Políticas indigenistas en Argentina: entre la hegemonía neoliberal de los años noventa y la "nacional y popular" de la última década^*

Claudia Briones^**

^** Ph.D. en Antropología, University of Texas, Austin, Estados Unidos. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Argentina. Correo electrónico: brionesc@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda21.2015.02

RESUMEN:

Un balance de las políticas indigenistas que se limite a detallar los marcos legales vigentes, a describir las medidas adoptadas, o a explicitar lo que no se ha hecho o falta por hacer, dice poco de otros parámetros igualmente importantes para la evaluación de tales políticas, en cuanto procesos de construcción de hegemonía cultural, cuyos efectos requieren ser ponderados desde otros factores, ya sea a través de la redefinición de los campos de interlocución política, de las resignificaciones en las ideas y prácticas de ciudadanía o de sus impactos al nivel de las subjetividades. A partir de la experiencia argentina, este artículo discute la idea de sedimentación de dispositivos neoliberales, en un contexto de reapropiación hegemónica de un horizonte de soberanía "nacional y popular" sobre los territorios y recursos. El análisis de los efectos de las políticas indigenistas de la última década sobre el movimiento indígena enfatiza por tanto el examen del modelo de desarrollo adoptado y las transformaciones en las formas de caracterizar la plebs -el campo de lo popular o de los menos privilegiados-, en cuanto parte tangencial o medular del populus o pueblo de la nación y, por ende, del demos, el espacio de quienes pueden "legítimamente" dar forma y contenido al populus y poner su mundo en palabras.

PALABRAS CLAVE:

Políticas Indigenistas, luchas indígenas, neoliberalismo, neodesarrollismo, Argentina, ciudadanía

Indigenist Policies in Argentina: between the Neoliberal Hegemony of the nineties and the "National-Popular" emphasis of the past decade

ABSTRACT:

A review of indigenist policies that is limited to detailing existing legal frameworks, describing the measures adopted, or specifying what has not been done or what needs to be done, says little of other parameters that are equally important for evaluating such policies as processes of construction of cultural hegemony, the effects of which must be weighted by other factors, by redefining the fields of political dialogue, resignifying the ideas and practices of citizenship and their effects on subjectivities. Based on the Argentine experience, this article discusses the idea of sedimentation of neoliberal measures in a context of hegemonic reappropriation of a perspective of "national and popular" sovereignty over territories and resources. This analysis of the effects of the indigenist policies of the past decade upon the indigenous movement therefore focuses on examining the development model that has been adopted and transformations in the ways of characterizing the plebs (the field of the popular or the least privileged) as either a tangential or an essential part of the populus or the people of the nation and, therefore, of the demos, the space of those who can "legitimately" give form and content to the populus and put their world into words.

KEY WORDS:

Indigenist policies, indigenous struggles, neoliberalism, neodevelopmentalism, Argentina, citizenship.

Políticas indigenistas na Argentina: entre a hegemonia neoliberal dos anos 1990 e a "nacional e popular" da última década

RESUMO:

Um balanço das políticas indigenistas que se limite a detalhar os marcos legais vigentes, a descrever as medidas adotadas ou a explicitar o que não se tem feito ou falta fazer, diz pouco de outros parâmetros igualmente importantes para a avaliação dessas políticas enquanto processos de construção de hegemonia cultural, cujos efeitos requerem ser ponderados a partir de outros fatores, seja por meio da redefinição dos campos de interlocução política, das ressignificações nas ideias e práticas de cidadania ou de seus impactos no âmbito das subjetividades. A partir da experiência argentina, este artigo discute a ideia de sedimentação de dispositivos neoliberais num contexto de reapropriação hegemônica de um horizonte de soberania "nacional e popular" sobre os territórios e recursos. A análise dos efeitos das políticas indigenistas da última década sobre o movimento indígena enfatiza, portanto, o exame do modelo de desenvolvimento adotado e as transformações nas formas de caracterizar a plebs —o campo do popular ou dos menos privilegiados— enquanto parte tangencial ou medular do populus ou povo da nação e, por consequência, do demos, o espaço dos que podem "legitimamente" dar forma e conteúdo ao populus e pôr seu mundo em palavras.

PALAVRAS-CHAVE:

Políticas indigenistas, lutas indígenas, neoliberalismo, neodesenvolvimentismo, Argentina, cidadania.

Este artículo busca explorar dos paradojas que localizan fuertemente lo que puedo y quiero pensar y decir como antropóloga y como ciudadana. Primero, hace más de tres décadas ya que la neoliberalización de la economía y la política fue en parte de la mano del afianzamiento -incluso constitucional- de políticas de reconocimiento que incorporaron los derechos indígenas como valor gubernamental en la gestión de la diversidad por parte de varios países de América Latina. En términos explicativos, se fueron gestando consensos amplios sobre las características y los efectos de esta afinidad durante dicho período, que se buscó ilustrar desde conceptos como "multiculturalismo neoliberal" (Hale, 2002), "etnogubernamentalidad" (Boccara, 2007), "ecogubernamentalidad" (Ulloa, 2004), entre otros. No obstante, al menos desde la última década, el neoliberalismo viene siendo cuestionado por los gobiernos y sociedades de algunos países del continente. En Argentina, y tras una severa crisis que socialmente es adjudicada a los efectos de las "políticas neoliberales" de los noventa, se inaugura en 2003 un período en el que progresivamente se retoman -aunque con otros acentos- discursos que auguran el retorno al ideario "nacional y popular", ligado de manera simbólica al peronismo de los años cuarenta y, sobre todo, setenta. Aunque los marcos jurídicos del reconocimiento gestados en plena era neoliberal permanecieron inalterados, se registra una transformación en los estilos de construcción de hegemonía cultural. Este cambio produce una adhesión social diferente que también arrastra a buena parte de las bases y dirigencias indígenas. Esa adhesión es un síntoma que requiere ahondar en qué fue lo que cambió, aunque en ciertos aspectos pareciera no haber cambiado mucho.

Segundo, si en el país el tema indígena escasamente ha sido tópico de la agenda pública, el mismo ingresa paulatinamente como foco de un desacuerdo que, hacia mediados de 2013, se escenifica en los medios de comunicación nacional y pone en evidencia discrepancias que se empezaron a hacer visibles a partir de las conmemoraciones del bicentenario de 2010. En poco tiempo, esas discrepancias tendieron a articularse como parte del antagonismo generalizado que, en apariencia, estaría partiendo la sociedad entre "Ks-antiKs", en referencia a los estilos de gestión de los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). Tanto los quiebres en la adhesión como sus modos de expresión pública son también síntomas que se deben tener en cuenta, para preguntarse por qué se nacionalizó "la cuestión indígena", como otro de los puntos de un desacuerdo que muestra la fragilidad de los procesos hegemónicos, y que ha atravesado incluso el campo de una militancia indígena que antes se encontraba alineada en sus reclamos.

En estos marcos, un balance de las políticas indigenistas en Argentina que se limite a detallar los marcos legales vigentes, a examinar las medidas adoptadas y a explicitar lo que no se ha hecho o falta por hacer tiende a quedar apresado por la lógica del "vaso medio lleno o medio vacío". Dice, sin embargo, poco de otros parámetros igualmente importantes para la evaluación de tales políticas, en cuanto procesos de construcción de hegemonía cultural, cuyos efectos requieren ser ponderados desde otros factores, ya sea a través de la redefinición de los campos de interlocución política, de las resignificaciones en las ideas y prácticas de ciudadanía o de sus impactos al nivel de las subjetividades. Elijo, por tanto, otro camino, pues entiendo que ambas paradojas abren no sólo interesantes preguntas sobre los procesos de sujeción y subjetivación, sino también un debate igualmente interesante sobre cuán sedimentados o transmutados acaban operando ciertos dispositivos neoliberalizadores cuando se rearticulan en y desde distintos estilos de construcción de hegemonía.

Al primer respecto, sostengo que los conceptos de cooptación y clientelismo no alcanzan a explicar el porqué de las adhesiones. Argumentaré, por el contrario, que lo que influye en la aceptación -o rechazo- de iniciativas que incluso contradicen demandas de larga data es la manera en que se acuerda o no con contratos de subjetivación política (Escolar, 2007) más amplios. Más que en torno a la satisfacción de reclamos puntuales, adhesiones y desacuerdos vienen orbitando centralmente en Argentina en torno a cómo se caracteriza a la plebs -el campo de lo popular o de los menos privilegiados-, en cuanto parte tangencial o medular del populus o pueblo de la nación y, por ende, del demos, el espacio de quienes pueden "legítimamente" dar forma y contenido al populus y poner su mundo en palabras¹.

