El 24 de noviembre del 2024 se llevó a cabo una importante consulta popular para la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente - AMSO, en los municipios de Cali, Jamundí y Palmira (Valle del Cauca) así como en Puerto Tejada y Villa Rica (departamento del Cauca), con el fin de consultar al elector primario sobre la integración de cada municipio a la figura administrativa de coordinación, planeación, y gestión.

Este tipo de figuras no es nuevo en el país. Ya se han conformado áreas metropolitanas en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Occidente (Pereira), Valledupar y Área Metropolitana Centro Sur de Caldas.

Algunos de los argumentos, por parte de la Alcaldía de Cali, para conformar la AMSO fueron los beneficios asociados a un trabajo conjunto, autónomo y coordinado entre Cali y los municipios que conformarían el área metropolitana, posibilitando para todos mayor oferta cultural y turística, mayor solidez en la seguridad y servicio de transporte; al igual que la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, como es el caso del río Cauca, que es una fuente primordial para varios municipios y a la vez recibe la descarga de aguas residuales de varios otros municipios (^{Alcaldía de Santiago de Cali, 2024}).

En este contexto, es importante adoptar una visión sistémica y multidimensional frente a las necesidades de expansión urbana, infraestructura y servicios para la población. Por ejemplo, la expansión urbana tiene un impacto sustancial en los patrones de precipitación en las regiones urbanas al modificar tanto la intensidad como la frecuencia de los eventos de lluvia. Esta incidencia se debe principalmente a las alteraciones en el uso del suelo, al aumento de las superficies impermeables y al efecto isla de calor urbano, que, en conjunto, alteran las condiciones atmosféricas locales (^{Barros, Brandao, Silva y Ono 2005}).

Esta integración, por supuesto, implica no solo desafíos administrativos, políticos y de gobernanza (^{Falla, 2020}; ^{Sanabria y Rodríguez, 2017}), sino también la incorporación de un instrumento de planificación u ordenación del territorio, que sume a otros ya en curso en el municipio de Cali, como el POT, Cali Distrito, Visión Cali 500+, entre otros. En este sentido, la gestión no es solo una cuestión técnica; de hecho, puede validar u ocultar intereses. Los artefactos tienen política, dice ^{Winner (1985)}. Por ello, aspectos tan importantes como la participación amplia de la ciudadanía y de los colectivos sociales puede verse instrumentalizados, al ser considerados un impedimento para los tiempos, propuestas y visiones de los funcionarios y gobiernos de turno.

Sin embargo, una revisión rápida del aporte ciudadano y social a las trayectorias técnicas demuestra su importancia e influencia. Los movimientos ambientalistas, argumenta ^{Jaminson (1998)}, articularon un nuevo grupo de intereses del conocimiento que operan en tres niveles: (1) una mirada del mundo más holística, con conceptualizaciones de los sistemas ecológicos que incorporan factores humanos y sociales; (2) un conjunto de criterios y principios alternativos para el desarrollo tecnológico (como la pequeña escala, la apropiación local, el enfoque ambientalmente amigable y la conservación de recursos); y (3) un nuevo y democrático modo de producir y difundir el conocimiento (producción participativa). Para mostrar la relación e interacción entre ciencia, tecnología y los movimientos sociales, ^{Jamison (2006)} estudia las olas de cambio tecnológico y las fases de los movimientos sociales. No es coincidencia que los períodos entre el Anal de una ola de cambio y otra -marcada por la recesión y el estancamiento económico- también se caracterizaron por una intensa actividad cultural y de protesta social. Al responder a una ola de industrialización, los movimientos sociales han ayudado a construir la siguiente. En cada ola hubo procesos característicos de apropiación cultural de la praxis cognitiva de los movimientos, que gradualmente se fueron transformando en discursos científicos, instituciones y prácticas sociales.

El trabajo de ^{Arturo Escobar sobre los movimientos sociales (1998}, ¹⁹⁹⁹, ²⁰⁰⁰, 2010) y especialmente su trabajo con el movimiento afrocolombiano denominado PCN (Proceso de Comunidades Negras) en relación con la apropiación y conservación de la diversidad biológica del Pacífico Colombiano, muestra la conceptualización de los movimientos sociales como entidades autoproducidas y autónomas, que no existen por sí mismas, sino que se relacionan con otras redes e interactúan con ellas. Sin embargo, al interior de estos movimientos, existe la necesidad de construir maneras autónomas de pensar, ser y hacer; y esto, más que un proceso de identidad corresponde a la necesidad de tener un pensamiento propio para defender el proyecto de vida de las comunidades, donde existe una estrecha relación de este proyecto de vida, con el proyecto político e intelectual de las mismas (^{Escobar, 2010}). De acuerdo con esto, para los movimientos sociales el énfasis en la producción de conocimiento es una de las primeras condiciones de la resistencia, que les permite diferenciarse y evitar reproducir el pensamiento dominante contra el cual están luchando. En su estudio, ^{Escobar (2010)} define a los movimientos sociales como sociedades en movimiento y mundos en movimiento; es decir, lo que se moviliza son mundos relacionados, y el movimiento es un ensamblaje de redes materiales y culturales interconectadas, un campo de acción discursivo que se extiende más allá de los mundos que los componen. A su vez, ^{Casas-Cortés, Mosterweil y Powell, (2008)} argumentan que es necesario entender a los movimientos sociales como espacios donde se genera, modifica y moviliza conocimiento, y que comprender esta producción es clave para entender mejor la política de los movimientos contemporáneos.

En el escenario actual de la región, la ciudad y la posibilidad de definir hechos estructurantes para la gestión de la AMSO, es crucial reconocer el papel vital de las comunidades y los movimientos sociales en la definición de los eventos metropolitanos, así como en la elaboración de soluciones y mecanismos para gestionar el área metropolitana. Esta participación no debe verse simplemente como una obligación administrativa, sino como una valiosa oportunidad para mejorar el proceso de toma de decisiones (^{Parra-Romero, 2022}, ²⁰²³).

Las ideas y experiencias que surgen de los movimientos sociales son indispensables, ya que ofrecen puntos de vista importantes sobre los desafíos y las posibilidades a los que se enfrenta la región. Por ejemplo, en Cali, varios movimientos han empezado a abordar las cuestiones metropolitanas, como el río Cauca, desde perspectivas ontológicas¹, institucionales y académicas².

Por lo tanto, es esencial crear foros de diálogo y colaboración que fomenten una participación genuina y efectiva. Solo a través de un marco inclusivo se pueden desarrollar soluciones sostenibles que respondan a las necesidades y aspiraciones de toda la comunidad, así que invito a todos los involucrados a una discusión amplia que permita que la determinación de los hechos metropolitanos sea el resultado de un proceso participativo, interdisciplinar e intercultural.