicados entre comillas.

En esta categoría se incluye una amplia gama de autores, desde grupos espontáneos de vecinos que buscan erradicar ladrones, expendedores de drogas, prostitutas y demás personas estigmatizadas socialmente, hasta genocidios y purgas étnicas promovidos por Estados dentro de sus fronteras o fuera de ellas (^{CNMH, 2015}). Entre los móviles se cuentan los fines de lucro, el ánimo de retaliación de agentes del Estado, y razones ideológicas vinculadas con una suerte de prurito social que discrimina la población entre buenos y malos, lo que lleva a la asepsia social con respecto a estos últimos (^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}). En otras palabras y de acuerdo con ^{Foucault (2006)}, el exterminio social permite insertar en el entramado social una criba entre lo normal y lo anormal, entre la "gente de bien" y la "escoria" que debe ser erradicada para que la sociedad esté "limpia", pero para lograr tal clasificación se debe pasar antes por un proceso de "normalización", es decir, aplicar sobre los individuos técnicas de poder en aras de analizarlos, jerarquizarlos, optimizarlos y adiestrarlos con base en los preceptos morales (^{Rojas, 1998}) propios de los sectores con poder (^{CNMH, 2015}). Lo curioso de esta normalización es que se hace a partir de un despliegue ostentoso y exagerado de poder, propio de las sociedades de soberanía y no de las disciplinares, que son las que ^{Foucault (2008)} analiza¹. Una interesante aporía que muestra el carácter primitivo de este tipo de violencia.

La aprobación con que cuenta socialmente el exterminio social (^{Rojas, 1996}; ^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}) reposa sobre unas manifestaciones "simbólicas urdidas en las mediaciones encargadas de la reproducción del discurso del poder" (^{CNMH, 2015}, p. 39). El carácter simbólico remite al ámbito discursivo (^{Van Dijk, 1996}; ^{Fairclough, 2003}), a la construcción de realidades a partir del poder de enunciación, según las cuales del lado de las víctimas del exterminio social está la perversión, el peligro, el pecado y la inmundicia; la población acepta mayoritariamente este discurso en la medida que es reproducido por sujetos ubicados cerca de los epicentros del poder, y por ende con mayor capacidad de disuasión y movilización, esto es, de reconfiguración de la comprensión de la realidad, ya que, como sostiene ^{Foucault (2003)}, "los discursos son prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan" (p. 81). Otra de las características de este exterminio social, que la diferencia de la violencia propia del conflicto armado, tiene que ver con su carácter esporádico, que emerge cuando la presencia de los "indeseables" se hace patente y numerosa (^{CNMH, 2015}; ^{Rojas, 1996}; ^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}); la "mugre" se "limpia" cuando aparece.

El exterminio social se entiende a partir de la existencia de un discurso legitimador que reposa tras esta práctica, y que también cobija al paramilitarismo. De hecho, una de sus premisas es la ausencia del Estado, en este caso en las barriadas populares, lo que lleva a otros individuos a ver como legítima la ejecución de su propia visión de justicia y defensa propia (autodefensa), a lo que se le suma la práctica del exterminio social por parte del mismo Estado en cabeza de algunos de sus miembros (fuerza pública, políticos locales, etc.) (^{CNMH, 2015}). Dicho discurso está atravesado por aspectos morales, políticos y económicos propios de las élites nacionales y reproducido a través del aparato del Estado y medios de comunicación, que ven en las identidades sociales marginales y marginadas una amenaza a su honra, sus bienes, su vida y sobre todo su prestigio; esto le otorga además una legitimidad social al exterminio, que también reposa en el discurso elitista mencionado. En este punto se une la violencia social con la política, y lleva a que el paramilitarismo la practique (^{CNMH, 2015}); el discurso legitimador del exterminio social deviene ideológico (^{Van Dijk, 1996}).

Para profundizar en el apartado económico, sin querer decir que este sea el móvil principal del exterminio social, sí vale agregar que los miedos que alimentan estas prácticas están soportados en las incertidumbres (^{CNMH, 2015}), una de ellas la de la improductividad, cuyas víctimas son históricamente los habitantes de calle y los mentalmente disfuncionales (no en vano a los primeros también los llaman locos). Dicho temor se traduce, en épocas contemporáneas, en un estigma contra aquellos que, desde la perspectiva ultraconservadora, no quieren trabajar y esperan que el Estado los sostenga con subsidios y otras dádivas, es decir, simpatizantes de izquierda. Así pues, a la carga discursiva contrainsurgente se le suma otro elemento: el de quienes pretenden erigir un sistema político-económico basado, según sus contradictores, en el conformismo, la mediocridad y la dependencia.

El paramilitarismo ha sido relacionado con el exterminio social en numerosas ocasiones, sobre todo en sus incursiones en zonas urbanas, con el fin de buscar legitimidad política entre la población (^{CNMH, 2015}, pp. 186-187). No obstante, no constituye la esencia de su conformación ni son responsables por la mayoría de las agresiones de este tipo. En Colombia, esta práctica está fechada hacia finales de los 70, concretamente en 1979 y ubicada en la ciudad de Pereira (CNMH, 2015; ^{Rojas, 1998}), luego de que el general Camacho Leyva hiciera un llamado "a las gentes de bien a armarse para asumir por su mano propia su defensa"² (^{Rojas, 1998}: s.p.), enunciado muy cercano a la justificación del paramilitarismo. Otro esfuerzo teórico para unir discursiva y estratégicamente el paramilitarismo con el exterminio social es el siguiente:

Mediante la operación de construcción performativa de un enemigo se define un sujeto culpable de la falta de plenitud de la sociedad, llámese a esta plenitud como se llame: paz, orden, seguridad, bienestar entre otros. La designación de los responsables del desorden es fundamental para la definición de los límites de lo social. El guerrillero o el auxiliador de la guerrilla es, en esta lógica, ese responsable del desorden. Incluso el espectro de esa figura, como sujeto, debe ser corregido o eliminado, alcanza a otros sujetos sociales: a trabajadoras sexuales, consumidores de drogas, homosexuales. (^{Castaño y Ruiz, 2017}, p. 162)

A continuación, se verá cómo en el departamento de Caldas inicialmente se asumió desde los nodos de poder este tipo de violencia como una de las prácticas recurrentes de la insurgencia, la cual fue postulada como chivo expiatorio. Cuando no es posible endilgarle estos crímenes a la subversión, el discurso dominante simplemente los cataloga como misterio, lo cual es controvertido por las víctimas y población en general que convive con estas dinámicas. En la medida que el conflicto avanza y se degrada, aparece el paramilitarismo como actor protagónico en esta forma de violencia, tanto en el terreno urbano como en el rural. En el plano discursivo, se puede constatar una regularidad entre sus enunciados, anteriormente dispersos, producto de la emergencia de una formación discursiva particular: la del paramilitarismo (^{Cruz, 2020}). Hacia el final del periodo analizado, que coincide con el final abrupto de los diálogos de Ralito³, se evidencia que el exterminio social trasciende el paramilitarismo, toda vez que se siguen presentando amenazas, denuncias y muertes relacionadas con el mismo.

3. Metodología

La presente investigación se llevó a cabo a partir de un análisis documental en torno al tema del exterminio social, ubicado espacialmente en el departamento de Caldas, y delimitado temporalmente entre los años 1980 y 2006. Las razones que explican esta delimitación tienen que ver con que el análisis se deriva de una investigación sobre la tercera generación del paramilitarismo (^{Ávila, 2010}) en Caldas, fechada hacia el año 1978 (^{Cruz, 2021}). Luego, los hallazgos mostraron los primeros hechos vinculados con el exterminio social en el año de 1980. Dicho análisis documental permitió hallar unas coincidencias discursivas en los enunciados referidos al exterminio social, de las que se pudo deducir una sistematicidad expresada en cinco términos que se extrajeron luego de un proceso de categorización de los mencionados enunciados.

La selección de los documentos utilizados para la investigación tiene que ver directamente con la definición espacio-temporal de la misma: la conservación de información pública y accesible relativa al tema en cuestión se circunscribe a la prensa escrita, particularmente al diario La Patria de Manizales; para información más reciente, se apeló a fuentes en línea. El proceso de selección de enunciados relacionados con el tema del exterminio social se basa en las características principales de esta forma de violencia, ya indicadas en el marco teórico, aparecidas en los artículos. Una vez identificados los enunciados, se hace un ejercicio de análisis documental con el que se destacan las categorías que se mencionan abajo, y se tabulan en otro documento para su observación detallada a partir de la guía teórica aplicada al estudio. Con base en este proceso se redacta el producto de investigación.