En lo que respecta a sopesar la sedimentación o transmutación de perspectivas y dispositivos neoliberales, argumentaré que se está afianzando una visión neodesarrollista que, cuando se imbrica con un ideario "nacional y popular", posibilita ciertas transformaciones, pero pone a la vez topes muy concretos a la implementación efectiva de los derechos indígenas reconocidos. Más precisamente, si en algunos aspectos las perspectivas y los dispositivos neoliberales y neodesarrollistas parecen converger en ciertas restricciones, la implementación plena de esos derechos queda rearticulada desde horizontes hegemónicos diversos. Y esa rearticulación, al menos en Argentina, está generando procesos diferenciados, no sólo ya de anclado de la idea de nación, de las condiciones para "su desarrollo", y de (di)gestión de la diversidad cultural, sino fundamentalmente de definición y tramitación de la conflictividad social y política más amplia, lo cual afecta tanto los términos del agenciamiento político indígena como sus formas de expresión.

Para explicar mis argumentos, este artículo se desarrolla en cuatro partes. La primera identifica qué iniciativas concretas fueron provocando adhesiones en un campo indígena que durante los noventa se articuló con base en criticar las prácticas estatales. En la segunda exploro los detonantes y términos del desacuerdo sobre el alcance de los derechos indígenas. A continuación discuto las semejanzas y diferencias entre neoliberalismo y neodesarrollismo. Esbozo, por último, algunos desafíos analíticos que plantea la coyuntura.

Caminos de (re)encuentro (2003-2010)

En la última década del siglo XX se justificaron profundas transformaciones en la racionalidad gubernativa, como modo de poner a Argentina en sintonía con los dictados del Primer Mundo. Es en este marco, y en paralelo con una activación de los reclamos indígenas, que la reforma constitucional de 1994 incorpora el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, en un país que recién en 1985 dictó la primera ley indigenista integral, amparado en la idea históricamente forjada por la formación nacional de alteridad de "tener pocos indios". Más allá de esta adecuación formal, fueron lentas y escasas las iniciativas para cumplir con los nuevos mandatos constitucionales, lo que nos llevó a hablar de estilos de gestión de la diversidad, donde preponderaba un neoindigenismo que, en todo caso, operaba desde una retórica multicultural (Briones y Carrasco, 2003). Así, las iniciativas indigenistas coexistían con medidas propias de la neoliberalización de las prácticas de gubernamentalidad, en lo que respecta a fomentar la privatización de responsabilidades estatales vía la tercerización de servicios sociales claves; la redefinición de los sujetos gobernables como "poblaciones vulnerables con capital cultural" autorresponsabilizadas de la regulación de sus conductas; la conversión de dirigentes políticos en gestores; y cierta banalización de categorías de lucha, transformadas en discurso estatal, a veces de manera bastante anodina. En este sentido, buena parte de las demandas indígenas interpelaban al Estado como antagonista principal, por su historia, pero sobre todo por su baja voluntad para honrar los compromisos jurídicos internacionalmente vigentes y constitucionalmente adoptados como propios.

Por ello, resulta tan relevante preguntarse qué hizo posible que, a pesar de voces en contrario y algunos contrafestejos paralelos, se llegara a la conmemoración del Bicentenario, en 2010, con una marcha multitudinaria de los pueblos indígenas a la Casa de Gobierno, donde, en la entrevista con la Presidenta, varios de los referentes más visibles de diversos pueblos indígenas del país le agradecieron e hicieron evidente -como pocos eventos antes- un escenario inédito de convergencia y diálogo para plantear reclamos y visiones propias. Más urgente resulta esta pregunta cuando advertimos que "la cuestión indígena" nunca formó parte de la agenda pública de las gestiones de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, donde Néstor ejerció la gobernación, y Cristina, la senaduría nacional por más de un período (Briones, 2012).

Analicé en otra parte el proceso por el cual estas convergencias se fueron gestando al calor de iniciativas indigenistas que fueron dando respuesta a reclamos largamente demandados, por lo que sintetizo el proceso aquí (Briones, 2011).

Luego de una primera interpelación al presidente Néstor Kirchner en un acto público que realizó en 2003 en Bariloche, se acuerda la realización en 2004 de foros regionales y del Foro Nacional "Derecho de los Pueblos Indígenas en la Política Pública". Se sientan a dialogar por primera vez representantes de más de veinte pueblos indígenas, de la sociedad civil y del Gobierno argentino, para la elaboración de un currículo de demandas y propuestas de acción al Estado argentino, mediante el trabajo en distintas comisiones (Territorio; Personalidad Jurídica; Biodiversidad; Interculturalidad).

En 2004, se crea el "Consejo de Participación Indígena" como forma de incorporar la representación indígena que ordena la Ley 23302 de 1985 dentro del órgano indigenista federal, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En 2008, la constitución del Consejo de Coordinación dentro del INAI da nuevo impulso a la demorada incorporación de indígenas como asesores del órgano indigenista.

A fines de 2006, se crea la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A su frente, se fue poniendo a referentes que venían representando las posturas más radicalizadas dentro del movimiento indígena. Devienen así "funcionarios" dos activistas mapuches de alto perfil crítico respecto del Estado-nación argentino en los años noventa: Jorge Nahuel (de 2006 a 2008) y Roberto ñancucheo, desde entonces hasta la actualidad.

Se promulga en 2006 la Ley 26160, que suspende por cuatro años los desalojos de comunidades indígenas judicializadas y ordena el relevamiento de las tierras de comunidades de todo el país².

Se sanciona en 2009 la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que canaliza demandas de derecho a la comunicación con identidad y alienta la creación en 2011 de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, a la cual se incorporan numerosos jóvenes.

Se crea en noviembre de 2010 el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Renopi), para "defender y desarrollar su participación en el proceso socioeconómico de la nación".

Pero, más destacable aún, en paralelo a estas iniciativas, ha ido reapareciendo una valoración de lo "nacional y popular" que ha sido clave en otros momentos de la historia argentina, constituyendo la base de los contratos de ciudadanía del Estado de bienestar concretado por el peronismo hacia mediados de siglo XX. Esos contratos, y su época, son recordados masivamente por los indígenas como el momento en que "Perón nos hizo gente" pues, como parte de los sectores populares, ellos quedaron incluidos en una plebs dignificada, como parte del pueblo argentino trabajador -y, en un registro más afectuoso, como lo que Eva Perón llamaba "mis grasitas"-, para desafiar a las élites, que los calificaban de "cabecitas negras" o de "aluvión zoológico", cuando migraban a los centros urbanos.

Sin embargo, en su reaparición, la subjetividad cívica oficialmente promovida no recrea con exactitud los estilos de los años cuarenta y setenta con los cuales se identifican generacionalmente los esposos Kirchner. Se comparte, sí, con versiones precedentes de "lo nacional y popular" una relectura de la formación nacional de alteridad que, a la par, propone y busca un reposicionamiento del país en el sistema-mundo. Como síntesis de esta relectura, explica el presidente del INAI, Daniel Fernández, que, con las administraciones de los Kirchner, el país retomó el perdido "rumbo nacional y latinoamericano", lo cual implica reconocer que somos "una Nación cohesionada en su raíz mestiza y en la pluriculturalidad, junto a un Pueblo multiétnico sujeto histórico de la soberanía" (Fernández, 2010). En líneas generales, a la par de enfatizar la necesidad de transformar el Estado en dirección opuesta al neoliberalismo -cuya promesa medular consistía en hacer ingresar de lleno a Argentina en un "Primer Mundo" ahora puesto bajo sospecha geopolítica-, se llama a los indígenas a trabajar desde adentro de lo estatal para ayudar a concretar tal meta. No obstante, y como marca de época, la propuesta actual de pertenencia ciudadana recepta de modo peculiar la idea de una diversidad interior que ya no se lee únicamente en términos de clases sociales, como en los años setenta, sino también de diferencias culturales.

Son todos estos elementos, entonces, los que parecen haber ido reactivando una histórica adhesión indígena con el peronismo, adhesión que lleva a varios dirigentes a reconocer en 2010 que "los gobiernos K" abrieron espacios de diálogo sin precedentes entre el Estado y los indígenas. No estoy diciendo que esa adhesión haya sido total, pues ciertos referentes mantuvieron en el proceso posiciones independientes. Lo que es interesante es que las voces disidentes parecieron ir ocupando en este período lugares cada vez más marginales, al reconocer, incluso, que la extendida aceptación de los actos de gobierno entre las bases indígenas volvía, de alguna manera, inoperantes las críticas abiertas. Igualmente destacable es que las mismas formas en que se fueron redefiniendo "lo nacional" y "lo popular" y que propiciaron alta aceptación fueron también abriendo espacios para discrepancias y desacuerdos dentro del movimiento indígena, y por parte de éste con la administración nacional, como empezó a quedar evidenciado en el mismo Bicentenario.

