Fronteras simbólicas entre expertos y víctimas de la guerra en Colombia^*

Angélica Franco Gamboa^**

^** Doctora en Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Entre sus últimas publicaciones están: "Experiencias de violencia y de restitución en sobrevivientes de minas antipersonal en el Magdalena Medio colombiano". Revista Colombiana de Antropología 49 (1): 153-176, 2013. "Daño y reconstrucción de la cotidianidad en covíctimas y sobrevivientes de minas antipersonal en Colombia". Revista Nómadas 38: 115-131, 2013. Universidad El Bosque, Colombia. Correo electrónico: francoangelica@unbosque.edu.co

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda24.2016.03

RESUMEN:

En este artículo problematizo las racionalidades y las sensibilidades desde las cuales los operadores de la Ley de Víctimas en Colombia miran a los sujetos de su intervención. El artículo se divide en cuatro partes. Primero, expongo elementos empíricos que muestran las discordancias entre ley, conocimientos expertos y necesidades situadas. Segundo, analizo la producción social de las discordancias en ámbitos burocráticos. Tercero, expongo la relación instaurada entre la ciencia como dispositivo de distanciamiento en Colombia y las fisuras epistémicas que subyacen a la ley y a la acción de los profesionales. Y cuarto, presento lineamientos que contribuyan a una desestabilización de la mirada occidentalista de quienes, bajo la autoridad de la Ley y la Ciencia, impactan la vida de las víctimas de la guerra en Colombia.

PALABRAS CLAVE:

Ley, expertos (Thesaurus); fronteras simbólicas, víctimas de la guerra en Colombia (palabras clave del autor).

Symbolic Borders between Experts and War Victims in Colombia

ABSTRACT

In this article, I question the rationalities and sensitivities with which those implementing the Law of Victims in Colombia consider the subjects of their intervention. The article is divided into four parts. First, I present empirical elements that show the discrepancies between law, expert knowledge, and situated needs in bureaucratic contexts. Second, I analyze the social production of discordant notes in bureaucratic spheres. Third, I explore the relationship established between science as a distancing device in Colombia and the epistemic fissures underlying the law and the action of professional experts. Fourth, I present guidelines to contribute to destabilizing the westernist outlook of those who, under the authority of Law and Science, impact the life of war victims in Colombia.

KEYWORDS:

Law, experts (Thesaurus); symbolic borders, war victims in Colombia (author's keywords).

Fronteiras simbólicas entre especialistas e vítimas da guerra na Colômbia

RESUMO

Neste artigo, problematizo as racionalidades e as sensibilidades a partir das quais os operadores da Lei de Vítimas na Colômbia olham os sujeitos de sua intervenção. Este artigo se divide em quatro partes. Na primeira, exponho elementos empíricos que mostram as discordâncias entre lei, conhecimentos especializados e necessidades situadas. Na segunda, analiso a produção social das discordâncias em âmbitos burocráticos. Na terceira, exponho a relação instaurada entre a ciência, como dispositivo de distanciamento na Colômbia, e as fissuras epistêmicas que subjazem a lei e a ação dos profissionais. Por último, apresento lineamentos que contribuem para uma desestabilização do olhar ocidentalista de quem, sob a autoridade da Lei e da Ciência, impacta a vida das vítimas da guerra na Colômbia.

PALAVRAS-CHAVE:

Lei, fronteiras simbólicas, especialistas, vítimas da guerra na Colômbia (palavras-chave do autor).

En este artículo me ocupo de problematizar las racionalidades y las sensibilidades mediante las cuales profesionales y operadores burocráticos informan y ejecutan la ley mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de la guerra en Colombia (Congreso de la República de Colombia 2011).

Hasta agosto de 2015 se registraron en Colombia 7.265.159 personas afectadas por hechos victimizantes ocasionados en el marco del conflicto armado interno. Éstos incluyen abandono o despojo forzado de tierras, actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto y daños por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Ante la magnitud de las cifras, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Congreso de la República 2011), apareció la Ley de víctimas y de restitución de tierras, que, con una proyección de diez años (hasta 2021), se conoce hoy como el marco jurídico de atención, asistencia y reparación de víctimas del conflicto armado. Los artículos 1, 2 y 3 de esta ley permiten identificar cómo se asume la noción de víctima. En efecto, el artículo 1 señala la naturaleza de la ley, vista como un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, individuales y colectivas que, según el artículo 2, buscan "reivindicar la dignidad humana y asumir la ciudadanía plena de las víctimas", entendidas como:

Cualquier persona que hubiera sufrido un daño, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto armado. (Congreso de la República de Colombia 2011)

En síntesis, la ley se ocupa de ofrecer una serie de mecanismos que buscan superar el estado de vulneración al que fueron sometidas las víctimas y garantizar su rehabilitación integral, definida de acuerdo con el artículo 135 como: "el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas" (Congreso de la República de Colombia 2011). Los operadores de esta ley son servidores públicos del Estado colombiano responsables de la atención, asistencia y reparación, e incluyen jueces, fiscales, abogados, asistentes criminalísticos, investigadores criminales, psicólogos, psicólogos forenses, médicos, trabajadores sociales, técnicos en la toma de declaraciones y testimonios, defensores públicos y funcionarios de enlace entre el Ministerio de la Justicia y el Derecho y los entes territoriales (departamentos y municipios).

Así, la ley les otorga protagonismo a los conocimientos expertos constitutivos del derecho, la medicina o la psicología y define directrices que los profesionales deben seguir en el diseño de acciones de impacto individual y colectivo orientadas a rehabilitar. Estas directrices incluyen, por una parte, la puesta en práctica de un "enfoque diferencial", es decir, el reconocimiento de las características particulares de las poblaciones "en razón de su edad, género, orientación sexual, especificidades étnicas y culturales y situación de discapacidad" (Congreso de la República de Colombia 2011). Y por otra, el desarrollo de medidas que deberán "prolongarse en el tiempo" para permitir a las víctimas "desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de acuerdo con sus necesidades" (Congreso de la República de Colombia 2011). Estos lineamientos constituyen el punto de referencia para hablar de las discordancias, es decir, de las no correspondencias entre la norma, las acciones de los profesionales y de los operadores burocráticos y las necesidades situadas de las personas afectadas por hechos victimizantes, en el marco del conflicto armado.