Las categorías obtenidas corresponden a los conceptos de: normalización, estigma, invisibilización, defensa de valores, e ideología. A propósito del concepto de normalización, además de lo dicho anteriormente, puede agregarse que este se refiere a un poder de jerarquización, diferenciación, comparación, exclusión y homogenización de los individuos (^{Foucault, 2008}), logrado mediante una tecnología de poder aplicada a la vida, esto es, una biopolítica (^{Foucault, 2007}). Una de las características del exterminio social es la de incorporar en los individuos una disciplina afín con los intereses de los perpetradores, es decir, normalizar a la sociedad, pero también logra en ocasiones (y en esto consiste su segunda característica) hacer normal la práctica misma, recibir la aquiescencia de la población y la justificación de los crímenes. El estigma se refiere a la mácula que recae sobre las víctimas de exterminio social, y que intenta soportar su comisión (^{Camacho y Guzmán, 1990}). Esta mácula, construida simbólica y discursivamente, remite a un rechazo social, o como afirma ^{Goffman (2006)}, a una carencia de aceptación que justifica el rechazo y deriva en una respuesta violenta hacia el que se considera "indeseable". El concepto de invisibilización se refiere a la manera como la sociedad, y particularmente la prensa, mantiene en la sombra, según sea el caso, a los victimarios, cubiertos por un manto de misterio que deviene impunidad; a las víctimas, transformadas en simples cifras estadísticas; y principalmente a las causas de los fenómenos sociales estigmatizados, lo que les niega una explicación racional y termina nuevamente en una justificación tácita de los crímenes. Este concepto corre paralelo con el de defensa de valores, que es precisamente lo que los perpetradores del exterminio esbozan como móvil de las acciones violentas, y que se soportan en una idea previa de jerarquía social y división entre buenos y malos. Estos dos aspectos se resumen en lo que ^{Van Dijk (1996)} denomina discurso ideológico, que constituye el quinto concepto de esta categorización.

Con esta operacionalización de los conceptos categorizados, se procedió a su identificación en los enunciados destacados en el análisis documental, lo que derivó en la constatación de un orden discursivo insertado en el entramado social alrededor de la práctica del exterminio social, que muestra una sistematicidad y duración en el tiempo independientemente de las características políticas de los victimarios y sus justificaciones, sea llevado a cabo espontáneamente en circunstancias coyunturales, o en el marco del recrudecimiento y degradación del conflicto armado interno que padeció el país durante la década del 90. Valga agregar que la aplicación del ACD implica tener en cuenta tanto los aspectos textuales (gramaticales, retóricos, pragmáticos, lógicos) del discurso, como los contextuales (procesos cognitivos, representaciones socioculturales) (^{Van Dijk, 1990}). El trabajo original tuvo en cuenta todos estos elementos, pero para el presente artículo se destacaron principalmente los aspectos gramaticales (semánticos) y los socioculturales (políticos).

4. Resultados

Primer periodo de análisis (1980-1987). Según reportes e investigaciones, a Caldas llegó el fenómeno del exterminio social desde La Dorada, a través de un escuadrón del grupo Muerte a Secuestradores - MAS en los 80, donde contó con el respaldo y simpatía de la población (^{Narváez, 2018}), y luego se extendió a los demás municipios del oriente (^{La Patria, 2016b}). A comienzos de la misma década, este departamento reportaba una difícil situación de orden público en sus regiones, particularmente en el oriente y el occidente. En general, Caldas padecía la crudeza de un conflicto interno que arreciaba en todo el país y un avance de la insurgencia que en esta región contaba con el Frente IX de las FARC-EP en el oriente, un frente del EPL que más tarde adoptó el nombre de Óscar William Calvo en el occidente, llegado desde Risaralda, y células del M-19 en Manizales. Lo llamativo de los enunciados referidos al conflicto en Caldas es que el enemigo es claramente identificado y descalificado en lo que al oriente respecta, pero en cuanto al occidente persiste el misterio sobre los autores y las causas de los hechos violentos.

Se reportó en el diario local La Patria, en lo tocante al territorio occidental del departamento, una situación catalogada como delicada, debido a la frecuencia de varias muertes violentas, en las que sin embargo "no se ha determinado el móvil del crimen" (^{La Patria, 1981b}, p. 12B), a propósito de un directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC identificado como Humberto Gil Montoya, y del recaudador de rentas departamentales de Anserma. De forma similar se lee en otra edición que varias personas "murieron a consecuencia de las heridas de bala recibidas de autores materiales cuya identidad permanece en la oscuridad y sobre lo cual laboran los investigadores para tratar de esclarecerlos" (^{La Patria, 1981a}, p. 8C). Como este muchos otros del tipo: "En otros municipios como Anserma, Riosucio y Supía, concejales y jefes de diferentes vertientes políticas son víctimas de criminales que nunca fueron descubiertos" (^{La Patria, 1982}, p. 2A). Se insinúan conflictos por tierras y se señalan personas pertenecientes a movimientos sociales y partidos políticos sin que haya certeza sobre la causalidad de tales situaciones con los decesos, como a continuación:

Sin embargo, viene un hecho que provocó revuelo nacional, y que se sigue considerando como un completo misterio. Se trata de la ola delincuencial en el occidente del departamento y que se recrudeció considerablemente en el municipio de Risaralda. Por causas que aún la comunidad no alcanza a comprender se presentaron escandalosos hechos de sangre. Desde el mes de febrero varios dirigentes políticos comenzaron a ser asesinados en distintas veredas, exconcejales y líderes comunales no escapan a los continuos atentados... Risaralda deja de ser ante los ojos de los turistas un municipio amable para convertirse en un misterioso poblado. (^{La Patria, 1982}),

Completo misterio, misterioso, permanece en la oscuridad, criminales que nunca fueron descubiertos, no se ha determinado el móvil del crimen, son los calificativos que abundan en estos referenciales en los que la ignorancia sobre autores y causas lleva al silencio indiferente. Ni siquiera el origen social y el rol desempeñado en la comunidad permiten especular sobre las motivaciones, toda vez que los sucesos mezclan individuos de todos los orígenes. Lo único cierto es la periodicidad, con cariz sistemático, que los hechos poseen, y que los convirtieron incluso en noticia nacional, como queda claro en las notas expuestas. Estos hechos misteriosos también ocurrían en el oriente del departamento. Así, en la vereda Pueblo Nuevo de Pensilvania "se completan ya tres personas acribilladas en la misma forma en menos de dos meses y sin que las autoridades judiciales puedan descubrir a los culpables" (^{Salazar, 1982}, p. 12B). Los términos desde la oscuridad y sin que puedan descubrir a los culpables también aparecen allí, lo que resalta la presencia de formas de violencia misteriosas junto con las subversivas ampliamente denunciadas (^{Cruz, 2020}).

1987 mostró una racha de asesinatos de homosexuales en Manizales que encajan con la definición de exterminio social y con la categoría de "limpieza sexual" (^{Sarria, 2002}). El dos de octubre del mencionado año, se reportó la muerte violenta de John Jairo, "aumentándose a cinco el número de travestis eliminados... en los últimos quince días" (^{La Patria, 1987b}, p. 3A). Como no podía ser de otro modo, se ignora "quiénes son los autores de estos hechos que siguen causando alarma entre los moradores y travestis que frecuentan estos sitios" (^{La Patria, 1987b}, p. 3A), refiriéndose al sector de la Plaza de Mercado de Manizales. Cuatro homosexuales más fueron abatidos en un solo hecho y en la misma zona de la ciudad, masacre sobre la que las autoridades "no tienen pistas suficientes que determinen la identidad y captura de los agresores" (^{La Patria, 1987c}, p. 8C).

Diversos acontecimientos a lo largo de la década del 80 hicieron inocultable lo que estaba ocurriendo en Colombia y en Caldas por aquellos años. No resultaba verosímil seguir hablando de misterio, oscuridad, sombras y demás términos elusivos que no permitían señalar culpables y comprender la razón de los hechos. Así pues, la necesidad de nominación con el fin de asir el fenómeno y poder apropiárselo se impuso a las explicaciones etéreas y lábiles. Sin embargo, el reto no era fácil; los sucesos se presentaban a diario, en circunstancias diversas y las víctimas poseían infinidad de características. Era difícil asignar una regularidad en medio de semejante caos; las coordenadas discursivas que introdujeran orden en esta maraña violenta aún no estaban disponibles.

