La objetivación de las memorias públicas sobre la última dictadura militar Argentina (1976-1983): el 24 de marzo en el ex centro clandestino de detención ESMA

Ana Guglielmucci

Doctorando en Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Becaria CONICET Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, FFYL, Universidad de Buenos Aires ana_gugliel@yaboo.com.ar

RESUMEN:

El objetivo de este artículo es compendiar las políticas gubernamentales argentinas referidas a las consecuencias de la violencia política desplegada entre los años 1960 y 1980 y analizar la capacidad gubernamental actual para imponer representaciones sociales sobre un período de la historia argentina altamente politizado. De esta forma procuramos dar cuenta de cómo en Argentina -a través de un discurso centrado en los derechos humanos- se intenta construir confraternidad entre los ciudadanos luego del fratricidio ejecutado por el gobierno dictatorial entre 1976 y 1983.

PALABRAS CLAVE:

Violencia, terrorismo de Estado, políticas gubernamentales argentinas, memoria, ritual.

ABSTRACT:

The aim of this article is to summarize the argentinian governmental policies referred to the consequences of the political violence opened between the years 19601980 and to analyze the governmental current aptitude to impose social representations about a period of the argentine history highly politicized. That way we get to realize how the argentine government tries to construct confraternity among the citizens after the fratricide executed by the dictatorial government between 1976 and 1983 across a speech centered on human rights.

KEY WORDS:

Violence, State Terror, Argentinian Governmental Policies, Memory, Ritual.

Introducción

En este trabajo nos proponemos reflexionar en términos amplios sobre las actuales representaciones públicas, inscritas en los confines institucionales del Estado-Nación argentino, sobre la violencia política de los setenta¹. Y, en términos más específicos, nuestro análisis se orienta a vincular el contexto social de origen de una política pública singular -la creación de un Museo, Espacio o Instituto para la Memoria en el predio donde funcionara el Centro Clandestino de Detención, CCD, conocido como la ESMA²-, con la capacidad gubernamental de imponer representaciones sociales sobre este período histórico -en particular- y sobre la violencia política -en general-.

En este marco, nos preguntamos, ¿cómo logra el gobierno argentino actual referirse al interés general luego de que la propia humanidad de miles de argentinos fue negada por otros conciudadanos insertos -incluso- en las instituciones que deberían haberlos defendido? ¿Cómo está inscrito el fratricidio pasado en un proceso gubernamental de integración nacional e institucionalización de los conflictos vigentes? ¿Cómo es restablecida la confianza en las instituciones políticas públicas y en la figura presidencial que encarna el sistema democrático representativo luego de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina³?

Es un dato significativo que la implementación de políticas públicas sobre qué recordar y qué olvidar respecto a la violencia política de los setenta, y qué hacer respecto a sus consecuencias, haya atravesado todos los gobiernos democráticos argentinos instaurados con posterioridad a la última dictadura militar argentina -1976-1983- autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, PRN. Tal es así que Argentina es uno de los pocos países que ha transcurrido, aunque en forma caótica, casi todas las fases y/o núcleos de debate descritos por Stanley Cohen (1997) para las sociedades que enfrentaron abusos de derechos humanos cometidos por regímenes previos:

• Verdad o conocimiento.
• Responsabilidad o justicia.
• Impunidad, amnistía o inmunidad.
• Expiación o purificación ritual.
• Reconciliación y reconstrucción.

Ello se manifiesta en toda una serie de medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos, entre otras: la creación de una Comisión de Notables⁴ encargada de recibir las denuncias y redactar un informe sobre la desaparición⁵ de personas en la Argentina (1983), los más recientes Juicios por la Verdad (1996), el Decreto 1259 que establece la creación del Archivo Nacional de la Memoria (2003); el Juicio a las Juntas Militares (1985), la promulgación de leyes reparatorias⁶ que estipularon la indemnización económica de ex detenidos políticos y familiares de detenidos-desaparecidos (1992); la Ley de Punto Final -que estableció un límite temporal para juzgar a los represores (1986)-, la Ley de Obediencia Debida -que eximió de la responsabilidad por los crímenes cometidos a la mayoría de los militares acusados porque se creaba una presunción inmediata de que habían cumplido órdenes (1987)-, los decretos masivos de indulto que permitieron la libertad, entre otros, de los ex comandantes militares condenados y de los miembros de las cúpulas guerrilleras (1989-1990); el Decreto Presidencial número 8 de 1998 que dispuso demoler el edificio de la ESMA, con el fin de "convertirlo en un símbolo de la unión nacional" (1998).

Ahora bien, ¿cómo es posible que determinadas representaciones sociales que se encuentran en la base del diseño de las políticas públicas sobre las repercusiones de la violencia política de los setenta sean impuestas efectivamente? Si consideramos la profusa bibliografía antropológica existente sobre los procesos de clasificación y valoración social, desde Durkheim (1992) pasando por Radcliffe Brown (1974), Gluckman (1940), Turner (1969; 1974) hasta Geertz (1994), no podemos ignorar la centralidad del ritual y las formas de comportamiento cotidiano altamente ritualizadas (Leach, 1976), los cuales -en virtud de sus rasgos formales- se tornan capaces de producir y modificar representaciones sociales, así como de imponerlas situacionalmente. En este marco, un evento ritualizado como el efectuado el 24 de marzo de 2004 en la ESMA para anunciar la creación oficial del Museo de la Memoria, que reunió a políticos, funcionarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, gremialistas, periodistas, etcétera, se torna una instancia privilegiada de análisis, en tanto permitió a los organizadores desplegar -entre otras cosas- su capacidad de producir e imponer representaciones acerca de qué recordar y qué olvidar respecto a la violencia política de los setenta en Argentina y cómo se deberían resolver conflictos políticos vigentes.

Coyunturas políticas y rituales públicos en torno a la demanda de "Memoria, Verdad y Justicia"

Uno de los mecanismos, entre otros, por los cuales la violencia política de los setenta y sus repercusiones sociales fueron históricamente tratadas en Argentina, puede ser observada en los rituales gubernamentales. En los primeros años de la llamada "transición democrática", el Juicio a las Juntas Militares constituyó un instrumento extraordinario implementado por el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín -entre 1983 y 1989- en el cual, además de catalogar jurídicamente las acciones del régimen previo como "sistemáticas violaciones a los derechos humanos" -es decir, además de pasar del conocimiento de lo ocurrido al reconocimiento público en tanto crímenes de Estado-, se procuró la subordinación, en primer lugar, de las Fuerzas Armadas, al gobierno constitucional y la familiarización de la sociedad argentina en general con el Estado de Derecho, sentando las bases de un nuevo mandato de carácter preventivo: "Nunca más". Nunca más las instituciones estatales podían volverse contra los ciudadanos. De esta forma, la responsabilidad de la represión recayó exclusivamente sobre el Estado⁷.

