Fronterización

Hablar de seguridad es, de hecho, hablar de muchas cosas a la vez; el carácter polisémico de dicho término y la multiplicidad de dimensiones que abarca requieren que su estudio sea cuidadosamente contextualizado. La antropología, por su énfasis en la indagación situada de fenómenos sociales, puede ofrecer aproximaciones particularmente idóneas para dicha tarea. Es bajo esta perspectiva que este apartado aborda el fenómeno de la seguridad entrelazado con procesos de policiamiento (policing¹) y fronterización (borderization), tal como se presentan en el terreno etnográfico y en el estudio genealógico de la región. En este sentido, las categorías de orden policial y fronterización constituyen entradas al estudio de las relaciones entre seguridad, territorio y población que Michel Foucault (2004), en su curso homónimo de 1977-78, analizó en su capacidad de actuar como interfaces de tecnologías globales de gobierno.

Para abordar las fuerzas que componen y tensionan los paisajes fronterizos del norte de Chile ocupo el neologismo "fronterización". Mediante este término, que reformulo a partir del trabajo de Nevzat Soguk (2007), busco poner de relieve algunas de las características que hacen de esta zona un territorio intensamente atravesado por fronteras sociales, económicas, políticas y morales. La fronterización pone énfasis en los procesos y tensiones que animan los entramados fronterizos, privilegia la historicidad y vitalidad performativas de tales formaciones. Las fronteras así entendidas -es decir, como fenómenos que afectan la configuración de las relaciones de poder en determinados lugares y tiempos- pierden su carácter estático y dejan de aparecer como un mero resultado. Las fronteras pueden manifestarse entonces como procesos históricos con efectos concretos en las formas de vida colectivas que emergen en sus intersticios/pliegues (en el sentido dado por Deleuze 1988). Pero como no hay frontera inexpugnable, los procesos involucrados en la securitización (securitization) de los límites sociales y de las fronteras territoriales pueden ser detenidos, transformados o revertidos por las propias colectividades³. De ahí que la fronterización, en cuanto marco analítico, debe incorporar necesariamente el potencial de las personas que participan cotidianamente en su configuración.

Las fronteras del Estado tienen un lugar central en los debates sobre seguridad, identidad y supervivencia. Las tierras fronterizas y los márgenes urbanos son usualmente considerados como zonas críticas, en los límites de la seguridad estatal y en los bordes de los imaginarios nacionales (Hutchison y Haynes 2011; Jones 2012; Kalir y Sur 2012). La zona que en la actualidad ocupa la frontera norte de Chile ha experimentado históricamente amplios procesos de movilidad humana transfronteriza y trasnacional, desde la circulación tradicional de la población andina entre el altiplano, los valles y la costa hasta el movimiento de migrantes latinoamericanos en busca de mejores oportunidades económicas (Abercrombie 1998; Murra 2002; Stefoni 2011). Sobre este contexto de base, las regiones del extremo norte, Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, han experimentado un incremento sin precedentes de la población migrante procedente principalmente de Bolivia, Perú y Colombia (Liberona 2015; Tapia 2015). De hecho, hoy en día, el extremo norte de Chile se ha convertido -según el Departamento de Extranjería y Migración- en la zona con la tasa más alta de habitantes extranjeros en términos relativos respecto a la población de cada región en Chile (DEM 2016, 26).

Dicha situación ha comenzado a transformar la geografía social y cultural de un país que, durante el régimen de Pinochet, se representó a sí mismo (por los canales autorizados por la dictadura) como un pueblo homogéneo y unitario (Cuevas 2014). Tal particular representación, alojada en lo que Foucault (2009) entiende por "orden del discurso"⁴, ha estado presente, por lo menos, desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando, durante la Guerra del Pacífico, fueron reproducidos con brío en la prensa local discursos nacionalistas entrelazados con tóxicas concepciones raciales y morales acerca de la superioridad del pueblo chileno. Al finalizar este conflicto armado, y mediante la firma de tratados de paz con Bolivia, en 1904, y Perú, en 1929, Chile aumentó su territorio en un tercio, tomando posesión de las provincias peruanas de Arica y Tarapacá y de la provincia boliviana de Antofagasta. En este proceso, Bolivia quedó sin salida al mar y Chile aseguró su control sobre las minas de nitrato más productivas en el mundo (González 2008)⁵. Como varios investigadores han mostrado (Arellano 2012; Beckman 2009; Klaiber 1978), la opinión pública, reflejada por la prensa chilena que cubrió el evento, alimentó un discurso dominante que vinculaba el avance del Ejército chileno con el progreso de la civilización y el orden moral encarnado por esta nación meridional. Esto no fue sólo una cuestión de fuerza militar; este conflicto reveló cualidades más profundas que, según la prensa local, distinguían a Chile por su población: "fuerte, vigorosa, compacta, sin diferencias significativas de raza, hábitos y lengua" (El Ferrocarril 1880, en Klaiber 1978, 29). En cambio, la debilidad de Perú y Bolivia fue presentada como algo inherente a la constitución de una población compuesta de "indígenas aborígenes, negros y mestizos de varias castas" (El Ferrocarril 1880, en Klaiber 1978, 29). La victoria de Chile en la guerra alimentó "ontologías raciales" (Stoler 2013, 23) modeladas por siglos de dominación colonial europea.

