Esconder para controlar: la franquicia de las autodefensas en fosas

Se tienen registros del fenómeno del paramilitarismo desde mediados del siglo XX como un recurso de las élites económicas y políticas, así como de las mafias, para “conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él” (^{Velásquez 2007}, 134), a través de un discurso de lucha contra la insurgencia. Se conoce de su establecimiento y uso en las luchas independentistas de Indochina y Argelia, donde Francia recurrió a grupos paramilitares para controlar a las fuerzas subversivas por medio de los llamados escuadrones de la muerte encargados de torturar y desaparecer a sospechosos insurgentes. Según los franceses “era preferible eliminar a un inocente que dejar libre a un subversivo” (Velásquez 2007, 135). Así, se estableció que el control de la población aseguraba el éxito del control del enemigo, pues le restaba apoyo y fuerza de lucha. Las enseñanzas derivadas de la Batalla de Argel se convirtieron en modelos militares tanto en Francia como en Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Se establecieron la Escuela de Guerra de París, la Escuela Superior de Guerra en Buenos Aires y la Escuela de las Américas en Georgia, Estados Unidos, en las que se calcula que entre 1950 y 1970 aproximadamente 4.630 militares colombianos fueron entrenados en tácticas de conformación de grupos y en estrategia paramilitar (^{Gill 2005}; Velásquez 2007).

La consolidación de los grupos y las políticas paramilitares en América Latina tienen como marco la Guerra Fría (García-Peña 2004). En Colombia durante el período conocido como el Frente Nacional se sentaron las bases jurídicas⁷ para la conformación de grupos de autodefensas controladas y auspiciadas por las Fuerzas Armadas (^{Velásquez 2007}). De forma que el paramilitarismo no es un hecho reciente, coyuntural y aislado, sino que es una política de Estado clara y constante en la que han participado empresarios, terratenientes, políticos y, en la década de 1980, los carteles de droga. Es en este escenario de justificación de grupos armados al margen de la ley creados para desaparecer y asesinar que, a mediados de la década de 1990, Colombia fue testigo de un auge en el movimiento de las autodefensas paramilitares. Es importante precisar que los paramilitares en Colombia “no han sido -ni son- ciudadanos organizados contra la criminalidad común ni gentes que espontáneamente se enfrentan a delincuentes comunes […] -sino grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador cuyo fin era mantener un orden sociopolítico establecido” (Rivas y Rey 2008, 44). Estos grupos se reconocen como organizaciones paramilitares en la medida en que actúan bajo la protección o el beneplácito del Estado y las Fuerzas Militares (^{Gill 2005}; Velásquez 2007).

En 1997, Carlos Castaño unificó a la mayoría de los grupos paramilitares que actuaban en diferentes partes del país y conformó las AUC, de las que se convirtió en su jefe político (^{Cruz 2009}). Su lucha se presentó como una respuesta para frenar el avance de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (^{Bello et al. 2016}; ^{Valencia 2007}). Carlos Castaño y las AUC recibieron el apoyo de actores relevantes que consideraban que el Estado había sido débil en su labor de controlar a las organizaciones subversivas. Entre estos actores se encontraban militares que rechazaban la subversión; narcotraficantes que veían su negocio amenazado por las nacientes narcoguerrillas; y élites económicas que sentían su statu quo y sus tierras amenazadas por los grupos guerrilleros (García-Peña 2004).

Esta unificación se materializó en un modelo sistemático de persecución, desaparición y muerte que resultó en uno de los episodios más sangrientos del conflicto armado colombiano y que se extendió a lo largo del territorio nacional. Las AUC son conocidas como franquicias de muerte (^{Pérez 2010}) debido a que el modelo se basó en vender “grupos de personal”, dotados de uniformes y fusiles y entrenados en formas específicas para torturar, matar y enterrar. En este sentido, la manera en que las AUC controlaban los territorios fue siempre la misma: a través de masacres, desplazamientos y desapariciones, las cuales aumentaron de forma vertiginosa durante los años comprendidos entre 1997 y 2002 (^{Cruz 2009}; García-Peña 2004; ^{Uribe 2004}; Velásquez 2010, Verdad Abierta 2008). Así pues, se era susceptible de desaparecer por la simple sospecha de colaboración con grupos guerrilleros o afiliaciones políticas de izquierda y, a veces, por haber incomodado de algún modo a quienes tenían el control paramilitar de la zona. De forma que, la desaparición funcionó como un dispositivo de control eficaz:

Para desaparecer solo había que ser señalado. No era solo a los opositores, o posibles opositores, o colaboradores de la guerrilla. No se confirmaba la información. Muchas veces el señalamiento era producto de rencillas personales, o por ser recién llegado, por ser un foráneo que nadie conocía […] en el caso de las mujeres era diferente. A ellas las desaparecían por ser lindas, o feas, o por no querer salir con un paramilitar […] era muy fácil ser señalado y desaparecer. (Conversación #1 con Daniel, septiembre 2018)

Las fosas son la evidencia de este control poblacional a través de la persistente desaparición de personas, que poco a poco fueron recuperadas y exhumadas por peritos forenses de la FGN en procesos de investigación en justicia ordinaria y justicia transicional. En respuesta a denuncias interpuestas ante la FGN por la desaparición de personas civiles, se empezaron a encontrar y a exhumar fosas que evidenciaban un patrón. Se pudo establecer una sistematicidad en el método de enterramiento a medida que se hacían más exhumaciones. Las características principales de estas fosas eran al menos cuatro: 1) se trataban de cuerpos enterrados en fosas superficiales (algunas veces individuales, otras veces múltiples), 2) a la vera de los caminos, 3) doblados por la mitad o desmembrados, 4) muchas veces (semi)desnudos:

Entre el 99 y en el 2000 empezaron a llegar [a la FGN] denuncios de gente que se perdía y no volvía, pero no había señales de qué pasaba con estas personas. Eran muchas denuncias. En ese entonces yo trabajaba en Cali, era investigador de Derechos Humanos y tomaba esos casos. Recuerdo que excavé una fosa en 2001. El cuerpo estaba desmembrado y desnudo […] luego encontré más fosas con características similares. Para el año 2002, hablé unos compañeros, uno que trabajaba en Barranquilla y otro en Medellín; les pregunté sobre sus excavaciones y nos dimos cuenta de que los tres habíamos encontrado fosas con las mismas características, que estas fosas tenían un patrón: cuerpos desmembrados o doblados por la mitad y enterrados en fosas superficiales a la vera de los caminos. (Conversación entre autores, habla Jaime, noviembre 2017)

Hoy en día, se siguen exhumando en el país miles de fosas hechas por paramilitares, como efecto de la Ley 975/2005 conocida como de “Justicia y Paz”⁸. Para el 2017, la cifra oficial era de 5.515 fosas exhumadas y 7.036 cuerpos encontrados (FGN 2017). Esta Ley dio paso a un proceso de paz con actores paramilitares quienes, para recibir los beneficios de reducción de penas, debían decir el paradero de los cuerpos de personas desaparecidas enterradas por ellos⁹.

Como mencionamos anteriormente, en periodos de guerra el cuerpo del enemigo se convierte en un territorio de guerra (^{Patraka 1999}; ^{Uribe 2008}; Uribe 2004; ^{Cortés 2014}) y los cuerpos encontrados en estas fosas apoyan tal afirmación puesto que dan cuenta de los abusos que sufrieron al ser desaparecidos, muertos y enterrados en la clandestinidad. En este sentido, Daniel y Margarita señalan:

En el estado en el que se encuentran los cuerpos se ven los vejámenes de la guerra. Los abusos de los paramilitares. Encuentra uno cuerpos maniatados, también atados por los pies, desnudos o semidesnudos […] si se trata de enterramientos múltiples disponen los cuerpos en posturas obscenas, sexuales. Como para burlarse, para seguir maltratando. A las mujeres, por ejemplo, las enterraban con los genitales expuestos y la ropa interior rota. (Conversación #1 con Daniel, septiembre 2018)

[Cuando trabajé] por La Gabarra y el Magdalena Medio y Santander, en la época donde los paramilitares avanzaron, encontré que esas fosas eran sistemáticas, las encontré en toda la zona. Eran poco elaboradas en comparación con los otros grupos [armados] porque eran fosas pequeñas, poco profundas y los cuerpos estaban desmembrados. Había una intención de violar más el cuerpo. Con las mujeres era diferente, a ellas les bajaban la ropa interior y en muchos casos encontré mujeres con la ropa interior en la boca. (Conversación #1 con Margarita, septiembre 2018)

