Una economía política de la memoria en la comisión de la verdad Sudafricana

Kenneth Christie

Profesor de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Zayed University, Dubai, EAU. Kenneth.Christie@zu.ac.ae

RESUMEN

Este artículo analizará cómo la Comisión de la Verdad sudafricana estaba inserta en una políticas de la memoria sobre el pasado y cómo estas diferentes versiones del pasado afectaban los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, TRC.

Además hará énfasis en el pasado como un acuerdo político negociado, que finalmente limitaría los efectos de la Comisión. También expondrá de qué manera su papel es en parte el de hacer legítima la transición hacia el nuevo estrato de poder, mientras sirve para deslegitimizar el viejo aparato de gobierno.

PALABRAS CLAVE:

Sudáfrica, Comisión de la Verdad, política de la memoria

ABSTRACT:

This article assess how the South African Truth Commission was embedded in politics of memory about the past and how these different versions of that past affected the outcomes of the TRC. It will emphasize the past as a negotiated political settlement, one wich would ultimately limit the TRC'S effect. It will also discuss how part of the role of a Truth Commission is to legitimize the transition of power and the new power strata while serving to de-legitimize the old apparatus of power.

KEY WORDS:

South Africa, Truth Commission, Politics of Memory.

Introducción

La Comisión de la Verdad sudafricana fue una institución pionera y reveladora que intentaba exponer lo diabólico del apartheid, proveer amnistía por crímenes políticos y propiciar reconciliación entre los sudafricanos para promover la construcción de una nación, entre otros objetivos teleológicos. En esencia fue un cuerpo diseñado para democratizar, para inculcar transparencia y responsabilidad en la nueva administración, cuando el régimen luchaba por mantenerse en las elecciones sin precedente de 1994. Si fallaba en obtener la mayor parte de sus objetivos era, en parte, porque estaba limitada como institución por su historia sancionada por la élite y sus contradicciones.

Este artículo analizará cómo la Comisión de la Verdad sudafricana -South African Truth and Reconciliation Commission, TRC- estaba inserta en unas políticas de la memoria sobre el pasado y cómo estas diferentes versiones del pasado afectaban sus resultados. Además hará énfasis en el pasado como un acuerdo político negociado, que finalmente limitaría los efectos de la TRC. También expondrá de qué manera el rol de la Comisión de la Verdad es en parte el de hacer legítima la transición hacia el nuevo estrato de poder, mientras sirve para deslegitimar el viejo aparato de gobierno.

Memoria colectiva y comisiones de la verdad

La pregunta no es, entonces, si uno vive en la historia, sino mejor en la historia de quién vive uno. Como dijo Voltaire, "les debemos respeto a los vivos, a los muertos sólo les debemos la verdad" (Carroll, 1990: 209).

Manejar el pasado en forma de recuerdo y olvido ha emergido como una de las más importantes formas narrativas de finales del siglo veinte y comienzos del veintiuno. Los Estados nacionales han buscado cómo superar varios legados traumáticos y moverse hacia adelante: el pasado en ese sentido necesita ser "superado" y, tal vez aún más importante, debe ser "visto como superado". El reconocimiento del pasado en forma de confesión se ha vuelto central en la legitimidad del Estado-nación.

Establecer la "verdad" histórica y reconocer el pasado no es por supuesto nada nuevo: los mejores intentos para establecer tal verdad, crear memoria colectiva y castigar transgresores de atrocidades en tiempos de guerra fueron los juicios de Nuremberg y Tokio al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es significativo que Japón aún se rehúsa a aceptar responsabilidad y presenta arrepentimiento por abusos de derechos cometidos durante la guerra -en el este y sureste de Asia-. En la reciente víspera del duocentésimo aniversario de la abolición del comercio británico de esclavos, el primer ministro británico Tony Blair también reconoció la atrocidad de la participación de su país en la esclavitud, pero pronto brindó una disculpa completa. Durante el proceso de descolonización posterior a 1945 muchos países recientemente independientes y en vía de desarrollo revisaron sus textos de historia, renombraron calles y ciudades, y demolieron monumentos públicos que celebraban los logros de los colonizadores. Recientemente el pasado tiene una historia seria que debe ser reestructurada para favorecer a la víctima y al victimario.