En los territorios del extremo norte de Chile perdura un ethos fronterizo forjado por la fuerza militar y estructurado por una geografía racializada que hoy se expresa mediante la discriminación social, la explotación económica y la privación de derechos políticos de una población de migrantes compuesta principalmente de indígenas y mestizos del altiplano peruano-boliviano y de afrodescendientes colombianos. Sobre estas desigualdades que dan textura a la fronterización del norte chileno se añade una amenaza exterior que inquieta a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (i.e., Policía de Investigaciones y Carabineros). Se trata del explosivo aumento de los delitos por narcotráfico y del tráfico de migrantes en la frontera norte del país. Por ejemplo, sólo entre los meses de enero a septiembre de 2015, la Fiscalía Regional de Arica-Parinacota registró un incremento de un 622% en los delitos asociados al tráfico de drogas al ingresar al territorio nacional, mientras que el tráfico de migrantes aumentó en un 242%, en comparación con igual período de 2014 (Fiscalía 2015). Estas cifras -sin precedentes en Chile- han desencadenado la alerta en las instituciones estatales encargadas de velar por la seguridad pública. Junto al reforzamiento de los controles en el complejo fronterizo Chacalluta y la vigilancia de los pasos clandestinos aun sembrados con minas antipersonales, las policías de Carabineros e Investigaciones han intensificado los patrullajes y controles de identidad en las zonas urbanas frecuentadas por migrantes, especialmente bolivianos, peruanos y afrocolombianos. Este proceso de control estatal, observable en las interacciones entre migrantes y agentes de policía (Carabineros y PDI), está teniendo efectos reconocibles en la regulación de los excedentes de población del mercado laboral (Quinteros 2016), en una economía neoliberal mantenida por el Estado mismo.

La emergencia de nuevas formas de control punitivo de la circulación transfronteriza de personas reproduce en el norte chileno (Stang y Stefoni 2016) un proceso de más amplia escala -manifiesto especialmente en Europa y América del Norte-, en el que el migrante "desviante", el "crimigrante" (para emplear el término utilizado por Aas ENT#091;2011; 2013ENT#093; y Stumpf ENT#091;2006ENT#093;), es tratado simultáneamente como sujeto de regulación migratoria y objeto de castigo penal. Pero dicho fenómeno no sólo ha implicado nuevas formas de tratar conjuntamente la creciente inmigración⁶ y el tráfico delictual; aquello ha conllevado también una transformación estructural en la institucionalidad de la seguridad interior del Estado en Chile. De hecho, el nombre del Ministerio del Interior de este país, así denominado por 140 años, cambió su nombre a mediados de 2011 por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Lejos de ser algo insignificante, lo que este cambio de nombre indexa es una transformación profunda en la manera en que la institucionalidad del Estado ha comenzado a pensar de forma indisociable los problemas de seguridad e inmigración, concibiéndolos como dos caras de una misma unidad de intervención gubernamental. En este marco de integración administrativa cohabitan las labores policiacas de las Fuerzas de Orden y Seguridad a cargo de las divisiones de Carabineros y de Investigaciones, junto con el trabajo de gestión migratoria del Departamento de Extranjería y Migración.