Síntomas de discrepancia y rupturas

Tras ocho días de camino, la marcha indígena del Bicentenario quedó coronada con la entrega a la Presidenta de tres documentos³. Enmarcados en la idea de "reparación histórica a una deuda histórica", en ellos se le solicita que tome medidas orientadas a hacer efectiva una reparación territorial, con la implementación del Derecho a la Consulta y Consentimiento; una reparación Cultural/Educativa; una reparación de la Madre Naturaleza que ponga freno al avance de las industrias extractivas y contaminantes; la creación de un ministerio Intercultural Indígena, con plena participación de las organizaciones; y una reparación económica mediante la creación de un Fondo Especial Permanente (Fondo Fiduciario) con presupuesto suficiente para implementar los Planes de Vida que cada Pueblo defina en sus territorios, a fin de alcanzar un Desarrollo desde la Identidad⁴. A su vez, quienes en el acto tomaron la palabra para dirigirse a la Presidenta -desde un acuerdo previo que, según dijeron, involucró el consenso de más de doscientas autoridades territoriales que agrupan a más de ochocientas comunidades- lo hacen no sólo agradeciéndole ser recibidos, sino también enfatizando que las demandas que constan en los documentos, particularmente la de reconocimiento de los territorios, no se plantean de manera "confrontacional", sino proponiendo estrategias de acompañamiento mutuo para defender los intereses del país. Interpelada como "mejor aliada", le dicen que ella puede "resolver todas esas deudas pendientes que el Estado tiene con los Pueblos Indígenas", por el "coraje" que ha demostrado hasta el momento. Entre los obstáculos, se menciona que la Presidenta aprobó leyes que no se cumplen, y que "a veces ni se entera la Presidenta de lo que está pasando en provincias", tal como ocurre con los desmontes y la contaminación.

La respuesta a estos planteos no fue bien acogida por todos. Primero, porque la Presidenta enfatiza que no sólo los indígenas han sido discriminados en el país, armando una cadena amplia de postergaciones -"todos hemos sufrido mucho estos doscientos años"- que incluye no sólo a desposeídos no indígenas y a los reprimidos y desaparecidos por cuestiones políticas, sino también a las discriminaciones de género y opción sexual. Relativiza, así, la idea de "reparación histórica", que, como destaca Diana Lenton (2014), oficia de marco de las demandas indígenas desde el irigoyenismo de las primeras décadas del siglo XX. Y también, porque agrega que, más que crear estructuras estatales nuevas, a ella le interesa fortalecer estructuras comunitarias, y que "debemos aceptar vivir mejor". Deriva de esto que, como presidenta, seguirá promoviendo la explotación del petróleo, para no tener que importarlo. En este sentido, insta a los indígenas a ser "inteligentes", "sensatos" y "realistas", aceptando los avances de la modernidad.

Estas palabras generan cierta tensión. Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan, le responde: "Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones [...] voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales". Por tanto, a pesar de que al día siguiente el INAI anunció diversas iniciativas derivadas del Encuentro para afirmar "el camino de inclusión social y de reconocimiento y reparación histórica de los pueblos indígenas argentinos"⁵, en los días sucesivos empiezan a darse intervenciones que dan testimonio de cierto desencanto, por el escaso compromiso demostrado⁶, e introducen algunas críticas que luego serán sistemáticamente elaboradas por parte de algunos de los promotores del encuentro⁷.

En agosto de ese mismo año, el presidente del INAI da a conocer el ensayo histórico de su autoría ya citado (Fernández, 2010) (ver Briones, 2011). Tan potentes como su llamado a trabajar juntos para modificar el Estado desde dentro -identificando como enemigo común los intereses oligárquicos responsables de la consolidación de un Estado moderno negador de lo indígena- resultan otras dos afirmaciones que, a la par de mostrar los anclajes contemporáneos del ideario "nacional y popular", contradicen dos demandas sostenidas del movimiento indígena. En contra de una recurrente apelación indígena a respetar los lineamientos jurídicos emanados de ámbitos internacionales para evidenciar la recurrente violación de los derechos reconocidos, Fernández los caracteriza como una manera de intervencionismo imperial, esto es, "cuñas de injerencia extranjera" sobre la soberanía estatal. Ante demandas que buscan que Argentina se reconozca como plurinacional, el presidente del INAI sostiene que los reclamos de plurinacionalidad amenazan la integridad del Estado-nación y atentan contra la posibilidad de sostener la unidad nacional y popular necesaria para oponerse a la herencia oligárquica en la conformación de la nación argentina.

Paulatinamente, la convergencia escenificada para el Bicentenario se va resquebrajando, no sólo porque las medidas demandadas no toman la forma esperada, sino también porque ciertos episodios de represión y cierre selectivo de canales de diálogo hicieron patentes los alineamientos del Gobierno nacional con uno de los gobiernos provinciales más denostados por su irrespeto de los derechos indígenas. Identifico, así, dos puntos de ruptura explícita que se dan en paralelo y que parecen operar como catalizadores de una polarización dentro del campo indígena, que también se irá rearticulando desde y hacia campos políticos más amplios. Ambos puntos difieren de alguna manera, de la expresión del foco principal de desacuerdo, que es la política extractiva. Me refiero a los debates en torno al proyecto del poder ejecutivo de reforma del Código Civil y Comercial, y a la sucesión de acciones violentas contra integrantes de la comunidad Qom La Primavera de Formosa, acciones que incluyen desalojos violentos, muertes y maltratos recurrentes desde 2010, que recrudecen a partir de 2011⁸, y que sectores disidentes adjudican a una creciente criminalización de las protestas. Tal polarización va quedando cada vez más representada a través de sendos espacios de organización, el "opositor" Consejo Plurinacional Indígena y el "oficialista" Enotpo⁹, desde una dinámica que, con el tiempo, comporta la redefinición de alineamientos con sectores no indígenas. A su vez, ambos procesos se enlazan, no sólo porque Félix Díaz forma parte del Consejo Plurinacional Indígena y este espacio lo acompaña en sus denuncias, sino también por cómo se irán reubicando, en el transcurso de los acontecimientos, los apoyos y acompañamientos. Mientras que algunos se suman a las críticas¹⁰, otros sugestivamente van desapareciendo hasta cambiar de signo¹¹. En todo caso, lo que se hace evidente es que el desacuerdo sobre las políticas indigenistas va quedando enlazado con debates más amplios sobre otras políticas gubernamentales.

En este marco, que el Enotpo repudiase los ataques a miembros de la comunidad La Primavera hasta mayo de 2013¹² hace más relevante la pregunta sobre cómo se llega a que el desacuerdo indígena tome estado público de la forma en que lo hace hacia fines de junio de 2013, cuando en medios oficialistas se acusa a Félix Díaz de ser un "indio de aeropuerto", y en medios opositores se califica a ñancucheo de "indio trucho". Lo inédito de este cruce mediático amerita describir brevemente sus términos, para ver las formas de expresión de los "conflictos" identificados por las distintas partes involucradas. Veamos.

El 25 de junio, al día siguiente de que Félix Díaz fuera recibido por el Papa, Fernández, como presidente del INAI, y ñancucheo -presentado como "líder mapuche, representante nacional del Encuentro Territorial de Pueblos Originarios, referente de Pueblos Originarios con larga trayectoria en werkén, vocero de la Confederación Mapuche Neuquina y titular de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales"- asisten a un programa televisivo oficialista, para denostar el pedido de audiencia a una institución como la Iglesia católica, "por ser responsable histórica del sometimiento indígena en nuestro continente"; que los medios opositores usen el tema para seguir atacando al Gobierno; y la propia figura y trayectoria de Félix Díaz, a quien califican de "indio de aeropuerto".

En la mañana del 26 de junio, un medio radial opositor entrevistó a Jorge Nahuel -presentado como vocero del Consejo Plurinacional Indígena e integrante del mismo espacio político y comunitario de ñancucheo- para que hablara del reciente comunicado de la Confederación Mapuche Neuquina, donde se desautorizan no sólo los dichos sino también la figura de ñancucheo. El interés de los periodistas pasa porque Nahuel explique "quién es ñancucheo"; si este "funcionario indígena" fue "expulsado" de su comunidad -y por qué-; cuál era su sueldo como funcionario; y la opinión del entrevistado frente a la ley de medios y a la acusación que se hace a Félix Díaz por haber ido a ver al Papa.