A este ritual jurídico, sin embargo, le siguió un proceso gradual de impunidad dentro del marco de sucesivos intentos de sublevación de oficiales militares de baja jerarquía, lo cual limitó el alcance de los juicios hasta clausurarlos y terminar absolviendo sus resoluciones (Sain, 1991). Ello acarreó una serie de debates en el interior de diversas organizaciones de derechos humanos⁸ sobre cómo continuar la lucha para conocer lo ocurrido con los detenidos-desaparecidos y juzgar a los responsables de esos actos una vez cerradas las vías judiciales argentinas. El trabajo para obtener verdad y justicia volvió a ser patrocinado predominantemente por organizaciones no gubernamentales, las cuales, ante las políticas de amnistía, continuaron manifestándose en el espacio público para "mantener viva la memoria" y presionaron al gobierno -a través de entidades internacionales- para que el Estado argentino cumpliera con las responsabilidades establecidas en los tratados mundiales que había suscrito en materia de derechos humanos y juzgara finalmente a los culpables.

En este contexto de desjudicialización de las políticas públicas sobre el pasado reciente, tuvieron lugar tres fenómenos novedosos: por un lado, la aparición pública de HIJOS -Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio-, agrupación que implementó los "escraches", una novedosa modalidad de repudio a los ex represores dirigida a evidenciar la necesidad de "juicio y castigo a los responsables" y promover la memoria social en torno al pasado dictatorial y sus consecuencias en el presente⁹. Por otro lado, la apertura de los primeros Juicios por la Verdad Histórica, los cuales, al no contar con capacidad punitiva, se encaminaron al conocimiento de las acciones del sistema represivo en determinadas localidades de Argentina. Y, por último, se constituyó una Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia, conformada por diferentes organizaciones sociales y agrupaciones políticas, tendiente a coordinar las conmemoraciones del 24 de marzo¹⁰.

Al cumplirse veinte años del golpe de Estado de 1976, los resultados de este proceso social se vieron reflejados en la confluencia masiva de diferentes sectores en la histórica Plaza de Mayo para repudiar el PRN y reclamar "Memoria, Verdad y Justicia" frente a las declaraciones del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) quien reivindicaba los indultos y decretaba el "cierre definitivo de las heridas del pasado"¹¹. La política de Menem al respecto había consistido -desde su asunción- en reemplazar las estrategias del derecho penal por las estrategias del derecho civil, es decir, otorgar indemnizaciones económicas a las víctimas del terrorismo de Estado luego de absolver a los ex represores y cabecillas de la guerrilla condenados en el Juicio de 1985. Tal estrategia fue leída por los organismos de derechos humanos como una forma de chantaje, lo cual profundizó su distanciamiento del gobierno¹².

Ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional, la demanda de "Verdad y Justicia" fue revalidada por reiteradas movilizaciones públicas cada 24 de marzo en la Plaza de Mayo y diversas conmemoraciones en otros lugares y fechas relacionados¹³. Al mismo tiempo, esta demanda fue viabilizada a través de la presentación ante el Estado de numerosos proyectos tendientes a "recordar lo ocurrido durante el terrorismo de Estado". Algunos de estos proyectos obtuvieron ciertos resultados en el ámbito de la recientemente declarada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, GCBA, cuyos representantes han sido, sucesivamente, Fernando De la Rúa (1996-1999), Enrique Olivera (1999-2000), Aníbal Ibarra (20002006) y Jorge Telerman (2006-2007)¹⁴. Ello se expresó en toda una serie de normativas aprobadas por la Legislatura porteña: la creación del Museo de la Memoria bajo la órbita de la Dirección General de Museos (1996), la Ley 46 que asignó un predio en la costa del Río de la Plata para el emplazamiento de un Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y el Parque de la Memoria (1998), la Ley 392 y la 961 que revocaron la cesión de los predios donde funcionara la ESMA para ser destinados a la instalación del denominado Instituto de la Memoria (19982000), entre otras. Esta receptividad gubernamental fortaleció lazos personales entre representantes del poder ejecutivo y legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los miembros de algunos organismos de derechos humanos, relación no carente de conflicto, primordialmente por el intento de estos últimos por mantener un margen de independencia que les permitiera continuar ocupando su legitimado lugar de veedores del Estado de Derecho.

La relación entre el movimiento de DD.HH en general y los miembros del gobierno se retrajo nuevamente con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, desencadenados cuando el entonces presidente argentino Fernando De la Rúa (1999-2001) declaró el Estado de sitio -medida históricamente adoptada por los gobiernos de facto- y miles de personas salieron a la calle, incluidos los representantes de organismos de DD.HH, desconociendo la medida y vociferando el ya internalizado mandato: "Nunca más". Las movilizaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo cual dejó como saldo decenas de muertos a lo largo de todo el país. A ello le siguieron meses de manifestaciones periódicas, el recambio de cinco presidentes y la creación de las asambleas barriales que plantearon, entre otras cosas, un desafío a la democracia representativa bajo el lema "Que se vayan todos". Llegado el 24 de marzo de 2002, en un acentuado contexto de crisis institucional, se anunciaba a través de los medios de comunicación que millones de personas a lo largo de todo el país se congregarían en la Plaza de Mayo, más allá de los rumores sobre un posible golpe de Estado, con la finalidad de reclamar "Justicia por ayer y hoy"¹⁵. El temor a la anarquía social circulaba en las declaraciones públicas de los representantes gubernamentales y los empresarios, mientras en las calles de Buenos Aires proliferaban las movilizaciones diarias que exigían la remoción legal de la Corte Suprema, una purificación general del gobierno, y la denuncia de otros tipos de genocidio -además del político- como el económico¹⁶. La convocatoria, finalmente, fue pacífica y masiva, pero profundizó su crítica a las instituciones gubernamentales y al sector financiero, ampliando notablemente la tradicional demanda asociada a las conmemoraciones del 24 de marzo. Al mismo tiempo, los partidos políticos de izquierda comenzaron a disputar abiertamente los lugares tradicionalmente pautados para entrar a la Plaza de Mayo, cuya cabecera fue ocupada, desde la reapertura democrática, por los organismos de DD.HH como una forma de reconocimiento a su histórica lucha.

En síntesis, luego del Juicio a las Juntas Militares, las demandas por "Verdad y Justicia" se desplegaron fundamentalmente a través de liturgias no gubernamentales. El 24 de marzo se constituyó en una fecha emblemática en Argentina y la Plaza de Mayo en el espacio simbólico donde exhibir el repudio al golpe militar de 1976 y las políticas gubernamentales de impunidad, y, también, dónde conmemorar a los detenidos-desaparecidos y sus ideales. En esta ceremonia conmemorativa de repudio y homenaje, si bien los pilares fundamentales de la demanda de los organismos de DD.HH se mantuvieron, las consignas asociadas a ella fueron mudando y año tras año se incorporaron reivindicaciones de los más diversos sectores -como los Movimientos de Trabajadores Desocupados, MTD- ahondándose en la denuncia de las consecuencias actuales de sucesos pasados todavía no resueltos: los casos corrientes de represión policial o "gatillo fácil", el aumento de la deuda externa, la creciente exclusión social, entre otros. En este devenir, el acto del 24 de marzo de 2004 en la ESMA introduciría nuevos deslizamientos en el tratamiento social sobre la violencia política de los setenta en Argentina y sus correlatos en el presente, lo cual ya se puede presumir por el lugar central que en él ocuparon altos funcionarios del gobierno.