Los cambios en la manera en que el Estado de Chile concibe hoy el orden y la seguridad pública se interconectan con la securitización conjunta de las fronteras y de la migración. En este proceso toma forma una racionalidad global de reforzamiento de las tecnologías de vigilancia y control que guarda relación con la concepción del "banopticon" desarrollada por Didier Bigo (2007), a partir de la teoría del panóptico de Foucault, basada en Bentham⁷. Pero también, el desarrollo del común denominador securitario que interconecta la gestión gubernamental de las fronteras y de la migración ha ido acompañado de una economía moral ambivalente (Fassin 2005), marcada por acciones de hospitalidad y hostilidad por parte de grupos de la sociedad civil e instituciones públicas. La tensión entre el Estado penal y el Estado social se expresa con fuerza cuando la población con la que tratan los agentes gubernamentales y no gubernamentales se caracteriza por su precariedad económica y jurídica, tal como los inmigrantes en situación de vulnerabilidad que habitan el norte de Chile. Es en este sentido que, mientras más porosa se presenta la distinción entre extranjeros "peligrosos" e inmigrantes "en peligro", más difusa se manifiesta también -en las prácticas del Estado y de ONG- la frontera entre los migrantes que son foco de represión de aquellos que inspiran compasión.

La historia reciente del asistencialismo a migrantes pobres en la ciudad fronteriza de Arica ha experimentado un explosivo desarrollo. En efecto, en los últimos cinco años, esta ciudad se ha convertido en el escenario para el despliegue de una creciente red de ayuda a migrantes considerados vulnerables por ONG humanitarias -por ejemplo, Servicio Jesuita Migrante (SJM), TECHO y Centro de Atención al Migrante (CAMI)- y servicios gubernamentales -como el Ministerio de Salud (MINSAL) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)-, en áreas tan diversas como la asistencia jurídica, la salud reproductiva y dental, la alimentación y el alojamiento, la entrega de materiales de construcción y la capacitación a madres en la crianza de sus hijos. No obstante, este proceso ha ido también aparejado de expresiones de hostilidad entre grupos de la población local que relacionan la delincuencia y el clima de inseguridad con el aumento del número de migrantes⁸. La correlación entre criminalidad y extranjeros pobres es sugerida hoy por figuras prominentes de la clase política nacional. Senadores, diputados y candidatos a la Presidencia -incluido el expresidente Piñera- exigen el endurecimiento de la política migratoria con ocasión del actual debate en torno a la nueva Ley de Extranjería y Migraciones en Chile. El siguiente extracto, que reproduce una declaración del exmandatario -difundida por los medios de comunicación nacional-, ilustra cómo la inseguridad y la delincuencia han llegado a ser entrelazadas con el fenómeno migratorio en las prácticas discursivas de reconocidas figuras políticas a nivel nacional:

Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración representa un gran porcentaje de la población ENT#091;...ENT#093; Nuestro país en el norte tiene frontera con Argentina, Bolivia y Perú, y recordemos que Bolivia y Perú están entre los países de mayor producción de drogas en el mundo, en esto no puede haber ninguna ingenuidad, ni ninguna debilidad ENT#091;...ENT#093; Es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. (Piñera 2016)

No se trata aquí de una declaración aislada destinada a desvanecerse con prontitud; ella forma parte de una más amplia formación discursiva que emerge en sectores de la clase política nacional dentro de un contexto general de desafección política. Más que la simple representación de una idea, lo significativo en aserciones como esta es su potencial ilocucionario y perlocucionario⁹, en definitiva, su capacidad de "hacer cosas con palabras" (Austin 1975).

Al tomarse por dada la supuesta conexión entre la delincuencia y el aumento de extranjeros en el país¹⁰, se contribuye a instituir una geografía securitaria de la inmigración. En esta geografía se delinean zonas sensibles, tal como el extremo norte de Chile, en donde el crimen organizado aparece -ante la mirada policial del Estado y de sectores de la ciudadanía- unido indisociablemente con la intensificación de los flujos migratorios. A través de esta cartografía de inseguridad e inmigración se traza una línea de fuerza de integración nacional: la defensa. En esta nueva configuración, el endurecimiento de la política migratoria emerge como un horizonte biopolítico con utilidades electorales y económicas abiertas por la explotación de trabajadores migrantes forzados por el Estado a devenir ilegales (De Genova 2002). Pero, ¿cuál es la situación desde el punto de vista de las interacciones situadas entre agentes de policía y migrantes pobres en la frontera norte?