Ante las presiones retóricas de los entrevistadores, Nahuel rechaza el calificativo de "indio trucho" con el que los periodistas buscaban denostar a ñancucheo, y apoya la ley de medios. Sostiene, así, que "la ley de medios es un enorme avance para nosotros, la reivindicamos como muchas de las políticas de este gobierno que han dado respuesta a histórica a problemas de los sectores desposeídos". Lleva, empero, el debate a criticar lo inescrupuloso de una política que se dice participativa pero sigue aplicando el modelo extractivo depredador. Aclara que es un acto de hipocresía que se denueste a Félix Díaz por ir a ver al Papa, cuando el Gobierno se sienta con Barrick Gold, Monsanto y Chevron. En este sentido, aclara: "Nosotros no le pedimos a la Presidenta que se desangre por nosotros. Lo que le decimos es que no nos entregue a las multinacionales atados de pies y manos". Solicita financiamiento para que los avances no devengan meros actos retóricos y demagógicos, desde un doble razonamiento que realiza otra lectura del anclaje "nacional y popular". Por un lado, censura que se acuse a los indígenas de "idiotas útiles" si hacen solicitudes a fondos privados o a la cooperación internacional para obtener financiamientos que el Estado no provee, que "nos deja desarmados". Por el otro, cuestiona la forma en que se trabaja la relación entre desigualdad y diferencia, al sostener que "tenemos que seguir sobreviviendo en los márgenes del país, desde un enfoque solamente de pobreza como ocurre hoy". Brinda, por último, otra clave de por qué renunció a la Dirección de Pueblos Originarios y de lo que lo diferencia de ñancucheo: "Yo fui parte pero renuncié porque me dijeron que no me ocupe de la explotación petrolera o de la megaminería [...] Me estaban diciendo que me limitara a una política folklórica". Declaraciones de distintas organizaciones indígenas seguirán a estos intercambios, lo cual recrudece la imagen de polarización.

Si es la visita al Papa lo que da relevancia mediática a una "cuestión indígena" por lo general ausente de los debates políticos que se expresan en y a través de los medios de comunicación en Argentina, son ciertos eventos previos los que nos dan mejor percepción de los términos del desacuerdo que ha ido atravesando las lecturas indígenas y marcando, o bien la ruptura explícita, o bien la continuada adhesión a la postura de los funcionarios indigenistas. En lo inmediato, se debe tomar en cuenta que, a principios de junio de 2013, el Consejo Plurinacional Indígena realizó en Formosa una Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, de donde sale una carta a la Presidenta de la nación que formula severas críticas a la gestión, y la iniciativa de realizar una vigilia en la Plaza de Mayo hasta ser recibidos por la Presidenta. En esa carta se expresa:

"Vemos alarmados cómo nuestros territorios utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanía. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburífera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del Fracking (fractura hidráulica), o enormes extensiones otorgadas a la megaminería, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000%, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequias, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina". Se incluyen otras denuncias (la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del Programa de Relevamiento Territorial; el tratamiento que se está dando al Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación; la protección dada a empresas extractivas; el violentamiento sistemático al derecho a la Consulta; la criminalización y penalización por el poder de las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas) y se notifican una serie de decisiones (iniciar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes en la implementación de la ley de relevamiento de tierras; solicitar la supresión de los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena del Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación para avanzar hacia una Ley Especial sobre Tierras y Territorios con participación indígena) que, en lo inmediato, comportan trasladarse a Buenos Aires para solicitar una entrevista urgente con la Presidenta. Se designan diez hermanos y hermanas, que oficiarán de voceros del mandato de la Cumbre; entre ellos a Félix Díaz y a Argentina Quiroga, explicitando que "este reconocimiento que realiza el conjunto de autoridades indígenas es a la conducta política, ética y espiritual de ambos hermanos, es un mandato también para que actúen con plena autoridad, respaldados por el conjunto de los pueblos originarios presentes¹³".

La única respuesta pública del Gobierno a esta iniciativa son declaraciones del presidente del INAI en distintos medios, para denunciar que "hay grandes grupos mediáticos que utilizan a Félix Díaz y su reivindicación", y que Díaz "no es un indígena autónomo"¹⁴. Pero la señal más visible de ruptura queda expresada en una nota de opinión publicada por Fernández en la edición número 265 de Miradas al Sur del domingo 16 de junio, levantada por una agencia oficial de noticias. Así, en un contexto de debate político nacional dirimido en términos de considerar el décimo aniversario de "la era K", o bien como una década ganada, o bien como una década perdida, el presidente del INAI titula su nota "Una década de participación indígena en la construcción de las políticas públicas", para identificar como logro "el desarrollo de dos instancias de Participación y Representación Indígena a nivel nacional: el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios)", lo cual directamente niega toda representatividad e interlocución a otros espacios indígenas¹⁵.

Un día después de que los medios nacionales informaran que el Papa daría a Félix Díaz una audiencia que la presidenta del país venía negando, el Enotpo comienza a posicionarse dentro de este nuevo marco. Sostiene, así, en un comunicado que:

en la última década, los Pueblos Originarios hemos iniciado un camino de diálogo con el Estado Nacional [...] asumiendo el desafío de participar activamente de la transformación del Estado [...] para ello conformamos el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios -ENOTPO-, conformado en la actualidad por 45 organizaciones que nuclean a 27 pueblos preexistentes y más de 1500 comunidades, con representatividad en 20 provincias. Nos constituimos como un espacio propositivo, de articulación política territorial a nivel nacional, con un objetivo fundamental: salir de la mera resistencia para tomar en nuestras propias manos las definiciones referentes al presente y futuro de los Pueblos Originarios [...] Desde el ENOTPO acompañamos activamente el proceso de cambio impulsado desde el 2003 por el Gobierno Nacional. Participamos y militamos en los acontecimientos más significativos de los últimos años [...] Con igual énfasis, enfrentamos junto a otras organizaciones sociales y populares los embates desestabilizadores llevados a cabo por la derecha conservadora, encabezada por la Sociedad Rural, las corporaciones mediáticas, la Iglesia y el "ONGísmo" nacional e internacional, como brazos ejecutores de las políticas imperialistas ejercida por los centralismos de poder. Estamos convencidos de que la soberanía nacional es la condición necesaria para la defensa de nuestros territorios y la construcción de un proyecto inclusivo. Este proyecto no será posible mientras que dichos grupos de poder administren nuestros territorios y determinen el curso político, es por ello que la Justicia debe ponerse al servicio del Pueblo como único legítimo soberano. En la misma línea apoyamos la concreción y consolidación de espacios multilaterales, tales como UNASUR, CELAC, MERCOSUR, que jerarquicen la unión sudamericana, garantizando así la autonomía y soberanía regional [...] y no vamos a permitir que nunca más hablen en nuestro nombre, las ONG's, Iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales, gremios, sindicatos, "expertos" o "indios de aeropuerto" que persiguen intereses individuales [...] Nuestros líderes políticos asumen el mandato de su pueblo y nunca traicionan esa lucha colectiva y orgánica. Asimismo, rechazamos la imagen del "indio pobrecito", lastimoso y llevado de la mano, que alimenta el discurso voluntarista y asistencialista, y es funcional a un sector de la sociedad, oportunista y destituyente [...] Desde el ENOTPO hemos asumido el desafío de profundizar el diálogo entre nuestras organizaciones y el Estado, apostando a un diálogo intercultural constructivo, tendiente a la profundización de las políticas públicas, que reparen las históricas desigualdades y [...] que permitan construir un Estado en Plurinacionalidad¹⁶.