Los hallazgos del estudio etnográfico Reconstrucciones de la cotidianidad en el pueblo indígena Awa¹ espacios minados, tiempo natural y sobrenatural (Franco 2015) proveen insumos empíricos que soportan los argumentos alrededor de dichas discordancias. Esta investigación, realizada en el piedemonte andino suroccidental del Pacífico colombiano (2011-2014), involucró víctimas de distintos grupos étnicos que experimentaron desmembramientos corporales, territoriales y familiares por el uso de minas antipersonal, una tecnología militar usada para el blindaje de cultivos de coca en territorios rurales dominados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Franco 2015)². A partir de la pregunta por las formas socioculturalmente diferenciadas del sufrimiento social y de la reconstrucción de la cotidianidad, en este estudio se exploraron narrativas locales y translocales que permitieron entender la articulación entre dinámicas de poder expresadas en el territorio local y dinámicas políticas y culturales de mayor envergadura (Sahlins 1981, en Ortner 2006). A partir de esta estrategia metodológica, las voces de víctimas y funcionarios públicos locales y del Estado central ³ convergieron durante los trabajos de campo que se adelantaron entre 2012 y 2014, en el casco urbano y algunos resguardos indígenas del municipio de Tumaco (Nariño); en la ciudad de Bogotá, D.C. y en la ciudad de Pasto (Nariño).

La investigación puso de relieve cómo dimensiones sociales, políticas, geográficas y culturales particulares configuran formas específicas de interpretar el dolor y los repertorios de diversas acciones posibles para recomponer la vida diaria. Además, evidenció que las experiencias de sufrimiento de las víctimas estaban atravesadas por la acción de profesionales y actores burocráticos que, en varios de los casos, parecían neutralizar las prácticas de las personas, ya fuera en el marco de esperas interminables que dejaban en la incertidumbre "las indemnizaciones" o "el registro en el sistema", de desencuentros semánticos entre víctimas y profesionales que imposibilitaban la realización de un trámite para acceder a unos derechos, o de la implementación de intervenciones que no se correspondían con las necesidades vividas localmente y que, por el contrario, acarreaban efectos adversos (Franco 2015). La siguiente selección de fragmentos etnográficos permite mostrar empíricamente estas discordancias entre las voluntades políticas y el resultado de las acciones de los profesionales.

Discordancias entre ley, conocimientos expertos y necesidades situadas

Luz Marina, una afrocolombiana de 29 años, fue víctima de un artefacto explosivo improvisado que arrancó la pantorrilla de su pierna izquierda en 2012. Uno de los aspectos más importantes del relato construido por ella y su familia acerca de su experiencia de sufrimiento estuvo relacionado con la intervención de una profesional en psicología que lideraba los talleres de "intervención psicosocial" en la Unidad de Víctimas⁴ a los que debía asistir Luz Marina:

[...] Consistían más que todo en aceptar lo que había pasado. Se tenía que hacer un ritual, por ejemplo, si uno quería hacer una fogata o escribir las cosas malas, o quemar, o explotar la bombita y listo: ¡olvide! Pero a la final yo le dije a la psicóloga: "con cinco terapias o con cinco talleres, no es que ustedes pretendan que yo salga de aquí diciendo que olvidé". Ella me dijo: "Luz Marina, usted tiene que ir asimilando, eso se puede", y yo le dije: "no, usted no puede pretender que uno se olvide de las cosas...", y me contestó: "uno tiene que adaptarse, por ejemplo, yo antes era delgadita y no tenía bebé, ahora tuve mis hijos, y vea... ya estoy gorda, me adapté y me pongo mi ropa". Hay algunos psicólogos que en vez de arreglar, empeoran las cosas. (Luz Marina, Tumaco, diciembre de 2013)

Después de narrar la desproporcionada comparación de la psicóloga, Luz Marina continuó relatando cómo había sido el tratamiento que recibió por parte del médico: "el cirujano plástico me dijo que tenía dos opciones, me dijo así: 'vea, negrita, a usted le puedo dejar la pierna tiesita o hay que mocharla porque solamente está pasando una sola arteria, y yo no me comprometo a hacer una cirugía así'". Después de subrayar el tono despectivo de "Fernández", el profesional en medicina de la ciudad de Pasto con estudios de posgrado en cirugía plástica, Luz Marina y su esposo expresaron "el horror" experimentado. Después de un examen que permitió determinar la posibilidad de practicar la cirugía, Luz Marina fue intervenida por Fernández; sin embargo, cuando estaba en la sala de recuperación, su esposo identificó una marca en la piel del brazo que no estaba ahí antes de ingresar al quirófano:

Mi esposo me miró cuando estaba en la camilla y escuché que preguntó a las enfermeras: "¿Ella qué tiene en el brazo?". Claro, yo voy vendada, y cuando me van a hacer curaciones, yo veo esto [el brazo] pelado, y los nervios, y todo. Él me sacó piel de acá [del brazo] para ponerla en la pierna, pero mire: se ve feo. Luego Fernández vino, me miró, se sonrió todo irónico y dijo: "¿Pero qué prefiere, estar mocha o tiesa? Yo prefiero verla así con eso, a que no le sirva esa pierna para nada". Luego me dio cita para fotografía y [...] ¿Usted cree que yo volví donde ese infeliz? ¿Sabe por qué razón no volví? Porque es malo. (Luz Marina, Tumaco, diciembre de 2013)

Así, intervenciones expertas para garantizar la rehabilitación o ejecución de las "acciones de carácter médico, psicológico y social dirigidas al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas" -tal y como lo define la ley- pueden producir resultados contradictorios y acarrean efectos adversos que agravan la experiencia de sufrimiento de una víctima.

Otra expresión de las disconformidades entre la ley y el resultado de las acciones de quienes la ejecutan se evidenció a través de la observación participante de los escenarios en los que las víctimas interactuaban con actores burocráticos para ser incluidas en el Registro Único de Víctima5⁵(RUV) y acceder a los derechos estipulados en la ley⁶. Entre las acciones requeridas para estos fines, las víctimas deben diligenciar formularios, rendir declaraciones sobre el hecho victimizante, suministrar pruebas o evidencias -que generalmente son médico-legales-, hacer seguimiento del trámite en las entidades públicas para identificar si el caso se encuentra en estado de valoración -incluido, no incluido o excluido- e incluso, presentar recursos de reposición y luego de apelación, cuando es rechazada la inclusión de la víctima en el Registro Único de Víctimas.