Las conmemoraciones del 24 de marzo en la ESMA

El 24 de marzo de 2004, además de las múltiples conmemoraciones usualmente convocadas por organismos de DD.HH, partidos políticos de centroizquierda, gremios, centros de estudiantes y otros grupos sociales, se puso en marcha un acto oficial de gran envergadura el cual incluyó grupos heterogéneos, entre ellos el actual Presidente de la Nación, el entonces Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, otros funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal, representantes de partidos políticos, gremialistas, miembros de la mayoría de los organismos de DD.HH, entre otros. En este acto todos ellos pugnaron por imponer sentidos al pasado en relación con sus proyectos de poder en el presente, produciéndose reordenamientos significativos en la articulación social en torno a la simbólica demanda de "Memoria, Verdad y Justicia".

Con la finalidad de fundamentar la afirmación anterior, es preciso recordar que el reclamo sobre ese predio tiene una larga historia. Entre 1976 y 1983, como ya dijimos, funcionó allí uno de los mayores centros clandestinos de detención administrado por la Armada. La Escuela de Mecánica continuó funcionando en el mismo lugar, hasta que en 1998 el presidente Carlos Menem decretó su traslado a la Base Naval de Puerto Belgrano e instó la demolición del edificio donde habría funcionado el CCD para crear allí un espacio verde como "símbolo de la reconciliación nacional". El anuncio de su demolición generó la reacción de representantes de organismos de DD.HH, que se movilizaron frente a la ESMA para expresar su repudio a la medida. Mientras tanto, los familiares de algunos de los detenidos-desaparecidos presentaron un recurso de amparo para frenar la demolición. Finalmente en el 2001, la medida fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema atendiendo al "... derecho que asiste a los familiares de personas presuntamente desaparecidas en el ámbito de la ESMA, y la comunidad toda, de conocer la verdad histórica respecto de tales hechos". Así mismo, varios miembros de los organismos de DD.HH se movilizaron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para impulsar la restitución del predio a la Ciudad, evitando que volviera a manos de la Marina. A través de dos leyes aprobadas por la Legislatura porteña se revocó la cesión del predio a la Armada (Ley 392) y se impulsó la creación del Instituto Espacio para la Memoria (Ley 961). Sin embargo, sus objetivos no pudieron concretarse pues la Armada se adelantó y trasladó la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Fluvial y el Liceo Militar Naval al predio donde antes funcionara la Escuela de Mecánica¹⁷.

El acto oficial del 24 de marzo de 2004 marcaría un quiebre en esta puja entre la Armada, organismos de DD.HH y representantes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el predio de la ESMA -que a esta altura ya había adquirido un alto valor simbólico-. Era la primera vez que las voluntades de los representantes del poder ejecutivo, nacional y metropolitano, confluían activamente con el pedido de restitución por parte de los sobrevivientes del ex CCD, los familiares de los detenidos-desaparecidos, los organismos de derechos humanos y otras agrupaciones vinculadas a ellos. Confluencia atravesada por una serie de tensiones que, como veremos más adelante, fueron perceptiblemente digeridas en un proceso de reinstitucionalización de la demanda de "Memoria, Verdad y Justicia". En tanto, las patentes pujas políticas fueron lavadas de los intereses sectoriales y presentadas a través de un discurso universal y trascendente como el de los derechos humanos.

La voluntad del actual presidente Néstor Kirchner de afrontar la responsabilidad del Estado respecto a los crímenes del régimen dictatorial previo fue preanunciada en su discurso de asunción -en mayo de 2003- y en declaraciones posteriores frente a diversos actores involucrados en el proceso de desalojo y restitución del ex edificio de la ESMA¹⁸. El 24 de marzo de 2004 se concretaría su proclama. Este anuncio generó una serie de debates entre los miembros de organismos de DD.HH: algunos de ellos meditaron si ingresar o no a la ESMA, antes de saber qué es lo que se haría con ella. De esta forma, procuraban evitar dar su respaldo espontáneo a un acto presidencial y, de este modo, legitimar con su presencia lo que allí se hiciera antes de realizado.

En principio, los organismos nucleados en Memoria Abierta consensuaron realizar su propio acto antes de que llegara el Presidente de la Nación al predio. Por la mañana, con la colaboración de la Subsecretaría de DD.HH del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de infraestructura y seguridad, se colgaron banderas con los rostros y nombres de miles de detenidos-desaparecidos en las rejas que rodean al ex edificio de la ESMA. Además, una representante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas leyó un documento en el cual el grupo manifestaba el reconocimiento al Presidente, pero sólo en tanto gestor de la demanda histórica encabezada por los organismos de derechos humanos:

La ESMA, a partir de hoy, será patrimonio del pueblo argentino. La decisión política del Presidente de la Nación lo ha hecho factible. Esto es el fruto de que en estos veintiocho años los organismos de derechos humanos, los familiares de los presos políticos, detenidos-desaparecidos y asesinados, los sobrevivientes de los CCD, los exiliados y el pueblo hemos mantenido nuestras banderas de Verdad y Justicia y preservado la memoria para que "Nunca más" se repitan los crímenes del terrorismo de Estado.

Lo cual fue seguido del tradicional himno: "Treinta mil detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre". Mientras tanto, los miembros de HIJOS instalaron los singulares carteles que acompañan los escraches -señalizaciones donde denunciaban que allí había funcionado una maternidad clandestina-, entonaron "El que no salta es un militar" y "Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar" y desplegaron una murga. Su presencia, con una impronta estética característica, marcaba la diferencia generacional al interior de los organismos. Sin embargo, esta diferencia performativa en el espacio rápidamente quedó subsumida al continuar con un ritual común a la mayoría de las agrupaciones de DD.HH: depositar flores junto a los retratos de los desaparecidos simbolizando la falta de una tumba donde poder realizar el duelo. En forma conjunta, entonces, arrojaron claveles rojos sobre el edificio emblemático de la ESMA, colocaron prendedores y fotografías con los rostros de los detenidos-desaparecidos, y un banderín con la consigna: "Compañeros seguimos adelante". La propuesta consensuada por los organismos nucleados en Memoria Abierta consistía en no entrar al predio, pero cuando se abrieron las puertas la mayoría no lo cumpliría. Muchos de ellos argumentaron luego que "la emoción había sido más fuerte" o que "al ver entrar a los hijos con las flores no habían podido dejar de acompañarlos". Otros se retiraron -como habían pautado- para colaborar en la organización del tradicional acto, a las seis de la tarde, en la Plaza de Mayo. Estas divergencias darían lugar más tarde a una serie de reproches mutuos.