En los últimos treinta años muchas transiciones políticas de dictaduras hacia administraciones democráticas han sido acompañadas por cuestionamientos acerca de sus difíciles historias. Desde 1974 ha habido más de treinta de éstas, con el proceso de "destapar" la verdad. A veces también son solicitadas investigaciones en sociedades donde el conflicto no está del todo resuelto, aumentando la complejidad de la escena. Tales investigaciones se han convertido en cruciales teniendo en cuenta que los nuevos gobiernos no solamente buscan destapar el "verdadero" pasado, sino también intentan crear una nueva -y políticamente aceptable- versión de su historia, en parte en un intento por reconciliar y curar las heridas que han afectado varios sectores de la comunidad política. Algunos argumentan que estos esfuerzos son utilizados en el sentido político para cubrir abusos por parte de las -alguna vez- víctimas -o luchadores por la libertad- y ahora élites en la estructura gubernamental. En esencia vemos una politización de la memoria colectiva a favor de los "vencedores" y en contra de los previos "transgresores". De manera más simple, la narrativa histórica es simplemente reescrita para el beneficio de las nuevas élites. Esto ayuda a legitimar cualquiera de sus abusos pasados y tal vez, aun más importante, afianzarlos en el poder por su "heroica" estatura moral.

La importancia de la memoria colectiva

Una de las maneras que los Estados utilizan para adquirir una narrativa institucionalizada del pasado es la memoria colectiva o compartida. James Fentress y Chris Wickham hablan de la importancia de los eventos y las experiencias -sean reales o imaginarias-, las cuales proveen imágenes compartidas del pasado histórico. Éstas a su vez tienen importancia en la constitución de grupos sociales en el presente y en su identidad. Son estos recuerdos comunes de cosas del pasado los que tienen una repercusión directa en el estado del ser. De hecho están íntimamente interrelacionados. En esta instancia, cuentos folclóricos, anécdotas, historias, mitos, etcétera, son todos relevantes, sean o no verdad. Lo que en realidad importa es que son creídas. La memoria social no es sólo selectiva, sino también a menudo distorsionada e inexacta. Maurice Halbwachs también dice que en la memoria colectiva son los individuos como grupo los que recuerdan; esto es particularmente relevante en el caso de Sudáfrica (Halbwachs, 1980). El pasado se ha convertido en un lugar extraño, más amargado, más debatido y más revisitado que nunca, en términos de cómo una sociedad recuerda -u olvida-. Además, Connerton ha argumentado que el control de la memoria de la sociedad condiciona en gran parte la jerarquía del poder. La manera en que la memoria colectiva es guardada no es simplemente una fórmula técnica, sino que está relacionada directamente con la legitimación de las relaciones de poder (Connerton, 1989). El asunto del control es un tema político crucial; por ejemplo, el control de los medios y de los archivos. Imágenes del pasado, en este sentido, hacen comúnmente legítimo el orden social actual a través de la memoria compartida. Esto puede ser tomado en cuenta cuando vemos al Congreso Nacional Africano -African National Congress, ANC- en Sudáfrica dando argumentos que culpan a las actuales circunstancias del pasado de apartheid. Esto no significa que ello no pueda ser necesariamente verdad, pero lo que sí logra es servir como función para la política contemporánea y su legitimación en Sudáfrica. La memoria en este sentido es material, cuenta, sirve a un propósito.

Se ha sostenido que hay una necesidad real de crear una conciencia de la ilegitimación del autoritarismo y de la dictadura para prevenir que estos vuelvan a ocurrir. Un psiquiatra británico, Dereck Summerfield, se ha manifestado a favor del rescate de la memoria común en dichas sociedades por el hecho de que "... aquellos que abusan del poder generalmente se rehúsan a reconocer sus víctimas muertas, como si nunca hubiesen existido y fuesen simples espectros en las memorias de los dejados atrás (...). Aquellos con el poder de abusar, son enemigos de la memoria" (Summerfield, 1995: 495-497). Es una lucha de poder que continúa: el poder de recordar y de olvidar. De igual manera, para justificar la necesidad de la TRC, Benita Parry dice que es parte de "... la batalla para revelar los reclamos morales de las víctimas muertas" (Parry, 1996: 12). Es probable que haya pocos lugares en que los reclamos de las víctimas hayan sido tan altamente contestados, politizados y peleados. El dilema que muchos Estados en transición enfrentan es si la prosecución de crímenes pasados llevaría a la violencia política, o tal vez incluso a la guerra civil, lo cual debilitaría un ya vulnerable sistema democrático luchando por mantenerse en pie. Común a todos estos aspectos está la noción de que los gobiernos transitorios se encuentran obligados a establecer un recuento de su historia pasada y junto a ello está el objetivo de una memoria "nacional", una compartida y legitimizada.

Ernest Renan argumentaba que la construcción de nación requiere que la historia sea olvidada para que el pasado se rehaga en la imagen del presente; sin embargo, el reconocimiento, y quizás el cierre de los eventos problemáticos del pasado son necesarios en algunos casos para que las nuevas administraciones se legitimen a sí mismas políticamente. Están entonces enfrentados con una paradoja: ¿cómo es establecida esta legitimidad?

Muchas preguntas del pasado, en este sentido, son entonces compromisos políticos y acuerdos logrados dentro del marco de las negociaciones políticas alrededor de las transiciones. Este fue sin duda el caso de Sudáfrica.

