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1. Introducción
La participación ciudadana en nuestro país ha tenido avances significativos a partir de la Constitución Política de Colombia del 1991, puntualmente en el Título X, acerca de los Organismos de Control, se afirma que "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados" (p. 9); esto hace que la ciudadanía adquiera herramientas de participación ciudadana gracias a las constantes reformas.
El Estado busca ser moderno y efectivo ante las problemáticas distintas de los territorios, permitiendo la contribución de todos los individuos desde la planeación, la ejecución y el resultado final de los distintos trámites administrativos que afectan directamente a la sociedad. La participación de las comunidades acerca a los ciudadanos a las distintas instituciones del orden nacional, dando garantías de transparencia, efectividad y eficacia en el manejo de lo público. Esto, sin duda, mejora la interacción de los ciudadanos con el Estado, interviniendo de forma individual o colectiva y, además, sirve de herramienta para vigilar la destinación de los recursos públicos por parte de los entes del Estado y sus administradores públicos.
Este tema compete a todos como ciudadanos en la exigencia de los derechos, pero también en acatar los deberes para el debido cumplimiento de la ley, siendo vigilantes de los recursos y de la actuación de los gobernantes y el seguimiento a los distintos planes de desarrollo que la mayoría de las veces no alcanzan a cumplirse por distintos factores.
Teniendo en cuenta lo anterior, este documento tiene como objetivo analizar la eficacia de los procesos de participación ciudadana en Colombia. Las preguntas de investigación, son: ¿Cómo fue el proceso de creación de los mecanismos de participación ciudadana?, y: ¿Cuáles han sido los factores que impiden la participación de la población colombiana en la vida pública?
2. Metodología
El texto corresponde al tipo de investigación cualitativa, y hace una reflexión de primera mano de los textos que se han escrito sobre participación ciudadana y sus mecanismos. Desde la postura de Salgado (2007) este tipo de investigación permite flexibilidad y apertura a los diferentes fenómenos que se presenten durante el proceso investigativo; por tanto, se va moldeando, de acuerdo a lo encontrado en contexto.
El enfoque metodológico utilizado fue la hermenéutica y, como estrategia de investigación, se empleó la revisión documental, partiendo de los textos científicos escritos por otros autores hasta llegar a la respuesta de los interrogantes establecidos en este artículo. Para la elección de los textos se emplearon buscadores bibliográficos como Google Scholar, Scielo y Redalyc. Se crearon las palabras clave conforme a la temática de interés: participación ciudadana y mecanismos. Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta para escoger los documentos científicos fueron:
Documentos con altos índices de citación.
Publicaciones principalmente latinoamericanas y españolas.
Prioridad a los artículos y libros.
Prioridad a los documentos publicados recientemente.
Para depurar la información que arrojaron los gestores bibliográficos se tuvo en cuenta lo que se comenta en la Tabla 1 y Figura 1.
Se realizó la búsqueda con dos ecuaciones; inicialmente, con "participación ciudadana" and "mecanismos", en la cual se recuperaron 214.000 en Google Scholar, 42.912 en Redalyc y 29 en Scielo. Con el fin de limpiar y depurar la cantidad de registros obtenidos, se delimitó la ecuación con la ubicación geográfica, quedando, "participación ciudadana" and "mecanismos" "Colombia" y, aplicados los criterios de selección antes mencionados, se encontraron 403 documentos en Google Scholar, 18 en Redalyc y 6 en Scielo.
Para validar la pertinencia de los textos y depurar la información arrojada, se revisó las palabras clave y los resúmenes con el fin de reconocer la orientación temática y aporte a la presente investigación, teniendo en cuenta los objetivos e interrogantes planteados en el presente artículo. Al final se seleccionaron 48 artículos y 5 referencias de normas y leyes relacionadas con la participación ciudadana y mecanismos de participación.
Se apoyó en una matriz documental y fichas bibliográficas para organizar y sistematizar la información encontrada, siendo de esta manera como se registraron los asuntos relevantes de cada texto leído (ver Figura 2), resumen, palabras clave, idea central, resultados y principales conclusiones.