Es así como a partir de la interpretación forense sabemos que estas fosas muestran la desaparición y muerte de miles de personas, y también de la sistematicidad en el modo de enterrar que, con pequeñas variaciones, se extiende por todo el país, en lo que nosotros llamamos una geografía de desaparición-muerte-desaparición, dadas sus diferencias geográficas y temporales. Es decir, la violencia de las AUC, si bien sistemática y generalizada, tuvo diferencias claras según la zona y fue modificándose en el tiempo:

Hubo muchos cuerpos que se pudieron localizar fácilmente por la manera en que los enterraban, esos eran cuerpos aun con tejido blando, recién ejecutados los hechos y ahí era posible incluso encontrar letreros que decían “eso le pasó por sapo”. Estos casos eran en lugares donde el conflicto era más álgido. En Barranca y Cimitarra. (Conversación #1 con Margarita, septiembre 2018)

De igual manera, hubo otras formas de matar y disponer de los cuerpos que se relacionan a lugares y actividades específicas de las AUC, como indica Arturo:

Hemos podido ver diferentes modus opernandi. Están las fosas pequeñas, superficiales, con los cuerpos desmembrados. Pero también hemos visto fosas individuales, con cuerpos completos. Yo lideré la diligencia de exhumación en San Onofre, fueron tres meses de campo continuo más muchas visitas posteriores a una misma finca. Eran muchos cuerpos. Ahí eran personas que secuestraban y las llevaban a rendir cuentas a los jefes paramilitares y los mataban directamente ahí. A esas personas las enterraron a todas en la finca. Completos. (Conversación #2 con Arturo, septiembre 2018)

Las fosas que evidencian otras formas de disponer de los cuerpos y que muestran diversos tipos de personas a las que se matan de maneras diferentes, refieren a geografías particulares:

En esas fincas en Bolívar, Cesar, Sucre, que servían de base paramilitar, lo que vemos son cuerpos completos. Es la zona obligada de paso de la droga que salía por el mar. Entonces detenían a personas que les estorbaran, o que los declaraban como enemigos por algún motivo, los llevaban ahí y los mataban. Pero no tenían que enterrarlos rápido. Por eso son fosas diferentes a las de otras zonas como el Meta o Caquetá. (Conversación #2 con Arturo, septiembre 2018)

El público conoce poco acerca de este tipo de fosas que menciona Arturo, puesto que la imagen que más ha circulado es la de los cuerpos desmembrados. La preponderancia de un solo tipo de fosa le resta tanto matiz como profundidad a las maneras cómo las AUC manejaron y produjeron el cuerpo del enemigo, al tiempo que, simplifica las formas que este grupo armado tenía para matar y enterrar. Asimismo, el enfoque en un solo tipo de fosa y de manejo del cuerpo, no da cuenta del hecho de que las fosas -de todo tipo- constituyeron un mecanismo de desaparición.

En este contexto, el conocimiento forense permite acercarnos a entender el cuerpo del enemigo como un territorio de guerra particular. En palabras de Margarita: “[en las fosas se evidencia] el desprecio por el enemigo. Se trata de agredirlo, animalizarlo, guardarlo, esconderlo, invisibilizarlo para que pierdan su identidad” (conversación #1 con Margarita, septiembre 2018). Nos ofrece también información y matices acerca de qué pasó con las personas desaparecidas, qué fue de su suerte y de sus cuerpos, ya que los recupera y hace visibles de nuevo.

Por esta vía, el testimonio está mediado por el conocimiento de antropólogos forenses que reitera, hace evidente y co-produce la violencia al señalar las marcas que quedan en los cuerpos, los modos en que fueron asesinados y luego enterrados. También al determinar que estos hechos dan cuenta de casos de desaparecidos en al menos dos momentos: cuando fueron abducidos por miembros paramilitares y luego cuando sus cuerpos fueron enterrados y escondidos. Se trata entonces de una producción del conflicto mediada por lo que los antropólogos forenses conocen alrededor de este y sobre las marcas que este deja en los cuerpos. Es decir, el conocimiento de los antropólogos forenses no es neutral (como cualquier otro tipo de conocimiento), se produce para dar sentido a lo que presenta el registro (en este caso arqueológico) y, justamente por eso, produce la realidad que documenta. Este ejercicio de dar sentido implica jugar con posibilidades, especular, y esa especulación, como señala ^{Kruse (2010)}, es fundamental y necesaria para poder identificar un cuerpo, porque permite dar contexto y contenido a la escena en la que se encuentra, tal como se lee en las citas anteriores. Y como refiere Jaime:

Mucho se ha hablado de la motosierra, la verdad es que no hay evidencia de que hayan usado sierras para desmembrar cadáveres. He hablado con otros colegas y tampoco han encontrado evidencia de esto. Las características de las fosas son la desnudez del cuerpo, a veces, y sí, la desmembración, pero las fosas son superficiales, son entierros rápidos, para esconder y salir rápido del cuerpo. La motosierra es poco convincente, ¿quién lleva la gasolina? Además, hacen mucho ruido y hacen muchas salpicaduras. Por otro lado, sabemos que quienes enterraban no eran los mismos que mataban, entonces no se explica la sevicia sobre esos cuerpos…pero sí, en cambio, uno piensa que en muchos de los lugares donde hallamos fosas tienen tradición ganadera como el Cesar y los Llanos, que saben faenar ganado y que lo hacen con una sola herramienta. Y tiene sentido enterrar un cuerpo desmembrado, es más fácil porque el hueco que se necesita es más pequeño. Así son la mayoría de las fosas y eso se entiende si uno tiene en cuenta que las AUC fueron una franquicia y entonces entiende que ese manejo del cuerpo es parte de la franquicia, del enterramiento, de ese sistema. (Conversación entre autores, habla Jaime, octubre 2017)

En este punto es importante aclarar que esta interpretación de la desmembración hallada en las fosas no pretende minimizar las atrocidades cometidas por las AUC (^{Uribe 2004}). Lo que buscamos señalar es que desde la interpretación forense se produce un conflicto armado en lo que lo atroz de las fosas no es únicamente reducido al manejo que se les dio a los cuerpos, como en el caso de las citas de Daniel y Margarita, que claramente evidencian los abusos a los cuerpos del enemigo. La perversidad incluye el hecho de que la desaparición sistemática, como estrategia de guerra para aterrorizar y controlar, tuvo como efecto la necesidad de desarrollar otro sistema, uno de muerte y enterramiento que permitiera esconder rápida y fácilmente, que dificultara la ubicación e identificación de los cuerpos. Se trata de un sistema extendido a lo largo del territorio nacional que da cuenta de la instrumentalización y la desvalorización de la vida de las personas que eran señaladas como enemigas, pero habla también de pragmatismo y de la necesidad de esconder un número creciente de muertos para mantenerlos lejos del ojo público y de las autoridades judiciales.

Escenificar para controlar: los falsos positivos de la seguridad democrática

Desde su primer mandato en el año 2002, el ex presidente Álvaro Uribe presentó como uno de sus pilares de gobierno el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para luchar contra las guerrillas y la insurgencia. En la presentación de la Política seguridad democrática, Uribe aseguró que buscaba garantizar la protección de los ciudadanos. Señaló que “frente al terrorismo solo puede haber una respuesta: derrotarlo […] Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de toda la ciudadanía”. Y cerró afirmando que “[l]a legitimidad de nuestras instituciones depende de nuestra determinación de luchar por igual contra toda organización, grupo o persona que amenace la seguridad de los ciudadanos, de las instituciones y de la democracia” (Ministerio de Defensa 2003, 5-6).

Esta política se enmarca en una tendencia generalizada de recuperar el monopolio de la fuerza y derrotar lo que se ha denominado la amenaza terrorista. En Colombia y en otros países, esta lucha ha generado una paranoia entre los Estados que buscan, detectan y declaran enemigos a sus propios ciudadanos, produciendo un incremento en las acciones de control sobre toda la población (Londoño 2011). De esta manera, en la búsqueda por reinstaurar la seguridad de la democracia y la derrota del terrorismo, se recortan y limitan libertades ciudadanas y “derechos fundamentales que habían sido impuestos al poder constituido y que […] se perfilan como secundarios bajo el paradigma securitario” (Londoño 2011, 122).