Teóricamente el pasado sirve como herramienta de legitimación para los regímenes políticos contemporáneos y su sanción en la mayoría de los países. Se puede ver esto en la forma en que Robert Mugabe ha utilizado el pasado colonial de Zimbabwe para justificar su trato brutal hacia los recientes oponentes locales (Fentress y Wickham, 1992)¹. Este uso de la historia como herramienta no es diferente en Sudáfrica. La noción de la verdad como cosa en este mundo tiene una relevancia directa en cómo la historia está construida. Foucault decía, de hecho, que la verdad no es externa; más bien está ligada de manera circular con sistemas de poder que la producen y la mantienen. Por ello, el régimen de la verdad, la verdad de un tiempo o lugar particular, no puede ser separado de su más amplio contexto dentro del cual está situado. Naturalmente, los sistemas políticos están aquí incluidos, pero estamos hablando a la vez de cuestiones sociales, económicas y culturales extendidas (Foucault, 1980).

La memoria individual con fuentes a través de "voces de resistencia" recolectaba la "memoria de un pueblo", e implicaba una memoria colectiva no declarada de resistencia. Al "pueblo", imaginado como un cuerpo visible y ensamblado, le fue concedida una memoria colectiva aunque construida a partir de la acumulación de las voces de sus líderes, a través de la integridad inscrita en la memoria e identidad de líderes nacionalistas individuales (Minkley y Rasool, 1998: 91-92).

La sancionada narrativa blanca, aferrada por el régimen del apartheid, se desmoronaba, pero el acuerdo post-apartheid vio pocos cambios en la actitud política o ideológica. De hecho, miembros de la iglesia blanca afrikáans, y la antigua fuerza de seguridad que tenía el poder en el régimen anterior, argumentaban a favor de lo que ellos llamaron el "equilibrio moral" en los debates iniciales. Atrocidades cometidas por el Estado y sus agentes deberían ser vistas como iguales o equivalentes a las cometidas por las fuerzas de liberación, específicamente el ANC, en cuanto le concernía al régimen anterior. Ninguno de los lados podía atribuir mayor importancia moral a sus actos bajo dicho código. Por otra parte, la versión del ANC insistía en que el régimen bajo el Partido Nacional -National Party- fue inherentemente malévolo y hacía un llamado al reconocimiento de la forma criminal de gobierno del apartheid. Tendría que haber verdad y reconciliación aquí, pero también alguna forma punitiva de retribución dirigida por el nuevo Estado en contra de quienes eran posibles criminales de guerra. Esta posición no quiere decir que las partes representaban una dualidad: el ANC reclamando victoria y el Partido Nacional reclamando ser víctimas. Las víctimas están en todas partes donde uno mire en la Sudáfrica contemporánea. Por ejemplo hay una tendencia a restar importancia al conflicto entre negros y negros. Esto también fue visto por el Partido de Liberación -Inkatha Inkatha Freedom Party, IFP- como algo completamente descuidado por la narrativa histórica.

En una entrevista que realicé en 1998, Mangosuthu Buthulezi explicó en forma prolija:

La mayoría del mundo occidental ha decidido ignorar los conflictos entre negros y negros, cuya verdad es muy incómoda para todos esos intereses occidentales que dieron recursos políticos, financieros y logísticos para la lucha contra el apartheid. Por esta razón nuestro conflicto ha sido simplificado como uno bipolar entre una minoría blanca racista y una oprimida mayoría negra. De todas formas, las cifras de muertes en los conflictos de nuestro pasado revelan por sí solas la falencia de esta explicación superficial y al estilo Disney de los eventos, porque sólo alrededor de seiscientas personas blancas murieron durante la lucha en contra del apartheid, mientras un estimado de veinticinco mil personas negras perdieron sus vidas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas por personas negras (Christie, 2000: 188-189).²

Buthulezi continúa argumentando que la lucha de liberación del ANC buscaba una agenda política específica, sobre y por encima de la liberación. A través de la desestabilización de los sistemas de educación y de las comunidades negras, buscaban hacer que los pueblos y las ciudades negras fueran ingobernables por medio de la violencia y la intimidación y así disponerlos fácilmente para seguir a los promotores de la lucha armada (Christie, 2000). La ignorancia de este lado destructivo del conflicto molestó claramente a los integrantes del Partido de Liberación Inkatha quienes se veían a sí mismos como víctimas del proceso de la TRC, de la misma manera como aún algunos afrikaners necesitan disculpas por parte del gobierno británico por atrocidades cometidas durante la guerra anglo-boer -entre el ejército inglés y los boer-. Buthulezi dice que la lucha armada fue manipulada y

... utilizada por un componente del movimiento de liberación para eliminar o reducir el apoyo de los otros, y fue también usada como herramienta de acción política para obtener una hegemonía después de la liberación. Uno de los propósitos de la TRC fue crear una imagen y hacer una recolección de eventos pasados que cambiarían el énfasis y redireccionarían el foco fuera de esta tragedia (Christie, 2000: 188-189).