Para el análisis se empleó el software Atlas ti, por medio del cual se procedió a leer los textos e identificar fragmentos relevantes, de acuerdo a los intereses del estudio. Finalmente, con el software se hicieron mapas para comprender e interpretar en conjunto los fragmentos seleccionados.
3. Resultados
Este artículo es producto de la revisión documental; en este sentido, se hizo la revisión de textos científicos de tipo artículo, libros, página web y normatividad sobre los temas relacionados con participación social y mecanismos.
Es vital reconocer que, para buscar dichos documentos, se definieron las ecuaciones de búsqueda "participación ciudadana" and "mecanismos", y para delimitar la búsqueda se empleó la ecuación "participación ciudadana" and "mecanismos" "Colombia".
Una vez seleccionados los documentos se observan las siguientes características:
El texto más antiguo seleccionado es de 1991 y el más reciente es del 2021.
Los documentos se caracterizan por abordar la participación social en las palabras clave.
Se identifica un gran número de publicaciones en Colombia y España sobre el tema.
En su mayoría los textos se desarrollan desde la investigación cualitativa.
La sistematización de la información se realiza a través de dos categorías de análisis, "participación social" y "mecanismos de participación", y en cada categoría se enuncia el nombre del autor y del texto científico, las palabras clave, tipo de documento y luego se totaliza para cada categoría. Quedando 37 textos para participación social y 16 para mecanismos.
De los documentos seleccionados se encuentran: 25 libros, 20 artículos, 5 de normatividad, 1 página web, 1 informe técnico y 1 noticia en periódico web.
A continuación, se hace una caracterización de los textos empleados para el desarrollo de este artículo (Ver Tabla 2)
4. Desarrollo y Discusión
4.1. Contextualización y antecedentes de la participación ciudadana
La forma centralizada del poder político y económico que vivió Colombia en el pasado, forjó diversas manifestaciones de desconcierto ciudadano y la queja por un cambio en el modo de gobernar y de tomar las decisiones políticas. En el país hubo conmoción en 1988 cuando, por primera vez, el pueblo vivió la descentralización administrativa del Gobierno Nacional, facilitando la elección de los gobernantes locales (gobernadores y alcaldes) a través del voto popular, mediante el Acto Legislativo 1 de 1986, dando la oportunidad al pueblo para participar en las decisiones públicas.
Hay que destacar que, en 1991, cuando se presentó la nueva Constitución Política de Colombia, se definió el cambio en el tipo de administración del Estado que se concebía y se anhelaba por parte del pueblo en general, como puede apreciarse desde el momento de este cambio; a la fecha existe la impresión de que algunas herramientas constitucionales, en especial las relacionadas con la participación ciudadana, no han sido apropiadas, ni aprovechadas de la mejor manera, lo que viene generando desconcierto ciudadano e incredulidad, niveles de apatía, indiferencia, desmotivación y desinterés ciudadano, los cuales hoy han permeado a la sociedad, facilitando así la poca o nada confianza ciudadana en las instituciones públicas y el respaldo a sus gobernantes, como sucede actualmente (Dávila, 2002).
Desde los inicios de la historia las personas se han organizado socialmente en comunidades para hacer distintas actividades para sobrevivir como especie; de allí parte la necesidad de participación de cada uno de los individuos de un grupo en las decisiones que van direccionadas al bien grupal o comunitario; a lo largo de la historia la interacción entre los individuos y la concertación grupal en las decisiones más importantes los han llevado a sobrevivir y a ser prósperos a lo largo del tiempo; este comportamiento hizo que, en el pasado, comunidades organizadas buscaran el bien común y con un futuro garantizado (Nardiz, 2016). A medida que los pueblos fueron creciendo, los líderes fueron olvidando estos principios y, por medio de la fuerza, fueron imponiendo reglas que solo los fortalecían para mantenerse en el poder, cosas que no han cambiado mucho hasta el tiempo actual (Castillo, 2017).