Durante el trabajo de campo se identificó que hacer efectivos estos trámites "implica mínimamente, la posibilidad de familiarizarse con significados, significantes, códigos textuales y, en general, repertorios médico legales y jurídicos que permitan organizar la acción alrededor de estos ámbitos y hacer un seguimiento de la misma" (Franco 2015, 130). Sin embargo, ésta era una condición inasequible para una buena cantidad de familias rurales, personas afrodescendientes y en especial indígenas que, en varios casos, no disponían de un castellano fluido para describir cómo es la propia situación, preguntar, explicar y memorizar información.

El siguiente fragmento etnográfico recoge la interacción entre Antonio, un campesino afrodescendiente de 42 años, no alfabetizado, y una abogada. Este fragmento le facilitará al lector echar una mirada, si se quiere, molecular, a la interacción entre un campesino con una profesional en derecho que laboraba en la Unidad de Atención Integral a Víctimas del municipio de Tumaco:

Acompañantes: [...] puntualmente estamos haciendo un acompañamiento al caso de Antonio y queremos saber en qué parte del proceso va él.

Abogada: Tú estuviste en la jornada que hicimos el pasado mes de noviembre, ¿recuerdas?

Antonio: ¿Dónde?

Abogada: En el Coliseo. Y allá te dimos la información. ¿A qué se debe el acompañamiento? Porque ellos no necesitan eso, ellos tienen aquí una oficina para ellos. De hecho, le pedimos la documentación, acá se le dio información. Él tiene el número del radicado...

Antonio: Es que yo como no entiendo, eso es lo que yo quiero saber, qué quiere decir este papel...

Abogada: Tú no necesitas que nadie te acompañe para eso, aquí estamos nosotros para darte esa información. Tú estás incluido como víctima en el sistema pero debes traer esta documentación. Eso fue lo que se te explicó allá en la jornada ¿No te acuerdas?

Antonio: Pero yo como no entiendo mucho. No sé leer.

Abogada: ¿Trajiste la documentación?

Antonio: ¿Cuál?

Abogada: A él se le pidió esta documentación y ¡no la has traído!: la historia clínica, la epicrisis, el certificado de Medicina Legal...

Antonio: Uno como no sabe bien...

Abogada: ¡Maira!, [dirigiéndose a otra funcionaria, y en tono fuerte] quiero pedirte un favor. No sé qué pasa, el señor ha venido y lo hemos atendido en varias ocasiones, no sé si lo recuerdes, él es víctima de minas... Por favor, recibe nuevamente la documentación, y amigo, te repito: tú no necesitas acompañamiento. (Interacción entre una profesional en Derecho y un campesino, Tumaco, diciembre de 2013)

Después del (des)encuentro con la abogada le preguntamos a Maira si consideraba que la información suministrada por los funcionarios era inteligible para todas las personas. Ella comentó que no era clara, especialmente para población indígena y para población no escolarizada, pero que ellos tenían que atender a veinte personas en cuatro horas: "el sistema nos falla, nos toca así, y son cosas que nos vuelven locos también. Muchas personas dicen que nos entienden, y no nos entienden". Y a esto, Antonio respondió: "Hay gente campesina como uno que no entiende y a la que no le explican bien... Les da rabia explicarle a uno".

Esta expresión de las discordancias evoca un aspecto de las relaciones jerarquizadas que no ha sido invisible para las ciencias humanas. La antropóloga brasilera Alcida Rita Ramos denomina a esto desencuentros semánticos: "un aspecto de las relaciones intensamente desiguales del campo interétnico que le dan forma a la comunicación imperfecta" (Ramos 2014, 8). De acuerdo con la autora, quien cita a la antropóloga japonesa Emiko Ohnuki-Tierney, el desencuentro semántico corresponde a "la falta de comunicación cuando no se comparte el mismo significado [...] que puede ocurrir cuando los implicados no se dan cuenta de la falta de comunicación entre sí" (Ohnuki-Tierney 2002, 3, en Ramos 2014, 7). El problema radica, de acuerdo con la autora, en cómo estos desencuentros reproducen relaciones de desigualdad. La observación participante permitió constatar cómo, en el marco de las situaciones burocráticas que introduce la ley, estos desencuentros -y la no correspondencia entre las acciones de los interactuantes- no sólo reforzaban relaciones de subalternidad sino que también frustraban voluntades interesadas en la consecución de objetivos comunes y compartidos entre la víctima y el actor burocrático.

Estas circunstancias mostraron que el acompañamiento de un tercero que "supiera hablar", como lo referían las familias, era una condición perentoria para que muchas de ellas pudieran insertarse en los trámites ante la Unidad de Víctimas por primera, segunda y, en muchas ocasiones, tercera vez. Adicionalmente, se identificó que la posibilidad de acompañamiento estaba restringida en muchos casos por los costos de alimentación y transporte (terrestre y fluvial, en muchos casos) que implicaba trasladarse al casco urbano desde veredas y resguardos. Así, durante los trabajos de campo, la investigación empezó a inclinarse hacia el desarrollo de acompañamientos que permitieran activar posibilidades de respuesta, entramados de acción, y la finalización de situaciones de espera dilatadas bajo la lógica burocrática del Estado.

La tercera manifestación de la discordancia evidenciada de manera empírica en el estudio se relaciona estrechamente con los desencuentros semánticos: la espera y las "reparaciones inconclusas" (Jaramillo 2012). El siguiente fragmento etnográfico describe cómo la situación de sufrimiento y precariedad de una familia indígena es recrudecida por la falta de respuesta de las instituciones y los actores del Estado. La muerte de José, un joven indígena de 16 años, fue ocasionada de manera fulminante después del impacto de una mina antipersonal que "lo dejó despedazado", tal y como los describen sus padres, en agosto de 2012, en el resguardo indígena de Inda Sabaleta (municipio de Tumaco). Luego del acontecimiento, de acuerdo con los relatos de Marta y Elkin (padres de José), lo que quedaba del cuerpo de su hijo reposó en la carretera del caserío durante seis horas, aproximadamente, hasta que los habitantes mismos del resguardo llevaron el cuerpo del difunto a Medicina Legal, porque el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación nunca llegó a hacer el levantamiento. Luego, una deuda por gastos funerarios -que debían ser cubiertos por el Estado, de acuerdo con los derechos estipulados en la ley- expuso por seis meses a la familia de once hijos al acoso de los prestamistas. En la actualidad, después de tres años del evento, la espera de la reparación se sigue extendiendo⁷.

