Monopolio de licores y proscripción de destilados ilegales en Colombia^*

Meza Ramírez Carlos Andrés^**

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda19.2014.04

RESUMEN:

Las lógicas del despojo en Colombia remiten a estructuras y fenómenos no superados del legado colonial. Uno de ellos es el efecto de la concentración monopolista de la renta del aguardiente en la proscripción de bebidas destiladas, incorporadas al trabajo artesanal de sociedades rurales y étnicas. La renta de licores, base del poder productivo fiscal departamental, ha permanecido relativamente estable desde finales del siglo XVIII. Desde la visión institucional y burocrática, los productos de la renta de licores constituyeron el motor del desarrollo local y regional. De ahí que a principios del siglo pasado, la política monopolista estableciera lógicas de privilegio al concentrar los derechos de producción y provisión de los licores a favor de esas fracciones territoriales que componen el Estado-nación, como son los departamentos. La otra cara de la evolución rentística departamental son las memorias de persecuciones, multas, decomisos y encarcelamientos, en donde quienes testimonian rememoran experiencias vividas o historias contadas, para poner en evidencia la idea de un desarraigo tributario.

PALABRAS CLAVE:

Bebidas destiladas, monopolio licorero, proscripción, despojo.

Liquor monopoly and proscription of illegal distilled beverages, in Colombia

ABSTRACT:

The logic of dispossession in Colombia refers to structures and phenomena of the colonial legacy not yet overcome. One of them is the effect of monopoly concentration of liquor taxes on the prohibition of the production of distilled beverages, which is one of the crafts of rural and ethnic societies. The liquor tax, the basis of the fiscal productive power of the departments, has remained relatively stable since the late 18th century. From the institutional and bureaucratic viewpoint, the proceeds from the liquor tax constituted the motor force of local and regional development. That is why the monopoly policy established forms of privilege by concentrating the rights to produce and supply liquor for the benefit of the pieces of territory called departments that make up the nation-state. The other face of the evolution of departmental revenue is revealed in the memories of persecution, fines, seizures and imprisonment in which witnesses recall their own life experiences or stories they have heard to illustrate the idea of uprootedness regarding taxes.

KEY WORDS:

Distilled beverages, liquor monopoly, proscription, dispossession.

Monopólio de licores e proscrição de destilados ilegais na Colômbia

RESUMO:

As lógicas de expropriação na Colômbia remetem a estruturas e fenômenos não superados do legado colonial. Um deles é o efeito da concentração monopolista da renda da aguardente na proscrição de bebidas destiladas, incorporadas ao trabalho artesanal de sociedades rurais e étnicas. A renda de licores, base do poder produtivo fiscal departamental, permaneceu relativamente estável desde o final do século XVIII. Desde a visão institucional e burocrática, os produtos da renda de licores constituíram o motor do desenvolvimento local e regional. Assim, no início do século passado, a política monopolista estabeleceu lógicas de privilégios ao concentrar os direitos de produção e provisão dos licores a favor dessas frações territoriais que compõem o Estado-nação, como são os departamentos. A outra cara da evolução das fontes de renda departamentais são as memórias de perseguições, multas, perdas e prisões, em que quem testemunha relembra experiências vividas ou histórias contadas, para por em evidência a ideia de uma erradicação tributária.

PALARAS-CHAVE:

Bebidas, monopólio licoreiro, proscrição, expropriação.

La producción y el consumo de alcohol con un vasto campo que encierra muchos elementos dentro de la vida social. El concepto mismo precede a los conocimientos sobre la composición y las propiedades químicas del etanol (C₂H₅OH), cuyo descubrimiento de las propiedades psicoactivas tuvo lugar ya en el siglo XX, y que constituye el núcleo de la aproximación dominante del alcohol como patología individual y como problema social. Sin embargo, para la década de 1980, la literatura científica acerca del alcoholismo y la adicción fue desafiada por la perspectiva antropológica e histórica que comenzó a ver el alcohol como un artefacto socialmente integrado y un bien culturalmente valorado (Dietler, 2006: 230). De eso se trata también la comprensión de cómo el alcohol se incrusta tanto en la economía doméstica de una familia destiladora como en la economía política de una entidad territorial y de una nación.

Por más de doscientos años, los licores han sido eje de la economía política nacional y departamental al mantenerse como el principal poder productivo de la renta y objeto de control monopolista. La idea del alcohol como fuente de riqueza y -al mismo tiempo- mal social (Mora de Tovar, 1988) fue el motor de tales procesos de monopolización ligados a las políticas modernizadoras y de construcción del Estado, como se refleja en el control y la regulación del consumo de bebidas alcohólicas y la racionalización económica orientada al crecimiento progresivo de los productos de dicha renta. Desde la visión institucional y burocrática, los productos de la renta de licores constituyeron el motor del desarrollo local y regional. De ahí que a principios del siglo pasado, la política monopolista -determinada por la impronta colonial que concibió tal esquema en el siglo XVIII- estableciera lógicas de privilegio al concentrar los derechos de producción y provisión de los licores a favor de esas fracciones territoriales que componen el Estado-nación, como son los departamentos.

La historiadora Gilma Mora ha señalado en su trabajo pionero, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada en el siglo XVIII, cómo la capacidad productiva de las rentas del aguardiente dependió de la puesta en marcha de políticas de control a la producción y expendio de bebidas alcohólicas (incluidos el guarapo y la chicha), las cuales exasperaron los ánimos de las clases populares como consecuencia de las alteraciones que dicha política introdujo en las economías familiares, comunitarias, personales y aun regionales (Mora de Tovar, 1988). Resulta entonces interesante pensar en el fenómeno político y cultural asociado a la producción, la circulación y el consumo del alcohol en el arreglo de una economía política colonial y poscolonial, en donde ha desempeñado el rol de bien económico (Dietler, 2006).

En muchas provincias y diversos territorios del área de jurisdicción de los departamentos en donde el decurso de las rentas de licores se caracterizó por la concentración de la actividad, también fue habitual la acción represiva de la destilación artesanal. Hoy, en las localidades y regiones donde tradicionalmente se han producido destilados artesanales, la experiencia de la prohibición permanece en individuos y colectividades que mantienen un conjunto de conocimientos y memorias relacionados con ese oficio. Se trata, principalmente, de ciertas formas de recordar y narrar persecuciones, encarcelamientos, multas y formas de ocultamiento que dejan ver cómo el alcohol se convirtió en fuente de conflictos sociales del pasado, debido a la concentración de los derechos de producción y las medidas represivas que ello implicó.