Se deben superar las dificultades entre el Gobierno y los gobernados; desde las antiguas Grecia y Roma se ha tratado de cerrar un poco este abismo que separa al pueblo del gobierno, debido a las decisiones tomadas que, en última instancia, al no tener en cuenta a los ciudadanos en temas como impuestos y otros temas sensibles, terminan en revoluciones que, poco a poco, han ido transformando las naciones a nivel mundial y continúan en la actualidad (Colina y Hoffmann, 2009). En Colombia, desde el grito de independencia, se conformó una constitución con el fin de garantizar los derechos de las personas y dividir los poderes. La democracia, como el poder del pueblo, ha estado presente en los gobiernos como fundamento de participación desde hace mucho tiempo. En esta medida, cada una de las constituciones del país se han ido modificando, debido a los grandes conflictos internos (Pardo, 2011).
Históricamente se observa que, en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la participación ciudadana se limitaba solo al derecho constitucional del sufragio, en un principio limitado a ejercerlo solo los mayores de edad; en ese entonces, 21 años, se mantuvo así hasta 1975, que se redujo a los 18 años de edad; adicionalmente, las personas debían estar casadas y ser dueñas de propiedades, excluyendo a mujeres, esclavos, analfabetas y los pobres (Echeverri, 2010).
El sufragio fue público hasta la reforma de 1853 y solo hasta la Constitución de 1856 fue universal, excluyendo a las mujeres; esta reforma duró muy poco por las guerras civiles; solo volvió a ser universal hasta 1936 para los hombres; este derecho fue reconocido para las mujeres en 1954 cuando pudieron ejercer el voto por primera vez en el plebiscito de 1957, convocado por la Junta Militar de Gobierno que, en ese entonces, tenía la presidencia de la república en esa época. El tarjetón que ahora conocemos fue usado por primera vez en 1990; antes eran papeletas que eran suministradas por los mismos partidos políticos, situación que aumentaba el riesgo de fraude (Peña, 2014).
Como podemos ver, la Constitución Política de Colombia de 1991 fue la que, verdaderamente, creó mecanismos de participación directa y generó nuevas condiciones de participación en lo colectivo, abriendo importantes espacios para la ciudadanía, buscando fortalecer la democracia y promover un Estado que satisface las necesidades fundamentales de la población colombiana. Desde las palabras de Velásquez y González (2003):
La participación ciudadana surgió y se ha desarrollado en condiciones de creciente desigualdad social. Colombia presenta uno de los índices más altos de concentración del ingreso en América Latina y la exclusión subscribe la vida social, económica y política de sus ciudadanos. (p. 67)
4.1.2. Participación ciudadana y mecanismos
Por lo que se refiere a la Constitución Política de 1991, ésta definió garantías para el desarrollo efectivo del ejercicio participativo, entre ellos el derecho a reunirse libremente y a la manifestación pública de manera pacífica. A su vez, establece que el Estado debe promover y garantizar las diferentes expresiones de asociación de la población civil. En cuanto a:
La Jurisprudencia, define el principio de participación como un modelo de comportamiento político y social, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo (Sentencia C - 180, 1994)
La participación puede pensarse como la omisión o inclusión que hace un individuo al hacer parte de un asunto determinado o al aislarse; esta última acción se acerca más a la apatía o indiferencia. La Organización Internacional del Trabajo -OIT (1991) la define como la "que hacen las personas para afectar la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas". Siendo así, la participación es una forma de acción deliberada de manera racional en busca de objetivos; entre ellos, ser parte para la toma de "una decisión, incluirse en alguna discusión o beneficiarse de la ejecución o solución de un problema en específico" (Herrera, 2004).
Por tanto, la participación ciudadana, desde la Constitución Política de 1991, se considera como un derecho fundamental para la población, puesto que permite a los ciudadanos incidir en lo público y en su vida cotidiana, a través de ejercicios de reflexión y concertación con algunas instituciones del Estado. También, el artículo 3 de la Carta Magna define que la soberanía de la nación reside en el pueblo y este la ejerce de manera directa o indirecta a través de los gobernantes. Además, la Constitución definió mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones de carácter público, instrumentos y organizaciones que fomentan la deliberación e involucramiento (Constitución Política de Colombia, 1991).