Más allá de los factores puntuales de esta escalada mediática, por tanto, lo relevante para poner en contexto las disidencias entre el Enotpo y el Consejo Plurinacional Indígena pasa por ver cómo, a través de distintas acciones y declaraciones públicas, el primer espacio acuerda con iniciativas gubernamentales que acaban excediendo las políticas indigenistas. A saber, la Ley de Medios audiovisuales, contando para ello con la activa participación de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina conformada en el proceso, y realizando frecuentes repudios a los medios oligopólicos¹⁷; la nacionalización de YPF, definida como "un gran paso hacia la recuperación de la soberanía, recobrando el manejo de un recurso geopolíticamente estratégico para el desarrollo del país"¹⁸; el traslado de la estatua de Colón desde atrás de la Casa Rosada a Mar del Plata¹⁹; conmemoraciones públicas del calendario cívico en las que se participa movilizando a integrantes del colectivo, como la celebración del bicentenario de la Asamblea del año XIII o el día de la memoria que repudia el golpe de Estado de 1976²⁰. Más allá, entonces, de su espectacularización mediática, los fundamentos del desacuerdo brindan claves tanto para identificar desplazamientos y sedimentaciones en las políticas indigenistas en Argentina como para entender las muy variadas cuestiones y tensiones puestas en juego por los procesos hegemónicos. Esos desplazamientos, sedimentaciones y tensiones son el foco del siguiente punto.

¿Sedimentaciones neoliberales o topes neodesarrollistas de "lo nacional y popular"?

En el Bicentenario se escenificaron tensiones que augurarían los términos de las disidencias futuras. Por un lado, el líder charrúa Marcelo Luna, del Codecha, expresó su desencanto, aunque reconociendo a la par que "no es más de lo mismo, no es neoliberal este gobierno". Argentina Quiroga, en cambio, identificó retrospectivamente limitaciones y filiaciones del "famoso modelo nacional y popular" promovido desde la gestión del poder ejecutivo²¹. Aunque hacer un balance de las políticas indigenistas requiere siempre identificar continuidades y transformaciones para ponderar sus dinámicas y efectos, posicionarse en este debate no es una cuestión menor, al menos por dos razones.

Primero, entender si en este caso estamos simplemente ante herencias neoliberales o ante estrategias novedosas para remediar el intercambio desigual en el sistema-mundo comporta elegir uno de los senderos de un camino de trabajo bifurcado. Podemos quedarnos en destacar una convergencia evidente: en los noventa y en la actualidad, son las políticas extractivas las que ponen límites claros a ciertos reclamos indígenas. Esa convergencia redunda en encontrar más argumentos para terminar de desmontar un neoliberalismo ya bastante deconstruido académicamente. Pero podemos también explorar qué fundamentos y efectos distintivos parecen asociarse a una persuasión neodesarrollista anclada en el aserto de que sólo un modelo económico basado en una política extractiva de carácter "nacional y popular" garantizaría una fuente de generación de ingresos que, a la par de permitir a los Estados combatir la pobreza, nivele las desigualdades y reorganice los antagonismos de un sistema-mundo donde los países centrales enajenan los recursos de los Estados que resignan su "soberanía energética".

Segundo, si conceder que "es más de lo mismo" no permite explicar la posición del Enotpo -que sostiene su adhesión al Gobierno, a pesar de que rechaza una demanda de plurinacionalidad que ese espacio de organización indígena sigue sosteniendo-, aceptar rápidamente la idea de una transformación radical no logra ilustrar las posiciones del Consejo Plurinacional Indígena, que reconoce la pertinencia y acompaña ciertas políticas oficiales, pero simultáneamente critica con dureza otras. Esto indica que explicar la subjetivación indígena requiere atender no sólo a si se satisfacen sus reclamos sectoriales -y cómo-, sino también a las lecturas que se hacen de los contratos de subjetividad cívica más amplios que se le proponen.

A simple vista, pareciera que el neoliberalismo ha sedimentado ciertas certezas que, aun resignificadas, crean dilemas no menos urgentes, cada vez que las culturas y los territorios indígenas se ven no simplemente como un derecho, sino fundamentalmente como un recurso; o se busca transformar el campo de las economías nacionales en coto de decisiones técnicas, más que políticas, orientadas por la certeza de que corresponde movilizar cualquier recurso para saldar las finanzas. Si se miran desde Argentina, soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo -con desalojos, fumigaciones, desmontes, así como judicialización y represión de campesinos, indígenas y asambleas ambientales²²- son elementos clave para componer el panorama actual. Por ende, está plenamente vigente lo que Mina Lorena Navarro define como una reprimarización de la economía, que se ha venido dando en varios países de América Latina (Navarro, 2013). Es en este marco donde es interesante ver si estamos ante una mera extensión de las políticas neoliberales derivadas del Consenso de Washington, o ante un nuevo consenso, que la socióloga Maristella Svampa define como "el consenso de las commodities" (Svampa, 2012).

Según el historiador Omar Acha (2011), Fernando Fajnzylber, economista chileno, comienza en los noventa desde la Cepal una oposición al Consenso de Washington desde un modelo de "integración activa en los mercados mundiales". Brevemente, Fajnzylber sostuvo que se debía articular un nuevo proceso de desarrollo en el contexto mundial, con capacidad para una producción industrial selectiva y una cuota importante de "inclusión social", con base en la fórmula "crecimiento con equidad". Lo que sostiene Acha es que si durante diez años el planteo de Fajnzylber quedó en poco más que un espacio de divergencia conceptual respecto del neoliberalismo, sin demasiadas consecuencias en las políticas económicas latinoamericanas, su pensamiento estaría en las agendas de la acumulación capitalista y de la gobernabilidad latinoamericanas años después de su muerte, en 1991. Es que, a medida que la coyuntura de los precios de los commodities creó los escenarios para la operatividad de las teorías de la nueva Cepal en casi toda América del Sur, ciertos intelectuales reformistas como Celso Furtado y Aldo Ferrer, y algunos más asociados en los últimos años a cargos estatales, se identificarían conceptualmente con este neodesarrollismo²³.

Así, cuando el economista argentino Claudio Scaletta sostiene ante las protestas contra el fracking que estamos ante una "utopía reaccionaria", como él la llama, que "llega a grupos muy disímiles, desde la derecha política y multimediática a los trotskismos más libertarios", cabría pensar que su defensa de la política energética de la presidenta Cristina Fernández resulta de una convicción, más que de una herencia neoliberal, y que es ese mismo convencimiento el que lo lleva a demonizar toda objeción que se realice. Brevemente, para Scaletta las protestas contra el fracking no sólo no dan "argumentos convincentes contra los supuestos efectos contaminantes del fracking o fractura hidráulica", sino que obvian que estamos ante una técnica "que no es inocua, pero que puede desarrollarse bajo una regulación adecuada que minimice su impacto". Esta idea de minimizar impactos se ancla en otras dos convicciones. Primero, que "en el capitalismo avanzado no hay actividad económica sin impacto ambiental", por lo que "la regulación pública y social resulta indispensable, tanto en materia de daño ambiental potencial como de apropiación del excedente económico generado". Segundo, que las reservas comprobadas de recursos convencionales "representan sólo el 2,5 por ciento del total de los recursos probables, posibles y potenciales, convencionales y no convencionales, de gas y petróleo", esto es, que "el 92 por ciento de las reservas y recursos serían no convencionales, es decir, sólo asequibles vía la técnica de fractura hidráulica", lo que a la vez señala tanto "un horizonte de desarrollo potencial incompatible con la visión del mundo de los manifestantes presuntamente ecologistas" como un "gran desafío" para la industria (Scaletta, 2013a). A su vez, cuando colegas activan visiones en contra de este tipo objetan esta manera de construir inevitabilidades, Scaletta profundiza su persuasión de que suscribirse a esta utopía reaccionaria "funcional al imperialismo" conspira contra "el crecimiento de la economía y su futuro, y en consecuencia con el nivel de empleo y el bienestar de las mayorías" (2013b).

En este marco, entonces, aunque la reprimarización de las economías de los países emergentes -y, por ende, el neoliberalismo- parezca simplemente profundizarse, habría dos cosas que sin duda quedan transformadas por lo que definiría como esta manera neodesarrollista de construcción de hegemonía.

Primero, son otras las visiones y condiciones que harían posible en uno y otro caso la apropiación y distribución estatal e interestatal de recursos. Si en este punto la neoliberalización en la Argentina de los noventa se fundamentaba en la promesa de asegurar para el país su "ingreso al Primer Mundo", el neodesarrollismo se apoya en un cuestionamiento explícito a los intercambios desiguales en los ambitos mundial y estatal, lo cual, sin duda, impacta de modo diferente en subjetividades cívicas que valoran la primacía afectiva de la pertenencia "nacional". De allí que la oposición generalizada ante las promesas incumplidas del neoliberalismo que tanta visibilidad y contundencia adquiere en Argentina durante la llamada "crisis del 2001" vaya transformándose en una aceptación creciente de las gestiones kirchneristas, a pesar de que la presidencia de Néstor Kirchner se inaugura en 2003 con un magro 22% de los votos emitidos.