Este vínculo entre economía política regional y procesos de la memoria local implicó realizar un trabajo etnográfico y de archivo orientado por varios objetivos específicos. En primer lugar, indagar acerca de la manera como se desarrolló en los departamentos colombianos el sistema de fiscalización, punición y vigilancia, en un antes y después de la ley antialcohólica de 1923 y en el marco del desarrollo del monopolio rentístico estatal; la forma en que el Estado nacional y departamental legalizó y legitimó medidas prohibitivas y represivas que proscribieron bebidas destiladas elaboradas por fuera del monopolio, y la manera en que los relatos del despojo de enseres y productos de trabajo de los destiladores proscritos se articulan a formas de narrar experiencias de desarraigo y violencia, y modos de resistirse a las mismas.

Renta de licores en el valle del Cauca y Boyacá, 1909-1939

La promulgación de la Ley 8 de 1909 les devolvió a los departamentos la propiedad y el manejo de sus rentas. Así mismo, influyó en el plan económico que seguirían estos territorios en cuanto a la administración y usufructo de esta renta, y en su fiscalización y celo. La renta de licores en los departamentos de Valle del Cauca y Boyacá presenta algunos elementos en común del sistema de administración de la renta de licores, cuya lógica de reproducción se basó, principalmente, en el monopolio y las medidas prohibitivas derivadas.

En ese marco monopolista de concentración estatal de capital, la evolución de las rentas sobre las bebidas alcohólicas, y en particular sobre los licores destilados, ha dependido de una producción, un suministro y un consumo cada vez mejor planeados y racionalizados, desde los imperativos económico-políticos y sociales que ven en el alcohol tanto una fuente de riqueza como un mal social. El monopolio es una excepción en el seno del capitalismo industrial contemporáneo, en relación con otras formas de competencia. Sin embargo, aparece profundamente enraizado en la naturaleza del sistema capitalista, si atendemos a la concentración y centralización del capital en órdenes geopolítico-administrativos. En una situación monopolista, la ganancia extra del monopolio se obtiene a costa de otros miembros de la sociedad que habrán de soportar la transferencia de una parte de su valor hacia el sector monopolista (Sweezy, 1972). Dentro de las principales formas del capitalismo monopolista de Estado, los licores han sido rentas destinadas a cubrir los gastos del Estado en bienes y servicios, y a favorecer a las empresas públicas y semipúblicas, en este caso, las industrias licoreras estatales (Perlo, 1988: 256, citado en Guerrero, 2005).

Entre 1909 y 1923 los departamentos se preocuparon por racionalizar y controlar progresivamente el producto de la renta de licores en un contexto que parecía poco favorable al crecimiento del producto rentístico, ya que por ese entonces había una tendencia antialcohólica que proscribía el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas. Las consideraciones respecto al problema del alcoholismo y la embriaguez son el complemento de esa economía moral que a su vez deriva en dispositivo político e ideológico de construcción, legitimación y reproducción del poder estatal en lo local.

Uno de los hechos clave en la formación del modelo monopolista estatal en la renta de licores es el paso del sistema de arrendamiento, en donde la renta era entregada a un particular, a la administración directa de la producción y comercialización por la autoridad estatal. El sistema de arrendamiento funcionaba a través del remate y asentismo¹ de los derechos de producción y provisión de licores para las diferentes provincias.

En 1923 el Congreso de la República buscó disminuir el consumo mediante la Ley 88 de ese año, que restringió en todo el país la producción, la venta y el consumo de licores destilados y de bebidas fermentadas, e instó a los departamentos e intendencias a propender hacia la administración directa de la renta de licores, por cuanto la intervención estatal garantizaba la salubridad, seguridad y moralidad públicas. Durante los primeros veinte años del siglo pasado, gobernadores, funcionarios de hacienda y diputados de las asambleas discutieron acerca de la pertinencia de asumir diferentes modelos de administración directa o de continuar con el sistema de arrendamiento, en aras de racionalizar el producto de la renta. Esto dentro de una concepción consuntiva de que la renta de licores cubría las múltiples necesidades asociadas al desarrollo local de las provincias.

La Ley 88 de 1923 estableció nuevos y altos precios para los licores destilados de producción nacional, y la obligación de los departamentos de producir licores directamente en fábricas oficiales, o bien, de adquirirlos en las fábricas oficiales de otros departamentos. En adelante sólo se permitirían la fabricación, la introducción y el expendio de bebidas fermentadas en las condiciones autorizadas por la Dirección Nacional de Higiene o por las autoridades sanitarias departamentales. Esa Dirección también tenía que redactar una cartilla de enseñanza antialcohólica, en la que se resaltaban los funestos efectos del consumo de licores embriagantes.

Tanto en Boyacá como en el Valle² existieron conflictos en torno a la pertinencia de adoptar sistemas de manejo de la renta basados en el remate o en la administración directa. Debido a las dificultades geográficas, al fraude y a la organización misma del ramo, los departamentos tenían problemas para garantizar la provisión y el expendio de licores, pero también para ejercer la fiscalización³. Había que controlar a los asentistas especuladores de los precios del aguardiente y las materias primas, el deterioro de existencias y enseres para la producción de licor que pertenecían al departamento, o bien, el incumplimiento de los contratos de arrendamiento⁴. La dependencia de intereses de particulares, los problemas de abastecimiento de materias primas y la dificultad de aprovisionar las provincias con licores de renta estimularon el contrabando⁵.

La tesis defendida por los secretarios de Hacienda de ambos departamentos era que la progresión creciente de los productos de la renta de licores dependía de (o estaba determinada por) la fiscalización del contrabando, y que toda flexibilidad en la represión del fraude causaba el declive de la renta, desmejorándola notablemente. De ahí que fuera menester proceder de manera eficaz contra el fraude, no sólo por la fuga de réditos para el fisco, sino también por una cuestión de salud pública y de preservación de la moral. En tal sentido, las medidas moralizadoras para las rentas eran represivas, dentro de la lógica de la organización rentística. La defraudación a la renta de licores recayó sobre toda persona que se dedicara al oficio de la destilación y rectificación de aguardiente, y a la introducción y venta de licores embriagantes objeto de monopolio, sin licencia del rematador respectivo o de su representante⁶.