La no correspondencia entre una norma que busca "reivindicar la dignidad humana y asumir la ciudadanía plena de las víctimas" y las acciones "expertas" que adquieren la forma de efectos adversos, desencuentros semánticos y reparaciones inconclusas sugiere poner en el centro de la reflexión etnográfica cómo opera lo sensible y lo epistémico en la mirada de quien interviene desde los estatutos que proveen las profesiones y la ley, dos dimensiones que actúan de manera articulada en la construcción de los Estados modernos.

La producción social de la indiferencia burocrática

El estudio de microhistorias que involucran a víctimas del conflicto armado, profesionales y funcionarios públicos envueltos en las rutas instauradas por la ley para garantizar el acceso al derecho de ser restituido y rehabilitado constituye una tarea urgente en Colombia. De este modo, es posible dilucidar las formas específicas que adquiere la burocracia, sus rutinas, sus personas, sus sentidos, su modo de producción de autoridad, sus efectos y las imbricaciones entre las categorías burocráticas y los sentidos de la vida diaria de las poblaciones impactadas por sus acciones. A partir de esta aproximación, las discordancias descritas no se deben avizorar como cuestiones aisladas, sino como expresiones de un mismo problema: las fronteras epistémicas y sensibles que se alzan entre quienes piensan y hacen la ley, quienes la ejecutan -técnicos y profesionales- y la mayoría de sujetos catalogados como víctimas del conflicto armado: "hombres y mujeres de escasos recursos de zonas rurales y con bajos niveles de escolaridad"⁸, de acuerdo con el análisis sociodemográfico realizado por la Iniciativa de Mujeres por la Paz (2007, 11) y con el Registro Único de Víctimas en el 2014.

Las siguientes selecciones empíricas corresponden a un nivel de análisis translocal que amplía la comprensión sobre dichas fronteras epistémicas y sensibles. Allí, las voces de los expertos permitieron identificar nociones concretas que atraviesan la experiencia quebrada de las voluntades y las acciones erigidas sobre las fronteras. Pedro, de 57 años, es un profesional de las ciencias de la salud con posgrados en Administración Hospitalaria y Gerencia Empresarial. La función del cargo de este experto consiste en la coordinación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para garantizar la asistencia a víctimas de minas antipersonal en Colombia:

La política se hace para todos. O sea, estamos actuando de manera general, hay una ruta que es asistencial para víctimas de minas en general. La ley nos está diciendo que uno debería hacer una ruta que diferencie entre estos cristianos que están sufriendo un tipo de vulnerabilidad, y eso se asocia con un tipo de amenaza que también es diferente. El Estado sí tiene aquí una cosa escrita, pero simplemente esta cosa no está dialogando con esto otro. Ésa es la primera fractura, el hacer cosas sin que se haga un análisis muy juicioso de cuáles son las necesidades reales de las personas y qué es lo que está generando la necesidad [...] Mira, el papel aguanta todo, pero en realidad, ¿cómo llega la ambulancia si no hay carretera? [...] Yo desde acá, como Estado, desde lo más global, tengo que dar los lineamientos, ¿pero yo cómo puedo coordinar, si todos no estamos hablando por lo menos de un objetivo común? Ahí aparece la segunda fractura. No sé si me hago entender, o sea, el problema grave que hay aquí es que no hay coordinación entre nosotros mismos, y hasta ahora estamos empezando a hacer consciencia de que hay unas competencias especiales para el tema de víctimas y otras competencias adicionales para las víctimas de minas. Los lineamientos que estamos sacando no son acordes ni a las necesidades, ni a las características de la multidiversidad que hay en Colombia. (Servidor público en el tema de minas antipersonal, Bogotá, D.C., octubre de 2012)

Dos fracturas recorren el rol profesional de este experto. La primera se vincula con la ausencia de "diálogo" entre las medidas estatales y "las necesidades reales de las personas"; y la segunda, con la carencia de un "objetivo común" y de coordinación entre las entidades del Estado.

Por su parte, Andrea, de 34 años, profesional de las ciencias sociales y, además, de las ciencias jurídicas, con estudios de posgrado en Política Social, permitió profundizar en el trasfondo de estas "fracturas". Esta servidora pública trabaja en una oficina dedicada a asesorar, elaborar y proponer la formulación de la política pública, en beneficio de los pueblos indígenas, para la defensa de sus derechos étnicos y culturales:

Yo creo que a este país le falta de verdad definir qué es el enfoque diferencial. Nosotros nos hemos dejado llevar por lo que dice la Corte Constitucional qué es el enfoque diferencial, pero no nos digamos mentiras, la Corte Constitucional está constituida por abogados que nunca están en campo, nunca están en terreno, son honorables magistrados, ¡lo que sea! El enfoque diferencial es un cliché en este país ¿Qué es el enfoque diferencial? ¿Cómo uno aplica políticas con enfoque diferencial? ¿Es el enfoque diferencial soberanía alimentaria? ¿Es dar una minuta a los niños que van al colegio con plátano y cuí, o no darles leche? ¿Qué es? ¿Es igual al asistencialismo del Estado colombiano frente a los pueblos indígenas pero con ligeras modificaciones para que les guste? O mejor, ¿es hablar de acción sin daño? Lo que estamos haciendo no está garantizando una protección cultural. (Servidora pública en asuntos étnicos, Bogotá D.C., enero de 2013)

El desconocimiento y la incomprensión del "enfoque diferencial" exigido por los "abogados que nunca están en terreno", y el reconocimiento de la no correspondencia entre los resultados de las acciones y los propósitos que éstas persiguen, trajeron al discurso de la funcionaria el sistema de acciones más efectivo para disciplinar el pensamiento: la universidad.