Segundo, se redefine el marco de ciertas luchas y, por ende, de los antagonismos. Si el neoliberalismo individualizaba las promesas de inclusión y focalizaba las políticas sociales de asistencia generando brechas cada vez más insalvables entre incluidos y excluidos, el neodesarrollismo apunta a universalizarlas para una plebs que se postula como fundamento del populus y es retóricamente convocada a transformar el Estado desde adentro. Y digo retóricamente porque con el tiempo se van poniendo otros límites para definir quiénes tienen ingreso asegurado al "campo popular", tal como evidencia la supresión de ciertos referentes y organizaciones disidentes como interlocutores legítimos. En todo caso, los términos del debate que llevan a Scaletta a realizar la amplia cadena de equivalencias -que este economista define como utopía reaccionaria "funcional al imperialismo"- bien muestran, por un lado, que la conflictividad va quedando en parte desplazada hasta producir la implosión del conflicto dentro del mismo campo de quienes comparten la preocupación por "el bienestar de las mayorías". Por otro lado, semejante desplazamiento evidencia, además, que no estamos simplemente ante conflictos ideológicos -que los hay-, sino también ante lo que Mario Blaser llama "conflictos ontológicos" (Blaser, 2013), por más que se busque descalificar la oposición de una parte del movimiento indígena y actualizar nuevas versiones del "indio permitido" (Hale, 2004) como meramente asociada con "la derecha conservadora, las corporaciones mediáticas, la iglesia y el onguismo nacional e internacional en tanto brazo ejecutor de políticas imperialistas" (Briones, en prensa).

En suma, convertir en eje la preocupación por el "bienestar de las mayorías" es lo que ha hecho y hace que las modificaciones introducidas en términos de políticas indigenistas en Argentina a partir de 2003 fueran y aún sigan siendo vistas por amplios sectores como introductoras de desplazamientos promisorios. Sucintamente, se ha cambiado la manera de contar la historia nacional y regional, reivindicando imágenes de una nación mestiza que hace claro lugar -aun de manera racializada- al aporte de los pueblos originarios en su constitución (Briones, 2008). Paralelamente a la adopción de un discurso crítico respecto del neoliberalismo, se ha enfatizado la importancia de ejercer activamente ciertas responsabilidades estatales respecto a la retoma de las riendas de las decisiones económicas, y disminuir la subordinación a organismos de financiamiento multilateral. En términos amplios, se ha fortalecido un discurso del derecho que pivotea con fuerza en la defensa de los derechos humanos, en la nacionalización de lo malamente privatizado y en la lucha contra toda forma de discriminación. No menos importante, se identifican sectores económicos y de poder antagónicos a los intereses de los desposeídos, desde escenificaciones fuertemente evocadoras de subjetividades históricamente ancladas en las identificaciones peronistas de muchos ciudadanos. Así, al hablar de las culturas populares y de las diferencias culturales como acervo de todos, se ha dado un lugar destacado a la plebs en el populus y, por tanto, en el demos. A este respecto, se ha promovido -en vez de desalentar- la movilización social, apuntando a sumar referentes indígenas como militantes, para abrir espacios de organización comunitaria. Reconocida la importancia de la participación política ciudadana, se ha financiado el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. En esto, no sólo se ha dado cabida a diversas iniciativas indígenas largamente demandadas, sino que se ha convocado a sus referentes a transformar el Estado desde adentro, en pro de modificar desigualdades centenarias, para lo cual incluso se han creado espacios dentro de las estructuras estatales a cargo de funcionarios indígenas.

Muchas de estas iniciativas son inéditas, respecto incluso de las políticas indigenistas implementadas desde 1994, cuando se inauguró en el país la era de reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. Proponen en su conjunto un contrato de subjetividad cívica que, por hacer foco en el derecho ampliado al goce de los derechos económico-sociales, cambia de valencia la categoría de "cabecitas negras" en la que fueron subsumidos históricamente los indígenas. Este positivizar "lo popular" se vive en sí mismo como reparación fuertemente sentida y esperada. De allí que el Enotpo ponga ese contrato por delante, como paraguas evaluativo de las agendas propias. De allí también la prudencia del Consejo de Participación Indígena respecto a no quedar alineados con sus críticas con la parte del arco opositor que manifiesta simpatías coyunturales, pero impulsa en lo global contratos cívicos que restringen el acceso de la plebs al demos.

Pero en el marco de estos desplazamientos van apareciendo también topes a lo demandado, por la manera en que desde esta forma de hegemonía neodesarrollista se fijan acentos interpretativos sobre "lo nacional y popular". En lo "nacional", si antes el blanqueamiento era el precio para devenir populus, ahora la renuncia a demandas de plurinacionalidad es el peaje por pagar para ingresar a la nación mestiza y, sobre todo, al demos. En lo "popular", la preocupación compartida por el "bienestar de las mayorías" encuentra en el neodesarrollismo un medio que pretende quedar cada vez más fuera de lo debatible.

Como sostiene Roseberry, el ordenamiento hegemónico busca menos establecer consentimientos absolutos -pues siempre identifica antagonistas y admite desacuerdos- que procedimientos que prescriban las formas de expresar tanto aceptación como descontento. Podemos decir entonces que el contrato "nacional y popular" ha resultado exitoso al lograr que los debates y conflictividades dentro del campo indígena se circunscriban más a los topes que a los desplazamientos realizados (Roseberry, 1994). Sin embargo, la pretensión de sustraer las políticas extractivas del ámbito de lo discutible -circunscribiendo además los agentes y vías habilitados para cuestionarlas- está haciendo que los lenguajes contenciosos habilitados dentro del propio campo "nacional y popular" queden desbordados, lo cual fragiliza los procesos hegemónicos.

Desafíos futuros

Más que simplificar los balances, advertir la complejidad de los escenarios, las iniciativas y las agentividades sociales en juego requiere lecturas alternativas. Inmersas en un contexto controversial, tales lecturas no pueden escapar a ello, pero sí deben mapear primero los marcos de la controversia antes de jugar sin más los antagonismos, sobre todo cuando empiezan a discrepar referentes que por muchos años compartieron visiones. Comparto entonces algunas reflexiones sobre los desafíos que aparejan sedimentaciones, desplazamientos y tensiones, no tanto ya para la praxis indígena, sino para lo que, como ciudadanos y analistas, vemos como deseable o esperable de las políticas de reconocimiento en curso.

Por cierto, las posiciones y los argumentos presentados no informan sobre todo lo que acontece dentro del campo indígena, pero creo que sí alcanzan a ilustrar tensiones y desacuerdos preponderantes. En todo caso, para quienes somos analistas y hemos sido y somos colaboradores de diversas iniciativas, a niveles más regionales o locales, el momento actual es particularmente escurridizo, por varias razones.

Primero, frente a posicionamientos encontrados, es esperable que los integrantes de equipos de apoyo y colaboradores que fundamenten esos posicionamientos en una u otra dirección queden bajo la sospecha de unos u otros de arrogarse una representación de los procesos indígenas que no les corresponde. La debatibilidad del rol académico es inherente al carácter controversial de un campo de interlocución donde las políticas de reconocimiento se han desenclavado y muestran muchos más vasos comunicantes que antes con otras iniciativas de la política nacional. Cabe, por ende, ahora más que nunca, explicitar en qué momento hablamos como colaboradores (de un tema sobre el que se nos consulta y nunca por nuestros interlocutores sino para ellos) y en qué momento opinamos como ciudadanos, hablando antes que nada por nosotros mismos, y sobre lo que cada cual entienda como los mejores acuerdos colectivos de convivencia posibles.