Mayor celo y fiscalización suponían mejores rendimientos, por lo cual se requería una estructura institucional de celo en cabeza del ramo de la hacienda pública. Para que el alza de los licores oficiales fuera una medida eficaz desde el punto de vista político-administrativo y social, se necesitaba mantener y reforzar medidas prohibitivas como la producción y el comercio del anís en el territorio departamental, la introducción de vinos ordinarios, la equiparación en todos los departamentos del precio de los licores nacionales y, por supuesto, la represión eficaz de la producción y el consumo de chichas, guarapos y aguardiente de contrabando. Cabe agregar que esas bebidas eran consideradas un gran peligro para el Tesoro y para el pueblo. De ahí la necesidad de resguardos y juzgados de rentas, cuyo accionar dependía del crecimiento de la renta, y ésta, a su vez, del eficaz desarrollo de medidas prohibitivas contra la producción ilegal. Tanto en el Valle como en Boyacá, la renta de licores, aun con todos los problemas asociados a su administración, ya era un bien patrimonial preciado. La importante utilidad que ofrecía la destilación de licores también debía sustentarse en una persecución fuerte y enérgica al fraude.

Frente a los problemas que evidenciaba el sistema de arrendamiento, los secretarios de Hacienda consideraron que era necesaria una fuerte erogación para montar fábricas de destilación, con edificios adecuados y aparatos modernos. Así, los sistemas de arrendamiento dieron paso a la creación de industrias licoreras, hecho que sucedió en el Valle en 1922, y en Boyacá, en 1924. Dentro del concepto de la ley antialcohólica, la administración favoreció la higienización del producto por el monopolio de la producción y restricciones al expendio y consumo. El lema de la campaña antialcohólica era una producción de licores de la mejor calidad posible, a precios elevados y sanciones severas para defraudadores. ésa fue la racionalidad económica del monopolio moderno, el cual llevó a centralizar y expandir la administración de la renta de licores como forma de apropiación. En concordancia con la tendencia antialcohólica, consistente en elevación de los precios de venta de aguardiente, las asambleas departamentales emitieron ordenanzas que permitieron el incremento progresivo del precio del aguardiente como una de las medidas restrictivas para disminuir el consumo. El alza en el precio de los licores monopolizados generó un efecto contrario, por cuanto el consumo no bajó y el contrabando, en cambio, sí aumentó⁷.

Los fraudes tenían lugar a lo largo de extensas montañas y despobladas fronteras que separan al Valle de otros departamentos vecinos y las dos cordilleras que encierra el valle, tan propicias para efectuar con gran comodidad y en elevadas proporciones. Por consiguiente, para que la acción administrativa fuera medio eficaz, habría necesidad de aumentar los Resguardos indefinidamente porque de otra suerte se correría el riesgo de destruir este arbitrio fiscal sin destruir el vicio⁸.

Limitaciones geográficas y de la organización misma del ramo de la producción de licores en territorios alejados impedían ejercer mayor control sobre funcionarios provinciales corruptos, rematadores que efectuaban contubernios para defraudar la hacienda, contrabandistas que ingresaban licores desde departamentos vecinos, y sobre el pueblo en general, que se autoabastecía de bebidas alcohólicas como el guarapo, la chicha o los destilados caseros⁹.

Teniendo en cuenta que la elevación de precios limitaría el crecimiento de la renta, la Ley 88 de 1923 también dispuso la indemnización a los departamentos por la disminución que éstos pudieran sufrir en el producto de la renta de licores. Cuantiosas indemnizaciones hizo el Estado central a los departamentos con el objeto de compensar los perjuicios ocasionados por la aplicación de la ley antialcohólica, lo cual se tradujo en el incremento de la plataforma del Estado destinada a perseguir y judicializar el fraude a la renta de licores. Durante los años siguientes los resguardos de rentas fueron fortalecidos más que nunca, bajo la orientación de proteger los fiscos departamentales. A partir de allí, los departamentos asumieron la fiscalización, la salud pública y el ejercicio de medidas prohibitivas y sanciones, con el fin de combatir el fraude. Los rendimientos provenientes de las rentas de tabaco, licores y degüello incrementaron la capacidad rentística de los departamentos a lo largo del siglo XX. Si a principios del siglo XX el contrabando era el principal temor del fisco, hacia la segunda mitad del siglo los funcionarios departamentales enfatizaron en el desarrollo comercial de las industrias licoreras.

Hacia la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo infraestructural y comercial de las industrias licoreras, en su lógica de reproducción capitalista, chocó con las bases del sistema que regulaba la competencia en la producción y el fomento al consumo. La Constitución de 1991 consagró la renta de licores como un arbitrio rentístico con una finalidad de interés social (Avendaño Porras, 2011). En esa época el país comenzó a insertarse en la experiencia de la globalización y el neoliberalismo, que de alguna manera inscribió a la empresa y la renta licorera departamental en una competencia que perturbó los privilegios que éstas habían heredado de la tradición proteccionista colonial. En las últimas décadas del siglo pasado, es probable que el monopolio licorero se haya convertido en el más importante instrumento del poder político local.

Memorias de la prohibición de destilados ilegales

En 1940, el editorial del periódico El Tiempo (El Tiempo, 1° de diciembre) publicó que más de un centenar de campesinos agricultores del municipio de Vianí (Cundinamarca) habían dirigido al Ministerio de Economía nacional un memorial en el que solicitaban protección para sus cultivos de anís, de los cuales derivaba su subsistencia. Debido a las leyes nacionales y departamentales del monopolio licorero, los campesinos habían sido víctimas de atropellos y vejámenes cometidos por el resguardo de rentas, sin que las quejas que habían elevado a la Gobernación de Cundinamarca hubiesen tenido algún resultado.

Piden, en consecuencia, al ministerio, que intervenga ante la gobernación de cundinamarca con el fin de que mejore la situación existente ahora para los cultivadores de anís [...] Entre las quejas que elevan al ministerio de economía, se encuentra el señalamiento a los individuos que forman parte del resguardo encargado de vigilar y controlar los cultivos de anís [...] Los labriegos dicen que se trata de individuos con malos antecedentes, algunos de ellos responsables de delitos como el que se cometió contra la esposa del campesino Eleuterio Téllez, quien fue víctima de ultraje por parte de los agentes de rentas, cuando su marido se encontraba fuera de su casa [...] Otros dos labriegos fueron abaleados por el resguardo y uno de ellos falleció [...] A todos ellos les han despojado de ingentes cantidades de anís. (El Tiempo, 1940: 1)

La noticia acerca de la protesta de los campesinos de Cundinamarca sugiere una aproximación histórica al conflicto social que generó el monopolio licorero, la cual sirve de trasfondo a la memoria oral de la proscripción de los destilados artesanales. Esta noticia deja ver cómo los mencionados criterios de racionalidad y beneficio del monopolio no existieron al margen del conflicto, sino que derivaron en formas de dominación y represión que duraron y persistieron el tiempo suficiente para que calaran en la memoria individual y colectiva. El tiempo narrativo de las memorias de la prohibición, unas vividas, otras contadas por otros que vivieron la experiencia, se ubica entre las décadas de 1930 y 1980. Podría decirse que esta época corresponde a los efectos en el largo plazo de la entrada en vigencia de la ley antialcohólica de 1923, cuyo efecto paradójico fue el crecimiento del contrabando de licores en muchas regiones del país en donde sectores rurales y populares vieron en el aguardiente artesanal una posibilidad real de consumo y de negocio, de acuerdo con sus posibilidades económicas (Herrera Durán, 2010: 11).