Resulta que [...] uno se da cuenta que hay tantas cosas que la Academia como que no percibe o no analiza o parte de unas perspectivas muy románticas, o es que hay división entre la Academia y la práctica. Acá le toca a uno abofetearse y decir: "Esto no es necesariamente lo que yo había aprendido en la universidad", y le toca a uno darse cuenta que hay realidades que no aplican para lo que uno aprendió. Creo que eso se lo deberían enseñar a la Corte Constitucional. Y no es que yo tenga rabia con la Corte, porque sí ha reivindicado muchos derechos, pero a veces uno lee las sentencias de la Corte, sobre todo tutelas y cosas que han tenido ver con consulta previa y que se han basado en conceptos de las universidades, pero cuando a uno le dicen "construya un programa de garantías, conciértelo y aplíquelo en seis meses", pues estás como un poquito descachado. Es chambón pensar que eso se puede hacer así. (Servidora pública en asuntos étnicos, Bogotá D.C., enero de 2013)

Hay aquí tres aspectos por subrayar. Primero, Andrea deja entrever algunos elementos de la experiencia personal -"abofetearse", "darse cuenta"-, fabricada en el contexto de los "descaches" o las "chambonadas" burocráticos, caracterizados por el hecho de ordenar un estado de cosas que desborda las posibilidades de acción de los sujetos en un momento específico (por ejemplo, un programa de garantías en seis meses, la aplicación de un enfoque pobremente definido y comprendido o, como lo dijo Pedro, el envío de una ambulancia donde no hay carretera, porque el papel aguanta todo). Segundo, ella pone de relieve la disociación existente en la universidad, una institución que moldea miradas y sensibilidades entre los expertos, y la define como la "división" entre academia y práctica, o entre la teoría y el ejercicio aplicado de una profesión. Tercero, también hace recordar las mutuas imbricaciones entre los conocimientos expertos y la producción de los Estados modernos, ya expuestas por Foucault (2002) en su Arqueología del saber. Esta división se encuentra, entonces, en la base de las no correspondencias entre las voluntades políticas, la acción de los profesionales y las necesidades situadas de las poblaciones; esto alude, en concreto, a eso que he llamado la experiencia quebrada de las voluntades y las acciones erigidas sobre las fronteras epistémicas y sensibles.

El antropólogo británico Michael Herzfeld muestra pistas interesantes para visibilizar las lógicas de naturaleza simbólica que subyacen a las fronteras entre normas oficiales y valores sociales más localizados. En su trabajo The Social Production of Indifference: The Symbolic Roots of Western Bureaucracy (1992), Herzfeld escudriña los usos simbólicos que están en la base de la indiferencia burocrática frente a las situaciones de individuos y grupos. Desde la lógica centralista del mundo moderno, explica el autor, Occidente fue asumido como un símbolo de "identidad compartida" asociado a la noción de "gobierno racional, democracia, inventiva científica y tecnológica, individualismo y ciertos compromisos éticos y culturales" (p. 2). Sin embargo, en los múltiples lugares de su enunciación, "Occidente" adquiere una variedad de significados, interpretaciones y usos que lo transforman en un estereotipo bastante alejado de la racionalidad coherente y unificada que pretende ser. En este contexto, la burocracia como mecanismo para "la administración de identidades personales, sociales y nacionales" (Herzfeld 1992, 3) lidia con inevitables tensiones entre formas localizadas de "ser" en el nivel social y cultural y modelos de identidad nacional. La reflexión del autor se vincula específicamente con las racionalidades del mundo occidental que orientan la acción de los operadores burocráticos y que oscurecen los contextos de uso y los procesos históricos de transformación de dichos simbolismos⁹.

Desde estas racionalidades generalizantes se instauran nociones específicas de persona, presencia, gobierno, cuerpo, sí mismo y familia que están en el corazón de la indiferencia burocrática. Estas nociones informan sobre los aspectos simbólicos del poder del gobierno, constituyendo formas "caprichosas" de exclusión y "un arsenal enorme de retórica autojustificatoria para las decisiones y prácticas burocráticas más inconsistentes" (Herzfeld 1992, 28). Por ejemplo, el autor subraya cómo desde este marco, las significaciones atribuidas a la sangre y a la raza en el llamado "Primer Mundo" fueron "puntos de partida para un código moral que clasificaba a la población de acuerdo con su fortaleza física o su agilidad mental [...] asignando a cada uno su lugar en la vida, hombre, mujer, normal y anormal" (1992, 23). El antropólogo define la indiferencia como "un rechazo a aquellos que son diferentes, una práctica selectiva instituida arbitrariamente, una negligencia benigna que produce una excusa moral para la inacción" (Herzfeld 1992, 33): la "chambonada" burocrática.

Desde la posición de la que se desprenden los materiales empíricos de este trabajo, debo subrayar que las distancias entre las formas retóricas de la norma y sus aplicaciones adquieren expresiones que, en algunos casos, parecen no estar tan sujetas al "capricho" de los actores burocráticos, cuya voluntad puede no exteriorizarse en su acción del mismo modo en que es concebida. Éste es exactamente mi foco de interés: cómo las fronteras epistémicas y sensibles se vinculan con una racionalidad no hábil para concebir formas particulares de ser persona, familia, niño, adulto, hombre o mujer, ni para formular e implementar acciones públicas lo suficientemente sensibles frente a la alteridad. Esto ocurre no sólo porque se da por sentada una identidad compartida, sino porque se asume la legitimidad de unas formas de existencia sobre otras. Empero, una explicación más profunda de estas distancias sugiere una mirada sobre las epistemes que perfilan la interpretación de los discursos expertos en Colombia como lugar de enunciación.

Los conocimientos profesionales parecieran ser legítimos en sí mismos. Como uno de los pilares de la racionalidad moderna, en el sentido común son asumidos como verdad transversal a todos los contextos. Los discursos profesionales y la ley dotan de autoridad la acción de quien posee un título universitario, e incluso, como lo muestran teóricos de la antropología política, los discursos científicos informan sobre las acciones del Estado moderno para regular la vida social y la legitimidad cultural en distintos ámbitos de la vida diaria:

En el corazón de las ideas que direccionan las formas de gobierno -cómo deben ser conducidas las políticas y cómo deberían funcionar las instituciones- están los lenguajes profesionales, sus técnicas disciplinarias, su vocabulario conceptual y las categorías por medio de las cuales las ciencias humanas, sociales, políticas y jurídicas analizan el Estado, la economía, la política, la sociedad y las personas, sin que esto quiera decir que estas formas de conocimiento existan independientemente del Estado. (Hansen y Stepputat 2001, 26-27)¹⁰

El modo como la disociada ciencia informa al Estado a través de los expertos dota de un talante estructural al problema del que me he venido ocupando: las fronteras epistémicas y sensibles de naturaleza simbólica que subyacen a las intervenciones adversas, los desencuentros semánticos y las reparaciones inconclusas. Es tan notorio este problema que en 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, ante los desafíos expresados por las actuales dinámicas del conflicto armado, hizo un llamado específico a las instituciones de educación superior y advirtió:

Actualmente hay profesionales en ejercicio sin formación en los fundamentos ético-políticos, conceptuales y de buena praxis para la atención a víctimas del conflicto, adicionalmente hay recomendaciones de los/las lideresas de la Mesa Nacional de Víctimas acerca de "articular con el Ministerio de Educación estrategias que permitan calificar a los profesionales en procesos de atención a víctimas del conflicto armado" y existe la necesidad de una oferta de programas de formación en atención a víctimas que cumpla con requisitos y estándares de calidad y con cobertura a nivel nacional. (República de Colombia, Ministerio de la Salud y Protección Social, mayo de 2015)

Las fisuras epistémicas que subyacen a la ley y a la acción: la ciencia como dispositivo de distanciamiento en Colombia

El clasismo es la gran forma de discriminación colombiana, generalizada, ancestral e incorregible.

Mauricio Rubio (2014)

Si bien no comparto la cuestión de "lo incorregible" del clasismo en Colombia, este mismo adjetivo subrayado en una columna escrita por Mauricio Rubio en la sección de opinión del periódico El Espectador, el 19 de noviembre de 2014, sí puede dar cuenta del agotamiento que algunos colombianos experimentamos por la generalizada actitud. Este epígrafe me sirve como preámbulo de la reflexión de este acápite.

En su Arqueología del saber, Foucault (2002 [1970]) plantea una interesante mirada de la episteme para comprender las lógicas internas de las fronteras simbólicas. Para él, la episteme es el espacio de orden, el punto de partida del conocimiento y las ideas, el sistema de interpretación que condiciona los modos de entender el mundo y de aprehenderlo en un tiempo determinado, es la condición de posibilidad del conocimiento, es la mirada ya codificada, lo "impensado" desde lo cual se piensa y se expresa la identidad histórica de las ideas. Desde esta perspectiva interrogo cómo se moldean las condiciones de posibilidad del conocimiento de la alteridad, en un país donde la interpretación de la racionalidad moderna puso las jerarquías asociadas a la clase, la raza o el género en el corazón de nociones como desarrollo, bienestar, calidad de vida o civilización. Para esto resulta pertinente acoger una lectura que admita los paralelismos y confluencias entre la colonialidad y la modernidad en América Latina.

Walter Mignolo, parafraseando a Aníbal Quijano en su trabajo sobre El gesto decolonial, subraya el carácter epistémico de la colonialidad. En el marco de la estructura relacional compleja de explotación y dominación que define lo colonial, se trasciende el plano físico y se instauran sistemas de interpretación que se dan por sentados y condicionan los modos de entender el mundo en un tiempo determinado (Quijano 2000, en Mignolo 2014). Desde este ámbito discursivo, el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez ha adelantado trabajos genealógicos muy sugerentes sobre la producción de la legitimidad epistémica en Colombia.

En su trabajo sobre ciencia, raza e Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Colombia, el autor describe cómo se codificaron las miradas y se instalaron condicionamientos específicos en el modo de entender el mundo dentro de un proyecto de nación. De acuerdo con la interpretación que se hizo de los discursos ilustrados, a los saberes expertos se les adjudicó el papel de forjar los actores y los escenarios propicios para adelantar el proyecto civilizatorio de la nación colombiana en los términos de Occidente. Así, la apropiación de la racionalidad científica se instaló como "dispositivo de blancura" y "estrategia de posicionamiento social" de las élites frente a grupos subalternos (Castro-Gómez 2010, 16).

Uno de los problemas evidenciados por Castro-Gómez es que estos usos y sentidos fueron perpetuados porque, a partir de las pretensiones de verdad, objetividad y neutralidad del conocimiento científico, se perdió de vista el carácter colonial del lugar de enunciación de los discursos ilustrados en el siglo XIX. La creencia de superioridad étnica y las dicotomías que se desprenden de ésta: lo civilizado y lo salvaje/la cultura y la naturaleza/lo blanco y lo negro quedaron naturalizados en las racionalidades expertas. En Colombia, la Ilustración fue leída, traducida, institucionalizada (y perpetuada) como mecanismo de "distanciamiento étnico" entre unos grupos y otros (Castro-Gómez 2010, 16-19). Desde estos usos y sentidos, la colonialidad adquirió una expresión cognitiva que hoy se proyecta en la producción, circulación y asimilación de conocimientos. Además de ser dispositivo de distanciamiento, el filósofo muestra cómo la forma de conocer, suministrada por la racionalidad científico-técnica de la modernidad, sirvió como aparato de "expropiación epistémica", es decir, como mecanismo de "eliminación de formas de conocimiento vigentes y su sustitución" (Castro-Gómez 2010, 16).

¿No es acaso el carácter epistémico de la colonialidad lo que está en la base de las discordancias entre los poseedores de los conocimientos expertos y los hombres y mujeres de escasos recursos de zonas rurales y con bajos niveles de escolaridad? ¿No es la expresión cognitiva de la colonialidad lo que está en el núcleo de las fronteras epistémicas y sensibles? No es esta codificación de la mirada una disposición que (in)habilita prácticas específicas?

Algunas autorreflexividades alrededor de los usos de los discursos científicos se vislumbran actualmente en las agendas intelectuales. Referenciaré sólo dos ejemplos derivados de profesiones fieles a los principios cartesianos, una de ellas dedicada al cuerpo: la medicina, y la otra, a la mente: la psicología. Jaime Carrizosa Moog (2014), médico y neurólogo infantil, en su trabajo denominado Eugenesia y discriminación en Colombia: el papel de la medicina y la psiquiatría en la política inmigratoria a principios del sigloXX, muestra cómo la psiquiatría y la medicina, en cabeza de "venerados académicos" (p. 61) como Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa, se articularon para informar, desde una perspectiva eugenésica, políticas de Estado tendientes a la depuración racial de la población colombiana. A partir de ahí, el autor reflexiona sobre la persistencia de prácticas discriminatorias en la medicina y en la política pública como producto de las herencias higienistas de la ciencia médica y cuestiona las reales oportunidades de todos los ciudadanos colombianos para ejercer sus derechos constitucionales.