Segundo, si no nos resultó difícil adoptar la crítica al multiculturalismo neoliberal ni tampoco apreciar cómo los referentes indígenas trataron de batallar dentro de esos marcos, estamos en un momento en que las evaluaciones de las políticas indigenistas dependerán en buena medida de las expectativas o sospechas que el analista tenga respecto a la forma que están tomando las hegemonías nacional-populares latinoamericanas. Pero más allá de estas afinidades o dudas, asistimos hoy a adhesiones y desacuerdos que dejan verdaderamente cortos los conceptos de "clientelismo" o "cooptación" que hemos usado a menudo para ilustrar por qué se producen ciertos alineamientos o se privilegian ciertas vinculaciones y alianzas. Así, cuando en vez de pensar sólo en las sujeciones analizamos la tensión entre sujeciones y subjetivaciones, no debiera resultar sorprendente que simultáneamente se articulen subjetividades desde anclajes que, o bien privilegian el camino de lucha por derechos diferenciados, o bien parecen fusionar -o incluso supeditar- la lucha por esos derechos con otras que involucran sectores desposeídos no indígenas. La sorpresa sólo puede resultar de pensar esencializada y deshistorizadamente tanto las identificaciones (del tipo que sean) como la praxis política indígena. Esa sorpresa también deriva de pensar prejuiciosamente lo que se ha dado en llamar populismos y neopopulismos contemporáneos, vistos mayormente como mera incorporación heterónoma de sectores populares a la política, desde marcos polarizados que conllevarían pérdida de pluralismo. Sin embargo, como bien desarrolla Sebastián Barros, lo que los populismos y neopopulismos verdaderamente habilitan es la posibilidad de que diversas identificaciones que no tenían lugar en la plenitud del demos empiecen a mostrar su capacidad para poner el mundo en palabras y cuestionar tanto la forma como los límites políticos de la vida comunitaria que los agravia. Y lo hacen poniendo en juego y alimentando tanto nuevas subjetividades como desplazamientos asiduos de demandas, esto es, generando tanto relaciones de equivalencia entre distintas identificaciones aglutinables como la multiplicación y el desligamiento de las identificaciones que van adquiriendo nueva estima-de-sí. En vez de significar una pérdida de pluralismo, esto abre caminos de diversificación (Barros, 2009). En este marco, entonces, el hecho de que confronten a quienes hasta hace poco, y por muchos años, lucharon juntos, más que sorprendernos, debe llevarnos a extremar nuestra sensibilidad analítica para entender qué es lo que está en juego o lo que cada cual ve en juego.

Tercero, afirmé muchas veces antes -y mis interlocutores me han criticado por eso- que en la heterogeneización del campo indígena veo más una fortaleza que una debilidad. Hablo de heterogeneización, y no de una polarización cristalizada como la que los medios buscan instalar, porque esas polarizaciones sólo reproducen violencias simbólicas y, como bien alertó recientemente Marcelo Musante, pueden ser fuente de violencias con mayor materialidad cuando, por ejemplo, los disidentes -esto es, quienes se apartan de modelos actualizados de "indios permitidos"- son acusados de "golpistas" o de "traidores" (Musante, 2013). Por ello, traté de desplazar mi seguimiento de lo que presentan los medios a lo que entiendo están en verdad debatiendo ciertos referentes del campo indígena. Colocando entonces mi foco en tales debates y superadas las polarizaciones descalificadoras, esa afirmación sobre la fortaleza que comporta la heterogeneización del campo indígena me parece aún más apropiada, pues es donde veo que se están dando discusiones sustantivas que bien podrían pensarse para y desde otros campos.

En esto, una de las formas en que se ha tratado de domesticar esa fortaleza pasa por aseverar que las demandas que van por encima o por afuera de los topes prefijados conspiran contra un montón de desplazamientos valorables y que vale la pena sostener. Pero, de ser extremada esa visión -como parece estar ocurriendo cuando la disidencia y los debates acaban en las descalificaciones de líderes y espacios organizativos-, se estaría propiciando un escenario donde lo político queda devorado por la política en cuanto "lógica de policía", como diría Rancière (1996). Ante esto, urge pensar escenarios que complejicen visiones caníbales en una u otra dirección (de lo político por la política, y viceversa), ya que es la predisposición a sostener (en vez de neutralizar) la tensión entre la política y lo político lo que posibilita la continua amplificación y democratización (conceptual y práctica) de los campos de interlocución. Deberíamos preguntarnos, por ende, qué ventanas se abrirían si se tomasen las políticas de reconocimiento, no como espacio donde dirimir quiénes son leales y quiénes son traidores, sino como desafío societal colectivo y política de Estado para repensar y complejizar los límites de la plebs y del pueblo como demos, apuntando a transformar en verdadera prohibición de la desigualdad la presuposición de igualdad que ancla toda polis.

Desde lo político, creo que la fuerza de los reclamos indígenas ha pasado porque los mismos operaron, estos últimos treinta años al menos, como lo que no podía ser fácilmente digerido ni domesticado, sin forzar a nuevas inversiones hegemónicas que modificaran ciertas reglas de juego y reordenaran el tablero. De allí las sospechas o acusaciones basadas en la inversión de la prueba, que alegan que la puja por el reconocimiento de los derechos indígenas instaura una asimetría respecto de otros sectores desposeídos o introduce privilegios que conspiran contra idearios liberales de igualdad. Pero en Argentina la lucha indígena viene dando claras muestras de que, a pesar de las disidencias, la mayoría de quienes se autoidentifican como originarios no se sienten en absoluto desvinculados de la lucha y suerte de otros sectores desposeídos. De allí las sentidas adhesiones de unos y muchos de los otros a retóricas y políticas ancladas en un horizonte nacional y popular.

En este marco, las luchas indígenas en contra de los poderes extractivos no constituyen lo que les imputan lecturas hechas desde la lógica política de la gobernabilidad, esto es, ni un temible bloqueo a los márgenes estatales de acción, ni un juego de suma cero que busca introducir privilegios por encima de otros sectores desposeídos. Antes bien, las luchas indígenas contra el extractivismo están posibilitando coaliciones más amplias que mueven a distintos sectores a demandar control sobre recursos locales. Al formular demandas que no pueden ser digeridas de inmediato, los pueblos indígenas del continente y de Argentina invitan además a revisar sentidos naturalizados de gobernanza y a revisar las reglas del juego. Este hacernos pensar lo que parece impensable contribuye no sólo a democratizar pujas distributivas, sino a hacer patente lo que Arturo Escobar define como conflictos de "distribución cultural" (2008). Y advertir que la perspectiva cultural sobre las "cosas" en conflicto definirá sus formas de uso y acceso no es una cuestión menor, precisamente ahora que el verdadero punto de bifurcación es -como sostiene Svampa- la disputa por el modelo de desarrollo promovido, tanto en contextos neoliberales como progresistas (2012).

En esto, creería que son dos las direcciones en que nos resta politizar aún más las teorías. Hasta el momento, tendimos a concentrarnos en deconstruir las premisas desde las cuales se analizan, encasillan y juzgan las pertenencias indígenas, inevitablemente heterogéneas y en constante proceso. Sin embargo, al analizar las maneras en que los colectivos indígenas han emprendido históricamente diversas acciones para disputar procesos de subordinación tan variados y contradictorios como complejos y prolongados, pareciera que hemos sido menos capaces de mostrar cómo sus visiones de las experiencias de relaciones -incluidos sus desacuerdos al respecto- han constituido un exceso de significación difícil de domesticar y, por ende, una clave para desmontar los fundamentos de lo que en diferentes épocas -ayer y hoy- se fueron definiendo como "soluciones económicas y políticas posibles". Abordar, en cambio, los reclamos indígenas más como diagnósticos de lo fallido de nuestros acuerdos de convivencia que como complicaciones para lo que hoy se piensa como "soluciones posibles" permitiría no sólo visibilizar esas fallas sino, sobre todo, dejar al descubierto una fetichización de los peligros que limita las maneras en que pueden ser escuchados y apreciados tales reclamos.

Hemos también documentado y explicado las condiciones de sobreexplotación, opresión y dominación indígenas. Pero pareciera que estamos más rezagados, no tanto ya en lo que hace a fundamentar la importancia de entender otras visiones de la naturaleza y la política sin entenderlas como resultado de mundos necesaria y radicalmente diferentes, sino sobre todo en lo que hace a recentrar y afectar tanto las ideas mismas de pobreza desde las que se definen las políticas y los remedios para combatirla como los supuestos de los que se parte para asegurar "el bienestar de las mayorías".

Comentarios

^* Una primera versión de este artículo apareció como "La question indienne en Argentine: entre le néolibéralisme, le national-populaire et le néo-développementisme", y fue publicado en Actuel Marx, Presses Universitaires de France, deuxième semestre, 56: 85-96, 2014. Esta versión precisa y reformula parcialmente algunos de los argumentos iniciales, a partir de los comentarios de pares evaluadores anónimos, a quienes agradezco sus observaciones.

¹ Para una definición y discusión de diversas alternativas en las formas de vincular populus, demos y plebs, ver Barros (2009 y 2013) y Laclau (2005).

² La Ley 26554/09 la prorroga cuatro años más.

³ El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo) entregó un documento titulado "Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado argentino: una política de Interculturalidad para la construcción de un Estado Plurinacional", marzo 2009-mayo 2010. Los voceros del Consejo de Participación Indígena (CPI) entregaron uno, titulado "En el Bicentenario Reparación Histórica a los Pueblos Indígenas. Hoy presentamos ante usted nuestras propuestas y demandas como base para el inicio de un camino de construcción conjunta por el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas en un Estado Plurinacional". La organización barrial Túpac Amaru entregó otro, llamado "Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional".