Por su parte, la representante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien históricamente ha manifestado su repudio a las políticas públicas sobre estos temas y ha mantenido una actitud de pureza frente los demás organismos que participan en diversos proyectos donde intervienen representantes del gobierno, extraordinariamente anunció su presencia en apoyo al Presidente, aunque condicionándola a la no-concurrencia de ciertas figuras del Partido Justicialista, PJ, fundamentalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires al que responsabilizó por graves violaciones de los derechos humanos en esa jurisdicción. Por supuesto, la réplica no se hizo esperar: varios gobernadores del PJ redactaron un informe denominado -sintomáticamente- Nunca más, en el cual afirmaban que "el Nunca más se construye con grandeza, entre todos, sin olvido, pero también sin odios ni remordimientos", e hicieron llegar su malestar al propio Presidente -también perteneciente al PJ- quien, según la prensa, "decidió privilegiar la relación con los organismos de derechos humanos, desentendiéndose de la convocatoria del propio gobernador de Buenos Aires para que sus colegas estuvieran presentes en la ESMA"¹⁹. En definitiva, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo arribó a la ESMA, minutos antes de que comenzara el acto oficial, mientras que la ausencia de los gobernadores fue notoria. Los pocos que concurrieron lo hicieron en forma inorgánica, pues no contaban con el aval ni de los "organismos" ni del Presidente, figuras capitales en la legitimidad de la ceremonia.

El acto oficial también empezó temprano, pero en el Colegio Militar de la Nación. Allí el Presidente descolgaría los retratos de dos ex directores de dicho colegio que encabezaron la junta militar durante el llamado PRN. Una vez en el lugar, el Presidente esperó que los oficiales lo saludaran con la venia en reconocimiento a la figura constitucional que lo inviste como Comandante en Jefe de las FF.AA; a cada saludo respondió dando la mano, uno a uno, mirándolos directo a los ojos, patentizando con este gesto el deber de los oficiales de subordinarse a la encarnación presidencial. A continuación, ordenó al actual Jefe del Ejército que descolgara los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone, dos ex presidentes de facto que encabezaron el plan sistemático de aniquilamiento de la disidencia política en Argentina. El anuncio anticipado de esta decisión, tomada de una propuesta del CELS "... para que los nuevos oficiales no se formen bajo la advocación de quienes irrumpieron el orden constitucional y ejecutaron el terrorismo de Estado"²⁰, generó resistencias dentro del Ejército, como el robo del óleo con la imagen de Videla y las amenazas de renuncia por parte de algunos oficiales. Ya una semana antes, dos miembros de la Armada habían sido forzados a pasar a retiro con motivo del rechazo a la autocrítica del jefe del arma y por permitir a los padres de los liceístas que manifestaran sus reclamos cuando el Presidente recorría el ex CCD-ESMA con algunos sobrevivientes. Más allá de la notoria disconformidad dentro de las FF.AA, el acto se consumó como esperaban los miembros del gobierno. Finalmente, el Presidente cerró el evento con un discurso dirigido a la médula de la institución militar:

Estoy convencido total y absolutamente, porque lo he sentido en mis gestiones de gobernador -el Presidente fue gobernador de Santa Cruz-, que nuestro Ejército va a trabajar y colaborar permanentemente en la construcción de la Argentina. Este proceso de salir de la situación del infierno, donde siempre digo que estamos en el segundo escalón, no tengo dudas, pero también esta actitud de reencuentro con su historia sanmartiniana, de acompañar los deseos plenos de todo un pueblo decidido a vivir en pluralidad y en democracia, marca un punto de inflexión y un nuevo tiempo histórico. Señores: que el 24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que nunca más se deba hacer en la patria y que ese 24 de marzo, definitivamente deje en ustedes que son el brazo armado de la patria, la conciencia de que esas armas que orgullosamente portan nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo argentino.

De esta forma, el Presidente representó los límites de acción de esta institución en su propio espacio de formación y reproducción.

La ceremonia oficial se trasladó inmediatamente al predio de la Armada; allá concurrió el Presidente y su comitiva con el objetivo de firmar el "Acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" conviniendo el destino del predio donde funcionara el CCD identificado como ESMA. Este convenio, además de pautar la construcción de un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, venía a resolver los problemas legales que estaban trabando desde hacía varios años la restitución del predio por parte de la Armada al gobierno metropolitano para que allí funcionara el Instituto para la Memoria (Ley 961). El Presidente y el Intendente fueron recibidos efusivamente por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en un gesto que demostraba reconocimiento recíproco por la lucha en torno a "Memoria, Verdad y Justicia". A continuación, ambos funcionarios, parados sobre un estrado instalado emblemáticamente dentro del terreno donde aún funcionan las escuelas de la Armada, signaron el Convenio frente al público en medio de fuertes aplausos. Sin embargo, entre los concurrentes, sólo el Presidente de la Nación contaba con el apoyo explícito de distintas fuerzas políticas alineadas con el oficialismo, como una fracción de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, Polo Social, Barrios de Pie, Federación Tierra y Vivienda, FTV, MTD-Evita, Juventud Peronista, JP, entre otras, que llegaron con sus banderas a alentarlo.

Una vez firmado el Convenio, el cual no fue leído, se abrieron las rejas de entrada. Muchos ingresaron, mientras que otros prefirieron permanecer afuera. Igualmente, tanto los primeros como los segundos, confluyeron en el escenario donde se pronunciarían los discursos oficiales y se realizaría el anunciado recital de tres reconocidos músicos argentinos convocados para el evento. El acto matutino de organismos ya formaba parte del pasado; representantes de Madres, Abuelas y Familiares permanecían como espectadores sentados en primera fila, frente al gran estrado, donde se hallaban los funcionarios de Nación y Ciudad, con el cartel de fondo: "Museo de la Memoria", ya no "Espacio o Instituto", en notorias letras rojas. En ese momento comenzó a sonar por los altoparlantes el Himno Nacional argentino, pero no era la versión tradicional, sino la del músico Charly García, la que tiempo atrás había sido censurada. Seguidamente, con gran emotividad, una reconocida actriz argentina leyó los poemas que una compañera de estudios y militancia del presidente en la década del setenta escribiera durante su cautiverio en la ESMA.

Además de su lectura, el gobierno nacional los imprimió y repartió como una forma de recordatorio y homenaje, tal como hacen los organismos en los tradicionales actos en la Plaza de Mayo donde despliegan carteles con fotos, poemas, dibujos, canciones realizadas por sus familiares hasta hoy desaparecidos.

A continuación les tocó el turno a tres jóvenes que nacieron en cautiverio en el ex CCD-ESMA Dos de ellos, miembros de hijos, subieron al escenario con pañuelos y remeras que decían: "Juicio y Castigo" y leyeron un discurso consensuado por la agrupación en el que se destacó el reclamo dirigido a los representantes estatales para que,

... vayan presos, a una cárcel común, con cadena perpetua todos y cada uno de los torturadores, asesinos, secuestradores, apropiadores de bebés. Y que vayan presos también los instigadores, los beneficiarios y los planificadores del genocidio.