La participación ciudadana es concebida como el medio por el cual la sociedad civil y diversos grupos sociales acceden al Estado como principal fiscalizador o veedor de la función de los servidores públicos y/o gobernantes de turno (Baño, 1998; Cunill, 1991; 1997). La Constitución de 1991 es, quizás, la más dotada de derechos en materia de participación para los habitantes de esta nación.
Es decir, se le mira como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. (Espinosa, 2009, p. 74)
La participación en el contexto como el colombiano denota abstracción, en la medida de que, participar, requiere de un nivel de concientización por parte de los individuos y grupos; sin embargo, la participación es comprendida desde diversas ópticas y, en sí, no guarda un significado común para una gran mayoría de personas (Salama, 2012). Entonces, se puede pensar que, no porque exista la participación, esta sea efectiva o utilizada con frecuencia por los ciudadanos. En aras de la afirmación anterior se sostiene que:
Aun cuando no pueda decirse que haya una concepción unívoca del vocablo nos remite al despliegue de un conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen o, simplemente, son de su interés. Entendida así, de entrada, podría afirmarse que ésta nos remite a un tipo de interacción particular entre los individuos y el Estado, a una relación concreta entre el Estado y la sociedad, en la que se pone en juego y se construye el carácter de lo público. (Espinosa, 2009, p. 74)
Implica, entonces, participar bajo el raciocino propio en pro de unos objetivos, los cuales pueden mejorar una cierta condición, ingresar a una discusión mayor o integrarse. La participación también es:
[...] un proceso de construcción de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas. (Cunill, 1997, pp.316)
En ese sentido, es importante desglosar brevemente y, desde un punto normativo, esos mecanismos con los cuales cuenta la ciudadanía para hacer efectiva su participación.
4.1.3. Los mecanismos de participación ciudadana desde la Constitución de 1991
En la Constitución Política de Colombia de 1991, título 1, acerca de los principios fundamentales, en los artículos 1 y 2 sobre la participación ciudadana, dice que: "Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, participativa y pluralista" (Art. 1, p. 1); también, que es un fin esencial del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación" (Art. 2, p. 1).
Desde los primeros artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991 se definen bases para la participación bajo el sustento jurídico y constitucional; también, se definen los diversos mecanismos de participación ciudadana como un instrumento mediador entre el Estado y la población.
Hacer parte de la vida pública permite participar en las decisiones colectivas y lograr cambios que beneficien a todos; sin duda, esto ayuda a lograr una democracia participativa y más equitativa de la mano activa de los ciudadanos, despertando el interés por participar en las decisiones que afecten a la población. En la Constitución Política de 1991, en el Titulo II, sobre los derechos, las garantías y los deberes, se dice:
Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: *Elegir y ser elegido. * Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. *Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. *Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. (Art. 40, p. 6)
De igual forma, hay diferentes artículos que siguen fortaleciendo la participación, como el Artículo 270: "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados" (p. 67); de igual modo, la Ley 134 de 1994, en la cual se definen los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos: el cabildo abierto, el referendo, la iniciativa popular legislativa y normativa, la consulta popular, el plebiscito y la revocatoria del mandato.
De igual forma, la Ley estatutaria 1757 del 2015: "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" y la Ley 850 de 2003, la cual reglamenta las veedurías ciudadanas.
De acuerdo con lo anterior, la Constitución Política de Colombia de 1991 es el logro más importante que tiene la ciudadanía como pilar de una democracia participativa; su sustento jurídico hace de la participación ciudadana algo más real y accesible para cualquier colombiano en varios temas de interés público, fortaleciendo la democracia en un Estado Social de Derecho, sin tener que hacer parte de asociaciones, altas clases sociales o pertenecer a partidos políticos, ya que, antes de la Constitución Política de 1991, era una participación política limitada solo al plebiscito, la elección de representantes y mandatarios de solo dos partidos existentes y en continuo enfrentamiento por el poder (Derbal y Tachrift, 2022).
Actualmente contamos con los siguientes mecanismos de participación ciudadana regulados y reglamentados (ver Tabla 3).