En este orden de ideas, en diferentes ediciones del diario La Patria se observa la mención de "escuadrones de la muerte" en diferentes ciudades del país que cometieron actos violentos y dieron muerte a varios jóvenes. La categoría de escuadrones de la muerte ha sido la más ampliamente referida por organismos internacionales, y está ligada con lo que se reconoce como los orígenes de las expresiones violentas paramilitares, ubicados en la península de Indochina durante la guerra de independencia contra la colonización francesa. Se califican como grupos privados de alcance supranacional, con estrechos lazos con el Estado, con carácter profesional y responsables de acciones extremadamente violentas contra civiles (^{Kalyvas y Arjona, 2005}); difieren del paramilitarismo por su carácter menos definido de organización (^{Rivas y Rey, 2008}). Ha sido recurrente hacer alusión a grupos bajo esta denominación en países como El Salvador, Argentina, Israel e India (^{Kalyvas y Arjona, 2005}; ^{Molinari, 2009}). Organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional frecuentemente se refieren al fenómeno colombiano con este concepto. No obstante, los hechos no encajan muy bien con esta categoría. Más sentido tiene en este caso el concepto de exterminio social.

Paralelamente, en Caldas se reportaron dos grupos paramilitares, ambos en Manizales, hacia finales de la década del 80 y comienzos de la del 90, denominados "Movimiento de Autodefensa Ciudadana" y "Muerte a Homosexuales" (^{Ávila, 2010}). Es poco lo que se sabe de estos grupos en términos de acciones e ideología; por los nombres más parecen grupos de exterminio social de carácter local y coyuntural que organizaciones contrainsurgentes con proyección regional o nacional, pero su aparición temporal coincide con una explosión demográfica de estos grupos en el país de la mano de la penetración del narcotráfico y de la entrada en acción de los primeros combatientes entrenados en las escuelas de Puerto Boyacá, durante lo que el autor de marras considera la segunda etapa del paramilitarismo o de expansión regional. Tanto el concepto de escuadrones de la muerte como el de grupos de "limpieza social" adolecen de vacíos para ofrecer un cuadro explicativo exhaustivo de lo descrito por los enunciados presentados, si bien esbozan algunas características de ellas. Esto confirma la complejidad del fenómeno y los esfuerzos discursivos por atraparlo intelectualmente en un momento cuando todavía se presentaba como algo sibilino.

El concepto de escuadrón de la muerte, con las imprecisiones ya señaladas, se acompaña de otros todavía menos adecuados y más nebulosos: los de bandas, bandas criminales (^{Rojas, 1998}), y bandas de crimen organizado, como se denominó al grupo que atentó contra Jaime Pardo Leal. Estos enunciados se hacen más frecuentes en la información de prensa tanto local como nacional, junto con situaciones que denotan otra de las modalidades del exterminio social: la relación con la oficialidad, especialmente con la Policía (^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}).

En la línea de lo anteriormente dicho se ubican algunas voces que dan nombres más certeros al tipo de violencia que se vive y destacan el papel del Estado en ella. Así las cosas, con respecto a la posesión de Virgilio Barco en 1986, cuando dijo entre otras cosas que "quienes escogen la vía siniestra del terrorismo, violan derechos esenciales. El Estado no puede utilizar métodos semejantes" (^{Madrid-Malo, 1986}, p. 4A), sostenía un columnista de La Patria:

Al país le estaban haciendo falta palabras como las que acaban de citarse. Con ellas expresa el primer mandatario de la Nación un rechazo vertical y rotundo a una de las perversiones del poder público que más estragos ha causado en el siglo actual. Me refiero al infamemente célebre "terrorismo de Estado". Ya saben a qué atenerse los que en Colombia simpatizan con la doctrina de la seguridad nacional y otras teorías de estirpe totalitaria. (^{Madrid-Malo, 1986}, p. 4a)

La mención al terrorismo de Estado ha sido clásica de grupos de izquierda para vincular la violencia paramilitar a la institucionalidad, aunque también ha contado con apoyos académicos. Sin conocer las inclinaciones políticas del articulista que se refería al discurso del presidente Barco, su denuncia no carecía de sentido, aunque en ese momento no tuviera el soporte documental que existe hoy. En otro caso se dan detalles de un procedimiento penal en la Procuraduría liderado por Jaime Pardo Leal en el que señaló a patrullas militares de cometer masacres y atentados contra dirigentes políticos, "y sindicó a miembros de la institución castrense de la muerte del dirigente Rubén Castaño" (^{La Patria, 1987a}, p. 2A), miembro de la UP y el Partido Comunista asesinado en Manizales el 28 de noviembre de 1985.

A tal punto llegó la presión discursiva a la elusión del paramilitarismo, que un funcionario del gobierno Barco, el consejero Carlos Ossa Escobar, aceptó públicamente que "en Colombia se está librando una 'guerra sucia', y calificó la situación como 'muy compleja'" (^{Tularde, 1987}, p. 2A). Será precisamente el término guerra sucia el que se utilizará para denominar la estrategia militar por antonomasia de los paramilitares, en la mayoría de los casos en connubio con el Estado (^{Cubides, 1999}). En esta misma línea se pronuncia Jaime Pardo Leal cuando aseguró en su momento: "Soy el hombre más perseguido por la extrema derecha" (^{La Patria, 1987d}, p. 2A), enunciado en el que endilga los actos violentos contra él y los demás militantes de la UP a una agrupación política específica, y sobre todo a un tipo de discurso en particular.

Segundo periodo de análisis (1988-1997). Y mientras todo esto ocurría y los verdaderos autores y móviles iban saliendo a la luz, todavía se encontraban enunciados que en su mayoría apelaban al desconocimiento y la ambivalencia frente a las causas de los hechos violentos. Ahora se presentaba con más asiduidad el debate entre las diferentes voces que adjudicaban los hechos a paramilitares o autodefensas, por un lado, a narcos o sicarios, por otro, e incluso a la subversión. El comienzo de la década del 90 fue especialmente tortuoso para Caldas, y prolífico en el tipo de enunciados señalados. Se presentaron diversidad de hechos violentos en el puerto de La Dorada, desde atentados con carro-bomba en zonas concurridas, hasta asesinatos selectivos de personas que denunciaron actos de corrupción de políticos locales que más tarde resultaron involucrados con el paramilitarismo. Entre los móviles, tanto la prensa como la oficialidad utilizaron términos vagos como ajustes de cuentas o venganzas personales (^{Cruz, 2020}), lo que mucho más tarde se aclaró en declaraciones de paramilitares desmovilizados, y que en realidad consistió en prácticas de exterminio social de quienes eran considerados delincuentes por los alzados en armas (^{CNMH, 2020}).

En el occidente del departamento ocurrían cosas similares. Anserma vivió horas complejas con una oleada de hechos violentos hacia 1994. De inmediato, las hipótesis llegaron en forma de "personas foráneas que sembraron el terror" (^{La Patria, 1994c}, p. 8D), de acuerdo con el alcalde del municipio. También se habló de guerras entre bandas. Sin embargo, como casi todos los asesinados presentaban antecedentes penales, se tuvo en cuenta también la posibilidad de un grupo de exterminio social entre los habitantes (^{La Patria, 1994c}; ^{Ramírez, 1994}). Entre los pobladores comenzó a correr la versión de que los que caían eran "los malos" (^{La Patria, 1994b}), en una muestra de anuencia con los crímenes que es característica de este tipo de violencia, razón por la cual los grupos armados organizados la adoptan (^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}; ^{Rojas, 1996}; ^{CNMH, 2015}), y que preocupaba al editorial de ^{La Patria (1994a)}:

La situación que se está presentando en Anserma es muy grave. El hecho de que manos ocultas estén matando a «los malos», es ya un síntoma claro de que el problema puede generar nuevas y peores formas de violencia (...). Lo más alarmante del asunto es que esta situación se esté dando con el regocijo de muchos habitantes de esa población, así como de quienes están de acuerdo con las llamadas «limpiezas sociales». (p. 5A)