Comisos, miches y sauzaleros de Boyacá y del piedemonte casanareño

En Boyacá y Casanare cuentan que el destilado artesanal que se producía y consumía en otro tiempo parece haber desaparecido tras la represión prolongada del oficio. En las veredas de Chulavita, Sacachova, y La Playa, en los municipios de Chita y Boavita, era común que cada quien tuviera su sacatín para producir el "comiso" o "miche". Este aguardiente se enviaba a Capitanejo, Bricha, El Cocuy y Güicán. De las veredas Minas y Monserrate de Chita, y de Usazá en Labranzagrande, el chirrinche lo bajaban a vender en el piedemonte, oculto en botanas que la gente amarraba a sus mulas. El guarapo se batía en moyas de barro que los destiladores enterraban para que el resguardo o la "ronda" no fueran a "topar" con ellas.

Teníamos puestos apropiados a orillas de una quebrada. Se hacía una enramada en donde se dejaba fermentar los pilones de guarapo enterrado, porque nosotros hacíamos unos hoyos en la tierra pa' poderlo fermentar. Cuando el resguardo pasaba por allí, no topaba nada porque las pailas y los barriles, todo eso estaba enterrado y con un chiquero encima para despistar. Las ranchitas que hacíamos para montar el sacatín y poner a añejar, las desmontábamos ahí mismo que terminábamos de sacar y enterrar. Acampábamos con unas lonas parecidas a las carpas de los camiones. Se trabajaba toda la noche. (Entrevistado, Paz de Ariporo, junio de 2010)

El resguardo, que tenía asiento en las cabeceras municipales, hacía rondas periódicas en las veredas de municipios como Boavita, Chita y El Cocuy. Pero por lo general, la gente ya estaba enterada de los días en los que éste planeaba ir a comisar el aguardiente, y ocultaban aparejos, guarapos y alcoholes. No faltaban vecinos delatores, pero también se menciona un espíritu comunitario de cuidar el uno del otro, lo cual hacía poco frecuente que alguien fuera aprehendido por fraude a la renta de licores. Los olores también están muy asociados a las memorias de prohibición, principalmente aquellos que expedía el guarapo al calentarse o un sembradío de anís con el que alguien pudiera toparse y de inmediato asociar su olor a los sacatines clandestinos: "Donde hay anís, hay sacatín", decía un entrevistado en Chita, que recuerda que los cultivos de esta especie eran fuertemente reprimidos en Chita y Socotá. El Gobierno perseguía y multaba a quien los tuviera. La destilación tenía que hacerse lejos, donde nadie se diera cuenta, porque el olor y la humareda hacían que cualquiera reconociera dónde estaban sacando aguardiente. En el oriente boyacense los cultivos de anís se hacían en sociedades de personas productoras y expendedoras de alcohol ilegal. Esto ocurría, por ejemplo, en la zona de Chita, donde se cultivaba hacia la parte templada. En las partes templadas de Labranzagrande y Socotá también se cultivaba el anís. Un entrevistado recuerda que a un vecino de la vereda Uchuvita, en Labranzagrande, una gente de civil que decía ser del resguardo de rentas le quemó un cultivo de anís¹⁰.

El pueblo de El Cocuy, en las estribaciones de la serranía, era lugar de paso para la gente del municipio de Guacamayas que transportaba unas botanas grandes llenas aguardiente para distribuir en varios poblados en la ruta de La Salina. Un hombre cuenta que las entradas y salidas del pueblo eran vigiladas por "los ronda", unos cinco tipos vestidos de civil, uno de ellos dotado de revólver. A la casa de su papá llegaron un día contrabandistas de aguardiente con el objeto de realizar una transacción: unos venían de Guacamayas para entregar la mercancía a otros que habían llegado del oriente a recibirla, envasarla y devolverse con ella para distribuirla en las veredas. El negocio se hizo a altas horas de la noche y en la madrugada; los revendedores partieron, justo antes de que amaneciera.

A las seis de la mañana, el resguardo llegó a la casa porque al parecer alguien denunció. No pudieron hallar rastro alguno, ni implicar a nadie. Dependiendo de la gravedad de los delitos de los que se acusaba a los sindicados por fraude a la renta de licores, éstos y sus auxiliadores podían ir a parar a la cárcel de Santa Rosa de Viterbo¹¹.

En una vereda de Paz de Ariporo (Casanare), la viuda de un hombre que comerciaba con el aguardiente que compraba en la vereda Minas niega que su venta fuera prohibida y que su marido hubiese trabajado alguna vez en ese negocio. Vive sola en una casa de unos cien años de antigüedad que resistió al incendio ocasionado por el Ejército, suceso que tuvo lugar en tiempos del surgimiento de las guerrillas liberales, entre 1949 y 1953, a las cuales se refiere como "chusma liberal". Del Aguardiente de Minas dice que nunca pensó que lo persiguieran. Su hijo, en cambio, recuerda que el padre abasteció de aguardiente y otros géneros de contrabando a las guerrillas liberales, que le daban un salvoconducto.

En el 54, cuando la pelea entre cachiporros y conservadores, nosotros vivíamos en Támara, que era un pueblito muy godo. Mi papa era conservador pero a él lo quería la chusma, que estaba abajo. Ellos le dieron un salvoconducto para moverse en la sabana porque mi papá les vendía a los chusmeros el aguardiente que hacían por allá arriba en las veredas de chita y que luego él compraba en Támara. Me acuerdo que amarraba a la mula las botas de cuero repletas de aguardiente y bajaba al Llano. Yo creo que era el único conservador que podía hacer eso. Tenía permiso para moverse por allá apenas dos días. (Entrevistado, Paz de Ariporo, junio de 2011)

En Chita, en la época de la violencia (1948-1953), la Policía y el resguardo de rentas perseguían el aguardiente de contrabando. Para contrarrestar los hechos de violencia, en muchas localidades se nombraron alcaldes militares que eran funcionarios del Ejército y de la Policía o guardias de rentas, especialmente en períodos preelectorales. De esta forma, los jefes civiles y militares cumplieron un papel más político que de protección a la sociedad civil (Acuña, 2009: 14). Este expendedor de licor, amigo tanto de los conservadores de Támara como de los liberales de La Paz, tenía formalmente un permiso para vender sal, y de manera clandestina vendía aguardiente en Moreno.