Tabla 3 Mecanismos de participación ciudadana
Fuente: Elaboración propia a través de la Ley 134 de 1994.
También, se han creado otros mecanismos e instrumentos que permiten que la ciudadanía se integre a las decisiones de país y se entere de la destinación de recursos y planes de gobierno. Entre ellos, se encuentra:
Veedurías ciudadanas: es la posibilidad que tiene el ciudadano de ejercer vigilancia y control de los asuntos concernientes a la gestión pública. A través de esta el pueblo o la ciudadanía se entera sobre los manejos de los recursos y el desarrollo de los planes y políticas de los estamentos estatales.
Derecho de Petición: es el mecanismo que permite que, como ciudadanos, se presenten peticiones ante las organizaciones e instituciones estatales que se encuentren vulnerando los derechos humanos de las personas.
Rendición de Cuentas: es un espacio que tienen los dirigentes de la cosa pública o de los estamentos nacionales de comentar cómo va el proceso de cumplimiento de sus funciones y acciones planeadas en el lapso de un tiempo determinado. Esto permite que la ciudadanía se sienta confiada del ejercicio administrativo que se esté desarrollando en dichas instituciones.
Todas estas herramientas amparadas en la Constitución fortalecen a un país democrático y participativo, e impulsa a que la participación ciudadana ayude a los administradores a ser más equitativos con sus decisiones, teniendo en cuenta las necesidades primarias de cada uno de los territorios.
5. Factores que impiden las buenas prácticas en la participación ciudadana
Si bien, desde la Constitución Política de Colombia 1991 se han garantizado los medios e instrumentos para su desarrollo, aún existen dificultades para la puesta en marcha y efectiva utilización en la población. A continuación, se presentan varios escenarios que no permiten que se dé una buena práctica de la participación de los ciudadanos en lo público.
Actualmente, en Colombia las brechas digitales son muy arraigadas y, principalmente, quienes padecen esta dificultad son las poblaciones rurales o, en su efecto, aquellos de estratos socioeconómicos 1 y 2 de las zonas urbanas. Según Lorduy (2021):
Los indicadores básicos de tenencia y uso de las TIC del DANE de 2019, el 51,9% de los hogares colombianos tenía conexión a internet. En las cabeceras ese porcentaje de conectividad correspondía a un 61,6%, mientras que en los centros poblados y rural disperso esa cifra llegaba a un 20,7%. (p. 1)
Lo anterior, denota que gran parte de la población se encuentra alejada de las decisiones públicas, porque no tienen las herramientas y servicios para hacer parte de los procesos de participación. Esto implica que el gobierno, en compañía del sector productivo y educativo, faciliten el acceso a internet, la formación en el uso de plataformas tecnológicas y el suministro de elementos para su uso como computadores o celulares (Hernández, 2019; Aguirre, 2013).
Si bien, en ocasiones las personas no cuentan con las herramientas para acceder a la información, en otras ocasiones es el Estado el que no se acerca al pueblo desde formas distintas a las tradicionales y se queda encasillado en un rol rígido que no promueve formas distintas de participar en la vida pública (Fox, Adelson y Rangel, 2002). Actualmente, existen otras posibilidades de participar desde la internet que, en ocasiones, son poco conocidas en el medio y se desperdicia el potencial que tienen; en la Tabla 4 se abordan algunas de estas herramientas (Aguirre, 2021).
Tabla 4 Herramientas de participación desde la internet
Fuente: Macintosh, Coleman y Lalljee, 2005, p. 137.
Desde la postura de Ruvalcaba (2017) se afirma que las:
Nuevas herramientas tecnológicas y la democratización de internet han potencializado la manera en que el ciudadano puede ser parte de la construcción de las decisiones públicas. Internet ya ha rebasado el paradigma tecnológico, y se convirtió en el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades. (p. 4)
Esto ha generado en la sociedad una modificación del paradigma social, nuevas formas de comunicación, de entender y comprender lo social (Castells, 2000; Sánchez, 1999). Las herramientas abordadas en la Tabla 4 son posibilidades de acercarse y llegar al pueblo de una manera distinta, fácil e innovadora, para que haga parte del proceso de participación en las decisiones públicas. Para emplear estas herramientas de manera eficaz, es necesario que el Estado garantice la conectividad y el acceso a las nuevas tecnologías a toda la población, ya que, el actual, es un mundo de constante evolución que implica que los Estados implementen y garanticen la participación ciudadana por medio de la tecnología (Aguirre, 2018; Angeli, Delfino y Zubieta, 2016).