Policía

En los contextos de vida cotidiana de las personas migrantes que habitan los espacios transfronterizos del norte de Chile, el sentido de frontera excede la mera referencia a divisiones territoriales estáticas. Otra forma de frontera también es experimentada a través de interacciones banales de la Policía con la población de extranjeros pobres, muchos de ellos provenientes del altiplano peruano-boliviano -entre ellos, numerosos indígenas aimara-, y afrodescendientes venidos de Colombia. Según los carabineros asignados a los barrios periféricos de la ciudad de Arica, estos grupos de migrantes resultan identificables con facilidad, debido a rasgos corporales como el color de la piel, el comportamiento, la forma de vestir y de hablar.

Los migrantes que habitan los campamentos de la periferia urbana de Arica y los refugios para trabajadores temporeros en el valle de Azapa aparecen a los ojos de las fuerzas de orden y seguridad como formas de vida naturalizadas, adaptadas a "nichos de miseria e ilegalidad". Las maneras en que los agentes de policía tratan en sus discursos y prácticas cotidianas a los migrantes que frecuentan los alrededores de la Terminal Internacional de Buses de Arica y la Terminal Agropecuaria (AGRO), en la periferia de la misma ciudad, refuerzan la frontera socioespacial que separa la vida urbana "legítima", cuya seguridad debe ser preservada de las formas de vida escandalosas, "especializadas" en sobrevivir en los márgenes del orden social. Un suboficial de Carabineros explica:

En realidad, estas son familias que se dedican a vivir en las tomas. Por ser, tú te encuentras con familias completas que viven en el sector. Donde vive la mamá, la abuelita, el tío, y tienen como 4, 5, 6 niños, que son de diferentes papás. Hay niños que ni siquiera van a la escuela. Así, cuando uno va a ese sector y da algunas charlas ENT#091;principalmente sobre tráfico y consumo de drogasENT#093;, se busca, dentro de todas las personas, una que diga "yo, en realidad, ¡quiero salir de aquí!" ENT#091;...ENT#093; En esta zona, la gran mayoría son personas violentas, muy violentas, allí prima la Ley de la selva, la ley del más fuerte y todo ese tema. Recuerdo que hace cinco años allí mismo habían verdaderas batallas campales entre familias. Ellos peleaban y se agredían con fierros, palos, pistolas y revolvers y no medían consecuencias. ENT#091;...ENT#093; Allí, en la toma vive mucha gente que está quebrantada, que son infractores de ley, que tienen causas pendientes. A menudo caminan como si estuvieran ocultando algo, la mayoría de la gente sólo sale del campamento por la noche, algunos trabajan en las inmediaciones ENT#091;...ENT#093; a esto se agrega el tema de los migrantes, allí se ven peruanos, muchos bolivianos, colombianos. Generalmente el colombiano, por su cultura, es un ser agresivo, eso está cambiando para mal la conducta de las personas vulnerables ENT#091;...ENT#093;

¿Cómo se teje la relación entre la inseguridad que produce la condición social de abandono y la espinosa cuestión de la existencia en los bordes de la vida? ¿Qué significa una vida inadmisible, peligrosa, atrapada entre varios lenguajes¹¹, una vida en espera, en la frontera?

Estudiar las experiencias de los migrantes que habitan los asentamientos ilegales en las periferias de Arica es, al mismo tiempo, explorar la manera en que la inseguridad llega a formar parte de la vida diaria, naturalizándose de cierto modo. Tomar en serio estas experiencias implica necesariamente analizar las relaciones con los "otros" en contextos estructurados por fuertes desigualdades económicas y sociales. La precarización económica y la exclusión social y política de los migrantes en situación irregular hacen siempre posible los abusos de poder, por cuanto la capacidad de respuesta no reside en una reciprocidad entre iguales. En consecuencia, algunas preguntas difíciles que se imponen a la exploración etnográfica son: ¿hasta qué punto las personas tratadas como peligrosas -tal como lo sugiere el testimonio del carabinero antes citado- son marcadas por las acciones de los otros? ¿Cuáles son, en efecto, sus capacidades de respuesta? ¿Pueden -en el sentido de Spivak (1988)- realmente hablar? ¿Cómo pueden hacerse escuchar con voz propia? No abrumaré al lector con definiciones y citas eruditas. Intentaré, en el siguiente apartado, entrar en materia como etnógrafo, es decir, siguiendo una experiencia situada.