Los crímenes asociados a exterminio social continuaron, y parecieron trasladarse de Anserma a Chinchiná. La Patria reportó varios hechos presuntamente de este tipo en junio de 1996, en los que el factor común son los antecedentes penales de los asesinados, casi todos ellos jóvenes consumidores de estupefacientes (^{La Patria, 1996b}). En otra nota se dio cuenta de 69 hechos violentos hasta mediados del año, de los que el 90% de las víctimas reportaba antecedentes penales (^{La Patria, 1996c}), y el 95% de los hechos involucró arma de fuego (^{La Patria, 1996a}). En este caso, como en otros que ya se han relatado aquí, las autoridades ofrecen una versión que además de escueta resulta contraria a la opinión de la comunidad y sustentada en estigmas sociales (^{CNMH, 2015}; ^{Goffman, 2006}; ^{Camacho y Guzmán, 1990}), toda vez que según aquellos "se trata de una guerra entre bandas para dominar el mercado de estupefacientes, pero habitantes de la «Quinta Bis», uno de los sectores más peligrosos de la población, afirmaron que hay organismos de «limpieza», pero temen denunciar" (^{La Patria, 1996a}, p. IA); adicionalmente se escuchan quejas sobre abusos de las autoridades. También se observa otra regularidad, y es el tono sibilino del medio de comunicación con este tipo de acontecimientos, que contrasta con la explicitud mostrada en las notas relacionadas con la insurgencia.

En Villamaría fueron reportados varios hechos violentos cuya conexión es difícil establecer, entre ellos algunos asesinatos de consumidores de droga y de habitantes del barrio popular autoconstruido⁴ Santa Ana (^{La Patria, 1997}), sector deprimido del municipio donde habitan personas desplazadas por el conflicto armado (^{Sánchez-Hernández e Idárraga, 2017}). La respuesta oficial fue nombrar un comandante de policía local con experiencia en contraguerrilla, sin que se reporte la presencia subversiva en el municipio. Como en otras notas de prensa, el misterio y el desconocimiento sobre los móviles y autores del crimen fueron los protagonistas, el poder se mantuvo invisible y por ende más eficiente (^{Foucault, 2008}).

Pero el tiempo de los ambages llegaba a su fin. Hacia el año 1994 era reportada oficialmente la presencia de un grupo paramilitar en territorio caldense, exactamente en el entonces corregimiento samaneño de Norcasia, nororiente del departamento, en límites con Antioquia. Eran los paramilitares de Ramón Isaza, que no pararon de crecer y expandirse desde finales de los 70 en el Magdalena Medio (^{CNMH, 2020}). En otra parte se reportaba que en "Norcasia había otro grupo paramilitar que llegó a ampliarse a La Dorada en Caldas y a Fresno y Mariquita en Tolima" (Ronderos, 2014, p. 56). Sin embargo, no se precisa la fecha aproximada de registro de este grupo, ni se aclara si es el mismo de Isaza o se trata de otro. Solo dice que hizo parte de la expansión de las Autodefensas del Magdalena Medio lideradas por Henry Pérez y ya fuertemente aliadas con el narcotráfico, por lo que se presume que haya sido hacia finales de la década del 80. También se reportó en Pácora, en agosto de 1994, la circulación de panfletos en los que se convocaba a la creación de un grupo para atacar a la guerrilla (^{La Patria, 1994d}), sin que se entreguen más detalles al respecto.

Tercer periodo de análisis (1998-2006). Hacia finales de la década del 90 y comienzos de la del 2000, el oriente de Caldas cuenta con una presencia sólida y permanente de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio - ACMM comandadas por Ramón Isaza, concretamente del Frente Omar Isaza - FOI, que operó en La Dorada, Norcasia, Victoria, parte de Samaná y Pensilvania. La estrategia del FOI sigue las mismas directrices que las del paramilitarismo en el resto del país, y por ende responde a la guerra sucia importada por la alianza entre capos del narcotráfico, miembros de las fuerzas militares, políticos locales, élites económicas y agentes extranjeros. Particularmente apelaron a las masacres y asesinatos selectivos (^{VerdadAbierta.com, 2013a}); en concordancia con lo establecido por el ^{CNMH (2013)} en su informe ¡Basta Ya! se reportaron en este orden de ideas asesinatos de consumidores de droga, supuestos ladrones, personas denunciadas por otras sin verificación e incluso pacientes mentales (^{VerdadAbierta.com, 2013a}), a pesar de que Ramón Isaza declaró en una ocasión: "Mi orden era que los mataran de a uno" (^{Semana, 2007}, s.p.), crímenes que califican como exterminio social según su definición (^{Rojas, 1996}; 1998; ^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}; ^{Sarria, 2002}; ^{CNMH, 2015}).

Entre 1997 y 2005, las ACMM llevaron a cabo acciones armadas contra la población civil de varios municipios de Caldas, en particular el FOI, creado en el año 2000 y comandado por alias "El Gurre" (^{VerdadAbierta.com, 2013b}). Entre los crímenes se cuentan reclutamiento de menores, violación de mujeres, asesinatos selectivos, masacres (siete en Caldas), extorsiones y hurtos. También llevaron a cabo actos de exterminio social contra consumidores y expendedores de droga, prostitutas, comunidad LGBTI e incluso personas con aspecto desaliñado que eran consideradas como hippies por los paramilitares (^{La Patria, 2016a}). En cuanto a los cadáveres declaró Isaza: "siempre los echábamos al río Magdalena" (^{Semana, 2007}, s.p.). Un antecedente de estos hechos lo constituyó una masacre en Samaná, ocurrida el 15 de febrero de 1996 como respuesta a la toma de las FARC-EP a la estación de policía de Florencia, corregimiento del mencionado municipio. En la acción, los paramilitares de Ramón Isaza asesinaron personas que llevaban a cabo actividades ilícitas en la zona de tolerancia de Samaná (^{CNMH, 2020}), claro síntoma de estigma social (^{Goffman, 2006}; ^{Camacho y Guzmán, 1990}).

Uno de estos hechos es la masacre de La Dorada, ejecutada el 7 de agosto de 1999. Seis personas fueron sacadas a la fuerza del Bar La 70, en zona urbana del mencionado municipio, y posteriormente fueron torturadas y asesinadas. Sus cuerpos aparecieron en la vía que de La Dorada conduce a Norcasia, y uno de ellos en el sector conocido como Puente Colgante, con un letrero que indicaba que lo mataron por desertar del grupo paramilitar: "Fue dado de baja un ladrón y desertor de las Autodefensas" (^{Rutas del Conflicto, sin fecha 2}, s.p.). Para la fecha no se había constituido aún el FOI, por lo que la nota menciona al Frente Jhon Isaza y al Cacique Pipintá como grupos con presencia en la zona, si bien el último, que aparecerá más tarde en el centro-occidente del departamento, no es reconocido como actor en el oriente de Caldas.

También se reportan amenazas colectivas por medio de reuniones forzadas con la comunidad, en las que los paramilitares imponen sus "reglas del juego", como se supo acerca de los pescadores de La Dorada y la regulación a su ejercicio productivo (^{Colombia. Tribunal superior de Bogotá - sala de Justicia y Paz, 2016}). El impacto en la comunidad se incrementaba con el asesinato de líderes sociales por el solo hecho de serlo, es decir, por resistirse al poder de los paramilitares y sus benefactores. Para las comunidades también es visible la doble moral del paramilitarismo, en la medida que condenan públicamente y con toda la sevicia actos como el latrocinio y la prostitución, pero ellos mismos lo practican y la promueven (^{VerdadAbierta.com, 2013a}).