En el piedemonte llanero, veredas como La Motus también eran importantes centros de cultivo de la caña. En ella se encontraba la destilería clandestina de un tal Salomón González, una de las más vigorosas porque movía aguardiente a lo largo del camino real que va de Sácama a Manare. Salomón y su familia eran famosos por sacar el "whisky campesino", pero optaban por no contarle a nadie, ya que el licor de Salomón era bastante apetecido. Las familias sacatineras se articulaban a una red proscrita de productores de caña, mieles y anís, lo cual evidenciaba toda una especialización en los modos de producir y aprovisionar licores artesanales entre Boyacá y Casanare.

En la zona de Labranzagrande, algunas veredas ostentaban abundantes cultivos de caña. Gente de las veredas Minas y Monserrate del municipio de Chita bajaba a los pueblos de tierra caliente del piedemonte llanero a vender aguardiente. Este comercio funcionaba por encargos, entre las personas que a veces compraban licor para revenderlo. Periódicamente, los fabricantes de aguardiente lo llevaban en mulas a expenderlo en Manare, Pore y Moreno, a una clientela ya conocida. Junto con el aguardiente, también se comercializaba la sal que se extraía de la salina de Chita, pueblo éste destacado en el piedemonte casanareño por la importante producción de sal que aportó a la economía de la región (Arango, 2004).

Múcuras, moyas o moyones de barro se convertían en bienes muy preciados, en algunos casos, por la dificultad que implicaba reponerlos. Los moyones eran encargados a la gente que los elaboraba en centros alfareros como la vereda El Resguardo de Chita y en La Salina, a propósito de la producción de sal en la que se empleaban los cacharros (Arango, 2004).

Un hermano mío que ya murió hace tiempo tenía uno de esos moyones grandes, antiguos, como de los que se hacían allá en Chita; un moyón de metro y medio de alto. él cogió y lo enterró en la cocina, ahí donde la cuñada Florinda. Encima cocinaban. Pero el resguardo era fregado, y seguro a mi hermano lo denunciaron, llegó un día directo a la cocina donde estaba el moyón. Levantaron el fogón y ahí encontraron eso lleno de guarapo. como el resguardo media por litros la cantidad de guarapo comisado, y según los litros así era el castigo, entonces una señora que se llamaba catalina, que era muy vergaja, cogió una piedra de esas del fogón y se la tiró al fondo del moyón. Al romperse, ahí mismo se rego todo el líquido y el resguardo no pudo saber cuánto guarapo tenían para aplicar la sanción. (Entrevistado, Boavita, 1 de julio de 2011)

Este tipo de relatos suponen una forma particular de representar a las familias y comunidades destiladoras como colectivos con recursos económicos ínfimos y que se vieron comprometidas en la práctica de un oficio que ejercitaban durante muchos años como una forma de acceder a ingresos vitales. La idea contrasta con las imágenes de gente ladina y peligrosa que subsistía de actividades económicas ilegales. En Chitacote, una vereda del municipio de Támara, algunos empezaron a destilar aguardiente desde que se vino una gente de la vereda Minas del municipio de Chita. Allí un entrevistado cuenta que "eran pícaros entre sí", al referirse a las delaciones frecuentes entre los vecinos de la vereda. La gente estaba "toda marcada por el machete", debido a los tropeles que había en torno a las guaraperías y sitios de consumo de licor destilado en la localidad. Hace veinticinco años la guerrilla prohibió el guarapo y el chirrinche en varias localidades, entre el piedemonte casanareño y el nordeste de Boyacá. Para muchos, esta medida puso fin a la producción del aguardiente campesino. Hay quienes dicen que la medida ayudó a regular el consumo, que no sólo era detonante de conflictos que acababan en riñas, sino que también cobraba vidas por cuenta de los excesos¹².

El grupo de hombres armados llamados "chulavitas" -que fueron auspiciados por el Estado y por los directorios conservadores- surgió entre 1948 y 1953 en la vereda conocida con ese nombre, en el municipio de Boavita. En la década de 1930, la vereda Chulavita era famosa por la producción del chirrinche, aguardiente que se vendía en forma clandestina, preparado con hierbas. "A Chulavita el resguardo tenía que ir con policía", recuerda un hombre oriundo de esa vereda, quien en 1949 partió a prestar servicio a la Policía¹³. La memoria histórica de los sanguinarios chulavitas atormenta a muchos boavitanos, especialmente los nacidos en la vereda. A ella superponen la muerte de Enrique Figueroa, en 1934. Este adalid chulavita -que había sido apresado por poseer licor de contrabando- pereció en medio de una balacera durante un intento fallido de rescate. Tras la balacera en la Alcaldía, el Gobierno envió a más de cien hombres armados, entre Policía y Ejército, para pacificar los ánimos de la gente de esa vereda que estaba enardecida por la muerte de su adalid.

Lo que hicieron los chulavitas fue esconderse. Ellos sabían mimetizarse muy bien porque tenían sus cuevas y sus abrigos rocosos en los peñascos que van a dar al río que baja del nevado [del cocuy]. Allá era donde sacaban aguardiente. La Policía incendió ranchos y golpeó mujeres, pero no hubo enfrentamientos. Eso sí, por esos meses el pueblo no bajó de cincuenta agentes, que fueron muy hostiles con la población. Ese odio a los cachiporros se fue fermentando, fermentando. (Entrevistado, Boavita, 1 de julio de 2011)

La viuda del exjefe del tristemente célebre cuerpo de policías que defendieron al gobierno conservador de 1948 del alzamiento popular que amenazó con derrocarlo recuerda cómo chulavita pasó de ser una localidad y un gentilicio, para convertirse en una identificación atemorizante de quienes incendiaron casas, robaron tierras y mataron liberales a mediados del siglo XX. Para ella, la "verdadera historia" de los chulavitas dista mucho de aquella memoria histórica de los sanguinarios asesinos conservadores. Enfatiza en el hecho de que en Chulavita los antiguos se veían constantemente rodeados de autoridades que los despojaban de sus medios de subsistencia; encarcelaban a sus líderes y destruían sus posesiones. Los aspectos épicos de los relatos citados concuerdan con lo que podría llamarse el discurso subversivo del "bandolero social"¹⁴, que opone su economía agraria tradicional a la voracidad del Estado represivo y usurpador que ataca a humildes gentes, quienes, a su vez, se ven obligadas a desarrollar estrategias de defensa, las cuales conciben como un asunto de honor.