Por otra parte, el psicólogo colombiano Carlos Arango (2014) utiliza la expresión "escolarización de la psicología académica" para denominar el fenómeno del "alejamiento de la comunidad psicológica con respecto a los problemas vividos localmente y al incremento en la formación psicológica tradicional" (p. 10) en los programas universitarios en Colombia. En un esfuerzo por historizar el desarrollo de esta profesión en el país, en su trabajo denominado Expedición psicosocial colombiana: una aventura de construcción colectiva, Arango señala que el nacimiento de esta disciplina fue un proceso que pareciera no tener relación alguna con las necesidades de la población colombiana: "el tema de la escolarización se refiere explícitamente a la desconexión existente entre los contenidos de la formación académica y la complejidad de los problemas de la realidad social y cultural, por no hablar de la desactualización de los enfoques tradicionales de la psicología como consecuencia de la globalización y las nuevas formas de socialización" (Arango 2014, 9-10)¹¹ .

Los conocimientos expertos en Colombia se usaron y se usan, entre otras utilidades, como instrumento de distanciamiento entre grupos producidos históricamente bajo los efectos de verdad de las jerarquías asociadas a la clase, la raza y el género. Así las condiciones de posibilidad del conocimiento de la alteridad instalan fronteras simbólicas que tienen en la base miradas codificadas por dicotomías que mantienen y exacerban las brechas entre grupos humanos que confirman sus propias epistemes. En este contexto, son resultados esperables las discordancias entre conocimientos expertos impartidos en el ámbito académico y el ejercicio aplicado de una profesión; la no correspondencia entre las voluntades políticas, la acción burocrática y las necesidades situadas de las poblaciones; sus efectos adversos, las reparaciones inconclusas y los desencuentros semánticos que frustran las voluntades de los interactuantes.

"La ciencia del tiempo y del lugar"¹² sensibilidades y epistemes dispuestas a reconocer las particularidades de la alteridad

Son innumerables los trabajos que desde el siglo XX están dedicados a revelar y comprender las experiencias de dolor, las narrativas de los acontecimientos, los procesos de recomposición de la vida, la memoria de la guerra, las causas de la violencia, la organización sistemática del terror y del daño, por sólo señalar algunos tópicos que configuran la agenda intelectual sobre la violencia en Colombia (Bello et al. 2001 y 2005; Tovar 2006; Castillejo 2000; Agudelo 1998; Flórez 2002; Romero 1996; Franco 2012, 2013 y 2015). Precisamente, trabajos como éstos, que yo misma he engrosado, sugirieron objetivar a los profesionales y lo que piensan, a los que hacen y piensan la norma y a quienes formulan e implementan acciones que impactan la vida de las víctimas.

Las capacidades prácticas de los expertos requieren la instauración de marcos interpretativos transdisciplinares y la desestabilización de preconceptos instalados bajo una mirada occidentalista. En un momento en el que las palabras reivindicación, rehabilitación, restitución, reintegración y enfoque diferencial atraviesan la agenda pública nacional, es preciso reconocer que el primer objeto de intervención de la acción de impacto público tiene que ser el profesional mismo y sus concepciones culturalmente saturadas por la vía de la ley, de la racionalidad científica y de la historia en torno a la persona, el sí mismo, el territorio, el desarrollo, el bienestar o la calidad de vida. Es decir, el primer objeto de intervención debe ser quien se ha disciplinado en el dominio de conocimientos, discursos y técnicas instaurados como dispositivos de distanciamiento, separación, e incluso de movilidad social en Colombia. Nada más incongruente con un proyecto de nación.

Distintas aproximaciones etnográficas realizadas entre 2007 y 2014 en el Magdalena Medio santandereano, en el oriente del departamento de Caldas y en Tumaco, en el departamento de Nariño, con pueblos campesinos e indígenas que llevan la huella del conflicto en sus cuerpos individuales, familiares y sociales han suministrado, además de autorreflexiones, lineamientos para las epistemes y las sensibilidades de quienes estén dispuestos a hacer un desplazamiento de sí mismos para integrar concepciones versátiles derivadas de una ciencia del tiempo y del lugar.

Una ciencia del tiempo y del lugar aplicada a la formulación de acciones con capacidad de respuesta -o acciones responsables- frente a las poblaciones de víctimas sería producto de la comprensión de cómo se construyen relacionalmente el tiempo y el espacio en un contexto particular antes, durante y después de la guerra. Dentro de esta trama de tiempo es imprescindible describir las particularidades territoriales, los procesos de apropiación territorial que ahí se despliegan y las pautas de cohesión social disponibles culturalmente. También lo es la descripción de los accesos diferenciales a la educación, los servicios públicos, la salud, la vivienda, la alimentación o el trabajo y los valores culturales vinculados con cada una de estas dimensiones. Se integran a la construcción de una mirada resituada y sensible los siguientes aspectos: la comprensión de la relación entre los sistemas de producción, distribución y consumo de recursos de una población y la configuración de nociones de familia; la identificación de la situación sociopolítica; el conocimiento de las significaciones atribuidas al sexo, a la edad, a la pertenencia de grupos; la caracterización de las condiciones organizativas locales y su capacidad de respuesta ante los acontecimientos; la identificación de las relaciones entre la administración pública, la organización local y los sujetos que habitan los espacios de su jurisdicción; el reconocimiento de la familiaridad de las poblaciones con los códigos burocráticos, con sus formas de expresión y con el conjunto de acciones institucionalizadas, para hacer efectivos los derechos ciudadanos; la caracterización del daño manifiesto, las interpretaciones localizadas del dolor, la persistencia de conmociones sensoriales (Molina 2013), emocionales, morales y corporales experimentadas en el tiempo; y la descripción del impacto de la acción pública en la vida de las personas afectadas.

A la configuración de un marco interpretativo situado localmente habría que añadir la comprensión de un proceso de adaptación al desmembramiento individual y/o familiar en la vida cotidiana; la identificación de prácticas individuales, personales, familiares y sociales que mitiguen el desmembramiento, tales como la configuración de redes de apoyo y de acompañamiento y su permanencia en el tiempo, la construcción de procesos de resignificación y autosoporte, el despliegue de prácticas para la subsistencia o la expresión de prótesis simbólicas instaladas en la cultura como mecanismos para la transacción del duelo (Franco 2012 y 2015).