El líder del IFP afirmó que cuatrocientos de sus líderes fueron asesinados, así como catorce mil simpatizantes de la organización, y ninguno fue discutido por la TRC.

La apropiación del pasado para propósitos políticos no es un fenómeno nuevo; ha estado ahí tanto tiempo como la política. En el caso de Sudáfrica grupos con intereses, motivos y tácticas divergentes buscaron ganar la ventaja moral y legitimarse dentro de la nueva administración, ya fuera como vencedores morales, víctimas del nuevo Estado o simplemente como víctimas. Cuando viví en Sudáfrica en los años después de las elecciones de 1994, el sentimiento de víctima estaba siempre en el plano político. Nadie era entusiasta al estar en el lado perdedor y nadie quería tomar partido para apropiarse de una versión compartida de la historia, la cual alimentaría sus intereses políticos.

Hacia la TRC: un acuerdo comprometido

Finalmente ésta era vista como manejable pero no sin controversia. De todas formas representaba un compromiso político. Se discutió el hecho de que las alternativas pudieron haber llevado a la guerra civil y a un derramamiento de sangre, y pocos estaban preparados para contemplar esto en un acuerdo político. El momento, el contexto y las circunstancias de la transición de la dictadura a la democracia dictaban los límites y procedimientos de la TRC. Las otras opciones sobre la mesa son ahora muy difíciles de imaginar.

Tiempo para el cambio

En la temprana etapa de las negociaciones, muchos sentían que Sudáfrica sería precipitada a la guerra civil sangrienta. Esto fue expresado varias veces por los partidos que entrevisté. Sin las negociaciones, Sudáfrica pudo haberse convertido en otra Bosnia. Dullah Omar, el ministro de Justicia del momento, decía que la situación de Sudáfrica era cualitativamente diferente a la de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No había victoria revolucionaria en Sudáfrica, no estaban lidiando con un enemigo derrotado. En cambio había una cantidad significativa de negociaciones políticas. Por esto, cualquier propuesta para una comisión de la verdad, desde este punto de vista, tenía que ser ubicada dentro del contexto de la realidad sudafricana, que en el momento estaba constituida por la constitución provisional (Omar, 1995). El nuevo gobierno electo en 1994 tenía como intención una alianza entre antiguos enemigos; sin embargo, la mayoría del ANC, entre estos el gobierno, la junta parlamentaria y la sociedad civil, hacían énfasis en la necesidad de la intervención del Estado para asistir a aquellos cuyas vidas habían sido dramáticamente afectadas por la previa legislación discriminatoria y, a la vez, en la necesidad de tratar de traer a la justicia a los que habían cometido crímenes serios en el viejo Estado. Fue un proceso político extremadamente complejo que dependía de la participación de todos los actores involucrados.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana emergió a través de una serie de negociaciones políticas y compromisos que eran parte de una revolución más amplia, negociada en la nueva Sudáfrica entre grandes contrincantes del poder en un periodo de transición. No pudo haber sido de otra forma. El Acuerdo Nacional de Paz, el desarrollo de la CODESA (Carroll, 1990; Halbwachs, 1980) y de la Constitución Provisional y la serie de cláusulas sobre indemnización, además de los desarrollos finales constitucionales entre 1994 y 1996, tenían todos el sello de un arreglo negociado basado en un pacto transitorio por las partes protagonistas.

El diálogo entre los diferentes partidos políticos y las ONG dentro de la sociedad civil fue invariablemente positivo en un sentido democrático, a pesar del hecho de que tenía repercusiones para la estructura de la TRC. En el último análisis se reflejó una mente abierta, un compromiso y el deseo de negociar, elementos estos que no habían estado presentes en la sociedad sudafricana por más de treinta años. A pesar de las diferentes influencias e intereses que salieron de este planteamiento, creo que el proceso se benefició por ser inclusivo. Podemos ver claramente cómo el Partido Nacional cínicamente manipuló temas como el principio de Norgaard y las cláusulas de confidencialidad para su propio beneficio. El punto sobre la fecha de corte para las aplicaciones de la amnistía también dejaba ver cuánto forcejeo político y cuántas negociaciones fueron llevadas a cabo para obtener un acuerdo, particularmente entre partidos e internamente en el ANC. El nombramiento de comisionados y los niveles de confidencialidad muestran cómo la sociedad civil se unió a través de las ONG y cómo les fue permitido influenciar en los procedimientos. Esto hubiera sido muy raro de haber ocurrido en la vieja Sudáfrica. La opinión pública fue conducida para ejercer presión y funcionó; era un buen signo para la nueva democracia. El poder no estaba concentrado en un solo grupo durante el proceso; en cambio la participación, el aporte y el diálogo aparecían en diversos sectores, de una manera pluralista. Mientras que el régimen del apartheid hacía que las decisiones se tomaran en un contexto centralizado, el nuevo espacio político invitaba a la descentralización y a la delegación en la toma de decisiones con la participación de diferentes y hasta contrarios puntos de vista. En esencia significaba que la nueva Sudáfrica estaba abriendo su proceso de gobierno al escrutinio público. Eso anunciaba un cambio en relación con el pasado, cuando los procesos para asumir responsabilidad no eran más que proposiciones retóricas por parte del régimen del apartheid. Al fin y al cabo, la fortaleza de la democracia sudafricana reflejaría en cierto sentido la manera en que las negociaciones, compromisos, tratos y arreglos entre diferentes grupos era llevada a cabo.