A este reclamo el público respondió con el cántico: "Paredón, paredón, paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la Nación". Además, solicitaron la recuperación de otros sitios que funcionaron como CCD y de los archivos sobre la represión ilegal, e instaron al gobierno a que se comprometa a "... encontrar a los jóvenes que fueron secuestrados y aún no conocen su identidad"²¹, a dar solución a los reclamos actuales por trabajo, vivienda y salud -sin criminalizar a aquellos que protestan- y a no pagar la deuda externa. Por último, exigieron:

... queremos también que todos los políticos que sostuvieron las atrocidades cometidas y que como buenos camaleones se reciclaron en democracia paguen por lo que hicieron. No sólo que dejen de ocupar cargos en los gobiernos, sino que sean castigados con la pena que se merecen. ¿Qué pena se merece quien haya firmado este Decreto en 1975? (...) Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación (...) procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

A la lectura de una lista de figuras del gobierno constitucional de Isabel Perón -1974-1976- que firmaron dicho decreto y hoy continúan como funcionarios públicos, le siguió el grito: "¡Asesinos! Buscar, depurar, juzgar y castigar", fue el pedido de hijos al gobierno de Kirchner. El aire se había tensado arriba del escenario donde quedó el eco de la consigna oficial de esta agrupación: "¡Ni olvido, ni perdón! No nos reconciliamos". No obstante, rápidamente, ello fue aplacado por el emotivo discurso del siguiente joven, quien hace apenas dos meses fue "localizado", el cual se explayó sobre su experiencia personal y la gratitud a Abuelas por su compromiso en la tarea de recuperar a los niños que fueron apropiados en forma ilegal.

La tensión entre los diversos actores presentes fue revelada nuevamente cuando el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra abrió su discurso frente a una silbatina general y fuertes abucheos. Ello ocasionó que varios de los funcionarios de su gobierno intercambiaran insultos con manifestantes del peronismo recordándoles el "histórico apoyo que Ibarra dio a la lucha de los organismos". Casi sin que se le oyera, el Intendente de Buenos Aires anunció -sin mucho brío- que se había terminado "la época del país cuartel" y recordó a sus compañeros desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires, especialmente a una de ellos, que estuvo detenida en la ESMA. Finalmente, apelando a esta familiaridad con algunos miembros de la llamada "generación del setenta" y sus sueños pudo revertir la situación:

... este espacio que recuperamos espero que sea un espacio de reflexión y de memoria, pero también un testimonio de los sueños de los miles de desaparecidos. Que sea un testimonio de los sueños que tuvimos los argentinos y los que estamos recuperando para el futuro²².

En fuerte contraste, Néstor Kirchner, acompañado por su mujer, la senadora peronista Cristina Fernández de Kirchner, fue recibido por miles de manos alzadas con los dedos en V -símbolo que en Argentina fue utilizado particularmente por el peronismo para indicar "Victoria" y "Perón Vuelve" cuando el peronismo estaba proscrito-. Este emblemático saludo no pasó desapercibido, ya que fue recogido ágilmente en el discurso del Presidente generando una comunión comunicativa con el público, reforzada por la referencia a los compañeros desaparecidos:

Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. A lo que parte de la concurrencia coreó: "Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que baje del cielo, nuestra Evita Montonera".

De este modo, en lo particular, como ex militante de la Juventud Peronista, el Presidente se refería a los "compañeros de la gloriosa JP", parte de la Tendencia Revolucionaria del Movimiento Peronista²³, pero, al interpelar a los organismos como interlocutor válido, estas referencias políticas quedaban, al mismo tiempo, subsumidas bajo la referencia más inclusiva y apartidaria de la generación del setenta. Seguidamente, reforzando la incidencia de este acto para todos los argentinos, ya no se refirió a sí mismo como "familiar" o "compañero", sino como representante supremo del gobierno:

...si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía, me guía la justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Luego, en tanto "compañero y Presidente", agregó: esto no puede ser un tira y afloje entre quién peleó más o peleó menos o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como Presidente de la Nación argentina y de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy, no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vienen especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban o deberían haber pensado.

Si bien en este discurso se destacaba el rol presidencial como árbitro de los intereses generales, en él no dejaron de colarse referencias a disputas internas del Partido Justicialista donde el lenguaje de los derechos humanos sirvió de marco para delinear el llamado a una refundación del peronismo a través de la recuperación de sus banderas:

Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y mirando; sé que se acordarán de aquellos tiempos; sé que por ahí no estuvimos a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer. Pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad.

El discurso del Presidente sería impugnado más tarde, tanto por miembros de la Unión Cívica Radical, UCR, como por el Partido Justicialista. Los primeros le acusarían de obviar el informe de la Conadep y el Juicio a las Juntas encarados por el ex presidente radical Raúl Alfonsín. Los segundos, en cambio, le acusarían en el Congreso Nacional del PJ de Parque Norte de olvidarse del asesinato de un reconocido dirigente sindical peronista por parte de Montoneros, concentrar el poder en manos del Ejecutivo y, sobre todo, "traicionar al peronismo con su política de la transversalidad"²⁴.

El acto oficial se cerró con la presencia de León Gieco, Víctor Heredia y Joan Manuel Serrat, quienes entonaron algunas conmovedoras canciones que durante años abanderaron la lucha por los DD.HH: La memoria, Para la libertad, Todavía cantamos y Sólo le pido a Dios. Luego comenzó la desconcentración, pero muchos se quedaron en el predio. Los pocos que conocían donde estaba ubicado el edificio donde funcionó el ex CCD se dirigieron allí. La mayoría, sin embargo, vagó por las instalaciones que ocupan catorce hectáreas hasta confluir en el edificio central de la ESMA. Todos se miraban sin saber qué hacer, buscando vestigios de un pasado donde no parecía haberlos. Como en una especie de toma simbólica, una bandera del Che Guevara fue plantada sobre el techo, entonaron espontáneamente el Himno Nacional argentino e hicieron algunas "pintadas". Fue un momento de fuerte descarga emocional, los comportamientos alternaban raudamente entre una explosión de cánticos y saltos y el silencio más profundo y los abrazos de consuelo que asemejaban un cortejo fúnebre al que le faltaban las certezas burocráticas de los cementerios. De este modo, terminaban de anudarse emoción y artificio, sin saber demasiado cómo uno nacía del otro.

El dilema de la traducción del pasado y su representación en un Museo/ Espacio/Instituto de la Memoria

El Convenio firmado en la ESMA registraba, entre otras cosas, que desde el 24 de marzo de 1976 había sido instrumentado un

...plan sistemático de imposición del terror y de eliminación física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas (...). Que este plan sistemático implicó un modelo fríamente racional, implementado desde el Estado usurpado, que excedió la caracterización de abusos o errores. Que de este modo se eliminó físicamente a quienes encarnaban toda suerte de disenso u oposición a los planes de sometimiento de la Nación, o fueron sospechados de ser desafectos a la filosofía de los usurpadores del poder, tuvieran o no militancia política o social. Que los principios irrenunciables del Estado de Derecho fueron sustituidos por sistemáticos crímenes de Estado, que importan delitos de lesa humanidad y agravian la conciencia ética universal y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (...). De este modo, las palabras del Convenio desafiaban los discursos emanados históricamente de la mayoría de los representantes de la jerarquía militar comprometidos en la guerra contra la subversión que delegaban responsabilidades en sus subordinados hablando de "excesos", al mismo tiempo que no dejaba intersticio por donde pudiera colarse una afirmación que equiparara la violencia insurgente con la violencia emanada del Estado.