En el oriente de Boyacá, la industria del destilado artesanal es mucho más discreta y, por ende, se presentan menos casos de decomiso. No obstante, en la vereda El Sauzal del municipio de Boavita -en la zona templada, llegando al río Chicamocha- reside una familia que vive fundamentalmente, de la producción y transformación de la caña. Venden miel y aguardiente en las veredas del municipio, y los viernes, que son días de mercado, suben al pueblo a vender el "sauzalero", aunque con mucho sigilo y prudencia. El jefe de la familia es un hombre de unos sesenta y cinco años, que se apoya en su esposa, sus dos hijos varones y sus nueras para mantener la economía de la familia. Tienen un viejo bus en el cual transportan a buena parte de los campesinos que venden en el mercado de Boavita y que viven dispersos en varias veredas. Todos los viernes a las cuatro de la mañana y a las dos de la tarde, la familia de El Sauzal sube y baja a la gente, bordeando caminos pedregosos, estrechos y sinuosos. A un costado de la plaza de mercado del pueblo, el destilador de El Sauzal y sus hijos ubican el bus y desde allí realizan la venta del aguardiente. La clientela es gente conocida que entra al bus con sus envases, según la cantidad que va a comprar. Dos años atrás, la Policía bajó al Sauzal a romperle las moyas de barro al único destilador que queda por esa zona. "Un vecino envidioso y sapo, un día nos aventó a la Policía", explicó. Aunque el destilador de Sauzal perdió una moya muy preciada y difícil de conseguir, al poco tiempo volvió a armar otro alambique.

Biche del litoral Pacífico

En el Pacífico colombiano, la producción de destilados artesanales ha sido una actividad central entre los pequeños agricultores de la caña que de tiempo atrás desarrollaron mercados de productos como el tabaco, el aguardiente y la carne (Romero, 1995: 100). Comunidades agrícolas y mineras de mazamorreros, de bogas y remeros en los ríos, cultivaban plátano, cacao y caña. Del guarapo de la caña se sacaba el biche, que se diferencia del jecho o aguardiente oficial. Algunas de las localidades productoras de biche en el Pacífico están ubicadas en las riberas de los ríos Naya, Anchicayá, Dagua y Cajambre (Valle del Cauca), Saija y Micay (Cauca), y Alto San Juan y Bajo Baudó (Chocó).

Antes se destilaba en las cabeceras de las quebradas y durante la noche, para que el humo de los alambiques no alertara a los guardas colectores del aguardiente ilegal. Nadie sacaba más de dos o tres galones, ni podía almacenarlo en su casa porque el resguardo o tenencia lo confiscaba permanentemente. Los aparatos para la destilación también se escondían, junto con las existencias de aguardiente ilegal, una vez terminada la faena.

Muchas veces, por la noche, cuando secaba la marea, mandaban un posta, una persona que le avisaba a las sacadoras que al día siguiente iba a haber requisa del resguardo. Entonces ellas, durante la noche transportaban y enterraban sus aparejos y su aguardiente [...] Eso deterioraba la venta porque todo tenía que hacerse al escondido. Hoy está como más libre y más popular, aunque sabemos que sigue siendo ilegal. Lo que pasa es que el biche es una de las bases económicas de la región. (Entrevistado, Villa María, 26 de noviembre de 2010)

El resguardo no sólo se centraba en buscar mostos y destilados. También iba tras el más mínimo indicio que condujera al descubrimiento del fraude. Si en una casa había envases de vidrio, los guardas olían el interior de éstos para cerciorarse de que no fueran empleados en la destilación ilegal. La presencia de damajuanas en una vivienda indicaba que los residentes producían y vendían aguardiente. De ahí que quienes tuvieran manzanas de vidrio vacías en su casa fumaban cigarrillo Pielroja e introducían el humo dentro de esos envases para que no olieran a trago. Cuando los cántaros estaban llenos de biche, había que hacer huecos para enterrarlos. El resguardo difícilmente encontraba esos escondites, pero a los dueños del alcohol prohibido también se les dificultaba hallar sus propias caletas, y a veces perdían todas las existencias y haberes.

Un hombre en Guapí (Cauca) cuenta que en 1954, los "ladrones" del resguardo de rentas del departamento del Cauca decomisaban el biche en la boca del río Temuey. Los miembros del resguardo eran gente de la zona, nombrada por la Secretaría de Hacienda de Popayán, y que residía en la cabecera municipal. A quien le cogían una botella con olor a biche, le esculcaban hasta en el "soberao" de la casa, en busca de cántaros de aguardiente. La oficina de los agentes de rentas quedaba en el segundo piso de la galería, desde donde podían divisar la llegada de las embarcaciones. Con el tiempo fueron mermando las persecuciones, las multas y los encarcelamientos sistemáticos.

Las persecuciones, los decomisos y castigos a infractores de las rentas también ponen en evidencia tropeles, abusos y muertes. Una sacadora de biche que vive en Triana, y que tiene su sacatín en donde quedaba la casa de su mamá, recuerda que en 1962 ella acababa de asistir el parto de uno de sus hermanos y había sacado un biche para prepararse el bebedizo. En esas estaba cuando un vecino vino a decirle que la tenencia había llegado y que estaba preguntando por ella. Cuando fue a esconder las botellas, ellos ya venían desde la carrilera, subiendo por el camino que daba a su casa. Sólo alcanzó a introducirlas dentro de un canasto con ropa, pero los guardas revolcaron toda la casa hasta que las encontraron. Le explicaron que era un delito destilar aguardiente porque no era de renta y se dispusieron a llevarla a la cárcel de Cisneros. Esperando el motor pequeño que circulaba antes por el Ferrocarril del Pacífico¹⁵, ella meditó en que para evadir el juicio que le esperaba, tenía que deshacerse del cuerpo del delito. Por eso, en un descuido arrebató a uno de los guardas las dos botellas con biche y las quebró en la carrilera.