Las comisiones de verdad raramente emergen de un vacío. Hay numerosas limitaciones que determinan el éxito o el fracaso de estas investigaciones en el reto enfrentado por la transición. Muchos gobiernos están limitados por la herencia del antiguo régimen, del servicio civil, de las instituciones de seguridad y del personal, todos leales al viejo gobierno -los baathistas en Irak, por ejemplo-. Un gobierno transitorio se enfrenta a problemas serios, particularmente cuando el país ha sido dividido de la manera como lo fue Sudáfrica:

Una nación dividida durante un régimen represivo no emerge como unida repentinamente después de que los tiempos de represión hayan pasado. Los crímenes en contra de los derechos humanos son cometidos por compatriotas, que viven junto con los demás, y estos pueden ser poderosos y peligrosos. Si el ejército y la policía han sido las agencias de terror, los soldados y los oficiales no van a convertirse de la noche a la mañana en modelos de respeto de los derechos humanos. Sus cifras y su manejo experto de armas letales permanecen como factores significativos de la vida... Los soldados y los oficiales pueden estar aguardando su tiempo, esperando y conspirando para volver al poder. Pueden estar buscando mantener o hacer nuevos simpatizantes en el grueso de la población. Si son tratados muy fuertemente -o si la red de castigo abarca zonas demasiado amplias- puede haber una reacción violenta que les podría favorecer. Pero sus víctimas no pueden simplemente perdonar y olvidar.³

El programa de construcción de nación del ANC se preocupaba por los conflictos de la sociedad que continuaban, en un esfuerzo por enlazar amplios objetivos transformacionales, como la reconstrucción y el desarrollo de una democratización de la sociedad. En particular se preocupaba por los conflictos de las fuerzas de seguridad que jugaban un papel tan grande en el pasado de la sociedad y sus delitos. La participación de la comunidad es esencial en este proceso. Todo esto asume un tipo de valores compartidos y pienso que la TRC, por lo menos al desarrollar una memoria común del pasado, puede actuar como un puente entre éste -cuando los derechos humanos y los valores compartidos no existían- y un futuro -cuando estos se entienden como importantes-. En la nueva Sudáfrica, un modelo cívico, no étnico y nacionalista aparece para ser apropiado como parte del proyecto para construir estructuras democráticas y promover la construcción de nación y de identidad común. Muchos de los comisionados y observadores del proceso con quienes hablé, señalaban primero, y como lo más importante, que la amnistía política a perpetradores que se habían sometido representaba un acuerdo político, resultado de las negociaciones que tuvieron lugar cuando el apartheid se vio en crisis en los noventa. Los argumentos a favor de la amnistía se basaban en consideraciones pragmáticas, que iban hacia adelante y evitaban la guerra civil y el derramamiento de sangre que hubieran ocurrido sin este compromiso. Al mismo tiempo fue un acuerdo útil para procurar la verdad y el conocimiento acerca de los crímenes del apartheid, que de otra manera no se podían haber conseguido. Escuché repetida y vigorosamente la noción de lo cerca que estaba Sudáfrica de una guerra civil antes de la creación de las elecciones de 1994, además de las razones por las cuales no había realmente una alternativa a la amnistía.

La TRC no tuvo un rumbo fácil. Fue atacada por todos los ángulos del espectro político y social por alguna u otra razón. El Partido Nacional rechazó la comisión, argumentando que era una cacería de brujas en contra de los blancos junto con grupos de extrema derecha como Puerto Libertad -Freedom Port-. Su rechazo a la TRC como proceso y mecanismo de reconciliación era simple; su argumento era que reflejaba preferencia partidaria diseñada para reforzar el gobierno del momento. Al culpar al apartheid por las pobres condiciones económicas, la oposición cree que el ANC puede legitimar su base de poder indefinidamente. Una vez más el pasado es llamado para sancionar el presente. Tal prejuicio imposibilita cualquier visión objetiva para el cambio social y la transformación pacífica, según este punto de vista. Sin embargo, el ANC condenó el Reporte final, argumentando que había producido una criminalización de la lucha anti-apartheid. Entre otras cosas, el ANC fue encontrado culpable de grandes violaciones de los derechos humanos que incluyen torturas y ejecuciones llevadas a cabo en sus campos en exilio, y de métodos indiscriminados usados en operaciones de bombardeo como la de Magoos Bar en Durban, el cual dejó civiles inocentes muertos. El Congreso Panafricanista lo denunció como un circo al igual que el Partido de Liberación Inkatha (The Guardian, octubre 29, 1998: 3). Se enfrentaba con un trabajo imposible. Sin embargo podemos decir que ha tenido algo de exitoso. Lo que no se puede negar más es que ha encontrado su aparición en las pantallas de televisión, los periódicos y la conciencia pública de una manera jamás antes vista. Por lo menos las tareas de reconocer e identificar han entrado en el discurso político.