Política de la presencia

Atrapados en una malla de múltiples fronteras, ni totalmente adentro, ni completamente afuera, los migrantes de los campamentos de Arica y los trabajadores agrícolas extranjeros de Azapa no se alojan en la exterioridad radical, sino más bien en los pliegues precarios de espacios intermedios. Como "ocupantes indebidos de un terreno privado que no les pertenece" -para ocupar las palabras de un funcionario del Ministerio de Vivienda-, su participación en la vida pública está marcada por el signo de la "participación sin pertenencia" (Derrida 1980, 59).

El campamento de ocupantes "ilegales" Coraceros lleva ese nombre debido a su ubicación adyacente a la primera Brigada de Infantería Coraceros, que fue creada en 2007, sólo tres años antes del repentino nacimiento de este asentamiento, en 2010¹². Ubicados en la salida sur de la ciudad de Arica, ambos batallones -uno formado por el Ejército chileno, el otro compuesto por migrantes pobres- están situados uno frente al otro, separados por la Carretera Panamericana -la principal arteria que conecta al país-. En el primer plano de la (figura 1) podemos apreciar una parte del campamento de migrantes y, en el fondo de la imagen -resaltado por un área de árboles y palmeras y un tanque (arriba a la derecha)-, el regimiento del Ejército chileno. La estrecha proximidad de la Brigada Coraceros al campamento ilegal del mismo nombre, tal como lo sugiere esta imagen, ilustra la violencia tanto militar como económica que da forma a esta región fronteriza.

Fuente: fotografía del autor.

Figura 1 Campamento Coraceros (primer plano) y brigada Coraceros (fondo). 

Coraceros, junto con otros dos asentamientos no autorizados, Areneros y Renacer del Pedregal, forman una gran barriada, donde viven migrantes bolivianos, peruanos y colombianos que comparten el área con gitanos y chilenos en abandono social (Biehl 2005)¹³, principalmente madres solteras, jóvenes adictos y personas que padecen enfermedades crónicas. La ubicación de estos asentamientos en el paisaje urbano acentúa su paradójica condición de invisibilidad a través de una exposición máxima. La transparencia de la atmósfera, la luz del sol brillante y la ligera elevación de la carretera ofrecen una visión clara del asentamiento. Sin embargo, su reconocimiento a los ojos del Estado no es tan claro. La gente aquí vive sin servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado), constantemente bajo vigilancia de la Policía y amenazada de desalojo por instituciones gubernamentales. A pesar de tales dificultades, la vida en estas tomas de terrenos es también sentida por sus habitantes como una forma de logro, una adquisición que se defiende en el día a día.

En los campamentos no autorizados, a menudo se ponen en juego sentidos de (in)seguridad contrapuestos. No se trata sólo de la polisemia que caracteriza la pluralidad de los puntos de vista de los agentes sociales. El carácter contrapuesto se asienta en el emplazamiento político radicalmente divergente que pueden ocupar los colectivos sociales, ya sean estos informales para el Estado -como los pobladores-migrantes-, ya sean estos institucionales -como los cuerpos de policías de Carabineros e Investigaciones-. En ocasiones, podría decirse que la seguridad que buscan mantener los unos es la inseguridad de los otros. Difícilmente podría argumentarse, tras participar o simplemente observar la emergencia de una toma de terrenos por familias sin hogar, que en tal acción no hay un deseo profundo de seguridad en sus habitantes. En condiciones de existencia radicalmente inseguras para numerosos migrantes que trabajan en la frontera norte, el acto de habitar en viviendas construidas por ellos mismos y el hecho de vivir en terrenos obtenidos con astucia y contra la voluntad del Estado constituyen un esfuerzo permanente por seguridad, que se refleja en la defensa y el cuidado cotidianos de sus hogares. En cambio, para los garantes soberanos del orden y la seguridad pública, el simple hecho de tolerar la existencia misma de estos asentamientos representa una fuente de inseguridad, lo que no puede permitirse, ya que pone en peligro la integridad de la sociedad que "debe ser defendida" (Foucault 2003).