Así mismo el Convenio estipulaba lo siguiente:

...es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio de las consecuencias inseparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición. Que la enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división de bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano.

De este modo, se alentaba el mandato moral de recordar, al mismo tiempo que se clausuraba la posible reminiscencia de luchas intersticias, además de entre civiles y militares, en el interior del propio peronismo, el cual en la década del setenta fue protagonista de intermitentes enfrentamientos armados entre la llamada "burocracia sindical" o la "derecha peronista" y la "Tendencia". Tensión evidenciada en las objeciones realizadas por otros representantes del peronismo en el acto del PJ en Parque Norte.

De acuerdo con este diagnóstico, el Estado-Nación y la ciudad se comprometían, a través de sus representantes, a ". consagrar las dependencias donde funcionó la ESMA como Museo de la Memoria". Entendiéndolo como

...parte de un proceso de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueran negados a las víctimas, contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos, para que el compromiso con la vida y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos sean valores fundantes de una nueva sociedad justa y solidaria.

Con la finalidad de llevarlo a cabo se establecía la creación de una Comisión Bipartita entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de organizaciones de DD.HH, la cual se encargaría de la administración de este proceso. De este modo, se pautaba la fundación de un ente administrativo que englobaría a funcionarios estatales y representantes de organismos a través del cual se encauzarían los lineamientos sobre qué hacer en este espacio.

Pero, ¿qué representar, cómo transmitirlo y dónde plasmarlo? Ya las alternativas nominales dan cuenta de la problemática. Si bien la conmemoración oficial del 24 de marzo de 2004 en la ESMA modeló la "necesidad de recuperar la ESMA para el pueblo", renovó una serie de interrogantes sobre la articulación entre "Memoria, Verdad y Justicia" y qué se entiende por "memoria". La Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, por ejemplo, organizó una serie de charlas en el Centro Cultural de la Cooperación²⁵, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y otros espacios abiertos al público para precisar su punto de vista, el cual implicaba, entre otras cosas, el rechazo a cualquier tipo de proyecto que supusiera la convivencia en el mismo predio con los colegios militares y la habilitación allí de la discusión sobre las acciones armadas de las organizaciones guerrilleras. En la ESMA, según ellos, debería erigirse un museo que reconstruya el funcionamiento del CCD -el cual habría involucrado a todas las dependencias del predio- y las razones económicas y políticas por las cuales los CCD llegaron a existir en Argentina. Como contrapunto, el CELS postuló una actitud más conciliadora con los cronogramas gubernamentales alegando, en primer lugar, que el traslado de las escuelas navales restaría al presupuesto nacional partidas monetarias que podrían ser invertidas en proyectos de salud o educación y, en segundo lugar, que la coexistencia entre civiles y militares en un mismo espacio podría operar como una de las mejores formas de enseñanza acerca de los derechos humanos.

A esta última postura se opuso el resto de los organismos de DD.HH nucleados en Memoria Abierta, asociación que eligió realizar una serie de encuentros para trabajar sobre el contenido que debería tener el Museo de la Memoria sin explicitar su punto de vista. En el primero de estos encuentros se sometieron a discusión diversas consignas que podrían funcionar a modo de guión: el Museo será "... el testimonio vivo de lo ocurrido", "... el lugar para homenajear a los desaparecidos", "... el lugar de denuncia del terrorismo de Estado", "... una herramienta para difundir los proyectos revolucionarios de los años setenta"; "... deberá mostrar una reconstrucción exacta del espacio de tortura y horror", "... representar una articulación de voces y versiones distintas", "... ser parte un recorrido turístico". En el segundo encuentro se eligieron tres panelistas para disertar sobre la llamada "teoría de los dos demonios"²⁶, "el modelo económico" y "otros actores sociales". El eje del debate discurrió sobre cómo fue variando la representación de los enfrentamientos políticos durante las décadas del sesenta y del setenta, las causas y consecuencias de la desindustrialización y las distintas complicidades con el gobierno militar²⁷.

La disputa de forma y contenido sobre el Museo/Espacio/Instituto de la Memoria continuó en el seno de la Legislatura, donde los concejales debían ratificar o rechazar el Convenio firmado entre los representantes del poder ejecutivo de la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proceso duró meses, llevándose a cabo una serie de reuniones que incluyeron a varios miembros de organismos de DD.HH, funcionarios del poder ejecutivo nacional y municipal y padres de algunos de los liceístas. Los legisladores de distintos partidos políticos justificaron la demora en la necesidad de consumar su propio veredicto, más allá de lo que dijera el convenio firmado entre el Presidente y el Intendente, pues consideraban que en tanto delegados de distintos "bloques partidarios" la legislatura proveía el marco democrático por excelencia donde dar cuerpo a la pluralidad de intereses. Finalmente, luego de largas discusiones y la oposición de los representantes de los liceístas, el convenio fue ratificado por una amplia mayoría.

La construcción de confraternidad luego del fratricidio

Para concluir, ¿cómo articular, entonces, este desmembramiento de prácticas e intereses en una narrativa integrada sobre el pasado reciente? ¿Cómo referirse a la violencia política de los setenta sin minar la supuesta hermandad de todos los argentinos en tanto compatriotas? El lenguaje de los derechos humanos, por su carácter universal, permitió representar la sociedad como un orden moral compartido, pero ¿qué sucede al mirar hacia atrás? Inmediatamente se evidencia la coexistencia de mundos morales heterogéneos e intereses divergentes que coyunturalmente se conjugan y se enfrentan por medio de diversos mecanismos. La referencia a los derechos humanos actúa como una trampa del pensamiento en la cual se expresan los conflictos actuales y la matriz por medio de la cual deberían ser resueltos. En este proceso de domesticación social, los conflictos se dirimen en forma ritual y el conflicto también se expresa ritualmente a través de narrativas sobre el pasado que permiten rearticular -a través del olvido selectivo- una coherencia que el crudo presente no encuentra. Aquí se sitúa el problema de la representación, la traducción y la traición entre experiencia y categoría. Y es aquí también donde el pasado deja sentir su peso, ya sea como un producto construido puramente por hechos del presente o por la otredad que él fue y es todavía en nuestras disposiciones corporales. Por ejemplo, ¿existe para una persona que fue torturada la posibilidad de que su cuerpo olvide al torturador que dejó en él sus marcas?