Entre algunas de las masacres registradas en Caldas por parte del FOI se cuenta la de Bucamba, un sector de veraneo en La Dorada cerca al Río Magdalena. Allí fueron asesinadas el II de febrero de 2003 cinco personas, dos de ellas menores de edad, acusadas de estar consumiendo marihuana (^{Rutas del Conflicto, sin fecha I}). En otra denuncia se dice que el propietario de una finca cercana al lugar informó a los paramilitares que los jóvenes habían robado algunos de sus mangos, por lo que aquellos acudieron al sitio y los ejecutaron (^{VerdadAbierta.com, 2013a}). El 6 de noviembre de 2000, dos personas fueron capturadas en Fresno, Tolima, y llevadas hasta el municipio de Marulanda, Caldas, cuyos cuerpos fueron encontrados en el corregimiento El Encuentro, al lado del Río Guarinó (^{Rutas del Conflicto, sin fecha 4}). Se desconocen los móviles del doble crimen. En el corregimiento Las Margaritas de Manzanares, Caldas, fueron torturados y ultimados los hermanos Salazar, acusados de ser colaboradores de la guerrilla, el 16 de septiembre de 2001, lo que además provocó el desplazamiento de su familia (^{VerdadAbierta.com, 2010}). Entre 2003 y 2005, se registraron nueve homicidios en Samaná, Marquetalia y Manzanares; en este último municipio, un denominado grupo de "limpieza social" asesinó a John Jairo López Medina, estilista que aparentemente fue ejecutado por su condición sexual (^{CNMH, 2020}). Como estos se registran otros hechos definidos como masacres y que encajan con la violencia de exterminio social que, si bien no ocurrieron en territorio caldense, sí involucraron personas de dicho departamento o se dieron en las vías que de este conducen a poblamientos cercanos, como Petaqueros, La Guadua, Fresno, Falán, entre otros (^{VerdadAbierta.com, 2010}).

Más hechos se presentaron alrededor del Río La Miel, zona de disputa entre el Frente Omar Isaza de las ACMM y el Frente 47 de las FARC-EP:

El río La Miel lo vetó el Bloque Omar Isaza de las autodefensas porque queda en la vía de mayor importancia comercial para Samaná, la que comunica al municipio con el Magdalena Medio, y donde este grupo concentra sus actividades administrativas. Durante los años más violentos del conflicto, entre el 2000 y el 2005 aproximadamente, desaparecieron muchas personas y sus cuerpos fueron arrojados al río. (^{Franco, 2012}, p. 94)

En lo que respecta a Samaná, zona de dominio guerrillero desde mediados de los 90, la presencia paramilitar comenzó a aumentar hacia el año 2000, y se hace notoria en las veredas más alejadas y la cabecera municipal, donde ocurrieron plagios, extorsiones, asesinatos selectivos y demás formas de coerción contra los habitantes (^{Franco, 2012}, pp. 94-95; ^{Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná - FUNDECOS, Centro de Estudios sobre Violencia, Conflicto y Convivencia Social - CEDAT, Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial - EQUITAS, 2018}). Cerca del sector conocido como El Codo, en la vía que conduce a La Dorada, los paramilitares se apropiaron ilegalmente de la finca El Brasil, y allí establecieron su cuartel general (^{Franco, 2012}). En la vereda Los Ceibos se presentó una masacre en la que tres campesinos fueron asesinados bajo acusaciones de pertenecer a la insurgencia, el II de febrero de 2002, luego de que los paramilitares reunieran forzadamente a la población en la escuela del sector (^{Colombia.Tribunal, 2016}).

Escenarios públicos como la plaza principal, los centros educativos, la zona de tolerancia, el mirador, la piscina municipal, las canchas de fútbol, entre otros, además de sectores del Río La Miel, como ya se dijo, fueron vetados para la población (^{Franco, 2012}), lo que redundó en la imposición de un régimen de verdad sobre los cuerpos y las mentes de los samaneños y en la alteración de las relaciones de poder existentes hasta el momento (^{Foucault, 2007}; ²⁰⁰⁸), y los llevó a conminarse en sus residencias, desplazarse y adaptar horarios y rutinas acordes con la salvaguarda de su vida, integridad y pertenencias.

La investigación realizada por ^{FUNDECOS, CEDAT y EQUITAS (2018)} muestra un aumento de la violencia contra la población civil en el periodo 2000-2007, en lo que respecta a desaparición (que incluye desaparición forzada y reclutamiento forzado), de 6 casos en los periodos anteriores a 72. De estos casos, la investigación adjudica el 47% a las FARC-EP y el 22% a los paramilitares (^{FUNDECOS, CEDAT y EQUITAS, 2018}). Sin embargo, cabe aclarar que la metodología utilizada para identificar la autoría de los hechos se basó en el testimonio de las víctimas, las cuales pudieron ser engañadas y amenazadas para declarar en determinado sentido, sobre todo si por medio caben acusaciones a la fuerza pública. La situación llegó a ser tal que un habitante del municipio declaraba lo siguiente:

Encimadas, todo lo que era Santa Rita, El Silencio, unas veredas, era guerrilla. Esa era la parte alta de Samaná. La parte baja, que es un clima cálido, es Sasaima, Confines, Cañaveral, todo lo que es zona de influencia del embalse de La Miel, era zona paramilitar. Entonces en realidad, había gente que no podía echar ni pa' arriba, ni pa' abajo, porque a veces estaban tildados por ser amigo o familiar de algún miliciano o paramilitar, entonces no echaban para allá. [...] Yo saqué mi cédula en Bogotá, porque uno decir que era de Samaná en La Dorada o Cañaveral, era miedoso, porque lo tachaban de guerrillero. (^{Narváez, 2018}, pp. 18-19)

Varios hechos se reportan entre los años mencionados, la mayoría de los cuales involucra civiles y acusaciones sin fundamento jurídico, u otras razones ajenas al conflicto con la insurgencia, en la clara línea del exterminio social. Nuevamente aparecen los móviles por latrocinio, drogadicción y prostitución, entre otros, o lo que ^{Sarria (2002)} clasifica como violencia contra dementes, mendigos, recicladores y viciosos; violencia contra delincuentes; y la ya mencionada limpieza sexual, como lo denuncia Alberto José Ospina, coordinador de la mesa municipal de víctimas del municipio de Victoria, Caldas, y líder de la Asociación de Familias Desplazadas de La Dorada: "No me acuerdo el año, pero a unas niñas que trabajaban en la zona de tolerancia, supuestamente, las tiraron al Río La Miel, no me acuerdo si las encontraron" (^{Rutas del Conflicto, sin fecha 5}, s.p.). Las anteriores califican como tecnologías de poder (^{Foucault, 2008}) que buscan ejercer control sobre la población por medio del miedo, con lo que se consigue alejar política y militarmente a la insurgencia de la zona a través de la táctica de "cortarle el agua al pez", y también capitalizarla política y económicamente a favor de determinados intereses locales y nacionales en algunos casos, como los proyectos energéticos Miel I y Miel II desarrollados en Norcasia, (^{Rutas del Conflicto, sin fecha 3}; ^{CNMH, 2020}).

Otro caso que merece especial mención es el de Marquetalia, donde la dimensión del poder paramilitar y sus aviesos mecanismos llevó a que se hablara de un campo de concentración ubicado en el citado municipio. En un balneario conocido como El Mangón, los paramilitares del FOI establecieron su cuartel general, y allí llevaban a los pobladores que, de acuerdo con su criterio, desobedecían sus órdenes y atentaban contra su autoridad. Se imponían castigos "ejemplarizantes" como corte de pelo y cejas, golpes, baños de agua helada, y amenazas de muerte por reincidencia (^{El Tiempo, 2004}). Desde 200I los paramilitares se convirtieron en la única autoridad en un pueblo otrora controlado por la insurgencia; los cobros de "vacunas" y el reclutamiento de menores se hacían con completa impunidad.

Un campo de concentración es arquetipo extremo de panóptico, un (no)lugar donde la disciplina deviene control con base en las tecnologías de poder más violentas (^{Foucault, 2008}), escenario por antonomasia del exterminio social (^{CNMH, 2015}). Una de sus alcaldesas, Rubiela Hoyos, fue asesinada por las FARC-EP acusada de anuencia con los hombres del FOI. Fue hasta el 13 de marzo de 2004 cuando la fuerza pública tomó medidas frente a esta situación, y en un operativo dio de baja a varios paramilitares y recuperó el control del municipio (^{El Tiempo, 2004}). También se tiene en cuenta el resultado de las versiones libres de los paramilitares que operaron en la región, en el marco de la ley de Justicia y Paz, y en las que confesaron la ubicación de diferentes fosas comunes, cuatro de ellas en la vereda El Hatillo del mencionado municipio (^{VerdadAbierta.com, 2009}).