En el discurso e implementación de la Política de seguridad democrática, se evidencia un imaginario de enemigo omnipresente, terrorista, que se esconde fácilmente y que representa una amenaza constante para la existencia y supervivencia tanto del Estado como de los/las colombianos/as. En un manejo simbólico de la soberanía del país, de la democracia y de los valores asociados a esta, todas las acciones destinadas a controlar, someter y dar de baja a ese enemigo fueron aceptadas e incluso bienvenidas. Por ello fue posible ver cómo se transgredieron garantías que existían para quienes infringían la ley y, en nombre de la defensa de la seguridad y la democracia, ese enemigo perdió incluso la posibilidad de ser considerado un ciudadano (Londoño 2011; ^{Salamanca 2014}).

Dada esa omnipresencia del enemigo y ante la necesidad de mostrar que se estaban cumpliendo objetivos de la Política de seguridad democrática, el propio Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, se volcó en contra de sus propios ciudadanos, sobre todo, en aquellos ciudadanos a los que se les han vulnerado sus derechos en múltiples instancias (Londoño 2011; ^{Salamanca 2014}), como es el caso de los falsos positivos. En Colombia en 2008, a través de medios de comunicación, se dieron a conocer casos de ejecuciones extraoficiales realizadas por miembros del ejército, quienes “en el afán de reportar bajas de parte de la guerrilla -y por ello recibir estímulos como días de vacaciones o puntos para su promoción interna-, […]secuestraban jóvenes de barrios de las periferias urbanas, para luego asesinarlos y reportarlos como bajas guerrilleras” (^{Pachón 2009}, 335). Sin embargo, no se trataba solo de beneficios económicos y de reconocimiento lo que condujo a miembros del ejército a obrar de esa manera:

Hubo mucha presión sobre el ejército de demostrar números y de demostrar el éxito. Se los presionó tanto que ellos vieron lo de los falsos positivos como una salida […] secuestraban a personas que eran fáciles de secuestrar: adictos, desempleados, jóvenes, personas con alguna discapacidad. Todos pobres. Les prometían trabajo, se los llevaban y luego los mataban y los presentaban como guerrilleros. (Conversación #2 con Arturo, septiembre 2018)

Una materialización de la guerra en el cuerpo de ese enemigo omnipresente e insurgente, es el hecho de que, como señala Arturo, las poblaciones que sufrieron fueron las ya marginadas y en estado de vulnerabilidad. Margarita reitera:

Un caso que recuerdo mucho es el de Argemiro¹⁰. Un muchacho de 15 años, con un problema mental. Se la pasaba en Rio Negro, Santander cerca de los soldados. Entraba a la base y les embolaba y limpiaba los zapatos, hacía mandados. Un día su mamá dejó de verlo y luego lo encontramos muy cerca muerto y enterrado […] los militares lo hicieron pasar como guerrillero y lo reportaron como una baja.

Y agrega:

Las personas que murieron como falso positivo son personas que no hacen parte del conflicto, son personas engañadas, muchas en condición de discapacidad. Fue una violación a los Derechos Humanos. (Conversación #1 con Margarita, septiembre 2018)

Los falsos positivos cumplían justamente esa función: la de demostrar que la guerra contra el terrorismo se estaba ganando y que eran justificables los recursos, las acciones y las limitaciones en derechos de los supuestos enemigos que dicha política conllevaba. Eran, como en la sección anterior, cuerpos donde la guerra y violencia se materializaban:

El asunto de los falsos positivos eran una estrategia de guerra. Era un mecanismo en el que la víctima desaparecía, para luego aparecer con un rótulo diferente, el de guerrillero. Eran trofeos que se mostraban en televisión para que el público viera, cubiertos con sábanas, sin ni siquiera un ataúd. Para mostrar que [la guerra contra el terrorismo] se estaba ganando. (Conversación # 1 con Daniel, septiembre 2018)

Aunque estas ejecuciones tuvieron lugar desde el 2002:

Solo se hicieron evidentes a la opinión pública en el 2007, cuando las madres de los jóvenes de Soacha denunciaron que sus hijos que habían sido desaparecidos y reportados, aparecieron muertos en otras ciudades y vestidos y declarados como guerrilleros. Ellas fueron quienes insistieron para que se investigara y así se pudo establecer que habían ocurrido esos homicidios. Hay más o menos unos 4.000 casos de falsos positivos hasta el momento, y más de 1.500 militares implicados que ya han sido aceptados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)¹¹, otros ya han sido procesados. Antes del caso de Soacha, sin embargo, ya había rumores y sospechas. Recuerdo una vez que hubo veinte muertos en un lugar de Nariño que nunca tuvo presencia guerrillera y de pronto aparecen estos muertos ahí. Desde antes ya teníamos sospechas sobre los resultados de algunos militares que tenían números muy altos de bajas en zonas que no tenían sentido, como Nariño, o como Orito. Con unos compañeros nos preguntábamos ¿por qué tantos muertos en Orito si supuestamente ya está controlado? Y desde ahí se empezó a investigar. (Conversación entre autores, habla Jaime, octubre 2017)

Hoy, casi diez años después de haber conocido estos sucesos, se sabe que una característica común de los cuerpos de los falsos positivos es el descuido en la escenificación (Londoño 2011; ^{Salamanca 2014}; Semana 2010, 2008):

Los uniformes no les servían, o tenían armas dañadas, o incluso las botas puestas al revés. O encontraba uno que se trataba de una persona con una discapacidad mental que era imposible que fuera guerrillero. Pero, sobre todo, era posible establecer que eran montajes porque eran cuerpos que no tenían nada propio. Uno encuentra cuerpos de guerrilleros, y también de paramilitares, que tienen la ropa marcada -bordada con su nombre- que cargan en el uniforme con su cuchara y tenedor. Que incluso tienen fotos o los medicamentos que toman. En los cuerpos de falsos positivos no hay nada de eso, es ropa que a veces está nueva, no hay ninguna señal de que esa persona tuvo una vida antes de ese momento. Y eso es muy raro, eso no pasa. (Conversación #2 con Daniel, septiembre 2018)

Desde la evidencia forense, estas y otras inconsistencias sumaron a la insostenibilidad de presentar cuerpos de inocentes asesinados por miembros del ejército y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en teatralizaciones de una guerra que se estaba, supuestamente, ganado. Pero las inconsistencias en el cuerpo no eran solo de ese tipo, ni se limitaban a la pobrísima escenificación con prendas equivocadas o armas inservibles. El testimonio de los militares implicados en el supuesto combate, la información registrada en los informes oficiales y el estado de los cuerpos encontrados e identificados tampoco coincidía:

Sabíamos que eran esos casos cuando encontrábamos incongruencias entre las heridas reportadas y las heridas en la identificación forense. Es decir, el informe decía “herida en combate” y encontramos cuerpos completos, con un disparo… ¿Usted sabe cómo queda un cuerpo al que le disparan a distancia y con un fusil? Eso no abre un orificio, eso vuela la pierna, la cabeza, el brazo. Donde le pegue lo vuelve polvo. Las heridas de estos cuerpos no eran de combate, eran de ejecuciones; eran heridas de un arma pequeña, de revólver […]la mayoría en la cabeza […] en medio de un combate, se dispara a cualquier lado y lograr disparar a la cabeza no es fácil y si le da, no queda completa. (Conversación entre autores, habla Jaime, noviembre 2017)

En este contexto, la pericia de los expertos forenses permitió rastrear las desapariciones de los jóvenes de Soacha y de otros casos de jóvenes inocentes capturados, desaparecidos, asesinados y presentados como falsos guerrilleros; así como detener a los responsables.

Del mismo modo, y siguiendo a ^{Butler (1993)}, podemos decir que la interacción entre la práctica forense y los falsos positivos materializa los cuerpos de jóvenes vulnerados por el Estado que, justamente por su propia vulnerabilidad, son susceptibles de ser performados como falsos guerrilleros en un ejercicio de abuso de poder militar y en respuesta a una política estatal clara que, nuevamente vulnera a este tipo de jóvenes. En este sentido, el conocimiento forense construye el cuerpo del enemigo (en este caso, supuestos insurgentes) como un territorio de guerra, en el que ese enemigo no existe y el Estado no protege a sus ciudadanos. Así mismo, el conocimiento forense moviliza otra dimensión de la geografía de desaparición-muerte- desaparición al establecer parte de los recorridos de las personas que desaparecieron en unas zonas específicas, marcadas por la marginalización y la vulnerabilidad, y que aparecieron en lugares donde hubo supuestos combates contra la guerrilla.