Esto, sin duda, fortalece la verdadera democracia en un Estado Social de Derecho, el cual debe ser competente y moderno para enfrentar los distintos retos a nivel nacional y regional de las comunidades afectadas, principalmente por la corrupción y por el conflicto.
Otro de los factores que incide en la participación de los sujetos en la vida pública es el desconocimiento por parte de la población civil de los mecanismos para hacer valer sus derechos y ser parte de las decisiones del Estado. Lo anterior queda en evidencia en la Tabla 5, en la cual se mide el porcentaje de personas que conocen o han escuchado hablar de los mecanismos de participación ciudadana, según la Encuesta de Cultura Política (2021) del DANE.
Tabla 5 Porcentaje de personas que conocen o han oído hablar de los mecanismos de participación ciudadana
Fuente: DANE: Encuesta de Cultura Política (2021), p. 22.
De acuerdo con la Tabla 5 se hace un comparativo entre los años 2019 y 2021 del nivel de conocimiento que tiene la población colombiana de los mecanismos de participación ciudadana. El menos conocido por la población es la Iniciativa popular legislativa o normativa, que se mantuvo en el nivel de desconocimiento en los años 2019 y 2021 con un 26%. Le sigue el cabildo abierto con un porcentaje de 27,9% en el 2019 y en el 2021 del 26,5%; una variación de 1,4 puntos porcentuales de 2019 a 2021. Los mecanismos que se podrían decir que son más conocidos son el plebiscito, el cual en el 2019 representa el 60,4% de la población y en el 2021 bajó 13,4 puntos porcentuales y llegó al 47%.
Desde el Informe de Misión de Observación Electoral - MOE (2012), se hace un seguimiento de la participación de los colombianos en los mecanismos que define la Tabla 4 y encuentra que, para el caso de la Revocatoria del Mandato: "de las 130 revocatorias tramitadas en Colombia, únicamente 32 superaron la etapa de recolección de apoyos y llegaron a proceso de votación, lo que equivale a un 25% del total de las revocatorias presentadas" (p. 33).
Lo que implica que hubo un mal procedimiento en el proceso de solicitud del mecanismo, además de una baja participación en la votación de la solicitud de la revocatoria; aunque también se pudo deber a: amenazas a los promotores y electores, escasa publicidad en la campaña de revocatoria y ausencia de interés de la población por participar (Misión de Observación Electoral - MOE, 2012). A través de encuestas aplicadas a la población, estos informan que no hacen parte de los procesos porque no saben bien de qué se trata el mecanismo, lo entienden como una contienda política entre grupos o movimientos, son apáticos a la política y otros informan que tienen cosas más importantes qué hacer.
Con relación al conocimiento que tienen las personas de los instrumentos para garantizar sus derechos humanos, el más conocido es la acción de tutela con un 77,6%, de los cuales el 81,4% de la población pertenece a cabeceras municipales y el 63,4% a lugares rurales. El instrumento menos conocido son las acciones de cumplimiento con un 24,4% y las acciones de grupo con un 21,2%; la situación se agudiza más en los lugares rurales con un porcentaje de conocimiento de 13% (ver Figura 3).
Fuente: DANE: Encuesta de Cultura Política (2021), p. 13.
Figura 3 Personas que conocen o han oido hablar de los instrumentos de protección de los derechos
Lo antes mencionado es, realmente, preocupante, pues se nota cómo a medida que van pasando los años, no aumenta la educación y conocimiento. Parece imposible, pero gran parte de la población que no conoce los diferentes medios con los que cuenta para participar en la vida pública y, en su efecto, son completamente apáticos a los asuntos políticos, bajo el lema de "no entender muy bien eso" o que "no les favorece en nada participar en ellos" (Delfino, 2013; Morales, 2005).