Durante una tregua unilateral decretada por el FOI en 2002, se pudo constatar la dimensión del poder que lograron acumular durante años de aplicación de sus tecnologías violentas de poder. Para comenzar, con esta acción los paramilitares afirmaban demostrar, según alias "Memo Chiquito", que ellos no eran "los generadores del conflicto" (^{La Patria, 2002}, p. 2B). En segundo lugar, sus territorios son considerados como exclusivos; nadie que no sea de allí puede entrar, a riesgo de ser asesinado sin previo aviso. "En estos sectores la comunidad aprendió a convivir con ellos. Allí es normal ver los carros, los comandantes y a los hombres bien armados pasando por caseríos y por fincas en sus tradicionales rondas de vigilancia" (^{La Patria, 2002}, p. 2B). A tal punto llegó este poder que, de hecho, una nota de prensa narra cómo paramilitares del Frente Héroes del Prodigio, adscrito a las ACMM, realizó un censo en Samaná para saber cuánta coca se sembraba en este municipio y cobrar el respectivo impuesto (^{VerdadAbierta.com, 2008}).

El tono anuente (^{Van Dijk, 1990}) con que el diario La Patria narra esta situación da a entender que dicha convivencia, además de normal, es positiva para los pobladores; al fin y al cabo, están prestando seguridad. Es una manera de conocer el accionar paramilitar en los pueblos al margen de las atrocidades que llevaron a cabo para que la mencionada "convivencia normal" que destacan pudiera darse. No contemplan que haya sido el miedo extremo el que llevó a los habitantes de estas regiones a asumir una actitud de resiliencia y sometimiento pasivo ante la envergadura del enemigo o, dicho de otra forma, una situación de normalización forzada por la violencia física de los paramilitares y construida a partir de la imposición de unas condiciones de vida consideradas como "normales" por los victimarios (^{Foucault, 2006}). Atrocidades como las que se narran allí mismo por parte de uno de los comandantes del grupo: "Un muchacho vino y le pegó a una enfermera, para mí hay que matarlo. La persona que ingresa a una finca, roba y viola a las mujeres, no hay de otra que voliarle gatillo" (^{La Patria, 2002}, p. 2B). La aplicación de esta forma de justicia seguramente reposa en la forma como este sujeto comprende dicho concepto, que a su vez descansa en su estatuto moral (^{Rojas, 1998}), pero resulta contradictorio que lo haga desde un lugar de enunciación que está sustentado en el mismo marco de ilegalidad que el de aquel que roba, golpea o viola. Es esto una muestra más de la manera como el poder paramilitar desplazó el constitucional en sus zonas de influencia y decretó un nuevo orden social con base en sus ambiguas convicciones morales, no dispuestas a negociar con aquellas que considera inferiores y peligrosas (^{Rojas, 1998}).

En el resto del departamento, especialmente en el norte y centro-occidente, apareció hacia finales de la década del 90 el frente Cacique Pipintá, derivado del Bloque Metro, y que dominó el panorama militar y político de municipios como La Merced, Aguadas, Chinchiná, Villamaría, y que incluso llegó a tener presencia en Manizales (^{Cruz, 2020}). Dicho control político-militar se logró por medio de, entre otras cosas, actos de exterminio social, tanto en zonas urbanas como rurales, como lo confesó en su momento alias "Alberto Guerrero", comandante del mencionado grupo: "Se mataba por violación, expendedores de droga, informante de la fuerza pública, colaboradores de la guerrilla, muchas veces favores personales que pedían ganaderos y comerciantes de la región" (^{Colombia. Fiscalía 120 especializada UNDH - DIH, 2012}, p. I).A propósito de la acusación de colaborador de la guerrilla, una declaración de un exparamilitar muestra el grado de abuso y sevicia que alcanzó:

Les poníamos pruebas como prestarnos la cocina, darnos desayuno y si eran muy queridos era porque eran guerrilleros o colaboradores (...).

… llegamos a la finca de este señor con la lista que me dio alias 'Mi Rey' y yo hago como si fuera de la guerrilla. Él muy amablemente nos colaboró y hasta nos dio desayuno. En ese momento yo comprobé que era colaborador y le di la orden a alias 'Foca' para que se lo llevara por la carretera que va del Palo hacia Supía, Caldas. Allá lo mataron. (^{VerdadAbierta.com, 2011}, párr 23)

Estas formas de coerción fueron muy utilizadas por este grupo durante la década del 2000, momento en el que el control panóptico (^{Foucault. 2008}; ²⁰⁰⁶) sobre la población llegó a ser pleno, en la medida que derivaba de estrategias discursivas que, como en el caso de colaborador de la guerrilla, pueden aplicarse contra cualquier individuo. En otras palabras, nadie estaba a salvo de la "limpieza política" (^{Sarria, 2002}).

En la Tabla 1 se presenta una síntesis de los resultados de la investigación

Tabla 1 Cuadro síntesis de resultados de investigación 

Fuente: Elaboración propia

5. Discusión

En el primer periodo analizado, se evidencia cómo a lo largo del departamento de Caldas ocurren hechos de sangre en zonas con amplia presencia de la fuerza pública, cuyas características en cuanto a tipología de las víctimas, modo de operación y contexto de conflicto armado hacen pensar en una sistematicidad, no obstante, los victimarios permanecen sin identificar y las acciones oficiales no consiguen efectos a pesar de las denuncias de las víctimas. La prensa local se pliega a las versiones de la fuerza pública y reproduce el misterio en torno a estas muertes en los mismos términos (^{Van Dijk, 1990}; ^{Fairclough, 2003}). Los años de estos sucesos coinciden con el incremento nacional de la práctica del exterminio social (^{Rojas, 1996 Fernández y Otero-Bahamón, 2009}); los móviles se inscriben en la modalidad de limpieza política, de acuerdo con ^{Sarria (2002)}, en la medida que se trata de zonas de disputa entre la insurgencia y el Ejército, y en las que ya despuntaban formas de paramilitarismo dispersas (^{Barón, 2011}), así como por el hecho de que varias de las víctimas eran dirigentes políticos y militantes de izquierda. Hacia el final del periodo analizado se presenta otra modalidad de exterminio social: la limpieza sexual (^{Sarria, 2002}), particularmente en la capital del departamento. La posibilidad de despliegue de dispositivos de normalización (^{Foucault, 2006}) en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional es latente. No obstante, el término "limpieza social" todavía está ausente de la vulgata departamental.

Las categorías que más presencia tienen en esta primera etapa del análisis son las de invisibilización y normalización. La primera de estas resulta sumamente evidente, toda vez que todas las notas encontradas hacen suficiente énfasis en aclarar que se desconoce quiénes son los victimarios y sus móviles, con lo que el accionar violento puede ser interpretado por los lectores como incidental, aun cuando entre las víctimas se cuentan activistas políticos y líderes sociales. Ni el diario ni la fuerza pública se detienen a valorar este hecho. Los términos más utilizados para referirse a las situaciones reseñadas (misterio, oscuridad, desconocimiento...) pueden explicarse de acuerdo con lo que ^{Van Dijk (1996)} denomina "lexicalización negativa", esto es, la descripción de palabras negativas para referirse a las acciones de otros; con los términos elegidos para señalar la situación como misteriosa, se logra tanto negar al victimario, y por ende difuminarlo en la anécdota de la nota de prensa, como a aquello que pudo causar el hecho, lo que suprime la alusión a cuestiones sociales y políticas. Esto conlleva la normalización (^{Foucault, 2008}) de las prácticas de exterminio, en la medida que la forma como las noticias son presentadas (^{Van Dijk, 1990}) no supone la sistematicidad, sino la eventualidad, que de la misma manera como aparece puede desaparecer. Se establece así un orden discursivo (^{Fairclough, 2003}) en el que la idea de "limpieza social" simplemente no tiene cabida, o dicho en palabras de ^{Foucault (2003)}, la producción de enunciados no ha devenido formación discursiva aún.