¿Cómo son reconstruidas relaciones de confraternidad después del fratricidio? En algunos casos, a partir de un trabajo político de dilución de las particularidades en generalidades administradas por el Estado y la utilización de un lenguaje supuestamente neutro para establecer un consenso práctico entre grupos dotados de intereses parcial o totalmente diferentes. Ello se puso de manifiesto en la conmemoración del 24 de marzo en la ESMA donde la problemática de los DD.HH operó como un símbolo trascendente, situado más allá de las diferencias político-partidarias y las disputas ideológicas entre los participantes, ocultando de esta manera las alianzas en el presente que subyacen a la representación de un período altamente politizado de la historia argentina.

Comentarios

¹ A través del término "violencia política" nos referimos al enfrentamiento directo entre diversos actores sociales que expresaban sus profundos desacuerdos políticoideológicos utilizando la fuerza física. Utilizamos el término "violencia política de los setenta" y no "terrorismo de Estado" porque este último nos remite a una interpretación jurídica a posteriori de los conflictos sociales desplegados entre las décadas 1960 y 1980 en Argentina.

² En la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, funcionó entre 1976 y 1983 uno de los mayores CCD. Los detenidos eran torturados y permanecían recluidos allí en forma clandestina hasta que los captores decidieran su destino, el cual podía consistir en la muerte o en la libertad vigilada. Para mayor información sobre la dinámica de este CCD y su inserción en un sistema represivo nacional consultar el Informe Conadep (1984).

³ A grandes rasgos, estos acontecimientos desembocaron en manifestaciones diarias y masivas, el asesinato de más de treinta personas a lo largo de todo el país cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y el recambio de cinco presidentes en menos de un mes.

⁴ La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep, fue creada por el presidente Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Esta Comisión redactó un informe de amplia difusión pública conocido como Nunca más (1984) y conformó un archivo que incluyó miles de denuncias, documentos, fotografías, etcétera. Este acervo documental se encuentra actualmente en el Archivo Nacional de la Memoria junto a la documentación relacionada con las leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y el material recopilado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

⁵ Uno de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos en Argentina ha sido: "Aparición con vida" Este reclamo respondía a la negación de los secuestros por parte de las autoridades gubernamentales de la última dictadura militar, las que informaban que esas personas habían simplemente "desaparecido" La respuesta gubernamental se sirvió de la práctica sistemática de ocultamiento de los cuerpos de las personas que las propias fuerzas de seguridad estatales secuestraban, torturaban y asesinaban. Se calcula que en Argentina, entre 1974 y 1983, "desaparecieron" y/o fueron asesinadas por fuerzas de seguridad más de treinta mil personas. El método de ocultamiento de los cuerpos de las personas asesinadas se llevó a cabo por medio de entierros clandestinos o los llamados "vuelos de la muerte" que consistían en arrojar a los detenidos al Río de la Plata desde aviones militares.

⁶ Para mayor información sobre las leyes reparatorias en Argentina véase Pierini (1999: 7682).

⁷ Para mayor información sobre cómo el Juicio a las Juntas constituyó un rito de cambio del sistema de poder y encauzó una nueva narración sobre el pasado político reciente, véase la obra de Ester Kaufman (1990).

⁸ Nos referimos aquí a diversas organizaciones englobadas comúnmente bajo el término "organismos de derechos humanos" por la característica de inscribir sus demandas en el marco de la Convención de los Derechos del Hombre y canalizarlas a través de vías jurídicas. Ellas son: Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, MEDH, Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. La mayoría de ellas, excepto la LADH, surgieron a mediados de la década del setenta frente a las políticas de aniquilamiento clandestino de los disidentes políticos por parte de las fuerzas de seguridad.

⁹ La agrupación HIJOS fue conformada -en un inicio- por jóvenes cuyos padres fueron desaparecidos, asesinados o presos por razones políticas. Ellos implementaron una forma de repudio social a los ex represores basada, por un lado, en el trabajo de informar a los vecinos del barrio sobre las responsabilidades de esta persona en el accionar represivo y, por otro, de individualizarlo en la vía pública a través de símbolos -manchas rojas en la pared del domicilio, carteles que se asemejan a señales de tránsito, etcétera- que advierten sobre la vida pasada de este anónimo vecino bajo el lema: "si no hay justicia, hay escrache".

¹⁰ En Argentina, cada 24 de marzo se realizan actos y movilizaciones de repudio al golpe militar que, ese mismo día del año 1976, derrocó al entonces endeble gobierno constitucional. En la actualidad esa fecha ha sido establecida por ley como un día para la memoria. Incluso, recientemente, se estableció su incorporación entre los feriados nacionales como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia -Ley 26.085, promulgada el 20 de marzo de 2006 por el Congreso Nacional-.

¹¹ Diario Clarín, 24 de marzo de 1996.

¹² Para mayor información véase http://www.derechos.org

¹³ Las manifestaciones del 24 de marzo en Buenos Aires se caracterizan desde entonces, por una movilización de Plaza Congreso a Plaza de Mayo, donde confluyen organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, partidos políticos de izquierda, entre otros. Generalmente, se culmina con un discurso consensuado entre las organizaciones convocantes y un festival musical ahí mismo o en otro predio. La consigna que nunca falta es: "Treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre", acompañada por sus retratos.

¹⁴ Casi todos los proyectos presentados a los funcionarios del GCBA fueron signados por los siguientes organismos de DD.HH: Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Buena Memoria Asociación Civil, CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, LADH, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, MEDH y SERPAJ. La mayoría de ellos confluiría en el 2002 en Memoria Abierta, una asociación formada para coordinar las diversas propuestas de acción.

¹⁵ El 24 de marzo se constituyó paulatinamente en una fecha simbólica en la cual demandar justicia frente a la impunidad de los crímenes estatales. El 24 de marzo de 1997, por ejemplo, se reclamó por el esclarecimiento del crimen del reportero gráfico Cabezas. En el 2002 se reclamó por el asesinato de más de treinta personas a lo largo de todo el territorio nacional por parte de las fuerzas de seguridad. Un nuevo grupo presente en esta fecha fue el de las Madres del Dolor, constituido por las madres de los jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad durante el periodo democrático. Véase el diario Página 12, 25 de marzo de 2002.

¹⁶ Página 12, 24 de marzo de 2002.

¹⁷ El predio donde funcionara la ESMA fue cedido por la familia Raggio a la Ciudad de Buenos Aires para que allí funcionara una "moderna escuela naval" El terreno pasó, entonces, a ser usufructuado por el Ministerio de Defensa. Cuando el presidente Menem decretó el traslado y demolición de la ESMA, el gobierno de la ciudad intentó recuperar los terrenos, pues la Marina ya no cumplía con la condición de usufructo.

¹⁸ Apenas asumió la presidencia, Néstor Kirchner invocó la "... necesidad de lograr una Argentina unida, pero con Memoria, Verdad y Justicia" En correspondencia con este programa, el 9 de febrero de 2004 se reunió con representantes de los organismos de DD.HH nucleados alrededor de Memoria Abierta para anunciar públicamente su apoyo a la "creación del Museo sobre el Terrorismo de Estado" en el predio donde funcionara la ESMA. El 8 de marzo se reunió con representantes de organizaciones nucleadas alrededor de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos a quienes ratificó su compromiso de desalojo de todas las fuerzas navales y civiles de dicho predio. El 19 de marzo de 2004 el Secretario de Obras Públicas de la Nación se reunió con las autoridades de las tres instituciones educativas que aún funcionaban en el predio de la ESMA para anunciar que el Estado nacional se ocuparía de su (re)localización.