Es necesario que el Estado implemente acciones para educar y formar a todos los sujetos en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana, desde las escuelas, colegios y demás esferas de desarrollo del sujeto, de tal forma que no se siga perpetuando un pensamiento generalizado en la población de que quienes pueden participar únicamente son los "ricos, acaudalados o académicos" (Sánchez, 2015; Villareal, 2009).
Otro de los factores es la apatía por participar en la vida pública que se encuentra bastante generalizada en la población, ya sea por desconocimiento, como se abordó en los párrafos anteriores, o por desconfianza en los procesos de la administración pública o de los dirigentes (Alcubilla, 2017). Otros lo llaman como el:
Abstencionismo electoral político o consciente, en la medida en que: a) rechaza el sistema político existente en su sociedad; b) objeta el acto electoral propiamente dicho; c) no se siente identificado con ninguno de los candidatos y programas que se presentan a la competición electoral respectiva; d) o quiere sentar posición con respecto al mal desempeño del Gobierno, sobre todo cuando hay posibilidades de reelección. (Flórez, 2011, p.162)
Existe otra forma de abstencionismo conocido como apático, el cual se manifiesta cuando las personas no participan en jornadas electorales, porque son indiferentes a la política. Según Franco y Flórez (2009, p. 91), citando a Barthelemy (1923), la no participación se da por "la pereza, la ley del mínimo esfuerzo, unida a la falsa convicción de la escasa importancia del voto". Para este caso, el objeto es el abstencionismo electoral político. La Tabla 6. sobre el porcentaje de votación de las personas en jornadas electorales de gobernación, alcaldía, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de 2019, deja en evidencia lo siguiente:
Tabla 6 Porcentaje de votación de las personas en jornadas electorales de gobernación, alcaldía, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales de 2019
Fuente: DANE: Encuesta de Cultura Política (2021), p. 4.
La población colombiana no participa en las jornadas electorales, principalmente por desinterés, con un 37,2%; dicha estadística se extrajo de acuerdo a las regiones del país y se observa que, donde más existe desinterés por participar, es en la parte central del país con un 41,7%, seguido de la región pacífica con un 41,5%. El 32,9% de los colombianos afirma que no vota en jornadas electorales porque los políticos son corruptos, con una percepción muy alta en la zona central del país con un 41%, seguido de la región oriental con un 34,7%.
Otra de las razones por la cual la población no vota, es porque afirman que los "candidatos prometen y no cumplen" con un 32%, y el mayor nivel de insatisfacción son en las mismas regiones del país antemencionadas (central y oriental). Causa curiosidad que algunos pobladores representados en el 25,9% afirman que los partidos y movimientos políticos existentes no los representan, lo que permite inducir que los ciudadanos no se sienten a gusto con los procesos democráticos del país, no confían en los dirigentes, porque estos han sido apáticos a sus necesidades.
Es lamentable cómo los ciudadanos se apartan de las decisiones de país por falta de confianza y percepción de sentirse poco representados, tanto en las ideologías políticas como en las personas que dicen liderar los procesos políticos para mejorar las problemáticas del país (Peña, 2017; Díaz, 2015).
También existen casos en los que las administraciones o gobiernos no promueven la participación ciudadana, pues prefieren tomar decisiones a espaldas del pueblo, dejando a un lado las necesidades y problemáticas de los sujetos menos favorecidos. Mamani, Barra y Barra (2020) lo comentan como:
La participación ciudadana es vista como un obstáculo y no como una fortaleza para algunos alcaldes, proponiendo lo siguiente: "Pocos son los alcaldes que realmente tienen una vocación participativa y que promueven estos mecanismos. A menudo existen voces que expresan su incomodidad (...) y que consideran que los ciudadanos no están preparados para debatir planes y proyectos". (p. 35)
Bajo este enunciado se considera que la participación de los ciudadanos en el asunto público entorpece los procesos administrativos, los coloca más lentos y los aportes son superfluos. Esta concepción deja a un lado las opiniones valiosas del ciudadano de a pie, quien vive en su día a día las necesidades y problemáticas de su territorio, las cuales deben ser resueltas con su participación.