Por último, la TRC permitió, de manera incipiente, una transformación en la sociedad y en el establecimiento del comienzo de una identidad común. La TRC no estaba preocupada meramente por un pasado simple, con una búsqueda de datos, como ha sido entendido. Fue la toma de una perspectiva teleológica, una manera experimental continua de moverse hacia el futuro de forma pacífica. Y debe ser reconocido que es un mecanismo de transición en Sudáfrica, donde hay otros cuerpos que tienen un papel activo en la transformación económica y social, en la reconstrucción y el desarrollo, merecidos desde hace mucho tiempo, y que también deben ser tomados en cuenta en la ecuación del proyecto dinámico que está teniendo lugar.

Todas las comisiones de verdad y reconciliación, en este sentido, son compromisos y negociaciones trabajados en el marco político alrededor de las transiciones.

Memoria y cambio

Nosotros no destruimos nuestro pasado; es indestructible. Lo llevamos con nosotros; su registro está escrito profundamente en nuestras vidas. Nosotros sólo nos rehusamos a reconocerlo como nuestro verdadero pasado y tratamos de hacerlo algo extraño, algo que no le ocurrió a nuestros verdaderos seres. Así que nuestras historias nacionales no le recuerdan a la conciencia de los ciudadanos los crímenes y lo absurdo de la conducta social pasada, así como nuestras autobiografías escritas y no escritas fallan en mencionar nuestra vergüenza (Niebuhr, citado en Boraine y Levy, 1995: XVI).

La manera como dos grupos totalmente opuestos pudieron sentarse y negociar el futuro de Sudáfrica es un paso extraordinario por sí mismo. El hecho es que la TRC tenía una exigencia del Acto Parlamentario que fue el que la creó; la exigencia destacaba que el trabajo de la TRC debía ser un proceso para lidiar con un pasado violento e investigar casos de violación de los derechos humanos. Pero ésta no era una oficina gubernamental porque su estructura era limitada. La solución para la responsabilidad en la gestión fue resuelta a través de la amnistía basada en una solicitud individual, y era el Acto, no la TRC, el que establecía las condiciones para la concesión de esta amnistía. Así que dentro de la exigencia de la Comisión había un intento por crear las condiciones para el perdón a través de la responsabilidad personal, la cual identificaba perpetradores, pedía a las víctimas dar testimonio y proveía medidas para la reparación y rehabilitación.

Por último, la TRC ha permitido, en cierta manera, una transformación en la sociedad y estableció el comienzo de una identidad común. La memoria selectiva y los recuerdos fracturados siempre son un problema cuando se trata de entender el pasado. Uno de los ataques que más condenaba a la TRC en este aspecto vino del líder del Partido de Liberación Inkatha, Chief Buthulezi, en un cuestionario que me envió en diciembre de 1998. Decía que:

Las dinámicas que tuvieron lugar en la TRC pueden ser comparadas con las de la Santa Inquisición del Cardenal Ximene, la cual desmanteló una larga lista de crímenes imaginarios. Las características de éstas estaban muy a menudo en las mentes del inquisidor y no en los hechos que involucraban a las personas. En el caso de la TRC, este perverso mecanismo no operaba lo suficiente como para alterar la verdad sino para elegir aspectos de la verdad que debían ser expresados, mientras otros eran ignorados o distorsionados (Christie, 2000: 179-180).