⁴ Ver "Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional", de la organización barrial Túpac Amaru. Disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2010/05/732875.php.

⁶ Ver http://argentina.indymedia.org/news/2010/06/737700.php .

⁷ Ver, por ejemplo, balance de Jorge Nahuel (disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2010/06/736774.php) o la evaluación de varios asistentes publicitada colectivamente en enero de 2011, mediante el documento "Lo que nos dejó el 2010" (disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2011/01/767328.php).

⁸ La lucha de la comunidad Qom La Primavera se nacionaliza en julio de 2010, bajo el claro liderazgo del qarashé Félix Díaz, por la represión a un corte de ruta realizado para visibilizar un conflicto territorial iniciado en 2007. Contando inicialmente con el apoyo de funcionarios de organismos federales en contra de prácticas del estado provincial de Formosa, este reclamo va quedando construido como opositor del Gobierno nacional, a medida que se empieza a demandar un repudio de Nación a la política provincial que, con el paso del tiempo, la Nación no realiza (Cardin, 2013).

⁹ El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios (Enotpo) se constituye en marzo de 2009, en rechazo a las políticas neoliberales de los noventa, para trabajar desde y con el Estado contra ese "modelo de dominación a nivel mundial impulsado por el imperialismo norteamericano" (Melillán, 2010). Según el responsable de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, Roberto ñancucheo, el Enotpo es resultado de "un trabajo muy duro y con mucho compromiso desde la Dirección de Pueblos Originarios" para "acercar a las organizaciones al debate político con el estado". (Ver entrevista a Roberto ñancucheo realizada en diciembre de 2012, disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/828781.php).

¹⁰ El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y el Grupo de Acceso Jurídico a la Tierra (Gajat) elaboran una fundamentación jurídica de las falencias del proyecto de reforma (disponible en http://odhpi.org/wp-content/uploads/2012/08/Documento-a-la-Bicameral.pdf=).  En agosto de 2012, organismos de derechos humanos como "Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora", "Servicio de Paz y Justicia" (Serpaj), "Asamblea Permanente por los Derechos Humanos" (APDH) y el área de relación con los Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) convocan a una marcha para entregar "un pedido de audiencia con la presidenta Cristina Fernández, para tratar dos temas de suma importancia y de público conocimiento: los cambios en el Código Civil y la situación concreta de la comunidad qom La Primavera" (ver http://argentina.indymedia.org/news/2012/08/820141.php).

¹¹ En la audiencia con la Corte Suprema de Justicia realizada en mayo de 2013, acompañaron a Félix Díaz y su comunidad los organismos de derechos humanos, pero también Claudio Morgado, extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), y diputados de un amplio arco opositor (ver nota disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2013/05/838744.php). Si inicialmente el Inadi apoyó activamente las denuncias de La Primavera (ver conferencia de prensa de diciembre de 2010, disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/762888.php) y el espacio progubernamental "Carta Abierta" demanda se investigue y limite al gobierno provincial por la violencia contra los Qom (ver carta de la Comisión de Pueblos Originarios de Carta Abierta de noviembre 2010, disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/762747.php), las manifestaciones de sectores oficiales van mermando. En mayo de 2013, se empieza a hacer visible su cambio de signo, cuando una nueva golpiza a dos jóvenes de la comunidad es interpretada por medios oficiales como fruto de una "gresca entre aborígenes", mientras que del otro lado se denuncia "una campaña gubernamental y paraestatal contra Félix Díaz" (ver http://argentina.indymedia.org/news/2013/05/837672.php).

¹² Ver comunicado de repudio del 8 de mayo, disponible en http://enotpo.blogspot.com.ar/2013/05/repudiamos-el-nuevo-ataque-miembros-de.html.

¹³ Ver Carta a la Presidenta elaborada en la Cumbre de Pueblos y Organizaciones Indígenas del 7 de junio, disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2013/06/839857.php.

¹⁴ Ver Tiempo Argentino del 9 de junio de 2013, disponible en http://tiempo.infonews.com/2013/06/09/sociedad-103458-hay-grandes-grupos-mediaticos-que-utilizan-a-felix-diaz-y-su-reivindicacion.php.

¹⁵ Ver http://sur.infonews.com/notas/una-decada-de-participacion-indigena-en-la-construccion-de-las-politicas-publicas.

¹⁶ Ver comunicado completo del Enotpo, "Hacia un estado plurinacional: La Política Indígena en manos de los Pueblos Originarios", del sábado 22 de junio de 2013, disponible en http://enotpo.blogspot.com.ar/2013/06/hacia-un-estado-plurinacional-la.html.

¹⁷ Ver http://enotpo.blogspot.com.ar/2012_07_01_archive.html.

¹⁸ Ver http://enotpo.blogspot.com.ar/2012_04_01_archive.html.

¹⁹Ver http://enotpo.blogspot.com.ar/2013/06/organizaciones-originarias-de-todo-el.html, y http://enotpo.blogspot.com.ar/2013/06/si-la-descolonizacion.html.

²⁰ Ver, respectivamente, http://enotpo.blogspot.com.ar/2013_05_01_archive.html y http://enotpo.blogspot.com.ar/2012/03/24-de-marzo-de-2012-avancemos-en-el.htm

²¹ En una entrevista hecha por Darío Aranda en diciembre de 2012, la amta warpe sostiene que "Todas las políticas implementadas por este Gobierno para los pueblos indígenas son una continuidad del neoliberalismo de la década pasada, han cambiado de caras, pero sigue mandando un poder que atenta contra la vida indígena [...] No reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, algo que incluso está explícito en la Constitución Nacional [...] Los derechos humanos del Gobierno llegan solo hasta los crímenes de los '70. Los derechos humanos de los pueblos indígenas están siendo avasallados en todos los territorios. Hay violencia física, judicialización, asesinatos y también hay violencia ejercida por los gobiernos provinciales, aliados del kirchnerismo, que por acción u omisión atentan contra las comunidades [...] Un Gobierno que se dice progresista divide hermanos y reprime a quien defiende el territorio [...] los medios que están enfrentados al Poder Ejecutivo han tomado algunas de nuestras banderas pero sabemos que es algo momentáneo [...] A dos años de esa marcha, el actual avasallamiento de derechos es totalmente coherente con la respuesta que la Presidenta nos dio ese día, donde nos reconoció que primero estaban el petróleo, la minería y la soja, y luego los pueblos indígenas". Ver Entrevista a Paz Argentina Quiroga y Jorge Nahuel, "Quieren ser blanquitos y europeos", de diciembre de 2012. Disponible en http://www.plazademayo.com/2012/12/quieren-ser-blanquitos-y-europeos/.

²² Según Darío Aranda, en los últimos años se registra lo que se llama un "Corrimiento de la frontera agropecuaria", mayormente con cultivos transgénicos. Esta "reforma agraria al revés" alienta el incremento de la concentración de tierras. Así, en Argentina, el 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de la tierra, mientras que el 57% de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el 3%. Por otra parte, el monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que el monocultivo de la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. Hay también un corrimiento de la frontera hidrocarbonífera, en superficie y tecnología, ya que ahora se introducen las llamadas tecnologías no convencionales, tales como la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" de la roca madre (también llamada "fracking"), lo que conlleva el uso de grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. Así, las expectativas creadas por la "estatización parcial" de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales sucumben ante señales claras de que lo que se busca es disputar la renta, solucionar el déficit energético y tratar al petróleo como un commodity. A su vez, y tal como celebra un cable de la agencia estatal Telam de mayo 2013, "En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina", y la expectativa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado". Mientras tanto, medio centenar de asambleas ciudadanas contra la megaminería cuestionan y denuncian los efectos actuales y potenciales de la actividad. Ver Aranda (2013).

²³ Acha se refiere a equipos técnicos de economía y sociología que trabajan actualmente en los gobiernos "progresistas" como soporte teórico e ideológico de los "modelos" de Argentina y Brasil, del Chile de Michelle Bachelet y del Uruguay del Frente Amplio. Según Acha, habría además rasgos compartidos entre el neodesarrollismo y tramos de las políticas económicas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, aunque Acha también destaca diferencias con el lote progresista que no son menores (2011).

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Artículo recibido: 13 de agosto de 2014; aceptado: 27 de noviembre de 2014; modificado: 21 de enero de 2015