En el Chocó no fueron pocos los enfrentamientos entre familias y guardas que terminaron en la muerte de unos y otros. En otra época, Belén de Docampadó, Misará o Boca de Pepé fueron lugares en donde más se persiguió el biche y en donde el asedio desencadenó muertes violentas. Dos de ellas fueron la de Pedro Castro y el linchamiento del cabo de resguardo que lo mató. Se trataba de un sacador de aguardiente en Boca de Pepé que además era partero y curandero. Cuentan exguardas y familiares que aún viven que Pedro estaba tomando biche mientras destazaba una res en el matadero del pueblo, cuando un joven cabo recién ingresado al resguardo lo increpó. Había llegado junto con otros dos guardas y un colector desde Quibdó, con el objeto de reprimir el fraude de licores, y supuso que el viejo tendría más licor en su casa. Horas más tarde Pedro murió de un balazo en la espalda. El cabo se asustó cuando éste se adentraba en la casa a buscar una escopeta, tras una discusión. Luego huyó seguido por una de las hijas que le gritaba "asesino", mientras corría la noticia de la muerte del pariente. Una mujer que le permitió esconderse en su casa durante el resto del día y la noche terminó entregándolo a los hijos furibundos que habían llegado desde todas partes del río con el fin de lincharlo. Con una gran imaginación narrativa algunos entrevistados detallaron cómo transcurrió el velorio de Pedro Castro, al cual sólo asistieron mujeres, mientras que los hombres estaban sitiando la casa en la que luego entraron para matar al cabo, justo a la madrugada¹⁶.

Un hombre de unos 80 años de edad, nacido en Boca de Pepé (Bajo Baudó), y que trabajó entre 1961 y 1971 como guarda del resguardo de rentas del departamento del Chocó, cuenta cómo era su trabajo. De acuerdo con un programa establecido por la Secretaría de Hacienda del departamento del Chocó, el resguardo era comisionado para recorrer las poblaciones costaneras y reprender el fraude. El resguardo confiscaba fermentos y materias destiladas; detenía a los supuestos contrabandistas y les impartía multas o penas de presidio, luego del juicio previo. El trabajo del resguardo consistía en realizar comisiones ordenadas por la Secretaría de Hacienda del departamento, con el objeto de perseguir todo tipo de fraude a las rentas departamentales. Estaba compuesto por cinco guardas que recorrían los corregimientos y veredas que hacían parte de la jurisdicción de una municipalidad o provincia.

En el río Micay, la prisión se pagaba en la cabecera municipal de López de Micay. Un hombre que vive en Triana, y cuya esposa es sacadora de biche, cuenta que su abuela estuvo presa en la época en que celaban fuertemente el licor en todo el Micay. El día que la aprehendieron estaba sacando el biche, con la ayuda de sus nietos, quienes, a medida que se llenaba cada cántaro, corrían al monte a esconderlo. Casi sobre el final de la jornada apareció el resguardo. Aunque no pudieron encontrar el aguardiente que ya estaba enterrado en algún lugar del monte, los guardas alcanzaron a ver el guarapo y la paila de cobre, un utensilio del alambique muy apreciado por la gente que destilaba, dados su alto valor y su difícil consecución. Uno de los nietos tomó la paila y la arrojó a un matorral, pero un celador vio a dónde había caído. Entonces ambos se lanzaron a forcejear por el instrumento. Al final, la paila de cobre y el mostacho fueron suficiente prueba del delito para que a la abuela la arrestaran, con el agravante de que la familia se había resistido a la autoridad. Sin embargo, su nieto recuerda que en López de Micay ella tenía contactos con unos políticos liberales, que le ayudaron a que le dieran la casa por cárcel. Pagó un año, y desde allí siguió destilando. Es interesante encontrar que este relato se relaciona con la referida crítica que hacía un secretario de Hacienda del departamento del Valle en 1932, acerca de la laxitud en las sanciones impuestas a los defraudadores. En su reporte, el funcionario aseguraba que eran ineficaces medidas como la de la casa por cárcel a las mujeres, desde donde ellas podían seguir destilando.

Como se ha podido apreciar, la conexión entre las memorias de la prohibición y las situaciones de despojo -en las modalidades de arrestos, vejaciones, decomisos, multas y destrucción de géneros y enseres- está muy presente en los recuerdos. La abuela de un hombre que vive en el barrio Bolívar (en Buenaventura) sacaba biche en el río Saija. Cuenta el nieto de la difunta doña Marciana que ella siguió destilando biche en Buenaventura. En 1964, la señora sacaba biche en el kilómetro 28, por la línea férrea, muy cerca de San Cipriano. Su nieto, ahora un hombre de 55 años, que por esa época tendría 8 o 9, iba a Cisneros o a Dagua a comprarle las panelas para poner a fermentar el guarapo. Doña Marciana fue arrestada y pagó cárcel en Palmira. Recordando esos sucesos, su nieto no oculta el resentimiento hacia el Gobierno, por las injusticias que se cometieron con su abuela y su bisabuela.

En el Baudó, Buenaventura y Guapí se dice que al biche lo dejaron de perseguir a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta. En esto tuvo que ver el hecho de que las autoridades de rentas desestimaran continuar con las medidas represivas de otras épocas, y, probablemente, el clamor de muchas familias que derivaban la educación de los hijos de la producción de biche. Con el fin de la persecución, los volúmenes de licor producido aumentaron año tras año, siendo hoy muy superiores a los de aquellas épocas en las que era fuertemente reprimido. Actualmente, la producción y comercialización de biche se han convertido en un importante renglón de la economía regional, asociada a las unidades familiares. En el pasado, el oficio estuvo marcado por el ocultamiento permanente y por agotadoras jornadas de trabajo que iban desde la molienda de la caña en trapiches de mano hasta la destilación lejos de los caseríos, durante la noche. A ese pasado de ocultamiento y temor constantes a los decomisos; de pérdida frecuente de aparejos y cántaros o damajuanas que eran enterrados -cuando no destruidos-, se opone un presente en donde el biche es público. Es decir, no hay que esconderse para destilarlo o consumirlo. Hoy el biche puede destilarse en la cocina o en el patio de la casa, durante las horas del día y con una regularidad de una o dos veces por semana.

Reflexiones finales

Al convertir en historia al pasado cercano, uno se aproxima a los problemas de la conciencia como algo que atañe a un presente histórico (Hobsbawm, 1998), y esto perfila una dialéctica entre la estructura que explica el funcionamiento de un sistema político administrativo y el suceso, la experiencia o el acontecimiento que es comprendido a partir del testimonio. De ahí que los recuerdos de persecuciones, multas, decomisos y encarcelamientos de personas que ejercían la destilación casera y artesanal de licores sean la huella dejada en la memoria individual y colectiva por ese proceso muy específico de la penetración del Estado, a través del diseño y puesta en marcha de determinados sistemas de fiscalización, punición y vigilancia en la monopolización estatal de alcoholes. Resulta sugerente conectar esas memorias de los destiladores o parientes que conocen o conocieron el oficio en las provincias de los departamentos, con la trayectoria del monopolio licorero como régimen de acumulación capitalista estatal en Colombia.