¹⁹ El informe fue Armado por los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Para mayor información véase el diario Página 12 del 24 de marzo de 2004.

²⁰ Página 12, 25 de marzo de 2004.

²¹ Se calcula que más de doscientos niños fueron dados a luz en maternidades clandestinas y entregados en adopción ilegalmente durante la última dictadura militar argentina. Una de estas maternidades clandestinas funcionó en la ESMA entre 1976 y 1983. Muchos de estos jóvenes aún desconocen su verdadera identidad y continúan en manos de personas vinculadas al sistema nacional represivo que desapareció a sus padres. El trabajo de búsqueda realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, entre fines de 1970 hasta la actualidad, ha logrado localizar y restituir la identidad biológica a más de ochenta jóvenes apropiados.

²² Declaraciones transcritas en la página oficial del Gobierno de la Ciudad: http://www.buenosaires.gov.ar, abril de 2004, Buenos Aires.

²³ El término "La tendencia" identificaba en la década del setenta a los militantes de la izquierda peronista. Entre otras organizaciones ella incluía a la Juventud Peronista, JP, la Juventud Universitaria Peronista, JUP, la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, la Agrupación Evita y diversas organizaciones guerrilleras: Descamisados, Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR. Esta tendencia se enfrentó a otra, dentro del mismo movimiento peronista, denominada la derecha peronista o la burocracia sindical. Los enfrentamientos más trágicos se dieron en 1973 cuando miles de personas fueron a festejar al aeropuerto de Ezeiza el regreso de Perón a Argentina, luego de dieciocho años de proscripción del peronismo, y resultaron heridos o muertos por francotiradores apostados en el palco oficial.

²⁴ La transversalidad refiere a la política oficialista de procurar ampliar su base política y social por fuera de la estructura del Partido Justicialista. Para mayor información sobre las acusaciones a Kirchner dentro del pj, véase Página 12, 27 de marzo de 2004, Buenos Aires.

²⁵ Encuentro realizado el 5 de mayo de 2004 en Buenos Aires. Los expositores fueron: la sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo, coordinadora de la Cátedra Libre de DD.HH de la Facultad de Filosofía y Letras; Verónica Jeria, museóloga integrante de la Asociación de ex DetenidosDesaparecidos; y Daniel Feierstein, sociólogo titular de la Cátedra sobre Prácticas Sociales Genocidas.

²⁶ Esta expresión se utiliza comúnmente en Argentina para referirse a la tesis que sostiene que en nuestro país hubo una guerra entre dos bandos. Esta tesis equipara las acciones de la guerrilla con las de las fuerzas de seguridad estatales y paraestatales por lo cual fue muy criticada por varias organizaciones de derechos humanos. Para mayor información véase Frontalini y Caiati (1984).

²⁷ El primer encuentro organizado por Memoria Abierta, fue realizado en la ex Biblioteca Nacional de Buenos Aires el 24 de julio de 2004, el segundo fue en la actual Biblioteca Nacional el 2 de octubre de 2004. En el primero participaron periodistas, académicos, miembros de organismos de DD.HH, y funcionarios, entre otros. En el segundo la participación fue más reducida debido a la agudización de conflictos al interior de Memoria Abierta expresados en la renuncia de varios de sus miembros.

Abéles, Marc 1990 "La puesta en representación de lo político", en Anthropologie de l'État, París, Armand Colin Editeur.         [ Links ]

Cohen, Stanley 1997 "Crímenes estatales de regímenes previos: conocimiento, responsabilidad y decisiones políticas sobre el pasado", en Revista Nueva Doctrina Penal, 1997/B, Buenos Aires, Ediciones del Puerto.         [ Links ]

Conadep 1984 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba.         [ Links ]

Duhalde, Eduardo Luis 1983 El Estado terrorista argentino, Buenos Aires, Ediciones El Caballito.         [ Links ]

Durkheim, Émile 1992 Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal.         [ Links ]

Frontalini, Daniel y María Cristina Caiati 1984 El mito de la guerra sucia, Buenos Aires, CELS.         [ Links ]

Geertz, Clifford 1994 "Centros, reyes y carisma: una reflexión sobre el simbolismo del poder", en Conocimiento local, Barcelona, Paidós.         [ Links ]

Gluckman, Max 1940 Analysis of a Social Situation in Modern Zululand, Rodees-Livingstone Institute, Paper No. 28.         [ Links ]

Kaufman, Ester 1990 "El ritual jurídico en el juicio a los ex comandantes. La desnaturalización de lo cotidiano", en El salvaje metropolitano, Buenos Aires, Legasa.         [ Links ]        [ Links ]

Pierini, Alicia 1999 1989-1999. Diez años de Derechos Humanos, Buenos Aires, Ministerio del Interior.         [ Links ]

Radcliffe-Brown, Alfred R. 1974 "Sobre las relaciones burlescas", en Estructura y función en la sociedad primitiva, Barcelona, Península.         [ Links ]

Sain, Marcelo 1991 Política militar y relaciones cívico-militares durante los gobiernos de Alfonsín y Menem: continuidad y cambio de una política deficitaria (1983-1991), nee, Universidad Estadual de Campinas.         [ Links ]

Turner, Victor 1969 The Ritual Process. Structure and Antistructure, Chicago, Aldine Publishing Company.         [ Links ]

Turner, Victor 1974 Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Ithaca and London, Cornell University Press.         [ Links ]

Documentos:

Acuerdo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conviniendo el destino del predio donde funcionara el centro clandestino de detención identificado como "Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA", disponible en http://www.buenosaires.gov, 24 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Auto parando la demolición de la ESMA, disponible en http://www.derechos.org/nizkor, enero de 1998, Buenos Aires.         [ Links ]

Declaraciones del secretario de Derechos Humanos, Dr. Eduardo Luis Duhalde, y representantes de organismos de ddhh, disponible en http://www.presidencia.gov.ar, 8 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Dictamen de la Corte Suprema sobre la destrucción de la ESMA, disponible en http://www.derechos.org/nizkor  , febrero de 2001, Buenos Aires.         [ Links ]

Discurso de hijos leído en la ESMA, disponible en http://www.derechos.org, 24 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Kirchner respaldó la creación del Museo sobre el Terrorismo de Estado, disponible en http://www.presidencia.gov.ar, 9 de febrero de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Palabras pronunciadas en la ESMA por los Organismos de Derechos Humanos, disponible en http://www.alainet.org, 24 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Palabras del presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, en el Colegio Militar de la Nación, disponible en http://www.presidencia.gov.ar, 24 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]

Palabras del presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, en el acto de firma del convenio de la creación del Museo de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, disponible en http://www.presidencia.gov.ar, 24 de marzo de 2004, Buenos Aires.         [ Links ]