Sin embargo, hacia el final del periodo analizado se puede evidenciar cómo emergen una serie de enunciados que intentan captar el fenómeno de violencia que cada vez se torna más frecuente, y por ende difícil de nominar. Junto con hechos de sangre dirigidos a grupos poblacionales específicos, aparecen denominaciones como "Muerte a homosexuales" que insinúan un estigma (^{Goffman, 2006}; ^{Camacho y Guzmán, 1990}) sobre una forma de identidad sexual que ha padecido un proceso semiótico que le ha asignado una posición (^{Fairclough, 2003}) relegada y despreciada. Por su parte, un término como "Autodefensa ciudadana" se relaciona con la categoría de defensa de los valores, e implica diversas formas de lo que ^{Van Dijk (1996)} llama los "modelos mentales de contexto": descripciones autoidentitarias, de actividad, de propósitos y de normas y valores; quiénes somos, qué hacemos, qué pretendemos, y qué valores nos mueven a ello. Se marca claramente la distinción entre un nosotros (los ciudadanos) y un otros (los no ciudadanos) del que la sociedad se debe autodefender con las armas, en nombre de la seguridad, el pudor, la vida y la propiedad. Otras formas como la prensa y la oficialidad se refieren al fenómeno (bandas, escuadrones de la muerte, grupos criminales), siguen invisibilizando las causas y los victimarios, pero junto a estas aparecen otras (terrorismo de Estado, grupos de limpieza, extrema derecha) que se plantean un esclarecimiento discursivo de los hechos violentos e incluso una relación orgánica entre el exterminio social y el paramilitarismo, en lo que puede considerarse el albor de una formación discursiva que rompe con la regularidad precedente y constituye una nueva (^{Foucault, 2003}).

A propósito de los atentados contra civiles y políticos hacia 1987, momento en el cual las víctimas comienzan a señalar a agentes irregulares y sus vínculos con el Estado, ^{Foucault (2006)} dirá que el poder gubernamental y disciplinar del Estado asume la posibilidad de contemplar su preservación por encima de cualquier consideración, incluso si esto significa sacrificar algunos pobladores del territorio en aras de mantener la unidad institucional por medio del uso de la violencia física, de los crímenes de Estado. También se hace cada vez más claro que el tipo de violencia del exterminio social se apoya sobre una construcción simbólica (^{CNMH, 2015}) que trasciende el ámbito urbano y allana el campo de lo político, en el que los sectores en el poder buscan exterminar a sus rivales bajo el intolerante sustento de la inferioridad moral y el peligro de estos (^{Rojas, 1998}). Las denuncias sobre alianzas entre grupos criminales y la fuerza pública muestran cómo desde los nodos del poder se promueve el exterminio social (^{CNMH, 2015}) como dispositivo de normalización (^{Foucault, 2006}), pero también desvela formas de resistencia (^{Foucault, 2007}; ²⁰⁰⁸; ^{Fairclough, 2003}), incluso dentro del escenario periodístico, que siempre están presentes tanto en el ámbito político como en el discursivo.

El segundo periodo de análisis se caracteriza por la aparición por primera vez de grupos paramilitares de la llamada tercera generación (^{Ávila, 2010}) en este territorio, al menos de manera oficial. Su llegada contribuirá a aumentar significativamente los indicadores sobre conflicto armado en el mencionado departamento, lo que acarrea formas diversas de violencia, incluido el exterminio social. A partir de este punto se puede plantear la formación en ciernes de un discurso (^{Foucault, 2003}) que da cabida tanto a las prácticas de la justicia privada como a la estrategia de la guerra sucia (^{Cruz, 2020}). También es de destacar que la posibilidad de invisibilizar las causas del exterminio social y sus ejecutantes es cada vez más difícil, lo que se demuestra en manifestaciones de resistencia (^{Foucault, 2008}; ^{Fairclough, 2003}) incluso dentro del ámbito periodístico.

En términos discursivos, a comienzos del periodo analizado se vuelven a encontrar expresiones como venganzas personales o se desconoce la identidad de los agresores y las razones del crimen, algo que coincide con los informes oficiales y que parece corroborar lo que ^{Van Dijk (1990)} señala como la proximidad de los medios de comunicación a los centros de poder. No obstante, durante estos años se vislumbra lo que ^{Foucault (2003)} denomina la ruptura histórico-discursiva, momento en el que la regularidad se va horadando lenta pero consistentemente. Esto puede constatarse en los enunciados expuestos, en los que el término "limpieza social" ya es de uso recurrente por parte de la prensa, la oficialidad y la población. Lo anterior denota tanto una captación discursiva del fenómeno, y por ende su identificación, como una batalla simbólica por el control de su uso, lo que despliega una pugna ideológica que pretende hacerse con un concepto capaz de establecer una criba entre buenos y malos, esto es, una descripción autoidentitaria (^{Van Dijk, 1996}).

El desarrollo de dicha pugna se hace patente en la manera como las acciones violentas son recibidas con regocijo por parte de varios sectores de la población, para quienes los muertos eran "los malos", mientras que, los que llevaban a cabo los crímenes y a quienes no se dirigían deberían ser "los buenos"; dicotomía fundada en unos valores que justifican y en ocasiones azuzan los hechos violentos (^{Van Dijk, 1996}; ^{Fairclough, 2003}). De igual manera, el medio de comunicación se encarga de destacar, en connubio con la fuerza pública, los antecedentes de las víctimas, y de resaltar que entre los muertos había consumidores de estupefacientes y personas con reseñas judiciales. Esto, por un lado, refuerza el estigma (^{Goffman, 2006 Camacho y Guzmán, 1990}) sobre este sector de la población, y por otro, convierte al informativo en parte activa de la pugna ideológica (^{Van Dijk, 1990}) que busca contribuir a la normalización de la población y de tales ejecuciones (^{Foucault, 2008}). También se destacó en los enunciados la manera como algunos periodistas y habitantes de los barrios donde ocurrían los casos de exterminio, se atrevieron a denunciar tales hechos, así como la presunta complicidad de las autoridades, lo que nuevamente constata la presencia ineludible de las resistencias (^{Foucault, 2006}; ^{Fairclough, 2003}). Finalmente, vale añadir que el cierre de este periodo deja claro que la regularidad discursiva precedente, caracterizada por la dispersión entre exterminio social y paramilitarismo, está llegando a su fin, al tiempo que asoma una formación discursiva paramilitar (^{Cruz, 2020}).

En el último periodo de análisis es claro cómo la violencia del exterminio social es apropiada por el paramilitarismo, y cómo este la lleva a cabo en sus zonas de influencia con el fin de consolidar su dominio sobre la población. De esta forma, los enunciados analizados dan cuenta de asesinatos selectivos, masacres, torturas, desaparición forzada y de cuerpos, entre otros repertorios de violencia (^{CNMH, 2013}) cuya pertinencia para efectos de la presente investigación estriba en que todas estas prácticas atentan contra los civiles bajo el argumento del prurito social y sobre la dicotomía entre buenos y malos (^{CNMH, 2015}; ^{Rojas, 1996}; ^{Camacho y Guzmán, 1990}; ^{Sarria, 2002}; ^{Fernández y Otero-Bahamón, 2009}), y en el afianzamiento violento de unos valores dominantes fundados en preceptos ideológicos (^{Goffman, 2006}; ^{Camacho y Guzmán, 1990};^{Van Dijk, 1996}) como la jerarquía social, la propiedad, la castidad y la vida (de los "buenos" en detrimento de los "malos") (^{Van Dijk, 1996}). Es más, la vinculación de las estructuras paramilitares con el exterminio social queda confirmada por los datos expuestos, por las declaraciones de sus miembros y por la dinámica interna del conflicto durante los años abordados, en concordancia con investigaciones previas (^{Castaño y Ruiz, 2017}).

Junto con las pretensiones de consolidar un discurso moralizante entre la población, el exterminio social practicado por el paramilitarismo en Caldas cumplió una función táctica en la estrategia de consolidación de su presencia e incidencia política en la citada región. La tensión de fuerzas desplegada en la lucha contra la insurgencia contó con tecnologías de poder como la regulación o el veto a la libre locomoción de los habitantes por lugares clave para la lógica de la guerra, el establecimiento forzado de prácticas cotidianas que pretendían el control y la vigilancia, los castigos ejemplarizantes cuando se desobedecía su autoridad, y el confinamiento obligatorio. Para ello se apeló a acciones como toques de queda, amenazas, censos y requisas, en síntesis, a un desplazamiento constitucional de la autoridad legal, e incluso a extremos como el establecimiento de un campo de concentración y en el logro final de un nuevo orden jurídico desde la ilegalidad; todas ellas formas de ejercer una microfísica del poder que penetre en los cuerpos y las mentes de las víctimas, en un control panóptico de la población que redunde en la consolidación de un régimen disciplinario afín al interés de los victimarios y la normalización de los individuos, en una biopolítica de la guerra (^{Foucault, 2006}; ²⁰⁰⁷; ²⁰⁰⁸).