Aquí la TRC misma está siendo acusada de memoria selectiva, mientras tiene como función producir algún otro resultado además de la verdad objetiva real. Pero aún siento que Buthulezi está exagerando el caso en muchos sentidos y no logra ubicar la Comisión y sus hallazgos en un contexto de la historia sudafricana más extensa. Es así como la identificación y el reconocimiento ayudan a proveer las bases para una comunidad política que pueda trabajar, y además contribuyen a que tenga legitimidad y durabilidad. Pero hay más aspectos involucrados aparte de la verdad según un autor. La verdad es útil para la reconciliación sólo de algunas formas y, "... a menos que esté ligada a alguna forma de justicia diferente al castigo, es probable que el reconocimiento de la verdad genere indignación en las víctimas y miedo en los beneficiarios" (Mamdani, 1997: 25). Para Chris Ribeiro, cuyos padres, Fabian y Florence Ribeiro, fueron acribillados fuera de su hogar en Mamelodi a principios de diciembre de 1986, el perdón y el olvido son problemáticos: "... si los asesinos de mis padres reciben amnistía, es como si mataran a mis padres una segunda vez. Si los asesinos no van a afrontar las consecuencias no estoy interesado en la Comisión de la Verdad y Reconciliación" (Coetzee, 1994: 19). El Informe final de la TRC, proporcionado en noviembre de 1998, se acerca a un millón de palabras, pero esto no es nada en comparación con las lágrimas derramadas durante el curso de su reconocimiento, o, incluso, en el curso de la horrorosa historia del apartheid. David Baresford dijo que era ". el testamento político más importante que emergió de Sudáfrica", aunque sería conservador juzgarlo como uno de los documentos más importantes del siglo veinte. Para él,

...el poder del Informe final se encuentra en que es un testamento del pueblo. Las historias personales que son el centro de la TRC ofrecen una experiencia valiosa que es casi bíblica, guardadas las proporciones. Gran parte de ella es horrorosa y difícil de digerir, pero tiene pasajes de gran simplicidad que tienen su propia majestuosidad (Beresford, 1998: 22).

El efecto terapéutico, que puede ser nada más que la TRC, ha llevado a millones de hogares en Sudáfrica la escala y la profundidad del sufrimiento de la gente común bajo el régimen del apartheid. Sin embargo, si ésta alcanzó aquel nivel de conciencia entonces habrá sido exitosa.

Conclusión

Pocos conflictos prolongados pueden igualar el terror y dolor que causó el apartheid en su auge a sus víctimas. En Sudáfrica, el Estado declaraba estar peleando en contra del terrorismo comunista para justificar sus políticas del apartheid. El resultado fue la militarización del aparato de Estado a gran escala y la creación de mecanismos de seguridad secreta que no se adherían a las reglas de la ley en ninguna forma. Parte de la ironía de la transición en la nueva Sudáfrica es la dependencia problemática que tiene la sociedad de las fuerzas de seguridad y del servicio civil del Estado del apartheid. El hecho de que las fuerzas privadas mercenarias estuvieran autorizadas a operar en tierra sudafricana resulta en la compleja interacción de la política y su naturaleza en este país. Manteniendo en parte una cultura cerrada, de actividades misteriosas y encubiertas, la dificultad está en motivar un servicio civil y un sistema de seguridad de Estado que ". en su mejor momento puede ser pasivamente resistente y en su peor activamente hostil hacia las nuevas iniciativas democráticas" (Simpson y van Zyl, 1995: 3). Además puede ser que Sudáfrica esté en un estado permanente de transición como lo argumentó Robert Thornton:

Todos sienten ahora que Sudáfrica está "en transición". Pero Sudáfrica no está simplemente en "transición" hacia un estado final o algún otro "fin de la historia". Para ser exitosa debe permanecer en una especie de transición permanente. Como la idea de Trotsky de una "revolución permanente", Sudáfrica parece que puede permanecer en transición permanente así como alguna vez pareció existir perpetuamente delante del Apocalipsis. Es importante mantener este sentido de transición porque no puede haber un fin en la historia de Sudáfrica que no sea también apocalíptico (Thornton, 1994).

Además, algunos han hecho preguntas acerca de si el Partido Nacional, como perdedor de la última guerra sudafricana, pudo haber esperado el mismo trato que el vencedor, el ANC. En Nuremberg los nazis estaban en el puerto. Si los alemanes hubieran ganado entonces, tal vez, los aliados hubieran sido encarcelados por el bombardeo de Dresden o la destrucción de las ciudades japonesas. Según Richard Goldstone, el juez sudafricano y jefe fiscal de los tribunales de crímenes de guerra para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, los juicios de Nuremberg "... fueron un instrumento significativo para evitar que la culpa de los nazis se le asignara a todo el pueblo alemán" (Norton-Taylor, 1995: 6).⁵ ¿Podría ser la Comisión de la Verdad de Sudáfrica interpretada como una forma significativa para prevenir la adjudicación de la culpa al colectivo de la población blanca? Sin embargo, a diferencia de los juicios de Nuremberg, la TRC no tiene poderes de acusación. Además, su función no es hacer distinciones entre crímenes -cometidos por o en contra del apartheid-, sino investigar a lo largo del espectro político. En Nuremberg, los aliados no estaban en juicio, o amenazados de ser juzgados. Una vez más, en el caso de compromiso y negociación de Sudáfrica, los límites entre vencedores y perdedores están mucho más difuminados. El caso de Chile era mucho más problemático porque el poder se mantenía por las fuerzas armadas bajo Pinochet, a pesar de una transición al gobierno civil, asegurando así que los cargos fueran difíciles de establecer y aún más difíciles de implementar. Todas las comisiones de la verdad, en este sentido, son entonces compromisos y acuerdos logrados en el marco de las negociaciones políticas alrededor de las transiciones.