Incluso cuando las personas participan en los procesos de vigilancia y control, los gobernantes lo perciben como una amenaza y desafío a las decisiones tomadas. Es por ello que es necesario normalizar la rendición de cuentas, la vigilancia o veeduría ciudadana, planteada como un monitoreo en el proceso de acción pública, con el fin de generar resultados positivos en la administración (Centro Latinoamericano de Demografía - CELADE, 2000).
La eficiencia de la rendición de cuentas en la tarea de frenar las prácticas que deterioran la calidad de la democracia se da vía transparencia y exposición pública ante los directos interesados sobre el desempeño de los gobernantes a nivel local. Ante la mirada permanente de seguimiento colectivo por parte de la ciudadanía organizada, los gobernantes saben que su responsabilidad va más allá incluso de las consecuencias jurídicas, y se constituye en sanción social cuando no honran su labor (Palacios y Demarchi, 2022)
Puesto que, si esto no ocurre, la gobernabilidad se convierte en autoritaria, dictadora y alejada de los problemas y necesidades propios de la población (Sánchez, 2009).
Estos son algunos de los factores que se pudieron identificar a partir de la lectura de textos científicos y de la experiencia en la cotidianidad del por qué muchas personas no participan en la vida pública.
6. Conclusiones
La participación ciudadana permite que las personas se incluyan en las decisiones que afecten a la ciudadanía directa o indirectamente en el funcionamiento del Estado; hacer parte de ellas trae beneficios, tales como la transparencia, la agilidad en los procesos y la eficacia del Estado en las respuestas oportunas a la población, de acuerdo a su contexto y necesidades. Además, de que se llevan a cabo acciones que impactan de manera positiva a la mayoría de las comunidades. Como se puede evidenciar, la creación de los mecanismos de participación ciudadana desde la Constitución Política de 1991 se hizo bajo una ideología de democracia participativa, en la cual todos los sujetos opinaran sobre las problemáticas del país, bajo un juramento de respeto por el otro y por la diferencia.
No obstante, existen muchos factores que opacan este ideal y dejan a un lado o rezagan de la participación a la población; uno de ellos, asociado a las brechas digitales, que se vuelven una constante en el país, el abstencionismo electoral y abstencionismo apático, el desconocimiento de la población de los mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de garantía de los derechos humanos y el poco interés en la toma de decisiones participativas desde los gobiernos. Sumado a la baja credibilidad que tiene la población hacia los gobernantes.
Después del análisis y de la lectura de múltiples textos, queda en evidencia que los mecanismos de participación ciudadana en Colombia funcionan a medias, porque, en pocas ocasiones, la población hace uso de ellos. Lo anterior conlleva a un reto por parte del Estado, de lograr una comunicación efectiva y asertiva con la población que agilice los distintos procesos y cree políticas públicas que ayuden a la mayoría de la población con la satisfacción de las necesidades y problemáticas del territorio, desde la generación de confianza de los pobladores hacia los gobernadores, promoviendo mayor participación de los sujetos en la vida política. Esto es fundamental para crear un ambiente en el país de comunicación asertiva y de confianza, promoviendo una efectiva y equitativa participación ciudadana.
Si bien, se logró los objetivos definidos en el artículo; es importante dejar en evidencia que hay un desconocimiento generalizado del cumplimiento y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana. Es un compromiso desde las universidades de educar a la ciudadanía en estos temas y orientar a los gobiernos en la implementación de prácticas formativas que promuevan el uso de los mecanismos de participación ciudadana.
Finalmente, se recomienda un mayor compromiso del Estado en incluir a la población en las decisiones del país, desde el reconocimiento de las particularidades de cada sujeto y desde la puesta en marcha de estrategias que vinculen al sector rural que ha quedado rezagado tradicionalmente en la toma de decisiones. Desde la academia, recomiendo hacer estudios sobre la forma de cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano para promover la participación de toda la ciudadanía.