Tanto las categorías previamente mencionadas como las de invisibilización y estigma están transidas de estrategias discursivas; sin embargo, en este tercer periodo estas dos adquieren caracteres particulares. El tránsito de la dispersión a la regularidad discursiva que derivó en la formación del discurso paramilitar (^{Foucault, 2003}; ^{Cruz, 2020}; ²⁰²¹) hacia finales de la década del 90, permitió hacer más explícitas las referencias al exterminio social, tanto en la prensa como en la oficialidad. La invisibilización de los victimarios resulta menos posible, toda vez que incluso ellos mismos reivindican tales acciones, pero sus motivaciones siguen adquiriendo un halo de legitimación en sus enunciados que encuentra eco tanto en una población profundamente normalizada como en una prensa aquiescente y poco crítica. Pudo constatarse cómo el diario local publicó informes en los que parecía celebrar el orden impuesto por los irregulares, en una clara anuencia con este nuevo nodo de poder (^{Van Dijk, 1990}; ^{Fairclough, 2003}). En cambio, la prensa fungió en buena medida como altavoz del discurso impuesto, y contribuyó a desplegar el estigma sobre las víctimas, ahora bajo formas nuevas como el guerrillero o colaborador de la guerrilla, y el desertor del grupo paramilitar, que se sumaron al ladrón, al homosexual, a la prostituta, al violador, al agresor, al habitante de calle, al consumidor de estupefacientes; es decir, el paramilitarismo, en sus zonas de dominio, apeló a todas las formas de la "limpieza social" (^{Sarria, 2002}). Así pues, el avance de los diferentes grupos paramilitares por todo el departamento de Caldas (^{CNMH, 2020}; ^{Cruz, 2020}; ^{Colombia. Fiscalía, 2012}) en este último periodo lleva a una convergencia entre estos y el exterminio social tal que se hace casi imposible distinguirlos.

6. Conclusiones

En el marco del proceso de desmovilización de las AUC con el gobierno de Uribe, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio dejaron las armas y pusieron a disposición de la justicia a más de 900 hombres, incluidos los integrantes del Frente Omar Isaza, que operó en el oriente de Caldas por lo menos desde finales de la década del 90. El Frente Cacique Pipintá no se acogió al proceso y fue perdiendo paulatinamente la guerra contra la fuerza pública hasta su extinción definitiva, entre bajas, entregas y denuncias de engaño oficial. Las estructuras de las FARC-EP sufrieron algunos de los más duros golpes por parte del Ejército y la Fuerza Aérea, y redujeron su capacidad de fuego en Caldas casi hasta la desaparición. El EPL se daba por extinto desde años atrás, y el ELN se apartó de esta región hacia sus retaguardias estratégicas en Chocó, Santander, Arauca y Nariño. Las llamadas bandas emergentes o grupos armados organizados colonizaron algunos de los antiguos territorios, campos de siembra de coca y rutas del narcotráfico, además de la distribución al menudeo o microtráfico. Son estos grupos, conocidos como La Empresa, Clan de la Montaña y Cordillera los responsables de los hechos de sangre reportados en los últimos años.

No obstante, los panfletos amenazantes, los llamados a toques de queda y la victimización de grupos sociales estigmatizados han continuado con las mismas características del exterminio social arriba descritas: anonimato, carácter esporádico, contexto mayoritariamente urbano, denuncias de vinculación de elementos de la Policía, sospechas de sistematicidad y capacidad logística creciente. Su blanco también se mantiene constante: población LGBTI, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes, trabajadoras sexuales y una cínica disculpa anticipada por si caen (más) inocentes. La lista puede extenderse, de acuerdo con lo visto, si se tienen en cuenta los líderes sociales, desmovilizados, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda igualmente amenazados y asesinados bajo las premisas de inferioridad moral y peligro para el orden establecido que soportan el exterminio social. Incluso se puede postular una dimensión nacionalista con la reciente llegada masiva de venezolanos a Colombia, también espetados por acusaciones de latrocinio, prostitución y ocupación de puestos de trabajo en detrimento de los nacionales.

El recorrido visto dejó claro que el exterminio social ha sido una forma de violencia cuya apropiación no ha sido exclusiva de ningún grupo: en ella se han involucrado insurgencia, paramilitares, fuerza pública y toda clase de grupos armados organizados; en la medida que el objetivo ha sido prioritariamente lograr prestigio entre la población, puede decirse que el exterminio social posee una dimensión política. Varios de los victimarios han aducido afectaciones fiscales producidas por sus víctimas, como la desvalorización de predios por presencia de habitantes de calle, la pérdida de empleos por la llegada de fuerza de trabajo más barata e incluso la acusación de promoción de ideas afines al asistencialismo social y el proteccionismo estatal. Esto constituye la dimensión económica del exterminio social. También se ha reconocido una dimensión étnica, pero se conocen pocos casos en Colombia y no se registra ninguno en la investigación que soporta este trabajo. Todas estas dimensiones comparten el hecho de ser producto de determinada formación discursiva, de ser objetos y prácticas animadas por un discurso que construye determinados imaginarios relacionados con las asimetrías morales, la justicia de los actos violentos, el peligro de formas de pensamiento diferentes y el ideal de sociedad que implica la eliminación física de otros sujetos.

El enfoque teórico seleccionado para guiar el estudio descrito es claro en identificar los dispositivos de normalización ejecutados desde los nodos de poder, responsables de la formación discursiva recién descrita, según los cuales los individuos adoptan formas de comportamiento acordes con los preceptos ideológicos de los sujetos normalizadores, sustento discursivo de la definición de lo normal y lo anormal, tales como el confinamiento, el silencio, el desplazamiento y la tolerancia de abusos sin protestar. La diferencia entre este dispositivo de normalización y las formas tradicionales de las sociedades disciplinares radica en que el exterminio social apela al despliegue desbordado y violento de poder, tal como ocurría en las sociedades de soberanía, lo que explicita el carácter barbárico y primitivo de esta forma de violencia. Los hechos abordados también dan cuenta de las relaciones de poder inherentes al ámbito discursivo, y cómo el discurso crea los objetos de los que habla, en este caso unos que construyen asimetrías y polarizaciones en el entramado social.

Así pues, en la medida que la formación discursiva que soporta y justifica el exterminio social persista, seguramente se seguirán observando situaciones en las que grupos de vecinos se sigan organizando esporádicamente en contra de enemigos que sus modalidades enunciativas crean; el mejor ejemplo de esto se dio en el marco del paro nacional de 2019 y 2021, el pánico de sectores sociales acomodados, sus llamados a la (auto)defensa, el despliegue de nuevos estigmas y el reciclaje de otros, y la pugna ideológica entre la "gente de bien" y los "vándalos". La mala noticia es que no hay proceso de paz que contenga estas formas de violencia que nacen en los intersticios de la sociedad profunda, desde abajo, en la proximidad capilar de la microfísica del poder; la buena noticia es que los objetos discursivos creados por la sociedad pueden ser deconstruidos de la misma manera como fueron construidos, algo que puede ser constatado en el reciente estallido social acaecido en el país, y que deberá dar pie para futuras investigaciones en esta misma línea. De igual manera, el informe final presentado por la ^{Comisión de la Verdad (2022)} da cuenta en varios de sus estudios de esta forma de violencia, a la que apelaron todos los actores del conflicto. En relación con el presente estudio, vale resaltar las cifras sobre desaparición forzada, que tienen a los grupos paramilitares como responsables por el 52% de las mismas, y se añade que:

las desapariciones forzadas realizadas por los paramilitares se llevaron a cabo contra «personas que, o bien no encajan en ese modelo social regulado por el grupo armado (por ejemplo, personas socialmente marginadas, personas discriminadas en razón de su orientación sexual, mujeres trabajadoras sexuales, entre otros), o bien no acatan las reglas impuestas». Bajo este objetivo la mal llamada limpieza social justificó la desaparición de personas por parte del paramilitarismo. (s.p.)

En este orden de ideas, pueden explorarse líneas de acción investigativa en torno a fenómenos como el exterminio social en el contexto de las nuevas dimensiones del conflicto armado interno y los agentes violentos contemporáneos, el vínculo entre esta forma de violencia y los casos de migración que tienen a Colombia como país receptor o como tránsito, la manera como golpea a las nuevas formas de identidad individual y grupal, su presencia en el contexto de polarización política y las dinámicas de los movimientos sociales, entre otros.