Los comisionados y otras personas que entrevisté tenían puntos de vista diferentes sobre lo que constituía los propósitos de la TRC, cuáles eran sus implicaciones y cuál podría ser su papel en la nueva Sudáfrica. Parte del problema es que tal institución, nacida de la negociación donde no hay claridad sobre los vencedores ni los perdedores, está a disposición de todos los sectores de la comunidad. Objetivos diversos como la justicia, el castigo, la retribución, la reparación, la confesión, la reconciliación, la construcción de nación y la transformación democrática, entre otros, son parte de los regímenes transitorios. Sin embargo, la reconciliación y el hallazgo de la armonía entre las partes son un objetivo enormemente complejo y difícil, especialmente cuando las expectativas fueron tan elevadas -como diría que fue el caso de Sudáfrica-. Los comisionados, sin embargo, tenían todos la certeza de una cosa: la TRC era un proceso necesario. Si alcanzaba o no el destape de toda la verdad, era un proceso necesario. Si alcanzaba justicia o no, era un proceso necesario, y si lograba la conciliación o no, era un proceso necesario. La TRC sudafricana pudo haber sido un mecanismo defectuoso; pudo haber abierto heridas viejas -y sus críticos la acusaron de ello-, pero esto hubiera sido inevitable de todas formas. La alternativa hubiera sido dejar que estas heridas supuraran y se pudrieran bajo la superficie de la sociedad hasta que hubiera una real explosión social. Sí, ha habido un enorme dolor, pero tenemos derecho a hacer la pregunta: ¿y qué?, en respuesta a las críticas de estas revelaciones. El apartheid causó un inmenso dolor; la terapia rara vez es fácil, casi siempre incompleta, pero esto no significa que no se debe intentar. Enterrar el pasado hubiera sido la peor opción posible para la nueva Sudáfrica. Hubiera sido empezar con una mentira y no hay democracia nueva que en realidad pueda soportar esto si quiere establecer firmemente su legitimidad política y sus títulos democráticos. En este aspecto, necesitaba ser retrabajada. Un autor ha discutido que se supone que, de todas maneras, las comisiones de la verdad no deben reparar divisiones sociales. En este sentido, éstas no tienen una función de reconciliación:

Sólo puede seleccionar el centro sólido de los hechos sobre el cual los argumentos de la sociedad deben ser conducidos. Pero no puede llevar estos argumentos a una comisión. Críticos de las comisiones de la verdad discuten como si el pasado fuera un texto sagrado, el cual ha sido robado y vandalizado por gente malévola y que puede ser rescatado y transformado en un caso transparente, en una gran declaración pública como la constitución de los Estados Unidos o el acta de los derechos. Pero el pasado no tiene ninguna de las identidades fijas y establecidas de un documento. El pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad es simplemente purificar el argumento para aminorar el rango de las mentiras permitidas (Ignatieff, 1996: 113).

La negación del pasado y la impunidad de aquellos que tenían las riendas del poder necesitaban -y aún necesitan- ser retados para forjar el tejido social de esta sociedad multirracial y dar poder a los reclamos morales de las víctimas muertas.

Comentarios

¹ Fentress y Wickham, de hecho, usan el caso de los revolucionarios franceses quienes tuvieron que volver a la República romana para la legitimación de sus acciones políticas que no dependían de reyes.

² Esto fue parte de la respuesta provista por Mangosuthu Buthulezi, líder del IFP a mi primera pregunta dirigida a los líderes políticos involucrados con la TRC (Christie, 2000). ¡Buthulezi respondió mis preguntas con un fax de quince páginas!

³ Este aparte es tomado de un libro del juez Marvin Frankel titulado Out of the Shadows of the Night: The Struggle for International Human Rights y fue citado en el prólogo hecho por el presidente y arzobispo Desmond Tutu, en el Vol. 1, Cap. 1, p. 2, disponible en http://www.truth.org.za/final/VchapLritrn

⁴ Los Estados Unidos estaban generalmente involucrados en varias guerras sucias en América Central y Suramérica en el periodo posterior a 1945. En Nicaragua apoyaban una guerra contra el gobierno sandinista; en el Salvador y Guatemala, entre otros, fueron responsables de la represión por parte del Estado y abusos de derechos humanos. La comisión independiente del Historical Clarification reveló en 1999 que los Estados Unidos eran responsables de la mayoría de los abusos a los derechos humanos en los treinta y seis años de guerra en los que murieron doscientas mil personas.

⁵ En otro texto, Goldhagen (1996) pregunta si los alemanes fueron responsables colectivamente del holocausto judío y la respuesta es afirmativa.

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