Del mismo modo, también resulta interesante encontrar que las memorias de la destilación proscrita, en cuanto memorias de asedios y conflictos aquí y allí, han estado y siguen estando muy vinculadas con las trayectorias de la violencia en Colombia, la cual se teje con hilos culturales en una trama permanente y, en esa medida, siempre cambiante de interrelaciones sociales (Blair, 2005: 14).

Las filigranas de la violencia en sus múltiples formas son esas complejas tramas de significado que construyen los sujetos individuales y colectivos despojados, a partir de los modos en que elaboran, transforman e interpretan hechos y acontecimientos en la "larga duración de la memoria" (Portelli, 1989: 5). Involucran el plano de las connotaciones simbólicas de actos y acontecimientos considerados como violentos y enfatizan en la cadena de significados que se derivan. La trama de producción de memorias de la prohibición va desde reconstrucciones imaginarias de sucesos hasta la ubicación de los mismos dentro de un contexto histórico. Los relatos del ocultamiento, la represión, el despojo y el desafío abierto o encubierto acaban conectándose con experiencias de violencia e ilegalidad rememoradas. La violencia es un rescoldo que no termina de apagarse, de úlceras nunca curadas. Hacen parte de las estrategias de vida del campesinado fustigado por la violencia latente, que va acumulando frustraciones y decepciones implícitas a lo largo del tiempo (Fals Borda, 2009: 167).

La historia de un saber hacer, un saber recordar, supone un entramado de imágenes que se presentan a manera de filigranas de violencia, resiliencia y resistencia que dicen mucho acerca de las diversas y complejas formas en que los grupos subordinados conciben y afrontan órdenes hegemónicos, a través de símbolos, palabras y movimientos inscritos en las retóricas y los hábitos del recuerdo. Son filigranas que dejan ver la destrucción y reinvención de mundos sociales, tanto como la transmisión de sentido a través de narrativas y actos performativos cuidadosamente entretejidos en la larga duración, por cuanto las experiencias de violencia habitan más allá de los actos violentos, aun si tales actos se consumaron mucho tiempo atrás. Esas memorias tienen un sentido revelador cuando se miran más allá de sí mismas, para ponerlas en relación con marcos históricos estructurales que elucidan por qué en otros lugares existen similares experiencias. Aparecen como configuraciones epistémicas alternativas a la modernidad, es decir, formas de pensar y hacer que fueron menoscabadas por la modernidad del saber, y que en estos tiempos emergen y se afirman en un sentido crítico, contestatario, respecto a esa modernidad (Mignolo, 2002).

A pesar de los años transcurridos, algunos de estos testimonios están cargados aún de cierta excitación, como si no hubiese pasado el tiempo. Esa idea del vínculo inextricable y atávico entre la violencia y las memorias de grupos y poblaciones despojadas y desarraigadas, tal vez requiera ejercicios etnográficos e históricos en donde sea necesario problematizar acerca de las interrelaciones entre economía, poder y cultura en los escenarios locales, sin perder de vista sus articulaciones con los marcos regionales y globales. Lo anterior aterriza en la emergencia de una antropología contemporánea que se preocupa por mapear las especificidades históricas del capitalismo y sus articulaciones espaciales; que lleva a cabo proyectos etnográficos que ahondan en la exploración sistemática de patrones de desigualdad dentro de historias y espacios específicos. De esa inquietud surgieron los temas de la memoria en los contextos etnográficos habituales -en el caso de los destilados artesanales- y sus vínculos con la historia económica regional del monopolio licorero.

Comentarios

¹ El sistema de asiento consistía en la licitación y concesión que el departamento hacía a personas naturales y asociadas que por un determinado tiempo destilaban el aguardiente de renta.

² El Valle del Cauca comprendía las provincias de Buga, Palmira, Cali, Roldanillo, Tuluá, Cartago y Buenaventura (Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Informes Secretaría de Hacienda. Año: 1913. Tomo: 20, folio. 7. Cali). Boyacá comprendía las provincias de Centro (Tunja), Ricaurte (Moniquirá), Occidente (Chiquinquirá), Norte (Soatá), Valderrama (Tasco), Márquez (Ciénega), Tenza (Guateque), Neira (Miraflores), Tundama (Santa Rosa), Sugamuxi (Sogamoso), Nunchía (Nunchía), Arauca (Arauca) y Gutiérrez (Cocuy). Los extensos llanos orientales de Casanare también hacían parte del departamento de Boyacá (Archivo de la Gobernación de Boyacá. Fondo: Informes del gobernador. Año: 1911. Tomo: 12, folio 38. Tunja).

³ Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Ordenanzas. Año: 1912. Tomo: 19, folio 7. Cali.

⁴ Archivo de la Gobernación de Boyacá. Fondo: Informes del gobernador. Año: 1911. Tomo: 12, folio 43. Tunja.

⁵ Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Informes Secretaría de Hacienda. Año: 1915. Tomo: 22, folio 10. Cali.

⁶ Archivo de la Gobernación de Boyacá. Fondo: Informes del Gobernador. Año: 1911. Tomo: 12, folio 34. Tunja.

⁷ Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Informes Secretaría de Hacienda. Año: 1919. Tomo: 26, folio 9. Cali.

⁸ Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Informes Secretaría de Hacienda. Año: 1920. Tomo: 27, folio 10. Cali.

⁹ Archivo de la Gobernación del Valle del Cauca. Fondo: Ordenanzas. Año: 1912. Tomo: 19, folio. 7. Cali.

¹⁰ Entrevistado en Labranzagrande, abril de 2012.

¹¹ Entrevistado en El Cocuy, 4 de julio de 2011.

¹² Entrevistado en Labranzagrande, 15 de abril de 2012.

¹³ Entrevistado en Boavita, 1 de julio de 2011.

¹⁴ El bandolerismo social remite a una forma tradicional de conciencia popular de protesta, rebeldía, y de actuación política popular (Hobsbawm, 1991: 70).

¹⁵ El Ferrocarril del Pacífico, que venía construyéndose desde hacía cuarenta años, llegó a Cali por primera vez en 1915, procedente de Buenaventura (Centro Virtual Isaacs, 2004). Posteriormente, entre 1926 y 1946, se construyó la carretera al mar. Tanto el ferrocarril como la carretera fueron acontecimientos que incidieron en el incremento y concentración de la población que luego formaría comunidades, a partir de la modernización de las infraestructuras del transporte. éste parece haber sido el caso de Triana, que es hoy un pueblo atravesado por el ferrocarril y ubicado en el kilometro 43 de la vía a Cali.

¹⁶ La historia de la muerte de Pedro Castro fue recogida a partir de varios testimonios.

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