Para llegar a ser colectivamente visible y audible en la vida pública de la ciudad se requiere, ante todo, devenir presente, aun cuando el acto de presencia colectiva, tal como en el caso de los campamentos de migrantes, quebrante -en el sentido de Rancière (1999)- el "orden policial" prevaleciente. La presencia, en su manifestación urbana, revela un punto de potencial político que puede ser movilizado por diferentes causas y preocupaciones en la elaboración de nuevas formas de involucramiento en la vida urbana. La ciudad, en este contexto, proporciona la arena para la configuración de subjetividades políticas. En efecto, reivindicar una presencia colectiva en la ciudad conlleva la posibilidad de articular una "subjetividad política y su expresión por derechos" (Isin 2012, 109), no a través de la fijación de la residencia, sino precisamente a través de la afirmación del hecho social de la presencia. Examinar el fenómeno de la presencia entre los pobladores migrantes del norte de Chile es también abordar las inseguridades de la subjetividad "no-ciudadana". Se abre, así, un campo analítico que favorece la atención en el uso estratégico de la presencia como herramienta política en determinados contextos urbanos, algunos de los cuales pueden producir la articulación visible de una identidad colectiva, mientras que otros pueden tratar de impedir, resistir o evitar esa visibilidad.

Cuando ocurre una toma de terrenos por migrantes -tal como han sido los casos de los campamentos Coraceros, Areneros y Renacer del Pedregal, en la ciudad de Arica-, usualmente se ponen en marcha formas de autoorganización que, a su vez, animan el desarrollo de lazos de solidaridad y confianza entre los nuevos pobladores. En estos contextos, el habla pública suele ser intensa. Al inicio, en especial antes de que se lleve a cabo una nueva toma, la palabra de los migrantes y futuros pobladores circula sigilosa pero eficazmente, transfiriendo información valiosa como dónde y cuándo tendrá lugar la toma, la disponibilidad de sitios para levantar una vivienda y quiénes más están deseando establecerse allí. Una vez que las personas se han instalado en el campamento, las reivindicaciones colectivas emergen como una manera preeminente de discurso público. Estas formas situadas de "habla pública" (Pratt y Wieder 1993) emergen como prácticas discursivas indisociablemente unidas a la ejecución misma de las tomas colectivas de tierras. Lo que emerge a través de este fenómeno es una forma de política de la presencia, que también ha estado presente en el aguante mostrado por generaciones de migrantes ante las constantes amenazas de desalojo por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esta es una política de la presencia que sigue emergiendo hoy, sobre todo en la fuerte voluntad de los habitantes de los campamentos de Arica de hacer de la tierra que ocupan un lugar de vida reconocido por la sociedad y legitimado por el Estado.

Cuando un acto de reivindicación tiene lugar en condiciones de profunda exclusión social, excepción legal y segregación espacial, el carácter particular de tal política de la presencia aparece con mayor claridad. Su potencial radicalidad se manifiesta en su capacidad de romper el orden del "sentido común" (Povinelli 2002). Aproximémonos a estas perturbadoras dinámicas, que Jacques Rancière (2001) concibe como political part-taking (toma de decisiones políticas), a través de un grupo de pobladoras-migrantes que "no toman decisiones" en el orden establecido. La siguiente conversación entre mujeres migrantes que viven en un asentamiento ilegal nos permitirá ver cómo, paradójicamente, tiene lugar una práctica de ciudadanía sin ciudadanos en la frontera norte de Chile. No se trató de una reunión formal, ni de un encuentro instigado por mí; en cambio, este evento tuvo el carácter de una conversación cotidiana entre vecinos, a la que fuimos invitados a asistir después de que emergió espontáneamente: la forma en que muchas discusiones al final de la jornada de trabajo surgen.

ENT#091;...ENT#093; Lo que sucede ENT#091;según TeresaENT#093; es que ellos ENT#091;carabineros y funcionarios gubernamentalesENT#093; no quieren que nos organicemos, quieren echarnos de aquí ENT#091;...ENT#093; Cuando nos juntamos con la gente del SERVIU¹⁴, no podemos expresar nuestra opinión, no se puede decir nada. ENT#091;...ENT#093; Quieren cortarnos de raíz, dividirnos; nos acusan de hacer cosas ilegales, nos tratan como criminales. Ellos quieren aminorarnos; quitarnos nuestra fuerza.

En el curso de esta conversación, Blanca añade:

Cuando me di cuenta de que querían barrernos de aquí, me dije: "¿qué vamos a hacer?". Le dije a los vecinos que teníamos que ir a la SEREMI ENT#091;un departamento ministerialENT#093;, que teníamos que ir al Ciudadano Global ENT#091;una ONGENT#093; ENT#091;...ENT#093; Rápidamente nos organizamos y empezamos a hacer onces ENT#091;meriendasENT#093; y almuerzos para conseguir dinero, vamos a hacer lo que sea necesario, no vamos a quedarnos sentadas. En equipo, ellos no pueden derrotarnos. Eso es lo que me gusta.