Las demandas contemporáneas expresadas en términos de derechos interculturales y la emergencia de las nuevas ciudadanías en un país con problemas que no son ajenos al panorama latinoamericano -pero cuyas violencias persistentes en el tiempo lo hacen muy particular- desafían la producción y la pertinencia de conocimientos y acciones "expertos" que buscan reivindicar la dignidad humana. Ante tales discordancias, urgen nuevas sensibilidades y epistemes, informadas por lo local, sin -ismos, sin polarizaciones o exclusiones que les hagan eco a las relaciones de dominación que están en el origen de nuestros conflictos.

Comentarios

^* Este trabajo deriva de la tesis de la autora para optar al título de Doctora en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Esta investigación, dirigida por la doctora Myriam Jimeno, fue defendida y aprobada el 25 de mayo de 2015.

¹ La comunidad Awa es un grupo indígena de aproximadamente 37.000 personas que habita el piedemonte andino suroccidental del Pacífico colombiano. Se localiza en el departamento de Nariño, entre los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego. En lengua sindagua, la palabra Awa significa "gente", que es utilizada para hacer referencia a cualquier persona, mientras que la combinación Inkal awa es utilizada para hacer referencia a sí mismo en términos específicos, y se traduce como "gente de la montaña, selva" (Cerón 1992).

² Recordemos que Colombia es uno de los pocos países en los que aún se sigue utilizando este tipo de tecnologías militares, en el marco del conflicto armado (Vicepresidencia de la República 2009).

³ La estructura administrativa en Colombia diferencia entre una administración central nacional y unas administraciones descentralizadas de orden local, regional.

⁴ La Unidad de Víctimas es una entidad adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, institución del gobierno de Juan Manuel Santos "encargada del Sector de la Inclusión Social y de la Reconciliación".

⁵ El Registro Único de Víctimas (RUV) es un instrumento para identificar la población víctima del conflicto armado en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, que facilita el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar los derechos de las víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas es la encargada de la administración, la operación y el funcionamiento del RUV, el cual incluye a víctimas individuales y un módulo para sujetos de reparación colectiva (GTZ, Corporación Viva la Ciudadanía 2012, 17).

⁶ Toda víctima tiene derecho a recibir medidas especiales y preferentes de asistencia en materia de salud y educación, así como el acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios de las personas que mueran como consecuencia del conflicto. Por otra parte, las víctimas también tendrán derecho, dependiendo del daño sufrido, a todas o a algunas de las cinco medidas de reparación contempladas en la Ley 1448: i) Restitución de tierras; ii) Indemnización administrativa; iii) Rehabilitación; iv) Satisfacción y v) Garantías de No Repetición.

⁷ Sobre este tema se sugiere consultar el trabajo del antropólogo colombiano Pablo Jaramillo. En su estudio sobre la desesperación y las reparaciones inconclusas a víctimas de la guerra en La Guajira (Colombia), el autor demuestra cómo "la espera perpetua" y la "parafernalia gubernamental" reposicionan el dominio de un Estado que inicialmente se muestra en posición de "inferioridad moral". Es decir, primero el Estado reconoce su deuda con las poblaciones de víctimas, y luego las subordina a través de la espera incesante "de algo cuyo valor y forma es cuestión de especulación cotidiana" (Jaramillo 2012, 56-57).

⁸ Algunas cifras sirven para ilustrar el contexto de marginación que ha caracterizado lo rural en Colombia, lugar en el que se despliega la mayoría de hechos victimizantes ocasionados por la guerra. Para los economistas colombianos Parra, Ordóñez y Acosta (2013), en el campo el porcentaje de viviendas que tienen acceso a servicios básicos como energía eléctrica es de 20%; al servicio de acueducto, 28,2%, y al servicio de alcantarillado, 61,2%. En contraste, en el ámbito urbano 99,8% de los ciudadanos acceden al servicio de energía eléctrica, 85,2% al servicio de acueducto y 96,7% de alcantarillado. Los mismos autores muestran indicadores del acceso a la educación en los campos colombianos que evidencian que el porcentaje de personas que tienen secundaria completa (incluida la educación superior) está entre el 6,5% y el 14%, mientras que en las ciudades el acceso a la educación secundaria completa está entre el 18,2% y el 29,9%. Por último, la proporción de trabajadores informales en el campo es de 46,1%, y en la ciudad, 39,7%. Las cursivas de la cita son mías.

⁹ Como lo señala Weber, la burocracia es un modelo de responsabilidades racionalmente divididas, en las que el comportamiento humano es previsible y obediente a determinadas formas de dominio que se imponen sobre la voluntad de un funcionario orientando su acción (Weber 2010 [1977]).

¹⁰ Ya Foucault, antes de finalizar el siglo XX, había considerado cómo "la regulación, el orden social y la efectividad institucional operan y son posibles por el poder disciplinario" de los conocimientos expertos sobre las prácticas humanas, el sí mismo, la familia, las conductas o el cuerpo y "cómo los disciplinamientos derivados de los discursos conceptuales estructuran al mismo tiempo condiciones de posibilidad de la política y del gobierno" (Hansen y Stepputat 2001, 4).

¹¹ Desde este fenómeno, son posibles trabajos como el de Calvache (1987). En el estudio denominado Patrones de comportamiento de un grupo indígena (Kwaiker) en Nariño en relación al desarrollo y evolución de sus niños de cero a siete años, la autora concluye que las prácticas de crianza del grupo indígena puesto entre paréntesis por ella no favorecen el desarrollo cognitivo de los niños de acuerdo con las etapas determinadas por Jean Piaget perpetuando el estado de subdesarrollo de esta población, respecto al estadio más evolucionado planteado por el psicólogo francés. De este modo, se confirma el efecto de verdad de la persona occidental distante de otras formas de la existencia encarnada y de otros modos de organización de la vida.

¹² Escuché por primera vez la expresión la ciencia del lugar de Gloria Cuartas, trabajadora social, política y geógrafa colombiana, quien usa esta denominación para dar cuenta de una lógica transdisciplinar capaz de superar aquello que Clifford Geertz llamó las "concepciones estratigráficas" del ser humano (1973), es decir, concepciones que dividen la comprensión de lo humano por planos científicos separados que involucran lo cultural, lo psicológico, lo orgánico, lo social o lo territorial.

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Artículo recibido: 16 de marzo de 2015; aceptado: 19 de agosto de 2015; modificado: 22 de septiembre de 2015