Emiliana, tía de mi anfitrión en el campamento, alentada por el giro tomado por la conversación, recordó algunos acontecimientos y el cambio repentino en la manera en que las autoridades se dirigieron a los pobladores:

Entonces empezamos a formar un grupo... ¿Cómo llaman a eso? ¡Ah! Un grupo de señoras, ¡pero un grupo con personalidad jurídica! Comenzamos a ser vigilados por carabineros desde lejos, no entraban al campamento, pero vigilaban desde afuera en las noches.

A: ¿Por qué hacían eso?

E: Porque no quieren que nos quejemos, que nos hagamos notar ENT#091;...ENT#093; nos quieren sacar de aquí diciendo: "¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!". ¡Eso es lo que quieren! Pero, yo digo: "¡No!". ¡No haré eso!

A modo de conclusión

Este artículo exploró un juego de relaciones situadas en el cruce entre la antropología crítica de la seguridad (Goldstein 2010) y la antropología de las fronteras y bordes (Fassin 2011) en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, se centró en una región fronteriza de América del Sur, cuyas características proporcionan una textura histórica y etnográfica a los esfuerzos por comprender más ampliamente las experiencias involucradas en la securitización de las fronteras exteriores del Estado y en la producción social de las fronteras interiores de la nación (Cons y Sanyal 2013; Rajaram y Grundy-Warr 2007). Por otro lado, este trabajo se focalizó en la vida en las fronteras, particularmente en la emergencia de formas de vida fronterizas que, dado su emplazamiento paradójico en el orden social, son tratadas a la vez como vulnerables al "peligro" y como fuente de "peligrosidad". A través de esta perspectiva, el artículo exploró cómo los campos sociales cruzados por múltiples y diferentes clases de fronteras -lo que Soguk (2007) llamó fronterización- se convierten en sitios donde no sólo se ejercen formas de control biopolítico (Walters 2011), sino también donde nuevas formas de presencia y apego luchan políticamente por emerger.

Basar la reivindicación de derechos ciudadanos en la acción individual y colectiva de devenir presente en el espacio público de una ciudad perturba los presupuestos gubernamentales acerca de los derechos como realidades atadas a concepciones formales del Estado y la ciudadanía. El enfoque de la presencia pone en primer plano la posibilidad de solidaridades políticas centradas en acciones y experiencias comunes de lo urbano. Centrarse en la presencia, como lo sugieren las experiencias de los migrantes en el norte de Chile -comparables con procesos vividos en otras regiones del globo¹⁵-, es examinar el trabajo de reposicionamiento cotidiano de la experiencia migrante y ciudadana, ya no como figuras esencialmente diferentes, sino como sujetos urbanos activos, capaces de abrir espacios para contar políticamente, desafiando con ello el juego de relaciones de control, cuidado y castigo del Estado.

La multiplicidad de acontecimientos que configuran las experiencias de los migrantes en las zonas fronterizas no se limitan a las relaciones de seguridad e inseguridad, control y abandono. El esfuerzo de las personas por perseverar se manifiesta en sus trayectorias de vida y en su participación en proyectos colectivos. El esfuerzo de las pobladoras-migrantes por arraigar sus vidas muestra que algo diferente a la vigilancia y el control biopolítico también está teniendo lugar. En estos lugares atravesados por múltiples fronteras, formas de vida están luchando por emerger. La poderosa voluntad de los migrantes que habitan en los campamentos para arraigar sus vidas en la ciudad revela aspectos de una "política de la presencia" que los empuja a dar expresión pública a sus convicciones sobre la desigualdad social y la discriminación que enfrentan.

Este artículo argumentó que lo que está en juego en términos de "política de la presencia" no encaja en el campo de las representaciones esencialistas, sino más bien en el orden de las experiencias y las acciones cotidianas. La presencia, así entendida, es un asunto de potencialidad; la posibilidad de que formas de vida puedan surgir en lugares relegados por la sociedad y proscritos por el Estado. La política de la presencia en los bordes del Estado es, así, un evento en el que se materializa la persistencia de las personas. Es en su potencial disruptivo donde reside su alcance político; un momento de excepción, cuando -parafraseando a Rancière (2011, 242)- cosas inimaginables pueden entrar muy rápidamente en el campo de posibilidades.